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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Falsos positivos

Juez ordena a Polo Polo pedir perdón de manera pública a las madres de los jóvenes víctimas de Falsos Positivos

El Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá falló acción de tutela contra el representante afrodescendiente, Miguel Polo Polo y ordenándole en un plazo no mayor a tres días, pedir perdón a la organización de Madres Falsos Positivos de Colombia por los actos realizados contra la memoria de las víctimas de los falsos positivos en la Plaza Núñez del Capitolio Nacional.

Además le ordenó restituir la obra artística representada en unas botas pintadas en alusión a los jóvenes que fueron presentados por el Ejército Nacional como guerrilleros dados de baja en medio de combates. Polo Polo deberá dejarlas tal cual como estaban antes de que las introdujera en una bolsa de basura. Más adelante el congresista a grito entero en la plenaria de la Cámara de Representantes descalificó las investigaciones judiciales que se han adelantado por estos casos y puso en duda las cifras establecidas.

El juez consideró que Miguel Polo Polo vulneró los derechos al buen nombre, la honra, dignidad humana, verdad judicial, reparación integral, reunión y el derecho a la garantía de no repetición que tienen todas las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Nota relacionada: Anuncian demanda contra Polo Polo por su actuación en un acto simbólico de las madres de los falsos positivos

El fallo se da tras una tutela interpuesta contra el representante por retirar unas botas que correspondía a un acto conmemorativo por la memoria de los jóvenes víctimas de falsos positivos.

*Memoria y Dignidad; La lucha de las madres de Soacha y sus positivos bien contados*

El populismo punitivo ha alcanzado su máxima expresión. ¿Cómo es posible que se use el dolor de las víctimas para generar rating, ¡para dar de qué hablar! ¿Cómo puede Colombia enterarse de la existencia del congresista Polo Polo no por un debate digno de la oposición, que, aunque no sea de gobierno ni de independencia, podría usar su curul para explicar el porqué de los llamados falsos positivos? Es inaceptable que se tome el arte que sublima este dolor y se lo arroje a la basura, además de negarlo y refunfuñar sobre los 6.402 casos que pasaron por la JEP.

Las madres de Soacha empezaron buscando a sus hijos, quienes, en un patrón común, fueron desaparecidos de su territorio. Jóvenes con la esperanza de trabajar y estudiar dieron origen a una de las narrativas más desgarradoras de la historia de Colombia. Han pasado quince años y unos acuerdos de paz, y sabemos que no solo sucedió con los jóvenes de Soacha; no fueron solo los 19 de Soacha. Según las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, alrededor de todo el territorio colombiano hubo por lo menos 6.402 casos de lo que hoy se conoce popularmente como “falsos positivos”.

¿Y por qué las botas? Parte de las contradicciones de estos informes evidenciaron a las víctimas con las botas puestas al revés. Desde entonces, las botas de caucho representan un mensaje, una herida de guerra que está grabada en la memoria de los colombianos.

El único pecado de estos jóvenes y sus familias fue ser pobres. Los «nadie» de Galeano, por quienes nadie iba a preguntar, y cuya fuerza de reclamo pensaban que era fácil de silenciar. Pero lo que no sabían es que estas flores arrancadas en primavera florecerían eternamente; el amor de una madre nunca muere.

Indignación total, desconcierto, repudio y la respuesta inmediata de miles de demócratas en Colombia y en el mundo, quienes rechazaron el comportamiento del congresista Polo Polo, que será recordado por esto, no por más, porque su ingenio no lo ha llevado a otro lugar. No se le conoce otro tema que polemizar insulsamente al presidente, porque ni debates, ni mociones de censura, ni una estructura política que consolide otra propuesta, otro proyecto de país.

