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Mientras Federico Gutiérrez pasa su tiempo como alcalde entre viajes y campaña, Medellín vive una crisis de violencia para la cual la alcaldía no tiene respuesta. Según el informe de Corpades, los homicidios pasaron de 159 en el periodo enero–julio de 2024 a 185 en ese mismo lapso de 2025, un incremento del 16.4% que no responde a ajustes en el conteo, sino al deterioro de la convivencia ciudadana y al auge de la violencia de género.

En primer lugar, el repunte de homicidios en Medellín no obedece a enfrentamientos entre estructuras criminales transnacionales —como quisieran mostrar los discursos oficiales—, sino a choques de intolerancia y agresiones de carácter íntimo. El informe de Corpades evidencia que los casos atribuidos a riñas e intolerancia social superan ya a los ligados a grupos armados, acumulando 46 muertes por convivencia y 11 por violencia de género hasta el 11 de julio de 2025 .

Este fenómeno revela la incapacidad de la Alcaldía para implementar políticas de prevención y mediación comunitaria: no bastan operativos reactivos ni retóricas sobre mano dura con el crimen si no hay educación ciudadana, comités de paz barriales ni atención oportuna a la violencia intrafamiliar. Las muertes en Medellín están causando la intolerancia, pero para Federico Gutiérrez la tarea principal de un alcalde es liderar la oposición contra el Gobierno Nacional en vez de garantizar la convivencia en la ciudad.

En segundo lugar, la flamante sede de Interpol en Medellín —celebrada por el alcalde como un triunfo personal— desnuda cómo la ciudad se ha convertido en imán de criminales internacionales. En apenas siete meses, al menos 18 fugitivos con notificación roja han sido capturados en el Valle de Aburrá, un promedio de más de dos por mes. Lo más alarmante: entre ellos figuran abusadores sexuales buscados por Paraguay, Estados Unidos y México, como José Antonio Fandiño Hidalgo e Iván Lozano, señalados de coacción sexual, violación de menores y pornografía infantil. Cada detención de un depredador debería haber sido una alerta para reforzar controles migratorios y redes de protección a víctimas; en cambio, la gestión de Fico se jacta de resultados ajenos mientras Bogotá asume los costos políticos de esta omisión.

No es casualidad que, en medio de esta crisis de convivencia y del estigma de “ciudad refugio” para el crimen, la Alcaldía no exponga un plan integral de seguridad ciudadana. Fico ha preferido atacar de forma diaria al Presidente como excusa ante la opinión pública. Sin embargo, nadie dialoga con un abusador sexual para proteger a un barrio. La falta de dotación de Casas de Justicia, la escasa inversión en campañas de resolución pacífica de conflictos y la ausencia de rutas claras de atención a mujeres víctimas ilustran un descuido prácticamente deliberado.

Es hora de exigir a la Alcaldía un giro radical: que deje de vender espejismos de seguridad y diseñe, con el respaldo del Gobierno Nacional, políticas de convivencia, prevención de la violencia de género y control migratorio inteligente. Medellín no necesita más banderas decorativas ni selfies con agencias internacionales; necesita comedores escolares que eduquen en tolerancia, protocolos de atención a víctimas de abuso y una estrategia unificada de “Paz Urbana” que no se quede en los titulares. Si el alcalde Gutiérrez no asume este reto, quién pagará las víctimas será la ciudadanía.

Alejandro Toro

En la última década, Medellín ha experimentado un alza imparable en los cánones de arrendamiento, un crecimiento masivo de las rentas temporales y una avalancha de compras de vivienda por parte de inversionistas extranjeros. Este fenómeno de gentrificación no es un mero cambio urbano: es un éxodo silencioso que amenaza el derecho a una vivienda digna de miles de familias y pone en jaque la identidad y la diversidad social de la ciudad.

