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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Fiscalía

La Contraloría encontró 1.638 predios en proceso de extinción de dominio que la SAE aun no encuentra

La Contraloría General de la República reveló un informe donde demuestra que 1.638 predios en procesos de extinción de dominio no se han entregado para su ministración por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) o cualquier otra entidad.

«La Contraloría General de la República, a través de las herramientas tecnológicas de la Diari, logró rastrear y encontrar hasta ahora 1.638 predios con medida de extinción de dominio que no están siendo administrados por nadie, cuando debían estar a cargo de la SAE», comunicó la entidad.

 

De acuerdo con el Contralor Carlos Hernán Rodríguez existe un número importante de predios que, por terminar con declaratoria de improcedencia, han sido devueltos a sus dueños. En esa condición se encontraron el 35 por ciento de los que hasta ahora ha revisado la DIARI.

De acuerdo con el reporte, la tarea en adelante es establecer el valor catastral de las propiedades, entre las que se incluyen apartamentos, casas, fincas, lotes, bodegas, y hasta un centro comercial situado en Bogotá. Según la Contraloría, más que bienes perdidos lo que hay son bienes que no fueron entregados para administración.

«En el inventario existen 6634 predios que tienen medida cautelar de extinción de dominio, 2465 sobre los cuales la Fiscalía ha declarado improcedencia y han sido devueltos a sus dueños y, finalmente, 1.638 que están huérfanos (se encuentran con medida cautelar de extinción o suspensión del poder dispositivo, no los tiene la SAE y no se sabe cuál es su estado», explica la entidad en el comunicado de prensa.

Otro punto que llamó la atención de la Contraloría es la altísima proporción de predios que entran en proceso de extinción, pero finalmente los procesos judiciales y administrativos fracasan.

“Algo está pasando con la justicia, cuando de 100 predios que se incautan, se devuelven 35. ¿Acaso la imposición de medidas cautelares no tiene el suficiente rigor investigativo? Y es un riesgo porque el Gobierno gasta en administrar estos predios y al final toca devolverlos, sin contar con las posibles demandas de los afectados por la imposición de medidas cautelares», puntualiza el texto.

Capturan a una familia que habría defraudado al Estado por más de 157 mil millones de pesos

La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en articulación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la fiscalía general de la Nación, desarticularon una organización formada por cuatro integrantes de una misma familia: madre, dos hijos, la contadora, además, las autoridades colombianas, emitieron Circular Azul de INTERPOL a un tercer hijo.

Llegaron hasta un sector exclusivo en la ciudad de Barranquilla, donde fueron capturadas cuatro integrantes de una misma familia (madre, dos hijos y la contadora) por los presuntos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y fraude aduanero.

 

La organización delincuencial, que defraudo al Estado por más de $157 mil millones de pesos, importaba celulares, partes y accesorios de gama alta; los cuales eran ingresados por los diferentes aeropuertos del país, con el fin de lavar activos bajo la modalidad de subfacturación (Declaraban ante la DIAN, precios bajos y falsificaban las facturas para evadir impuestos).

Esta estructura criminal, a través de una cadena de 07 empresas fachadas, ubicadas en la misma dirección y con el mismo objeto social, habrían canalizado el millonario desfalco al estado.

La organización era liderada por el hijo mayor de esa familia; la mamá era conocida con el alias de “La Profe”, fungía como representante legal y accionista mayoritaria del grupo criminal, además dictaba clases en una reconocida universidad de la ciudad; de otro lado, el segundo hijo era el subgerente, encargado de realizar los giros al exterior y un tercer descendiente, a quien las autoridades emitieron Circular Azul de INTERPOL.

Mediante actividades judiciales, se logra establecer que esta organización adulteraba las facturas de compra del exterior con el fin de declarar menos tributos. También se logró establecer que las personas naturales y jurídicas no declaran ante la DIAN la realidad económica de sus operaciones financieras.

Esta organización delincuencial adulteraba las declaraciones de importación, cuando eran requeridas en recursos de reconsideración por parte de la DIAN.

 

 

Cárcel a tres policías por extorsionar en medio de falsos retenes

Una investigación liderada por la fiscalía general de la Nación, permitió identificar y judicializar a tres policías que, presuntamente, serían responsables de exigir dinero a personas que estarían implicadas en delitos, con el objetivo de no capturarlos.

