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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Fiscalía

Fiscalía acusa a 9 oficiales del Ejército por hechos relacionados con la toma y retoma al Palacio de Justicia

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación contra nueve exintegrantes del Ejército Nacional por su presunta participación en los actos de tortura contra civiles, que equivocadamente fueron señalados como ‘sospechosos’ durante los hechos del Palacio de Justicia ocurridos entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, en Bogotá.

Los militares en retiro llamados a juicio como coautores impropios del delito de tortura agravada son: mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, quien para la época era coronel y se desempeñaba como director del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI); coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, entonces comandante de la Unidad de Inteligencia (B-2) de la Brigada XIII del Ejército Nacional; coronel (r) Fernando Blanco Gómez, exsubcomandante del B-2; el mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez y los sargentos (r) Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Gustavo Arévalo Moreno, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Bernardo Alfonso Garzón Garzón, exintegrantes del B-2.

 

Los ofíciales estarían involucrados en el trato cruel y degradante que recibieron 11 personas que fueron trasladadas a la Casa del Florero, a instalaciones militares y de la Policía Nacional, con el supuesto de que estarían vinculadas a la toma al Palacio de Justicia.

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Entre las víctimas hay dos estudiantes de derecho de una universidad privada de la ciudad que visitaban la sede judicial.

Otro de los civiles torturados era un funcionario de obras públicas que se desplazaba en un bus rumbo a Zipaquirá (Cundinamarca). Este hombre fue interceptado en un retén, tildado como guerrillero, conducido a la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, golpeado y trasladado a la cárcel La Modelo de Bogotá donde permaneció detenido durante 15 días.

Desarticulan red logística de las disidencias

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación, con la Policía Nacional, permitió la desarticulación de una red señalada de obtener, transportar y comercializar armas de fuego y otros elementos
para las disidencias de las Farc.

Los presuntos integrantes de la organización ilegal fueron capturados y judicializados. Un fiscal especializado de la Seccional Cali les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

 

Los afectados con la decisión son: Hugo Arturo Lesmes Roa, Germán Tolosa Ayala, Omar Humberto Roa Pinzón, Carlos Humberto Benavidez Durán, Guillermo León Zamora González, José Ricardo Virgüez Gómez, Arley Mauricio Ruíz Torres y Bahiron Camilo Valencia Vega. Por su parte, a William Anaya Cifuentes le fue impuesta medida no privativa de la libertad.

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Por disposición judicial ocho de los imputados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Judicializados tres policías que transportaban estupefacientes y panfletos del ELN

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a tres integrantes de la Policía Nacional y a un particular, capturados en flagrancia el pasado 24 de octubre, en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá, mientras transportaban estupefacientes, panfletos alusivos al ELN y otros elementos.

La captura se llevó a cabo durante un operativo de control a un vehículo oficial que permanecía estacionado en vía pública y requirieron a sus ocupantes, los patrulleros Cristian Yucepe Uribe Niño, Gilberto Silva Dussan y Luis Carlos Bermúdez Rojas. Al inspeccionar el automotor encontraron las sustancias ilícitas, los impresos, dos placas falsificadas, un arma inhabilitada para disparar, dos armas de dotación policial y dos portátiles.

 

De igual manera, los uniformados registraron a Jaime Alberto Salazar Jiménez quien, vestido como policía, conducía una motocicleta reportada como hurtada, que también tenía logos de la institución y escoltaba el carro interceptado.

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Un fiscal de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de receptación, peculado por uso, falsedad marcaria, utilización ilegal de uniformes e insignias, destinación ilícita de muebles e inmuebles, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Policía incauta 60 kilos de marihuana en una bodega de reciclaje

Personal de la Policía Metropolitana de Bogotá en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, allanó y registro en dos diligencias una bodega de reciclaje logrando la captura en flagrancia de dos personas por los delitos de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El operativo tuvo lugar en las localidades de Antonio Nariño y Ciudad Bolívar, incautar 60 kilos de marihuana, 1 chaleco balístico y munición 9 milímetros.

 

Además, en estos operativos en una bodega de reciclaje ubicada en el barrio el Restrepo, ocultos bajo tierra fueron hallados por los caninos antinarcóticos varios paquetes que al ser verificados se halló una sustancia que por sus características y olor se asemejan a la marihuana y los cuales tenían un peso aproximado a los 60 kilos de este estupefaciente.

