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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Fiscalía

En libertad Andrés Sotelo sospechoso de disparar contra Juan Felipe Rincón

El juez 76 de control de garantías dejó en libertad a Andrés Sotelo quien fue señalado de ser sospechoso de disparar al joven, Juan Felipe Rincón, de quien se sospecha, intercambiaba conversaciones de grueso calibre con una menor de 11 años.

Para el juez, no existen pruebas suficientes que indiquen que Andrés Sotelo es el responsable del asesinato, «por consecuencia, se decreta la libertad inmediata del joven Andrés Camilo Sotelo. Ante esta decisión proceden los recursos de ley», señaló al término de la audiencia.

El juez determinó que el arma que portaba Andrés Camilo Sotelo, “no era apta para disparar”, contrario a la pistola Sig Sauer que estaba en poder del escolta Sergio Felipe Rico.

Fiscalía no apeló la decisión y aseguró que fueron encontradas nuevas pruebas que podrían vincular al escolta Sergio Felipe Rico. Durante la audiencia, se otorgó a la familia de Juan Felipe Rincón la distinción de víctimas.

Nota relacionada: Aparece nuevo video del momento posterior al asesinato de Juan Felipe Rincón

Capturan a extorsionistas en Guaviare

Un juez envió a la cárcel Julián David Tafur Hidalgo, Elio Eduardo Martínez Martínez y José Luis Sierra Suárez; e impuesta medida no privativa de la libertad condicionada por su estado de embarazo contra Laura Daniela Estepa Cárdenas, como presuntos responsables de exigir dinero a comerciantes en San José del Guaviare.

La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos y extorsión, los cuales no fueron aceptados por ninguno de ellos.

De acuerdo con la investigación, los procesados, de manera organizada; bajo coordinación de, José Luis Sierra Suárez, alias el indio, quien habría pertenecido a las Farc; mediante llamadas y entrega de panfletos alusivos a ese grupo armado ilegal, al parecer, exigían, a comerciantes de este departamento, sumas de $1’000.000, $5’000.000 y hasta $12’000.000, a cambio de no ser agredidos.

Durante el operativo de captura a Sierra Suárez liderado por efectivos del Gaula de la Policía fueron hallados panfletos alusivos a las Farc y varios paz y salvos de víctimas que habrían pagado extorsiones.

Fiscalía imputó cargos a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la exconsejera presidencial, Sandra Ortiz, por su presunta participación en el caso de corrupción en la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo duranta la dirección de Olmedo López y la subdirección de Sneyder Pinilla.

De acuerdo a lo expuesto por la fiscal del caso, la exfuncionaria cumpliendo órdenes del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, habría entregado al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name, la suma de 3.000 millones de pesos.

Dijo además el ente investigador que Ortíz se habría válido de su nivel de poder para cuadrar citas y reuniones con el ánimo de «fomentar confianzas2.

“El 12 y 13 de octubre de 2023, Sandra Ortiz habría transportado en dos oportunidades las sumas de 1.500 millones de pesos en efectivo, para un total de 3.000 millones, con destino al presidente del Senado, Iván Name”, señaló la Fiscalía.

La exconsejera presidencial no aceptó cargos. La Fiscalía pidió medida de aseguramiento intracarcelaria.

Fiscalía desmantela operación de lavado de activos a través del sector salud

La Fiscalía General de la Nación desarticuló una operación de lavado de activos a través del sector salud ejecutada por integrantes de la organización criminal conocida con el nombre de la ‘La Constru’.

Los dineros producto del envío de clorhidrato de cocaína desde zona fronteriza con Ecuador por parte de ‘La Contru’, estructura autodenominada actualmente ‘Comandos de Frontera’ de las disidencias de las Farc, habrían sido invertidos en el sector salud para ocultar su verdadero origen.

La investigación señala que fueron creadas con estos fines, Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), adquiridas ambulancias y otros bienes para constituir una estructura que brindara servicios médicos a poblaciones de Putumayo, Caldas, Nariño, Huila, Cauca y Valle del Cauca.

Los elementos materiales probatorios indican que Édison Bernardo Rosero, alias Chamón, señalado cabecilla de ‘La Constru’, inicialmente compró 24 vehículos, entre ambulancias y un carro de gama alta; una droguería y ocho sociedades comerciales. En su momento, las propiedades fueron puestas a nombre de un grupo de personas que se habría dedicado a sacarles provecho económico y mantenerlas en servicio.

Seis de los señalados titulares de los bienes fueron capturados y judicializados. Se trata de Edison Bernardo Rosero, Yésica Tatiana Rúales Castillo, Gloria Alicia Arteaga Angulo, Paola Andrea Solarte Rosero, Yuri Nathaly Rosero y Óscar Ortega Hernández.

