Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Fiscalía

Imputan cargos al expresidente de Medimas

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al expresidente de Medimás EPS – SAS, Néstor Orlando Arenas Fonseca; a la contratista Mercedes Barrera Botía; y al propietario de una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), José Leonidas Olaya Forero, como presuntos responsables de varias irregularidades detectadas en dos procesos de contratación realizados en diciembre de 2017.

De acuerdo con el ente investigador, el presidente de Medimás habría direccionado dos contratos para garantizar el suministro de medicamentos e insumos para atender pacientes que padecían enfermedades catastróficas, huérfanas y de alto costo.

 

:os contratos fueron entregados a una empresa de la señora Barrera Botia, la cual había sido constituida 15 días antes de la celebración de los contratos, no contaba con la capacidad financiera ni experiencia técnica, tampoco tenía las pólizas de garantía para respaldar el cumplimiento de lo acordado y registraba como dirección de funcionamiento la de la sede principal de Medimás en Bogotá.

Sin tener presentes estas anomalías, la EPS entregó un anticipo por 263.000 millones de pesos a la citada empresa y presuntamente utilizó cerca de 7.105 millones en pagos de arriendos y varias actividades distintas a las que contractualmente fueron pactadas, a través de dos compañías de las que formaba parte el señor Olaya Forero, también integrante del consorcio propietario de Medimás EPS.

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al expresidente de Medimás y las otras dos personas los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento privado y peculado por apropiación. Los cargos no fueron aceptados por los procesados.

Cepeda y Roy Barreras responden al No de la Fiscalía

La respuesta negativa de la Fiscalía a la solicitud del Gobierno Nacional para que permitiera la libertad de algunos jefes del Clan del Golfo para concretar acercamientos que permitieran al grupo ilegal ingresar al proceso de Paz Total liderado por el presidente Petro, generó diversas reacciones.

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, considera que los representantes de este tipo de organizaciones pueden no solamente participar de esos procesos de sometimiento y en este sentido pueden recibir el levantamiento de órdenes de captura por determinado espacio de tiempo.

 

El congresista dijo que estará atento a las posibles soluciones que se propongan para avanzar en los diálogos exploratorios con este grupo armado ilegal.

El presidente del Senado, Roy Barreras, pide leer con mucho detenimiento la decisión de la Fiscalía de negar la solicitud de libertad temporal para algunos jefes del Clan del Golfo.

Barreras considera que primero es necesario dar trámite a una ley que reúna elementos de justicia transicional para lo que tiene que ver con el ELN y que claramente no sirven para lo que relacionado con organizaciones narcotraficantes a quienes solo se les puede aplicar sometimiento a la justicia que garanticen la desarticulación colectiva de estas bandas.

“Las Fuerzas Militares tienen la obligación de garantizar el control del territorio y la defensa de la Constitución y la ley, lo mismo que la vida de los lideres sociales y también la de los reincorporados”.

El senador invitó al gobierno a estudiar y preparar muy bien cada propuesta relacionada con los temas de paz para evitar improvisaciones.

Así le respondió el Gobierno a la Fiscalía a la negativa de levantar órdenes de captura a jefes del Clan del Golfo

El ministro del Interior y Portavoz del Gobierno: Alfonso Prada, comunicó este viernes desde la Casa de Nariño,  que la Ley 2272 de 2022, aprobada por el Congreso, “facultó al Presidente de la República para que pudiera avanzar en el proceso de diálogos de paz con organizaciones a las que se les reconoce estatus político”, al igual que en conversaciones exploratorias con estructuras armadas de alto impacto del crimen organizado, que se mueven en la economía ilegal, con miras a que se avance en su proceso de sometimiento.

La respuesta se da ante la negativa de la Fiscalía de levantar las órdenes de captura a 16 paramilitares del Clan del Golfo y los Pachenca, que fueron solicitadas por el Gobierno nacional para iniciar diálogos exploratorios.

 

Según lo expresado por el Portavoz, el Gobierno Nacional solicitó a la Fiscalía General de la Nación la suspensión de algunas órdenes de captura de miembros representantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y de la organización de la Sierra Nevada, dos grupos que son definidos como estructuras armadas de alto impacto del crimen organizado.

Explicó que, de esta manera, se busca que estos miembros representantes puedan participar en las “mesas de diálogo que estamos adelantando, en forma exploratoria, para definir las condiciones de sometimiento a la justicia y desmantelamiento de organizaciones del crimen, con miras a obtener en Colombia la tan anhelada Paz Total”.

Al reiterar que el Gobierno respeta las decisiones de la Rama Judicial del Poder Público, el Portavoz indicó que el Ejecutivo quiere “avanzar en un diálogo directo y formal con la Fiscalía General de la Nación”, para explicar las facultades que le otorga la nueva ley al Presidente de la República.

Le puede interesar: Fiscalía dice No a la suspensión de órdenes de captura a jefes del Clan del Golfo

Indicó que el argumento de la Fiscalía “está fundamentado en dos decretos, que reglamentaron la Ley 418, que acabamos de modificar; esos decretos se expidieron en el 2012 y en el 2015, y no están diseñados para levantar órdenes de captura de organizaciones armadas de alto impacto del crimen”.

Agregó que “eso es exactamente lo que acaba de cambiar la Ley 2272 del 2022, habilitando y facultando al Presidente de la República para solicitar este tipo de suspensión de órdenes de captura”.

Tales decretos en los que se fundamenta la Fiscalía –precisó– fueron modificados por la Ley 2272, que amplía el margen de facultades para solicitar estas suspensiones de órdenes de captura.

Y agregó: “Aspiramos, en las próximas horas y en los próximos días, tener todos los elementos de juicio jurídicos necesarios, para que tengamos la posibilidad de avanzar en los diálogos exploratorios que den como resultado la Paz Total”.

La Paz Total requiere “instrumentos y caminos para poder conversar, explorar, dialogar y tener la posibilidad de hacer diálogos de paz, que terminen en acuerdos de paz, y hacer conversaciones exploratorias que terminen en sometimiento al Estado de Derecho”, concluyó Alfonso Prada.

Foto: Presidencia de la República.

López Obrador confirma denuncias ante la Fiscalía por «episodios anormales»

Foto: tomada de msn.com

 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado este viernes que existen denuncias ante la Fiscalía de Justicia de la capital, Ciudad de México, por los «episodios anormales» registrados recientemente en la red de metro.

Así lo ha anunciado el mandatario mexicano durante su habitual rueda de prensa diaria, si bien no ha profundizado en los detalles de dichas denuncias, ni ha indicado la cifra de las mismas, tal y como recoge el diario local ‘El Universal’.

«Se está haciendo la investigación. Lo otro no puedo decirlo porque no puedo adelantar nada. No puedo explicar nada porque si hay denuncias por los accidentes que ha habido. Entonces es la Fiscalía la que tiene este caso, estos casos», ha apuntado López Obrador.

La Guardia Nacional mexicana ha desplegado cerca de medio centenar de «usuarios simulados» en el marco del plan de vigilancia anunciado el pasado jueves y en respuesta a los incidentes que la propia alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, catalogó como «fuera de lo normal».

Estos «usuarios simulados» forman parte de los casi 5.800 agentes desplegados para «inhibir» acciones contra la infraestructura, trenes y usuarios de la red de metro capitalina, frecuentes en los últimos días.

El más grave de estos episodios tuvo lugar la semana pasada, con un accidente que dejó una fallecida y más de 50 personas heridas, pero en los últimos días se han sucedido todo tipo de incidencias en distintas líneas, incluidas el incendio en un vagón.

La jefa de Gobierno capitalina no quiso especular sobre la posibilidad de sabotajes y sí prometió que se investigarán todos los incidentes. También anunció que las autoridades decidirán un posible aumento del presupuesto en el metro en función de lo que decida un grupo de trabajo que ya está activo desde 2022.

Fiscalía dice No a la suspensión de órdenes de captura a jefes del Clan del Golfo

La fiscalía general de la Nación negó la solicitud del Gobierno Nacional para que esta entidad suspendiera las órdenes de captura a varios jefes del Clan del Golfo, quienes se sumarían a los acercamientos exploratorios para la ‘paz total’.

El ente investigador le hizo recordó al Ejecutivo que no existe un marco jurídico y que este tipo de organizaciones no cuentan con un estatus político.

 

«La jurisprudencia ha precisado que las estructuras paramilitares carecen de un carácter político (….) Desde este punto de vista, la información probatoria de la Fiscalía, validada ante los jueces de garantías y de conocimiento, indica que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia son herederas de estructuras paramilitares», señala el documento enviado al Gobierno Nacional.

La Fiscalía «no procederá a la suspensión de órdenes de captura de las personas reconocidas por el presidente de la República como miembros representantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), conocidos como ‘clan del Golfo'».

