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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Fiscalía

Cabecilla de las disidencias de las Farc fue condenado a 20 años de prisión

Fue condenado a 20 años y 5 meses de prisión,  José Genis Medina Dávila, alias Chichico, Geiler Mosquera o Mono 20, responsable de los asesinatos de un reincorporado y seis civiles, y el desplazamiento forzado de 23 profesores en Caquetá.

Este hombre sería uno de los cabecillas de una de las estructuras armadas del autodenominado Bloque Jorge Briceño Suárez de las disidencias de la Farc. Fue capturado en enero pasado en una acción conjunta del CTI de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en la vereda La Estrella, en jurisdicción de Cartagena del Chairá (Caquetá).

 

Ante la contundencia de las pruebas obtenidas por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI), alias Geiler Mosquera, mediante preacuerdo, aceptó los delitos de homicidio; desplazamiento forzado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Los hechos criminales que reconoció de manera libre y voluntaria ocurrieron entre 2020 y 2021, en Cartagena del Chairá, La Montañita, El Paujil y Doncello (Caquetá). La sentencia en contra de Medina Dávila, además de establecer que la pena deberá cumplirse en centro carcelario, dispuso el pago de una multa equivalente a 3.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

De ‘repudiable’ el Fiscal Barbosa la presencia de una patrullera en una red de prostitución en Cartagena

“Es repudiable que funcionarios públicos y una mujer policía (…)  esté involucrada en este tipo de hechos deleznables, que atentan contra los jóvenes y los niños en esa ciudad del país», señalo el Fiscal, Francisco Barbosa, la participación de la patrullera de la Policía, Daniela Echeverry Gómez, en una estructura delictiva que captaba mujeres en condición de vulnerabilidad y las inducía a ofrecer servicios sexuales en el sector de la Torre del Reloj y otros sitios del Centro Histórico de Cartagena.

Quiero decirles a los colombianos que seguimos como Fiscalía General de la Nación, no solamente destapando estas organizaciones criminales, sino que también vamos a exponer a todos aquellos criminales que están detrás de esto y más aún mujeres policías, como en este caso, que estuvieron involucradas en este hecho repudiable”, señaló el Fiscal General de la Nación.

 

El material probatorio obtenido por el Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género de la Fiscalía, a través de agentes encubiertos, interceptación de líneas telefónicas y registros de cámaras de seguridad, entre otros, indica que Ramírez Torres sería la principal articuladora de la red ilegal. Al parecer, con una fachada de vendedora de paquetes turísticos entregaba a los visitantes de la Ciudad Amurallada un catálogo de mujeres que cumplían diversos actos sexuales.

De otra parte, la patrullera Daniela Echeverry Gómez habría captado a integrantes de su misma institución para que ejercieran actividades de tipo sexual.

Por estos hechos, las dos mujeres recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario por los delitos de trata de personas e inducción a la prostitución.

Una mujer es asesinada en Bogotá por su pareja sentimental

Foto: Cortesía

De acuerdo con los familiares de Leidy Carolina Navarrete, la mujer de 34 años de edad fue asesinada por su pareja sentimental en la noche del pasado 24 de diciembre.

 

El posible asesino responde al nombre de Andrés Felipe Castro, un hombre de 32 años de edad quien se dio a la fuga luego de cometer el crimen.

Las personas cercanas a la víctima aseguran que no era la primera vez que esta sufría maltrato de parte de su compañero y que incluso, ya habían acudido a la Fiscalía para instaurar una demanda y que no la recibieron por “falta de pruebas”.

También se quejaron porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tampoco ha dado protección a la menor de 4 años, hija de Leidy Navarrete y aseguran además que la Secretaría de la Mujer “se presentó una sola vez”.

Los familiares dicen que el crimen se habría podido evitar si se hubiese acudido a tiempo ante las alertas dadas.

Secretario de gobierno del Meta, y un grupo de exalcaldes habrían participado en entramado de corrupción

Fueron judicializados el secretario de Gobierno de la Gobernación de Meta, Hernán Alexis Gómez Niño, y a los exalcaldes de Fuentedeoro (Meta), Guillermo Suárez Trujillo y Jesús Antonio Londoño Zapata, por su presunta participación en un entramado de corrupción que direccionó la contratación en varios municipios de Meta, Casanare y Cundinamarca.

También fueron vinculados los exsecretarios de planeación de Fuentedeoro, Nelson Enrique Sarmiento Hernández y Miguel Roberto Muñoz Torres; y los contratistas Claudia Milena Ricaurte Rincón, Yeison Javier Medina Neira y Carlos Augusto Daza Orrego.

