Sorpresivamente, durante la misma audiencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía en noviembre de 2019, un exgobernador y el gobernador en ejercicio del Guainía fueron asegurados intramuralmente por orden de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá acusados de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, en presuntas irregularidades en trámites de 45 contratos de suministro y obras públicas, suscritos con las empresas Marina del Oriente, Grupo M.S.I., Fundación Tecnológica Social, e Ingeniería WH SAS., por $86.000’000.000.
Se trataba de Óscar Armando Rodríguez Sánchez (2013-2016) y de Javier Eliécer Zapata Parrado (2017-2019). En julio de 2020 les fueron embargados 87 bienes avaluados en $22.000’000.000 en Chía, Cajicá, Inírida y Villavicencio por su vinculación a procesos penales de macrocriminalidad, en la que, con complicidad de particulares, habrían suscrito múltiples contratos de suministro y obras públicas que no se ejecutaron, quedaron a medias o presentaron diversas inconsistencias en la fase precontractual; al parecer, relacionados con la construcción de los acueductos de los municipios de Pueblo Nuevo, Minitas, Carpintero, Mapiripana y La Unión. Previamente la Fiscalía había podido establecer que las propiedades estaban a nombre de terceros o personas cercanas (El Espectador, 2022).
Noticia “histórica”
En esta semana apareció la noticia “Histórico | Dos exgobernadores procesados por corrupción en Guainía devolverán más de 14.000 millones de pesos” (Semana, 2023). Insólito que nos resulte histórico. Los defraudadores al Estado no nos tienen acostumbrados a este tipo de noticias. Dice que la Fiscalía logró “que los dos exmandatarios devolvieran parte de lo hurtado a los habitantes del departamento” y que fueran condenados a 9 y 11 años de prisión y a pagar multas de 2.036 millones de pesos y 4.103 millones de pesos, respectivamente.
Delitos por montones
La lista es impresionante: el exgobernador Óscar Armando Rodríguez aceptó el delito de concierto para delinquir agravado, por 35 peculados, 38 casos de interés indebido en la celebración de contratos y 5 eventos de cohecho propio; y Javier Eliécer Zapata Parrado reconoció su autoría en 24 eventos de interés indebido en la celebración de contratos, 15 actos de peculado por apropiación en favor de terceros, 3 más de cohecho propio, 1 de corrupción de sufragante, 4 de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y 1 de fraude procesal. Nos da una idea del trabajo extenuante que tuvieron para lograr todo este prontuario.
Modus operandi
Para lograr semejante febrilidad corrupta el exgobernador Rodríguez Sánchez creó una diversidad de empresas y las puso a nombre de conocidos y familiares, con el propósito de quedarse con contratos de obras civiles, construcción de acueductos y cubrir proyectos de saneamiento básico para comunidades indígenas y población vulnerable. Verdadero comportamiento de mafioso, todo calculado y sórdido.
Esa es nuestra realidad.
Impunidad engendra corrupción. Impunidad “en parte”, también.
Este caso nos serviría como ejemplo para advertir que sí están funcionando las instituciones de control y justicia. Pero ya habrá advertido el lector que la devolución es parcial: en “parte” como escribe la revista que dijo la Fiscalía. Tampoco deja de sorprender que sea un caso de gobernadores en Guainía. Los más suspicaces pensarán que no tenían suficientes conexiones que los hubieran llevado a esquivar la justicia. Es posible.
Gran parte del asunto recae en la capacidad de las instituciones para responsabilizar a los servidores públicos (citado en el paper “La calidad de las instituciones, su impacto en la relación entre corrupción y crecimiento económico: una revisión teórica” (Mendoza y Portillo, U. Autónoma de Occidente, México, 2020) con clara influencia de Acemoglu). Mientras haya impunidad habrá todos los incentivos para ser corruptos, no obstante, incluso, se deba pasar por la cárcel un tiempo puesto que al final el balance del “negocio” da positivo.
No puede haber margen en este sentido. Los corruptos tienen que devolver todo lo robado, tener la multa por traición a sus electores (sentido ético además del jurídico) y pasar años en la cárcel. Si el balance no es negativo, seguirá habiendo impunidad relativa finalmente positiva, y seguirá habiendo corrupción, y peor, con grandes montos para que alcance a todos los “trámites” que se han escuchado por décadas: comprar ilegalmente al sistema de justicia, negociar devoluciones parciales con la Fiscalía, pagar las multas impuestas por el juez, y al final de purgar la pena con unos pocos años de cárcel (con buen comportamiento se irán a la mitad del tiempo), salir con un buen botín de todas maneras.
Defenestrando la democracia
En la editorial de El Espectador en estos días, hablando sobre el insuceso propiciado por un ex militar que fue presidente de todos los exmilitares (de Acore), advierte “Cuidado con defenestrar la democracia” (El Espectador, 2023) sobre el hecho específico, pero que deja una reflexión en el aire: ¿acaso no estamos perdiendo nuestra democracia en manos de la corrupción, tal vez poco a poco, y sin darnos cuenta? (como defenestrar paulatinamente, lo cual sería un imposible literal). Perder la democracia significa perder la libertad, que tanto asusta a las derechas privilegiadas, pero que por ostentar el poder económico que ha condicionado al poder político en toda nuestra historia y a juzgar por el estado de descomposición generalizado, se les puede achacar que poco han hecho en contra de la corrupción.
Para empeorar las conclusiones del caso expuesto hay que tener en cuenta que la corrupción es multipropósito: los dineros públicos se pierden, las obras no se ejecutan o se ejecutan mal, los proyectos no son priorizados porque lo que interesa es el contrato para robar, y por lo tanto los objetivos de desarrollo y bienestar, como sacar a colombianos de la pobreza y generar oportunidades para la gente, no solo no se cumplen, sino que su cumplimiento se dilata aún más porque la plata no alcanza. La que se robaron, se perdió, la que se invirtió mal, se perdió y para las prioridades ya no alcanza. Sin niveles mínimos de bienestar y con tanta pobreza, los riesgos de terminar de perder nuestra endeble democracia son latentes.
La apatía de la mayoría de los colombianos está permitiendo que los corruptos efectivamente defenestren nuestra democracia.
Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz
