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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Fiscalía

Fiscalía levanta las ordenes de tres miembros del Clan del Golfo

La Fiscalía General de la Nación levantó las órdenes de captura de tres de los principales cabecillas del ‘clan del Golfo’ y un disidente del ‘Estado Mayor Central’ de las Farc, atendiendo la solicitud del Gobierno Nacional para adelantar los diálogos de paz con los grupos ilegales a los que estos pertenecen.

La medida acoge a Orozman Orlando Ostén Blanco, alias Rodrigo Flechas; Elkin Posada Casarrubia, alias Joaquín, y Luis Armando Pérez, integrantes del Clan del Golfo. Por el lado de las disidencias de las Farc, se pidió levantar los requerimientos judiciales contra Carlos Eduardo García, alias Andrey,

La suspensión de las órdenes de captura del ‘clan del Golfo’ las pidió el gobierno del presidente Gustavo Petro el pasado 15 de agosto.

Capturan a mujer venezolana que tiene pedido de extradición por el delito de trata de personas

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en coordinación con tropas del Ejército, capturaron en Armenia a la ciudadana venezolana Daniela Cámara Perico, solicitada en extradición por el Tribunal Superior del condado de Mercer, Nueva Jersey de Estados Unidos.

La mujer deberá comparecer por los delitos de Crimen Organizado y trata de personas, promover la prostitución, poner en peligro el bienestar de un niño y facilitar económicamente una actividad delictiva.

Esta mujer se encargaba de contactar, mediante perfiles falsos en redes sociales, a las posibles víctimas. Además, habría fingido ser víctima para acercarse a una menor que estaba colaborando con la investigación, y así entorpecer la acción judicial.

También se evidenció que la organización criminal contactaba hombres adultos a quienes, tras realizar pagos por servicios sexuales, les entregaban fichas de póker con las que se identificaban en los distintos lugares a los que llegaban para abusar sexualmente de las mujeres que allí se encontraban. Labores de policía judicial evidenciaron que la red ilegal usaba tres inmuebles ubicados en Trenton, el condado de Mercer y Nueva Jersey (Estados Unidos) para allí someter a las víctimas a vejámenes sexuales.

Cárcel para dos personas dedicadas al hurto de monedas virtuales

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Dayana Hincapié Valencia y Carlos Andrés Cardona Hernández, como presuntos responsables de los delitos de hurto calificado, acceso abusivo a sistema informático y transferencia no consentida de activos, todas las conductas agravadas en el barrio El Poblado de Medellín.

Estas personas estarían implicadas en el hurto de más de 180 millones de pesos a dos hombres de nacionalidad turca. Al parecer, las dos mujeres les suministraron a los extranjeros una bebida que les hizo perder la consciencia durante 2 días. En este periodo les habrían hurtado sus pertenencias valoradas en 19 millones de pesos.

Ambos habrían accedido a las aplicaciones que las víctimas tendrían en sus celulares y así habrían transferido a billeteras virtuales criptomonedas valoradas en más de 165 millones de pesos. En las acciones judiciales fueron confiscados ocho celulares y 150’650.000 de pesos en efectivo. El juez de control de garantías ordenó la incautación con fines de comiso del dinero recuperado. La investigación involucra a Jennifer Leandra.

Una mujer fue enviada a la cárcel por blanqueo de capitales

Yuli Andrea García González fue enviada a la cárcel por un juez de control de garantías quien aceptó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación.

El ente investigador le investiga por el presunto lavado de activos en cerca de 13.000 millones de pesos producto de contrabando por prestar su nombre y el de una empresa de la que era representante legal para, entre 2018 y 2022, introducir al país grandes cargamentos de artículos para el hogar, elementos deportivos, herramientas, gafas y confecciones proveniente de China.

Los análisis financieros evidenciaron que ni la procesada, ni la importadora, de la que García González era su única accionista, contaban con el músculo financiero para realizar los movimientos económicos que soportaran el ingreso de los referidos cargamentos a territorio nacional. En tal sentido, la mujer no logró demostrar el origen lícito del capital que apalancó las operaciones financieras.

La empresa fue objeto de una serie de aprehensiones por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Un par de estas actuaciones estableció que se trataría de contrabando por más de 300 millones de pesos.

