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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Fiscalía

A prisión alias Chaverra, presunto integrante de una subestructura al servicio del Clan del Golfo en Cartagena

Fue enviado a prisión uno de los sicarios de la organización delincuencial que participó en tres homicidios ocurridos el año pasado, donde las víctimas fueron dos pensionados de la Policía Nacional y un particular.

Uno de los hechos ocurrió el 23 de junio de 2022, en el barrio Las Gaviotas de Cartagena (Bolívar), donde fue asesinado Luis Ernesto Marques Acosta, alias Gordito Flow. Asimismo, se estableció que, en el barrio Blas de Lezo, tres días después habría herido con arma de fuego a Jorge Luis Torres Arzusa y Leonardo Pérez Álvarez, causándoles la muerte.

Según las investigaciones, el hoy procesado, al parecer, era el organizador del tráfico y comercialización de estupefacientes en diferentes barrios de Cartagena, bajo el mando de alías Camilo. Este último fue capturado y judicializado en noviembre de 2022.

Mediante orden judicial, alías Chaverra fue detenido el pasado 20 de enero, en el barrio Alcibia de esa localidad por uniformados de la Policía Nacional.

El presunto implicado, de 30 años, no aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones, imputados por la Fiscalía.

Fiscal Barbosa dejó claro al presidente que no suspenderá órdenes de captura contra capos de bandas criminales

Luego de finalizado el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció el acuerdo establecido con el primer mandatario para que el ente investigador participe  en el diseño de la ley de sometimiento a la justicia de las bandas criminales que quieren un cupo en la ‘paz total’.

Barbosa dijo además que dialogó con el presidente sus inquietudes y dudas sobre los decretos con los que se estableció un cese del fuego con Los Pachenca y las Autodefensas Gaitanistas de la Sierra Nevada, dos organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Insistió en que  esto no es posible con las actuales normas legales,  debido a que no tienen delimitación territorial alguna en el marco de la suspensión de operaciones militares, afectando las operaciones de la Fiscalía.

El fiscal le dejó claro al presidente la necesidad de una ley de sometimiento para las organizaciones criminales y que no se van a suspender las órdenes de captura contra los capos de estas bandas mientras no existan normas que permitan dar ese paso.

Anunció además el llamado al hermano del presidente Gustavo Petro para que declare lo que conoce acerca de narcotraficantes que quieren colarse en la Paz Total.

 

Fiscalía paraguaya pide información a EEUU por las acusaciones contra el vicepresidente

Foto: tomada de notiamerica.com

La Fiscalía General de Paraguay ha asegurado tras las acusaciones vertidas por el Gobierno de Estados Unidos contra el vicepresidente paraguayo, Hugo Velázquez, que ya «semanas atrás» le había pedido a las autoridades norteamericanas información sobre las investigaciones por presunta corrupción.

En este sentido, ha afirmado que en agosto de 2022 el Ministerio Público paraguayo emitió una primera solicitud, después de que Washington catalogase a Velázquez de «significativamente corrupto». Hace dos semanas, y ante la aparente falta de respuesta, se habría formulado una segunda petición.

«La causa se encuentra abierta y en proceso de investigación», ha explicado la Fiscalía de Paraguay, que mantiene una causa a la que también ha reclamado acceso la Administración de Joe Biden. «Este pedido (estadounidense) fue respondido de inmediato por la unidad fiscal encargada», ha añadido.

Velázquez lleva meses en el punto de mira de Washington, acusado de «interferir en procesos legales» y de maniobrar para protegerse de potenciales investigaciones, dando pie a sobornos o amenazas «a quienes pudiesen exponer su actividad criminal», según el Tesoro estadounidense.

El Gobierno estadounidense también ha incluido en la lista negra al expresidente Horacio Cartes, por incurrir en actividades corruptas «antes, durante y después» de su mandato (2013-2018). «La carrera política arrancó y continúa dependiendo de medios corruptos», ha dicho sin ambages el Departamento del Tesoro, que da cuenta de sobornos de hasta 10.000 dólares para lograr su designación como candidato presidencial del Partido Colorado.

En 2017, destinó 1 millón de dólares de su fortuna para «comprar» los votos de diputados e intentar una reforma constitucional que le abriese la puerta a un segundo mandato. Fracasada esta reforma, y ya fuera d la Presidencia, habría intentado mantener su influencia con pagos continuados que en algunos casos alcanzan los 50.000 dólares al mes.

