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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Fiscalía

Cárcel para extranjero señalado de proveer armamento a las disidencias de las Farc

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización Cesar Rafael Tocagón Peña, un ciudadano ecuatoriano que, al aparecer, usaba la fachada de comerciante de ropa, tejidos, zapatos y artesanías de su país para ser  uno de los mayores proveedores de armas, explosivos, víveres, uniformes y otros elementos para las disidencias de las Farc en el oriente del país.

Esta persona tendría almacenes en La Macarena (Meta), San Vicente del Caguán (Caquetá) y otros municipios de la región. De esta manera, mantenía un alto movimiento de mercancía que, supuestamente, le permitía ocultar fusiles y munición de diferentes calibres, y distintos artículos que le solicitaban Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte; Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá; y otros cabecillas de la estructura autodenominada Jorge Briceño Suárez.

La investigación de la Fiscalía estableció además que Tocagón Peña, frecuentaba los campamentos de las disidencias de las Farc y suministraba información sobre los movimientos de la fuerza pública para facilitar la planeación de acciones terroristas.

Al ciudadano del Ecuador se le imputó los delitos de: concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; utilización ilegal de uniformes e insignias; y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada.

Cesar Rafael Tocagón Peña fue capturado en uno de sus locales comerciales, en la inspección de San Juan de Lozada, en La Macarena (Meta). Las investigaciones dan cuenta de que este hombre habría iniciado su actuar ilegal en 2017. Recientemente, fue expedida en su contra una notificación azul de INTERPOL ante la posibilidad de que se moviera a Ecuador u otro país. De igual manera, se estableció que portaba una cédula de ciudadanía colombiana con su fotografía, la cual era auténtica, pero correspondía a otra persona.

La Dirección Especializada de Extinción de dominio de la Fiscalía asumió las actividades correspondientes para detectar los bienes de Tocagón Peña e imponer las medidas cautelares a las que haya lugar.

Asegurada alias La Niña, presunta integrante de Los Pachenca

 

Yulieth Paola Ramos Mercado, alias La Niña, quien haría parte de la estructura criminal Los Pachenca,  sería la encargada de la distribución y comercialización de estupefacientes en el municipio de Ciénaga y en el sector conocido como La Troncal, en Magdalena.

Las pesquisas permitieron establecer que alias La Niña sería compañera sentimental de alias Patiliso, presunto cabecilla de la  organización que es investigada por su participación en la comisión de homicidios, extorsiones y la venta de estupefacientes en el departamento.

La mujer no aceptó los cargos  como presunta autora de los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico.

Fincas, vehículos, apartamentos y locales eran utilizados por una red criminal en Cali

En un trabajo articulado con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se afectó  con medida cautelar de embargo y secuestro los bienes de una organización criminal trasnacional, dedicada al trafico de armas de fuego de corto y largo alcance, cuyo centro de coordinación delictiva estaba ubicado en la ciudad de Cali.

La operación, se ejecutó a través de una investigación que permitió la afectación de las finanzas criminales de una estructura criminal dedicada al tráfico de armas de fuego al oriente de Cali, las cuales ingresaban al país por el Aeropuerto Internacional El Dorado provenientes desde los Estados Unidos, bajo la modalidad de correos urgentes, camufladas y desarmadas en menajes personales, quienes a su vez las comercializaban entre grupos de delicia común organizada en el Distrito de Agua Blanca.

En medio de  la investigación penal que se venía desarrollando desde el año 2019, cuando se dio la  la captura de 16 personas, se  vincularon los bienes de cinco delincuentes, entre ellos,  los predios de alias “Marlon”, responsable de la comercialización de armas de fuego tales como: Fusiles AK-47 y Colt AR-15, pistolas Sig Sauer, Five Seven, Glock,  Bernardelli, así como revólveres Smith & Wesson.

Cabe destacar, que esta persona habría orquestado con su red delincuencial, una minuciosa estrategia criminal, donde utilizaba un establecimiento comercial como fachada.

