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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Fiscalía

Pedro Castillo sostiene que no es culpable del delito de rebelión y exige archivar el caso

El expresidente de Perú Pedro Castillo ha insistido este martes en que no cometió los delitos de rebelión ni conspiración y ha pedido a la Justicia andina que archive el caso en su contra.

«Me ratifico hoy una vez más en que no cometí delito de rebelión ni conspiración. Hoy estoy convencido de cómo la Procuraduría y el Ministerio Público no pueden sustentar un supuesto delito», ha declarado en una audiencia virtual desde la prisión de Barbadillo, donde cumple órdenes de prisión preventiva.

 

Castillo, que ha asegurado que la Fiscalía no posee suficientes pruebas en su contra, ha subrayado que está «privado injustamente» de su libertad, solicitando al juez que le aparte de la investigación.

«Pido que hoy emita una decisión correcta en función a los argumentos que ha hecho mi defensa. Una decisión sin ningún tipo de apasionamientos, sin parcialización en mi contra, y una decisión firme en honor a la justicia, sin ninguna presión mediática», ha indicado, según ha informado ‘El Comercio’.

Pedro Castillo se encuentra detenido después de que el pasado 7 diciembre anunciara la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Su decreto, que no recabó ningún apoyo, terminó por llevar al Parlamento a apoyar una moción de censura en su contra y a la posterior detención por la Policía del país.

Fiscalía interviene mataderos clandestinos en el Magdalena Medio

Foto: Contexto Ganadero

La Fiscalía General de la Nación intervino dos mataderos clandestinos en el Magdalena Medio donde se obtenía y coordinaba la distribución de carne de res y de cerdo a distintas entidades y organizaciones de Antioquia y Santander.

 

Estos funcionaban en las veredas La Cóndor y Limoncito, en Yondó (Antioquia), donde era sacrificado ganado vacuno y porcino a gran escala sin los permisos de ley, y en medio de precarias condiciones de salubridad.

En las verificaciones fueron encontrados en corrales 44 cerdos, 24 vacas y un búfalo; y se incautaron cerca de tres toneladas de carne. De igual manera, se estableció que la actividad ilegal afectó el suelo, y aceleró un proceso de perdida de vegetación y erosión por el abandono indiscriminado de pieles, cascos y otras partes de los animales.

De igual manera, se evidenció que en los dos predios no había tratamiento de aguas residuales y las fuentes hídricas recibieron una carga contaminante producto del vertimiento de líquidos. A esto se suma la presencia se aves de carroña, insectos y malos olores.

La Fiscalía estableció que estos centros de sacrificio operaban sobre un corredor ecológico para especies silvestres, como el manatí; y estaban ubicados en una Zona de Reserva Campesina, donde no se pueden desarrollar labores industriales.

Por estos hechos, fueron capturadas en situación de flagrancia nueve personas, entre ellos Juan Carlos León Cuellar y Luis Alfredo Melgarejo Blanco, los propietarios de los mataderos; y Lino José Hernández Páez, administrador de uno de los inmuebles.

Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de contaminación ambiental; y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

En libertad el presunto asesino de dos periodistas en Magdalena

Un juez del Magdalena dejó en libertad por vencimiento de términos al sujeto señalado de asesinar a los periodistas magdalenenses Dilia Contreras y Leiner Montero.

Los dos reporteros fueron asesinados en la madrugada del 28 de agosto del año 2022, mientras iban en un vehículo que los conducía del corregimiento Santa Rosa de Lima, hacia el municipio de Fundación, Magdalena.

 

Los familiares de los periodistas hicieron un llamado a la Fiscalía General de la Nación, para que el presunto asesino no quede en libertad y sea condenado en una cárcel por el doble homicidio.

El buen “negocio” de los corruptos exgobernadores de Guainía

Sorpresivamente, durante la misma audiencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía en noviembre de 2019, un exgobernador y el gobernador en ejercicio del Guainía fueron asegurados intramuralmente por orden de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá acusados de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, en presuntas irregularidades en trámites de 45 contratos de suministro y obras públicas, suscritos con las empresas Marina del Oriente, Grupo M.S.I., Fundación Tecnológica Social, e Ingeniería WH SAS., por $86.000’000.000.