En el 2024 el precio del metro cuadrado en Bogotá tuvo un crecimiento del 5%. En Medellín, de acuerdo a Camacol, el precio del metro cuadrado aumentó en un 9% en los estratos altos y, más preocupante aún, entre el 12% y el 16% para los estratos medios y bajos. ¿Qué significa? Que las familias de menos recursos, que son las que más mueven el mercado de arriendos, tuvieron que pagar un 15% más de arriendo cuando de acuerdo a la ley el precio del arriendo debe estar atado al de la inflación, que fue del 5.2%. En el barrio Bolivariana, en Laureles, los arriendos aumentaron en el 2023 en un 81%. Familias pagando casi el doble de un año a otro sólo por el hecho de vivir en un sitio

Simultáneamente, el mercado de rentas temporales se ha convertido en un motor de especulación. Medellín figura hoy entre las ciudades latinoamericanas con mayor densidad de anuncios en plataformas como Airbnb, con más de 19.000 propiedades disponibles para alquiler vacacional y un volumen de reseñas que supera el medio millón. El aumento de casi 5.000 nuevos anuncios solo entre 2023 y 2024 reduce drásticamente el parque de vivienda destinada a arrendamientos tradicionales, presionando aún más los precios y beneficiando a grandes inversionistas que desplazan a las familias locales.

A este desequilibrio se suma la ola de compras de vivienda por parte de extranjeros. En 2024, aproximadamente una de cada cuatro transacciones de inmuebles en Medellín correspondió a compradores no residentes, procedentes principalmente de Estados Unidos, España y Chile. Detrás de esta tendencia no hay turistas ocasionales, sino inversionistas que ven en la ciudad un mercado emergente de alta rentabilidad, transformando las viviendas en activos financieros antes que en hogares. El resultado es una oferta permanente de vivienda cada vez más reducida y costosa para quienes viven y trabajan aquí.

Medellín está invivible. Lo peor, la alcaldía de Federico Gutiérrez parece no tener ningún interés en garantizar el derecho a una vivienda digna para la gente de la ciudad. El déficit de vivienda de la ciudad tiene a 233.000 familias necesitando de manera un buen lugar para vivir, pero mientras que en Bogotá se vendieron 18.601 viviendas VIS en el 2024, en Medellín apenas fueron 1.118, por debajo de otras capitales como Cali, Barranquilla y Cartagena.

La respuesta de Fico: un Plan de Desarrollo Distrital con una meta irrisoria en materia de vivienda en comparación con el tamaño de la problemática. Apenas 4.000 subsidios para adquisición de vivienda cuando se estima que son 37.000 familias las que están necesitando un nuevo lugar para vivir, y una inversión de apenas $351.880 en el cuatrienio para el componente de vivienda, inferior a los $405.673 que destinó la alcaldía de Daniel Quintero para el mismo ítem.

La inacción del gobierno local no solo profundiza la brecha entre quienes viven de la ciudad y quienes lucran con ella, sino que contradice la visión de una Medellín inclusiva y solidaria. El derecho a la vivienda digna debe prevalecer sobre la lógica del lucro especulativo. El Gobierno Nacional, a través de sus programas de vivienda digna y de incentivo a la producción de vivienda social, ha demostrado su compromiso con las familias colombianas; sin embargo, esas políticas requieren del apoyo y la articulación del nivel municipal para surtir efecto en el territorio.

Medellín no puede resignarse a ser un ejemplo de desigualdad espacial. Es momento de que la Alcaldía asuma con voluntad política la misión de articular un plan de vivienda integral: priorizar proyectos de construcción de vivienda VIS, movilizar recursos para mejora de vivienda existente, y regular la valorización del suelo mediante gravámenes a la especulación. Solo así se garantizará que el derecho a la vivienda digna deje de ser una estadística y se convierta en una realidad para todos los medellinenses.

