Ir al contenido principal

Etiqueta: Evo Morales

La Fiscalía de Bolivia imputa cargos a Evo Morales por trata de personas

La Fiscalía de la ciudad de Tarija ha imputado este lunes formalmente al expresidente de Bolivia Evo Morales por un delito de trata agravada de personas después de que no se haya presentado a declarar en el marco del caso en su contra.

La fiscal del departamento de Tarija, Sandra Gutiérrez, ha confirmado que ha presentado una imputación formal contra el expresidente ante un juzgado cautelar del Tribunal Departamental de Justicia (TDE), según ha recogido el diario ‘El Deber’.

 

En este sentido, ha explicado que la decisión se ha tomado después de que Morales no haya acudido a declarar una segunda vez. El pasado mes de octubre la fiscal emitió una orden de arresto en su contra por evadir una citación de la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, Morales podría ser responsable de un delito de abuso de menores y trata de personas por unos hechos que cometió en 2016 cuando era presidente de Bolivia por una relación con una menor de 15 años, de la que nació una niña.

Su potencial arresto caldearía aún más los ánimos entre sus partidarios y los del presidente, Luis Arce. Ambos protagonizan desde hace años una enquistada disputa que divide a la izquierda de Bolivia y plantea serias dudas sobre el futuro político del país.

Bolivia extradita al exjefe antidroga de Evo Morales

El Gobierno de Bolivia ha extraditado en la madrugada de este jueves a Estados Unidos a quien fuera el principal responsable de la lucha contra el narcotráfico durante el último año de mandato del expresidente Evo Morales, Maximiliano Dávila.

Dávila ha sido sacado de la cárcel de San Pedro, en la Paz, sobre las 5.00 hora local para ser trasladado hasta el aeropuerto internacional de El Alto para tomar rumbo un avión, con una escala en Lima, Perú, hacia Estados Unidos, donde se enfrenta a graves acusaciones por delitos de narcotráfico.

 

Ha sido escoltado por efectivos de la Interpol y el propio comandante de la Policía, Augusto Russo, según ha informado Bolivia TV. Está previsto que a lo largo de esta jornada, las autoridades ofrezcan más detalles del operativo en una rueda de prensa.

En enero de 2002, Dávila fue detenido en Potosí cuando intentaba cruzar hacia Argentina, siendo a finales de este noviembre de este año cuando el Tribunal Supremo de Justicia aprobó su extradición a Estados Unidos, que le reclama por delitos de organización criminal y posesión ilegal de armas.

Davila dejó su cargo como responsable de la lucha contra la droga en noviembre de 2019, apenas diez días después de la salida de Morales en plena crisis política por la negativa de la oposición a reconocer los resultados de las elecciones.

Evo Morales insiste en su reelección

El expresidente de Bolivia Evo Morales ha insistido en que está habilitado como candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) para las próximas elecciones, a pesar de que en la víspera el Tribunal Constitucional le despojara del liderato del partido en favor de Grover García, del ala del presidente Luis Arce.

«Evo sigue habilitado, Evo sigue siendo presidente del MAS y por eso nos siguen persiguiendo», ha remarcado una vez el expresidente boliviano, refiriéndose a sí mismo en tercera personas, en una entrevista con la radio campesina Kawsachun Coca.

 

Morales ha pedido a sus seguidores que no se dejen influenciar por los últimos fallos judiciales y les ha emplazado a sus seguidores para el 22 de noviembre en una nueva «reunión nacional» del partido en la localidad de Lauca Ñ, en Cochabamba, para definir el «futuro y la resistencia».

El cisma en el MAS se originó cuando Morales celebró un congreso en Lauca Ñ, en el que salió elegido jefe del partido, en paralelo a la reunión oficial que tuvo lugar en El Alto, donde García fue el respaldado, en el marco de la crisis política que mantiene los sectores afines al expresidente con los de Luis Arce.