 

De acuerdo con las investigaciones, estas personas hicieron parte de un entramado criminal que, entre 2015 y 2022, orientó los procesos contractuales para realizar obras civiles, como acueductos, para beneficiar a dos uniones temporales.

En 2015, el ahora secretario de Gobierno de Meta habría gestionado irregularmente la adjudicación de un contrato por 4.752 millones de pesos, cuyo objeto era la construcción de un alcantarillado para las veredas Puerto Aljure y Puerto Santander, en Fuentedeoro (Meta); con el respectivo contrato de interventoría que ascendió a 218 millones de pesos.

En la licitación se presentaron varios oferentes para simular un concurso público. La evidencia indica que se usaron formatos, firmas y sellos de empresas constituidas legalmente para organizar propuestas falsas y así garantizar que una unión temporal ganara el contrato sin dificultades.

El entonces alcalde de Fuentedeoro, el señor Suárez Trujillo, presuntamente conocía el propósito ilegal y obtuvo ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) los recursos para cubrir un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. De este proyecto salieron los dineros del contrato de construcción del acueducto, el cual es motivo de investigación. Por esta actuación, el exmandatario habría recibido 150 millones de pesos.

Otra anomalía detectada estaría relacionada con el giro de 1.533 millones de pesos, sin tener en cuenta que el contrato fue suspendido por dificultades en acuerdos de servidumbre en varios predios por donde pasaría la red de alcantarillado.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los investigados, según el posible nivel de participación, delitos como: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.

Los cargos no fueron aceptados. Tres de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, ellos son el secretario de Gobierno de Meta y los contratistas Daza Orrego y Ricaurte Rincón. Cuatro investigados más cumplirán detención en el lugar de residencia; mientras que el señor Medina Neira seguirá vinculado al proceso.

Un total de 11 inmuebles urbanos y 5 rurales, 25 vehículos, 4 sociedades, 4 establecimientos de comercio y 196 semovientes, fueron afectados con medidas cautelares en el marco de la investigación.

 

Obligaba a su hija a vender servicios sexuales a través de internet

Una mujer fue privada de la libertad en centro carcelario luego de ser señalada como presunta responsable de obligar a su hija, menor de edad, a transmitir contenido de índole sexual a través de plataformas digitales.

Los hechos sucedieron en varios domicilios del municipio de Dosquebradas desde que la menor tenía 14 y se prolongó hasta que llegó a los 16 años de edad.

 

Se presume que la mujer utilizaba una aplicación a través de la cual la menor debía realizar shows de contenido sexual exponiéndose con toda clase de vejámenes.

La mujer fue imputada por los delitos de constreñimiento a la prostitución agravada, pornografía con personas menores de 18 años agravada, utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años.   La procesada no aceptó los cargos.

Al parecer la mujer amenazaba a la hija con prostituirla físicamente si no accedía a realizar estas actividades.

Imputan cargos a exalcalde de Buenaventura

Foto: Cortesía

Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a Edison Bioscar Ruiz Valencia, un exalcalde encargado de Buenaventura (Valle del Cauca), que habría participado en un entramado de corrupción que permitió a particulares quedarse con dineros de un proyecto de vivienda.

 

En la investigación se constató que, mientras ejerció el cargo en 2018, Ruiz Valencia realizó una convocatoria pública para comprar lotes, terrenos o bienes que permitieran avanzar en el plan de dar casa nueva a la población vulnerable.

El entonces alcalde suscribió de manera directa cuatro contratos de compraventa de varios inmuebles por 24.984 millones de pesos. El material de prueba indica que este proceso se realizó sin estudios previos de mercado y con posibles irregularidades en fechas, plazos y valores. De esta manera, al parecer, se vulneraron varias normas y principios esenciales de contratación como planeación y selección objetiva.

Asimismo, se estableció que los predios comprados habrían sido avaluados muy por encima del costo real, lo que generó pérdidas al municipio por 12.492 millones de pesos. Estos dineros fueron pagados de más y quedaron en manos de los contratistas.