Se trataba de Óscar Armando Rodríguez Sánchez (2013-2016) y de Javier Eliécer Zapata Parrado (2017-2019). En julio de 2020 les fueron embargados 87 bienes avaluados en $22.000’000.000 en Chía, Cajicá, Inírida y Villavicencio por su vinculación a procesos penales de macrocriminalidad, en la que, con complicidad de particulares, habrían suscrito múltiples contratos de suministro y obras públicas que no se ejecutaron, quedaron a medias o presentaron diversas inconsistencias en la fase precontractual; al parecer, relacionados con la construcción de los acueductos de los municipios de Pueblo Nuevo, Minitas, Carpintero, Mapiripana y La Unión. Previamente la Fiscalía había podido establecer que las propiedades estaban a nombre de terceros o personas cercanas (El Espectador, 2022).

 

Noticia “histórica”

En esta semana apareció la noticia “Histórico | Dos exgobernadores procesados por corrupción en Guainía devolverán más de 14.000 millones de pesos” (Semana, 2023). Insólito que nos resulte histórico. Los defraudadores al Estado no nos tienen acostumbrados a este tipo de noticias. Dice que la Fiscalía logró “que los dos exmandatarios devolvieran parte de lo hurtado a los habitantes del departamento” y que fueran condenados a 9 y 11 años de prisión y a pagar multas de 2.036 millones de pesos y 4.103 millones de pesos, respectivamente.

Delitos por montones

La lista es impresionante: el exgobernador Óscar Armando Rodríguez aceptó el delito de concierto para delinquir agravado, por 35 peculados, 38 casos de interés indebido en la celebración de contratos y 5 eventos de cohecho propio; y Javier Eliécer Zapata Parrado reconoció su autoría en 24 eventos de interés indebido en la celebración de contratos, 15 actos de peculado por apropiación en favor de terceros, 3 más de cohecho propio, 1 de corrupción de sufragante, 4 de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y 1 de fraude procesal. Nos da una idea del trabajo extenuante que tuvieron para lograr todo este prontuario.

Modus operandi

Para lograr semejante febrilidad corrupta el exgobernador Rodríguez Sánchez creó una diversidad de empresas y las puso a nombre de conocidos y familiares, con el propósito de quedarse con contratos de obras civiles, construcción de acueductos y cubrir proyectos de saneamiento básico para comunidades indígenas y población vulnerable. Verdadero comportamiento de mafioso, todo calculado y sórdido.

Esa es nuestra realidad.

Impunidad engendra corrupción. Impunidad “en parte”, también.

Este caso nos serviría como ejemplo para advertir que sí están funcionando las instituciones de control y justicia. Pero ya habrá advertido el lector que la devolución es parcial: en “parte” como escribe la revista que dijo la Fiscalía. Tampoco deja de sorprender que sea un caso de gobernadores en Guainía. Los más suspicaces pensarán que no tenían suficientes conexiones que los hubieran llevado a esquivar la justicia. Es posible.

Gran parte del asunto recae en la capacidad de las instituciones para responsabilizar a los servidores públicos (citado en el paper “La calidad de las instituciones, su impacto en la relación entre corrupción y crecimiento económico: una revisión teórica” (Mendoza y Portillo, U. Autónoma de Occidente, México, 2020) con clara influencia de Acemoglu). Mientras haya impunidad habrá todos los incentivos para ser corruptos, no obstante, incluso, se deba pasar por la cárcel un tiempo puesto que al final el balance del “negocio” da positivo.

No puede haber margen en este sentido. Los corruptos tienen que devolver todo lo robado, tener la multa por traición a sus electores (sentido ético además del jurídico) y pasar años en la cárcel. Si el balance no es negativo, seguirá habiendo impunidad relativa finalmente positiva, y seguirá habiendo corrupción, y peor, con grandes montos para que alcance a todos los “trámites” que se han escuchado por décadas: comprar ilegalmente al sistema de justicia, negociar devoluciones parciales con la Fiscalía, pagar las multas impuestas por el juez, y al final de purgar la pena con unos pocos años de cárcel (con buen comportamiento se irán a la mitad del tiempo), salir con un buen botín de todas maneras.

