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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Estallido social

Presidente invitó a dialogar a las víctimas del estallido social del 2021

El presidente Gustavo Petro invitó a las víctimas de Estado, en el marco de la protesta social del 2021 a establecer un diálogo con el Gobierno Nacional, con el fin de avanzar en los mecanismos de reparación.

“Hay que establecer una comunicación entre una asociación de víctimas y el Gobierno para fijar las condiciones de esa reparación de víctimas que produjo el Estado; es necesario que podamos sanar esa herida”, dijo el Mandatario.

 

El jefe de Estado hizo referencia al tema al entablar un diálogo público con Sidssy Uribe, hermana de Lucas Villa, quien fue asesinado en mayo del 2021 en la ciudad de Pereira durante las jornadas del paro nacional.

El primer mandatario recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fijó unas recomendaciones frente a lo ocurrido en la protesta social.

“De esas recomendaciones hubo una sobre la reforma a la Policía; hubo otras que tienen que ver con la indemnización, con la reparación, hasta donde es posible, de los familiares o las víctimas sobrevivientes del estallido social”, sostuvo.

Más del 70% de los chilenos rechaza el indulto a condenados por el estallido social

Foto: tomada de europapress.com

La última encuesta desarrollada por Cadem refleja que el 72 por ciento de la población chilena está en contra de los indultos concedidos por el presidente, Gabriel Boric, a más de una decena de manifestantes detenidos en el marco del estallido social de noviembre de 2019.

 

Así pues, un 43 por ciento de los encuestados considera que hay que revocar aquellos indultos donde haya antecedentes adicionales a los del estallido social, mientras que un 37 por ciento considera que hay que revocarlos todos, independientemente de si hay antecedentes o no, recoge la cadena T13.

Por el contrario, un 17 por ciento de los chilenos estaría a favor de mantener los indultos concedidos por Boric y que han generado malestar tanto en la oposición como a nivel social. De hecho, esta polémica se ha cobrado ya el cargo de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y también la de Matías Meza-Lopehandía como jefe de Gabinete.

Más allá de los manifestantes, el Gobierno concedió el perdón también al exguerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Jorge Mateluna, cuya medida de gracia recava aún menos apoyos. El 81 por ciento de los encuestados está en contra de su indulto.

Finalmente, el informe recoge también datos sobre el apoyo a la Presidencia de Boric. Según los datos de Cadem, un 70 por ciento de los encuestados desaprueba la gestión del mandatario, mientras que un 25 por ciento lo apoya.

El presidente Boric concedió a finales de 2022 una serie de indultos que desde el primer momento generaron polémica y las críticas de la oposición, que se intensificaron después de comprobar que en el proceso de perdón no se había cumplido una de las principales premisas: que el beneficiado no tuviera antecedentes.

Así pues, el Gobierno concedió el indulto a más de una decena de manifestantes entre los que se encontraba Luis Castillo, quien había sido condenado previamente por cinco delitos comunes entre el año 2005 y 2017, según recoge la prensa chilena.

El Gobierno chileno reconoció entonces una serie de «desprolijidades» que se saldaron con las salidas de Ríos y Meza-Lopehandía. El propio Boric salió entonces al paso para reconocer que cuando se dan este tipo de situaciones, se deben «asumir responsabilidades».

Cali ciudad de la resistencia. Cali ciudad del cuidado

Durante el estallido del año 2021 que nos llevó a las calles a millones de colombianas y colombianos hastiados de los abusos del gobierno de Iván Duque y de su ataque constante al Acuerdo de Paz la ciudad de Cali se caracterizó por ser la ciudad de la resistencia y la esperanza.  Las movilizaciones   de miles de personas, en especial de jóvenes y mujeres, fueron un referente para el país. En medio de la hostilidad de los gobernantes del departamento y de la ciudad, de las élites caleñas y de la barbarie policial, acompañada de civiles armados, los jóvenes llamados de la primera línea y muchas mujeres quienes se convirtieron en sus escudos humanos para protegerlos de la muerte, encarnaron las prácticas cotidianas de la resistencia.   En lugares como: Siloé, la Loma de la Cruz, hoy resignificada como la Loma de la Dignidad, el Puente de los mil días, hoy Puente de las Mil luchas, Puerto Rellena   , punto de comunicación con barrios del sector popular de Cali  se  resistió , se  persistió desde una acción colectiva que nos  permitió recordar  las movilizaciones estudiantiles de tiempo atrás y  la fuerza de las prácticas ancestrales de comunidades negras y de sus vecinos los pueblos  indígenas del Cauca.

