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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Fiscalía

Aída Victoria llora porque podría pasar 17 años en la cárcel

La Fiscalía pidió a la justicia la condena de 17 años para Aida Victoria Merlano por la fuga de su madre, la excongresista, Aida Merlano.

La justicia encontró responsable a la joven de los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos.

El juez anunció que el próximo 13 de septiembre a las 2 de la tarde se conocerá el monto de la pena de la sentencia que deberá cumplir la ‘influencer’.

Luego de conocer la sentencia en su contra, Aída Victoria, rompió su silencio y con lágrimas en los ojos expresó su dolor por años que tendrá que pasar tras las rejas si el juez acepta la petición del ente acusador de ponerla 17 años en la cárcel sin el beneficio de prisión domiciliaria.

“Sí, me condenaron hace unas horas. A diferencia a lo que la gente puede pensar que son cuatro años o que es un delito en el que no me van a dar cárcel o que me van a dar casa por cárcel, lo que pide realmente la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel”, confesó Merlano.

Merlano agradeció por todos los mensajes de apoyo y buenos deseos que ha recibido.

 

El presidente de Perú declara ante la Fiscalía por presunta corrupción

El presidente de Perú, Pedro Castillo, declaró ante la Fiscalía por los presuntos delitos de corrupción que se le imputan, si bien el mandatario también se acogió a su derecho de no responder a las preguntas formuladas por el Ministerio Público.

Castillo se presentó a la cita con la Fiscalía para responder por los presuntos casos de corrupción en el seno de la empresa estatal petrolera Petroperú y una serie de obras adjudicadas por el Ministerio de Vivienda.

De acuerdo con las explicaciones del abogado de Castillo, Benji Espinoza, el mandatario realizó una declaración «abierta, clara y espontánea» donde ha aprovechado para «proclamar su inocencia en cada caso», si bien más tarde el jefe de Estado ha optado por «reservar» sus respuestas a las preguntas de la Fiscalía.

«Más que callar, lo que ha hecho el presidente es reservar una declaración para más adelante (…) Todo tiene su tiempo. Llegará el tiempo para que el presidente dé toda la explicación, pero ese tiempo no es hoy, no es ahora», detalló Espinoza.

Finalmente, el abogado aseguró que su defendido niega cualquier tipo de responsabilidad en los delitos de los que se le acusan. «Por supuesto que las imputaciones son graves, pero más que graves son infundadas y eso el tiempo lo determinará porque las hipótesis que tiene la Fiscalía no las va a poder confirmar».

Este mismo martes la Fiscalía peruana ha incluido al primer ministro, Aníbal Torres, y al ministro de Justicia y Derechos, Félix Chero, en la investigación que sigue los supuestos delitos de organización criminal y encubrimiento personal del presidente Castillo.

De este modo, Torres y Chero se han sumado al caso que investiga el equipo especial contra la corrupción del poder de la Fiscalía y por el que ya está siendo investigado el extitular prófugo de la cartera de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

Asimismo, se les añade a la causa abierta contra Castillo para colocar a personas de su confianza en puestos clave. Esta investigación contra el presidente dio comienzo tras la salida de Mariano González del Ministerio del Interior, quien acusó a Castillo de estar obstruyendo la justicia.

Nuevo regaño de Claudia López al operador de Doña Juana

Una vez más la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo un fuerte llamado de atención al operador del relleno de basuras en Doña Juana, el operador Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR).

Para la mandataria de la capital del país, el operador está incumpliendo con lo acordado y no ha construido la planta de tratamiento de lixiviados.

“O cumplen o los demandamos y los llevamos a la justicia, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias en defender a los bogotanos, y vamos a seguir en todas las instancias», dijo la alcaldesa.

López indicó además que ya habló sobre el tema con el nuevo Contralor para que haga el seguimiento respectivo y obligue al contratista a cumplir con las condiciones que fueron pactadas en el momento en que estas se firmaron.

El Distrito presentó una demanda en la fiscalía general de la Nación contra el CGR por los presuntos delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y fraude a resolución judicial.

La alcaldesa dio las declaraciones durante la apertura de la undécima Manzana del Cuidado de la ciudad, correspondiente al sector del Mochuelo de la localidad de Ciudad Bolívar.

 

 

La fiscalía dispuso de un equipo especial para investigar el atentado en el Huila

Foto: Cortesía

La fiscalía general de la Nación dispuso de un equipo de investigadores especializados que trabajarán de manera acelerada para dar con los responsables del atentado en el Huila, que dejo siete uniformados muertos y uno herido.