La decisión de la Fiscalía consta de siete páginas y fue firmada por la vicefiscal general Martha Mancera, y fue dirigida al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

En este sentido las órdenes de captura de Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo; Jose Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito; Alexander Celis Durango, alias Byron; y Jorge Emilson Córdoba Quinto, alias Negro Perea, continúan vigentes.

 

 

Primeros acusados por el caso de Centros Poblados

La Fiscalía presentó cargos de acusación a Juan José Laverde y Ottomar Lascarro por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares en el proceso de contratación para llevar internet a las escuelas rurales del país.

De acuerdo con el material probatorio, el empresario Ottomar José Lascarro Torres y el corredor de seguros Juan José Laverde Martínez serían responsables de los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento privado; mientras que Juan Carlos Cáceres Bayona estaría involucrado en el delito de peculado por apropiación.

 

La investigación permitió establecer que Laverde Martínez habría servido como intermediario para que Lascarro Torres prestara los nombres de dos de sus empresas para crear la unión temporal Centros Poblados, de tal manera que acreditara suficiente experiencia técnica, financiera y jurídica para quedarse con el contrato de conectividad.

De esta manera, al parecer, se hizo incurrir en error a los funcionarios del MinTic que expidieron la resolución de adjudicación del contrato y avalaron el giro de un anticipo por 70.000 millones de peso.

De acuerdo con la Fiscalía, 9.062 millones de pesos, al parecer, fueron destinados por Cáceres Bayona para comprar inmuebles, vehículos y préstamos a terceros; mientras que 300.000 dólares, presuntamente, los usó Emilio Tapia Aldana para cubrir el pago de las comisiones que habrían sido acordadas por la compra de la experiencia de las empresas de Lascarro Torres y la posible intermediación de Laverde Martínez.

Fiscalía suspende ordenes de captura a tres disidentes

La Fiscalía General de la Nación confirmó la suspensión de las órdenes de captura de Willinton Henao, Carlos García y Sandra Niño, integrantes de las disidencias de las Farc, quienes harán parte de los diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

El organismo de investigación hizo la suspensión atendiendo la solicitud del presidente Gustavo Petro, quien adelanta diálogos exploratorios en el marco de la Paz Total.

 

La Fiscalía General de la Nación emitió la Resolución 00003 del 4 de enero de 2023, en la cual dispuso la suspensión, por el término de quince (15) días, de todas y cada una de las órdenes de captura, incluidas las que tienen fines de extradición, que se hayan dictado o que se dicten en contra de los tres ciudadanos reconocidos por el Presidente de la República como miembros representantes del Estado Mayor Central de las FARC-EP”, dice el comunicado.

La suspensión de las órdenes de captura tendrá vigencia durante los próximos quince días.

A la cárcel alias ‘Camilito’

Un juez avaló la solicitud de dictar medida de aseguramiento intramural en contra de Camilo Andrés Rodríguez Pino, alias ‘Camilito’, por el delito de homicidio agravado.

Alias ‘Camilito’, quien presuntamente sería un reconocido pandillero de la ciudad, está sindicado de causar la muerte con arma cortopunzante en medio de una riña, entre las pandillas de ‘El Campamento’ y ‘Las Marmotas’, a Roimir Arenas Vitola, de 40 años.

 

Funcionarios de la Policía y la Fiscalía detuvieron a ‘Camilito’ el 28 de diciembre en curso en el barrio Olaya Herrera Sector El Progreso en la calle de La Paz.

Cabecilla de las disidencias de las Farc fue condenado a 20 años de prisión

Fue condenado a 20 años y 5 meses de prisión,  José Genis Medina Dávila, alias Chichico, Geiler Mosquera o Mono 20, responsable de los asesinatos de un reincorporado y seis civiles, y el desplazamiento forzado de 23 profesores en Caquetá.

Este hombre sería uno de los cabecillas de una de las estructuras armadas del autodenominado Bloque Jorge Briceño Suárez de las disidencias de la Farc. Fue capturado en enero pasado en una acción conjunta del CTI de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en la vereda La Estrella, en jurisdicción de Cartagena del Chairá (Caquetá).

