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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Fiscalía

Cárcel para exalcalde de Salazar de Las Palmas (Norte de Santander) 

Ronal Felipe Jaimes Pabón, alcalde del municipio de Las Palmas (Norte de Santander) durante el período 2015-2019, fue enviado a la cárcel por temas de corrupción.

Al parecer, el exalcalde se habría apoderado de la suma de $ 102.136.173 a través de las comisiones de servicios, alterando las ejecuciones presupuestales de gastos de viáticos y de viajes, sin autorización del Concejo Municipal de Salazar de Las Palmas.

En audiencias preliminares el procesado no aceptó su responsabilidad y por determinación del juez se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención domiciliaria.

Cinco mujeres en Cartagena son enviadas a la cárcel por trata de personas

Un juez de control de garantías envió la cárcel a cinco mujeres presuntamente responsables de los delitos de trata de personas en la modalidad de mendicidad agravada y concierto para delinquir agravado, los cuales no aceptaron.

Las afectadas con la medida son: Wendy Carolina Miranda Martínez, Vanessa Alexandra Martínez Coa, Kendirina Carriazo Acevedo, Kelly Yohana Carriazo Aguilar y Patricia del Carmen Bertel Muñoz.

Al parecer, las integrantes de la organización delictiva eran integrantes de un grupo delincuencial que captaba e instrumentalizaban a niños, niñas y adolescentes para explotarlos económicamente. Se presume que, los menores eran trasladados hacia el Centro Histórico Cartagena (Bolívar).

Por estos delitos, la red recibía remuneración económicas que obtenían las procesadas bajo esta modalidad ascienden aproximadamente a los 30 millones de pesos mensuales.

El fiscal Barbosa le pide a Petro «la verdad» de su pasado en el M-19

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa pidió al presidente Gustavo Petro que cuente «la verdad» sobre su pasado en la guerrilla del M-19, reprochándole además que hable «casi con admiración» de aquel pasado.

«Si el presidente Gustavo Petro quiere hablar de verdad, pues que empiece por contar todas sus actividades delictivas en el M-19, quiénes fueron sus víctimas, si participó en actos de secuestro, cuál fue su acción», reclamó Barbosa, en un nuevo rifirrafe entre ambos, a pocas semanas de que deje su cargo como fiscal.

A juicio de Barbosa, la amnistía que se concedió a los guerrilleros del M-19, desmovilizado en marzo de 1990, no rindió verdad sobre las acciones del grupo armado, ni garantías de no repetición, ni reparación integral de las víctimas, según dijo este viernes en declaraciones a Blu Radio.

Barbosa también reprochó que Petro haya hablado «casi con admiración» de dos de los guerrilleros del M-19 que participaron en la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. El Ejército llevó a cabo un operativo para recuperarlo que dejó cien muertos, entre ellos civiles inocentes, y una docena de desaparecidos.

«La verdad no solamente es a partir del año 2000 o a partir del año 95, 96. No, contemos entonces toda la verdad, pero acabemos ya la doble moral en este país», expresó un Barbosa, quien ha reprochado a Petro estar haber adoptado una imagen de «pulcro» cuando él mismo «tiene una historia».

«Es una historia que yo no estoy diciendo más allá de lo que existe (…) como él mismo lo ha reconocido, perteneció a una estructura delincuencial en Colombia y que finalmente obtuvo una amnistía sin ningún elemento como los que tienen las leyes de amnistía en diferentes lugares del continente», ha dicho.

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Jorge Iván Ospina recibirá imputación de la Fiscalía por contratación de alumbrado en 2020

A pocos días de finalizar su administración en la Alcaldía de Cali, la Fiscalía le imputó cargos a Jorge Iván Ospina y a otros funcionarios que hicieron parte de su mandato.

«Los hechos materia de investigación están relacionados con la firma de un contrato interadministrativo celebrado el 26 de agosto de 2020, el cual tenía como objeto implementar el alumbrado navideño en el Distrito Especial de Santiago de Cali para el 2020 por un valor de $10.334.292.032″, explicó la Fiscalía.

Según el ente acusador hay pruebas de irregularidades en la celebración del contrato como el desconocimiento las normas aplicables a la contratación pública.

Además de Jorge Iván Ospina también serán imputados el ex director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, Marco Aurelio Vera Díaz, y el ex gerente de Emcali, Juan Diego Flórez, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La audiencia de imputación fue programada para el 29 de enero del 2024.