Defenestrando la democracia

En la editorial de El Espectador en estos días, hablando sobre el insuceso propiciado por un ex militar que fue presidente de todos los exmilitares (de Acore), advierte “Cuidado con defenestrar la democracia” (El Espectador, 2023) sobre el hecho específico, pero que deja una reflexión en el aire: ¿acaso no estamos perdiendo nuestra democracia en manos de la corrupción, tal vez poco a poco, y sin darnos cuenta? (como defenestrar paulatinamente, lo cual sería un imposible literal). Perder la democracia significa perder la libertad, que tanto asusta a las derechas privilegiadas, pero que por ostentar el poder económico que ha condicionado al poder político en toda nuestra historia y a juzgar por el estado de descomposición generalizado, se les puede achacar que poco han hecho en contra de la corrupción.

Para empeorar las conclusiones del caso expuesto hay que tener en cuenta que la corrupción es multipropósito: los dineros públicos se pierden, las obras no se ejecutan o se ejecutan mal, los proyectos no son priorizados porque lo que interesa es el contrato para robar, y por lo tanto los objetivos de desarrollo y bienestar, como sacar a colombianos de la pobreza y generar oportunidades para la gente, no solo no se cumplen, sino que su cumplimiento se dilata aún más porque la plata no alcanza. La que se robaron, se perdió, la que se invirtió mal, se perdió y para las prioridades ya no alcanza. Sin niveles mínimos de bienestar y con tanta pobreza, los riesgos de terminar de perder nuestra endeble democracia son latentes.

La apatía de la mayoría de los colombianos está permitiendo que los corruptos efectivamente defenestren nuestra democracia.

 

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Fiscalía pide 16 años de prisión para expresidente salvadoreño

La Fiscalía General de El Salvador ha solicitado este viernes al Tribunal la pena de 16 años de cárcel para el expresidente, Mauricio Funes Cartagena, y 20 años para el exministro de Justicia y Seguridad, David Victoriano Munguía Payés, procesados por el pacto que realizaron en 2012 con pandillas para la reducción de homicidios.

En concreto, acusan a Mauricio Funes de delito de agrupaciones ilícitas y de incumplimiento de deberes, por el que piden por cada uno ocho años de prisión.

 

Para Payés, además de los delitos que comparte con el expresidente, la Fiscalía solicita cuatro años más por el delito de actos arbitrarios, según ha informado el periódico salvadoreño ‘El Mundo’.

Los hechos por los que se les acusa ocurrieron durante una tregua entre noviembre de 2011 y mayo de 2013 pactada entre las pandillas Mara Salvatrucha y el Barrio 18 con el Gobierno.

La Fiscalía ha explicado en sus alegatos finales que durante el juicio han quedado probados los delitos gracias a las declaraciones en calidad de testigos de un pandillero de la Mara Salvatrucha que participó en la tregua y la del obispo de San Miguel, Fabio Colindres, quien en calidad de mediador participó en las primeras reuniones y relató que fueron autorizadas por los dos procesados.

Han añadido que ambos funcionarios «omitieron y se excedieron en sus obligaciones», además de «violentar el protocolo de seguridad, estando al cargo de instituciones», no haciendo nada para acabar con las acciones que se realizaron en los centros penales como parte de la tregua, en referencia a los actos ilícitos que se cometieron bajo la Ley Penitenciaria.

Por el delito de agrupaciones ilícitas, la Fiscalía ha sostenido que ambos funcionarios «promovieron, facilitaron y ayudaron» a que las pandillas obtuvieran beneficios en los centros penitenciarios, que fueron entregados a través de los mediadores.