Asimismo, de acuerdo con las investigaciones, estos delincuentes, con el fin de no ser descubiertos por las autoridades, transportaban esta droga oculta en camiones de reciclaje y era distribuida en varias discotecas de la localidad de Antonio Nariño. Esta marihuana estaría avaluada en 25 millones de pesos.

Entre los capturados esta alias ‘El Negro o Bola 8’, quien tiene anotaciones en el SPOA por los delitos de tráfico de estupefacientes, secuestro, acceso carnal violento, concierto para delinquir y extinción de dominio.

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Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a uno de estos delincuentes.

Cárcel para ‘Los de la Pradera’

La Fiscalía imputó cargos a cuatro integrantes de la red delictiva conocida como ‘Los de la Pradera’, quienes movían grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilegales como el tráfico y venta de estupefacientes.

Estos sujetos fueron capturados en diligencias realizadas de manera articulada con unidades de la Policía Nacional en Yumbo y Cali (Valle del Cauca), Armenia (Quindío) y Miranda (Cauca).

 

Durante operativos se incautaron cinco teléfonos celulares, un camión y 349 cajas de cartón que contenían 174.500 cajetillas de cigarrillos de contrabando, avaluadas en 643 millones de pesos, además de documentos de transporte y manifiestos de carga.

Las personas judicializados Jhon Freddy Morales Jagua, alias Bola, presunto cabecilla y financiador; Fabio Nelson Vasco Castañeda, alias El Varado, quien sería el encargado de establecer las formas de ocultamiento de los alijos y su transporte; Elvin Andrés Villarreal Urzola, alias El Costeño, señalado de acopiar los estupefacientes en Cali y preparar los envíos; y José Julián Manrique Tovar, propietario de camiones usados que estarían al servicio del entramado criminal.

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A ‘Los de la Pradera’ les han sido incautadas cerca de dos toneladas de marihuana y seis vehículos, y capturado a nueve personas en situación de flagrancia, en cinco procedimientos distintos materializados en el curso de la investigación.

Tres uniformados de la Armada facilitaban la salida de lanchas con drogas por Tumaco (Nariño)

Tres integrantes de la Armada Nacional estarían involucradas en una red de corrupción que permitía sacar toneladas de estupefacientes por las costas de Tumaco (Nariño).

Se trata de los cabos de la Infantería de Marina Pedro José Pérez López y Carmelo de Jesús Vergara Mercado, y el marinero primero Henry Junior Ahumada Rodríguez, quienes habrían recibido dinero de un grupo delincuencial conocido como ‘Los Radaristas’ a cambio de información relacionada con los controles navales sobre el Pacífico. Esto facilitó el tránsito de lanchas cargadas con cocaína rumbo a Ecuador, México y Estados Unidos.

 

Los tres uniformados fueron capturados en Tumaco y Cartagena (Bolívar). Un fiscal especializado de la Seccional Valle del Cauca los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, cohecho impropio, cohecho propio, concusión, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Los cargos no fueron aceptados por los procesados, que deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad.

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Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que Ahumada Rodríguez presuntamente utilizó su cargo como radarista para alertar a la estructura ilegal sobre la ubicación de las embarcaciones de la Armada Nacional.

En uno de los eventos ilícitos que se le atribuye, al parecer, recibió 40 millones de pesos por indicar la localización exacta de un grupo anfibio de la fuerza naval y dar luz verde para la salida de una lancha que ocultaba un cargamento de cocaína.

Fiscal confirma que seguirá investigando la campaña de Petro

Luego de la visita de inspección realizada por la Fiscalía General de la Nación a la sede del partido Colombia Humana en el marco de la investigación a la campaña del presidente, Gustavo Petro, por posible violación de topes, la jefa del ente investigador, Luz Adriana Camargo, dijo que la entidad llegará hasta las últimas consecuencias.

La Fiscalía investiga si además hubo presencia de dineros ilícitos en la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la república.

 

Durante la visita de inspección se revisaron los estados financieros del partido Colombia Humana, comprobantes de ingresos, transferencias electrónicas, extractos bancarios, recibos, facturas, ordenes de servicios y otros soportes contables. Todo esto con el ánimo de verificar hechos y a identificar posibles responsabilidades.

La fiscal Luz Adriana Camargo confirmó que esta es una de las tantas visitas de inspección que tiene programada la entidad en el marco de la investigación.