A la cárcel siete funcionarios del INPEC por temas de corrupción

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a siete integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y a dos particulares, quienes harían parte de una red delictiva señalada de exigir dinero a los internos y a sus familias para permitirles entrar a la cárcel La Modelo de Bogotá diversos elementos.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a estas personas, según el posible nivel de participación, los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión; y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

 

Los procesados son: los dragoneantes César Augusto Moreno Hidalgo, Christopher Mauricio Salcedo Cuadros, Luis Fernando Bustos Galindo, Jonathan Javier Sánchez Quiroga, Julio Humberto Oviedo España y Álvaro Castro Quinayas; y los particulares Leidy Stefanía López Sánchez, Rosimary Giraldo Montoya y Daniel Mauricio Barrios

Los elementos de prueba obtenidos, en un trabajo conjunto con el grupo GAULA de la Policía Nacional, dan cuenta de que los funcionarios se habrían concertado para permitir el paso de alucinógenos, licores, cigarrillos y celulares que eran vendidos a los privados de la libertad. Asimismo, se demostró que, al parecer, también permitían realizar llamadas extorsivas.

De otra parte, se conoció que las dos mujeres, presuntamente, acopiaban y ocultaban los elementos prohibidos y restringidos por el reglamento penitenciario en casetas ubicadas en inmediaciones de La Modelo.

Durante la investigación se realizaron dos diligencias de registro y allanamiento en las garitas del establecimiento carcelario, donde fueron incautados teléfonos celulares, encomiendas con artículos personales, sim card, una gramera, marihuana y bebidas alcohólicas.

A la cárcel tres hombres que habrían participado en un desmembramiento

Fredy Enrique Erazo Ruiz, Duver Erlindo Mamian Joven y Jonatán Andrés Urrego Henao fueron capturados por agentes de la Policía Metropolitana en una vivienda ubicada en el barrio Santa Elena de Cali, en donde se habría cometido el crimen de una persona y su posterior desmembramiento.

De acuerdo a información brindada por la ciudadanía, los tres hombres habían salido del inmueble y abordaron un vehículo con tres bolsas plásticas de basura de las que emanaba sangre y luego habían regresado a la vivienda.

 

Posteriormente, de acuerdo con la investigación, varios testigos observaron a una pareja arrojar las tres bolsas a un caño de aguas residuales del barrio San Judas, en el oriente de la ciudad.

Una vez llamaron al cuadrante al sitio llegó una patrulla motorizada, cuyos agentes revisaron los paquetes en donde fueron hallados los restos de un cuerpo que había sido desmembrado.

A su vez, una inspección técnica permitió  a personal forense de la SIJIN de la Policía Metropolitana descubrir que en una habitación de la vivienda había numerosas trazas de sangre en las paredes y el suelo, a pesar de que las superficies habían sido limpiadas.

Los tres hombres detenidos en la vivienda donde se habría cometido el crimen fueron presentados ante un juez penal con control de garantías en donde fueron imputados como presuntos autores de homicidio agravado, al que no se allanaron.

Después de avalar la imputación el juez dictó medida de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento carcelario.

Los restos humanos encontrados en las bolsas plásticas fueron entregados al Instituto de Medicina Legal para la necropsia e identificación de la víctima.

Las autoridades trabajan para ubicar a la pareja que habría arrojado los restos humanos al canal de aguas residuales en el oriente de la ciudad.

Cae banda que falsificaba licores

Ramón Eliecer Marín Dussán, María Cristina Amaya Botero y Emma Socorro Pabón fueron judicializados por ser los presuntos articuladores principales de la organización delincuencial ‘Los Químicos’, que estarían involucrados en la falsificación de whisky, ron, vodka y aguardiente.

Estas personas serían las responsables de elaborar sellos, etiquetas, cajas, empaques y otros elementos necesarios para darle la apariencia de autenticidad a los licores, los cuales eran preparados mediante la mezcla indiscriminada de diferentes sustancias. Posteriormente, comercializaban las bebidas en establecimientos de comercio y en actos públicos, o las enviaban a otras ciudades del país.

 

Varias botellas e insumos fueron incautados en diligencias realizadas por investigadores del CTI de la Fiscalía en la localidad de Puente Aranda, en el centro-occidente de Bogotá; y en las comunas 8, 10 y 16, y en un centro comercial de Barranquilla (Atlántico). De acuerdo con los elementos de prueba y la abundante evidencia técnica recopilada, esta actividad ilegal se ejercía desde marzo de 2021.

Un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a ‘Los Químicos’ los delitos de concierto para delinquir; corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos obtentores de variedades vegetales; e imitación o simulación de alimentos de alimentos, productos o sustancias. Los cargos no fueron aceptados.