Además, la Administración de Joe Biden vincula tanto a Cartes como a Velázquez con una empresa, Hizbollah, responsable de organizar actos durante los que presuntamente se gestan prácticas corruptas y que, a ojos de Estados Unidos, es una «organización terrorista».

Imputan cargos a dos policías en retiro por la mujer de un joven en medio del estallido social

La Fiscalía  imputó ante un juez de control de garantías a los policías en retiro Jorge Enrique Bombita Uriana y Abberson de Jesús Acosta Salas, como posibles responsables del delito de homicidio.

Los hechos que se les atribuyen ocurrieron en el suroccidente de Bogotá, el 1 de mayo de mayo de 2021. Los dos procesados pertenecían al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad); y, presuntamente, actuaron de manera irregular para dispersar una manifestación y le causaron la muerte a un joven de 20 años.

El material de prueba da cuenta de que el patrullero en retiro Acosta Salas disparó un ‘true fly’ o lanzagranadas sin cumplir con los protocolos de uso definidos para este tipo de artefactos, pues lo accionó de manera lineal y directa impactando en la cabeza a Daniel Alejandro Zapata Pabón, quien fue trasladado a un centro asistencial y falleció 10 días después.

De otra parte, se estableció que el entonces intendente Bombita Uriana estaba al mando del grupo del Esmad que atendía la situación y dio la instrucción de intervenir para despejar la vía que era ocupada por varias personas. Para la Fiscalía, con su actuar habría desatendido su posición de garante de la población civil.

Hallan el cadáver de exagente del CTI

El cuerpo del exagente del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, Mario León Artunduaga, de 62 años,  fue encontrado en la mañana de este lunes sin signos vitales y con múltiples heridas de arma blanca.

Personas que lo conocían aseguran se desempeñaba como docente de maquillaje en la escuela Mariela. La última vez que lo vieron fue el sábado y se preocuparon en la mañana de este lunes porque no había ido a dictar sus clases de maquillaje.

Mario León Artunduaga, se pensionó hace 10 años de la fiscalía general de la Nación por temas de salud. Mientras trabajó en el ente investigador participó en la reconstrucción facial de las víctimas del caso de la Universidad Libre de Barranquilla que fueron asesinados en 1992 y estuvo en las labores investigativas del recordado caso Colmenares.

Capturan a la Barranquillera señalada de participar en el crimen de Marcelo Pecci

Margaret Lizeth Chacón Zúñiga, es la barranquillera señalada de haber participado en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. 

Chacón Zúñiga es compañera sentimental de Andrés Felipe Pérez Hoyos, el narcotraficante colombiano, capturado el fin de semana pasado, por el mismo crimen.

De acuerdo con las investigaciones de la Interpol, la mujer es señalada de ser el cerebro detrás del crimen y de coordinar el ataque contra Pecci y contratar y pagar a los sicarios que acabaron con su vida.

La detención de Margaret Lizeth Chacón Zúñiga, se hizo en el Salvador.

 

Fiscal niega el caso de abuso sexual a una menor de la comunidad Nukak y reitera la investigación a 378 casos sexuales en el Guaviare

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, resaltó que serán verificados los 378 casos de violencia sexual contra integrantes de las comunidades indígenas de Guaviare ocurridos entre 2018 y 2020, que aparecen registrados en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

“Vamos a cruzar nuestros datos con el SPOA y verificar si esas carpetas del ICBF fueron trasladadas cada una de ellas a la Fiscalía General de la Nación porque de lo contrario, si hay algún vacío iniciaríamos procesos penales por prevaricato por omisión contra los respectivos funcionarios”, explicó.

el jefe del ente investigador confirmó que la comisión especializada seguirá en el departamento para conocer el estado actual de estos hechos y tener claridad sobre las actuaciones de las distintas autoridades.

«Se fortalecerán en San José del Guaviare los actos urgentes con fiscales e investigadores dedicados exclusivamente a atender este tipo de delitos, y se trabajará articuladamente con Medicina Legal y médicos rurales para garantizar  la atención y valoración a las víctimas», indicó.