El abogado defensor del expresidente ha alegado que la Fiscalía no ha conseguido «quebrantar su inocencia», ya que en el caso de agrupaciones ilícitas, no se ha probado que haya sido miembro de alguna de las pandillas que supuestamente participaron en la tregua, ni ningún testigo probó con documentos o de vistas que Funes diera órdenes sobre las facilidades a pandilleros en los centros penales.

En el caso del delito de incumplimiento de deberes, ha afirmado que las autorizaciones de traslados o de permitir el ingreso de civiles a los centros penales no era parte de las facultades que tenía el expresidente.

Por su parte, la defensa de Payés ha alegado que la Fiscalía no ha acreditado la existencia del delito de incumplimiento de deberes, ya que los testigos no han probado que el exministro «tuviera conocimiento», ni que «haya avalado, continuado, o permitido el ingreso de ilícitos a centros penales» por lo que han pedido una sentencia absolutoria para su defendido.

Pregunta a la Fiscalía ¿El Ñeñe era el proveedor de sicarios en la costa?

Hoy quiero hablarles acerca del expediente que reposa en la Fiscalía desde el año 2008 con una investigación que contiene información sobre aproximadamente 200 asesinatos, muchos de ellos contra líderes y lideresas sociales, cometidos presuntamente por el Clan del Golfo en la Costa Caribe, una de las zonas en las que la organización delincuencial tiene mayor incidencia, y que a la fecha no ha dado mayores resultados.

Durante el desarrollo de la investigación se han interceptado de forma legal más de dos centenares de líneas telefónicas de personas vinculadas a la organización al margen de la ley que dan cuenta de los homicidios presuntamente cometidos y que vincularían al Ñeñe Hernández como proveedor de sicarios para el Clan del Golfo.

 

Desde el 2020, el fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez recibió el expediente y ordenó que se volvieran a escuchar las interceptaciones telefónicas por una tercera, cuarta y quinta vez. En todas las ocasiones que se ha escuchado el material se ha llegado a las mismas conclusiones, por lo que expertos coinciden en que no conocen de un caso donde se haya llevado tantas veces el procedimiento de escucha de las llamadas sin que se llegué a una acción concreta por parte del ente investigador.

Dentro de las acciones irregulares que presuntamente ha realizado el fiscal Hernández para entorpecer la investigación está el prohibir hablar con testigos, negarse a interceptar otros 100 teléfonos, realizar inspecciones judiciales de los homicidios y entrevistarse con las familias de las víctimas, por lo que los hechos son por lo menos motivo de alerta y generan muchas dudas respecto al actuar del funcionario.

Y aquí es donde me parece importante realizar una serie de preguntas al fiscal y a la institución, ¿por qué a pesar de realizar el procedimiento de manera reiterativa el caso no avanza?, ¿por qué se evita escuchar a los testigos o a las víctimas?, ¿por qué torpedear las acciones que permitirían profundizar la investigación?, ¿qué vínculos han podido establecer entre el Ñeñe Hernández y el Clan del Golfo?

Además, en las horas y horas de escucha se ha logrado identificar 14 empresarios criminales del Clan del Golfo que siguen actuando gracias a la presunta inacción de la Fiscalía y del fiscal encargado del caso.

Desde el legislativo estaremos atentos y vigilantes a las acciones o inacciones que desde el ente investigador hagan con este caso porque es justo que el país tenga respuestas claras y que respecto a los hechos que se presentan en los territorios y las entidades y funcionarios tienen el deber de rendir cuentas.

Condenan a exjueces por ordenar pago a extrabajadores de Telecom

El Tribunal Superior de Cartagena condenó a Alí Antonio Silva Cantillo y José Luciano España Tovar, dos exjueces promiscuos de El Carmen de Bolívar (Bolívar), que fallaron de manera irregular tutelas que afectaron el patrimonio de la extinta Telecom.

El fallo se dio tras una investigación a una abogada que en el año 2009, presentó  una tutela en nombre de 19 extrabajadores de Telecom, para que se les reconocieran prestaciones sociales, aportes a seguridad social y aumento salariales con los respectivos intereses causados desde 2006.  Estas personas  pertenecieron a una agremiación sindical, habían perdido el fuero, y la entidad los retiró y liquidó en su momento.