Capturan a los responsables de la desaparición y muerte de ocho líderes en el Guaviare

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de tres personas señaladas de ser los presuntos responsables del secuestro, asesinato y desaparición de ocho líderes religiosos y comunitarios del municipio de Calamar (Guaviare).

El reporte indica que los capturados son Miller Leonardo Garrafa Neira, alias Miller, El Tuerto, El Pirata o El Indio. También fueron capturados Jorge Eliecer Ávila, alias “Yucape” y Angie Jaramillo Arias, o “la Crespa».

 

De acuerdo con las investigaciones, los ochos líderes fueron citados por estos delincuentes a una reunión de la que se supo cuando se reportó su desaparición. En dicha reunión según la Fiscalía se pretendía descartar cualquier vínculo de estas personas con el ELN.

Los cuerpos de estas personas fueron hallados en una fosa común en zona boscosa del municipio de Calamar.

Los líderes desaparecidos y asesinados fueron Nixon Peñaloza, presidente de la junta de Acción Comunal de la vereda Agua Bonita; los esposos Marivel Silva e Isaid Gómez, padres de dos hijos de cuatro y 12 años; los hermanos Jesús y Carlos Valero, este último también miembro de la Junta de Acción Comunal; Maryuri y Óscar Hernández, expresidente de la misma organización comunitaria; y James Caicedo, pastor de la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia.

Estas personas desaparecidas y posteriormente asesinadas son Nixon Peñaloza, presidente de la junta de Acción Comunal de la vereda Agua Bonita; los esposos Marivel Silva e Isaid Gómez; los hermanos Jesús y Carlos Valero, este último también miembro de la Junta de Acción Comunal; Maryuri, Óscar Hernández y James Caicedo, pastor de la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia.

Imputan cargos a organización criminal que operaba en Bolívar

La Fiscalía General de la Nación judicializó a un grupo de sujetos señalados de ser los responsables de una ola de homicidios en Cartagena, Turbaco y San Juan de Nepomuceno (Bolívar).

Se trata de un grupo de 12 personas integrantes de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del
‘Clan del Golfo’, que habrían planeado y ejecutado asesinatos, desapariciones y diferentes conductas delictivas como parte de un plan criminal para enfrentar a otros grupos ilegales y amedrentar a la población civil.

 

Uno de los crímenes que se les indilga a esta organización criminal es el homicidio de un operador turístico que fue atacado con arma de fuego en el sector de Bocagrande, en Cartagena, el 7 de noviembre de 2023; así como la acción sicarial contra un comerciante y un ciudadano de San Juan de Nepomuceno,
en octubre de 2023 y marzo de 2024, respectivamente.

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También estarían implicados en la desaparición de una persona en el corregimiento de Bocachica en la isla de Tierra Bomba, en junio del año 2023.

Una fiscal especializada de la Seccional Bolívar les imputó, de acuerdo con sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tentativa de homicidio, desaparición forzada; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, todas las conductas agravadas.

Condenada exfuncionaria de Migración Colombia por pedir dineros a viajeros

La exfuncionaria de Migración Colombia, Leidy Marcela Quinche Cante, fue condenada por un juez penal de conocimiento de Bogotá a cuatro años y tres meses de prisión por el delito de concusión.

Esta persona mientras prestaba sus servicios en la entidad, aprovechó su cargo para solicitar y recibir dinero de viajeros que no cumplían los requisitos para salir del país o carecían de la documentación de
ley para viajar con hijos menores de edad.

 

Registros de cámaras de seguridad y otras pruebas obtenidas en el curso de la investigación permitieron conocer seis eventos delictivos ocurridos entre el 15 de diciembre de 2024 y el 8 de marzo de 2025, en los que le fueron entregadas a la mujer diversas sumas de dinero, en pesos y dólares estadounidenses, para facilitar la salida de viajeros.

La recién condenada deberá cumplir una multa de 36.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 43 meses. Además, precisa que deberá cumplir la pena en su lugar de residencia, por su condición de madre cabeza de hogar.

Desmantelan red de trata de personas

La investigación de la Fiscalía General de la Nación, en articulación con Europol y otras autoridades europeas, puso al descubierto a una red trasnacional señalada de captar con falsas ofertas laborales a mujeres en Medellín (Antioquia) y Cali (Valle del Cauca), y convencerlas de viajar a países como Malta, Croacia, Montenegro y Albania para explotarlas sexualmente.