Al parecer, los uniformados habrían aprovechado sus cargos para instalar falsos puestos de control donde se cree, capturaban a personas que estarían involucradas en delitos y los retenían hasta que accedían a pagar sumas que oscilaban entre los 5 y 12 millones de pesos.

 

La investigación da cuenta que los tres funcionarios aprovechaban las horas de la noche para realizar las actividades ilícitas. De la misma manera, se logró determinar que los uniformados contaban con la ayuda de personas que adicionalmente apoyaban falsas versiones que inculpaban a las personas que eran retenidas y de esa manera daban mayor credibilidad a la supuesta judicialización.

Uno de los casos más recientes se registró el pasado 11 de mayo cuando fueron retenidas tres personas, aparentemente, responsables de porte de sustancias alucinógenas. En la investigación se estableció que los presuntos implicados habrían recibido cinco millones de pesos por parte de las víctimas. Dicho pago, habría impedido el reporte de las capturas ante las autoridades competentes.

Por estos hechos, una fiscal seccional imputó a los funcionarios los delitos de concusión, cohecho propio, concierto para delinquir y secuestro extorsivo.

Un juez con función de control de garantías impuso a los investigados, medidas de aseguramiento en establecimientos carcelarios.

Fiscalía dará traslado de acusación contra el periodista Juan Fernando Barona por agresión a su pareja

El fiscal que investiga el caso del periodista, Juan Fernando Barona Fernández y Nicolás Vergara Vargas, como responsables del delito de violencia intrafamiliar,  encontró mérito suficiente para correr traslado de acusación,

Videos de cámaras de seguridad divulgados el pasado 9 de noviembre dan cuenta de que el comunicador habría golpeado en varias oportunidades a una mujer en el ascensor y el parqueadero de una unidad residencial del norte de Bogotá, mientras que la otra persona, presuntamente, lo apoyaba y no intervenía para evitar la agresión.

 

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Desde el momento en el que se conocieron los registros fílmicos, la Fiscalía abrió investigación de oficio y dispuso de un equipo especializado adscrito al Grupo de Trabajo Nacional de Violencia Género para esclarecer lo ocurrido. Los investigadores trabajaron en la recopilación material de prueba, entrevistaron testigos y contactaron a la víctima, a través de su abogada, para conocer su versión.

Imputan cargos a exalcalde de Valledupar

La fiscalía general de la Nación imputó al exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, a tres de sus exsecretarios, dos contratistas y un interventor del municipio de Valledupar (Cesar), como presuntos responsables de irregularidades en la construcción de la primera etapa parque Casa en el Aire.

De acuerdo a los elementos materiales probatorios, se firmó un contrato inicial por un valor de seis mil millones de pesos, con un plazo de ejecución de 11 meses con un consorcio, donde la supervisión estaba a cargo Vergara Cabello y Morón Riveira.

 

Se pudo establecer que, durante la etapa precontractual se habría omitido obtener la licencia de construcción lo que generó un desplazamiento de la cimentación de la obra trayendo como consecuencia, la suspensión en tres oportunidades del proyecto, surgiendo además la necesidad de hacer una adición al contrato de 2.897 millones de pesos, para un total de nueve mil millones. 

Asimismo, se conoció que los cobros realizados por el nuevo representante legal del consorcio, fueron autorizados tanto por el interventor y los supervisores saliente y entrante.

El ente acusador logró evidenciar que hasta el momento se han cancelado 8.357 millones de pesos, lo que equivale al 89 por ciento de la obra, sin embargo, se determinó que el contratista habría presentado al municipio la ejecución   de obras a mayor valor y mayores cantidades.

Con lo anterior se pudo precisar que el municipio ha pagado más de 3.000 millones de pesos y la obra aún no termina. Por estos hechos la Fiscalía les imputó los delitos de peculado por apropiación, agravado y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

Ejército Nacional y Policía capturaron a delincuentes en Puerto Berrio, Antioquia

Mediante orden de registro y allanamiento, el Ejército Nacional, en  coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de siete sujetos que serían integrantes de los grupos delincuenciales Los del Río, Los de La Paz y Los del Divino Niño, que delinquen en Puerto Berrío, Antioquia..

