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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Fiscalía

Violador de Hilary Castro fue asesinado, según Medicina Legal

El Instituto Nacional de Medicina Legal, estableció que la muerte de Juan Pablo Gonzáles -el hombre capturado por el abuso sexual contra la joven Hilary Castro- se produjo por múltiples heridas, por lo que su deceso, según las evidencias, sería producto de un homicidio.

El cuerpo del presunto violador fue encontrado en la URI de Puente Aranda donde fue recluido luego de su detención. En el lugar de prisión estaban alrededor de 80 presos.

Juan Pablo González fue enviado a prisión tras una investigación luego de conocerse la denuncia de la menor de edad, Hilary Castro, quien asegura que el hombre la abordó al salir de la estación de TransMilenio en la Castellana y amenazándola con un cuchillo la sometió sexualmente.

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Con los resultados de Medicinal Legal, la Fiscalía General de la Nación, deberá establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar del asesinato, además de investigar a los funcionarios a cargo de velar por su seguridad.

Capturan al agresor de Hilary Castro

La fiscalía general y la Policía Metropolitana de Bogotá informaron la captura de quien sería el responsable de abusar sexualmente de Hilary Castro, una menor de 17 años en la estación de TransMilenio, La Castellana.

«Trabajo investigativo de Fiscalía y la Policía permitió identificar y capturar al presunto responsable de abuso sexual contra adolescente de 17 años, en hechos ocurridos el 31 de octubre, en Transmilenio. En próximas horas será presentado ante juez de control de garantías», sostuvo.

El hecho fue revelado en días pasados por la víctima, quien además dijo que en el momento en que se acercó para instaurar la demanda, no fue atendida por los funcionarios a cargo del tema en las entidades respectivas.

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El brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán, comandante de la Policía de Bogotá, afirmó que «rechazó tal acto y dispongo de todas las capacidades tecnológicas, investigativas y de personal para identificar e individualizar a dicho delincuente, así llevarlo ante la justicia por agredir a una menor de edad.»

La Policía Metropolitana anunció una recompensa de 30 millones de pesos, por información que permitiera la captura del delincuente.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, agradeció la información y de nuevo rechazó la agresión de la que Hilary fue víctima.

 

La Unidad de Víctimas le pone el ojo por posibles irregularidades, al Fondo para la Reparación de Víctimas

En un comunicado del 2 de noviembre de 2022 la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, solicitó a los entes de control realizar investigaciones y auditorias especiales  al Fondo para Reparación a las Víctimas, así mismo que se adelanten acciones preventivas y correctivas para garantizar los derechos de las víctimas y proteger el patrimonio y transparencia de la entidad, tras un análisis preliminar de la Unidad.

“Es importante iniciar las acciones pertinentes para que no sigan ocurriendo este tipo de actos. En este Gobierno estamos decididos a defender los recursos y la transparencia de las instituciones. Las víctimas del conflicto armado han sufrido múltiples hechos lamentables y no es posible que los recursos con los que esperan ser indemnizados estén afectados por posibles hechos de corrupción”, indicó la directora.

Fondo Nacional de Reparación

Una de las situaciones identificadas fue el valor excesivamente bajo de algunos de los cánones de arrendamiento de los bienes administrados por el Fondo para la Reparación a las Víctimas: el equipo de trabajo reportó 43 bienes inmuebles con cánones de arrendamiento cuyo valor oscila entre los $4.437 y $103.000. Entre ellos se encuentran fincas, lotes y parcelas en su mayoría rurales.

Así mismo, de los 2.346 bienes que administra el Fondo, a septiembre de 2022, más de 900 bienes presentan ocupación irregular, deterioro o falta del cumplimiento del objetivo principal que es la monetización. Actualmente, la Unidad indaga el estado en el que estos bienes fueron entregados por la Fiscalía General de la Nación al Fondo.

Se encontró que existe un alto porcentaje de bienes con arrendatarios morosos en los que el Fondo no adelantó acciones administrativas para recuperar el bien, ni tampoco acciones judiciales efectivas para recuperar la cartera. Además, se identificó que varios de los bienes fueron arrendados a una misma persona sin analizar los perfiles y antecedentes tanto del arrendatario como del codeudor.

La directora también informó que al interior de la Unidad para las Víctimas, se ha dilatado la entrega de información solicitada para verificar el estado en el que se encuentra la entidad.