Y con esto, claro está, comenzó la campaña del 2026, con el rechazo del dolor de las víctimas y el vigor y memoria de las valientes madres que representan a los 6.402 desaparecidos en el marco de la guerra y del conflicto armado. Me sumo a la denuncia penal ante la corte suprema de justicia a este señor; no es justo que le paguen a un congresista por hacer esto, por usar los recursos públicos para difamar y revictimizar a las víctimas, a las madres que representan la dignidad de sus hijos frente a la injusticia y la lesa humanidad de nuestra tierra.

Es hora de entender y asumir, de manera firme, el papel decisivo de la JEP y de los informes de la Comisión de la Verdad. Esta guerra tiene una historia profunda que no podemos ignorar. Si no reconocemos y enfrentamos nuestro pasado, estamos condenados a repetir los mismos errores. Necesitamos construir un país que valore la memoria, que tenga la voluntad de promover la paz y que, en lugar de olvidar, busque el perdón y la reconciliación. Solo así podremos evitar que se repita la tragedia de la noche oscura que ha marcado nuestras vidas.

Marcela Clavijo

Contracultura y violencia simbólica en Colombia

En los últimos meses, hemos visto y escuchado varios hechos en Colombia que parecieran no tener relación alguna, sin embargo, pero que en el fondo refleja una preocupante tendencia cultural que obstaculiza la reconciliación, los valores democráticos y la convivencia pacífica en nuestro país. Me refiero a las declaraciones del congresista Miguel Polo en contra de las atribuladas madres de Soacha, la controversia generada por la canción +57 y la venta indiscriminada de juguetes bélicos. Juntos, estos hechos revelan patrón que perpetúa una contracultura violenta, que no solo divide a la sociedad sino que también obstaculiza el proceso de construcción de una paz estable.

Las Madres de Soacha son un simbólico de la lucha por la verdad, justicia y la reparación en Colombia. Posterior a los denominados falsos positivos, sus voces salieron al escenario público y con ellas años de demanda del esclarecimiento de los asesinatos de sus hijos a manos de las fuerzas militares. Estas valiente mujeres han sido blanco de ataques verbales por parte de voceros de diferentes sectores y últimamente por parte del congresista Miguel Polo Polo, quien destruyó una simbología artística instalada en la plaza Núñez.

Estas declaraciones son más que un simple ataque verbal; representan una agresión directa que busca silenciar y deslegitimar a quienes, desde la resistencia pacífica, exigen justicia. Este tipo de discursos no solo revictimiza a las Madres de Soacha, sino que también envía un mensaje peligroso a la sociedad. Quienes defienden los derechos humanos pueden ser atacados públicamente sin consecuencias, en un país donde la violencia ha sido una constante histórica. Es innegable que este tipo de acciones normalizan las violencias y la polarización.

Por otro lado, la polémica reciente desatada en torno a la canción +57 ejemplifican cómo los contenidos culturales pueden promover valores contrarios a la convivencia pacífica y al respeto por los derechos humanos. Aunque el reguetón ha sido tradicionalmente criticado por su lenguaje y mensajes, esta canción va un paso más allá al utilizar letras que glorifican la violencia, el narcotráfico y la misoginia. El hecho de que este tipo de música sea popular entre los jóvenes refleja una crisis de valores en nuestra sociedad, donde la vida del «matón», del “todo vale” y el «narcotraficante» es vista como una aspiración legítima.

Si bien el arte y la música son manifestaciones válidas de creatividad, no se debe pasar por alto su influencia en la formación de valores, particularmente entre los y las jóvenes. La amplia difusión de contenidos que trivializan la violencia e insensibilizan ante la anomia y la ilegalidad afianzan más estos comportamientos, obstruyendo los esfuerzos  por construir una cultura de paz y respeto en el país.

La venta de juguetes bélicos en Colombia es un tema que ha pasado desapercibido durante años, a pesar de existir la Ley 18 desde 1990, que prohíbe la fabricación, importación, distribución, venta y uso de juguetes bélicos en todo el Territorio Nacional. Armas de juguetes, granadas y pistolas plásticas se venden libremente en las tiendas y se promocionan como regalos «divertidos» para los niños. Sin embargo, a pesar de que muchos los tuvimos en nuestra infancia, estos juguetes no son inocentes, inculcan en los más pequeños la idea de que la violencia es un juego, una forma aceptable de resolver conflictos y alcanzar objetivos.