En redes sociales, Morales ha apelado a la unión del partido y sus militantes a fin de «proteger lo conquistado, defender lo construido y profundizar lo avanzado. Unidad para cuidarnos los unos a los otros, para sostenernos en la adversidad».

«La unidad fue siempre garante de la victoria, y nuestra victoria final es cuestión de tiempo», ha remarcado en su cuenta de X.

Morales parece no haber digerido aún su salida abrupta del país en medio de las acusaciones de fraude electoral en las elecciones de 2019 y desde su vuelta ha estado criticando Arce por lo que considera una mala gestión de su legado. Mientras, el presidente boliviano alerta de que están queriendo sacarle del poder.

Asimismo, el Constitucional ratificó recientemente la inhabilitación de Morales como candidato a las elecciones de abril de 2025. El fallo establece que sólo se puede ejercer un mandato por dos periodos continuos o discontinuos, rechazando las alegaciones de que se trata de un «derecho humano» que defiende el expresidente.

Grupos afines a Morales conceden tregua de 72 horas

Grupos afines al expresidente de Bolivia Evo Morales han anunciado este miércoles una pausa de 72 horas de los bloqueos que desde hace 24 días vienen obstaculizando varias vías de acceso, principalmente las que conectan Cochabamba con el este y sur del país, en un momento en el que algunas estimaciones elevan las pérdidas a más de 11.700 millones de bolivianos (1.500 millones de euros).

La pausa se produce pese a que «ninguna organización» quiere, han dicho los dirigentes del llamado Estado Mayor del Pueblo, que habría accedido a las demandas de un Morales, que en los últimos días ha propuesto al Gobierno a negociar, a medidas que las fuerzas de seguridad van desbaratando algunos de estos bloqueos.

 

«Con todo ese dolor nosotros vamos a hacer una pausa, con vigilia, vamos a levantar momentáneamente estos bloqueos. Por humanidad vamos a lanzar esta pausa en el bloqueo nacional de caminos», ha anunciado Humberto Claros, dirigente sindical.

En la víspera, Morales se dirigió a sus acólitos para solicitarles, tal y como hizo el pasado viernes, que aceptaran una tregua momentánea de los bloqueos, a fin de poder establecer una mesa de diálogo con el Gobierno del presidente Luis Arce, al cual han vuelto a calificar en esta ocasión de «fascista y dictatorial».

Las demandas de Morales, que se encuentra en su quinto día de huelga de hambre, vienen en un momento en el que las fuerzas de seguridad bolivianas han logrado deshacer los bloqueos que durante varias semanas han dejado sin suministros de combustible y alimentos frescos varias regiones del país.

Claros ha enfatizado durante su intervención que estas protestas nacieron por el «hambre» y las «necesidades» y reprocha al Gobierno que haya «envenenado al pueblo con mentiras», negando que Evo Morales sea la razón de estas movilizaciones, a pesar de que ha sido parte de sus demandas debido a las varias causas judiciales pendientes que tiene, entre ellas una por abuso de menores y trata de personas.

Asimismo, ha emplazado al Gobierno a utilizar estas 72 horas para resolver los problemas de falta de divisas y combustible, así como para liberar a los más de 70 detenidos que han dejado las protestas. «Sólo es una pausa humanitaria porque los sectores sociales van a seguir saliendo», ha matizado.

Entre los últimos arrestados hay once personas que mantenían retenidas a dos policías en el municipio de Capinota, en Cochabamba, bastión del expresidente Morales y origen de estos bloqueos, de los cuales una quincena continúan activos.

El origen de estas protestas radica en las diferencias irreconciliables de quienes una vez fueron aliados políticos. Morales ha cuestionado a Arce casi desde el principio de su mandato, creando una escisión dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), con una parte defendiendo una candidatura del expresidente para las próximas elecciones a pesar de no estar habilitado por la Constitución.