Dijo además que el equipo especializado hará una priorización de los delitos sexuales y otros graves casos de vulneración de los derechos contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes.  No obstante, el Fiscal reiteró que no existe el caso específico al que se refiere el medio de comunicación Univisión, en el que aseguran que una menor de 10 años de edad, de la comunidad Nukak, habría sido abusada por un militar norteamericano y producto del delito habría dado a luz.

Asimismo, reveló que se trabaja en una estrategia de priorización de las investigaciones por afectaciones contra la integridad y formación sexual de los niños, niñas, adolescentes y mujeres indígenas.

Fiscal Barbosa exige a Gustavo Bolívar poner la cara

Por segunda ocasión el exsenador Gustavo Bolívar incumple la cita con la Fiscalía quien solicitó su presencia para escuchar lo que conoce acerca de supuestos ofrecimientos de contratos a jovencitas en el Congreso de la República a cambio de sexo.

Bolívar pidió aplazar nuevamente la cita con la Fiscalía, para el próximo 20 de enero.

Ante el nuevo aplazamiento, el fiscal Francisco Barbosa, pidió al exsenador dar la cara «pongan la cara a la Fiscalía y no solamente a medios de comunicación para ganar ‘likes'».

El jefe del ente investigador, se quejó porque la misma actitud, según él, ha tenido el director de la Unidad Nacional de Protección y el director de la sociedad de Activos Especiales (SAE).

Nota relacionada: ¿Denuncia de trata de mujeres o inicio de la campaña de Gustavo Bolívar por la Alcaldía de Bogotá?

Imputan cargos al expresidente de Medimas

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al expresidente de Medimás EPS – SAS, Néstor Orlando Arenas Fonseca; a la contratista Mercedes Barrera Botía; y al propietario de una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), José Leonidas Olaya Forero, como presuntos responsables de varias irregularidades detectadas en dos procesos de contratación realizados en diciembre de 2017.

De acuerdo con el ente investigador, el presidente de Medimás habría direccionado dos contratos para garantizar el suministro de medicamentos e insumos para atender pacientes que padecían enfermedades catastróficas, huérfanas y de alto costo.

:os contratos fueron entregados a una empresa de la señora Barrera Botia, la cual había sido constituida 15 días antes de la celebración de los contratos, no contaba con la capacidad financiera ni experiencia técnica, tampoco tenía las pólizas de garantía para respaldar el cumplimiento de lo acordado y registraba como dirección de funcionamiento la de la sede principal de Medimás en Bogotá.

Sin tener presentes estas anomalías, la EPS entregó un anticipo por 263.000 millones de pesos a la citada empresa y presuntamente utilizó cerca de 7.105 millones en pagos de arriendos y varias actividades distintas a las que contractualmente fueron pactadas, a través de dos compañías de las que formaba parte el señor Olaya Forero, también integrante del consorcio propietario de Medimás EPS.

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al expresidente de Medimás y las otras dos personas los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento privado y peculado por apropiación. Los cargos no fueron aceptados por los procesados.

Cepeda y Roy Barreras responden al No de la Fiscalía

La respuesta negativa de la Fiscalía a la solicitud del Gobierno Nacional para que permitiera la libertad de algunos jefes del Clan del Golfo para concretar acercamientos que permitieran al grupo ilegal ingresar al proceso de Paz Total liderado por el presidente Petro, generó diversas reacciones.

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, considera que los representantes de este tipo de organizaciones pueden no solamente participar de esos procesos de sometimiento y en este sentido pueden recibir el levantamiento de órdenes de captura por determinado espacio de tiempo.

El congresista dijo que estará atento a las posibles soluciones que se propongan para avanzar en los diálogos exploratorios con este grupo armado ilegal.

El presidente del Senado, Roy Barreras, pide leer con mucho detenimiento la decisión de la Fiscalía de negar la solicitud de libertad temporal para algunos jefes del Clan del Golfo.

Barreras considera que primero es necesario dar trámite a una ley que reúna elementos de justicia transicional para lo que tiene que ver con el ELN y que claramente no sirven para lo que relacionado con organizaciones narcotraficantes a quienes solo se les puede aplicar sometimiento a la justicia que garanticen la desarticulación colectiva de estas bandas.

“Las Fuerzas Militares tienen la obligación de garantizar el control del territorio y la defensa de la Constitución y la ley, lo mismo que la vida de los lideres sociales y también la de los reincorporados”.