Fiscalía pide cárcel para Sneider Pinilla y Olmedo López

La Fiscalía ha pedido encarcelar a los responsables del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) después de que ex altos cargos del organismo denunciaran contratos irregulares que habrían ido a parar a congresistas para tramitar las reformas del Gobierno.

«Al revelar la gravedad y gran parte de los alcances de la organización criminal de la que habrían sido protagonistas, la Fiscalía sustentó ante el juez (…) la urgencia y necesidad de imponer una medida privativa de la libertad en centro de reclusión, contra los tres primeros judicializados por el desfalco», reza un comunicado.

La petición, que afecta al exdirector de la UNGRD Olmedo de Jesús López Martínez, al exsubdirector de Manejo de Desastres Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el contratista Luis Eduardo López Rosero, «no se basa en simples sospechas carentes de respaldo», sino que «existen suficientes elementos de juicio que, sometidos al criterio de la razonabilidad, sirven al propósito de fundamentar la medida de aseguramiento solicitada».

El órgano de investigación ha presentado durante la audiencia los elementos probatorios que respaldan la medida, «de acuerdo al rol y grado de participación en el entramado delincuencial, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público».

«Dichos ciudadanos conocían que estaban conectándose, a través de una clara división de roles y funciones para cometer delitos contra la administración pública. Los imputados tenían pleno conocimiento del comportamiento exigible a aquellos quienes manejan recursos públicos, contratación pública y a quienes el Estado les ha confiado la ejecución de obras, de suministros, de servicios, mucho más aquellos dirigidos a la protección de la población en condiciones de vulnerabilidad», ha agregado.

En el caso estarían presuntamente implicados el presidente del Senado, Iván Name, y el de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, que habrían recibido sobornos a cambio de aprobar una serie de reformas impulsadas por el Gobierno en el Congreso, tal y como denunciaron el exdirector de UNGRD Olmedo López y el exsubdirector de manejo de desastres Sneyder Pinilla.

Imputan cargos a Óscar Iván Zuluaga

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al excandidato presidencial y exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, por el escándalo de Odebrecth.

El exministro uribista deberá enfrentar cargos en juicio por el delito de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. De acuerdo con el ente investigador, Zuluaga y su hijo tenían pleno conocimiento de los sobornos recibidos durante la campaña presidencial de 2014 y no lo reportaron.

Según la investigación, Zuluaga y algunos asesores de su campaña se habrían reunido en Brasil y Bogotá con integrantes de la multinacional para acordar el pago de 1.610.740 dólares por honorarios que debían ser reconocidos a el reconocido publicista Duda Mendonça.

David Zuluaga Martínez, gerente de la campaña, también recibió imputación de cargos por no reportar el aporte de la multinacional brasilera.

La fiscal tiene una buena propuesta

La fiscal, Luz Adriana Camargo, hizo una propuesta muy interesante para cambiar de método para medir la impunidad en el Sistema Penal Colombiano, donde algunas instituciones y expertos consideran que Colombia tiene una impunidad de más del 90%.

Frente a esta situación expuso: «bueno sería que el país empiece a hablar de temas tan relevantes como qué entendemos como impunidad, definitivamente lo que yo no creo que podamos entender como impunidad es que, si entran 10 denuncias al sistema penal y salen dos sentencias condenatorias, hay impunidad en ocho casos, porque no todos los casos están llamados a ser resueltos a través de una sentencia condenatoria»,

La Fiscal General enlistó otros mecanismos que contempla la ley como las conciliaciones, que dependiendo del delito permiten solucionar un caso sin que haya impunidad: «Nosotros tenemos un mecanismo de mediación que no estamos usando y que tenemos que utilizar, y de hecho la mesa de reforma de la justicia tiene un capítulo de la mediación. Y esta administración cree que es absolutamente necesario dinamizar eso, a la par de dinamizar las figuras premiales».

Pero no es solo le mediación u otros mecanismos de justicia restaurativa, hay que tener en cuenta el proceso mismo donde en muchas oportunidades las pruebas que sustentan las denuncias y detenciones no son suficientes en calidad y cantidad para que los jueces tomen las decisiones que corresponden de privar de la libertad, juzgar y condenar a los posibles infractores de la ley penal.