Las capturas se materializaron, tras 14 órdenes de allanamiento, en los barrios La Milla, Divino Niño, Villas del Coral y la Paz, donde estas personas estarían cometiendo delitos como porte y tenencia ilegal de armas de fuego, comercio y tráfico de estupefacientes, homicidios selectivos, hurto de motocicletas, extorsión y enfrentamiento entre ilegales.

 

Durante la operación militar se incautó un revólver, un arma traumática modificada, 6 cartuchos, 1530 gramos de marihuana, más de 450 gramos de clorhidrato de cocaína, alrededor de 190 gramos de bazuco, 2 cámaras de seguridad, un DVR, una gramera, 2 teléfonos celulares y dinero en efectivo.

 

Condenan a Carlos Mattos

El empresario Carlos Mattos, fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión, tras ser hallado culpable de ofrecer y pagar millonarios sobornos para seguir teniendo la autorización de vender carros de la marca coreana Hyundai en Colombia.

La condena la impuso el Juez 11 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, quien además le impuso una multa de 131, 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa y 108 meses de inhabilitación.

 

Mattos deberá cumplir la pena en un establecimiento carcelario que definirá el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La fiscalía general de la Nación demostró el empresario, no incrementó su patrimonio al haber sido beneficiado con las medidas cautelares que consiguió con el pago de sobornos.

Actualmente, Mattos Barrero permanece privado de la libertad en la cárcel El Bosque de Barranquilla (Atlántico).

Violador de Hilary Castro fue asesinado, según Medicina Legal

El Instituto Nacional de Medicina Legal, estableció que la muerte de Juan Pablo Gonzáles -el hombre capturado por el abuso sexual contra la joven Hilary Castro- se produjo por múltiples heridas, por lo que su deceso, según las evidencias, sería producto de un homicidio.

El cuerpo del presunto violador fue encontrado en la URI de Puente Aranda donde fue recluido luego de su detención. En el lugar de prisión estaban alrededor de 80 presos.

 

Juan Pablo González fue enviado a prisión tras una investigación luego de conocerse la denuncia de la menor de edad, Hilary Castro, quien asegura que el hombre la abordó al salir de la estación de TransMilenio en la Castellana y amenazándola con un cuchillo la sometió sexualmente.

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Con los resultados de Medicinal Legal, la Fiscalía General de la Nación, deberá establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar del asesinato, además de investigar a los funcionarios a cargo de velar por su seguridad.

Capturan al agresor de Hilary Castro

La fiscalía general y la Policía Metropolitana de Bogotá informaron la captura de quien sería el responsable de abusar sexualmente de Hilary Castro, una menor de 17 años en la estación de TransMilenio, La Castellana.

«Trabajo investigativo de Fiscalía y la Policía permitió identificar y capturar al presunto responsable de abuso sexual contra adolescente de 17 años, en hechos ocurridos el 31 de octubre, en Transmilenio. En próximas horas será presentado ante juez de control de garantías», sostuvo.

 

El hecho fue revelado en días pasados por la víctima, quien además dijo que en el momento en que se acercó para instaurar la demanda, no fue atendida por los funcionarios a cargo del tema en las entidades respectivas.

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El brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán, comandante de la Policía de Bogotá, afirmó que «rechazó tal acto y dispongo de todas las capacidades tecnológicas, investigativas y de personal para identificar e individualizar a dicho delincuente, así llevarlo ante la justicia por agredir a una menor de edad.»

La Policía Metropolitana anunció una recompensa de 30 millones de pesos, por información que permitiera la captura del delincuente.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, agradeció la información y de nuevo rechazó la agresión de la que Hilary fue víctima.

 

La Unidad de Víctimas le pone el ojo por posibles irregularidades, al Fondo para la Reparación de Víctimas

En un comunicado del 2 de noviembre de 2022 la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, solicitó a los entes de control realizar investigaciones y auditorias especiales  al Fondo para Reparación a las Víctimas, así mismo que se adelanten acciones preventivas y correctivas para garantizar los derechos de las víctimas y proteger el patrimonio y transparencia de la entidad, tras un análisis preliminar de la Unidad.