Si queremos avanzar hacia una sociedad más pacífica, es imperativo cuestionar el tipo de valores que se están transmitiendo desde la infancia. Permitir que los niños se diviertan simulando actos de violencia no solo desensibiliza frente a la realidad de un país que ha sufrido las consecuencias de la violencia armada, sino que también perpetúa culturas patriarcales y la mentalidad de «el fin justifica los medios».

La violencia no se manifiesta únicamente en el uso de armas o la agresión física; también se expresa a través de discursos, símbolos y prácticas culturales que promueven el desprecio por la vida, la justicia y los derechos de los demás. Cuando las voces de quienes defienden la paz son acalladas, cuando la música glorifica la ilegalidad y cuando los niños son educados para jugar a la guerra, estamos alimentando un ciclo de violencia que se torna difícil de romper.

Colombia tiene la oportunidad histórica de construir una sociedad más justa y en paz, pero para lograrlo, debemos desterrar la violencia de nuestras prácticas cotidianas, discursos y símbolos culturales. Este cambio no se logrará únicamente a través de políticas públicas, sino que requiere un esfuerzo conjunto de la sociedad civil, los medios de comunicación, el sistema educativo y la familia.

No podemos permitir que la contracultura que celebre la violencia siga ganando terreno. Es hora de dar un paso firme hacia la reconciliación, y esto solo será posible si empezamos a transformar nuestra cultura desde la raíz. La paz no se decreta; se teje día a día con acciones concretas, con palabras que sanan y con una educación que fomente el respeto por la vida.

Luis Emil Sanabria

Anuncian demanda contra Polo Polo por su actuación en un acto simbólico de las madres de los falsos positivos

Una vez más el representante a la cámara, Miguel Polo Polo, vuelve a ser el centro de la polémica por cuenta de sus actuaciones al interior del Congreso de la República.

En esta ocasión el congresista regresa al ojo de la picota pública por cuenta de un video grabado el miércoles 6 de noviembre en horas de la tarde, luego de un fuerte aguacero en el centro de Bogotá. El representante se encontraba dialogando un dos personas en la Plaza Núñez. Una de estas personas sostenía un paraguas, evitando que Polo Polo se mojara en la lluvia.

Foto: Oscar Sevillano

Cuando dejó de llover, el representante a la cámara procedió a grabar un video en donde se le observa recogiendo unas botas que dejaron en la Plaza Núñez algunas integrantes de la organización Mafapo (Madres de Falsos Positivos de Colombia), quienes exhibían decenas de botas intervenidas artísticamente, anunciando que las tiraría a la basura, según el, porque estaban ensuciando este lugar del Capitolio Nacional.

Según el congresista, «la cifra de los 6.402 falsos positivos no han sido soportadas por la justicia».

Jacqueline Castillo, presidenta de Mafapo rechazó la actuación del congresista a quien tildó de «miserable» por referirse de esta manera al acto que buscaba conmemorar a los jóvenes de diferentes territorios del país que fueron asesinados para luego ser presentados como guerrilleros dados de baja en combate por el Ejército Nacional.

Por este acto, las representantes de esta organización piden una sanción contra el representante Miguel Polo Polo, porque su actuación las revictimiza y exigen además una disculpa pública.

Al respecto, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, anunció demanda en contra del representante por la presunta comisión de los delitos de hostigamiento y actos de discriminación agravados hacia las madres de los miles de jóvenes que fueron presentados como falsos positivos.

Admiten una querella en Argentina en contra de Álvaro Uribe

El Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 de Buenos Aires, Argentina, admitió una acción de querella contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez con lo cual, quienes se consideran víctimas de los Falsos Positivos podrán participar en el proceso judicial que se le sigue en ese país.

