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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Fiscalía

Castillo denuncia una persecución contra él y su familia

El presidente de Perú, Pedro Castillo, denunció que existe una persecución contra él y su familia, afirmando que las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía por supuestos delitos de corrupción no son más que intentos por «arremeter» contra sus seres queridos.

«Sé que se la van a llevar, quieren engrilletarla y también al resto de mi familia y quieren quebrarme», aseguró el presidente Castillo en relación a su esposa, Lilia Paredes, quien se encuentra investigada en un caso de supuesto trato de favor en la licitación de obras públicas.

 

«No saben que nosotros venimos de la adversidad, venimos de abajo, venimos del sufrimiento. Voy a resistir hasta que el pueblo me diga resiste y hasta acá y por eso no nos van a quebrar», enfatizó Castillo durante un acto de entrega de fertilizantes en la ciudad de Andahuaylas, en el sur de Perú.

Castillo también ha alertado de la presencia de ciertas personas que intentan hacerse pasar por representantes del Estado para beneficiarse, por lo que ha pedido la ayuda ciudadana para que sean «identificados» y «sancionados«.

«No hemos dado ningún espacio y no hemos dado ningún aval, para que en nombre de Pedro Castillo o en nombre de la familia, estén ingresando a algún ministerio para sacar rédito para su bolsillo», ha dicho, según informó el diario ‘El Comercio’.

Este domingo, el Poder Judicial ha reprogramado la audiencia en la que se decidirá la petición de la Fiscalía de 36 meses de prisión preventiva para la cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de dinero, en el marco de una trama que según la Fiscalía lidera el presidente peruano.

Fiscalía traslada a Bogotá la investigación del asesinato de tres jóvenes en Sucre

La fiscalía general de la Nación, trasladó a Bogotá la investigación por el asesinato de los tres jóvenes en el corregimiento de Chochó, en Sincelejo, Sucre, con el argumento de darle prioridad, señalando además que se destacó un equipo de criminalistas, forenses, fiscales e investigadores para esclarecer los hechos con inmediatez.

El caso involucra ocho policías, dos de ellos oficiales y que, además, le costó la salida de la institución al entonces comandante en Sucre, coronel Carlos Andrés Correa Rodríguez.

 

Los jóvenes fueron señalados de estar involucrados en el asesinato del patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón, cuando se encontraba en una panadería en el municipio de Sampués (Sucre). Familiares de las víctimas, aseguraron que los jóvenes fueron capturados con vida y posteriormente aparecieron muertos en una clínica de Sincelejo, con varios impactos de bala.

A las víctimas se les presentó como bajas en medio de una reacción de los uniformados porque supuestamente eran integrantes del Clan del Golfo, hecho que fue calificado por los familiares y amigos como un “falso positivo”.

La investigación involucra al coronel Benjamín Núñez quien se desempeñaba como comandante operativo en Sucre. Según la reciente publicación del diario El Tiempo, el alto oficial se habría fugado a Panamá, tan pronto se comenzó a manejar la hipótesis del ‘falso positivo’.

Al respecto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, indicó que el Gobierno insistirá ante la fiscalía general de la Nación para evitar cualquier riesgo de impunidad.

 

La cuñada de Pedro Castillo se entrega ante la Fiscalía

La cuñada del presidente peruano Pedro Castillo, Yénifer Paredes, se ha entregado en la tarde de este miércoles a la Fiscalía después de que el martes el Poder Judicial de Perú ordenara su detención preliminar por supuestos delitos de tráfico de influencias.

Después de pasar 12 horas en condición de prófuga –ya que el martes una diligencia de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía fue a buscarla al Palacio de Gobierno, sin éxito–, Paredes se apersonado a las 17.30 horas (hora local) en la Fiscalía para ponerse a disposición de la Justicia, ha informado ‘La República‘.

 

Después de unas diligencias iniciales, la hermana de la primera dama de Perú ha sido trasladada a las dependencias de la Diviac, donde se encuentran otros tres detenidos por el caso por el que se investiga a la cuñada del mandatario.

Paredes enfrenta una investigación fiscal por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de dinero. Según la hipótesis del Ministerio Público, integraría una red criminal que estaría liderada por el jefe del Estado, según ha recogido ‘El Comercio‘.

Imputan cargos al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exalcalde de Medellín, Fabio Alonso Salazar Jaramillo, lo mismo que al exgerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), Álvaro de Jesús Vásquez Osorio; y al ex gerente general de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Federico José Restrepo Posada, como presuntos responsables del delito de interés indebido en la celebración de contratos. El cargo no fue aceptado.

De acuerdo con la Fiscalía, los procesados intervinieron en las discusiones que permitieron celebrar un contrato denominado BOOMT (Build, Owner, Operate, Manteining and Transfer), el 30 de marzo de 2011, que habría desconocido los principios de buena fe contractual, planeación, transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva.

 

Este contrato estableció que las Empresas Públicas de Medellín (EPM) tendrían la financiación para la construcción, operación, detentación, mantenimiento y transferencia final de la hidroeléctrica Pescadero – Ituango. Al respecto, el material de prueba da cuenta de que, inicialmente, el proceso de selección fue cambiado y pasó de una invitación internacional a una contratación directa con EPM. Esta decisión, al parecer, obedeció a un criterio regional y buscaba que el proyecto quedara en manos de una empresa de Antioquia.

La evidencia indica que, de forma paralela a la invitación pública internacional a precalificar, se realizó la negociación con EPM para se encargara directa o indirectamente, a través de una empresa de su control, de la financiación y ejecución de la hidroeléctrica. De esta manera, presuntamente, se incurrieron en irregularidades para lograr un acuerdo de accionistas, nombrando un nuevo gerente de Hidroituango SA ESP y modificando el Manual de Contratación para permitir que uno de los socios, entiéndase EPM, fuera designado como contratista.

Cárcel para alias ‘Largarto’

De acuerdo con la investigaciones de la fiscalía general de la Nación, Julián Andrés García Hernández, alias Lagarto o Lagartija, estaría involucrado en, por los menos, cuatro asesinatos selectivos ocurridos en 2020 y 2021. Entre las víctimas identificadas hay dos mujeres.

Alias Lagarto sería el encargado de sostener una violenta disputa con otras estructuras ilícitas, además de coordinar actividades de tráfico de estupefacientes en Angostura, Guadalupe, Campamento y Anorí (Antioquia).

 

En este sentido, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, y tráfico, fabricación o porte de armas de uso privativo, de uso restringido de las fuerzas armadas o explosivos. El procesado recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Condenan a un sacerdote por abuso sexual contra una menor

Foto: Cortesía

Las investigaciones de la fiscalía general de la Nación, permitieron establecer que un sacerdote de 37 años, quien estuvo a cargo de un despacho parroquial en Neiva (Huila), entre 2018 y 2019, sometió a una niña de 13 años a distintas conductas sexuales. Adicionalmente, se evidenció que obligó a la víctima a tener relaciones íntimas con otras personas y grabó en video los encuentros sexuales.

 

La menor de edad afectada era familiar de una mujer con la que el religioso sostenía un vínculo sentimental.

Por estos hechos, un juez penal de conocimiento impuso al sacerdote una pena de 16 años y 6 meses de prisión por los delitos de: acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, acceso carnal violento agravado, actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado y pornografía con persona menor de 18 años.

A la cárcel tres personas que manifestaban ser integrantes del Clan de Golfo

Un juez penal profirió medida de aseguramiento contra tres personas, presuntamente, responsables de los delitos de fabricación, tráfico, porte de arma de fuego o municiones.

Los cobijados con la medida son  Arnulfo Antonio Camacho Estupiñán, Josefa Inés Marín Sarmiento y a Deinis David Moreno Oviedo quienes están siendo judicializados por hechos sucedidos el pasado 25 de julio en la isla Bocachica, en Bolívar.

 

De acuerdo con la investigación estas personas, se encontraban amedrentando con arma de fuego a los habitantes del barrio Sinaí de ese corregimiento manifestando ser integrantes de la organización ilegal del Clan del Golfo.

Los habitantes del lugar dieron aviso a la la Policía, quien acercó hasta el lugar capturando a los tres procesados, a quienes les encontraron en su poder, una pistola calibre 9 mm, 1 proveedor con 15 cartuchos, 1 revólver Trademark, 2 cartuchos calibre 38, 25 cartuchos calibre 9 mm, sin permiso oficial. En el operativo fue incautada una motocicleta sin placa y sin una documentación que acreditara su legalidad.

Durante las audiencias de control de garantías ninguno de los supuestos implicados se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía. Por disposición del juez del caso los dos hombres deberán cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario. Entre tanto, Marín Sarmiento cumplirá la detención preventiva en su domicilio.

Fiscalía ocupó bienes de alias ‘El Indio’

La fiscalía general de la Nación ocupó un total de 598 bienes que haría parte del patrimonio ilegal de presuntos integrantes del ‘Clan del Golfo’.  El procedimiento se dio en medio de la estrategia ‘Argenta’, para afectar las finanzas de las organizaciones criminales y del narcotráfico.

Se trata de 10 predios rurales, 5 urbanos, 8 vehículos, 2 sociedades y 1 establecimiento de comercio y 572 semovientes sobre los cuales fueron impuestas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión. Los bienes ascienden en valor a 41.000 millones de pesos y están ubicados en Arjona y Turbaco (Bolívar), Medellín (Antioquia) y Bogotá.