Todo esto sustentado erróneamente en que “la Policía detiene a los delincuentes y los jueces los sueltan”. Si bien hay que reconocer que algunos jueces no cumplen con su tarea como corresponde, también hay que hacerlo cuando en muchos casos los fiscales y policías no entregan pruebas en calidad y cantidad suficientes, para que, en primera instancia, los jueces puedan privar de la libertad a los posibles delincuentes”, en muchos casos por mal manejo de la escena del delito y de la cadena de custodia de las pruebas.

En este caso, un ejemplo importante se registra en Bogotá donde las autoridades locales, en varias oportunidades, han manifestado que en la ciudad se detienen más de 80 mil posibles delincuentes y menos del 10% se les priva de la libertad, lo que no queda claro es por qué el juez tomó esa decisión y en muchos casos tiene que ver con la falta de pruebas contundentes que no son entregadas por los fiscales y por la policía.

Por otro lado, en algunos casos los ciudadanos no denuncian, como lo propia Fiscal Luz Adriana lo expone: “Hay que pensar en un sistema de medición distinto al de cruzar denuncias que entran y sentencias que salen. «El punto es que la denuncia es un reclamo que hace un ciudadano, pero el ciudadano no siempre denuncia y no siempre tenemos la denuncia de los fenómenos que más nos afectan»

Finalmente, en el caso de los homicidios hay que reconocer que la Fiscalía y la Policía han avanzado en el esclarecimiento de una buena cantidad de casos, que determina quién es el posible homicida. En algunas ciudades este esclarecimiento supera el 40%, es decir se sabe que, de diez homicidios, en cuatro casos quién fue el posible homicida, Sin embargo, en esos cuatro casos no siempre se tiene detenido al posible homicida.

En este caso, la Policía y la Fiscalía deben seguir avanzando en el esclarecimiento de los casos de homicidios, de la determinación de los victimarios y sobre todo de su detención y judicialización. Para esto se requiere más personal especializado de la policía en investigación criminal y de la Fiscalía, fiscales especializados en este y otros delitos de gran impacto.

Finalmente, debemos estar completamente de acuerdo con la Fiscal Luz Adriana Camargo, tenemos que ajustar los parámetros de evaluación de la impunidad en Colombia. Pero más allá de esto, hay que fortalecer y profesionalizar la investigación criminal con más policías dedicados a esta labor y fiscales especializados en cada uno de los delitos que afectan la seguridad de los ciudadanos. No se trata de solo unos indicadores de impunidad, se trata de mayor efectividad y profesionalismo para esclarecer los hechos delincuenciales y eso no se resuelve con solo ponernos de acuerdo en como vamos a medir la impunidad, sino en la realidad en cómo la vamos reducir.

También, de manera importante y urgente, hay que profesionalizar y fortalecer la labor de los patrulleros de la Policía que prestan seguridad en las calles, para que hagan un adecuado manejo de la escena del delito y cuidado de las pruebas, como primeros respondientes.

fiscal, de acuerdo con usted, trabajemos en reducir la impunidad, no solo en los indicadores, sino en la realidad.

Hugo Acero

Ejército se defiende de señalamientos de corrupción en los procesos de contratación

Una denuncia del empresario Jorge Méndez envuelve al Ejército Nacional a quien se le señala de favorecer a algunos contratistas a través del Central Administrativa y Contable de Puente Aranda.

El caso es investigado por la Fiscalía General de la Nación bajo la bajo la noticia criminal 8742. De acuerdo con el denunciante, a través de una licitación se buscaba proveer de materias primas las diversas plantas del Batallón de Intendencia del Ejército, proceso en el que la empresa de Méndez no pudo participar porque según él, «se le habría inhabilitado de manera injustificada con el fin de permitir que contratistas específicos ganaran».

En una publicación de la Revista Semana, Méndez culpa a la coronel Jenny Patricia Rubiano Dávila, y su equipo de trabajo de sacarlo del camino y dejar en la puja de una millonaria licitación de más de 29.000 millones de pesos a oferentes de su preferencia.

A través de un comunicado, el Ejército Nacional no solo defiende a la coronel Rubiano sino que además deja claro que estos hechos fueron puestos en conocimiento de los entes de control por la misma institución militar.