El senador invitó al gobierno a estudiar y preparar muy bien cada propuesta relacionada con los temas de paz para evitar improvisaciones.

Así le respondió el Gobierno a la Fiscalía a la negativa de levantar órdenes de captura a jefes del Clan del Golfo

El ministro del Interior y Portavoz del Gobierno: Alfonso Prada, comunicó este viernes desde la Casa de Nariño,  que la Ley 2272 de 2022, aprobada por el Congreso, “facultó al Presidente de la República para que pudiera avanzar en el proceso de diálogos de paz con organizaciones a las que se les reconoce estatus político”, al igual que en conversaciones exploratorias con estructuras armadas de alto impacto del crimen organizado, que se mueven en la economía ilegal, con miras a que se avance en su proceso de sometimiento.

La respuesta se da ante la negativa de la Fiscalía de levantar las órdenes de captura a 16 paramilitares del Clan del Golfo y los Pachenca, que fueron solicitadas por el Gobierno nacional para iniciar diálogos exploratorios.

Según lo expresado por el Portavoz, el Gobierno Nacional solicitó a la Fiscalía General de la Nación la suspensión de algunas órdenes de captura de miembros representantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y de la organización de la Sierra Nevada, dos grupos que son definidos como estructuras armadas de alto impacto del crimen organizado.

Explicó que, de esta manera, se busca que estos miembros representantes puedan participar en las “mesas de diálogo que estamos adelantando, en forma exploratoria, para definir las condiciones de sometimiento a la justicia y desmantelamiento de organizaciones del crimen, con miras a obtener en Colombia la tan anhelada Paz Total”.

Al reiterar que el Gobierno respeta las decisiones de la Rama Judicial del Poder Público, el Portavoz indicó que el Ejecutivo quiere “avanzar en un diálogo directo y formal con la Fiscalía General de la Nación”, para explicar las facultades que le otorga la nueva ley al Presidente de la República.

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Indicó que el argumento de la Fiscalía “está fundamentado en dos decretos, que reglamentaron la Ley 418, que acabamos de modificar; esos decretos se expidieron en el 2012 y en el 2015, y no están diseñados para levantar órdenes de captura de organizaciones armadas de alto impacto del crimen”.

Agregó que “eso es exactamente lo que acaba de cambiar la Ley 2272 del 2022, habilitando y facultando al Presidente de la República para solicitar este tipo de suspensión de órdenes de captura”.

Tales decretos en los que se fundamenta la Fiscalía –precisó– fueron modificados por la Ley 2272, que amplía el margen de facultades para solicitar estas suspensiones de órdenes de captura.

Y agregó: “Aspiramos, en las próximas horas y en los próximos días, tener todos los elementos de juicio jurídicos necesarios, para que tengamos la posibilidad de avanzar en los diálogos exploratorios que den como resultado la Paz Total”.

La Paz Total requiere “instrumentos y caminos para poder conversar, explorar, dialogar y tener la posibilidad de hacer diálogos de paz, que terminen en acuerdos de paz, y hacer conversaciones exploratorias que terminen en sometimiento al Estado de Derecho”, concluyó Alfonso Prada.

Foto: Presidencia de la República.

López Obrador confirma denuncias ante la Fiscalía por «episodios anormales»

Foto: tomada de msn.com

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado este viernes que existen denuncias ante la Fiscalía de Justicia de la capital, Ciudad de México, por los «episodios anormales» registrados recientemente en la red de metro.

Así lo ha anunciado el mandatario mexicano durante su habitual rueda de prensa diaria, si bien no ha profundizado en los detalles de dichas denuncias, ni ha indicado la cifra de las mismas, tal y como recoge el diario local ‘El Universal’.

«Se está haciendo la investigación. Lo otro no puedo decirlo porque no puedo adelantar nada. No puedo explicar nada porque si hay denuncias por los accidentes que ha habido. Entonces es la Fiscalía la que tiene este caso, estos casos», ha apuntado López Obrador.

La Guardia Nacional mexicana ha desplegado cerca de medio centenar de «usuarios simulados» en el marco del plan de vigilancia anunciado el pasado jueves y en respuesta a los incidentes que la propia alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, catalogó como «fuera de lo normal».

Estos «usuarios simulados» forman parte de los casi 5.800 agentes desplegados para «inhibir» acciones contra la infraestructura, trenes y usuarios de la red de metro capitalina, frecuentes en los últimos días.