 

La investigación de la Fiscalía demostró que el entonces juez Silva Cantillo dio trámite a la tutela y ordenó el pago de 5.202 millones de pesos en favor de los accionantes. Adicionalmente, dispuso el embargo de las cuentas de Telecom hasta que se desembolsaran los dineros. A su vez, España Tovar, en segunda instancia, ratificó el fallo.

La Fiscalía estableció que los dos exservidores judiciales no eran competentes para conocer la tutela porque los reclamantes no vivían en El Carmen de Bolívar, la liquidación que recibieron de Telecom estaba ajustada a la ley vigente y habían perdido beneficios sindicales por lo que no podían mejorar sus mesadas. Adicionalmente, la acción de amparo se presentó tres años después de ocurridos los hechos y era extemporánea.

En ese sentido, Silva Cantillo fue sentenciado a 12 años de prisión y España Tovar a 11 años. Los dos fueron declarados responsables de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros, deberán cumplir la pena en centro carcelario y pagar multas superiores a los 5.240 millones de pesos.

Genocidio en Colombia: el presidente tiene razón, el fiscal y la Corte Suprema se equivocan

La arrogancia del fiscal Francisco Barbosa raya con la ridiculez, y ofende a la inteligencia y a las instituciones, porque ningún funcionario de los otros poderes del estado está por encima del presidente de la república.  

La independencia de poderes no significa que cada uno haga lo que le dé la gana, y pueda negarse a solicitudes del presidente de la república cuando asuntos de estado de extrema gravedad, como el genocidio de 200 personas perpetrado en los tres últimos años del gobierno de Álvaro Uribe, y sobre lo cual la Fiscalía nada ha dicho.  

 

El presidente preguntó, el presidente solicitó, y nunca ordenó acciones en torno al genocidio de 200 personas. La solicitud del presidente debe cumplirse porque está dentro del marco constitucional de sus potestades, como lo ha explicado en sus comunicados los cuales evidencian solvencia jurídica, o pronunciamientos tan contundentes como el del ex fiscal general Eduardo Montealegre.      

El fiscal general enloqueció desde cuando fue nombrado por la Corte Suprema: dice que no hay colombiano más inteligente y preparado de su generación; luego, que él ocupa el segundo cargo más importante de la nación, es decir, por encima de la vicepresidenta de la república y de los presidentes de los otros dos poderes, por eso se comporta como un igualado con el Presidente Petro; después, que él no le rinde cuentas al presidente y que éste no es su jefe porque él no tiene jefe en Colombia y en el universo, por eso cree tener el mandato para agredir al primer mandatario cuantas veces le da la gana con el fin de ocultar su absoluta ineficiencia en monumentales investigaciones por corrupción, crimen, fraude procesal y genocidio. 

Tan graves son los desafueros del Fiscal y de la cúpula de la Fiscalía, como la defensa que hizo la Corte Suprema de Justicia, que llamó la atención al Presidente de la República, pero ni una palabra para reconvenir al desenfrenado Fiscal, desconociendo la Constitución y empujando a Colombia a un inmenso desarreglo en el poder judicial.   

El actuar de la Corte es tan grave, que el presidente y su equipo jurídico han tenido que explicar el orden constitucional en el cual se enmarcan sus preguntas al Fiscal.  

Se sabe desde hace años, y lo han dicho distintos analistas e investigaciones – otro triste legado de la Constitución de 1991- es la manera cómo se nombra la máxima autoridad en los organismos de control: Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y más. Unos eligen a otros y otros a unos, y en esa transacción van decenas de cargos comprometidos cuando los eligen. Al Fiscal lo nombra la Corte Suprema, y el sesgo de esta Corte a favor del Fiscal y en contra del Presidente Petro, abre el grifo de las suspicacias. 

En una reforma política, largamente aplazada, las altas Cortes deben salirse del circuito perverso de nombrar ciertos altos cargos, que ha derivado en el cambio de puestos para familiares y amigos. 