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Day Vásquez tendrá dos años de inmunidad tras firmar principio de oportunidad con la Fiscalía

La Fiscalía General de Colombia radicó en Barranquilla un principio de oportunidad para Dayssuris Vásrquez como testigo en contra del caso que se le abrió a Nicolás Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por dineros que recibió mientras hacía campaña a su papá Gustavo Petro para la Presidencia en 2022.

«El principio de oportunidad radicado el día de hoy le daría a Dayssuris Vásquez inmunidad total para que el ejercicio de la acción penal se suspenda por un lapso de dos años respecto a los delitos de lavado de activos y violación de datos personales», explicó la Fiscalía en un comunicado.

Vale la pena agregar que esta inmunidad también le suspende delitos como interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en calidad de interviniente.

Dayssuris Vásquez habría obtenido este principio de oportunidad por haber brindado información para que el delito de lavado de activos dejara de ejecutarse y por su compromiso para declarar en contra su expareja, Nicolás Petro.

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*Foto: X @Daysvasquezc

Petro formalizó su denuncia en contra de Andrés Pastrana

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, formalizó ante la Fiscalía una denuncia por presuntas injurias y calumnias contra el exmandatario Andrés Pastrana, en respuesta a unas acusaciones en las que aludía a los supuestos nexos con el narcotráfico.

Pastrana acusó a Petro de tener vínculos con el tráfico de drogas y de utilizar su política de ‘paz total’ como excusa para «fusionar» el Gobierno con el crimen organizado, lo que llevó a Petro a anunciar a finales de noviembre que le denunciaría.

El presidente finalmente ha cumplido, con un texto de cuatro páginas remitido al fiscal general, Francisco Barbosa, y en el que se asegura que las declaraciones de Pastrana son «completamente falsas». «No existe ninguna base de verdad en sus afirmaciones y dichas declaraciones no reflejan en lo más mínimo la realidad de mi administración y los principios que la guían», alega en la denuncia, recogida por la emisora Caracol Radio.

Petro adjuntó en la denuncia pruebas que teóricamente demostrarían la falsedad de las declaraciones de Pastrana, que ha criticado en numerosas ocasiones la gestión del actual Gobierno.

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*Fotos: @Petrogustavo y @AndresPastrana_

Fiscalía designa fiscal especializado para investigar amenazas a Petro

La Fiscalía continúa adelantando labores investigativas para esclarecer la información acerca de las amenazas que se conocieron públicamente en contra del presidente Gustavo Petro.

«A través del grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, (la Fiscalía) abrió una noticia criminal y está adelantando las labores investigativas para esclarecer los hechos», señaló la Fiscalía en una publicación de X.

Vale la pena aclarar que una noticia criminal es la información obtenida entre servidores públicos que es exteriorizada por medio de diferentes formas y fuente.

Para obtener más resultados al respecto, el ente acusador designó un grupo de investigadores y un fiscal especializado para este caso.

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Militar ecuatoriano será juzgado por tortura a refugiados colombianos en 1995

Un antiguo jefe de la Inteligencia militar ecuatoriana será juzgado por «graves violaciones a los Derechos Humanos» vinculados a la detención ilegal de cuatro refugiados colombianos en el año 1995, supuestamente para intentar que confesaran un plan para atentar contra el entonces presidente de Colombia, Ernesto Samper.

Los arrestos se produjeron en agosto de 1995, cuando militares al servicio del entonces comandante teniente coronel de Estado Mayor, identificado como Lenin A. O. en un comunicado por la Fiscalía, sacaron de sus domicilios y lugares trabajo a los cuatro refugiados, a los que trasladaron a los sótanos del Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar para mantenerlos incomunicados.

Los agentes cometieron torturas que «consistían en la aplicación de electricidad en el cuerpo, golpes, ahogamiento con la colocación de fundas plásticas con gas en la cabeza y sumersión, amenazas de muerte a las víctimas y a sus familiares, amenazas de violación a las víctimas y sus familiares, desnudez obligada, simulación de ejecución, colocación de cal en los oídos y ojos, ingesta de papel, entre otras».

Después de cinco días de abusos, y al no lograr la «autoinculpación», Lenin A. O. entregó a las cuatro víctimas a la Policía de Pichincha para procediese a su expulsión del país.

El acusado figura en la causa que ahora se inicia como presunto autor de los delitos de «privación ilegal de la libertad y tortura», que no prescribirían de acuerdo al Derecho Internacional y son de «obligado cumplimiento en Ecuador, según el Ministerio Público.

Las autoridades judiciales han ordenado la retención de las cuentas bancarias del acusado y le han prohibido realizar cualquier posible acto de persecución o intimidación a las víctimas y a sus familiares, de forma directa o a través de terceras personas.