Rezagos en la reparación

Según reveló la directora de la Unidad de Víctimas, durante la vigencia de la Ley de Víctimas únicamente se han reparado a un poco más de un millón de las nueve millones de víctimas del conflicto armado inscritas en el Registro Único de Víctimas. por ejemplo, en el caso de la reparación individual, durante el funcionamiento de la entidad, únicamente se han indemnizado
a 1.318.634 víctimas del conflicto armado con una ejecución de $9,86 billones.

Aseguró que esto presenta un rezago por indemnizar de 6.071.978 víctimas que, de continuarse con el mismo ritmo de ejecución, solo se podrían indemnizar a estas personas hasta el 2082.

En materia de reparación colectiva, mencionó que existen 857 Sujetos de Reparación Colectiva en el Registro Único de Víctimas, de los cuales tan solo se han reparado un poco más de 56, lo cual implica un rezago que solo podría ser reparado hasta el año 2046.

“Tenemos cuatro años para realizar acciones de reparación integral y atender las necesidades de las víctimas. Sin embargo, encuentro muchísimas anotaciones de Contraloría y Procuraduría que muestran cómo las brechas que existen entre las normas y el incumplimiento de la entidad son reiterativas con las víctimas del conflicto, y eso ha afectado en su reparación y en los modelos de atención que no se resuelven con dignidad”, enfatizó Patricia Tobón.

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Foto: cortesía

Claudia López vuelve a criticar a la justicia

El reciente balance de seguridad en Bogotá, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, evidencia un avance favorable del plan que implementó el Distrito Capital para reducir los delitos de alto impacto que afectan a la ciudad. Los delitos que disminuyeron en la ciudad son: hurto a comercio (-24%), extorción (-22,1%), hurto a residencias (-19,1%), hurto a bicicletas (-15,8%) homicidio (-11,8%), hurto de automotores (-10,9%) y hurto a motocicletas (-5%).

“Seguimos protegiendo la vida, reduciendo el homicidio, desmantelando bandas delincuenciales. La mayoría de los 12 indicadores de impacto en la seguridad van a la baja gracias a estos esfuerzos. Infortunadamente, cuatro aún no van a la baja”, indicó la alcaldesa, afirmando que, en lo relacionado con violencia intrafamiliar, violencia sexual, hurto a personas y hurto a celulares, es necesario hacer un esfuerzo mayor.

La acción conjunta y coordina de la Policía Metropolitana con la fiscalía general de la Nación, permitió la afectación a nueve de las 11 organizaciones de crimen transnacional que delinquen en la ciudad y han desarticulado a 464 grupos de crimen organizado.

“Gracias a esa acción conjunta hay menos hurto de carros, de motocicletas; pero debemos seguir haciendo mayores esfuerzos para mejorar la seguridad, convivencia y justicia”, sostuvo la mandataria distrital.

La desarticulación de estas organizaciones que delinquen en la ciudad se logró gracias al trabajo de un grupo élite de investigadores y de fiscales destacados. De acuerdo con los resultados estructurales de estas operaciones se confirmaron 111 capturas, 12 circulares azules, 38 armas de fuego y más de 33.000 dosis de estupefacientes incautadas.

Así mismo, se han logrado esclarecer 40 casos de personas asesinadas y dejadas en vía pública en la ciudad, entre los que se cuentan los registrados en agosto de este año, en el barrio El Amparo de la localidad de Kennedy. 

La alcaldesa Claudia López, una vez más llamó la atención a los jueces por la manera en como están aplicando la justicia en materia de hurtos.

“Solamente 764 casos de esos 8.041 quedaron con detención carcelaria, es decir, ni siquiera los 1.047 casos en los que había arma de por medio, ni siquiera teniendo al atracador y al arma, los mandaron a la cárcel”, señaló de manera vehemente.

Y agregó: “Les dieron atención domiciliaria a 71, -mandar a prisión domiciliaria es equivalente a dejar en libertad- y a 8 les pusieron brazalete electrónico. Es decir, el 88 % de los casos y de los detenidos por nuestra policía, quedan en libertad”.

La Alcaldesa Mayor recordó que la implementación de la Ley de Seguridad Ciudadana estableció agravantes para evitar la impunidad, sin embargo, como lo demuestran las cifras, tampoco se está      cumpliendo.

En relación con la aplicación de medidas cautelares por hurto a personas, en el periodo comprendido entre el 25 de enero al 31 de octubre de 2022 se realizaron

5.596 capturas, de las cuales 4.491 fueron en flagrancia; de estas, en el 49% de los casos el fiscal solicitó la libertad, mientras que en un 35%, fue el juez quien la decidió, y en un 11% se profirió medida de aseguramiento intramural.