 

Ante la contundencia de las pruebas obtenidas por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI), alias Geiler Mosquera, mediante preacuerdo, aceptó los delitos de homicidio; desplazamiento forzado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Los hechos criminales que reconoció de manera libre y voluntaria ocurrieron entre 2020 y 2021, en Cartagena del Chairá, La Montañita, El Paujil y Doncello (Caquetá). La sentencia en contra de Medina Dávila, además de establecer que la pena deberá cumplirse en centro carcelario, dispuso el pago de una multa equivalente a 3.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

De ‘repudiable’ el Fiscal Barbosa la presencia de una patrullera en una red de prostitución en Cartagena

“Es repudiable que funcionarios públicos y una mujer policía (…)  esté involucrada en este tipo de hechos deleznables, que atentan contra los jóvenes y los niños en esa ciudad del país», señalo el Fiscal, Francisco Barbosa, la participación de la patrullera de la Policía, Daniela Echeverry Gómez, en una estructura delictiva que captaba mujeres en condición de vulnerabilidad y las inducía a ofrecer servicios sexuales en el sector de la Torre del Reloj y otros sitios del Centro Histórico de Cartagena.

Quiero decirles a los colombianos que seguimos como Fiscalía General de la Nación, no solamente destapando estas organizaciones criminales, sino que también vamos a exponer a todos aquellos criminales que están detrás de esto y más aún mujeres policías, como en este caso, que estuvieron involucradas en este hecho repudiable”, señaló el Fiscal General de la Nación.

 

El material probatorio obtenido por el Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género de la Fiscalía, a través de agentes encubiertos, interceptación de líneas telefónicas y registros de cámaras de seguridad, entre otros, indica que Ramírez Torres sería la principal articuladora de la red ilegal. Al parecer, con una fachada de vendedora de paquetes turísticos entregaba a los visitantes de la Ciudad Amurallada un catálogo de mujeres que cumplían diversos actos sexuales.

De otra parte, la patrullera Daniela Echeverry Gómez habría captado a integrantes de su misma institución para que ejercieran actividades de tipo sexual.

Por estos hechos, las dos mujeres recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario por los delitos de trata de personas e inducción a la prostitución.

Una mujer es asesinada en Bogotá por su pareja sentimental

Foto: Cortesía

De acuerdo con los familiares de Leidy Carolina Navarrete, la mujer de 34 años de edad fue asesinada por su pareja sentimental en la noche del pasado 24 de diciembre.

 

El posible asesino responde al nombre de Andrés Felipe Castro, un hombre de 32 años de edad quien se dio a la fuga luego de cometer el crimen.

Las personas cercanas a la víctima aseguran que no era la primera vez que esta sufría maltrato de parte de su compañero y que incluso, ya habían acudido a la Fiscalía para instaurar una demanda y que no la recibieron por “falta de pruebas”.

También se quejaron porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tampoco ha dado protección a la menor de 4 años, hija de Leidy Navarrete y aseguran además que la Secretaría de la Mujer “se presentó una sola vez”.

Los familiares dicen que el crimen se habría podido evitar si se hubiese acudido a tiempo ante las alertas dadas.

Secretario de gobierno del Meta, y un grupo de exalcaldes habrían participado en entramado de corrupción

Fueron judicializados el secretario de Gobierno de la Gobernación de Meta, Hernán Alexis Gómez Niño, y a los exalcaldes de Fuentedeoro (Meta), Guillermo Suárez Trujillo y Jesús Antonio Londoño Zapata, por su presunta participación en un entramado de corrupción que direccionó la contratación en varios municipios de Meta, Casanare y Cundinamarca.

También fueron vinculados los exsecretarios de planeación de Fuentedeoro, Nelson Enrique Sarmiento Hernández y Miguel Roberto Muñoz Torres; y los contratistas Claudia Milena Ricaurte Rincón, Yeison Javier Medina Neira y Carlos Augusto Daza Orrego.

 

De acuerdo con las investigaciones, estas personas hicieron parte de un entramado criminal que, entre 2015 y 2022, orientó los procesos contractuales para realizar obras civiles, como acueductos, para beneficiar a dos uniones temporales.

En 2015, el ahora secretario de Gobierno de Meta habría gestionado irregularmente la adjudicación de un contrato por 4.752 millones de pesos, cuyo objeto era la construcción de un alcantarillado para las veredas Puerto Aljure y Puerto Santander, en Fuentedeoro (Meta); con el respectivo contrato de interventoría que ascendió a 218 millones de pesos.

En la licitación se presentaron varios oferentes para simular un concurso público. La evidencia indica que se usaron formatos, firmas y sellos de empresas constituidas legalmente para organizar propuestas falsas y así garantizar que una unión temporal ganara el contrato sin dificultades.

El entonces alcalde de Fuentedeoro, el señor Suárez Trujillo, presuntamente conocía el propósito ilegal y obtuvo ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) los recursos para cubrir un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. De este proyecto salieron los dineros del contrato de construcción del acueducto, el cual es motivo de investigación. Por esta actuación, el exmandatario habría recibido 150 millones de pesos.

