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Las fronteras tienen un peso predominante en las transiciones entre la guerra y la paz. Así lo señala muy acertadamente la profesora de Oxford, Annette Idler, en su libro Fronteras Rojas. En los márgenes y la periferia, todo se multiplica, incluyendo por supuesto la corrupción y las violencias organizadas. Lo que ella llama el “efecto-frontera” apunta a sistemas de gobernanza estatal débiles y con una alta tendencia a la impunidad, lo que las hace un territorio perfecto con bajos riesgos y oportunidades altas para la criminalidad. Esta interpretación, a mi juicio muy lúcida, permite una mirada más precisa de nuestras fronteras y de la violencia que allí se vive, incluyendo el grado de violencia de distintos grupos armados contra el tejido social.

Voy a tomarme el atrevimiento de utilizar el planteamiento central de la profesora Idler para interpretar el contexto de hoy en la frontera colombo venezolana. En más de 2.219 kilómetros de frontera que comparten estos dos países, varios grupos de violencias organizadas logran controlar la vida cotidiana de miles o tal vez millones de personas, omitiendo o cooperando con las instituciones formales del Estado, que se supone deberían ejercer ese rol. Estos grupos pueden ser guerrillas, como en el caso del ELN, la segunda Marquetalia o algunos de los grupos que se juntaron en el nombre de Estado Mayor Central de las FARC; o violencias organizadas como los sindicatos en Venezuela o facciones de grupos de crimen organizado. Esta explicación, más compleja pero también más completa, permite salir del lugar común de muchos analistas e informes que únicamente publican la presencia de los grupos armados ilegales, haciéndola mucho mas grande de lo que es y atribuyéndole capacidades casi sobrehumanas con tal de no reconocer la relación tan profunda que existe entre las violencias organizadas y las instituciones, usualmente a ambos lados de las fronteras.

Hoy, en la mesa de diálogo recientemente instalada con el ELN, es fundamental entender lo que pasa en la frontera. He de decir aquí que se conoce (e interesa) mucho más lo que está pasando en la frontera colombiana, mientras que del lado venezolano una gran parte de informes únicamente se limitan a señalar, de forma muy burda e irresponsable en la mayoría de caso, que el ELN está en territorio venezolano. Incluso, contrario no solo a la literatura académica, sino a la lógica misma, el ELN es para ellos una guerrilla binacional que opera igualmente en Colombia y en Venezuela. La información de calidad pareciera ser la ausente en el debate público.

En la otra mesa, la de México, en la que se reúnen el gobierno venezolano y la oposición para intentar lograr condiciones para las elecciones de 2024 e intentar reconducir a Venezuela por un camino de respeto a los Derechos Humanos y a las libertades civiles no se trata ni el tema de frontera, más allá del restablecimiento de las relaciones económicas, ni de las afectaciones gravísimas a las comunidades de la Amazonía venezolana en materia de violación sistemática e impune a sus derechos humanos fundamentales. Si bien es bastante probable que la sociedad civil colombiana logre trasladar sus inquietudes, propuestas, recomendaciones y agendas a la mesa de Caracas, no será así de sencillo que esto ocurra en la de México.

En la frontera colombo venezolana las cosas no se suscriben a si está el ELN o no. Más bien es fundamental a la par que avanza la mesa, pensar en la desactivación de los mecanismos violentos y quitarles la posibilidad de que a sigan controlando la ciudadanía. Esto implica poner un muy serio límite en la mesa de diálogo a no admitir, bajo ninguna circunstancia, que continúen las agresiones a la población civil, ni siquiera cuando ésta es acusada de hacer parte del “enemigo”. Y es que, al día de hoy, el porcentaje de acciones bélicas de los grupos armados incluyendo guerrillas, estructuras criminales organizadas y similares que buscan retar al estado, no llega siquiera al 10% según el último conteo de la Fundación PARES. Ni siquiera existen altos combates entre grupos. Lo que sí hay es un número infame de asesinatos selectivos contra liderazgos sociales y personas que hacen parte de todo tipo de organizaciones comunitarias.

Del lado venezolano la situación para las mujeres indígenas de la amazonia es muy similar, donde la presencia de grupos armados no compite con la guardia civil por el control territorial y que por el contrario se dedica de forma sistemática a extraer recursos, riquezas y personas del amazonas y utilizarlas en negocios de explotación de niños, niñas y adolescentes, y a la esclavitud de miles de personas que están quedando enterradas en los socavones de la minería ilegal del Estado de Bolívar para que después el oro pueda ser lavado y exportado como oro colombiano. Este control violento del territorio, su economía y su población no está siendo necesariamente ejecutado por el ELN sino por otros grupos en la sombra, de los cuáles se habla muy poco. Es curioso cómo en los diálogos entre gobierno y oposición, la situación de estas personas y comunidades sigue siendo completamente invisible.

Con esto en mente, en ambas mesas la reconstrucción institucional de la frontera y la creación de oportunidades para la legalidad debería estar como un tema prioritario y no es claro que pueda llegar. Sin embargo, el liderazgo que el gobierno colombiano ha tenido para la reactivación de los diálogos en ambas mesas es determinante para abrir una ventana de oportunidad. La perspectiva nacionalista debería reemplazarse por un plan de recuperación de la frontera que contemple estos territorios como espacios transfronterizos dinámicos, que requieren una protección especial y un fuerte fomento del tejido social, que futuro lo que puede hacerlos sostenibles hacia el futuro. Propongo desde este espacio de opinión una idea: ¿qué tal promover, desde la sociedad civil transfronteriza, veedurías, verificación e intercambios que nos permitan que la agenda de una frontera pacífica e incluyente llegue a ambas mesas? Les escucho.