Allegados a Evo Morales secuestran a un grupo de militares

Al menos veinte personas, entre militares y personal civil, de un regimiento del Ejército de Bolivia situado en la localidad de Villa Tunari, en Cochabamba, han sido tomados como rehenes por parte de grupos afines al expresidente Evo Morales, en el marco de la crisis política que desde hace meses sigue en aumento.

Al menos unas 2.000 personas han irrumpido de forma violenta en el cuartel Cacique Juan Maraza, según ha relatado uno de los militares que se encuentra retenido a través de un vídeo difundido por varios medios bolivianos. «Nos han cortado el agua, la luz y nos han tomado como rehenes», ha contado.

 

Las demandas de los simpatizantes de Morales pasan por la renuncia del presidente Luis Arce y la no intervención de las fuerzas de seguridad en los bloqueos que han levantado en decenas de carreteras por todo el país y contra los que el Gobierno ha lanzado un gran operativo en las últimas horas.

«La vida de todos mis instructores y de mis soldados está en peligro», se escucha decir a este soldado en medio de las peticiones de los asaltantes para que dimita Arce, quien advirtió estos días a Morales y a sus acólitos de que de no acabar con los bloqueos tendría que ejercer sus «facultades constitucionales».

Mientras continúan los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, el expresidente Morales ha respondido a las demandas de Arce a través de una carta pública en la que le ha comparado con la opositora, ahora encarcelada, Jeanine Áñez, quien se autoproclamó presidenta durante la crisis política de 2019.

En la misiva, Morales hace referencia a las advertencias de Arce acerca de tener que sacar a las Fuerzas Armadas si continúan los bloqueos y las violentas protestas. De hacerlo, «será usted quien cargue con la responsabilidad de dividir y herir a Bolivia de forma irremediable y sin retorno», ha escrito.

«Su nombre quedará en la historia junto al de Áñez, como uno de los presidentes que empobreció al pueblo, debilitó al Estado y que apuntó sus armas contra su propia gente», ha enfatizado Morales, quien le ha advertido de mancharse las manos «con la sangre de los indios, los pobres y los campesinos que prometió defender».

«Hace cuatro años, cuando se preparaba para asumir la presidencia, nadie hubiera imaginado que los últimos meses de su gobierno serían tan oscuros y lamentables; menos aún que usted terminaría autorizando la violencia contra quienes lo llevaron al poder con su voto, su lucha y su sangre», le ha reprochado.

Hace dos semanas, los seguidores de Morales comenzaron a levantar bloqueos en varios puntos de la geografía boliviana, especialmente en Cochambamba –bastión del expresidente, pero también en otras áreas de Potosí, Oruro, o Santa Cruz.

Las protestas, que si bien en un principio estaban motivadas por la crisis económica, han servido para reclamar las aspiraciones políticas de un Morales, que a pesar de no estar habilitado insiste en presentarse a las nuevas elecciones. Los enfrentamientos con las autoridades han ido en aumento especialmente esta semana, después de que denunciara un supuesto plan para acabar con su vida.

Mientras tanto, Morales tiene varias causas judiciales abiertas. A las denuncias por los destrozos que se originaron durante la gran movilización que encabezó en septiembre, se ha sumado recientemente por los ataques a la Policía y sobre todo la de supuesto abuso de menores y trata de personas por una relación que tuvo con una menor de 16 años cuando era presidente, y de la que nació una niña.

Señalan a Evo Morales de disparar contra policías

El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, ha informado este lunes de que el expresidente Evo Morales y su equipo de seguridad dispararon el domingo a policías durante una operación antidroga, en lo que el propio Morales ha denunciado como un intento de asesinato.

«He disparado a la llanta», dijo Morales en un vídeo que ha publicado Del Castillo durante una comparecencia pública recogida por el diario boliviano ‘El Deber’. El incidente se produjo, según la versión del ministro, cuando el vehículo que trasladaba a Morales huía de un operativo antidroga en el marco de la Operación Tormenta de Trópico III.