Las víctimas recibían ayuda para tramitar los documentos para salir del país, les proporcionaban tiquetes aéreos y dinero para cubrir los gastos del viaje. Posteriormente, cuando llegaban a su destino, los señalados integrantes de la organización ilegal les arrebataban los pasaportes, las obligaban a trasladarse a diferentes ciudades para ejercer actividades de tipo sexual y así pagar los recursos que le facilitaban, garantizarles alimentación y hospedaje, y cumplir con multas que ascendían a 3.000 y 4.000 euros.

 

Las jóvenes eran sometidas a maltratos físicos y psicológicos, fueron incomunicadas y amenazadas para que no reportaran lo sucedido.

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Nueve de los presuntos involucrados en el entramado criminal fueron capturados. Se trata de Lukas Giraldo Betancur, Óscar Arbey Ospina Ocampo, Mario Augusto Giraldo Hernández, Natalia Jaramillo
Holguín, María Camila Correa Muñoz, María Paulina Restrepo Benítez, Diana Jaidivy Hernández Álvarez, Michell Dahiana Gaviria Ramírez y Grecia Alejandra Duarte Guzmán.

Estas personas deberán enfrentar cargos judiciales por delitos como trata de personas; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Cargos a posibles responsables de irregularidades en la contratación en Atlántico para el suministro de cascos para lanchas de pesca artesanal

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la exsecretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación de Atlántico, Milagros del Carmen Sarmiento Ortiz; y al subsecretario de Gestión Agropecuaria de Atlántico, Martín Rafael Atencio García, como posibles responsables de las irregularidades en el proceso de contratación de cascos en fibra de vidrio para lanchas de pesca artesanal.

A estas personas se les atribuye los delitos de contratos sin cumplimientos de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. Adicionalmente, a Sarmiento Ortiz le fueron formulados cargos por falsedad en documento privado y fraude procesal.

 

La exsecretaria de Desarrollo Económico, en mayo de 2014, ordenó abrir una licitación por
1.000 millones de pesos para el suministro de 170 cascos. El valor de cada elemento se fijó en su momento en algo más de 5’800.000 pesos, desconociendo una consultoría previa que estableció un costo menor. Este proceso finalmente fue declarado desierto por falta de oferentes.
Posteriormente, el 10 de julio de 2014, la exfuncionaria dispuso poner en marcha un mecanismo de selección abreviada para la compra de 200 cascos. En ese sentido, el 12 de septiembre de 2014, fue suscrito con una fundación privada un contrato por 980 millones de pesos.

De acuerdo con el órgano de investigación judicial, Sarmiento Ortiz habría acordado favorecer a un contratista que no cumplía con los requisitos legales exigidos, no tenía experiencia ni capacidad suficiente para elaborar las lanchas, carecía de un astillero en Atlántico y de musculo financiero. En ese sentido, fueron modificados los pliegos de condiciones, el comité evaluador calificó indebidamente la propuesta comercial, se validaron documentos con información falsa y, a través de un contrato de prestación de servicios por 17 millones de pesos, se vinculó a un profesional para que brindara asesorías al adjudicatario.

La Fiscalía pudo establecer que el contratista tan solo había suministrado 32 de los 200 cascos que se comprometió a fabricar en 29 días. Por lo anterior, las partes acordaron suspender el contrato con el supuesto argumento de afectaciones por la fuerte temporada de lluvias, sin establecer el tiempo del aplazamiento para permitir a la fundación elaborar los elementos restantes. Para el 12 de diciembre de 2014, fue reactivado el contrato y se entregaron los 168 cascos que faltaban.

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A su vez, Atencio García, como integrante del comité evaluador, presuntamente valoró los documentos presentados por el contratista, otorgó una calificación superior a la real y recomendó asignar el contrato por encima de otros oferentes más competentes. El entonces subsecretario de Gestión Agropecuaria, durante la ejecución del objeto previsto, fue nombrado supervisor del contrato y, ante el incumplimiento de la fundación, no alertó sobre las demoras y dejó que pasaran los días para que el contratista cumpliera.

Fiscalía imputa cargos al exalcalde de Medellín Daniel Quintero

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el exalcalde de Medellín (Antioquia), Daniel Quintero Calle, nueve exintegrantes de su gabinete y tres particulares, por su presunta participación en la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para restituir ilegalmente un lote durante su administración.

De acuerdo con el ente investigador, el exalcalde Quintero junto con 13 de sus funcionarios serían responsables, de delitos como peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.

