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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Fiscalía

Fiscalía investiga a dos funcionarios de la Alcaldía de Bahía Solano (Chocó)

Una investigación de las Fiscalía permitió identificar a dos funcionarios y una particular que se habrían apropiado de recursos del municipio por más de 370 millones de pesos.

Se trata del jefe de Presupuesto de la alcaldía, Bernardo Alfonso Asprilla Abadía; el secretario de Hacienda del municipio, Rodrigo Viñuela Jaramillo; y la ciudadana Sonia Rodríguez Palacios, quienes habrían participado en la actividad ilícita entre 2024 y 2025.

 

Asprilla Abadía y Viñuela Jaramillo, al parecer, se contactaron con un empleado de la empresa de aguas de Bahía Solano, para que les facilitará la cuenta de la compañía sin autorización de la gerencia.

Los funcionarios presuntamente pactaron con este empleado el envío de 119.800.000 pesos de las cuentas del municipio para que fueran girados a través de un cheque a Sonia Rodríguez, quien lo habría cobrado el 18 de julio de 2025, y posteriormente los transfirió a personas allegadas a los funcionarios.

La investigación liderada por un fiscal de Administración Pública de la Seccional Chocó da cuenta de que esta mujer no contaba con ningún vínculo contractual, como contratista o proveedora de la empresa que sustentara el giro del cheque.

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Los análisis adelantados establecieron que, al parecer, se realizaron otras consignaciones por 132.966.998 y 121.799.136 de pesos entre enero de 2024 y diciembre de 2025 desde cuentas de la Alcaldía de Bahía Solano a varios particulares cercanos a los funcionarios, que no tenían ningún vínculo laboral con la administración municipal.

Estas personas deberán responder por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, enriquecimiento ilícito y asociación para cometer delitos contra la administración pública.

Capturan a integrantes de una red que tendría nexos con el ELN y el ‘Clan del Golfo’

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, y en un trabajo conjunto con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, capturaron a Gustavo Adolfo Gallego Bedoya, Mario Fernando Henríquez Gómez, Isaac Gabriel Barrios Pana, y Reinaldo Rafael Castellar Carmona.

La captura se hizo con fines de extradición de cuatro presuntos integrantes de una red narcotraficante señalada de enviar toneladas de cocaína a países de Centroamérica y Estados Unidos.

 

Estas personas son requeridas por una Corte del Distrito Sur de Florida por cargos relacionados con el tráfico transnacional de estupefacientes.

El requerimiento señala que serían responsables de obtener cargamentos de cocaína en zonas de producción ilegal, coordinar el traslado a puntos costeros en el Caribe colombiano, especialmente de La Guajira, y garantizar la salida en lanchas rápidas a países de Centroamérica y Estados Unidos. Para materializar estas actividades criminales habrían establecido alianzas con estructuras del ELN y el ‘Clan del Golfo’.

En ese sentido, a Gallego Bedoya se le atribuye mantener contactos con otros grupos narcotraficantes de México, Honduras y Jamaica; mientras que los demás estarían implicados en el almacenamiento de los estupefacientes, la definición de las rutas marítimas, el soporte logístico y abastecimiento para las embarcaciones y los tripulantes

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¿Por qué la Fiscalía retiró la imputación al director de la UNP?

La Fiscalía ha retirado la petición de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, en el marco del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay a principios de junio de 2025 en la capital del país, Bogotá, tras el que fue denunciado por presuntamente haber rechazado la petición de protección del político en reiteradas ocasiones.

La fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública ha justificado su decisión al considerar que «esta investigación debe ser asumida por los despachos competentes (…) con la finalidad de evitar posibles nulidades y especialmente concentrar las diligencias de una forma eficiente dada la naturaleza de los hechos investigados y su relevancia».