“Es importante iniciar las acciones pertinentes para que no sigan ocurriendo este tipo de actos. En este Gobierno estamos decididos a defender los recursos y la transparencia de las instituciones. Las víctimas del conflicto armado han sufrido múltiples hechos lamentables y no es posible que los recursos con los que esperan ser indemnizados estén afectados por posibles hechos de corrupción”, indicó la directora.

 

Fondo Nacional de Reparación

Una de las situaciones identificadas fue el valor excesivamente bajo de algunos de los cánones de arrendamiento de los bienes administrados por el Fondo para la Reparación a las Víctimas: el equipo de trabajo reportó 43 bienes inmuebles con cánones de arrendamiento cuyo valor oscila entre los $4.437 y $103.000. Entre ellos se encuentran fincas, lotes y parcelas en su mayoría rurales.

Así mismo, de los 2.346 bienes que administra el Fondo, a septiembre de 2022, más de 900 bienes presentan ocupación irregular, deterioro o falta del cumplimiento del objetivo principal que es la monetización. Actualmente, la Unidad indaga el estado en el que estos bienes fueron entregados por la Fiscalía General de la Nación al Fondo.

Se encontró que existe un alto porcentaje de bienes con arrendatarios morosos en los que el Fondo no adelantó acciones administrativas para recuperar el bien, ni tampoco acciones judiciales efectivas para recuperar la cartera. Además, se identificó que varios de los bienes fueron arrendados a una misma persona sin analizar los perfiles y antecedentes tanto del arrendatario como del codeudor.

La directora también informó que al interior de la Unidad para las Víctimas, se ha dilatado la entrega de información solicitada para verificar el estado en el que se encuentra la entidad.

Rezagos en la reparación

Según reveló la directora de la Unidad de Víctimas, durante la vigencia de la Ley de Víctimas únicamente se han reparado a un poco más de un millón de las nueve millones de víctimas del conflicto armado inscritas en el Registro Único de Víctimas. por ejemplo, en el caso de la reparación individual, durante el funcionamiento de la entidad, únicamente se han indemnizado
a 1.318.634 víctimas del conflicto armado con una ejecución de $9,86 billones.

Aseguró que esto presenta un rezago por indemnizar de 6.071.978 víctimas que, de continuarse con el mismo ritmo de ejecución, solo se podrían indemnizar a estas personas hasta el 2082.

En materia de reparación colectiva, mencionó que existen 857 Sujetos de Reparación Colectiva en el Registro Único de Víctimas, de los cuales tan solo se han reparado un poco más de 56, lo cual implica un rezago que solo podría ser reparado hasta el año 2046.

“Tenemos cuatro años para realizar acciones de reparación integral y atender las necesidades de las víctimas. Sin embargo, encuentro muchísimas anotaciones de Contraloría y Procuraduría que muestran cómo las brechas que existen entre las normas y el incumplimiento de la entidad son reiterativas con las víctimas del conflicto, y eso ha afectado en su reparación y en los modelos de atención que no se resuelven con dignidad”, enfatizó Patricia Tobón.

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Foto: cortesía

Claudia López vuelve a criticar a la justicia

El reciente balance de seguridad en Bogotá, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, evidencia un avance favorable del plan que implementó el Distrito Capital para reducir los delitos de alto impacto que afectan a la ciudad. Los delitos que disminuyeron en la ciudad son: hurto a comercio (-24%), extorción (-22,1%), hurto a residencias (-19,1%), hurto a bicicletas (-15,8%) homicidio (-11,8%), hurto de automotores (-10,9%) y hurto a motocicletas (-5%).

“Seguimos protegiendo la vida, reduciendo el homicidio, desmantelando bandas delincuenciales. La mayoría de los 12 indicadores de impacto en la seguridad van a la baja gracias a estos esfuerzos. Infortunadamente, cuatro aún no van a la baja”, indicó la alcaldesa, afirmando que, en lo relacionado con violencia intrafamiliar, violencia sexual, hurto a personas y hurto a celulares, es necesario hacer un esfuerzo mayor.

 

La acción conjunta y coordina de la Policía Metropolitana con la fiscalía general de la Nación, permitió la afectación a nueve de las 11 organizaciones de crimen transnacional que delinquen en la ciudad y han desarticulado a 464 grupos de crimen organizado.