 

El vehículo de Morales se habría topado con un control instalado en una carretera del municipio de Villa Tunari, huyó y entonces el equipo de seguridad del exmandatario respondió con disparos la persecución policial. En este contexto, el vehículo de Morales embistió a un agente de la Policía, que resultó herido en una pierna.

El domingo el propio Morales publicó vídeos del incidente y denunció un intento de asesinato con al menos 14 disparos. Testigos presenciales informaron de que los dos vehículos que participaron en el supuesto ataque a Morales se cobijaron en un cuartel del Ejército.

Simpatizantes de Morales rodearon el cuartel y exigieron la entrega de los vehículos, que se llevaron y quemaron posteriormente. Desde el Gobierno y la oposición conservadora han denunciado un posible «autoatentado» para justificar la salida de Morales del país.

Confusión en Bolivia tras atentado a Evo Morales

El expresidente de Bolivia Evo Morales ha denunciado este domingo que ha sido víctima de un intento de asesinato cuando el vehículo en el que circulaba recibió catorce disparos por parte de un grupo de «encapuchados» que asaltaron su convoy en el centro del país. El exmandatario ha responsabilizado al presidente Luis Arce del ataque.

Morales se dirigía de Villa Tunari a Lauca Ñ. para participar en el programa cuando su coche comenzó a recibir varios disparos, algunos de los cuales impactaron en la luneta delantera.

 

En su relato, Morales identifica a dos vehículos, «aparentemente» modelo Toyota Tundra, de los que se bajaron «cuatro efectivos encapuchados y vestidos de negro con armas en la mano comenzaron a disparar». Con el vehículo de Morales ya en marcha, el expresidente, en el asiento delantero del copiloto, aparece en las imágenes hablando agitado por teléfono y denunciando que están siendo «perseguidos» antes de cortar la comunicación.

Posteriormente y tras el incidente, Morales ha añadido que uno de sus conductores ha sufrido heridas en la cabeza y en el brazo pero «finalmente salvamos la vida».

El expresidente acusa de este «intento de asesinato» al que fuera su exministro de Economía y actual presidente del país, Luis Arce, con quien ha protagonizado numerosos encontronazos durante los últimos meses. «Lucho se volvió loco», aseguró.

«El intento de asesinato perpetrado esta mañana consistió en un operativo combinado con las fuerzas militares y policiales que fracasó gracias a fuerza y organización de los compañeros y compañeras de los movimientos sociales», ha destacado en redes sociales.

Para Morales, el actual gobierno «perdió la legitimidad ante el pueblo boliviano por la ineficiencia y corrupción y al fracaso de la gestión económica». «Serán derrotados en todos los escenarios, porque nos acompaña un pueblo comprometido, organizado y movilizado, dispuesto a defender nuestra Revolución Democrática y Cultural», ha remachado.

Autoatentado

En la primera reacción del Gobierno, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, ha asegurado que se pondrán en marcha las investigaciones correspondientes, aunque no descartó la posibilidad de que se trate de un autoatentado.

«Como autoridades estamos en obligación de investigar cualquier denuncia, sea verdad o sea mentira. Considero que ya la población tiene un criterio formado sobre la posibilidad de un autoatentado», ha afirmado Ríos en declaraciones recogidas por el diario boliviano ‘La Razón’.

Además, ha negado que haya ninguna orden de detención vigente contra Morales entre las especulaciones sobre los supuestos abusos sexuales que cometió siendo presidente. «La Policía Boliviana no ha recibido ninguna orden de aprehensión en contra del señor Evo Morales», ha recalcado.

Ríos ha rechazado también que el Gobierno vaya a declarar el estado de sitio como ha afirmado Morales. Se trata de «despropósitos señalados por el señor Morales», aunque al ser interrogado por una posible militarización, ha respondido que «no es oportuno hablar de aquello».

El viceministro ha afirmado por otra parte que la Policía está en condiciones de despejar las carreteras bloqueadas por el ala afín a Morales del partido Movimiento Al Socialismo (MAS) desde hace 14 días, la mayoría en Cochabamba.