La demanda interpuesta señala al exmandatario de incitar a la comisión de crímenes de lesa humanidad haciendo presentar a civiles inocentes como guerrilleros dados de baja en combate. El proceso judicial se ciñe bajo los parámetros de a jurisdicción universal por crímenes de lesa humanidad, según lo explicó a Bluradio, el abogado de la Corporación Jurídica Libertad, Sergio Arboleda.

«Esta decisión de admitir a las víctimas significa que se ha acreditado debidamente la afectación de las mismas y la existencia de los ocho victimarios, siendo solo un paso más en esta etapa procesal», dijo.

Procuraduría pide a la JEP llamar a cinco generales del Ejército por los Falsos Positivos

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Justicia Especial Para la Paz (JEP) llamar a cinco generales del ejército, que comandaron diferentes unidades militares adscritas a la Primera División, entre 2005 y 2008, a versión libre por la ocurrencia de muertes presentadas como bajas en combate.

El Ministerio Público hace referencia a los generales Oscar Enrique González Peña; Justo Eliseo Peña Forero; Luis Felipe Cadena; Hernán Giraldo Restrepo; Fabricio Cabrera Ortiz.

El procurador delegado con funciones de coordinación ante la JEP, Jairo Acosta, explica que la forma de articular las singularidades ocurridas en cada una de las unidades militares analizadas se puede lograr ascendiendo en la línea de mando.

El órgano de control disciplinario solicitó además convocar a otros oficiales que hicieron parte del Estado Mayor de la Primera División del ejército durante el período investigado para que entreguen sus versiones, así como recaudar los documentos que habrían sustentado las operaciones en cuestión.

Condenan a un coronel y tres soldados por el crimen de Dimar Torres

Una juez especializada de Cúcuta (Norte de Santander) condenó al coronel en retiro Pérez Amézquita por el delito de homicidio agravado en persona protegida; y en contra de los soldados Yorman Alexander Buriticá Duarte, Cristian David Casilimas Pulido y William Andrés Alarcón Castrillón, por el asesinato del del firmante del Acuerdo de Paz con las Farc, Dimar Torres Arévalo, ocurrido el 22 de abril de 2019.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) demostró en juicio que el oficial ordenó a unidades militares a su cargo causarle la muerte al firmante porque supuestamente había instalado un campo minado.

En cumplimiento de esa instrucción, varios uniformados interceptaron a la víctima mientras se movilizaba en una motocicleta en inmediaciones de la base Sinaí y le propinaron cuatro disparos de fusil. Posteriormente, ocultaron el vehículo de Torres Arévalo y cavaron una fosa donde pretendían ocultar el cuerpo.

Los procesados fueron citados para el próximo 13 de febrero para la imposición de la pena.

Uribe se defiende de las acusaciones que le siguen en Argentina

A través de un video divulgado en redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, recordando los logros en materia de seguridad y orden público durante su período de gobierno, se defendió de las acusaciones en Argentina por los falsos positivos.

Uribe negó una vez más haber dado una orden a los militares que les llevara o les indujera a violar la ley o a cometer actos que violaran a los derechos humanos.

«Desde el inicio de nuestro gobierno la seguridad democrática como elemento principal de la política pública conllevaba a altos niveles de eficiencia, transparencia y eficacia con sus respectivos instrumentos de medición y ajustes», mencionó el expresidente quien insistió en que para el logro «jamás se dio una orden contraria a la ley».

Aseguró además que no hay un solo militar que pueda decir que impartió alguna orden que les conllevara a ejecutar acciones que estuvieran por fuera del marco de la norma constitucional y recordó que ha sido el mandatario que en Colombia más ha dialogado con las Fuerzas Militares y de la Policía.

Reconoció en que fue muy exigente con las operaciones militares como presidente de la república pero que en ningún momento ordenó cometer asesinatos.