El más grave de estos episodios tuvo lugar la semana pasada, con un accidente que dejó una fallecida y más de 50 personas heridas, pero en los últimos días se han sucedido todo tipo de incidencias en distintas líneas, incluidas el incendio en un vagón.

La jefa de Gobierno capitalina no quiso especular sobre la posibilidad de sabotajes y sí prometió que se investigarán todos los incidentes. También anunció que las autoridades decidirán un posible aumento del presupuesto en el metro en función de lo que decida un grupo de trabajo que ya está activo desde 2022.

Fiscalía dice No a la suspensión de órdenes de captura a jefes del Clan del Golfo

La fiscalía general de la Nación negó la solicitud del Gobierno Nacional para que esta entidad suspendiera las órdenes de captura a varios jefes del Clan del Golfo, quienes se sumarían a los acercamientos exploratorios para la ‘paz total’.

El ente investigador le hizo recordó al Ejecutivo que no existe un marco jurídico y que este tipo de organizaciones no cuentan con un estatus político.

«La jurisprudencia ha precisado que las estructuras paramilitares carecen de un carácter político (….) Desde este punto de vista, la información probatoria de la Fiscalía, validada ante los jueces de garantías y de conocimiento, indica que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia son herederas de estructuras paramilitares», señala el documento enviado al Gobierno Nacional.

La Fiscalía «no procederá a la suspensión de órdenes de captura de las personas reconocidas por el presidente de la República como miembros representantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), conocidos como ‘clan del Golfo'».

La decisión de la Fiscalía consta de siete páginas y fue firmada por la vicefiscal general Martha Mancera, y fue dirigida al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

En este sentido las órdenes de captura de Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo; Jose Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito; Alexander Celis Durango, alias Byron; y Jorge Emilson Córdoba Quinto, alias Negro Perea, continúan vigentes.

 

 

Primeros acusados por el caso de Centros Poblados

La Fiscalía presentó cargos de acusación a Juan José Laverde y Ottomar Lascarro por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares en el proceso de contratación para llevar internet a las escuelas rurales del país.

De acuerdo con el material probatorio, el empresario Ottomar José Lascarro Torres y el corredor de seguros Juan José Laverde Martínez serían responsables de los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento privado; mientras que Juan Carlos Cáceres Bayona estaría involucrado en el delito de peculado por apropiación.

La investigación permitió establecer que Laverde Martínez habría servido como intermediario para que Lascarro Torres prestara los nombres de dos de sus empresas para crear la unión temporal Centros Poblados, de tal manera que acreditara suficiente experiencia técnica, financiera y jurídica para quedarse con el contrato de conectividad.

De esta manera, al parecer, se hizo incurrir en error a los funcionarios del MinTic que expidieron la resolución de adjudicación del contrato y avalaron el giro de un anticipo por 70.000 millones de peso.

De acuerdo con la Fiscalía, 9.062 millones de pesos, al parecer, fueron destinados por Cáceres Bayona para comprar inmuebles, vehículos y préstamos a terceros; mientras que 300.000 dólares, presuntamente, los usó Emilio Tapia Aldana para cubrir el pago de las comisiones que habrían sido acordadas por la compra de la experiencia de las empresas de Lascarro Torres y la posible intermediación de Laverde Martínez.

Fiscalía suspende ordenes de captura a tres disidentes

La Fiscalía General de la Nación confirmó la suspensión de las órdenes de captura de Willinton Henao, Carlos García y Sandra Niño, integrantes de las disidencias de las Farc, quienes harán parte de los diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

El organismo de investigación hizo la suspensión atendiendo la solicitud del presidente Gustavo Petro, quien adelanta diálogos exploratorios en el marco de la Paz Total.

La Fiscalía General de la Nación emitió la Resolución 00003 del 4 de enero de 2023, en la cual dispuso la suspensión, por el término de quince (15) días, de todas y cada una de las órdenes de captura, incluidas las que tienen fines de extradición, que se hayan dictado o que se dicten en contra de los tres ciudadanos reconocidos por el Presidente de la República como miembros representantes del Estado Mayor Central de las FARC-EP”, dice el comunicado.

La suspensión de las órdenes de captura tendrá vigencia durante los próximos quince días.