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Extinción de Dominio a una hacienda de alias ‘Macaco’

La Fiscalía aplicó medida de extinción de dominio a un predio denominado Casa La Mayoría, un bien que cuenta con 978 hectáreas y un valor superior a los 99.500 millones de pesos. El terreno hace parte de la hacienda La Virgen del Cobre, que pertenecería a José Antonio Ocampo Obando, alias Pelusa, uno de los señalados financiadores del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC.

El ente investigador puso el terreno a disposición del Fondo para la Reparación a las Víctimas, para las reparaciones que tienen que ver con la Ley de Justicia y Paz. El pasado 3 de octubre, en la primera etapa, fueron impuestas medidas cautelares sobre 30 predios de La Virgen del Cobre, estimados comercialmente en 120.000 millones de pesos.

El valor comercial total de La Virgen del Cobre asciende a 219.500 millones de pesos. Esta propiedad fue puesta a disposición del Fondo en cumplimiento de la cuarta fase de entrega de bienes.

También se afectó a la hacienda Balkanes, que estaría relacionada con el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco.

El bien afectado tiene una extensión de 2.131 hectáreas y un valor cercano a los 42.000 millones de pesos. Los elementos de prueba indican que habría servido como punto de concentración para las estructuras armadas del Bloque Central Bolívar (BCB).

Así mismo se afectaron siete apartamentos ubicados en el edificio Calle 84, en el norte de Bogotá, estimados comercialmente en 13.262 millones de pesos; y la finca La Palmira, localizada en la vereda Cintura, en Pueblo Nuevo (Córdoba), que tiene un área de 1.960 hectáreas y un valor superior a los 7.542 millones de pesos.

Estos bienes estarían vinculados al actuar ilegal del Bloque Central Bolívar.

Capturan a un hombre y a una mujer por someter a menor de edad a vejámenes sexuales

Uniformados adscritos a la Seccional de Protección y Servicios Especiales en coordinación con la Fiscalía General de La Nación, pusieron fin al actuar criminal de dos personas en Bogotá, quienes venían cometiendo vejámenes sexuales a una niña menor de edad.

La mamá de la víctima se entera de esta situación por unos chats de conversación que sostenía la menor con un hombre a través de redes sociales, en donde de manera engañosa le enviaba fotografías muy ligera de ropa; al observar detalladamente el perfil del este señor, se puede observar que es el domiciliario de su residencia, quien se habría ganado la confianza de la empleada de la casa para acercarse a la menor y con su ayuda cometer estos hechos dónde se vulnera a la infante.

La madre de la menor instauró la denuncia ante las autoridades competentes, informando el delito que estaban cometiendo estos delincuentes, afectando a su hija de 12 años de edad, quien salía de su residencia con la empleada del servicio, con la excusa de ir al parque, pero realmente era llevada al apartamento donde residía un hombre, para ser violentada sexualmente, además de tomarle fotografías y videos; esta mujer por su parte recibía dinero a cambio de permitir este aberrante suceso.

Asesinan a una mujer y sus dos hijas en Santa Marta

Mientras la mayoría de habitantes de Santa Marta descansaban durante la noche del miércoles 29 de noviembre, tres mujeres fueron asesinadas en un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades en la capital del departamento del Magdalena.

La masacre se presentó en donde hombres armados llegaron hasta la vivienda de Sindry Mugno, madre de Liliana y Michel, disparándoles de manera indiscriminada. el barrio Don Jaca, sur de Santa Marta,  y dispararon indiscriminadamente contra las mujeres, causándoles la muerte de manera inmediata. Un niño de 10 años resultó herido en una de sus extremidades inferiores, por lo que fue trasladado hasta la sala de urgencias del centro de salud La Paz y posteriormente remitido al hospital Julio Méndez Barreneche.

Esta nueva masacre es objeto de investigación por par de la Fiscalía General de la Nación.

Fiscalía abre investigación por amenazas contra Petro

La Fiscalía anunció las investigaciones sobre las amenazas de muerte que ha denunciado el presidente, Gustavo Petro, a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

«A raíz de las amenazas conocidas públicamente contra el presidente de la República, Gustavo Petro, la Fiscalía General de la Nación, a través del grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, abrió una noticia criminal y está adelantando las labores investigativas», reza un comunicado.

Horas antes, Petro hizo un llamamiento al Ministerio Público para que investigase el origen y la autoría de una serie de mensajes compartidos de forma masiva en los que se abogaba por su asesinato. El mandatario se hizo eco de una publicación previa de Alfredo Saade, antiguo rival de Petro en las elecciones primarias de la coalición Pacto Histórico.