Los investigadores identificaron que alias “Marlon” importaba las armas de fuego, desde los Estados Unidos, bajo la modalidad de correos urgentes hasta el establecimiento comercial ubicado el barrio Villa San Marcos al oriente de la ciudad de Cali, también, determinaron que estas personas movilizaron en 9 meses, 180 armas de fuego de uso personal y 45 de uso restringido.

De igual manera, se logró establecer por parte de los investigadores, que estos criminales tenían varias viviendas que eran utilizadas, para ensamblar las armas de fuego, las cuales eran comercializadas a grupos de delincuencia común organizada.

Posteriormente, estos criminales ofrecían a sus clientes entrenamientos en un lote campestre, donde probaban las armas de fuego que eran traídas desde los Estados Unidos. Este lugar ubicado cerca al embalse de Calima (Lago Calima) en el Valle del Cauca, había sido acondicionado por la organización criminal como campo de tiro.

Finalmente, los 10 bienes que eran utilizados por la organización delincuencial para  el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de las armas de fuego, pasaron a ser administradas por las Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Cárcel para ‘Grupo Capital’ en Córdoba

Siete presuntos integrantes del ‘Grupo Capital’ fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir con homicidio y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, accesorios partes o municiones.

Los imputados no  aceptaron los cargos, quienes además son señalados  por la Fiscalía, de presuntamente organizar un grupo de personas, entre enero y marzo del año en curso, para realizar homicidios y otras acciones criminales al cual denominaron ‘Grupo Capital’ y que estaría, al servicio de la subestructura ‘Yepes Cantero’, del Clan del Golfo. Se les responsabiliza de más de 10 homicidios en Montería y sus alrededores.

Esta estructura, según el ente investigador, estaría compuesta por determinadores, comandantes urbanos, puntos, sicarios y comandantes financieros quienes obrando como un grupo de ‘limpieza social’, presuntamente le habrían quitado la vida a personas, quienes vendían estupefacientes por fuera de su organización y a otras con antecedentes de hurto y otros delitos.

Se trata de Fuad Enrique Betruz Florez, alias Coron coro, Luis Alfredo Fulaye Vargas, alias Mocho, Ómar Darío Peñata Martiliano, alias Mocari, Érika Andrea Navarro Pérez, alias la Flaca, Luis Alfredo Yañez, alias cucaracho; Eduard Enrique de Hoyos Ramos, alias Playa y Juan Carlos Pacheco Guevara, alias Flaco Nuevo.

Un juez con funciones de control de garantías decidió dictar medida de detención en establecimiento carcelario para 4 de los capturados y los otros 3 fueron cobijados con medida domiciliaria.

Medida de aseguramiento para contratista sucreño

Un juez con funciones de control de garantías dictó medida de aseguramiento domiciliaria en contra de Javier José Pereira Areiza, por el delito de peculado por apropiación.

De acuerdo con la investigación el indiciado, con quien presuntamente se suscribió el contrato de interventoría de la obra que construiría el puente sobre el río San Jorge, en el sector La Solera en Caimito (Sucre), habría participado en las irregularidades que se presentaron para ejecutar un abono de más de $1.250 millones sin que se haya avanzado o terminado la obra.

Por estos hechos ocurridos en febrero de 2019, hay siete personas capturadas, entre ellas el exalcalde de Caimito, Víctor Miguel Ricardo Vega.

 

Fiscalía descartó la instalación de sitio en Barranquilla para comprar votos

Foto: El Heraldo/Cortesía

La directora de la Fiscalía seccional Atlántico, Diana Núñez Forero, descartó que en un billar de Barranquilla se haya instalado un puesto para compra de votos. La funcionaria dio declaraciones a los medios de comunicación local, tras una visita de inspección en la que participaron miembros del CTI en la tarde del sábado 28 de mayo.

El operativo fue realizado en el local conocido con el nombre de  ‘La Cascada’, fue intervenido por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación en la tarde de este sábado, con la finalidad de hallar algún elemento que probara la queja realizada.