La crisis institucional, incluidos quienes defienden las instituciones, nace en el seno de los tres poderes con el cruce de favores burocráticos. Una reforma política tantas veces aplazada es tan urgente como las reformas sociales, de lo contrario hay que apurar el diseño de un nuevo pacto social porque está dañado el manejo del Estado desde sus tres poderes y de otros intereses con enorme poder, como se evidencia en la oposición a las reformas sociales, configurando un perverso caos de beneficios cruzados entre poderes públicos y privados, derivando en un protuberante desarreglo institucional.  

Preguntas al Fiscal y a la Corte Suprema en torno al genocidio de 200 personas          

El asesinato masivo ocurrió en el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entre los años 2008 y 2010.  ¿Quién o quiénes fueron los determinadores? ¿cuándo se preparó y quiénes estuvieron al frente del atroz crimen masivo? ¿por qué se cometió? 

¿Cuándo inició la Fiscalía la investigación y quiénes pusieron el caso en los escritorios del organismo? 

¿Qué hizo el Fiscal Martínez Neira? 

¿Por qué recién en 2020 el genocidio llega a manos del Fiscal Hernández? ¿por qué transcurridos tres años no hay resultados? 

¿Por qué el Fiscal General en sus ataques al proceso de paz, nunca dijo nada de este genocidio perpetrado por el Clan del Golfo? 

Este genocidio de 200 personas, es tan aberrante como los perpetrados en el Bajo Cauca cuando Uribe fue gobernador de Antioquia.  

Lo único cierto es que el nombre de Uribe siempre aparece en uno, otro, otro y otro caso de crímenes colectivos de lesa humanidad. 

Qué tal la Corte Suprema ascendiendo al Fiscal al rango de magistrado mientras se sumía en silencio ante la falta de investigación de las 200 personas asesinadas.  

La respuesta del presidente al comunicado de la Corte, es impecable. No arma pleito con esta, pero sí explica su actuar y argumenta sus preguntas al Fiscal. El sustento jurídico de los comunicados del presidente, es contundente. No está solo.   

Justicia Internacional 

En el fondo de esta gritería del Fiscal, amparada por la Corte Suprema, lo que se busca es minimizar los 200 muertos, cuyo crimen estaba anunciado y la fiscalía lo conocía, la fiscalía lo permitió, la fiscalía calló, y la Corte tampoco dijo nada de su par, ungido por su presidente al estatus de magistrado. Es decir, Colombia tiene un Fiscal Magistrado General de la Nación. Lo que faltaba. 

Si el caso continúa centrado en la arrogancia del Fiscal, del desconocimiento de la solicitud del presidente, y el amparo de la Corte Suprema al Fiscal superior, la Justicia Internacional debe actuar, porque este genocidio hace parte de la cadena de genocidios ordenados a finales de los años 1990 y en la primera década del presente siglo.    

Si el sistema de justicia de Colombia se va contra el presidente y minimiza la crueldad de 200 asesinatos, el caso debe ir ya a la justicia internacional porque tienen elementos adicionales e incuestionables para actuar en Colombia y llamar a juicio a los determinadores de cientos de miles de asesinados y desaparecidos, y millones de víctimas. 

Medios y analistas están centrados en lo que dice el fiscal y en las respuestas del presidente, no en los 200 crímenes y en la urgencia y prioridad de las reformas sociales. 

Fiscal Hernández instaura denuncia contra Petro

El fiscal delegado Daniel Hernández, instauró una denuncia penal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro, por el delito de violación de datos personales.

Hernández al presidente Gustavo Petro por mostrar la foto de su hijo en una publicación que compartió el mandatario en Twitter.

 

«Explorado el hipervínculo de la noticia publicada por el presidente en su cuenta personal oficial, se puede observar que dirige a una publicación del 3 de mayo de 2023 del portal PRENSA AMÉRICA en la que se replica la notica de La Nueva Prensa, y en la que, además de mantener la misma línea fáctica errónea, también se publican las fotos de los chats y la foto de mi hijo», sostuvo el fiscal Hernández.