Más tarde, el presidente Luis Arce ha ordenado «una inmediata y minuciosa investigación» sobre el «presunto atentado» contra Morales. «Ante la denuncia del expresidente Evo Morales de un presunto atentado contra su vida, he instruido una inmediata y minuciosa investigación, para esclarecer este hecho», ha explicado Arce en su cuenta en X.

«El ejercicio de cualquier práctica violenta en la política debe ser condenada y esclarecida. No es con la búsqueda de muertos que se resuelven los problemas ni con especulaciones tendenciosas», ha añadido.

Bolivia no es segura

Mientras, el exministro de la Presidencia de Morales, Juan Ramón Quintana, ha apelado a los movimientos sociales afines a proteger a Morales porque «Bolivia ya no es segura para él» y ha defendido abiertamente la necesidad de sacarlo del país.

La oposición conservadora ha pedido por su parte al Gobierno que evite que Morales salga del país y ha recordado que está acusado de delitos de violación a menores o estupro, entre otros. «Si el gobierno no actúa y detiene a Evo Morales, se estaría convirtiendo en cómplice de este delincuente que debe estar tras las rejas», ha declarado el diputado de Creemos Walthy Éguëz, que cree que el incidente de los disparos está preparado y busca justificar su salida del país.

Más tarde se ha sabido que tras conocerse el ataque contra Morales, simpatizantes del expresidente han intentado tomar el cuartel de la 9ª División del Ejército, que se encuentra acantonada en el municipio de Chimoré.

En un video difundido por la emisora Radio Kawsachun Coca se puede ver a varias personas intentando entrar en el cuartel e increpando a un militar que realizó un disparo disuasorio al aire. «Apártese», afirma el militar en el vídeo antes de disparar su fusil.

«Mátanos, aunque sea van a volar ustedes. No te tengo miedo. Hemos visto que han llegado los que han querido matar a Evo. Ahora van a ver», responde una mujer dirigiéndose al soldado.

Más tarde, ha circulado una grabación en la que un militar de la 9ª División reconoce que las camionetas presutnamente utilizadas en el ataque contra Morales entraron en su base, en Villa Tunari, y que en ellas iban policías de civil que posteriormente partieron del lugar en un helicóptero.

«Son policías, nosotros no tenemos esas camionetas; en el cuartel no hay esas camionetas último modelo», ha explicado uno de los militares ante un grupo de seguidores de Morales.

Posteriormente los simpatizantes de Morales se han llevado e incendiado los dos vehículos, que fueron entregados por los militares al verse rodeados por los activistas.

El propio Morales ha difundido el vídeo en el que un militar identifica como policías a los pasajeros de las dos camionetas. «Si Luis Arce no dio la orden de este intento de asesinato debe destituir y procesar inmediatamente a Eduardo del Castillo y Edmundo Novillo, ministros de Gobierno y Defensa, junto a todos los policías que participaron», ha apelado.

Denuncia ante la CIDH

Morales ha anunciado además que ha denunciado los hechos «de manera urgente» ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum y ante el relator para Bolivia de la CIDH, José Luis Caballero Ochoa.

«Agentes de élite del Estado Boliviano atentaron contra mi vida el día de hoy, mientras el Gobierno reactiva operaciones conjuntas entre fuerzas policiales, militares y paramilitares para dirigir la represión y atentar contra la vida de hermanas y hermanos en los puntos de bloqueo y protesta social», ha advertido.

«Pido que se active el Artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por el riesgo al derecho a la vida y que se haga una visita de trabajo con carácter de urgencia a nuestro páis», ha añadido.

El exmandatario boliviano ha empleado su cuenta en X para dar visibilidad a los mensajes de solidaridad y condena de dirigentes latinoamericanos entre los que se encuentran la presidenta de Honduras, Xiomara Castro; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, o la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Venezuela también ha condenado el «atentado» contra Morales.