 

En el documento, difundido en redes sociales, el organismo ha aludido asimismo a la creación, el 11 de junio de 2025, del «Grupo de Tareas Especiales para la Investigación y Judicialización dentro de las noticias criminales (…) y demás hechos relacionados con el atentado realizado en contra del senador Miguel Uribe Turbay», por lo que ha perdido la competencia para evaluar el caso.

Pese a la medida, la investigación no está cerrada y será el citado grupo el que se encargue de valorar si imputa a Rodríguez por un delito de prevaricación por omisión. El caso surge a raíz de una denuncia interpuesta por la familia de Uribe, Víctor Mosquera, contra el director de la UNP por no haber atendido hasta 23 peticiones del senador conservador y precandidato presidencial para reforzar su seguridad, antes de ser asesinado el 7 de junio.

El bufete de Mosquera ha manifestado su «preocupación» ante la decisión de la Fiscalía, en un comunicado en el que, sin embargo, ha señalado que «entendemos que se quiere preservar la prevalencia del estricto derecho para evitar nulidades futuras». «Confiamos en la articulación urgente, oportuna y eficaz entre el Grupo de Tareas Especiales y la Fiscalía 295 (y) en la capacidad técnica y la responsabilidad institucional del Grupo de Tareas Especiales conformado para el esclarecimiento integral de los hechos», ha agregado antes de incidir en la necesidad de que el Ministerio Público fije en un «corto plazo una nueva fecha para la formulación de imputación, garantizando coherencia, continuidad investigativa y respeto por los derechos de las victimas».

Las autoridades colombianas han detenido hasta el momento a nueve personas por el magnicidio de Uribe, incluido el menor de 15 años que disparó contra el político, que murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses hospitalizado en estado grave, conmocionando a todo el país.

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Extinción de Dominio a bienes de los ‘Rastrojos Nueva Generación’

La Fiscalía General de la Nación aplicó la figura de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 38 bienes, entre inmuebles urbanos y rurales, apartamentos, lotes, establecimientos de comercio, vehículos, motocicletas y semovientes, ubicados en El Dovio, Ginebra, Pradera, El Cerrito y Dagua (Valle del Cauca), así como en El Tambo y Buenos Aires (Cauca).

Estos activos incautados al grupo delincuencial ‘Rastrojos Nueva Generación’, con injerencia en varios municipios del norte de Valle del Cauca, superan los 7.000 millones de pesos, habrían sido adquiridos con
recursos provenientes de homicidio agravado, secuestro extorsivo, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes, microtráfico, amenazas contra defensores de derechos humanos y concierto para delinquir agravado.

 

De acuerdo con la investigación las propiedades estarían a nombre de terceros, quienes no registran actividad económica ni ingresos formales para justificar la adquisición y sostenimiento del patrimonio.

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Judicializan a exfuncionarios y a un coronel por contrato de helicópteros MI-17

Foto: Infodefensa.com

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a tres de los presuntos implicados en un entramado de corrupción que, entre septiembre y octubre de 2024, direccionó de manera irregular un contrato por aproximadamente 32 millones de dólares, destinado al mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

 

Los funcionarios implicados en el caso son: el exsecretario general del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo; el exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del
Ministerio de Defensa, Diego Alejandro Manrique Cabezas; y al coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, «el coronel Rincón Ricaurte, en su calidad de gerente del proyecto, habría refrendado de manera irregular prórrogas para la presentación de cotizaciones, participado indebidamente en la etapa precontractual y certificado sin soporte alguno que la compañía Vertol Systems Company contaba con experiencia e idoneidad técnica, pese a que el comité evaluador descartó a ese oferente. Además, es señalado de intervenir para modificar los estudios financieros y avalar condiciones que impidieron verificar la verdadera capacidad económica del contratista».

Entre tanto, Manrique Cabezas presuntamente intervino en la elaboración y evaluación del estudio económico previo y cambió los requisitos financieros habilitantes, lo que permitió aprobar una propuesta sin que fuera posible establecer indicadores como liquidez, rentabilidad y capacidad organizacional, exigidos por la normativa vigente.