Alejandro Toro

El pasado 11 de junio, el Gobierno Nacional dio un paso histórico al convocar, mediante decreto una consulta popular para el próximo 7 de agosto de 2025. Con esta decisión, el presidente Gustavo Petro y su gabinete disponen que sea el pueblo colombiano quien defina de forma directa y democrática aspectos esenciales de la reforma laboral. En un país donde durante décadas las decisiones trascendentales han estado en manos de élites políticas y económicas, esta consulta representa una apuesta valiente por devolverle al pueblo su papel protagónico. No es un atajo, es la ruta constitucional hacia una democracia más participativa.

Sin embargo, desde algunos sectores conservadores, la reacción no se hizo esperar. Uno de los más ruidosos ha sido el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien no dudó en calificar al presidente de “dictador” por atreverse a recurrir a un mecanismo legítimo y plenamente constitucional de participación ciudadana. Resulta paradójico que esa acusación provenga precisamente de quien representa al partido Creemos, una colectividad que nació para prolongar un modelo político sustentado en el miedo, la represión y los privilegios y que ha hecho de la oposición sistemática su única bandera.

Pero más allá del ruido mediático, lo que verdaderamente incomoda a Gutiérrez no es la consulta en sí, sino lo que representa, la pérdida del control absoluto sobre las decisiones del país. Le incomoda que las políticas públicas ya no se definan entre élites empresariales, comités cerrados y pactos entre poderosos. Le molesta que este Gobierno escuche a los trabajadores, a las mujeres cabeza de hogar, a los jóvenes aprendices y a los millones de colombianos que históricamente han sido excluidos del debate. Lo que está en juego no es solo una reforma laboral sino es el principio de que las grandes transformaciones ya no dependen de los de siempre, sino del pueblo y eso para quienes han tenido el poder como herencia, es insoportable.

Desde su curul como alcalde, Federico Gutiérrez ha decidido ejercer un liderazgo nacional de oposición. No gobierna para Medellín, gobierna para los titulares. En vez de enfocar sus esfuerzos en resolver los problemas estructurales de la ciudad como la desigualdad, la inseguridad, la precarización laboral y la desconfianza institucional, ha optado por lanzar ataques infundados contra el Gobierno Nacional.

Decir que el presidente está rompiendo el orden institucional por convocar una consulta popular no solo es falso, es peligroso. Es sembrar miedo en la ciudadanía y desconocer que estamos actuando bajo el marco de la Constitución. La Corte Constitucional será quien determine la validez del decreto, como corresponde en un Estado de Derecho. Además, el propio Gobierno ha sido claro al señalar que si el Congreso aprueba la reforma laboral antes del 20 de junio, el decreto quedará sin efecto. Aquí no hay ruptura, hay respeto. No hay imposición, hay democracia. No hay dictadura, hay soberanía popular.

Desde Antioquia, con la legitimidad que nos otorga el mandato popular y con el compromiso firme con la justicia social, respaldamos con convicción esta consulta popular. Lejos de ser una amenaza al orden institucional, el 7 de agosto será una demostración profunda de democracia real, porque cuando la ciudadanía participa y decide, ningún poder puede imponer el silencio. Colombia no avanza hacia el autoritarismo, sino hacia una democracia que se construye con inclusión, participación y sentido colectivo. Una democracia donde las decisiones no se concentran en élites, sino que reflejan la voluntad de las mayorías. Una democracia que no teme al pueblo, porque nace de él.

El cambio ya no es un discurso, es una transformación que se vive en los territorios, en las calles, en las comunidades y también en las instituciones que hoy se abren al control ciudadano. Esta transformación no se detendrá por quienes, aferrados a sus privilegios intentan frenar el avance popular con discursos de miedo. A la democracia se le respeta y respetarla implica escuchar, consultar y actuar con el pueblo. Eso es lo que está haciendo este Gobierno, devolverle a la gente su voz, su poder y su dignidad.