Anunció además que interpondrá una tutela para obligar al primer mandatario a borrar el trino en donde revela la foto de su hijo.

Este asunto fue el detonante para que se presentara un nuevo enfrentamiento verbal entre el Fiscal General, Francisco Barbosa y el presidente de la república.

 

Cárcel para alias ‘Pinocho’

Un juez dictó medida de aseguramiento contra Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado máximo cabecilla y financiador de la estructura criminal ‘Los Pachenca’, autodenominada como Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

Los elementos de prueba indican que, entre 2017 y 2020, habría promovido homicidios, venta de estupefacientes, tráfico de armas y municiones, cobro de extorsiones y desplazamientos forzados, entre otras acciones violentas contra la población civil en Magdalena, La Guajira y parte de Bolívar.

 

De igual manera, se estableció que alias Pinocho, al parecer, ordenó el asesinato del líder ambientalista Alejandro Llinás Suárez, ocurrido el 23 de abril de 2020, en el corregimiento de Guachaca, en Santa Marta (Magdalena).

El homicidio estaría relacionado con la férrea defensa que hacía la víctima de las áreas protegidas en la Sierra Nevada de Santa Marta y el parque Tayrona. En el curso del proceso se conoció que en varias oportunidades presentó derechos de petición y acudió a distintas autoridades del orden nacional para solicitar una intervención urgente en la región.

Cae uno de los más buscados en el Magdalena Medio

La Fuerza Pública abatió Fernán Rodríguez Díaz, conocido como alias ‘Juan Pablo’ o alias ‘JP’, en medio de un enfrentamiento con las autoridades sobre la vía a la quebrada La Gómez, en Santander.

Alias ‘Juan Pablo’ era uno de los delincuentes más buscados en el Magdalena Medio. Las autoridades ofrecían una recompensa de 20 millones de pesos por información que permitiera la captura de este, que, era considerado, uno de los cabecillas más peligrosos de la región.

 

Pertenecía al grupo delincuencial conocido como ‘Los Ñongos’, estos operan en el municipio de Puerto Wilches, Santander y es señalado de ser el autor del asesinato de Robinson Jiménez Bautista, líder social del territorio, y de ser el responsable de las amenazas de muerte contra el alcalde del municipio de Puerto Wilches, Jairo Toquica Aguilar.

 

Rescatan migrantes venezolanos detenidos en México

La Fiscalía del estado mexicano de Sonora ha informado de una operación en la que han sido rescatados 63 migrantes que estaban siendo retenidos en la localidad de Sonoyta.

La operación tiene su origen en una denuncia presentada el 25 de abril por el Consulado de Ecuador por la privación ilegal de libertad de al menos 30 ciudadanos ecuatorianos, ha informado la Fiscalía.

 

En la mañana del jueves 27 de abril la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) de la Fiscalía de Sonora llevó a cabo un operativo conjunto en Sonoyta, municipio de Plutarco Elías Calles, Sonora, que permitió el rescate de 63 personas de diferentes nacionalidades.

También participaron efectivos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional y Policía Municipal de Sonoyta.

Las personas rescatadas sanas y a salvo son un total de 50 adultos y 13 menores de edad, de ellos 43 son originarios de Ecuador, 9 de Colombia, 5 mexicanos, 4 de Venezuela, uno de Perú y uno de República Dominicana.

Las víctimas recibieron atención sanitaria y se certificó su óptimo estado de salud. La Fiscalía de Sonora ofreció acompañamiento y atención psicológica por parte del Centro de Atención a Víctimas (CAVID) y la orientación legal sobre su situación migratoria.

Por su parte, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro continúa con las investigaciones sobre los hechos que derivaron en la privación ilegal de la libertad de estas personas, y busca identificar a quienes participaron en la retención forzada de los migrantes.

Aplican Extinción de Dominio a 12 inmuebles en Bogotá

En un operativo en donde participaron uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá en coordinación con la Fiscalía, fueron ocupados 12 inmuebles y 4 establecimiento de comercio que habrían sido destinados al almacenamiento y comercialización de autopartes hurtadas.