 

Todos estos bienes se encontraban a nombre de Aristides Manuel Meza Páez, alias ‘El Indio’, uno de los máximos cabecillas del ‘Clan del Golfo’, quien murió en un procedimiento en marzo de 2018, en zona rural del corregimiento de Tierradentro, en Montelíbano (Córdoba).

De acuerdo con las investigaciones, estas propiedades habrían sido adquiridas con dinero producto del envío de toneladas de cocaína desde Colombia hacia Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México, con destino final a Estados Unidos. Los bienes afectados fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Fiscalía solicita una vez más la preclusión del caso judicial del expresidente Uribe

La fiscalía general de la Nación solicitó una vez más la preclusión del proceso judicial que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presunta manipulación de testigos.

El fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas Pérez, estima que «se han configurado las causales de preclusión de atipicidad de la conducta e imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, que serán presentadas en la audiencia respectiva».

 

El abogado, Miguel Ángel del Rio, señaló: La Fiscalía vuelve a solicitar la preclusión en el caso Uribe. La cobardía de una institución decadente. Volveremos a derrotarlos».

El proceso judicial, que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe, tiene que ver con un presunto ofrecimiento de beneficios económicos y jurídicos a varios exparamilitares, para que declararan en contra del opositor del exmandatario, el congresista del Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda.

El exmandatario ha sido reiterativo en decir que “nunca ordenó buscar testigos, ofrecerles, girarles dinero, o pedirles que mintieran u ocultaran la verdad”.

Operativo contra falsificadores de moneda extranjera en La Guajira

Imagen de referencia/Cortesía

Las investigaciones de  la Fiscalía General de la Nación contra la falsificación y comercialización de moneda nacional y extrajera permitieron identificar y judicializar a tres presuntos articuladores de una red dedicada a esta actividad criminal, en zona de frontera con Venezuela.

 

Unidades del CTI de la Fiscalía detectaron en Maicao (La Guajira), un inmueble en el que funcionaba un centro ilegal de elaboración a gran escala de dólares y pesos colombianos. En el lugar fueron encontrados una imprenta industrial, impresoras, tintas, una máquina tarjetera, negativos y plantillas para fabricar billetes de diferentes denominaciones. Adicionalmente, fueron hallados 476.670 dólares falsos; cerca de 5 millones de pesos y 530 láminas listas para ser impresas.

Las divisas extranjeras falsificadas, al parecer, eran enviadas en encomiendas o a través de los denominados ‘correos humanos’ a Venezuela y Panamá. En estos países diversos enlaces de la organización delictiva las ingresaban al sistema financiero. De otra parte, los pesos colombianos eran distribuidos en tiendas de barrio, pequeños supermercados, en el transporte público y entre prestamistas informales.

Uno de los capturados es José Alfonso Díaz Aguilar, presunto cabecilla de la estructura delincuencial, encargado de contactar a los enlaces que movían las divisas. Además, se estableció que habría adquirido en varias oportunidades bolívares para darles apariencia de legalidad y utilizarlos en transacciones financieras. Otro detenido es Greyser Deivis Socarrás Rivera, quien tendría a su cargo la impresión de los billetes y su modificación para que parecieran auténticos. Asimismo, está Marco Tulio Pérez Charris, supuesto responsable de ‘maquillar’ los billetes, acudiendo a tinturas y técnicas artesanales para resaltar logos, símbolos y sellos de seguridad.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estos tres hombres los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada y concierto para delinquir. Los procesados  deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Pérez Charris permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia. No aceptaron cargos

Fiscalía desmiente principios de oportunidad con exdirectivos de Odebrecht

A través de un comunicado la fiscalía general de la Nación desmintió la versión que circula en redes sociales en donde se afuera que el ente investigador brindó el principio de oportunidad directivos brasileños de la multinacional Odebrecht.

“Desde que el Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht, dispuesto por el fiscal general de la Nación Francisco Barbosa Delgado, asumió todas las líneas investigativas por el entramado de corrupción, no se ha acudido a la figura del principio de oportunidad con relación a los ciudadanos brasileños vinculados al proceso”, dice el comunicado.

 

La Fiscalía recordó que dentro de la investigación integral sobre este caso se puede presentar hasta el momento los siguientes resultados: Se han imputado 54 personas (38 particulares y 16 servidores públicos), se han presentado 51 escritos de acusación (36 contra particulares y 15 contra servidores públicos), y se han obtenido 18 condenas (15 contra particulares y 3 contra servidores públicos.

Imputan cargos a entrenador por abuso sexual contra atletas menores de edad

Imagen de referencia/cortesía

La Fiscalía General de la Nación  imputó cargos y solicitó medida carcelaria en contra del entrenador Giovanny Vega Blanco por presuntos actos y abusos sexuales contra 7 atletas menores de edad. Los hechos habrían ocurrido en Santander.