Finalmente, Mora Tamayo, pese a conocer las irregularidades del proceso y la falta de cumplimiento de los requisitos legales, habría suscrito el contrato No. 012 de 2024 el 31 de diciembre de 2024, y posteriormente viabilizó la modificación de la forma de pago autorizando un anticipo del 50% del valor del contrato, equivalente a más de 16 millones de dólares, recursos que fueron consignados en una cuenta del contratista en Estados Unidos.

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Aunque el contrato no podía ejecutarse por los incumplimientos del proveedor, el anticipo fue desembolsado el 15 de abril de 2025. De la totalidad del contrato, el contratista solo ejecutó actividades por cerca de 2,6 millones de dólares, sin que hasta la fecha haya sido reintegrado al Ministerio de Defensa el saldo restante, superior a 13 millones de dólares, luego de la declaratoria formal de
incumplimiento.

Por lo anterior, la Fiscalía les imputó a los tres investigados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública, fraude procesal y peculado por apropiación. Los cargos no fueron aceptados.

Caen ‘Los Bautista’, organización criminal dedicada a la extorsión

El Gaula de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de 33 personas y la imputación a seis más por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada desde diferentes cárceles del país.

La organización se hacia llamar con el nombre de ‘Los Bautista’ y su captura se produjo tras 10 meses de investigación y el análisis de 4.800.000 datos entre cuentas bancarias y líneas telefónicas.

 

«El cálculo que se ha hecho de esta investigación, hasta ahora, es que habrían logrado recursos a través de la extorsión por cerca de 17 mil millones de pesos entre los años 2024 y 2025”, informó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Pedro’, el principal cabecilla de la organización, quien se encargaba de contactar a las víctimas. Este delincuente había salido de la cárcel hace un mes. Asimismo, alias ‘Omar’, exfuncionario del INPEC, quien desde La Picota dinamizaba todo el actuar delictivo a través de un call center criminal.

Uno de los procesados fue funcionario del INPEC, y gracias al trabajo articulado que se hizo entre la Policía, la Fiscalía, particularmente el GAULA, se logra este avance importante”, sostuvo el alcalde Galán.
El brigadier general Giovanni Cristancho, explicó que, en algunos casos, creaban falsos perfiles a través de redes sociales, donde se hacían pasar por mujeres para engañar a sus víctimas en su gran mayoría hombres. Luego de ganarse su confianza migraban las conversaciones a WhatsApp y solicitaban un pago a cambio de contenido sexual. Asimismo, una vez conseguían su propósito, estos delincuentes tomaban captura de pantalla y amenazaban a las víctimas de publicarlos en estas redes como ‘pedófilos’ o ‘violadores’.

“Les manifestaban que si no les pagaban o accedían a sus pretensiones económicas los iban a publicar en las redes sociales, y les exigían la cantidad de dinero, dependiendo del perfil de la víctima”, manifestó el General.

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En su modus operandi, también se hacían pasar por menores de edad y falsos funcionarios de entidades judiciales, enviándoles fotografías de supuestas órdenes de captura y citaciones judiciales, para obligarlos a efectuar pagos que oscilaban en los 100 mil y 5 millones de pesos.

“Identificamos seis personas que desde la cárcel eran los principales dinamizadores de esta red criminal. Estas personas con familiares eran las encargadas de recoger el dinero a través de billeteras digitales y cuentas bancarais, y cuando recibían el dinero hacían una especie de ‘pitufeo’, es decir, varias consignaciones para evitar el rastreo del dinero y no llamar la atención del sistema bancario”, señaló el coronel Édgar Correa, director de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional.

Los capturados registran antecedentes por homicidio, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, hurto agravado, secuestro, concierto para delinquir y desaparición forzada.