Por otra parte, en el mismo periodo, se efectuaron 1.105 capturas por orden judicial; en el 85% de los casos se dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, en un 11% el juez decretó la libertad, en un 2% fue el fiscal quien la solicitó, mientras que en un 2% se decidió cobijar al delincuente con detención domiciliaria.

En el 24% de los casos, los delincuentes quedaron en libertad por tratarse de una querella, según el fiscal del caso; en el 14% la pena resultó inferior por el tipo de delito; y en el 11% hubo una conciliación, mecanismo legítimo consagrado en la ley.

“De cada cuatro capturados, a dos los termina dejando libre el fiscal, es decir, el fiscal del caso no imputa el cargo, no destaca el agravante y lo deja libre. A uno de cada cuatro, lo deja libre el juez y en el resto o no aplicaba o hay algún error en el procedimiento”, explicó la mandataria.

Al revelar estas cifras, Claudia López comentó que “el problema es cómo están interpretando la ley los jueces y los fiscales, la manera como la están aplicando, y también algunas disposiciones que tiene la ley y que se deben cambiar. La interpretación de la ley siempre debe favorecer a la víctima, no al victimario”.

Además, le reiteró al Congreso de la República que “no puede ser que no haya justicia para los ‘nadie’. Señores del Congreso de la República: llevamos más de un

año que propusimos una reforma a la que no le han dado ni siquiera el primer debate”. Por eso mismo aseveró que “esta democracia, a este nivel de impunidad, no nos cuida. La Constitución Política ordena proteger la vida, los bienes y la honra”.

Caso de Hillary Castro

Sobre el caso de Hillary Castro, la joven que denunció ser víctima de abuso en inmediaciones a una estación de TransMilenio, la alcaldesa Claudia López admitió que se detectaron errores en la atención integral y oportuna de la mujer.

“Es inaceptable que se abuse de la integridad de una mujer. Ella es una mujer joven, valiente, feminista, por eso agradecemos que nos ayude a corregir las fallas que se encontraron”, dijo la mandataria que ya la Secretaría Distrital de la Mujer le está brindando todo el acompañamiento jurídico y psicosocial.

En ese sentido, Diana Rodríguez, secretaria de la Mujer, expreso su profundo rechazo por estos hechos, e igualmente toda la solidaridad a la familia de la víctima.

 

 

Desarticulan banda delincuencial en el centro de Bogotá

El secretario de Seguridad y Convivencia de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, anunció la desarticulación de las bandas delincuenciales dedicadas a la venta de estupefacientes en el sector de Cinco Huecos y el Parque Santander, denominadas como ‘Toño y las Figuritas’.

Trece de los integrantes de estas bandas se encuentran con medida de aseguramiento intramural, según lo informó la fiscalía general de la Nación.

Estas bandas se dedicaban a la venta de sustancias ilegales en el Parque Santander a menores de edad estudiantes de colegio y a estudiantes universitarios. Una de las capturadas es alias ‘La Patrona’.

La Secretaría de Seguridad aseguró que la labor de recuperación en la zona de Cinco Huecos en Bogotá, continuará y se intensificará en los próximos meses.

 

Primera Línea llega hasta la Fiscalía provocando choques con el Esmad

Foto tomada de redes sociales

La marcha de la Primera Línea generó diferentes bloqueos durante el día en algunos puntos del sistema TransMilenio como El Tiempo, Salitre, CAN, Gobernación, Quinta Paredes y Recinto Ferial.

También fue necesario dejar de atender por cierto espacio de tiempo en las estaciones de la Sabana, Ricaurte, San Fasón y Calle 19.

Pasada las 6 de la tarde los manifestantes llegaron hasta el bunker de la fiscalía general de la Nación generando choques con agentes del Esmad.

La denominada Primera Línea en Bogotá convocó a una manifestación para exigir la liberación de sus compañeros que se encuentran presos en las cárceles y que fueron capturados durante las protestas sociales en el gobierno de Iván Duque.

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“Robar es un delito no un deporte”: regaño de Claudia López a los jueces

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo un fuerte llamado de atención a los jueces en Bogotá porque según lo explicó, “ocho de cada diez delincuentes que son capturados los justicia los deja en libertad”.