Gobierno de Bolivia invita a Morales a una tregua

El Gobierno de Bolivia ha invitado nuevamente a Evo Morales a sentarse este lunes a negociar con el presidente Luis Arce una tregua a fin de evitar los bloqueos y movilizaciones organizados por los grupos afines al expresidente.

La ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, ha invitado a Morales este lunes a la sede del Ministerio de Finanzas en La Paz a partir de las 15.00 (hora local) para hablar de las cuestiones económicas que han motivado este nuevo empeoramiento de las relaciones de quienes no hace mucho eran aliados.

 

Prada ha hecho referencia al pliego de demandas presentado por Morales antes de la marcha que le llevó junto a centenares de sus seguidores hasta La Paz, desde donde reclamó cambios en el Gobierno y defendió su liderazgo de cara a una posible candidatura para las siguientes elecciones para las que no está habilitado.

A primeras horas de la noche del domingo al lunes, grupos afines al expresidente boliviano han comenzado a levantar algunos bloqueos en varias carreteras de Cochabamba, el principal bastión de Morales.

Estos grupos no solo protestan contra el Gobierno por su, a su juicio, mala gestión de la crisis económica, sino también por la «persecución política» de la que supuestamente está siendo víctima Morales, inmerso en varios procesos legales, entre ellos uno por supuesto abuso de menores cuando era presidente en 2016.

Anulan reelección indefinida en Bolivia

El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia ha anulado la potestad de la reelección indefinida en un dictamen que inhabilita al expresidente Evo Morales a presentarse a las elecciones de 2025 al haber ejercido durante tres periodos continuos entre 2006 y 2019.

La sentencia, que a grandes rasgos estipula que la reelección indefinida «no es un derecho humano», ha sido emitida a raíz de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin posibilidad de apelación, y anula un dictamen emitido por el mismo Constitucional en 2017.

 

Concretamente, la sentencia especifica que un presidente, vicepresidente, diputados o senadores no pueden ejercer más de dos mandatos, ya sea de forma continua o discontinua. El dictamen incluye a también gobernadores y alcaldes que hayan sido electos desde la entrada en vigor del actual texto constitucional, es decir, el año 2009.

Evo Morales ha denunciado que se trata de una «sentencia política» parte del «plan negro» del Gobierno de Luis Arce. «La sentencia política del TCP autoprorrogado es la prueba de la complicidad de algunos magistrados con el Plan Negro que ejecuta el gobierno por órdenes del imperio y con la conspiración de la derecha boliviana», ha publicado Morales en redes sociales.

Esta sentencia «teleológica» se produce dos días antes de que concluya el mandato de seis años de los magistrados, aunque para Morales son el «TCP autoprorrogado». Además, recuerda que siendo diputado hace casi 22 años fue expulsado del Parlamento. Desde entonces «los neoliberales» buscan «proscribir» su partido y hasta eliminarlo política y físicamente. «Ningún miedo. ¡La lucha sigue hermanas y hermanos!», ha remachado Morales.

Contrarios al exmandatario como la también expresidenta Jeanine Añez han aplaudido un dictamen que «pone punto final al delirio de Evo Morales de reelegirse por siempre», ha hecho saber en su cuenta de la red social X.

Para el dirigente de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, la sentencia confirma que «Evo Morales y García Linera violaron la Constitución, las normas internacionales, las leyes y la decisión del pueblo cuando impusieron su candidatura en 2019».

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también ha valorado la sentencia como un impedimento para que ningún «aprendiz de tirano pisotee el voto o desconozca un referendo acabe haciendo fraude con la sola intención de perpetuarse en el poder».

Áñez, cabe recordar, está acusada de terrorismo al proclamarse presidenta de Bolivia sin el consenso ni la presencia mínima de legisladores poco después de la renuncia de Morales, que abandonó el cargo en 2019 en medio de una fuerte crisis social y mientras sectores de la Policía y el Ejército orquestaban un motín en su contra.