Fiscalía acusa a 9 oficiales del Ejército por hechos relacionados con la toma y retoma al Palacio de Justicia

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación contra nueve exintegrantes del Ejército Nacional por su presunta participación en los actos de tortura contra civiles, que equivocadamente fueron señalados como ‘sospechosos’ durante los hechos del Palacio de Justicia ocurridos entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, en Bogotá.

Los militares en retiro llamados a juicio como coautores impropios del delito de tortura agravada son: mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, quien para la época era coronel y se desempeñaba como director del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI); coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, entonces comandante de la Unidad de Inteligencia (B-2) de la Brigada XIII del Ejército Nacional; coronel (r) Fernando Blanco Gómez, exsubcomandante del B-2; el mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez y los sargentos (r) Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Gustavo Arévalo Moreno, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Bernardo Alfonso Garzón Garzón, exintegrantes del B-2.

 

Los ofíciales estarían involucrados en el trato cruel y degradante que recibieron 11 personas que fueron trasladadas a la Casa del Florero, a instalaciones militares y de la Policía Nacional, con el supuesto de que estarían vinculadas a la toma al Palacio de Justicia.

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Entre las víctimas hay dos estudiantes de derecho de una universidad privada de la ciudad que visitaban la sede judicial.

Otro de los civiles torturados era un funcionario de obras públicas que se desplazaba en un bus rumbo a Zipaquirá (Cundinamarca). Este hombre fue interceptado en un retén, tildado como guerrillero, conducido a la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, golpeado y trasladado a la cárcel La Modelo de Bogotá donde permaneció detenido durante 15 días.

Desarticulan red logística de las disidencias

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación, con la Policía Nacional, permitió la desarticulación de una red señalada de obtener, transportar y comercializar armas de fuego y otros elementos
para las disidencias de las Farc.

Los presuntos integrantes de la organización ilegal fueron capturados y judicializados. Un fiscal especializado de la Seccional Cali les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

 

Los afectados con la decisión son: Hugo Arturo Lesmes Roa, Germán Tolosa Ayala, Omar Humberto Roa Pinzón, Carlos Humberto Benavidez Durán, Guillermo León Zamora González, José Ricardo Virgüez Gómez, Arley Mauricio Ruíz Torres y Bahiron Camilo Valencia Vega. Por su parte, a William Anaya Cifuentes le fue impuesta medida no privativa de la libertad.

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Por disposición judicial ocho de los imputados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Judicializados tres policías que transportaban estupefacientes y panfletos del ELN

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a tres integrantes de la Policía Nacional y a un particular, capturados en flagrancia el pasado 24 de octubre, en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá, mientras transportaban estupefacientes, panfletos alusivos al ELN y otros elementos.

La captura se llevó a cabo durante un operativo de control a un vehículo oficial que permanecía estacionado en vía pública y requirieron a sus ocupantes, los patrulleros Cristian Yucepe Uribe Niño, Gilberto Silva Dussan y Luis Carlos Bermúdez Rojas. Al inspeccionar el automotor encontraron las sustancias ilícitas, los impresos, dos placas falsificadas, un arma inhabilitada para disparar, dos armas de dotación policial y dos portátiles.

 

De igual manera, los uniformados registraron a Jaime Alberto Salazar Jiménez quien, vestido como policía, conducía una motocicleta reportada como hurtada, que también tenía logos de la institución y escoltaba el carro interceptado.

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Un fiscal de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de receptación, peculado por uso, falsedad marcaria, utilización ilegal de uniformes e insignias, destinación ilícita de muebles e inmuebles, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Policía incauta 60 kilos de marihuana en una bodega de reciclaje

Personal de la Policía Metropolitana de Bogotá en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, allanó y registro en dos diligencias una bodega de reciclaje logrando la captura en flagrancia de dos personas por los delitos de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El operativo tuvo lugar en las localidades de Antonio Nariño y Ciudad Bolívar, incautar 60 kilos de marihuana, 1 chaleco balístico y munición 9 milímetros.