“Unidades del CTI hicieron la verificación, pero una vez allí no se advirtió de ningún tipo de irregularidad con ocasión a lo que se había publicado por redes sociales”, dijo Núñez Forero, quien además confirmó que el ente investigador desplegó un gran operativo para cubrir los tres distritos judiciales durante la jornada electoral, Barranquilla, Soledad y Sabanalarga, con grupos  conformados por fiscales, asistentes de fiscal e investigadores ”.

Medida de aseguramiento para ‘Los Ejecutivos’ y ‘Los Pirañas’

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a cinco presuntos integrantes de ‘Los Pirañas’, banda delincuencial que opera en Bogotá, involucrada en homicidios selectivos, al parecer, por el control territorial para la comercialización de sustancias ilegales en los sectores de la 38, Puerta 6, María Paz y otras zonas de la localidad de Kennedy.

Uno de los casos que se le atribuye a esta red criminal sucedió el pasado 25 de febrero cuando cinco personas reunidas cerca al lugar de los hechos coordinados por una mujer, salieron de un  establecimiento, y cuatro hombres en moto abordaron a dos mujeres que caminaban por el sector de Patio Bonito y, sin mediar palabra les dispararon en repetidas oportunidades hasta asesinarlas.

Por estos hechos la Policía Nacional capturó a Pablo Ernesto Arrieta Gutiérrez alias Guarda, Miguel Ángel Escorcia Orduz alias Guanda y a Mayra Alejandra Uscategui, presuntos sicarios al servicio de Los Piraña. Al mismo tiempo, alias Nemo y Junior, quienes están privados de la libertad por otros delitos, fueron informados en los centros carcelarios sobre este proceso en su contra.

Ninguno de las personas capturadas aceptó los cargos por homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego que les imputó la Fiscalía.

También se dictó medida de aseguramiento para integrantes de la banda ‘Los Ejecutivos’, que estarían involucrados en el asalto a mano armada a clientes de un restaurante en el norte de Bogotá.

Al lugar llegaron tres personas en un taxi y una moto para, con armas de fuego intimidar a 25 clientes, a quienes despojaron de elementos electrónicos, dinero en efectivo y joyas por cerca de 20 millones de pesos.

Elementos materiales probatorios y evidencia física recaudados por la Fiscalía permitieron dar con el paradero de los presuntos asaltantes quienes no se allanaron al cargo imputado por hurto calificado y agravado.

A Los integrantes de estas organizaciones se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Tatequieto a contaminación por minas ilegales en los Farallones de Cali

La Tercera Brigada del Ejército Nacional junto con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, el Gaula Militar del Valle del Cauca, la Brigada Contra la Minería ilegal, la Policía Nacional con sus diferentes especialidades, Grupo de Carabineros del Valle del Cauca, Fiscalías 5 y 40 especializada en Derechos Humanos, iniciaron, en una primera fase, la Operación Menfis contra la extracción de yacimientos mineros en el Parque Nacional Natural los Farallones de Cali.

Desde el viernes a las 10:00 p.m. y al amanecer de este sábado, unidades del Batallón de Alta Montaña N. 3 con apoyo de Policía Judicial y peritos llegaron, después de un desplazamiento de más de 14 horas hacia la parte alta de los Farallones, llegando a los sectores donde se asientan personas que de manera ilegal, construyen campamentos y talan los árboles para ir posteriormente, tras las vetas de oro, socavando estas montañas.

Durante la operación se realizaron allanamientos a viviendas, se levantaron campamentos, y se recogieron materiales probatorios que permitirán fortalecer la investigación contra todas estas personas que se encuentran allí y que suben materiales e insumos para su actividad ilícita.

Esta operación, busca evitar que este parque natural siga siendo destruido por ilegales que llegan de diferentes regiones del país a extraer, incluso en ocasiones con explosivos, los diferentes minerales que encuentran en el parque.

El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que con Artemisa se adelantó esta operación contra aquellas personas que de manera ilegal explotan y dañan las montañas de los Farallones, contaminando todo lo que encuentran a su paso y recordó que esta extracción ilegal de oro está contaminando los ríos que surten el agua a Cali.

Por su parte, el teniente coronel Raúl Llano, comandante del batallón de alta montaña N.° 3 Rodrigo Lloreda Caicedo, manifestó que algunos habitantes del sector son permisivos ante estas conductas criminales.