Este equipo de personas está conformado por tres fiscales especializados, seis investigadores de apoyo, un líder investigador, dos expertos antiexplosivos, un balístico, un topógrafo, un arquitecto, dos fotógrafos, un líder técnico, un criminalístico y cuatro analistas, bajo la dirección de la delegada para la Seguridad Territorial.

También estará presente personal de Medicina Legal con un equipo de expertos forenses que van a estudiar los cuerpos.

En la emboscada en una zona rural del departamento del Huila, murieron siete policías, confirmó el presidente Gustavo Petro.

El ataque, cuyos autores no han sido identificados, tuvo lugar en las afueras de San Luis, en la vereda Corozal donde fue activado un artefacto explosivo al paso de una camioneta institucional donde se transportaban ocho (8) uniformados adscritos a la Comisión de Policía San Luís”, informó la Policía.

En el vehículo se movilizaban dos intendentes (Wilson Jair Cuéllar Lozada y Luis Alberto Sabi Gutiérrez), dos patrulleros (Jhon Freddy Bautista Vargas y Duver Ernesto Carreño Rodríguez) y tres auxiliares de la Policía (Arlex Mauricio Pascuas Figueroa, Santiago Gómez Endes y Cristian Ricardo Cubillos Borbon). El auxiliar Gustavo Alberto Esquivel Rojas sobrevivió al ataque.

 

Cárcel para presunto estafador que habría engañado con adquisición de equipos

Cristian David Castrillón Chalarca fue llamado a juicio por los delitos de estafa agravada en concurso con receptación, enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad personal y falsedad en documento privado por presuntamente haber estafado a 10 personas por más de $120 millones en Ibagué (Tolima). Castrillón Chalarca fue vinculado a hechos ocurridos entre los años 2019 a 2022 y enviado a la cárcel como medida preventiva.

Su accionar delictivo estaría basado en la modalidad de ofrecimiento de servicios tecnológicos como equipos celulares o computadores, y a su vez utilizaría dos empresas asociadas para ofrecerles a sus víctimas el financiamiento de estos quedándose él finalmente con el dinero.

El hombre de 29 años figura como representante legal de una empresa llamada Tecnofiamos, ubicada en un centro comercial de la ciudad; la cual tenía como objeto comercializar celulares, computadores y aparatos tecnológicos.

Su negocio contaba con aliados comerciales. Una de las empresas está ubicada en Pereira (Risaralda), y la otra en la capital tolimense, las cuales son intermediarias financieras que finalmente se convirtieron en víctimas.

El engaño se daba cuando la víctima interesada en adquirir algún equipo y que no contaba con el dinero suficiente, era motivada por Cristian David para que permitiera le hicieran un estudio de crédito y así lograr financiar y acceder al producto.

La persona le entregaba información personal, su cédula y datos generales para el supuesto estudio. Pero lo que no sabía era que le estaba entregando la información precisa para que éste sacara el crédito a su nombre y el dinero le fuera desembolsado a él.

Finalmente, el ciudadano incauto se daba cuenta de lo que estaba pasando cuando le llamaban de las entidades a decirle que estaba en mora.

En uno de los casos las víctimas fueron padre e hija quienes sacaron un celular de alta gama y alcanzaron a pagar varias cuotas. Un día el celular presentó un daño y el investigado les entregó otro de baja gama provisional mientras solucionaba lo de su equipo. Al final se dieron cuenta que ambos figuraban como robados. Cuando fueron a reclamarle no lo hallaron en el sitio.

Las víctimas señalaron que los perjuicios causados ascienden a 20 millones de pesos.

Otra persona refiere haberlo conocido cuando prestaron servicio militar en el año 2011 por lo que le tenía absoluta confianza y dejó en sus manos que le ayudara con la adquisición de un crédito bancario para acceder a una finca.

Esta persona, de raíces campesinas, que poco conocimiento tenía al respecto se dejó convencer al punto que sacó 2 celulares y 3 tarjetas de crédito a su nombre, porque su amigo le dijo que así crearía vida crediticia y tendría un buen puntaje para que le dieran el préstamo.

Pero la víctima le dio sus claves, dándole manejo absoluto de los plásticos manteniéndolo en error, sobre que él iba a cubrir esas deudas como un mercado de $1.000.000, y hasta un reloj por $1.800.000. Finalmente, su afectación económica fue por $13.000.000 millones.

