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La Fiscalía imputará cargos contra los exgobernadores del Magdalena Luis Miguel Cotes, Rosa Cotes y contra el actual gobernador Carlos Eduardo Caicedo por lo que denominó como el “Robo del Magdalena”.

La investigación asegura que en ese departamento habrían sido orientados de manera ‘caprichosa’, por lo menos, cinco procesos de contratación que superaron en valor los 457.000 millones de pesos.

Adicionalmente, se identificaron diversas irregularidades administrativas, incumplimientos en la ejecución de obras civiles y de infraestructura; y sobrecostos o desembolsos injustificados que representaron un peculado de algo más de 74.779 millones de pesos, que corresponde a recursos públicos que se perdieron o quedaron en manos de terceros.

El ente investigador estableció que el 4 de octubre de 2013, Luis Miguel Cotes, en su condición de gobernador, suscribió un contrato para el mejoramiento de la vía Palermo – Sitionuevo – Remolino – Guáimaro (Magdalena), por un valor superior a 432.010 millones de pesos, en medio de lo que serían incrementos patrimoniales sin sustento, y posibles anomalías en los estudios previos y la estructuración del presupuesto.

Posteriormente, la sucesora, Rosa Cotes de Zúñiga, celebró varias adiciones al contrato original entre septiembre de 2017 y octubre de 2019, que significaron más recursos para el constructor.

Las actuaciones de los dos exmandatarios habrían generado al departamento millonarias pérdidas económicas que configurarían un peculado que asciende a más de 73.109 millones de pesos. Finalmente, está acreditado que la denominada ‘Vía de la Prosperidad’ pasó de ser un corredor de 52 kilómetros a un proyecto de apenas 18 kilómetros. Es decir, se ejecutó el 34% de lo planeado.

Por lo anterior, los dos exmandatarios de Magdalena serán imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, ambas conductas agravadas.

Rosa María Cotes de Zúñiga, gobernadora de Magdalena para el periodo 2016 – 2019, tramitó y celebró tres contratos para la implementación de las normas internacionales de contabilidad, por valor de 1.023 millones de pesos. Los elementos de prueba indican que el trámite contractual se hizo de manera directa y sin concurso de méritos. También se constató que la empresa contratada se habría apartado del objeto definido y se limitó a realizar una consultoría.

Por su parte, el actual mandatario del Magdalena, Carlos Caicedo, deberá responder por posibles falsedades documentales, y varias inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato de obra del 30 de diciembre de 2014. El contrato fue firmado durante su paso por la alcaldía en Santa Marta y  que contempló la construcción de una megabiblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino. En la investigación se determinó que el proyecto fijó un valor inicial de 10.044 millones de pesos, pero recibió adiciones por encima de los 5.000 millones de pesos. Asimismo, se estableció que el plazo previsto de cinco meses se amplió a tres años.

También se le imputarán cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Esto tiene que ver con el contrato para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento Bonda, en Santa Marta, firmado en 2015. El valor definido en su momento fue de 6.954 millones de pesos; sin embargo, las evidencias indican que se habría presentado un peculado de más de 979 millones de pesos, representado en sobrecostos.

El contrato no ha sido liquidado y las obras, al parecer, fueron suspendidas en 2018. En las verificaciones se conoció que se reanudaron a finales de diciembre de 2022.