Quienes se verán beneficiados con la decisión del ente investigador son: Luis Carlos Pinilla Cortez, Renzo Alirio Martínez, Robinson de Jesús González, Ramiro Pinzón Novoa y Walter Freddy Ruiz Montaño.
“De esta manera, se reitera el compromiso de la Fiscalía General de la Nación y del fiscal General de apoyar, desde sus competencias, las decisiones que beneficien la obtención de la paz”, explicó Barbosa.
Dijo además que en dicho resolución se reconocen a cinco personas como representantes con estatus político del grupo armado autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP, y que integrarán el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación.
Hallan el cuerpo de un hombre de aproximadamente 23 años de edad, en una bolsa de basura arrojada en el Parque Nacional a la altura de la carrera séptima con calle 36, al frente del antiguo edificio de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).
De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima sería un habitante de calle que solía recorrer este sector de Bogotáde manera frecuente.
Miembros de la Fiscalía y de la SIJIN iniciaron las tareas de investigación revisando las cámaras del sector para tratar de establecer las primeras hipótesis de este hecho.
Este miércoles el gobierno de Gustavo Petro radicó el proyecto de Ley de Sometimiento por la política de Paz Total y ya comenzó su trámite en el Congreso de la República. El proyecto ha tenido fuertes reparos por parte del fiscal general, Francisco Barbosa.
El funcionario del ente judicial se quejó en contra del artículo 29 del proyecto, debido a que -según él- atenta contra la separación de poderes. Además, criticó que no se tuvieran en cuenta los reparos que hizo al proyecto previamente.
«Este artículo dice que la oficina tendrá que aportarle a la oficina del Alto Comisionado para la Paz información sobre todas las indagaciones investigaciones y procesos penales en curso contra los integrantes de la estructura organizada de alto impacto. La Fiscalía no es subalterna de la Rama Ejecutiva», señaló el fiscal en entrevista con Caracol Radio.
Además, afirmó que este proyecto no recogió lo relativo al concierto para delinquir con los actores que se sometan y que es un proceso de paz simulado.
Dicha declaración contrapone el argumento principal del proyecto radicado y es que expresa que «no se otorgará estatus político a los grupos que decidan acogerse a la justicia».
El proyecto contempla penas en prisión de 6 a 8 años entre quienes se acojan, más cuatro años de libertad condicional con actividades relacionadas con la reparación a las víctimas. Los acogidos podrían conservar el 6 % de sus bienes ilícitos sin que superen los 10 mil salarios mínimos en monto.
Un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Duván Andrés Henao Montoya, de 22 años, como presunto responsable del homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.
De acuerdo con la fiscalía el procesado sería el responsable del homicidio de Álvaro Bailarín Sapia, gobernador indígena del resguardo Valle de Pérdidas, ubicado en el municipio de Urrao, occidente antioqueño.
La víctima fue baleada en el barrio 20 de Julio de la citada población, el 14 de octubre de 2022, cuando al parecer trataba de proteger a uno de sus hijos de la agresión del hoy procesado. Bailarín Sapia recibió dos heridas de bala y fue trasladado a un hospital de Santafé de Antioquia, donde falleció por la gravedad de las lesiones.
Henao Montoya fue capturado este 4 de marzo por servidores de la Policía Nacional y no se allanó a los cargos imputados.
Un grupo de fiscales anticorrupción deberán establecer si la firma de estos contratos se hizo cumpliendo el mínimo de requisitos legales.
Urrutia firmó 206 contratos después de que el presidente Gustavo Petro le pidió su carta de renuncia. Esta investigación se suma a la que ya cursa en la Secretaría de Transparencia.
“El Ministerio de Deporte desperdició dos meses de presupuesto, duplicando los objetos contractuales sobre la misma cantidad de contratistas (…) Eso podría tener a la luz de la norma un posible interés ilícito en la celebración de contratos y también podría originar una responsabilidad penal para quien ordenó el gasto y para todos los que participaron en la celebración del contrato”, señaló Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia.
La idea del Gobierno según lo explica en el documento, la idea es avanzar en el desarme y la desmovilización del grupo armado. En la nueva resolución no se incluye a Alfonso Velosa García, alias Jhon Mechas, principal líder del Frente 33, señalado de ordenar varios hechos violentos incluido el atentado al expresidente Iván Duque.