Camacho, por su parte y por esta misma crisis, está acusado de terrorismo, financiamiento del terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictiva y uso indebido de deberes y servicios públicos.

El Congreso de Perú declara ‘persona non grata’ a Evo Morale

Foto: Evo Morales, tomada de notiamerica.com

 

El Congreso de la República de Perú ha aprobado este jueves una moción mediante la cual se ha declarado ‘persona non grata’ al expresidente de Bolivia Evo Morales, protagonista de recientes polémicas con las autoridades andinas.

La mencionada moción –aprobada por 74 votos a favor, 40 en contra y cuatro abstenciones– proponía declarar ‘persona non grata’ al exmandatario boliviano «por sus constantes incitaciones en la política nacional».

El Gobierno de Perú ya prohibió a principios de mes la entrada al país a nueve ciudadanos bolivianos, entre ellos el propio Morales, por considerar que han incurrido en actividades «de índole proselitista», aparentemente después de que intercedieran en favor del depuesto Pedro Castillo.

El Ejecutivo peruano puso entonces en cuestión las actividades de ciudadanos bolivianos en el país, en «clara afectación» a la seguridad y el orden. Lima subrayó, no obstante, los «lazos históricos» que unen al país con otras naciones de la región.

Morales ha defendido a Castillo, apartado por el Congreso el 7 de diciembre después de que intentase aumentar sus poderes con un gobierno de excepción. También ha cuestionado el papel del actual Gobierno, encabezado por Dina Boluarte, en la represión de las manifestaciones.

Boluarte denuncia que un grupo indígena boliviano ingresa armamento por la frontera

Foto: Dina Boluarte, tomada de europapress.com

 

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha denunciado este miércoles que el grupo indígena Ponchos Rojos, afín al expresidente boliviano Evo Morales, está implicado en el ingreso de armas y municiones a través de la frontera entre ambos países.

Boluarte ha pedido la Fiscalía peruana que investigue de forma «rápida y objetiva» la implicación de los Ponchos Rojos, pues aparentemente estas habrían sido las armas utilizadas en los enfrentamientos que tuvieron lugar el pasado 9 de enero en Juliaca y Puno, que se saldaron con la muerte de 18 personas, ha informado el diario ‘El Deber’.

Esto se produce después de que el Gobierno peruano remitiera el lunes una nota diplomática de protesta a Bolivia por las declaraciones del presidente boliviano, Luis Arce, en las que expresaba su respaldo a la ola de protestas que sacude el país.

El presidente boliviano afirmó, durante un acto de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que el pueblo peruano se encuentra ahora «en una lucha» para «recuperar su democracia y también para «recuperar el derecho a elegir un Gobierno que los represente».

En respuesta, la diplomacia de Bolivia reiteró su respeto al Derecho Internacional y al principio de no intervención, rechazando la insinuación de las autoridades peruanas, que señalaron que las palabras de Arce eran «una injerencia inaceptable en asuntos que sólo competen a peruanos».

Morales vs Obrador

Según UNODOC, Colombia alcanzó el máximo de área cultivada de coca, con un incremento del 43%, de 2020 a 2021, y produciendo 1.400 toneladas de clorhidrato de cocaína. En el Putumayo, uno de los departamentos donde se concentra la mayor cantidad de coca, varios grupos armados regulan con violencia los precios, ponen a las autoridades en su nómina y se convierten en tomadores de decisiones, mediadores, impartidores de justicia, organizadores de violencia, financiadores de campañas, entre otras actividades. Incluso, los nuevos actores violentos han llegado a amenazar a las personas que otrora lideraron el movimiento cocalero que exigía la sustitución voluntaria y el desarrollo rural y rechazaba la fumigación. Hoy la consigna no es sustitución, sino legalización.