El investigador de la Fiscalía, Rodolfo Rodríguez, aseguró que los allanamientos, no son aleatorias sino que partieron de una investigación estratégica que se tiene prevista y en la que se relaciona elementos relevantes para la investigación.

La extracción ilegal de estas minas generan ganancias que se enmarcan dentro de las economías ilícitas en el departamento.

La búsqueda de las vetas de oro no solo ha atraído ecocidas a la región, sino que también se han visto afectadas grandes extensiones de flora y desplazadas varias especies de aves, reptiles y mamíferos.

 

Fiscalía solicita la preclusión del caso Fabián Sanabria

La Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión de  la investigación contra el profesor Fabián Sanabria, quien enfrenta un proceso por el delito de acoso sexual sobre la persona de Joan Sebastián González.

El ente investigador considera que los términos de la investigación  se encuentran superados porque se presentaron en el año 2012.

“Han transcurrido nueve años y 7 meses”, dijo en medio de la audiencia virtual que se cumplió en la mañana de este viernes.

Fabián Sanabria se encuentra acusado por el delito de acceso carnal violento agravado por haber abusado sexualmente de un joven, el domingo 22 de septiembre de 2013, cuando el profesor citó en su apartamento a Joan Sebastián, quien estaba interesado en que le recibiera la hoja de vida para conseguir trabajo.

A la cárcel 21 presuntos integrantes de ‘Los Chukis’ en Quindío

Un juez de control de garantías de Montenegro (Quindío) dictó medida de aseguramiento con medida carcelaria a  20 presuntos integrantes de la organización Los Chukis.

Se logró evidenciar que  la organización delincuencial comercializaba estupefacientes en el municipio de Montenegro utilizando menores de edad en distintos roles en la cadena de narcotráfico.

A esta agrupación criminal que, al parecer, es liderada por José Albeiro Hoyos González, Alias Nene y Jeferson Danilo Quintana Betancur, alias Siete O Pitbull; se le atribuyen, al menos, 27 asesinatos; 9 tentativas de homicidio y 2 desapariciones forzadas ocurridas en los municipios de Armenia, Calarcá, Montenegro, La Tebaida y Circasia.

Presumiblemente, las víctimas habrían sido integrantes de la misma red criminal que, se cree, desconocieron las órdenes impartidas por los cabecillas; otras muertes habrían sido causadas por disputas territoriales.

La Fiscalía imputó a los procesados, por delitos como homicidio agravado, homicidio en modalidad tentativa, uso de menores para la comisión de delitos, desaparición forzada; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y concierto para delinquir agravado. Uno de los imputados aceptó los cargos.

Rifirrafe entre Roy Barreras y el presidente del Senado

El senador del Pacto Histórico, Roy Barreras, contestó a las declaraciones del presidente del Senado, Juan Diego Gómez, quien hizo referencia al estudio final de Colombia Transparente, que habla de una supuesta  intervención y manipulación indebida del software de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el escrutinio del pasado 13 de marzo, con las que supuestamente se habría alterado los resultados con una matriz del 82% a favor del Pacto Histórico y del 18% a favor de los demás partidos intervinientes en las elecciones.

Gómez pidió a la Fiscalía y a los órganos de control,  acciones legales  inmediatas que suspendan o retiren del cargo al señor Registrador Alexander Vega, por considerar que “no es garantía de transparencia, idoneidad y rectitud en el proceso con miras a elegir al próximo presidente de Colombia”.

El congresista del Pacto Histórico en su respuesta, dijo: “el Pacto Histórico fue víctima de un absurdo error de diseño del formulario E-14, como todo el mundo sabe,   hizo que casi nos tumbaran medio millón de votos que logramos recuperar en actas legales, certificadas por los jueces de la República, ahora se atreva a mentir diciendo que el fraude se hizo en el software en favor del Pacto.

En las últimas, la Fiscalía abrió indagación preliminar al registrador, Alexander Vera, luego de recibir una serie de denuncias ciudadanas por presuntas irregularidades en contratos.