En la lista se menciona a Edgar De Jesús Orrego Arango conocido como Leo; Farby Edisson Parra Parra conocido como Richard; Robinson De Jesús González conocido como Caicedo y WILLINTON Henao Gutiérrez también conocido como Olmedo; Carlos Eduardo García Téllez conocido con el seudónimo Andrei; Omar Pardo Galeano también conocido como Antonio Medina; Ciro Alfonso Romero conocido como Willy Romero e Ivan Jacob Idribo Arredondo conocido como Marion. Por último, se pide la libertad de Diverney Valencia también conocido como Herson y Deison Rodrigo Ortiz Camallo también conocido como Esteban González.
El presidentereconoce en que el conflicto armado interno persiste y que para terminar con la violencia que este produce es necesario acabar también con las causas: “La búsqueda de la paz no se limita a la eliminación de la violencia directa, sino que se requieren formas avanzadas y ante todo civilizadas que permitan pactar una salida negociada al conflicto armado interno, que durante muchas décadas ha asolado cruelmente a la población”, señaló.
Fue capturado alias “Mostro”, un traficante internacional quien estaría vinculado al envío de armas de fuego desde EEUU hacia Colombia.
Esta persona deberá responder por 18 cargos, entre ellos está el de conspirar con una organización criminal para el envío de armas automáticas y semiautomáticas desde Estados Unidos hacia Colombia, violación de exportaciones contraria a la ley, transporte ilegal de armas de largo y corto alcance.
Esa organización multicrimen, se habría dedicado a enviar por tráfico postal y envíos urgentes armas de fuego desde los EEUU hacia Colombia con eventos probados desde el 2017 hasta el 2020; tiempo durante el cual alias “Mostro” y su organización, adquirieron de manera ilegal, 17 rifles de asalto, los cuales tendrían un valor comercial en el mercado negro de aproximadamente US15 mil dólares cada uno.
Los investigadores la Policía Fiscal y Aduanera, identificaron que esta persona quien lideraba la red de tráfico de armas internacional, habría entregado fusiles AM-15 a grupos armados organizados con injerencia en el Departamento de Antioquia y el área Metropolitana de Medellín.
La Fiscalía logró la judicialización de José Ángel Becerra Camacho, quien sería el responsable del homicidio de Felipe Garzón Barreto, ocurrido el 12 de diciembre de 2022, en el barrio Las Nieves, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá.
El trabajo investigativo realizado por el CTI da cuenta de que esta persona, en compañía de otro hombre, ingresó al apartamento de la víctima, un integrante de la comunidad LGTBI de 22 años; y, al parecer, la sometió hasta causarle la muerte. Posteriormente, habría escapado del inmueble con varios objetos de valor.
El cuerpo del joven fue encontrado desnudo, con los pies y las manos amarrados, y con la cabeza envuelta en una bandera de la comunidad LGTBIQ+. De acuerdo con el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sufrió estrangulamiento o asfixia mecánica.
La recopilación de videos de cámaras de seguridad y otros elementos de prueba permitieron conocer los movimientos de Becerra Camacho y tener certeza sobre su posible participación en el crimen. En ese sentido, fue capturado por funcionarios del CTI en el barrio Calamar, en Villavicencio (Meta).
El detenido fue imputado por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El Gobierno pidió a la Fiscalía cancelar las órdenes de captura que pesan sobre varios de los cabecillas de las disidencias de las FARC, entre ellas la de Javier Veloza García, alias ‘Jhon Mechas’, responsable del magnicidio fallido del expresidente Iván Duque.
La petición se sostiene en base a la posibilidad de que «el disidente» pueda ser representante del Estado Mayor Central de las antiguas FARC, en el marco de las conversaciones que el Gobierno colombiano anunció que promovería con hasta otros cuatro grupos armados, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La medida implica también a otra veintena de personas que forman parte de esta disidencia liderada por Néstor Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, de quien ‘Jhon Mechas’ es subordinado, así como de la Segunda Marquetalia, de Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’.
‘Jhon Mechas’ es el jefe del Frente 33 de las antiguas FARC y es considerado el responsable del ataque que sufrió el expresidente Duque en junio de 2021 cuando sobrevolaba en helicóptero la ciudad de Cúcuta. En marzo del año siguiente fue acusado de participar en un atentado contra un centro policial en el sur de Bogotá.
Las autoridades ofrecen por información que ayude a su detención una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos colombianos (cerca de 950.000 euros). Sobre él pesan acusaciones de terrorismo, tráfico ilegal de armas, asociación para delinquir y homicidio agravado en grado de tentativa.