Como resultado de esta operación, Bernardo Rosero, Solarte Rosero, Nathaly Rosero y Ortega Hernández recibieron medida
de aseguramiento en centro carcelario; mientras que Yesica Tatiana Rúales Castillo y Gloria Alicia Arteaga Ángulo deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.

La labor de rastreo de la Fiscalía permitió identificar 32 bienes, representados en ambulancias, IPS, automóviles de alta gama y establecimientos de comercio registrados a nombre de los hoy procesados. En ese sentido, fueron afectados con medidas cautelares de secuestro, toma de posesión, embargo y suspensión del poder dispositivo.

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Fiscalía imputa cargos a coronel (r) del Ejército por el asesinato de un líder social

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al coronel en retiro del Ejército Nacional, José Alejandro Castro Cadavid, quien habría dado la orden de ejecutar la acción criminal a la subestructura Arístides Manuel Meza Páez del ‘Clan del Golfo’.

De acuerdo con la investigación, el oficial en retiro sería uno de los articuladores principales del ‘Clan del Golfo’ en esa zona del país. Al parecer, consideraba al líder social como un opositor del grupo armado ilegal por el liderazgo que ejercía y las denuncias que interponía en su condición de presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Agromisbol).

Previamente, el líder había recibido varios panfletos amenazantes a nombre de este grupo ilegal. Sin embargo, no se detuvo y continuó con su actividad social. En respuesta, el coronel en retiro presuntamente dispuso que hombres armados lo interceptaran en la puerta de su lugar de residencia y le dispararan, como efectivamente sucedió.

El coronel en retiro deberá enfrentar cargos por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Por este asesinato la Fiscalía ha judicializado a cuatro personas, tres hombres y una mujer, que se encuentran privados de la libertad en centro carcelario. Una de ellas aceptó su participación en el crimen.

Ocupan inmuebles dedicados a la explotación sexual de menores en Medellín

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de secuestro, toma de posesión, embargo y suspensión del poder dispositivo sobre ocho inmuebles que estarían al servicio de redes delictivas dedicadas a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes; y a la venta de estupefacientes al menudeo en el centro de Medellín (Antioquia).

Se trata de hoteles, residencias, hostales, inquilinatos y parqueaderos en los que los menores de edad eran inducidos a ejercer actividades de tipo sexual.

En la investigación se logró establecer que varios de los inmuebles han sido afectados con medidas administrativas por parte de la Alcaldía de Medellín, y están vinculados a diferentes procesos penales. Estos lugares era también utilizados como centros de acopio de sustancias pscoactivas.

Imputan nuevos cargos a María Isabel Urrutia

La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos cargos en contra de la exministra del Deporte y exrepresentante a la cámara, María Isabel Urrutia, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documentos relacionados con el trámite precontractual.

Como ministra del Deportes, Urrutia lideró el proceso de contratación para la implementación de un software denominado “Sistema de Validación Nacional”, que permitiera la asociación de la boleta al documento de identidad de los hinchas del fútbol y la verificación de antecedentes, con el fin de hacer efectivas las restricciones de derecho de admisión en los estadios.

La investigación determinó que la ministra habría violentado las normas de contratación y los parámetros definidos en el Decreto 1622, donde se ordena que el proceso de escogencia del contratista debía garantizar la concurrencia de oferentes. No obstante, fue seleccionado de manera directa.

El ente investigador estableció además que en dos oportunidades la exministra buscó a intermediarios para adjudicarles el contrato; sin embargo, los condicionó a subcontratar a una particular con quien se había acordado desde el inicio del proceso que se quedaría con el proyecto.

Además se determinó que desconoció las advertencias de los jurídicos de la entidad y no se justificó la razón por la cual se contrató directamente apartándose de la obligación de convocar a una licitación pública.

De otra parte, en el trámite precontractual no se hicieron los estudios de mercado, tampoco se surtió el proceso para la formación del precio del contrato ni del valor de las actividades previstas, pero se fijó un costo que ascendió a 4.950 millones de pesos.

Imputan cargos a posibles responsables del asesinato de una mujer trans en Cali

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Miguel Antonio Ochoa Guevara, alias Boris; y a Paola Andrea Churi Cortés como posibles responsables de la muerte de una mujer trans, cuyo nombre identitario era Macarena, en hechos ocurridos el pasado 21 de abril, en Cali (Valle del Cauca).

El ente investigador estableció que ‘Boris’ contactó a la víctima, quien ofrecía servicios sexuales, y permaneció con ella en un
inmueble del barrio San Nicolás.

Al parecer, ‘Boris’ la culpó de haberle quitado algunas pertenencias e inmediatamente la golpeó. De acuerdo con la investigación, «esta práctica violenta la habría tenido contra otras mujeres trans en el pasado».