Alejandro Toro

Medellín está sangrando, y el alcalde parece estar demasiado ocupado haciendo política para darse cuenta. Los números no mienten, aunque la administración insista en maquillarlos con ruedas de prensa y shows mediáticos: los homicidios han aumentado un 9% en lo que va del año. Ya van 130 personas asesinadas entre enero y mayo. ¿Cuántas más necesita esta Alcaldía para entender que su estrategia de seguridad fracasó?

En lo que va del año 2025, los homicidios han aumentado un 9% frente al mismo período del 2024. Van 130 asesinatos en solo cinco meses. Es decir, casi una persona asesinada cada día en nuestra ciudad. Y lo peor es que el 30% de esos crímenes no tienen una causa identificada. ¿Qué tipo de administración permite que haya decenas de muertes sin explicación, sin responsables y sin consecuencias?

Lo de Manrique es escandaloso: 16 homicidios en lo que va del año, lo que representa un aumento del 400% respecto al mismo periodo del año anterior. Cuatro veces más muertos. Cuatro veces más familias destrozadas. Y, sin embargo, el alcalde sigue actuando como si nada pasara. ¿Dónde está la estrategia de seguridad? ¿Dónde están las intervenciones integrales? ¿Dónde está el liderazgo?

La respuesta es dolorosamente clara: no hay nada. No hay estrategia, no hay presencia efectiva de la Alcaldía y, lo más grave, no hay voluntad política para asumir la magnitud del problema. El gobierno local está más enfocado en la propaganda que en gobernar, más preocupado por su imagen que por la vida de los ciudadanos.

Pero lo más indignante de todo es lo que está pasando con los delitos sexuales. Entre enero y abril de este año, los delitos sexuales aumentaron un 379.4% respecto al mismo periodo del 2024. Esta cifra debería haber generado una reacción inmediata del alcalde y su gabinete. Pero no. Silencio. Indiferencia. Inacción.

Pasamos de 11 a 125 casos de acceso carnal violento. ¡Un aumento del 1.036%! ¿Cómo es posible que esta barbaridad no haya sido motivo de alerta roja institucional? ¿Dónde están las campañas de prevención? ¿Dónde están los refuerzos en atención a víctimas? ¿Dónde están las autoridades garantizando entornos seguros para nuestras mujeres, niñas y niños?

En delitos sexuales contra menores de edad, los casos pasaron de 78 en 2024 a 332 en lo que va del 2025. Un aumento del 325.6%. Si esto no es una emergencia, ¿entonces qué lo es? ¿Qué más tiene que pasar para que esta Alcaldía deje de mirar para otro lado?

Esto no es una exageración ni una manipulación de datos. Es una emergencia. Y mientras tanto, la administración sigue enfocada en la publicidad, en el espectáculo político y en desviar la atención de lo que de verdad importa: la vida y la seguridad de nuestra gente.

El llamado que hago desde el Congreso no es nuevo. Lo hemos hecho una y otra vez, desde todas las instancias posibles. Pero ya es hora de hablar con claridad: esta Alcaldía le quedó grande a Medellín. Su política de seguridad no funciona. Su narrativa está desconectada de la realidad. Y mientras tanto, las víctimas siguen aumentando.

No es admisible que quienes gobiernan actúen como si estos datos fueran simples estadísticas de rutina. Aquí estamos hablando de personas, de vidas, de barrios enteros que sienten que han sido abandonados. Y eso, en una ciudad como Medellín —que ha luchado tanto por superar su pasado violento— es imperdonable.

La ciudadanía ya no cree en promesas, y con razón. Medellín necesita recuperar el rumbo, y eso solo será posible con decisiones firmes, con políticas públicas reales y con un liderazgo que ponga la vida por encima de la propaganda.

Porque Medellín no aguanta un día más con esta indiferencia. Porque esta ciudad merece vivir sin miedo. Porque no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras nos matan, nos violan y nos ignoran.

Alejandro Toro