Fiscalía de Barbosa investiga a la esposa del fiscal Barbosa

A través de un comunicado, la fiscalía general de la Nación, indicó que designó al fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Cárdenas, para que investigue la denuncia que enreda a Walfa Téllez, la esposa del fiscal Francisco Barbosa.

El ente investigador hizo la aclaración tras la revelación del columnista Daniel Coronell, en su columna de opinión en la Revista Cambio.

En la publicación de Coronell se detalla que la señora Walfa Téllez, fue contralora delegada para el medio ambiente, y que desde el cargo estuvo al frente de una auditoría sobre la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre y Canoas, construida para limpiar una parte del río Bogotá. En el informe, reseñó 17 hallazgos.

Más adelante, después de que renunció al cargo en el ente de control, la esposa del fiscal, como directora de la fundación Ríos Sostenibles, suscribió un contrato por 190 millones de pesos con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Salitre Canoas para prestarle asesoría ambiental y jurídica.

El caso fue denunciado a través de un anónimo por posible violación al régimen de inhabilidades al prestar una asesoría a una entidad a la que estuvo auditando.

La denuncia fue tramitada por la vicefiscal Martha Mancera cuando su esposo, el fiscal Barbosa, estaba de visita en El Salvador. Dos días después, mediante asignación especial, el caso fue remitido al fiscal Javier Cárdenas, recordado porque recientemente fue quien solicitó por segunda ocasión la preclusión en favor del expresidente Álvaro Uribe.

Coronell recuerda que, al tratarse de la esposa del fiscal general de la Nación, la Corte Suprema de Justicia debe escoger un fiscal ad hoc que garantice total independencia en la investigación.

En el comunicado, el ente investigador, dice que respeta la autonomía de los fiscales a cargo de los casos, dando garantías de independencia.

Imputan cargos a integrantes de una red narcotraficante en Buenaventura

Una investigación de la fiscalía general de la Nación, permitió la captura de una estructura que sería responsable de ingresar clorhidrato de cocaína al puerto de Buenaventura donde, presuntamente, era camuflado en embarcaciones y contenedores con destino a México.

Entre los señalados responsables de la red narcotraficante estaría personal de carga y vigilancia de la terminal marítima quienes, aparentemente, omitían sus funciones, facilitando el ingreso y cargue de la cocaína. Tres de ellos fueron capturados durante diligencias realizadas en Buenaventura (Valle del Cauca).

La red operaba a través de la modalidad de izado y utilización de buzos expertos, ingresaban a las motonaves tulas con estupefacientes, aprovechando cualquier descuido de los supervisores para subir las cargas ilícitas mediante sogas y esconderlas entre los containers.

Uno de los detenidos es Kevin Abel Montaño Ramos, alias Abel. quien habría aprovechado su cargo de guarda de seguridad en el agua para, al parecer, desconectar parte del circuito cerrado de cámaras en el Puerto y facilitar la izada del estupefaciente a la motonave. También, se cree, que prescindió de su deber de alertar a la Sociedad Portuaria sobre lo sucedido.

Los otros dos procesados son: Hernán Montaño Torres, alias Torres y Eulogio Hurtado Vente, alias Vente. Estos dos hombres estarían a cargo de ubicar las tulas cargadas con la cocaína en las embarcaciones y dentro de los contenedores.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a las tres personas el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefaciente agravado. Por decisión de un juez de control de garantías los procesados deberán cumplir la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

 

La Fiscalía pide prohibir la salida de Perú a la esposa de Castillo

La Fiscalía de Perú solicitó este martes 36 meses de prohibir la salida del país para la primera dama, Lilia Paredes y sus hermanos, Walter y David, por su participación en una supuesta trama corrupta liderada por el presidente, Pedro Castillo, de la que también haría parte el ministro de Transporte, Geiner Alvarado.

La medida también agrega al empresario Hugo Espino, quien el viernes salió en libertad condicional tras prestar declaración sobre esta supuesta trama con la que el Gobierno, de manera fraudulenta, hacía entrega de contratos obras públicas, detalla el diario peruano ‘La República’.

De acuerdo con la acusación la primera dama coordinaba la entrega de estos contratos, en todo momento bajo el conocimiento del presidente Castillo, supuesto cabecilla, en colaboración con su hermana Yenifer Paredes, a quien se le acusa de los delitos de organización criminal y blanqueo de dinero.

El pasado viernes 19 de agosto, el presidente Castillo anunció que su esposa estaba «dispuesta» a entregar su pasaporte ante la posibilidad de que la Fiscalía concretara esta petición.