“Gracias a esa acción conjunta hay menos hurto de carros, de motocicletas; pero debemos seguir haciendo mayores esfuerzos para mejorar la seguridad, convivencia y justicia”, sostuvo la mandataria distrital.

La desarticulación de estas organizaciones que delinquen en la ciudad se logró gracias al trabajo de un grupo élite de investigadores y de fiscales destacados. De acuerdo con los resultados estructurales de estas operaciones se confirmaron 111 capturas, 12 circulares azules, 38 armas de fuego y más de 33.000 dosis de estupefacientes incautadas.

Así mismo, se han logrado esclarecer 40 casos de personas asesinadas y dejadas en vía pública en la ciudad, entre los que se cuentan los registrados en agosto de este año, en el barrio El Amparo de la localidad de Kennedy. 

La alcaldesa Claudia López, una vez más llamó la atención a los jueces por la manera en como están aplicando la justicia en materia de hurtos.

“Solamente 764 casos de esos 8.041 quedaron con detención carcelaria, es decir, ni siquiera los 1.047 casos en los que había arma de por medio, ni siquiera teniendo al atracador y al arma, los mandaron a la cárcel”, señaló de manera vehemente.

Y agregó: “Les dieron atención domiciliaria a 71, -mandar a prisión domiciliaria es equivalente a dejar en libertad- y a 8 les pusieron brazalete electrónico. Es decir, el 88 % de los casos y de los detenidos por nuestra policía, quedan en libertad”.

La Alcaldesa Mayor recordó que la implementación de la Ley de Seguridad Ciudadana estableció agravantes para evitar la impunidad, sin embargo, como lo demuestran las cifras, tampoco se está      cumpliendo.

En relación con la aplicación de medidas cautelares por hurto a personas, en el periodo comprendido entre el 25 de enero al 31 de octubre de 2022 se realizaron

5.596 capturas, de las cuales 4.491 fueron en flagrancia; de estas, en el 49% de los casos el fiscal solicitó la libertad, mientras que en un 35%, fue el juez quien la decidió, y en un 11% se profirió medida de aseguramiento intramural.

Por otra parte, en el mismo periodo, se efectuaron 1.105 capturas por orden judicial; en el 85% de los casos se dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, en un 11% el juez decretó la libertad, en un 2% fue el fiscal quien la solicitó, mientras que en un 2% se decidió cobijar al delincuente con detención domiciliaria.

En el 24% de los casos, los delincuentes quedaron en libertad por tratarse de una querella, según el fiscal del caso; en el 14% la pena resultó inferior por el tipo de delito; y en el 11% hubo una conciliación, mecanismo legítimo consagrado en la ley.

“De cada cuatro capturados, a dos los termina dejando libre el fiscal, es decir, el fiscal del caso no imputa el cargo, no destaca el agravante y lo deja libre. A uno de cada cuatro, lo deja libre el juez y en el resto o no aplicaba o hay algún error en el procedimiento”, explicó la mandataria.

Al revelar estas cifras, Claudia López comentó que “el problema es cómo están interpretando la ley los jueces y los fiscales, la manera como la están aplicando, y también algunas disposiciones que tiene la ley y que se deben cambiar. La interpretación de la ley siempre debe favorecer a la víctima, no al victimario”.

Además, le reiteró al Congreso de la República que “no puede ser que no haya justicia para los ‘nadie’. Señores del Congreso de la República: llevamos más de un

año que propusimos una reforma a la que no le han dado ni siquiera el primer debate”. Por eso mismo aseveró que “esta democracia, a este nivel de impunidad, no nos cuida. La Constitución Política ordena proteger la vida, los bienes y la honra”.

Caso de Hillary Castro

Sobre el caso de Hillary Castro, la joven que denunció ser víctima de abuso en inmediaciones a una estación de TransMilenio, la alcaldesa Claudia López admitió que se detectaron errores en la atención integral y oportuna de la mujer.

“Es inaceptable que se abuse de la integridad de una mujer. Ella es una mujer joven, valiente, feminista, por eso agradecemos que nos ayude a corregir las fallas que se encontraron”, dijo la mandataria que ya la Secretaría Distrital de la Mujer le está brindando todo el acompañamiento jurídico y psicosocial.

En ese sentido, Diana Rodríguez, secretaria de la Mujer, expreso su profundo rechazo por estos hechos, e igualmente toda la solidaridad a la familia de la víctima.