Los elementos de prueba recopilados dan cuenta de que el hombre salió de la vivienda, y minutos después regresó en su vehículo, acompañado de tres personas, entre las que se encontraba Churi Cortés. Los ocupantes se bajaron del carro, persiguieron a Macarena y la golpearon con un revólver. La víctima intentó huir, pero fue atacada con arma de fuego.

Miguel Antonio Ochoa Guevara fue acusado por los delitos de feminicidio agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Imputan cargos a dos proveedores de streaming ilegal

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Juan Diego y José Daniel Santacruz Benavidez, quienes fueron
capturados en diligencias realizadas por el CTI y la Policía Nacional en Pasto (Nariño) por los delitos de violación a los derechos patrimoniales de autor y uso de software malicioso.

Estas personas al parecer, disponían de dos plataformas que reproducían canales de televisión internacional por suscripción, películas y otros productos sin autorización de los propietarios.

Los interesados en adquirir estas herramientas, llamadas ‘Magis TV’ y ‘Magis Oficial’, ingresaban a dos páginas web para descargarlas y así acceder la oferta audiovisual; sin embargo, también instalaban en sus dispositivos un software malicioso que habilitaba la cámara, alertaba sobre la geolocalización del usuario y facilitaba la transmisión de datos, fotografías y videos personales a almacenamientos externos.

Los hermanos Santacruz Benavidez aceptaron los cargos en su contra y seguirán vinculados a la investigación.

Fiscalía aplica Extinción de Dominio a bienes de alias Megateo

La Fiscalía General de la Nación aplicó la figura de Extinción de Dominio a bienes que harían parte del patrimonio ilícito
de Víctor Ramón Navarro Serrano, alias Megateo, el extinto cabecilla de la organización criminal ‘Los Pelusos’.

Entre los bienes incautados se encuentran nueve propiedades, representadas en un apartamento, un parqueadero, una casa, dos fincas, dos sociedades y dos vehículos, que habrían sido adquiridos con recursos provenientes del envío de cocaína a destinos internacionales, entre 2003 y 2011.

Los inmuebles, avaluados preliminarmente en 1.200 millones de pesos, estarían a nombre de tres de los señalados articuladores de la organización criminal, quienes serían los encargados de coordinar la salida de los cargamentos de estupefacientes desde Colombia hacia Panamá y República Dominicana, rumbo a Estados Unidos.

Un hombre vivía en Medellín con cinco boas constrictor

Personal especializado en el rescate de animales silvestres acudieron a una vivienda en la ciudad de Medellín (Antioquia) en donde encontraron cinco boas constrictor y a una tortuga matamata, dos especies de la amazonia que habrían sido extraídas de su hábitat y trasladadas en precarias condiciones al inmueble, donde permanecían en un espacio no apto para su conservación.

Los animales fueron recuperados y puestos a disposición de la autoridad ambiental. Entre tanto, Ospina Muñoz fue presentado ante un juez de control de garantías e imputado por los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables y tráfico de fauna.

En otro operativo en el municipio de Sabaneta (Antioquia), fue rescatada una canina, llamada ‘Sasha’, y a sus cachorros que presentaban un estado avanzado de desnutrición y otras complicaciones.

‘Sasha’ y sus cachorros fueron trasladados a un centro de recuperación integral. Aguirre Marulanda fue citado a audiencia de imputación, en la que le fue formulado el cargo de maltrato animal.

Por maltrato físico y abusos sexuales judicializan a integrantes de fundaciones de rehabilitación de población vulnerable

La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de 21 personas presuntamente vinculadas a actos de violencia y abuso, que incluso habrían provocado la muerte de varios pacientes, la Fiscalía General de la Nación intervino la actividad de ocho fundaciones privadas que se dedicaban a la rehabilitación de población vulnerable y con problemas de adicción en Santander.

Los elementos de prueba indican que harían parte de una estructura delictiva que, a través de instituciones que ofrecían servicios de atención a ciudadanos con problemas de adicción, habrían incurrido en conductas en contra de la dignidad y la vida de los internos, que dejaron ocho muertos y algo más de 500 víctimas.

Estas personas enfrentan cargos por homicidio, concierto para delinquir agravado con fines de secuestro y
tortura, secuestro, inducción a la prostitución, acceso carnal con incapaz de resistir, acto sexual violento, tortura y acceso carnal violento.

Los centros de rehabilitación referenciados estaban ubicados en Bucaramanga, Piedecuesta y Girón (Santander). En las investigaciones se estableció que recibían personas provenientes de diferentes municipios de Santander, Norte de Santander y Atlántico, quienes padecieron condiciones de hacinamiento, insalubridad, falta de suministro de comida, entrega indiscriminada de tratamientos psiquiátricos y largos periodos de incomunicación.