Fiscalía niega que tenga en la mira al registrador Vega

El registrador nacional Alexander Vega, que tiene la lupa de la opinión pública encima por las inconsistencias presentadas en el preconteo de las elecciones al Congreso del 13 de marzo, no vive su mejor momento por las presiones que varios sectores políticos tienen sobre él de cara a las elecciones presidenciales del 29 de mayo, presiones que de momento se quedan en el plano político y no trascienden a lo penal, al menos no al nivel que esperan los críticos de su gestión.

Confidencial Colombia pudo establecer que de momento la Fiscalía General de la Nación no investiga formalmente al Registrador Vega.

Por ahora, en el ente investigador rechazan una investigación formal y sólo hay una indagación preliminar producto de una denuncia que fue radicada contra el registrador hace tres meses, de momento no se ha ordenado ninguna práctica de pruebas, ni se ha ordenado escuchar al registrador, ni tampoco se ha avanzado en ninguna teoría criminal del caso.

En otras palabras, en la Fiscalía sólo hay un radicado producto de la denuncia que fue presentada meses atrás por críticos del registrador, pero el estado de dicho proceso es incipiente y de rutina y no tendría un desarrollo significativo antes del 29 de mayo cuando los colombianos están convocados a las urnas para votar en la primera vuelta presidencial.

Una vez la Fiscalía avance en la indagación preliminar podría determinar si existen méritos para investigar formalmente y vincularlo a un proceso que podría terminar con su gestión al frente de la Registraduría, pero eso tomaría tiempo por lo que fácilmente Vega Rocha podría seguir al frente de la entidad, así como del proceso electoral en primera y segunda vuelta.

Capturan a 26 personas en Bogotá

En un trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá, fueron desarticuladas durante los primeros quince días del mes de mayo 26 presuntos integrantes de siete grupos delincuenciales distintos, que estarían involucrados en robos a personas, residencias, comercio, vehículos y mercancías, entre otras conductas.

La primera de las bandas desarticuladas recibía el nombre de ‘Los Kolimas’, y delinquía en las localidades de Bosa y Kennedy. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Todos recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Se trata de: Andrés Felipe Ocampo Meza, Luis Carlos y Johan Esteven Amaya Díaz, Andrés Felipe Angulo Gutiérrez, Kevin Yesid Rodríguez Parada y Javier Sneider Ángulo Muñoz.

La segunda de las bandas era denominada como ‘Paisa Ingenio’ y era integrada por tres mujeres que se hacían pasar como integrantes del ‘Clan del Golfo’ .En el curso de la investigación se conoció que estas personas, además de llamadas intimidatorias, enviaban a sus víctimas panfletos con mensajes amenazantes y en los que exigían cuotas mensuales de dinero como supuesta colaboración a la organización criminal.

Luz Nelly Valencia Perea, Karen Mosquera Perea y Luz Amanda Montaño,  presuntas integrantes de ‘Paisa Ingenio’, fueron capturadas por la Policía Nacional. Un fiscal de la Seccional Bogotá les imputó el delito de extorsión agravada. Las procesadas no aceptaron cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

También fueron capturados ‘Los Bonanzas’.  La Fiscalía les imputó los delitos de hurto calificado agravado, secuestro simple y concierto para delinquir. Estos actuaban en vías de las localidades de Engativá y Kennedy donde supuestamente  interceptaban a los transportadores de víveres y otro tipo de mercancía, los retenían y amenazaban con armas de fuego, y les robaban los productos que movilizaban.

La labor investigativa puso en evidencia a una banda delincuencial conocida como Los Sitp 16, dedicada a robar en buses del Sistema Integrado de Trasporte Público (SITP). En uno de los eventos, los tres presuntos integrantes del grupo ilegal subieron a un automotor que se dirigía al barrio Las Gaviotas, en la localidad de San Cristóbal. Al parecer, amenazaron a los pasajeros con armas blanca y les quitaron celulares y otras pertenencias.

Los hombres que harían parte de esta red fueron capturados e imputados por el delito de hurto calificado y agravado.