 

 

Desarticulan banda delincuencial en el centro de Bogotá

El secretario de Seguridad y Convivencia de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, anunció la desarticulación de las bandas delincuenciales dedicadas a la venta de estupefacientes en el sector de Cinco Huecos y el Parque Santander, denominadas como ‘Toño y las Figuritas’.

Trece de los integrantes de estas bandas se encuentran con medida de aseguramiento intramural, según lo informó la fiscalía general de la Nación.

 

Estas bandas se dedicaban a la venta de sustancias ilegales en el Parque Santander a menores de edad estudiantes de colegio y a estudiantes universitarios. Una de las capturadas es alias ‘La Patrona’.

La Secretaría de Seguridad aseguró que la labor de recuperación en la zona de Cinco Huecos en Bogotá, continuará y se intensificará en los próximos meses.

 

Primera Línea llega hasta la Fiscalía provocando choques con el Esmad

Foto tomada de redes sociales

La marcha de la Primera Línea generó diferentes bloqueos durante el día en algunos puntos del sistema TransMilenio como El Tiempo, Salitre, CAN, Gobernación, Quinta Paredes y Recinto Ferial.

 

También fue necesario dejar de atender por cierto espacio de tiempo en las estaciones de la Sabana, Ricaurte, San Fasón y Calle 19.

Pasada las 6 de la tarde los manifestantes llegaron hasta el bunker de la fiscalía general de la Nación generando choques con agentes del Esmad.

La denominada Primera Línea en Bogotá convocó a una manifestación para exigir la liberación de sus compañeros que se encuentran presos en las cárceles y que fueron capturados durante las protestas sociales en el gobierno de Iván Duque.

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“Robar es un delito no un deporte”: regaño de Claudia López a los jueces

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo un fuerte llamado de atención a los jueces en Bogotá porque según lo explicó, “ocho de cada diez delincuentes que son capturados los justicia los deja en libertad”.

“Mientas baja el homicidio, baja la extorsión baja el hurto de bicicletas, baja el hurto a residencias, pero el celular que es el objeto por el que más acosan a los ciudadanos en la calle y en particular en el transporte público tenemos un desafío muy grande que se llama impunidad”, dijo la mandataria de Bogotá.

 

López reveló que en la capital del país se han capturado en flagrancia a casi 800 ladrones y al que la 80% de estos la justicia los ha dejado en libertad.

“Mientras el sistema judicial en Colombia crea que robar es un deporte y un delito, en Bogotá vamos a seguir teniendo estas dificultades por más esfuerzos que hagamos para combatir este fenómeno”, indicó la alcaldesa.

Dijo además la mandataria de los bogotanos que, si había problemas con la ley, corresponde a los congresistas y al Gobierno Nacional en diseñar un proyecto de ley que tape esos huecos, y en avanzar en la aprobación de las iniciativas en curso.

«Mientras no tengamos rama de la judicial sino rama de la impunidad porque ocho de cada diez delincuentes que se capturan quedan libres», indicó.

La alcaldesa de Bogotá, felicitó a la Policía de Bogotá y a la Fiscalía por el trabajo realizado para combatir el delito en Bogotá y le pidió a los jueces hacer lo propio y no dejar a los delincuentes en libertad, «robar es un delito no un deporte», afirmó.

 

A juicio cajero de un banco que robaba a adultos mayores

Un juez de Puerto Carreño (Vichada), dictó medida de aseguramiento contra Pablo Andrés Sánchez Quintero, quien se desempeñaba como cajero de un banco, y quien al parecer se apropió de manera indebida de unos 18 millones de pesos de usuarios especialmente adultos mayores.

La investigación adelantada durante un año por un fiscal de la Seccional, permitió establecer que las víctimas serían 25, entre marzo de 2019 y febrero de 2020.

 

El capturado, al parecer, engañaba a sus víctimas diciéndoles que había problemas de conectividad y que debían marcar nuevamente la clave para hacer el retiro. Y ahí era cuando, presuntamente, se apropiaba del dinero de la segunda operación.

El pasado 23 de octubre la Fiscalía lo imputó por los delitos de hurto agravado por la confianza, en modalidad de delito masa, a los que no se allanó.