En dicha publicación, Saade ha compartido un extracto de estos audios y mensajes en los que se llama al asesinato de Petro, «son millones de mensajes en contra del presidente Gustavo Petro», y va más allá responsabilizando a los congresistas María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo de incitar al odioo.

«Todos tienen el mismo mensaje usado por (la senadora) María Fernanda Cabal y el representante Miguel Polo Polo. La misma narrativa para asesinar al presidente Petro. El poder popular no se dejará, se defenderá hasta la victoria siempre», manifestó Saade.

Saade ha pedido que sean judicializados «todos aquellos que pongan en peligro la vida del presidente», así como «todos aquellos congresistas que inciten al odio y a la muerte al presidente».

«Falsas y tendenciosas»: Fiscalía sobre declaraciones de Petro sobre jefe de CTI en Buenaventura

La Fiscalía le respondió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por sus afirmaciones concernientes a supuestos nexos de Francisco Javier Martínez, jefe del CTI con narcotraficantes en Buenaventura (Valle del Cauca).

«Con relación a las afirmaciones falsas y tendenciosas hechas por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en las que equivocadamente indica que la Fiscalía ha sido ‘utilizada para exportar cocaína’ y proteger a delincuentes en Buenaventura (Valle del Cauca) … La Fiscalía General de la Nación comparte los siguientes resultados relacionados», señaló la Fiscalía en un comunicado.

El ente acusador señaló que este año se han capturado 19 personas de la red de narcotráfico con la que relacionaban al coordinador del CTI en el distrito especial vallecaucano.

«Ante la contundencia de las pruebas obtenidas, 18 de estas personas aceptaron cargos, 13 de ellas fueron condenadas y en contra de 5 hay sentido de fallo condenatorio, a la espera de conocerse la sentencia. Una mujer enfrenta juicio», explicó la Fiscalía.

En otros de los resultados, la Fiscalía resaltó la extinción de dominio sobre 61 bienes, avaluados en más de 31.000 millones de pesos; la captura de 336 personas que tendrían vínculos con grupos narcotraficantes en Buenaventura e incautación de más de 60 toneladas de cocaína y 68 toneladas de marihuana. Después del escándalo de corrupción, el funcionario fue reubicado.

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Fiscalía citó a Uribe para rendir versión libre

Las declaraciones ante la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) sobre la masacre de El Aro del exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, motivaron la defensa del expresidente Álvaro Uribe, que pidió rendir versión libre al respecto y la Fiscalía este jueves lo citó para llevar a cabo esta diligencia.

«Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia citó a diligencia de versión libre al expresidente Álvaro Uribe Vélez, como parte de la indagación que se sigue por la denominada masacre de El Aro, ocurrida en octubre de 1997; y el homicidio del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, perpetrado en febrero de 1998″, explicó la Fiscalía en un comunicado.

La fecha elegida por el ente acusador para que Uribe pueda rendir versión libre será el próximo lunes 27 de noviembre atendiendo la petición del exmandatario.

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Imputan cargos a exgobernador del Vaupés

La fiscalía general de la Nación imputó al exgobernador de Vaupés, Jesús María Vásquez Caicedo, los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación, con ocasión de varias irregularidades detectadas en el trámite y celebración de tres contratos que buscaban garantizar asistencia técnica agropecuaria para la población indígena del departamento. 

Los contratos investigados fueron celebrados entre marzo de 2018 y febrero de 2019, superaron en valor los 11.069 millones de pesos, y se ejecutarían con comunidades de Mitú, Carurú y Taraira. 

De acuerdo con las investigaciones,  el proceso de contratación habría sido direccionado para que quedara en manos de la Asociación de Mujeres Madres Cabeza de Familia de Mitú (AMCAFAMI). Se pudo determinar además que en la fase previa a la celebración de los contratos, no se realizaron las concertaciones o consultas previas con los pueblos indígenas que serían beneficiados, tampoco se gestionaron los permisos ambientales, ni se hicieron los estudios de mercado de rigor para tener claridad sobre el presupuesto de regalías que sería destinado. 

También se acreditó que fue escogida una asociación que no tenía por objeto la prestación de servicios de asistencia técnica rural o de extensión agropecuaria, ni figuraba en el registro de usuarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. AMCAFAMI no estaba capacitada para cumplir con las actividades exigidas para orientar el desarrollo proyectos productivos. 

Las evidencias permitieron identificar sobrecostos en los tres contratos por más de 3.263 millones de pesos, producto de erogaciones que superaron los precios promedio del mercado.