El radio de actuación de ‘Jhon Mechas’ es la región de Catatumbo y Norte de Santander, utilizando la porosa frontera con Venezuela de escondite. La Interpol ha emitido una circular roja contra él y es uno de los protagonistas del conflicto interno armado colombiano que reclama la Justicia de Estados Unidos.
Mientras que el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, reconoce el cariz político y social de la guerrilla del ELN –de ahí las peculiaridades presentes en las negociaciones– las disidencias de las FARC y los grupos paramilitares que han mostrado interés en dialogar deberán someterse a la Justicia ordinaria
La Fiscalía en su integridad debe asumir la investigación y ejercer la acción penal sobre las personas que manifiesten su voluntad de sometimiento, y no debería limitarse este ejercicio a la Unidad Especial de Investigación (UEI), como está contemplado en el texto del proyecto. Esta dependencia fue creada al amparo del Acuerdo de Paz de La Habana, por lo que cualquier atribución adicional que se le imponga excede el mandato constitucional que sentó sus bases de funcionamiento.“La Fiscalía General de la Nación es la que aplicará el proyecto de sometimiento a la justicia, no una unidad especial dentro de la Fiscalía. Es la Fiscalía General de la Nación la que la aplicará en su integralidad, es decir, todas las unidades de la Fiscalía trabajaran en eso”, solicitó el Fiscal Barbosa Delgado.
Mayores tiempos procesales, en el entendido de que el Gobierno Nacional propone términos cortos que imposibilitan un estudio profundo y una investigación detallada que permita acceder a la verdad. “No nos permiten hacer corroboración y contrastación probatoria. ¿Qué significa eso? Que una vez se den las actas individuales y colectivas de sujeción que se tienen que firmar ante el Alto Comisionado para la Paz nosotros tenemos que tener tiempos suficientes para contrastar esa información con lo que ellos dicen, pero también con lo que nosotros tenemos sobre ellos para saber si hay verdad o no hay verdad, si se aprueban o no se aprueban esas personas o si están diciendo mentiras o no”, explicó el Fiscal General de la Nación.
No limitar las formulaciones de imputación. La Fiscalía debe tener la potestad de investigar otras conductas que no sean puestas en conocimiento por las personas que se sometan.“Las imputaciones no se pueden limitar solamente a las actas que firman allá. Las imputaciones así excluyen conductas que no estarían reconocidas en la imputación y que están en la Fiscalía. Por ejemplo, delitos que se hubiesen cometido, que nosotros sepamos, pero que ellos no digan en el acta, entonces implicaría que nosotros continuemos la investigación penal, así ellos hubiesen firmado un acta”, detalló el Fiscal General.
Topes en extinción de dominio, es decir, que los bienes afectados con medidas cautelares, que estén vinculados a procesos ante los jueces o a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) no pueden hacer parte de las negociaciones de las organizaciones criminales. De esta manera, debe garantizarse que presenten bienes que no estén afectados.“Los topes de extinción de dominio ajustarlos al Código de Extinción de Dominio, artículo 133. Señalar que bienes que ya tiene la justicia no hacen parte de lo que ellos van a entregar porque ya los tenemos. Es decir, 26 billones de pesos ya no entran dentro de eso porque eso hace parte de lo que la justicia colombiana ha hecho en los últimos tres años en esta Fiscalía”, dijo el Fiscal Barbosa Delgado.
La Fiscalía no debe aprobar listados ni verificar el cumplimiento de obligaciones, pues no es la función constitucional que le fue asignada. A la Fiscalía le corresponde investigar.“No hace parte de nuestra función constitucional, para poderlo decir, tendría que modificar la Constitución Política porque nuestra función constitucional artículo 250, es la de ser la titular del ejercicio de la acción penal y se desvía de nuestra función”, aseguró el Fiscal General de la Nación.
La aplicación total del principio de oportunidad, entendida como inmunidad penal, se debe otorgar luego de que el aspirante a este mecanismo cumpla todos sus compromisos de verdad y colaboración efectiva.“(…) no se regala la zanahoria hasta tanto no se cumpla el compromiso de restauración porque si uno da la zanahoria, pues se la comen antes. Entonces hay que dar la zanahoria, pero parcialmente. Cuando cumplan se las damos totalmente. Es decir, principio de oportunidad suspensivo”, enfatizó el Fiscal Francisco Barbosa Delgado.
