Las últimas noticias nos alertan de que no hay ningún territorio seguro en Colombia y lo más preocupante es que el Estado no garantiza el Artículo 11 de la Constitución “el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte”. En nuestro Estado perece que se incumple día tras día este artículo de nuestra Carta Magna. Por ejemplo, en Bogotá, el Estado no pudo cuidar a los niños pequeños que perdieron la vida en Ciudad Bolívar por la explosión en el CAI de Arborizadora Alta. Nos horroriza pensar que el Estado en algunos casos, es el que asesina, como lo que presuntamente sucedió el 28 de marzo, cuando so pretexto de un operativo militar, la Fuerza Pública asesinó a 11 personas en Puerto Leguízamo en la Vereda El Remanso.
Las investigaciones y reportajes rigurosos de Catalina Oquendo y Alfredo Molano son muy claras al respecto: . “No es usual que decidan hacer una operación en medio de civiles (…) la probable implantación de prendas y armas de uso privativo del Ejército para hacerlos pasar como guerrilleros es preocupante. A la escena llega la Fiscalía 5 días después y de la mano del Ejército, eso preocupa (…) una vez terminó el combate, los tuvieron encerrados en los lugares en donde ellos se refugiaron. Ellos pensaban que era la guerrilla, el Ejército se presentó como la guerrilla, ellos no llevaban insignia, iban de negro, es decir, había una intención de disfrazar la escena”, anotó Alfredo Molano. Por su parte la periodista Catalina Oquendo escribió que “conoció imágenes que muestran cómo al menos uno de los cuerpos, el del menor de edad, Brayan Santiago Pama, fue movido en la escena en dos oportunidades.
En una fotografía se le ve en tierra, boca arriba y vestido de jean, camiseta negra y en medias, junto a otro cuerpo. A sus pies se observan tres armas largas. En otra imagen ya aparece dentro de un bote, sin armas; y en una tercera, se ve en el mismo bote con un fusil sobre su cuerpo. En otras, se observan chalecos camuflados limpios sobre los cuerpos con sangre.”
El hecho es horroroso, el hecho nos duele profundamente porque en Colombia el Estado no garantiza la vida. Pero no podemos sólo referirnos al hecho sin decir nada de la forma en que fue presentado por parte del Gobierno Nacional. Y tenemos que decirlo, ésta nos indigna. Desde su cuenta oficial de twitter, el presidente Duque advirtió que se había “neutralizado” a 11 integrantes de disidencias de las FARC y que se había capturado a 4 criminales. Lo cual, gracias a una investigación periodística de Vorágine, El Espectador y Cambio se desmiente, como ya lo mencionamos: al parecer las fuerzas Militares manipularon cadáveres de civiles para hacerlos parecer combatientes.
Lo anterior también fue denunciado por la OPIAC (La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana), que advirtió que el Ejército había asesinado a ocho civiles, incluyendo a un gobernador indígena y a un adolescente de 16 años, y los había presentado como bajas en combate. Según las investigaciones periodísticas, el lugar de los hechos no es un campamento guerrillero sino que se trata de un caserío, en donde se encontraron casas con camas y una escuela. El día de la masacre, según cuentan habitantes del lugar, se estaba celebrando un bazar que había sido convocado desde el 14 de marzo y que serviría para recoger fondos para financiar algunas necesidades que el Estado no cubre, como lo son por ejemplo, el mejoramiento de vías.
Nos rompe el corazón la muerte de personas inocentes en el Putumayo, Jamundí, Maní (Casanare), en la Zona Bananera del Magdalena, en Colón Génova, Quibdó, Manaure, Ciudad Bolívar y en toda Colombia. Según la Jurisdicción Especial de Paz, los civiles asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate son 6.402, y debemos seguir contando porque al parecer esto no ha cesado. Y ante el dolor, nos preguntamos por qué se están haciendo estos “operativos militares” ¿Qué mensaje quiere dejar el Estado en este territorio?¿Por qué se quiere aterrorizar al pueblo de esta manera?¿Por qué 40 militares llegaron vestidos de negro y usando capuchas?
Las consecuencias de este tipo de hechos sin lugar a dudas es el miedo, el horror de al menos 50 campesinos que habitaban allí y que no quieren regresar. ¿Qué pasará con ellos? ¿Quién los cuida y quién les garantiza que si vuelven a sus territorios no van a perder la vida? Es indignante y doloroso el panorama para estas personas y para el país. Nos solidarizamos con el dolor de todas las víctimas de esta guerra, el Estado debe ser ejemplo de legalidad, construcción de paz y profundización de la democracia.
Merecemos verdad y no seguir llorando muertes de ciudadanos victimas de esta guerra irracional. Tenemos derecho a cambiar el miedo por esperanza