Por último, fueron capturadas cuatro personas que harían parte de ‘Los Calaveras’, una estructura delincuencial que sería la responsable de cometer hurtos mediante violencia física y psicológica en la localidad de Puente Aranda, en el occidente de Bogotá.

Las evidencias indican que, supuestamente, descendían armados de un vehículo y despojaban a las víctimas de joyas y dinero en efectivo. Todos los presuntos integrantes fueron capturados e imputados por los delitos de hurto.

Víctimas del caso Uribe presentan tutela contra la Fiscalía «por dilatar el proceso»

El senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre en su calidad de víctimas en el caso que investiga al expresidente de Colombia Álvaro Uribe por manipulación de testigos y fraude procesal han presentado una tutela contra la Fiscalía al considerar que se vulneran sus derechos al dilatar el proceso.

Cepeda y Montealegre denuncian que la Fiscalía estaría violando sus derechos al debido proceso, de igualdad, de acceso a la administración de verdad y justicia y de reparación, puesto el proceso contra Uribe estaría siendo dilatado después de que el nuevo encargado del caso, Javier Cárdenas Pérez, haya ordenado nuevas investigaciones a pesar de que el tiempo para hacerlo ya ha expirado.

En un comunicado ambos sostienen que esta nueva estrategia de la Fiscalía busca revivir la posibilidad de nuevamente la preclusión del caso, algo que la magistrada, Carmen Helena Ortiz, ya les negó hace dos semanas un tribunal.

«Al dilatar injustificadamente la actuación penal, ha burlado nuestros derechos como víctimas. Asimismo, ha violentado las garantías fundamentales; al acceso a la administración de justicia; y los derechos a la verdad, la justicia y la reparación», ha denunciado Cepeda a través de un hilo en Twitter.

«La Fiscalía desde el 28 de abril tiene la obligación de acusar al imputado Uribe y no lo ha hecho; pese a que la única alternativa que tiene es esa, ha dispuesto la práctica de nuevas investigaciones», han expuesto.

Cepeda y Montealegre sostiene que el único camino legal que le queda a la Fiscalía es llamar a declarar a Uribe por estos delitos que se le imputan, fraude procesal y manipulación de testigos.

Sin embargo, Cárdenas pidió hace una semana la declaración de Uribe –algo que el anterior fiscal, Gabriel Jaimes– y de otras 26 personas, además de solicitar otros siete registros. Para Cepeda y Montealegre el tiempo para llevar a cabo estas nuevas investigaciones ha expirado por lo tanto es ilegal.

El caso Uribe

El proceso contra Uribe se remonta a 2012 cuando el exmandatario inició un proceso jurídico contra Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, al acusarle de dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarle de vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha.

Sin embargo, el proceso giró de manera inesperada cuando el Tribunal Supremo no sólo archivó la causa por falta de pruebas, sino que abrió una investigación contra Uribe por ese mismo crimen y por otro de fraude procesal, al considerar que los testimonios recopilados por Cepeda no fueron producto de manipulación ni de pagos.

Desde entonces, se abrieron dos investigaciones contra Uribe, una por presionar presuntamente a antiguos paramilitares para que declararan contra Cepeda y otra por sobornar a Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de sus afirmaciones que vinculan al expresidente con la creación de las Autodefensas Unidas en Antioquia.

A la cárcel dos personas que incendiaron un bus en Barranquilla

Imagen de referencia/Cortesía

El Juzgado Décimo Penal con funciones de control de garantías de Barranquilla envió a prisión a dos personas por su presunta responsabilidad en el incendio de un bus de transporte público.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 5 de mayo en la urbanización Caribe Verde, ubicada al suroccidente de la capital del Atlántico.

De acuerdo con la indagación, Brayan José Arenilla Acevedo y Brayan José Sánchez Brans, al parecer, subieron al bus, amedrentaron a los pasajeros para que descendieran del automotor y posteriormente lo incineraron.

Uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia les incautaron un arma de fuego, nueve proyectiles y un bolso con un recipiente con gasolina al igual que fósforos.

La Fiscalía  los imputó por los delitos de terrorismo, incendio, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, los cuales no aceptaron.