«Ella no va a salir en ningún momento del país y tiene que someterse no solo a la justicia, sino a demostrar su inocencia», dijo Castillo, quien ha denunciado una persecución judicial con tintes políticos contra él y su familia.

Castillo denuncia una persecución contra él y su familia

El presidente de Perú, Pedro Castillo, denunció que existe una persecución contra él y su familia, afirmando que las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía por supuestos delitos de corrupción no son más que intentos por «arremeter» contra sus seres queridos.

«Sé que se la van a llevar, quieren engrilletarla y también al resto de mi familia y quieren quebrarme», aseguró el presidente Castillo en relación a su esposa, Lilia Paredes, quien se encuentra investigada en un caso de supuesto trato de favor en la licitación de obras públicas.

«No saben que nosotros venimos de la adversidad, venimos de abajo, venimos del sufrimiento. Voy a resistir hasta que el pueblo me diga resiste y hasta acá y por eso no nos van a quebrar», enfatizó Castillo durante un acto de entrega de fertilizantes en la ciudad de Andahuaylas, en el sur de Perú.

Castillo también ha alertado de la presencia de ciertas personas que intentan hacerse pasar por representantes del Estado para beneficiarse, por lo que ha pedido la ayuda ciudadana para que sean «identificados» y «sancionados«.

«No hemos dado ningún espacio y no hemos dado ningún aval, para que en nombre de Pedro Castillo o en nombre de la familia, estén ingresando a algún ministerio para sacar rédito para su bolsillo», ha dicho, según informó el diario ‘El Comercio’.

Este domingo, el Poder Judicial ha reprogramado la audiencia en la que se decidirá la petición de la Fiscalía de 36 meses de prisión preventiva para la cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de dinero, en el marco de una trama que según la Fiscalía lidera el presidente peruano.

Fiscalía traslada a Bogotá la investigación del asesinato de tres jóvenes en Sucre

La fiscalía general de la Nación, trasladó a Bogotá la investigación por el asesinato de los tres jóvenes en el corregimiento de Chochó, en Sincelejo, Sucre, con el argumento de darle prioridad, señalando además que se destacó un equipo de criminalistas, forenses, fiscales e investigadores para esclarecer los hechos con inmediatez.

El caso involucra ocho policías, dos de ellos oficiales y que, además, le costó la salida de la institución al entonces comandante en Sucre, coronel Carlos Andrés Correa Rodríguez.

Los jóvenes fueron señalados de estar involucrados en el asesinato del patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón, cuando se encontraba en una panadería en el municipio de Sampués (Sucre). Familiares de las víctimas, aseguraron que los jóvenes fueron capturados con vida y posteriormente aparecieron muertos en una clínica de Sincelejo, con varios impactos de bala.

A las víctimas se les presentó como bajas en medio de una reacción de los uniformados porque supuestamente eran integrantes del Clan del Golfo, hecho que fue calificado por los familiares y amigos como un “falso positivo”.

La investigación involucra al coronel Benjamín Núñez quien se desempeñaba como comandante operativo en Sucre. Según la reciente publicación del diario El Tiempo, el alto oficial se habría fugado a Panamá, tan pronto se comenzó a manejar la hipótesis del ‘falso positivo’.

Al respecto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, indicó que el Gobierno insistirá ante la fiscalía general de la Nación para evitar cualquier riesgo de impunidad.

 

La cuñada de Pedro Castillo se entrega ante la Fiscalía

La cuñada del presidente peruano Pedro Castillo, Yénifer Paredes, se ha entregado en la tarde de este miércoles a la Fiscalía después de que el martes el Poder Judicial de Perú ordenara su detención preliminar por supuestos delitos de tráfico de influencias.

Después de pasar 12 horas en condición de prófuga –ya que el martes una diligencia de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía fue a buscarla al Palacio de Gobierno, sin éxito–, Paredes se apersonado a las 17.30 horas (hora local) en la Fiscalía para ponerse a disposición de la Justicia, ha informado ‘La República‘.

Después de unas diligencias iniciales, la hermana de la primera dama de Perú ha sido trasladada a las dependencias de la Diviac, donde se encuentran otros tres detenidos por el caso por el que se investiga a la cuñada del mandatario.

Paredes enfrenta una investigación fiscal por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de dinero. Según la hipótesis del Ministerio Público, integraría una red criminal que estaría liderada por el jefe del Estado, según ha recogido ‘El Comercio‘.