“Mientas baja el homicidio, baja la extorsión baja el hurto de bicicletas, baja el hurto a residencias, pero el celular que es el objeto por el que más acosan a los ciudadanos en la calle y en particular en el transporte público tenemos un desafío muy grande que se llama impunidad”, dijo la mandataria de Bogotá.

López reveló que en la capital del país se han capturado en flagrancia a casi 800 ladrones y al que la 80% de estos la justicia los ha dejado en libertad.

“Mientras el sistema judicial en Colombia crea que robar es un deporte y un delito, en Bogotá vamos a seguir teniendo estas dificultades por más esfuerzos que hagamos para combatir este fenómeno”, indicó la alcaldesa.

Dijo además la mandataria de los bogotanos que, si había problemas con la ley, corresponde a los congresistas y al Gobierno Nacional en diseñar un proyecto de ley que tape esos huecos, y en avanzar en la aprobación de las iniciativas en curso.

«Mientras no tengamos rama de la judicial sino rama de la impunidad porque ocho de cada diez delincuentes que se capturan quedan libres», indicó.

La alcaldesa de Bogotá, felicitó a la Policía de Bogotá y a la Fiscalía por el trabajo realizado para combatir el delito en Bogotá y le pidió a los jueces hacer lo propio y no dejar a los delincuentes en libertad, «robar es un delito no un deporte», afirmó.

 

A juicio cajero de un banco que robaba a adultos mayores

Un juez de Puerto Carreño (Vichada), dictó medida de aseguramiento contra Pablo Andrés Sánchez Quintero, quien se desempeñaba como cajero de un banco, y quien al parecer se apropió de manera indebida de unos 18 millones de pesos de usuarios especialmente adultos mayores.

La investigación adelantada durante un año por un fiscal de la Seccional, permitió establecer que las víctimas serían 25, entre marzo de 2019 y febrero de 2020.

El capturado, al parecer, engañaba a sus víctimas diciéndoles que había problemas de conectividad y que debían marcar nuevamente la clave para hacer el retiro. Y ahí era cuando, presuntamente, se apropiaba del dinero de la segunda operación.

El pasado 23 de octubre la Fiscalía lo imputó por los delitos de hurto agravado por la confianza, en modalidad de delito masa, a los que no se allanó.

Desarticulan a ‘Los de Papá’ banda que tenía atemorizada a Buga

Agentes del CTI en coordinación con la Policía Nacional capturaron a 10 presuntos integrantes del grupo delictivo ‘Los de Papá’. A esta red delincuencial se le atribuye el comercio de estupefacientes y la comisión de homicidios selectivos en Buga (Valle del Cauca).

Se trata de Derly Johana Pérez Vélez, alias Derly; Stefany Ramírez Gutiérrez, alias Stefany; Kevin Adrián Rodríguez Cárdenas, alias Chinga Kevin; Harold Andrés Trullo Rengifo, alias Iguano; Brayan Esteban Bran López, alias Babalú; Cristian González Loaiza, alias Chuky; Jhojan Alexis Ospina Castaño, alias El Gordo; Álvaro José Latorre Brand, alias El Flaco; Olga Lucía Londoño Villarruel, alias La Quemada y Johan Estiven Londoño Castaño, alias Paputo.

La Fiscalía estableció que los imputados, al parecer, participaron en el homicidio de dos personas, ocurridos en el presente año.

Por estos hechos la Fiscalía imputó a los procesados, de acuerdo a su nivel de participación en los hechos investigados, los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tentativa de homicidio y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad frente a los cargos.

Golpe a las finanzas de organizaciones dedicadas al contrabando de confecciones

Una operación liderada por investigadores de la Policía Fiscal y Aduanera permitió la identificación de 17 bienes muebles e inmuebles, (14 inmuebles (locales comerciales, bodegas y almacenes) y 3 sociedades, propiedades), ubicados en diferentes localidades de la ciudad de Bogotá, los cuales estaban siendo usados para el acopio y comercialización de mercancías de contrabando, en su mayoría provenientes del continente asiático, estos eran reincidentes en la conducta delictiva.

En el transcurso de la investigación priorizaron las actuaciones de control aduanero ejecutadas a varios establecimientos de comercio abiertos al público entre los años 2015 al 2020.

Durante el desarrollo del proceso investigativo se logró la aprehensión de más de 2.000 bultos y 234 cajas de mercancía por un valor comercial de $16.300 millones de pesos.

 

Fue enviado a la cárcel por rasurar el cabello a su pareja

Los hechos tuvieron lugar el pasado 10 de octubre en una vivienda del barrio El Porvenir del municipio de Luruaco (Atlántico).