JEP imputó a 35 militares por delitos de lesa humanidad

La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) hizo imputación a 35 integrantes del Ejército por crímenes de lesa humanidad referentes a asesinatos extrajudiciales en el departamento del Huila. Entre los imputados se destacan el general retirado Jaime Lasprilla y otros cuatro generales retirados.

El tribunal los responsabiliza por 200 asesinatos y 32 desapariciones forzadas. Además, también deberán responder por ocho tentativas de homicidio atribuibles a miembros retirados de la institución que operaron en la región.

«Las muertes se causaron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, por lo que fueron calificadas como asesinatos constitutivos de crímenes de guerra y de lesa humanidad», dijo la JEP.

Las divisiones señaladas son el Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ (BIPIG), al Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’ (BIMAG), a la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR 11) y a la IX Brigada.

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*Foto: procuraduría.gov.co

“Estoy listo a enfrentar»: la respuesta de Uribe al llamado de la justicia de Argentina

El expresidente Álvaro Uribe respondió desde su cuenta de Twitter que está dispuesto a atender el llamado de la justicia en Argentina en donde enfrenta una demanda por los falsos positivos.

Quienes interpusieron la demanda en Argentina lo hacen amparados en el principio de Jurisdicción Universal, para que se establezca la eventual responsabilidad de Uribe en crímenes internacionales, poniéndolo al mismo nivel, según ellos, del exdictador chileno Augusto Pinochet o el general (r) guatemalteco y exdictador Efraín Ríos Montt.

La demanda fue interpuesta por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el Colectivo José Alvear Restrepo (CAJAR) y la CJL.

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Condenan al Estado por falso positivo en el Cesar

El Tribunal Administrativo del Cesar, condenó a la Nación a reparar María Otilia Aguirre Ballesteros y familiares, por la muerte extrajudicial o conocida como falso positivo’, de su hijo Carlos Alfredo Castro Aguirre, en hechos ocurridos en el 2004, en el municipio de Pueblo Bello. 

El hecho se presentó en  30 de julio de 2004, en la vereda Puesta Plata de Pueblo Bello, en donde el Ejército Nacional reportó un supuesto combate en el que varios hombre murieron uno de ellos, Castro Aguirre.

Tras un largo litigio, los familiares de la víctima ganaron la batalla judicial en donde se responsabilizó al Ejército Nacional administrativa y patrimonialmente por los daños y perjuicios causados a las personas cercanas Carlos Alfredo Castro.

Uribe dice no tener responsabilidad en los falsos positivos

En respuesta al acto de perdón de por los falsos positivos cometidos por miembros del Ejército Nacional, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, salió en defensa de la política de seguridad democrática de su gobierno negando cualquier responsabilidad por estos hechos.

La respuesta del exmandatario se presentó luego de que el presidente Gustavo Petro señalara que «se pagó para matar a los jóvenes de falsos positivos”.

Desde Villavicencio el expresidente y exsenador Uribe dijo, «eso no es cierto», que sus instrucciones y pedidos eran con transparencia y nunca para estimular el delito, ni con su lenguaje ni con sus acciones.

“Habíamos propuesto una política de seguridad democrática que premiaba la desmovilización y exigía el cumplimiento de los derechos humanos», señaló.

y añadió,  “Quienes desde la academia y desde la política, algunos de ellos convertidos en un partido político como el padre de Roux y los integrantes de la Comisión de la Verdad JEP, dicen que yo debería asumir responsabilidades, qué poco me conocen».

Según el exmandatario esto corresponde a una supuesta utilización de las víctimas en favor de la actual campaña política.

El ministro de Defensa encabezó solicitud de perdón por los falsos positivos

Fotos: Andrea Puentes -Juan Diego Cano/Presidencia

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, encabezó un acto de perdón por los asesinatos de jóvenes presentados como guerrilleros, durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

“No eran guerrilleros. No asumieron ninguna confrontación con las Fuerzas Militares. Eran hombres cuyas vidas y sueños se truncaron por la acción criminal de integrantes del Ejército Nacional”, dijo el jefe de la cartera de Defensa.