Por disposición del juez de control de garantías los dos hombres cumplirán medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que la mujer permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.

 

Cae grupo delincuencial ‘Los Solís’

Uniformados de la Policía  desarticularon la red delincuencial “Los Solís”; presuntamente, responsable de transportar cargamentos de marihuana y cocaína desde varios municipios del departamento del Cauca hacia Cundinamarca y Bogotá.

Mediante labores de investigación y diligencias de registro y allanamiento se pudo establecer que los estupefacientes eran adquiridos en los departamentos del suroccidente del país y trasladados a puntos de acopio para su dosificación, prensa y ocultamiento. Posteriormente la droga era transportada a Fusagasugá, Soacha, Sibaté (Cundinamarca); y posteriormente a la ciudad de Bogotá para abastecer las denominadas “ollas de vicio”.

 

Durante la investigación se constató que la red reclutaba personas parar adherirle al cuerpo las sustancias ilegales. También eran usados vehículos de transporte público para camuflar los envíos en maletas o compartimentos especialmente diseñados para burlar las autoridades viales.

“Los Solís” son presuntamente responsables de mover una tonelada de alucinógenos al mes, mediante alianzas con otras estructuras dedicadas al narcomenudeo. El ente acusador cuenta con información que evidencia cómo esta estructura ilegal camuflaba marihuana, cocaína y éxtasis en dulces o alimentos que eran

comercializados en entornos escolares induciendo al consumo a niños, niñas y adolescentes.

En el momento de la operación se produjeron las capturas por orden judicial, de: Harold Porras  alias “Payaso” (presunto cabecilla de la organización, encargado de financiar la actividad ilícita y conseguir los estupefacientes), Michelle Valentina Muñoz, Willy Castaño Guiraldo, Y Yudith Edith Parada Galindo. Así mismo se produjo la captura en flagrancia de Johan Alexander Carrillo

En el curso de la investigación, a la red delincuencial le fueron incautados varios cargamentos de estupefacientes. Los presuntos implicados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento adelantadas en la localidad de Suba (Bogotá) donde se incautaron 163 millones de pesos en efectivo; 100 libras de marihuana, 368 gr. de clorhidrato de cocaína y drogas sintéticas (250 papeletas de LCD; 477 dosis de 2CB), tres armas de fuego (dos 02 armas de fuego tipo revólver cal. 38 mm; un 01 arma de fuego tipo pistola cal. 9 mm), municiones (41 cartuchos cal. 38 mm), dos celulares y elementos para dosificar la droga como 25 cajas de kenatol; 102 recipientes de marihuana masticable tipo wax; 227 gomas adulteradas con droga marca Trolli, entre otros elementos.

Los capturados y las incautaciones fueron dejados a disposición de la Fiscalía Local de Cundinamarca.

Incautan 620 botellas de licor de contrabando

En una diligencia de registro y allanamiento adelantada a un inmueble de la localidad de Mártires, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, incautaron 620 botellas de licor que no contaba con los registros de ley y el que estaría listo para su distribución.

En el operativo se decomisaron 549 botellas de whisky de diferentes marcas; 13 botellas de tequila; 54 botellas de ron; 04 botellas de aguardiente.

 

Asimismo, fueron halladas cajas y estampillas que están siendo verificadas para comprobar su origen, todo este material decomisado y puesto a disposición de la autoridad competente estaría avaluado en 250 millones de pesos.

Aunque no se registraron capturas, la Policía y la Fiscalía seguirán con las investigaciones respectivas para dar con las personas que integran esta red criminal.

Entre el 24 de noviembre y el 7 de diciembre de 2022 se han presentado en la ciudad 16 muertes a causa de la intoxicación por el consumo de bebidas alcohólicas que se obtienen mediante destilación artesanal o preparaciones con alcohol industrial. En total, 28 personas se han intoxicado por el consumo de este tipo de bebidas, de las cuales 12 presentaron muestras de metanol en sus cuerpos.

El expresidente de El Salvador fue embargado: es acusado de blanqueo de capitales

La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) se ha incautado de un inmueble, tres vehículos y ha inmovilizado dos cuentas bancarias del expresidente Salvador Sánchez Cerén valorados en 1.275.000 dólares en el marco del proceso abierto contra el exmandatario por blanqueo de dinero.

La Fiscalía acusa a Sánchez Cerén de los delitos de Lavado de Dinero y Activos y Peculado junto a 16 exempleados de casa presidencial y personas particulares, quienes entre 2016 y 2019 usaron ilegalmente fondos públicos, según recoge el medio digital salvadoreño El Metropolitano Digital.