En eso, el presidente Gustavo Petro marcó un hito en su discurso en las Naciones Unidas. Nadie duda de que la guerra contra las drogas ha fracasado en todas y cada una de sus versiones, duras y blandas. América Latina es hoy el continente más violento del mundo y ha sacrificado sus trayectorias de desarrollo para procurar detener en el origen el flujo de la economía más global de todas: El narcotráfico. Hasta ahí hay mucho de razón, y perseguir el narcotráfico no ha dado ningún resultado a mostrar. Sin embargo, en la decisión de no perseguirlo también hay varias variables que Colombia debe analizar desde la mejor evidencia disponible. El diablo está en los detalles.

 

En América Latina dos países han tomado decisiones similares en cuanto a no realizar una persecución activa en contra del narcotráfico. En el año 2006 Bolivia fue el primer país del continente en solicitar declarar la hoja de coca como lícita y desligarla de la producción de cocaína, apelando a su base social cocalera de Cochabamba y en el 2008 suspendió indefinidamente las actividades de la DEA en el país, acusándola de acciones poco transparentes. En el año 2017, el país había disminuido de 31.000 has. de coca sembrada a alrededor de 20.000, todo sin utilizar la violencia. Fuentes cercanas al gobierno de entonces señalan que nacionalizar la lucha contra el narcotráfico y separarla de la disminución de cultivos, sumada a la salida de la agencia norteamericana permitió que el Estado se concentrara en implementar la reforma agraria con mayor tranquilidad y permitir la producción de hoja de coca para uso interno, que ronda según la Unión Europea en aproximadamente 15.000 has.

México tiene otra trayectoria. Muchos analistas del narcotráfico y del crimen organizado señalaron que el inicio de la persecución activa contra el narcotráfico como un problema de orden público desencadenó una oleada de violencia que situó a México como uno de los países con la mayor tasa de homicidios del mundo. Manuel López Obrador, fiel a esta premisa, prometió en campaña “más abrazos, menos balazos” como estrategia y en 2019 declaró que el país estaba oficialmente fuera de la guerra contra las drogas. Mientras se disminuyeron los operativos policiales a gran escala, la seguridad conservó un enfoque militarizado. Mientras Colombia plantea fortalecer el control civil de la Policía, México quiere poner a la guardia nacional bajo el control del ministerio de defensa. Los escándalos de corrupción están a la orden del día, los homicidios llegan a 35.000 personas y los eventos de desaparición forzada llegan a 30.000 sólo en el mandato de López Obrador.

Las diferencias entre los dos modelos son muy evidentes, por supuesto. México tiene el control de gran parte de la comercialización de la cocaína y parte de la heroína y opiáceos en el mundo, pero no es ni de cerca un país cultivador o productor de base. Adicional a lo anterior, mientras Bolivia desmilitarizó por completo la lucha contra el narcotráfico, concentró sus esfuerzos en el desarrollo agrario, sin limitar la producción de hoja de coca, integrando la economía cocalera al desarrollo, México llevaba años permitiendo la participación de los sectores violentos del narcotráfico en la política, por lo que el peso del sector y del propio crimen organizado era prácticamente imposible de obviar.

Colombia tiene ambos mundos. Es un país productor de coca, pero los cultivos dependen cada vez menos de la economía campesina y tienden a tener un comportamiento más y más industrial. Tiene grupos armados que, al momento de legalizar la droga, bien podrían dedicarse a cualquier otro negocio, incluyendo la extorsión y la corrupción pública, y como en México, la clase política ha estado profundamente vinculada a la violencia y a diversos negocios ilegales. En el camino de la legalización de las drogas, el lobby colombiano puede ser inspirador, pero insuficiente y ciertamente lento. ¿Hay una respuesta que permita salir de esta encrucijada? La respuesta al problema de la coca parece estar más del lado del círculo virtuoso boliviano que combinó un desarrollo rural eficiente con una política de policía rural más cercana a los sindicatos y comunidades cocaleras que a las funciones militares. Sin embargo, si Colombia quiere una solución al problema de la violencia, es bueno mirar el caso mexicano y tal vez reconocer que la violencia organizada tiene menos que ver con el negocio y más con la política.