Otra anomalía detectada estaría relacionada con el giro de 1.533 millones de pesos, sin tener en cuenta que el contrato fue suspendido por dificultades en acuerdos de servidumbre en varios predios por donde pasaría la red de alcantarillado.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los investigados, según el posible nivel de participación, delitos como: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.

Los cargos no fueron aceptados. Tres de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, ellos son el secretario de Gobierno de Meta y los contratistas Daza Orrego y Ricaurte Rincón. Cuatro investigados más cumplirán detención en el lugar de residencia; mientras que el señor Medina Neira seguirá vinculado al proceso.

Un total de 11 inmuebles urbanos y 5 rurales, 25 vehículos, 4 sociedades, 4 establecimientos de comercio y 196 semovientes, fueron afectados con medidas cautelares en el marco de la investigación.

 

Obligaba a su hija a vender servicios sexuales a través de internet

Una mujer fue privada de la libertad en centro carcelario luego de ser señalada como presunta responsable de obligar a su hija, menor de edad, a transmitir contenido de índole sexual a través de plataformas digitales.

Los hechos sucedieron en varios domicilios del municipio de Dosquebradas desde que la menor tenía 14 y se prolongó hasta que llegó a los 16 años de edad.

 

Se presume que la mujer utilizaba una aplicación a través de la cual la menor debía realizar shows de contenido sexual exponiéndose con toda clase de vejámenes.

La mujer fue imputada por los delitos de constreñimiento a la prostitución agravada, pornografía con personas menores de 18 años agravada, utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años.   La procesada no aceptó los cargos.

Al parecer la mujer amenazaba a la hija con prostituirla físicamente si no accedía a realizar estas actividades.

Imputan cargos a exalcalde de Buenaventura

Foto: Cortesía

Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a Edison Bioscar Ruiz Valencia, un exalcalde encargado de Buenaventura (Valle del Cauca), que habría participado en un entramado de corrupción que permitió a particulares quedarse con dineros de un proyecto de vivienda.

 

En la investigación se constató que, mientras ejerció el cargo en 2018, Ruiz Valencia realizó una convocatoria pública para comprar lotes, terrenos o bienes que permitieran avanzar en el plan de dar casa nueva a la población vulnerable.

El entonces alcalde suscribió de manera directa cuatro contratos de compraventa de varios inmuebles por 24.984 millones de pesos. El material de prueba indica que este proceso se realizó sin estudios previos de mercado y con posibles irregularidades en fechas, plazos y valores. De esta manera, al parecer, se vulneraron varias normas y principios esenciales de contratación como planeación y selección objetiva.

Asimismo, se estableció que los predios comprados habrían sido avaluados muy por encima del costo real, lo que generó pérdidas al municipio por 12.492 millones de pesos. Estos dineros fueron pagados de más y quedaron en manos de los contratistas.

A la cárcel siete funcionarios del INPEC por temas de corrupción

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a siete integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y a dos particulares, quienes harían parte de una red delictiva señalada de exigir dinero a los internos y a sus familias para permitirles entrar a la cárcel La Modelo de Bogotá diversos elementos.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a estas personas, según el posible nivel de participación, los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión; y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

 

Los procesados son: los dragoneantes César Augusto Moreno Hidalgo, Christopher Mauricio Salcedo Cuadros, Luis Fernando Bustos Galindo, Jonathan Javier Sánchez Quiroga, Julio Humberto Oviedo España y Álvaro Castro Quinayas; y los particulares Leidy Stefanía López Sánchez, Rosimary Giraldo Montoya y Daniel Mauricio Barrios

Los elementos de prueba obtenidos, en un trabajo conjunto con el grupo GAULA de la Policía Nacional, dan cuenta de que los funcionarios se habrían concertado para permitir el paso de alucinógenos, licores, cigarrillos y celulares que eran vendidos a los privados de la libertad. Asimismo, se demostró que, al parecer, también permitían realizar llamadas extorsivas.

De otra parte, se conoció que las dos mujeres, presuntamente, acopiaban y ocultaban los elementos prohibidos y restringidos por el reglamento penitenciario en casetas ubicadas en inmediaciones de La Modelo.

Durante la investigación se realizaron dos diligencias de registro y allanamiento en las garitas del establecimiento carcelario, donde fueron incautados teléfonos celulares, encomiendas con artículos personales, sim card, una gramera, marihuana y bebidas alcohólicas.