 

Estos bienes también se encuentran registrados a nombre de William Oswaldo Vaquero León, yerno de Sánchez Cerén. Con esta diligencia se inicia el proceso para recuperar los fondos que fueron sustraídos al Estado de manera ilegal, destaca la FGR.

Tras conocerse esta decisión, Sánchez Cerén ha denunciado ser víctima de una persecución política. «Ante noticias originadas por la FGR que anuncian la incautación de inmuebles de mi propiedad y cuentas bancarias hago la siguiente declaración: no poseo bienes muebles, inmuebles ni vehículos de mi propiedad», ha destacado en un comunicado.

Sánchez Cerén, quien reside en Nicaragua, indicó en su comunicado que lo único que la FGR ha congelado «es la cuenta bancaria donde se me depositaba la pensión, por lo que estoy imposibilitado de acceder a esos recursos, privándome de los medios de mi manutención». Por ello ha instado a la FGR a presentar pruebas o a cesar los actos de difamación en su contra.

«Si de algo puedo enorgullecerme es de carecer de riquezas materiales, constatado por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, por ello, exijo las aclaraciones y cese la persecución política en mi contra», ha remachado.

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Foto: Europa Press

Cárcel para seis extranjeros integrantes de la banda ‘Los de la Cañada’ en Soacha

Un juez con función de control de garantías privó de la libertad a seis extranjeros que harían parte del grupo delincuencial ‘Los de la Cañada’.

Los procesados serían responsables de comercializar estupefacientes en la modalidad de narcomenudeo en la Comuna 2 de Soacha (Cundinamarca), donde además instrumentalizarían menores de edad y habitantes de calle para que consumieran estupefacientes; y también los comercializaran.

 

Los procesados fueron capturados por la Policía Nacional en Soacha (Cundinamarca). En desarrollo de diligencias de registro y allanamiento las autoridades incautaron tres celulares; además de estupefacientes listos para ser distribuidos.

Entre los detenidos está Luis Manuel Alarcón Velázquez, presunto cabecilla de la organización ilegal, quien se encargaría de coordinar la compra, almacenamiento y venta de los estupefacientes.

También fueron capturados Deivy Joel Pacheco Olivo, Doriangel Jean Claude Pedra Mireles, José Alejandro Manzanillo Morelo, Enyelber Yonaiker García Bolívar y Emerson Andrés Torres Flórez.

La Fiscalía imputó a las seis personas, según su grado de participación, delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Los cargos que fueron aceptados por los judicializados.

Imputan cargos a directivo de Triple A

La fiscalía general de la Nación imputó cargos como presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad ideológica en documento privado y administración desleal a Nelson Eduardo Polo Carbonel, directivo de y accionista de una de las compañías que conforman Triple A.

Al parecer, Polo Carbonel habría participado en maniobras que permitieron la apropiación irregular de 23.379 millones de pesos.

 

De acuerdo con la investigación esta persona, mediante actas de junta directiva, habría autorizado la contratación y subcontratación de bienes y servicios con la sociedad Triple A, que nunca se prestaron ni ejecutaron. Con esta actuación, al parecer, avaló la apropiación en favor de terceros de 23.379 millones de pesos, entre 2012 y 2014.

Por estos mismos hechos, el exgerente de Triple A S.A. E.S.P., reconoció su participación en el entramado criminal y fue condenado; mientras que otros cuatro posibles participes fueron imputados y sus procesos se encuentran en etapa de juicio.

 

El Estado “recomendado” y lo que callan los funcionarios

Pedro Castillo ganó las elecciones en Perú siendo electo por una izquierda conservadora, amparado en el sentimiento anti-élites y en gran medida por su discurso anticorrupción. Sin embargo, poco importó el mandato ciudadano cuando nombró a su amigo Juan Silva como ministro de transporte, quien, al ser cuestionado por su falta de preparación, respondió: Yo tengo pase para conducir y soy conductor. Hace poco, en Colombia, el senador Gustavo Bolívar hacía un llamado para apoyar al polémico autor de la serie Matarife con la frase: primero los nuestros. No hay ni una sola persona metida en política que no justifique gobernar con los suyos, y las fallidas reformas políticas jamás tocan lo que hace tan poderosos a los congresistas: el control casi absoluto del empleo público.