Asimismo, se conoció que algunos de los empleados de estas fundaciones habrían abusado sexualmente de varios menores de edad que permanecían sedados por los medicamentos que les proporcionaban. También se acreditaron casos en los que los internos fueron llevados a ‘cuartos de reflexión’, donde recibieron baños de agua fría, fueron golpeados y amarrados.

Los testimonios recibidos en contra de esta organización delincuencial coinciden en señalar que los posibles integrantes se hicieron pasar como autoridades en distintas oportunidades para intimidar a las víctimas, con el supuesto de que iban a ser capturadas por tráfico de estupefacientes, entre otros delitos.

Acusan al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exgobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

De acuerdo con la investigación, «el exmandatario habría aprovechado la emergencia social y económica decretada por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia del Covid-19, para celebrar 23 contratos para el suministro de 73.500 kits alimentarios para población vulnerable del departamento, en marzo de 2020».

La Fiscalía atribuye a Monsalvo Gnecco el posible direccionamiento irregular de la contratación de los paquetes alimentarios, por un valor de 9.000 millones de pesos.

En el curso de la investigación se conoció que no existió un adecuado estudio de mercado para establecer el costo real de cada kit. Es así como se impuso arbitrariamente un valor unitario de 126.600 pesos, sin atender factores de calidad, cantidad y lugar donde iban a ser entregados. De esta manera, al parecer, fueron vulnerados los principios de transparencia, selección objetiva y economía.

Para la Fiscalía, el hoy acusado omitió la función de ejercer supervisión, control y vigilancia sobre los contratos celebrados durante su administración, y permitió un detrimento patrimonial por 408 millones de pesos.

Avanza investigación por estafa en proyecto de vivienda en Villavicencio

La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación judicial que se le sigue a Fredy Caro Villalba, señalado de ser la cabeza principal de una estafa en masa relacionada con el ofrecimiento y venta de viviendas de interés social en Villavicencio (Meta).

Esta persona es señalada de hacerse pasar como funcionario y utilizar documentación oficial para ofertar sin autorización un proyecto urbanístico del que no hacía parte, ni ejercía como intermediario para comercializarlo.

Para sustentar el engaño, al parecer, exigía a las víctimas copia de las cédulas de ciudadanía, de los registros civiles de nacimiento de los hijos y de las afiliaciones al Sisbén; además del pago de una cuota para asegurar el supuesto negocio, que oscilaba entre los 3 y 4 millones de pesos en efectivo.

De acuerdo con el organismo de investigación, «Una vez cumplidos los requisitos por parte de los interesados, se habría comprometido a entregar las promesas de compraventa de los inmuebles, algo que no cumplió. Asimismo, presuntamente citó a los afectados en dos grupos para devolverles el dinero de la inversión; sin embargo, a los encuentros programados en el centro de Villavicencio tampoco acudió».

En el curso de la investigación se acreditó que 33 familias creyeron en la falsa iniciativa y confiaron parte de sus ahorros. Hay un cálculo preliminar de pérdidas por algo más de 123 millones de pesos.

Desmantelan red ilegal de tráfico de migrantes

Imagen de referencia

Un operativo coordinado por la Fiscalía General de la Nación, en donde participó la DIJIN y agencias estadounidenses, permitió la captura de 13 de los presuntos integrantes de dos redes delictivas señaladas de facilitar el tránsito irregular y la salida de migrantes por el Golfo de Urabá y San Andrés Islas para seguir su camino a países de Centroamérica y Estados Unidos.

Nueve de los hoy procesados harían parte de un grupo delincuencial que recibía en Medellín (Antioquia) a haitianos, cubanos y asiáticos, entre otros extranjeros de distintas nacionalidades. Por sumas que oscilaban entre 200 y 450 dólares, al parecer, les brindaban hospedaje, alimentación y transporte terrestre hasta el Golfo de Urabá, donde eran embarcados en lachas rápidas para trasladarlos a Panamá.

Cuatro investigados pertenecerían a una estructura ilegal que estaría involucrada en el traslado aéreo de ciudadanos chinos
desde Medellín hasta San Andrés Islas, para posteriormente moverlos por vía marítima a Nicaragua.

Entre ellos se encuentra una funcionaria de la Gobernación de San Andrés, Deabreach Nasstasja Pomare Stephens; y el servidor de la Oficina de Control de Circulación y Residencia (OCCRE), Jeffry Allen Christopher Thyme, quienes presuntamente permitían la entrada irregular de los migrantes al archipiélago y les autorizaban la permanencia, mientras se concretaba su salida en embarcaciones a Centroamérica. Estas cuatro personas deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.