 

Además, en estos operativos en una bodega de reciclaje ubicada en el barrio el Restrepo, ocultos bajo tierra fueron hallados por los caninos antinarcóticos varios paquetes que al ser verificados se halló una sustancia que por sus características y olor se asemejan a la marihuana y los cuales tenían un peso aproximado a los 60 kilos de este estupefaciente.

Asimismo, de acuerdo con las investigaciones, estos delincuentes, con el fin de no ser descubiertos por las autoridades, transportaban esta droga oculta en camiones de reciclaje y era distribuida en varias discotecas de la localidad de Antonio Nariño. Esta marihuana estaría avaluada en 25 millones de pesos.

Entre los capturados esta alias ‘El Negro o Bola 8’, quien tiene anotaciones en el SPOA por los delitos de tráfico de estupefacientes, secuestro, acceso carnal violento, concierto para delinquir y extinción de dominio.

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Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a uno de estos delincuentes.

Cárcel para ‘Los de la Pradera’

La Fiscalía imputó cargos a cuatro integrantes de la red delictiva conocida como ‘Los de la Pradera’, quienes movían grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilegales como el tráfico y venta de estupefacientes.

Estos sujetos fueron capturados en diligencias realizadas de manera articulada con unidades de la Policía Nacional en Yumbo y Cali (Valle del Cauca), Armenia (Quindío) y Miranda (Cauca).

 

Durante operativos se incautaron cinco teléfonos celulares, un camión y 349 cajas de cartón que contenían 174.500 cajetillas de cigarrillos de contrabando, avaluadas en 643 millones de pesos, además de documentos de transporte y manifiestos de carga.

Las personas judicializados Jhon Freddy Morales Jagua, alias Bola, presunto cabecilla y financiador; Fabio Nelson Vasco Castañeda, alias El Varado, quien sería el encargado de establecer las formas de ocultamiento de los alijos y su transporte; Elvin Andrés Villarreal Urzola, alias El Costeño, señalado de acopiar los estupefacientes en Cali y preparar los envíos; y José Julián Manrique Tovar, propietario de camiones usados que estarían al servicio del entramado criminal.

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A ‘Los de la Pradera’ les han sido incautadas cerca de dos toneladas de marihuana y seis vehículos, y capturado a nueve personas en situación de flagrancia, en cinco procedimientos distintos materializados en el curso de la investigación.

Tres uniformados de la Armada facilitaban la salida de lanchas con drogas por Tumaco (Nariño)

Tres integrantes de la Armada Nacional estarían involucradas en una red de corrupción que permitía sacar toneladas de estupefacientes por las costas de Tumaco (Nariño).

Se trata de los cabos de la Infantería de Marina Pedro José Pérez López y Carmelo de Jesús Vergara Mercado, y el marinero primero Henry Junior Ahumada Rodríguez, quienes habrían recibido dinero de un grupo delincuencial conocido como ‘Los Radaristas’ a cambio de información relacionada con los controles navales sobre el Pacífico. Esto facilitó el tránsito de lanchas cargadas con cocaína rumbo a Ecuador, México y Estados Unidos.

 

Los tres uniformados fueron capturados en Tumaco y Cartagena (Bolívar). Un fiscal especializado de la Seccional Valle del Cauca los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, cohecho impropio, cohecho propio, concusión, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Los cargos no fueron aceptados por los procesados, que deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad.

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Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que Ahumada Rodríguez presuntamente utilizó su cargo como radarista para alertar a la estructura ilegal sobre la ubicación de las embarcaciones de la Armada Nacional.

En uno de los eventos ilícitos que se le atribuye, al parecer, recibió 40 millones de pesos por indicar la localización exacta de un grupo anfibio de la fuerza naval y dar luz verde para la salida de una lancha que ocultaba un cargamento de cocaína.