Andrés Manuel López Obrador barrió con todos y todas las funcionarias mexicanas bajo la premisa de que cualquiera en un gobierno anterior era corrupto, pero no promovió concursos de méritos, o siquiera convocatorias públicas para corregir la situación. Lo propio han hecho gobiernos de todo talante en el continente como Bolsonaro en Brasil e Iván Duque en Colombia, tal vez el ejemplo más reciente, peligroso y vergonzoso de gobernar con los amigos.

 

Esto es una ruleta rusa que no carece de víctimas: estamos llenos de liderazgos tóxicos y tenemos un sistema de incentivos que corrompe al más estoico. Por otra parte, los funcionarios, funcionarias y contratistas que tienen un mínimo de compromiso con el país triplican su jornada llenándole los informes de gestión a los y las recomendadas. Nefasto para la democracia y para las instituciones, pero nada importa. Cuando arranca la campaña política, el Estado contrata por prestación de servicios a hordas de personas para que puedan dedicarse a hacer de sus políticos los vencedores. Después, las campañas “prodemocracia” hacen jingles de por qué hay que votar bien, ignorando por completo el sistema de incentivos e infantilizando a la ciudadanía electora. Vote bien, pero pierda su trabajo. Nada fácil.

Nadie quiere gobernar con los enemigos, es cierto. Pero también es verdad que bajo este estilo de liderazgo resultamos con un fiscal general de la Nación a quién le “cuidan su imagen” con los recursos públicos y a quien tienen que servirle personas con bajos sueldos, como si fuera un reyezuelo. Porque lo es. Controla el trabajo, controla a la gente. Recuerdo muy bien que en la época en la que fui funcionaria de una empresa industrial del Estado había una lista donde cada congresista tenía un código y enviaba hojas de vida con su recomendación. Muchas personas de esa lista eran gente capaz y competente, pero otras no. Entraban y salían y la entidad pagaba el alto costo de la rotación de personal. Me tocó ver incluso a familiares de parapolíticos en la cárcel salir de trabajar con una sonrisa en la boca y diciendo: “otro día más cotizado para la pensión”.

El problema es que en América Latina pensamos que lo que hay que hacer es seguir gobernando con los amigos, pero cambiar unos amigos por otros. Podría jurar que Iván Duque pensaba que sus amigos eran gente capaz y preparada y que nadie le vio ningún problema a nombrar gente ineficiente en altos, medianos y bajos cargos del Estado. Al no haber carrera, aquellas personas que les toca triplicar su trabajo pierden su vida poniéndose la camiseta, levantándose a la una de la mañana y haciéndole el trabajo a los demás. A ellas sí les devuelven sus informes de gestión por una coma mal puesta. Ahora, piensen ustedes lo que significa montar la operación administrativa para revisar miles y miles de informes de contratistas de prestación de servicios cada mes, porque en nuestro sistema político nos negamos a tener una burocracia capacitada y estable que nos pueda decir que no, y porque la clase política no quiere perder su moneda de cambio.

Estamos promoviendo uno de los peores sistemas de corrupción en el empleo público y no movemos una pestaña al respecto. Nos limitamos a decirle a las personas que trabajan en el estado que renuncien, que así ha sido toda la vida, que por supuesto lo importante son los nuestros. Los nuestros primero porque los nuestros son mejores. Mentira, no lo son. El mecanismo sigue siendo el mismo y se repite el ciclo en el que los dos primeros años de gobierno se gastan reemplazando la nómina estatal (la de la prestación de servicios) y los dos siguientes preparando la campaña siguiente. Se han visto fracasar iniciativas, morir proyectos y perder miles de millones de pesos en cada cambio de jefe. El Estado arranca cada cuatro años con poca información, sin memoria institucional y con unos altísimos costos. Lo peor de todo es que la probabilidad de que el buen trabajo haga que la gente más competente se quede es bajísima porque prima la recomendación política.

En México tienen un dicho bastante particular: cada perro viene con su correa. Si el sistema de incentivos funciona de tal forma que la gente que trabaja en lo público depende a tal grado de su padrino político, es poco probable que una persona decida perder su trabajo, su sustento y su futuro diciéndole que no a su padrino o madrina. Y así, queridas personas que me leen, es como creamos el congreso que tenemos. Así es como conservan el poder los senadores y representantes más clientelistas, mediante el control absoluto del empleo público. La próxima reforma laboral aparentemente buscará eliminar el espantoso mecanismo que les da tal control a los políticos sobre la vida de las personas. Dudo mucho que pase, pero no pierdo la esperanza.