El acto de perdón estuvo dirigido a 19 familias de jóvenes que fueron asesinados por unidades militares del Ejército Nacional. A pesar de que los familiares aceptaron el acto y la petición, exigieron la presencia de los expresidente, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.

“En nombre del Estado pedimos perdón a ustedes las familias y a toda la población por los reprochables hechos de desaparición forzada y posterior muerte en condiciones de indefensión que luego fueron reportadas falsamente como muertes en desarrollo de operaciones militares”, explicó el ministro de Defensa.

Velásquez dijo que los soldados fueron presionados por sus superiores militares para tener resultados  y a los aseguran que hay que pasar la página, les respondió: «la pasaremos cuando la leamos y conozcamos lo que ocurrió».​

No usar la verdad para venganzas, pide el primer mandatario

Al hablar de la Audiencia de reconocimiento de verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Casanare, el presidente Gustavo Petro recalcó que la verdad no debe ser usada para la venganza, sino para llegar a un momento de reconciliación social, a través de la verdad.

El jefe de Estado hizo referencia a la confesión del general en retiro Henry Torres Escalante, quien admitió su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, lo que lo convirtió en el oficial de más alto rango en aceptar su culpabilidad ante esa instancia.

“Por primera vez un general de la República confiesa que se cometieron crímenes de lesa humanidad en pasados gobiernos, asesinando, sistemáticamente, a miles de jóvenes inocentes.

Ni en las peores dictaduras militares de América Latina llegaron a este punto y a tal volumen de asesinatos. La justicia ha establecido la cifra de 6.402 jóvenes asesinados por funcionarios en otros gobiernos”, indicó.

Pese a la gravedad de estos crímenes perpetrados por funcionarios públicos, escribió, el Estado colombiano no ha sido sancionado por instancias internacionales debido al buen desempeño de la JEP.

“No hemos sido sancionados mundialmente solo porque la justicia transicional ha actuado, la misma que se quería derogar y silenciar”.

Esta es la segunda vez que el jefe de Estado escribe esta semana en su cuenta de X (antes Twitter) sobre la audiencia de reconocimiento por los casos de ‘falsos positivos’ en el Casanare. De hecho, el miércoles dijo que ese episodio de la historia del país “es la peor derrota de una nación”.

Militar en retiro reconoce sobornos por cambiar versión en el caso de los Falsos Positivos

En una audiencia de reconocimiento de 296 casos de falsos positivos cometidos en Yopal, Casanare por parte de 21 militares, el teniente (r) del Ejército Fabián García Céspedes, reconoció que recibió $45 millones por parte del general (r) Henry William Torres Escalante para que cambiara versiones sobre falsos positivos en la justicia ordinaria.

El teniente (r) Céspedes, reconoció el supuesto soborno para no involucrar al hoy general (r) Henry William Torres Escalante, en estos hechos.

“Yo recibí dineros con el fin de cambiar versiones, pero hoy es momento de la verdad y así como lo estoy nombrando y exaltando, yo fallé tanto en la justicia ordinaria como en la JEP en cambiar versiones (…) Recibí dineros del general Torres Escalante, fueron 45 millones de pesos, hubo un intermediario que nombré en una de las diligencias. Esos hechos sí sucedieron y yo creo que no estoy tapando nada”, explicó

Dijo además que mintió en sus declaraciones anteriores ante el tribunal de justicia transicional, por lo que la JEP revisará las versiones dadas con antelación para tomar una decisión al respecto.

Durante la audiencia, víctimas y victimarios señalaron al general (r) Henry William Torres Escalante, entonces comandante de la XVI Brigada del Ejército Nacional, como uno de los máximos responsables.