«Las acusaciones del señor Jorge Méndez, hacen referencia a unos procesos de Subasta Inversa Electrónica adelantados en la plataforma pública del SECOP II de Colombia Compra Eficiente por la CENAC de Puente Aranda, en los que, durante la etapa de evaluación de las propuestas, evidenciaron la concurrencia de dos sanciones por incumplimiento parcial pero definitivo de la empresa JEM SUPPLIES, dando lugar a una presunta inhabilidad para contratar con el Estado, que, de ser adjudicatario de los procesos, para la CENAC Puente Aranda implicaría la realización de una conducta ilegal, que en cualquier caso no puede obligar a la entidad estatal. Revisado el Registro Único de Proponentes de la empresa en comento, se evidencia de forma explícita que JEM SUPPLIES, se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado Colombiano por un periodo de 3 años«, señala el texto.

En lo que respecta a la coronel Rubiano, el Ejército señala: «Las imputaciones deshonrosas que afectan gravemente la integridad, moral y buen nombre de la Oficial, atentando contra su seguridad personal, familiar y laboral, fueron denunciadas por la misma funcionaria ante la Fiscalía General de la Nación, la cual cuenta con su respectivo Número Único de Noticia Criminal (NUNC).

En el comunicado dice además que las acusaciones de posibles sobrecostos del 400% no corresponden a la realidad y que el proceso contó con la revisión de un equipo que asesora a los distintos Ordenadores del Gasto y competentes contractuales, conformado por gerentes de proyecto, comités técnicos, jurídicos y económicos que participan en la estructuración de los pliegos de condiciones y en la evaluación de las propuestas, con el fin de propender por la selección objetiva de los contratistas.

Comunicado de Prensa 2024 (1) by Confidencial Colombia

Imputan cargos a ‘Los Condes’ por apropiación de recursos públicos en el Valle del Cauca

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación puso en evidencia la existencia de un clan familiar en el Valle del Cauca presuntamente responsable de apropiarse ilícitamente de 2.762 millones de pesos, relacionados con anticipos de obras civiles.

A la cabeza de este clan familiar estaría Jhon Jairo Conde Carrera y sus hijos Juan Sebastián y Valentina Conde Bustos, conocidos como ‘Los Condes’, quienes habrían conformado consorcios para acceder a contratación estatal y posteriormente, mediante maniobras fraudulentas de subcontratación, lograban el avance financiero del anticipo.

Esta organización se habría apropiado de los recursos públicos entregados en calidad de anticipos. ‘Los Condes’ también obtuvieron provecho ilícito de inversionistas quienes fueron engañados e inducidos en error, para invertir cuantiosas sumas de dinero en la comercialización de un estabilizante químico utilizado para pavimentación de vías terciarias.

La Fiscalía imputó a los miembros del grupo delictivo los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, estafa agravada, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos en su contra.

Fiscalía asegura que Carlos Ramón González hizo parte del entramado de corrupción en la UNGRD

La fiscal del caso Andrea Muñoz reveló en medio de la audiencia de imputación de cargos a Olmedo López, Sneider Pinilla y el empresario Luis Eduardo López, las coimas entregadas a Iván Name y Andrés Calle habrían sido una instrucción del entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ramón González. Dijo además que la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, habría colaborado con la operación de entrega del dinero.

“Las entregas se dieron (…) conforme a las instrucciones de Carlos Ramón González, quien para ese momento se desempeñaba como director del Dapre. Usted, señor Olmedo, acordó con Sneyder Pinilla dirigir los contratos y órdenes de proveeduría a contratistas amigos a cambio de que estos pagaran coimas en favor de ambos”, afirmó.

Nota recomendada: Sneider Pinilla y Olmedo López no aceptarán los cargos por corrupción en la UNGRD

Por su parte los abogados de la defensa de los señalados afirmaron que este es una de las muchas audiencias que se darán durante el proceso y que buscarán un acuerdo con la Fiscalía.

De acuerdo con la fiscal Andrea Muñoz, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sería la persona que desde el Gobierno Nacional, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), coordinó el direccionamiento de los contratos en Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca).

Separan al fiscal Burgos del caso de Nicolás Petro

La Fiscalía General de la Nación admitió la recusación en contra del fiscal Mario Burgos, separándole de todo lo relacionado con el caso de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, a quien se le sigue una investigación por posible lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violación de datos personales.