Las víctimas deben ser protegidas. En el proyecto no existe una ruta de atención, reconocimiento o reparación a las víctimas.“Las víctimas no pueden quedar desprotegidas. ¿Qué quiere decir? Que el proyecto de ley no tiene esquema de reparación de las víctimas ni el rol de las víctimas en el proceso”, señaló el Fiscal General.
Respeto por el principio de cosa juzgada para no dar espacio a que se modifiquen o alteren sentencias que están en firme.“Van a darse sentencias colectivas, pero dice el proyecto que si aparecen nuevos hechos atribuibles a personas que están en la sentencia, se abre la sentencia y se incluye el hecho atribuible. Es raro y nunca lo había visto desde mi función como abogado. Sentencia que se produce, sentencia que se cierra, que queda ejecutoriada. Por ende, sentencia que se firmó por parte de un juez, no puede desconocérsele su intangibilidad. Por eso, ese artículo, es un artículo que tiene que modificarse”, indicó el Fiscal General de la Nación.
No aplicación del principio de oportunidad al delito de concierto para delinquir por delitos graves, entiéndase infracciones a los derechos humanos y a la dignidad de las víctimas.“No es posible aplicar principio de oportunidad, a nuestro juicio, frente al concierto para delinquir por delitos graves, porque hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que el Estado no puede inhibirse frente a investigaciones de derechos humanos, y en estos casos esos conciertos para delinquir podrían estar implicando esas circunstancias”, agregó.
El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, fue enfático en resaltar que estos nueve puntos hacen parte del aporte decidido de la entidad para alcanzar la ‘paz total’.
El Juzgado 61 Penal del Circuito otorgó libertad por vencimiento de términos a las cinco personas que fueron acusadas por la Fiscalía por el atentado en las instalaciones del Escuela de Policía General Santander en el pasado 17 de enero de 2019, que le costó la vida a 22 cadetes.
Los implicados son acusados de cometer los delitos de terrorismo, homicidio en persona protegida en grado de tentativa y financiación al terrorismo.
Hasta el momento el único condenado por este hecho es Ricardo Andrés Carvajal, quien se encuentra pagando una pena de 46 años desde mayo de 2022, por los delitos de los crímenes de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y daño en bien ajeno agravado.
Este atentado fue perpetrado con un carro bomba con 80 kilos de pentolita que ingresó a la Escuela de Policía General Santanderel 17 de enero de 2019 ordenado por el ELN y dejó a 22 subtenientes muertos y al menos 89 personas heridas.
Como consecuencia de este hecho, el entonces presidente Iván Duque suspendió de manera definitiva el proceso de paz heredado del gobierno de Juan Manuel Santos.
La Fiscalía de Perú ha abierto este martes una investigación contra el primer ministro peruano, Alberto Otárola, y el ministro de Trabajo, Alfondo Adrianzén, como presunto instigador y autor, respectivamente, de un delito de colusión gravada.
El Ministerio Público ha anunciado la apertura del expediente tras la sospecha de que Otárola y Adrianzén contrataron a Carola Rodríguez –excuñada del ministro de Trabajo– como asesora del ministerio con un sueldo mensual de 15.500 soles (3.600 euros), según reveló el semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’.
El primer ministro de Perú designó a Adrianzén como su secretario general, hasta que le nombró encargado del Ministerio de Trabajo tras la dimisión del exministro Eduardo García, que presentó su renuncia en protesta por las muertes registradas durante las movilizaciones sociales a nivel nacional contra el gobierno de Dina Boluarte.
Tras la apertura de la investigación, Otárola ha negado que haya intervenido en alguna designación dentro del Ministerio de Trabajo y ha rechazado haber tenido comunicación reciente con Carola Rodríguez, según ha informado la emisora RPP.
«En relación a denuncia, aclaro de manera contundente que no he intervenido en esta designación. Hace varios años que no tengo contacto con Carola Rodríguez, que por lo demás es una profesional destacada», ha indicado en un mensaje en sus redes sociales.
Por su parte, el ministro Adriánzen ha asegurado que la contratación de su asesora «ya fue explicado», pero que no tiene problemas en responder ante la Fiscalía.
«El domingo explicamos cómo se dio la contratación de mi asesora. Si la Fiscalía considera relevante aclararlo más, así lo haré. Yo no recibí ninguna indicación o recomendación del primer ministro para designarla», ha afirmado en un comunicado recogido por la citada emisora.