 

El caso salpica a la exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Ingrid Vanessa González Montoya; la exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad, Yina Marcela Pedroza Gómez; el exsecretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Mario Montoya Serna; la exsecretaria de Suministros y Servicios y Secretaria General (e), Karen Bibiana Delgado Manjarrés; el exdirector del Departamento Administrativo de Planeación, Sergio Andrés López Muñoz; la exsubsecretaria de Ejecución de la Contratación de la Secretaría de Suministros y Servicios y Secretaria General (e), Natalia Andrea Jiménez Pérez; la exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público de la Secretaría General, Alethia Carolina Arango Gil; la exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores de la Secretaría de Suministros y Servicios, Leidy Jiménez Echavarría; y el exsecretario General de la Alcaldía de Medellín, Fabio Andrés Trujillo García Trujillo.

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Entre tanto, los particulares vinculados son Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez, los tenedores del predio objeto de la investigación.

El caso tiene que ver con el lote Aguas Vivas, al que le fue modificado el uso del suelo con la firma del decreto 412 de 2023. El terreno estaba destinado para la construcción de un ecoparque que no se llevó a cabo.

Extinción de Dominio a academia de conducción en Villa de Leyva (Boyacá)

La Fiscalía General de la Nación identificó a siete personas que estarían involucradas en el entramado ilegal que utilizaba una academia de conducción en Villa de Leyva (Boyacá) para de manera fraudulenta expedir certificados de idoneidad a personas que no cumplían los requisitos de formación.

Las actividades investigativas continuaron y pusieron al descubierto los bienes que habrían sido utilizados para dinamizar la actividad ilícita.

 

En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder de dispositivo sobre una sociedad y 13 vehículos, así como la toma de posesión de bienes y haberes de dos establecimientos de comercio, que superan en valor los 4.800 millones de pesos.

Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera articulada con la Policía Nacional en Villa de Leyva y Samacá (Boyacá).

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Capturan a los asesinos de un fiscal víctima de fleteo

La Fiscalía investiga a los integrantes de un grupo delincuencial autodenominado ‘Los Viajeros’, que estaría involucrado en hurtos mediante la modalidad de ‘fleteo’ y sería el responsable del homicidio del fiscal especializado Karin Sefair Calderón, perpetrado el pasado 10 de junio en Fusagasugá (Cundinamarca).

En diligencias realizadas de manera conjunta por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la SIJIN del Departamento de Policía de Cundinamarca fueron capturados tres de los señalados integrantes de esta red ilegal en Sabanalarga (Atlántico), San Pedro (Sucre) y en la vía que conduce de San Onofre (Sucre) a Cartagena (Bolívar).

 

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Los detenidos fueron identificados como Deiver Jair Rodríguez Burgos, Wilfrido Rafael Arroyo Fernández y Katherine Paola Quiroz Rodríguez. Un fiscal de la Seccional Cundinamarca presentó a estas personas ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de homicidio, hurto calificado, ambas conductas agravadas; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que Rodríguez Burgos, quien aceptó los cargos en su contra, presuntamente interceptó a la víctima en un parqueadero de un centro comercial de Fusagasugá, la intimidó y golpeó para obligarla a entregar un maletín que contenía 128 millones de pesos, que acababa de retirar de una entidad bancaria. En medio de un forcejeo que se generó, le arrebató el dinero y disparó en dos oportunidades causándole la muerte.

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Entre tanto, Arroyo Fernández, a bordo de una motocicleta, habría facilitado la huida del atacante; mientras que Quiroz Rodríguez estaría involucrada en actividades previas de seguimiento para identificar el vehículo en el que se desplazaba el fiscal Karin Sefair Calderón y alertar sobre sus movimientos.

En el curso de la investigación se conoció que la mujer señalada de entregar el arma de fuego para ejecutar el asalto y recibir el dinero luego del hurto, fue asesinada. Se indaga si ‘Los Viajeros’ participaron en ese homicidio.

Asimismo, se han obtenido evidencias que vincularían a este grupo delincuencial a otros 36 fleteos ocurridos en municipios de Bolívar, Valle del Cauca, Meta, Quindío y Cundinamarca. En estos casos los asaltantes ingresaron a los bancos haciéndose pasar como usuarios y, de acuerdo con el sonido de las contadoras de billetes usadas por los cajeros, detectaban a las personas que retiraban altas sumas, las ‘marcaban’, seguían e interceptaban para arrebatarles violentamente el dinero.