Según la investigación coordinada por una fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, la mujer víctima de esta agresión resultó con graves heridas en su cabeza.

El presunto agresor fue imputado por el delito de violencia intrafamiliar agravada, al cual no se allanó durante la audiencia. Ante la contundencia del material probatorio presentado por la Fiscalía, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario al hombre de 39 años.

Por hechos de violencia intrafamiliar, fue puesto tras las rejas, Juan Camilo Suárez Jaramillo, presunto responsable del homicidio de su hermana Leidy Johana Tabares Suárez, de 29 años.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado lunes, 17 de octubre, en una vivienda del barrio Aranjuez de la capital antioqueña, donde fue hallado el cuerpo sin vida de la mujer con claros signos de estrangulamiento.

Al parecer, luego de cometer el homicidio y tras ser sorprendido por varias personas, el hombre intentó autolesionarse con un arma blanca. Herido fue llevado a un centro asistencial donde fue atendido por especialistas, y se hizo efectiva su captura.

Suárez Jaramillo, de 20 años, negó su responsabilidad en el delito de homicidio agravado, imputado por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI).

Imputan cargos a alias Gury, cabecilla de la banda ‘Satanás’

José Javier Herrera Ramírez, alias Gury, uno de los presuntos cabecillas de la organización delincuencial ‘Satanás’, responsable de asesinatos selectivos en el suroccidente de la ciudad, fue capturado en la vía Bogotá – Tenjo (Cundinamarca). Al parecer, pretendía escapar luego de enterarse de la captura y judicialización de cinco de sus posibles cómplices, entre estos alias Luisito, otro de los articuladores principales de las actividades ilícitas del grupo delictivo.

Alias Gury habría participado en el homicidio de tres personas que fueron retenidas en una vivienda, sometidas a actos de tortura, envueltas en bolsas plásticas, transportadas en una carreta y abandonadas en vía pública en el barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy.

En el curso de la investigación se estableció que Herrera Ramírez y los demás involucrados en estos crímenes, presuntamente, grabaron varios videos mientras sometían a las víctimas, y los enviaron al máximo cabecilla de la organización delincuencial que permanece privado de la libertad.

Un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a alias Gury los delitos de tortura y homicidio agravado. Los cargos no fueron aceptados por el procesado, que deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Capturado alias ‘El Gordo’ integrante del Tren de Aragua

Fue capturado en Cúcuta, Norte de Santander, alias El Gordo, quien habría hecho parte del grupo de hombres armados que llegó en motocicletas y taxis al lugar del ataque, y disparó indiscriminadamente contra las víctimas que estaban reunidas en vía pública.

Alias El Gordo fue presentado ante un juez de control de garantías, junto a otros cuatro ciudadanos venezolanos capturados en situación de flagrancia y judicializados en días anteriores por tráfico de estupefacientes y otras conductas delictivas.

Estos cinco señalados integrantes de ‘AK-47 – Tren de Aragua’ estarían involucrados en el asesinato colectivo en Pueblo Nuevo. En ese sentido, una fiscal itinerante de la delegada para la Seguridad Territorial les imputó los delitos de homicidio agravado, por tratarse de víctimas en estado de indefensión; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado. Todos los procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

La investigación puso en evidencia a otros dos presuntos responsables del crimen colectivo. Se trata de Jhoswar Saúl Hernández Sanabria, alias La S; y Luis Felipe Colmenares Mojica, alias Pipe, contra quienes se obtuvieron órdenes de captura y notificación azul de INTERPOL, ante la evidencia de que huyeron a otro país.

En 2022, la Fiscalía ha avanzado en el esclarecimiento de 65,2% de los casos de homicidios colectivos.

De Estupefacientes a la SAE, un cambio para seguir en las mismas

El presidente Gustavo Petro asumió el compromiso de recaudar un total de 3 millones y medio de hectáreas de tierra para dar inicio a un proceso de reforma agraria que permita superar las falencias del sector en Colombia.

Para esto no solo firmó un acuerdo con el gremio ganadero en cabeza de uno de sus más enconados opositores, (José Félix Lafaurie), sino que además quiere utilizar muchas de las fincas y haciendas incautadas a los narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros que hoy se encuentran en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que hoy está en medio de una gran polémica por cuenta de una mala utilización que se habrían hecho en períodos anteriores de los bienes que hoy están bajo su custodia.