 

La Fiscalía logró recaudar el suficiente material probatorio contra Vega Blanco, en el que se evidencio que, las deportistas habrían sido sometidas a múltiples vejámenes sexuales, cuando tenían entre 15 y 17 años.

Los hechos ocurrieron desde el año 2014 hasta el 2021, en el club deportivo que él dirigía y que está ubicado en Bucaramanga (Santander).

Durante las audiencias concentradas, el ente acusador le imputo al entrenador los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado, los cuales no aceptó. Por su parte, el juez dicto medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

La Fiscalía de Texas demanda a Biden por sus medidas a favor del aborto

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha presentado este jueves una demanda contra la Administración Biden por sus «esfuerzos en forzar abortos«, en relación a las medidas adoptadas por el Ejecutivo estadounidense el pasado viernes y con las que pretende aumentar la protección de los sanitarios que practiquen la interrupción del embarazo.

«Esta administración (de Biden) tiene dificultades para seguir la ley y ahora está tratando de que sus burócratas ordenen que los hospitales y los médicos urgencia realicen abortos», ha asegurado Paxton en su cuenta de Twitter, compartiendo la demanda que ha presentado a un juzgado de primera instancia de Texas.

 

El fiscal general tejano ha detallado que se asegurará de que Biden «se vea obligado a cumplir con la importante decisión del Tribunal Supremo sobre el aborto», y ha sostenido que no permitirá que «se debilite y se distorsionen las leyes existentes».

Asimismo, ha afirmado que, con este movimiento, Biden busca transformar cada sala de emergencias en el país en una clínica de aborto sin cita previa.

La orden que aprobó la semana pasada el Departamento de Salud pretende garantizar el acceso a la medicación abortiva a las personas que lo soliciten, y busca aumentar la protección de los sanitarios que realizan estas prácticas en el marco de la Ley de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia, así como la privacidad de las pacientes y reforzar las campañas de concienciación en los centros públicos.

La declaración del fiscal general de Texas tiene lugar en un momento semanas más tarde de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocase el precedente legal que permitía el aborto en el país desde 1974, Roe contra Wade.

La Fiscalía acusa al presidente Castillo de liderar una organización criminal

La Fiscalía de Perú ha acusado al presidente, Pedro Castillo, de liderar una presunta organización criminal dedicada al ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional afines al mandatario.

Según la hipótesis del Ministerio Público, el exasesor de Castillo Bruno Pacheco, y el exiministro de Defensa Walter Ayala «habrían operativizado y materializado el proyecto delictivo», gracias al que, junto al presidente, se habrían beneficiado económicamente.

 

Debido a estas acusaciones, Castillo ha sido citado a declarar ante la Fiscalía el 4 de agosto, un día después de que lo haga Pacheco, quien actualmente está prófugo de la Justicia peruana, apunta la emisora RPP.

El Ministerio Público investigará si Castillo acometió el delito de tráfico de influencias, abriendo así un caso similar al que cerró en su día la exfiscal de la nación Zoraida Ávalos, quien arguyó que no se podía investigar a un presidente durante su mandato.

De acuerdo con las sospechas de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, Castillo, Ayala y Pacheco habrían concedido de manera irregular el ascenso a dos miembros del Ejército, otros tres del la Fuerza Aérea y dos más de la Policía Nacional, según informa el diario ‘El Comercio’.

La investigación apunta a que Pacheco habría sido el encargado de organizar las promociones fraudulentas desde el Palacio de Gobierno y contando con el apoyo de Ayala desde el Ministerio de Defensa. Además, se estima que se habrían producido reuniones en la sede presidencial con coronales de la Policía Nacional para presionarlos y acometer

Condenado alias Chichán, integrante de Los Pachelly

Un Juez Penal del Circuito Especializado de Medellín condenó a 26 años y 7 meses de prisión a Cristian David Uribe López, alias Chichán.

Según logró demostrar la Fiscalía, esta persona era el coordinador del tráfico de estupefacientes de la estructura criminal Los Pachelly; además de haber estado implicado en el secuestro de un domiciliario en el norte del Valle de Aburrá.

 

Estos últimos hechos se presentaron el 22 de febrero de 2021. La víctima fue despojada de su motocicleta y le fueron hurtados 180.000 pesos en efectivo, con el argumento de no tener permiso para hacer domicilios en el sector. Para devolverle el vehículo a la víctima le fue exigido el pago de 700.000 pesos, con los cuales además podría recobrar su libertad.

Según la investigación, adelantada por un fiscal destacado ante el Gaula Medellín, desde 2016 Los Pachelly vienen delinquiendo en los barrios Playa Rica, Araucarias 1 y 2, Pachelly, Villa Linda, Goreti y el Trapiche del municipio de Bello (Antioquia).

Alias Chichán fue sentenciado por los delitos de concierto para delinquir agravado, en calidad de cabecilla, y secuestro extorsivo.