La Fiscalía General de la Naciónllamó a juicio al actual embajador de Colombia en Chile, Temístocles Ortega, por el proceso judicial que enfrenta por presuntas irregularidades en la contratación del departamento del Cauca, cuando fue gobernador durante el período 2012 – 2015.
El excongresista y nuevo diplomático tiene un proceso de investigación abierto en irregularidades por millonarios contratos de obras que tenían por objeto la ampliación de una pista de aterrizaje en el aeropuerto de López de Micay.
«El proyecto se habría sustentado con estudios de suelos falsos, no contaba con los permisos de construcción de ley ni cumplía la reglamentación de la Aeronáutica Civil, entre otras posibles inconsistencias», indicó la Fiscalía.
Ortega enfrenta además un proceso disciplinario en la Procuraduría por una irregularidad por 400 millones destinados a la compra de equipos electrónicos, y la desviación de fondos públicos para ayudar a la elección de Óscar Ocampo a la gobernación en el año 2018.
La Fiscalía los judicializó por el delito de extorsión, luego de ser capturados en flagrancia este 10 de febrero por el Gaula de la Policía Nacional, en zona urbana de Cúcuta (Norte de Santander).Logró la judicialización de Cristian Daniel Meza Castro, Carlos Alejandro Sosa Novoa y Liliana Carolina Medina Peña, dedicados al delito de extorsión en zona urbana de Cúcuta (Norte de Santander).
Los hechos materia de investigación iniciaron 8 de febrero cuando la víctima empezó a recibir mensajes extorsivos a través de redes sociales, exigiéndole 35 millones de pesos en insumos, consistentes en mercado y útiles de aseo para 40 hombres que harían parte del grupo armado organizado Autodefensas Gaitanistas.
Se evidenció que los presuntos extorsionistas le envían fotos de la esposa e hijos de la víctima para intimidarlo, por lo que les ofreció el pago de 10 millones a lo que ellos aceptaron y le exigieron además dos motocicletas y cascos.
Tras denunciar ante el Gaula de la Policía Nacional los hechos, los procesados fueron detenidos al momento de recibir el dinero producto de la extorsión y los artículos que habían solicitado.
Un juez con funciones de control de garantías aceptó los argumentos de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario de la capital nortesantandereana en contra de los procesados, quienes no aceptaron su responsabilidad en los hechos investigados.
A estos 18 capturados en flagrancia (14 venezolanos, 4 colombiano), se les incautó un total de 10 armas de fuego, 1 supresor de sonido (silenciador), 2 proveedores para pistola, 1 granada de fragmentación, 15 celulares (los cuales al parecer usaban para extorsionar a sus víctimas), 280.000 dosis de marihuana y 30 panfletos extorsivos alusivos a la estructura ‘Satanás’.
Dentro de los procedimientos se identificó que alias ‘Cristopher” sujeto encargado del cobro de extorsiones y disparos intimidatorios a víctimas, atemorizando a comerciantes de Kennedy; y alias ‘Chirey’ encargado de llevar panfletos a los establecimientos ubicados en este sector.
A esta estructura de multicrimen se le atribuyen 10 hechos en dónde utilizaron armas de fuego contra fachadas de negocios e integridad de las víctimas, por el cobro de altas sumas de dinero entre ellas cuotas mensuales de 10 millones, dependiendo su actividad económica que en algunos casos eran superior a los 30 millones de pesos mensuales. Alcanzaban un total mensual cerca de 400 millones de pesos.
Durante el último mes, las autoridades realizaron diferentes operativos, entre las que se cuenta las extinciones de dominio de 14 bienes inmuebles en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Mártires, Bosa, Chapinero y Suba.
Las personas capturadas contaban con antecedentes como porte ilegal y tráfico de armas, estupefacientes, hurto calificado y agravado y lesiones personales; y fueron judicializadas por los delitos de fabricación tráfico y porte de armas y estupefacientes en flagrancia y la imputación por los delitos de concierto para delinquir y extorsión.
🚨Así cayeron “Los Satanás II” una de las bandas más peligrosas que delinquía en Bogotá, dedicada principalmente a la extorsión.
Fueron 18 delincuentes capturados, entre ellos alias "Christopher” encargado del cobro de extorsiones y disparos intimidatorios a las víctimas. pic.twitter.com/HLzfxB9iFs