Fiscal confirma que seguirá investigando la campaña de Petro

Luego de la visita de inspección realizada por la Fiscalía General de la Nación a la sede del partido Colombia Humana en el marco de la investigación a la campaña del presidente, Gustavo Petro, por posible violación de topes, la jefa del ente investigador, Luz Adriana Camargo, dijo que la entidad llegará hasta las últimas consecuencias.

La Fiscalía investiga si además hubo presencia de dineros ilícitos en la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la república.

 

Durante la visita de inspección se revisaron los estados financieros del partido Colombia Humana, comprobantes de ingresos, transferencias electrónicas, extractos bancarios, recibos, facturas, ordenes de servicios y otros soportes contables. Todo esto con el ánimo de verificar hechos y a identificar posibles responsabilidades.

La fiscal Luz Adriana Camargo confirmó que esta es una de las tantas visitas de inspección que tiene programada la entidad en el marco de la investigación.

Capturan a los responsables de la desaparición y muerte de ocho líderes en el Guaviare

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de tres personas señaladas de ser los presuntos responsables del secuestro, asesinato y desaparición de ocho líderes religiosos y comunitarios del municipio de Calamar (Guaviare).

El reporte indica que los capturados son Miller Leonardo Garrafa Neira, alias Miller, El Tuerto, El Pirata o El Indio. También fueron capturados Jorge Eliecer Ávila, alias “Yucape” y Angie Jaramillo Arias, o “la Crespa».

 

De acuerdo con las investigaciones, los ochos líderes fueron citados por estos delincuentes a una reunión de la que se supo cuando se reportó su desaparición. En dicha reunión según la Fiscalía se pretendía descartar cualquier vínculo de estas personas con el ELN.

Los cuerpos de estas personas fueron hallados en una fosa común en zona boscosa del municipio de Calamar.

Los líderes desaparecidos y asesinados fueron Nixon Peñaloza, presidente de la junta de Acción Comunal de la vereda Agua Bonita; los esposos Marivel Silva e Isaid Gómez, padres de dos hijos de cuatro y 12 años; los hermanos Jesús y Carlos Valero, este último también miembro de la Junta de Acción Comunal; Maryuri y Óscar Hernández, expresidente de la misma organización comunitaria; y James Caicedo, pastor de la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia.

Estas personas desaparecidas y posteriormente asesinadas son Nixon Peñaloza, presidente de la junta de Acción Comunal de la vereda Agua Bonita; los esposos Marivel Silva e Isaid Gómez; los hermanos Jesús y Carlos Valero, este último también miembro de la Junta de Acción Comunal; Maryuri, Óscar Hernández y James Caicedo, pastor de la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia.

Imputan cargos a organización criminal que operaba en Bolívar

La Fiscalía General de la Nación judicializó a un grupo de sujetos señalados de ser los responsables de una ola de homicidios en Cartagena, Turbaco y San Juan de Nepomuceno (Bolívar).

Se trata de un grupo de 12 personas integrantes de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del
‘Clan del Golfo’, que habrían planeado y ejecutado asesinatos, desapariciones y diferentes conductas delictivas como parte de un plan criminal para enfrentar a otros grupos ilegales y amedrentar a la población civil.

 

Uno de los crímenes que se les indilga a esta organización criminal es el homicidio de un operador turístico que fue atacado con arma de fuego en el sector de Bocagrande, en Cartagena, el 7 de noviembre de 2023; así como la acción sicarial contra un comerciante y un ciudadano de San Juan de Nepomuceno,
en octubre de 2023 y marzo de 2024, respectivamente.

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También estarían implicados en la desaparición de una persona en el corregimiento de Bocachica en la isla de Tierra Bomba, en junio del año 2023.

Una fiscal especializada de la Seccional Bolívar les imputó, de acuerdo con sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tentativa de homicidio, desaparición forzada; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, todas las conductas agravadas.