Esa ciudad de la resistencia, qué despertó con una arrasadora fuerza política y de esperanza, hace algunos días, nos acogió en el Primer Encuentro Nacional de Economía del Cuidado para hablar sobre trabajo de cuidado no remunerado, sobre economías diversas y sistemas de cuidado

 

Fuimos convocadas por la Mesa de Economía feminista que opera hace 10 años en Colombia , la cual está  compuesta por un grupo de economistas quienes a través de sus experiencias e investigaciones tienen como objetivo   reconocer el valor de la reproducción de la vida como base y fundamento de los proyectos de sociedad ;  el  debate de las relaciones  entre    reproducción social  y producción económica   y la deconstrucción de la división sexual del trabajo, origen de una de las desigualdades más contundentes en nuestros países.  Desigualdad que se vive en millones de hogares en Colombia. Porque de cara al mandato ético y político de ser cuidadas y cuidar que es universal, la organización social del cuidado ha sido responsabilidad de mujeres, jóvenes y   niñas.  Un trabajo sin reconocimiento, sin redistribución y sin tiempo libre para vivir con dignidad y libertad. Un trabajo sin horarios, sin vacaciones. Un trabajo que en ocasiones se realiza en condiciones cercanas a la esclavitud.  Un trabajo que produce una riqueza que resulta “invisible” para nuestra sociedad.

Fuimos convocadas a este Encuentro feminista por el grupo liderado por Ana Isabel Arenas, Andrea Paola García, Diana Ávila y Diana Durango. Con el apoyo de Angélica Morán, Soledad Granada, y Ana María Granda.  Llegamos 280 mujeres. Se programaron   20 paneles, con la participación de más de 85 ponentes. Asistimos a presentaciones rigurosas, ricas en experiencias y conceptualizaciones en torno a la   economía feminista. Fue un encuentro cálido, estimulante, esperanzador.

Durante los cuatro días que duró el Encuentro, me acompañó la frase de la profesora Silvia Federici, feminista, historiadora y marxista: la primera revolución de las mujeres es en casa.  El mundo de lo doméstico   se convierte para las mujeres en el punto cero de nuestra práctica revolucionaria, cotidiana, potente.

Se trata en términos coloquiales de” poner la casa patas arriba “Lograr que la cuestión de la reproducción social   entendida como múltiples actividades y relaciones gracias a las cuales nuestra vida y nuestra capacidad laboral se reconstruyen día a día, sea reconocida, valorada, redistribuida. Se trata de poner el cuidado en el corazón de la sociedad.

Hacer nuestra revolución en casa, implica que el trabajo de cuidado no remunerado, que según la encuesta de Uso del tiempo – ENUT- aplicada por el DANE entre el período 2021-2022 equivale al 20% del Producto Interno Bruto, sea considerado riqueza y que el Estado Social en nuestro país, se transforme en garante del cuidado como derecho.

El evento en Cali lo viví como una experiencia de sincronicidad vital y mágica, la ciudad de la resistencia y el poder popular, fue   la ciudad que durante cuatro días nos abrió sus espacios   para hablar del cuidado, del cuidado de la vida, de todas las vidas.

 

Los traslados por protección en la lupa de la Corte Constitucional

En la noche del 3 de mayo de 2021, el ciudadano Diego Luna grabó un Facebook Live en el que se evidenció que la Policía detuvo a jóvenes y los ingresó a la fuerza al Portal Américas de TransMilenio. El video muestra que, en cuartos pequeños del Portal, los agentes de Policía activaron gases lacrimógenos. Al denunciarse el caso, el entonces comandante de la Policía Metropolitana, Eliécer Camacho señaló que las personas estaban alteradas y se les realizó un traslado por protección.

Colectivas feministas denunciaron que, en enero de este año, a una mujer se le retuvo para realizar un traslado por protección y que fue sexualmente violentada durante el trayecto, al interior de la patrulla. Los excesos alrededor de los traslados por protección también han sido corroborados por autoridades de derechos humanos. La Corte Suprema de Justicia, en su histórica sentencia de tutela sobre el Paro de 2019 (21N), señaló su preocupación sobre el uso indiscriminado y desproporcionado del traslado por protección. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de la visita realizada durante el Estallido Social de 2021, corroboró la violación a los derechos humanos durante la realización de traslados por protección y advirtió falencias en el diseño de la norma.

 

Además de que el diseño original de la norma era susceptible a la comisión de violaciones a los derechos humanos, la Ley de Seguridad Ciudadana del gobierno Duque eliminó garantías de debido proceso ordenadas por la Corte Constitucional en una sentencia 2017. A pesar de que el traslado por protección busca, en teoría, proteger, la realidad ha mostrado otra cosa.

Por estas razones, el pasado 28 de abril, conmemorando un año del Estallido Social, junto con mi equipo y la Corporación Justicia y Democracia radicamos una demanda de inconstitucionalidad contra los traslados por protección. Después de un largo proceso, la Sala Plena de la Corte Constitucional admitió nuestra demanda, siendo la primera de siete demandas que inicia su trámite.

Ahora, cualquier persona puede intervenir ante la Corte, enviando intervenciones ciudadanas para apoyar la demanda de radicado D-14803 y solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad de los traslados por protección. Esta es una oportunidad para evidenciar que los traslados por protección abren una puerta a violaciones a los derechos humanos e incidir en su eliminación. Es decir, esta es una acción colectiva que permite construir bienestar público.

Estas intervenciones, así como las voces que en las calles protestaron contra los excesos de la Fuerza Pública, como el homicidio de Javier Ordóñez en 2020, deben ser escuchadas por la Corte Constitucional, ya que la ciudadanía también tiene la capacidad para interpretar la Constitución. Esperemos que próximamente conozcamos la noticia de que se transformó el traslado por protección y que nunca más será una herramienta para violar los derechos humanos.