De acuerdo con las labores investigativas de los agentes encubiertos de la policía de Bogotá, a los citados predios llegaban personas a vender repuestos y accesorios para carros y motocicletas sin soportes o documentación que acreditara su origen lícito.

 

En estos lugares, al parecer, también se alteraban los números de serie de motores y chasises de vehículos de gama alta reportados como robados; y en varias diligencias fueron encontrados automotores desarmados, y sus partes remarcadas y listas para ser ofrecidas en el mercado ilegal.

Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 14.500 millones de pesos, fueron afectadas con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión. Los procedimientos de ocupación se realizaron en las localidades de Los Mártires, Kennedy, Antonio Nariño, Barrios Unidos y Suba.

Funcionaria del Ministerio de Salud asegura que las denuncias del representante Andrés Forero son falsas

Luego de que el representante a la cámara Andrés Forero señalara a Johanna Barbosa, directora de  promoción y prevención del Ministerio de Salud, de supuesto ofrecimiento de coimas para mantener y para otorgar contratos a proveedores relacionados con esa entidad, la funcionaria interpuso una demanda por calumnia e injuria.

El congresista de oposición hizo esta afirmación mostrando un documento anónimo, asegurando tener como prueba un chat en el que se le piden unos beneficios económicos para unos contratistas. También aseguró que hay rumores del cobro de coimas a contratistas que tienen EPS en esa dirección.

 

Barbosa, solicito formalmente a la Fiscalía General de la Nación, adelante las acciones necesarias para identificar el autor material e intelectual de dicho documento, así como la autenticidad del chat del profesional de mi dependencia relacionado en la denuncia, estableciendo con claridad si cada una de las afirmaciones allí realizadas son falsas.

Mediante un comunicado la funcionaria dice que el correo electrónico con el que se radicó la denuncia en mención, “no es posible notificar el trámite que surtió la radicación, pues aparece como correo no válido, por lo tanto, rebota el mensaje, tal como lo informa el equipo técnico del señor viceministro de Salud Pública”.

Dice además que el número telefónico aportado en la denuncia no es contestado “por ende no ha sido posible establecer contacto con el denunciante, a pesar de múltiples intentos de comunicación realizados por el equipo técnico del despacho del viceministro de Salud Pública”, y señala además que los mensajes del chat adjuntado en la denuncia no poseen fecha.

“Durante 14 años de ejercicio profesional, jamás he sido notificada por la Fiscalía Regional del Tolima en ningún asunto o acto irregular, como lo afirma la denuncia falsa, hecho que configura injuria y calumnia. Esta información puede ser corroborada por los diferentes entes de control, proceso que efectivamente se surtió por parte de la oficina de Presidencia, previo a mi posesión. A la fecha no cuento con ningún tipo de antecedentes como puede verificarse” , indicó.

Barbosa solicito a la Fiscalía General de la Nación investigar de manera detallada los contenidos de los documentos con los cuales se configuraron las acusaciones para así conocer de fondo los actores involucrados en este proceso.

 

“Videos que registran la fuga de alias Matamba fueron borrados”: Fiscalía

La Fiscalía advirtió durante la audiencia del exparamilitar John Fredy Gallo Bedoya, alias ´Pajaro, que los videos que pudieron registrar la ruta de escape de ‘Matamaba’ desaparecieron.

“De las pocas cámaras que la Fiscalía logró recopilar porque la instrucción que dio el señor Jhon Fredy Gallo Bedoya en compañía o en asocio con Edgar Múnevar (alias El Caballista) era eliminar todas y cada una de las cámaras que posiblemente puedan dejar en evidencia la fuga”.

 

De acuerdo con la Fiscalía, “habría evidencias que indican que funcionarios al interior del Centro Administrativo de Despacho (CAD) destruyeron pruebas.

“lograron descargar videos para posteriormente entregarlos a esas estructuras y que, la Fiscalía al momento de hacer esas verificaciones correspondientes no pudiera tener esos videos y corrobora.