Imputan cargos al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exalcalde de Medellín, Fabio Alonso Salazar Jaramillo, lo mismo que al exgerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), Álvaro de Jesús Vásquez Osorio; y al ex gerente general de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Federico José Restrepo Posada, como presuntos responsables del delito de interés indebido en la celebración de contratos. El cargo no fue aceptado.

De acuerdo con la Fiscalía, los procesados intervinieron en las discusiones que permitieron celebrar un contrato denominado BOOMT (Build, Owner, Operate, Manteining and Transfer), el 30 de marzo de 2011, que habría desconocido los principios de buena fe contractual, planeación, transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva.

Este contrato estableció que las Empresas Públicas de Medellín (EPM) tendrían la financiación para la construcción, operación, detentación, mantenimiento y transferencia final de la hidroeléctrica Pescadero – Ituango. Al respecto, el material de prueba da cuenta de que, inicialmente, el proceso de selección fue cambiado y pasó de una invitación internacional a una contratación directa con EPM. Esta decisión, al parecer, obedeció a un criterio regional y buscaba que el proyecto quedara en manos de una empresa de Antioquia.

La evidencia indica que, de forma paralela a la invitación pública internacional a precalificar, se realizó la negociación con EPM para se encargara directa o indirectamente, a través de una empresa de su control, de la financiación y ejecución de la hidroeléctrica. De esta manera, presuntamente, se incurrieron en irregularidades para lograr un acuerdo de accionistas, nombrando un nuevo gerente de Hidroituango SA ESP y modificando el Manual de Contratación para permitir que uno de los socios, entiéndase EPM, fuera designado como contratista.

Cárcel para alias ‘Largarto’

De acuerdo con la investigaciones de la fiscalía general de la Nación, Julián Andrés García Hernández, alias Lagarto o Lagartija, estaría involucrado en, por los menos, cuatro asesinatos selectivos ocurridos en 2020 y 2021. Entre las víctimas identificadas hay dos mujeres.

Alias Lagarto sería el encargado de sostener una violenta disputa con otras estructuras ilícitas, además de coordinar actividades de tráfico de estupefacientes en Angostura, Guadalupe, Campamento y Anorí (Antioquia).

En este sentido, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, y tráfico, fabricación o porte de armas de uso privativo, de uso restringido de las fuerzas armadas o explosivos. El procesado recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Condenan a un sacerdote por abuso sexual contra una menor

Foto: Cortesía

Las investigaciones de la fiscalía general de la Nación, permitieron establecer que un sacerdote de 37 años, quien estuvo a cargo de un despacho parroquial en Neiva (Huila), entre 2018 y 2019, sometió a una niña de 13 años a distintas conductas sexuales. Adicionalmente, se evidenció que obligó a la víctima a tener relaciones íntimas con otras personas y grabó en video los encuentros sexuales.

La menor de edad afectada era familiar de una mujer con la que el religioso sostenía un vínculo sentimental.

Por estos hechos, un juez penal de conocimiento impuso al sacerdote una pena de 16 años y 6 meses de prisión por los delitos de: acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, acceso carnal violento agravado, actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado y pornografía con persona menor de 18 años.

A la cárcel tres personas que manifestaban ser integrantes del Clan de Golfo

Un juez penal profirió medida de aseguramiento contra tres personas, presuntamente, responsables de los delitos de fabricación, tráfico, porte de arma de fuego o municiones.

Los cobijados con la medida son  Arnulfo Antonio Camacho Estupiñán, Josefa Inés Marín Sarmiento y a Deinis David Moreno Oviedo quienes están siendo judicializados por hechos sucedidos el pasado 25 de julio en la isla Bocachica, en Bolívar.

De acuerdo con la investigación estas personas, se encontraban amedrentando con arma de fuego a los habitantes del barrio Sinaí de ese corregimiento manifestando ser integrantes de la organización ilegal del Clan del Golfo.

Los habitantes del lugar dieron aviso a la la Policía, quien acercó hasta el lugar capturando a los tres procesados, a quienes les encontraron en su poder, una pistola calibre 9 mm, 1 proveedor con 15 cartuchos, 1 revólver Trademark, 2 cartuchos calibre 38, 25 cartuchos calibre 9 mm, sin permiso oficial. En el operativo fue incautada una motocicleta sin placa y sin una documentación que acreditara su legalidad.

Durante las audiencias de control de garantías ninguno de los supuestos implicados se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía. Por disposición del juez del caso los dos hombres deberán cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario. Entre tanto, Marín Sarmiento cumplirá la detención preventiva en su domicilio.