La SAE es una entidad de categoría mixta, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tiene como misión, administrar bienes que se encuentran en proceso de extinción, tarea que ejecutaba la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes.

Fue creada en el Gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2014 con el fin de ponerle fin al desorden administrativo y de corrupción que existía en la Dirección Nacional de Estupefacientes, entidad que enfrentó un gran escándalo por manejos irregulares en la entrega de bienes incautados a la mafia que muchas veces caían en manos de políticos que apoyaban a los gobiernos de turno o de personas cercanas a quienes les eran incautados.

En medio de este escándalo cayeron personajes como los excongresistas, Lucero Cortés, Javier Cáceres, Camilo Bula, exliquidador en la DNE, Carlos Albornoz, quien fue director de la DNE, Carlos Enrique Robledo Solano, quien era el subdirector jurídico, y un nutrido grupo de personas que hacían parte de la entidad liquidada, lo mismo que congresistas de ese momento.

Todos estos hechos pusieron a pensar al presidente de ese momento, Juan Manuel Santos y a su equipo de Gobierno, en qué hacer con los bienes que la Fiscalía incautaba.  Es entonces cuando surge la idea de crear una entidad donde tuviera acceso el capital privado pero que la mayor participación fuera del Estado y se crea la Sociedad de Activos Especiales – SAE.

Fuentes de la Fiscalía, confirmaron a Confidencial Colombia que liquidar a Estupefacientes para crear la SAE, era como si un enfermo de lepra se quitara una camisa para lucir una nueva, pero sin curarse de la enfermedad. Según ellos, “el asunto no está en acabar con una entidad para darle vida a otra sino en cómo evitar que estos bienes, caigan en manos de los amigos o familiares a quienes les son incautados”.

Muchas de las fincas y haciendas que les fueron arrebatados a los narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros, se encuentran en lugares lejanos a la capital del país, donde la acción del Estado es casi nula, de manera que cuando la SAE anuncia que uno de estos inmuebles se encuentra en proceso de ser arrendado, muchas veces llegan amigos del procesado judicialmente, y como son personas que no tienen antecedentes y cumplen con los requisitos, de inmediato les son adjudicados.

La otra dificultad es la vigilancia de estos bienes luego de que son incautados. “No se puede poner a un batallón de Ejército a cuidarlos”, de modo que en la mayoría de casos se acude a un cuidador quien por su grado de vulnerabilidad puede ceder a las amenazas de las personas cercanas al actor ilegal, quien tenía la posesión del bien y prestarse a sus órdenes.

El tercer asunto es el tráfico de influencias políticas y económicas de las que el país ya conoce con anterioridad y que no han permitido que estos bienes se utilicen para la reparación a las víctimas del conflicto armado en proyectos productivos.

El presidente, Gustavo Petro, le solicitó al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, trabajar prontamente en el inventario de bienes que están en manos de la SAE y de los que al parecer no existen sino en el papel, esto porque el trabajo de verificación cuando fueron entregados de manos de Estupefacientes, no se hizo.

La Gerencia de Inmuebles Rurales de esa entidad tendría disponibles unas 50.000 hectáreas de tierra en extinción de dominio a favor del Estado, de las cuales, unas 33.039 hectáreas cumplen con las características de productividad y aprovechamiento para las víctimas del conflicto armado, sin embargo, es necesario esperar a que la Fiscalía y los órganos de control (Procuraduría y Contraloría), tomen cartas en el asunto y se pueda poner un poco de orden a lo que encontró el Gobierno de Gustavo Petro en la SAE.

 

 

Fiscal Barbosa apoya los diálogos con el ELN

Durante su intervención en el acto de clausura del Congreso Nacional de la Federación Nacional de Comerciantes-  FENALCO, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, dijo que está de acuerdo con la reanudación de los diálogos con el ELN.

“Estoy de acuerdo con esos diálogos con el ELN que se ha establecido por el Gobierno Nacional con las diferentes organizaciones. Soy una persona que creo firmemente en la paz como un derecho fundamental, por lo que en su momento acompañé el proceso de paz de La Habana y acompaño también la iniciativa del ELN”, indicó el jefe del ente investigador.

Barbosa considera que se deben establecer condiciones para quienes estén inmersos en delitos graves como   homicidios, desplazamientos, despojo de tierras, masacres, etc.”.

“La idea de que la paz tiene que ser un derecho fundamental al cual podamos llegar todos. Siempre sobre la base de unos principios, indicó”.