De acuerdo con la decisión del ente investigador, el caso pasará a manos de un fiscal especializado en temas de lavado de activos.

Con esta decisión se elimina el grupo de tareas especiales conformado para investigar estos delitos durante el periodo de Francisco Barbosa. Sin embargo, el equipo de servidores, expertos y analistas con funciones de policía judicial continuará en sus labores de apoyo al nuevo fiscal que tome el caso.

Fiscalía archiva investigación por parapolítica contra Francisco Santos

La fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela Rodríguez, firmó un auto inhibitorio desvinculando al exvicepresidente Francisco Santos Calderón de una investigación por posible vinculación con el bloque Capital de los paramilitares.

La Fiscal Orjuela Rodríguez argumentó vencimiento de términos sosteniendo la tesis de que ya pasaron más de 10 años desde que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que entre los años 1996 y 1997 supuestamente se realizaron varios encuentros entre Santos Calderón y quien, para la época, era el máximo jefe de las AUC, Carlos Castaño con la idea de dar pie a la creación de dicha estructura paramilitar.

El exvicepresidente ha sido reiterativo en la negación de los hechos, mostrando además total disposición para que la justicia le investigue y pueda constatar su inocencia.

Al conocer la decisión, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) presentó recurso de apelación por considerar que esta decisión afecta a las víctimas del paramilitarismo y que se debe seguir investigando

Cárcel para implicada en el asesinato de la vicerrectora de una universidad en Medellín

Fue condenada a 19 años de prisión a Keny Cardona Betancur, secretaria general de una institución universitaria responsable del homicidio de Nora Luz Carmona Giraldo del homicidio de Nora Luz Carmona Giraldo vicerrectora de la Institución Universitaria Visión de Las Américas.

El asesinato se presentó en el 10 de marzo de 2022 en el barrio Laureles de Medellín donde la víctima fue sorprendida en el garaje de su casa por un hombre que le disparó en repetidas ocasiones y huyó en moto.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación demostró que la mujer contactó al sicario a quien le notificó de los movimientos de la víctima para que la siguiera y la asesinara.

Cardona Betancur firmó un preacuerdo con la Fiscalía, por el delito homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. Dicho acuerdo fue avalado por el juez de conocimiento.

Sorpresa en la UE por sentencia a una fiscal anticorrupción en Guatemala

La Unión Europea (UE) ha mostrado este miércoles su preocupación por la última sentencia judicial, dictada el pasado 8 de julio, contra la ex fiscal superior que participó activamente en la investigación de la corrupción de alto nivel en Guatemala, Virginia Laparra.

Así lo ha señalado el portavoz de Asuntos Exteriores, Peter Stano, en una declaración en la que recuerda que la UE ha denunciado ya anteriormente los esfuerzos para intimidar a jueces, abogados y fiscales independientes guatemaltecos que investigan la corrupción y luchan contra la impunidad, sometiéndolos a cargos e investigaciones penales.

En este sentido, mantiene que la UE sigue preocupada por los intentos de socavar el Estado de derecho mediante la persecución o la intimidación de funcionarios públicos, autoridades elegidas democráticamente, la sociedad civil, los medios de comunicación y los operadores judiciales.

Asimismo, ha expresado su apoyo constante a los esfuerzos del presidente democráticamente elegido, Bernardo Arévalo, por combatir la corrupción y fortalecer el Estado de derecho mediante su programa de reformas en Guatemala.

Cárcel para una pareja en Antioquia integrante del Clan del Golfo

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Deiber David Narváez Teherán, alias Julián y  Onidis María Fajardo compañera sentimental de Narváez Teherán, presuntos integrantes del Clan del Golfo en Antioquia.

Según la investigación adelantada por un fiscal especializado de la Seccional Antioquia, ‘Julián’ habría participado en los homicidios de tres hombres. Estos hechos ocurrieron entre el 11 agosto y el 20 de septiembre de 2023 en zona rural y urbana de la mencionada población del Urabá antioqueño. Muertes violentas ordenadas por una estructura del ‘Clan del Golfo’.

Narváez Teherán, fue procesada pues sería la encargada de guardar las armas usadas para cometer los homicidios. La investigación permitió imponer a la mujer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.