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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Fundación Paz y Reconciliación

El día que me puse el saco al revés

Ayer, el registrador del Chocó fue víctima de un secuestro. Hasta ahora, la policía no ha logrado obtener información sobre el autor o el motivo del delito, reflejando la realidad del 60% de los casos registrados. En el período comprendido entre agosto de 2022 y octubre de 2023, se documentaron 287 secuestros, según datos proporcionados por el SIEDCO de la Policía Nacional. Es probable que este periodo culmine con la cifra más alarmante desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, evidenciando una tendencia al alza que suscita una preocupación generalizada.

El aumento no puede atribuirse al acuerdo de paz ni a la supuesta «entrega del país a las FARC». Más bien, se debe al enorme vacío dejado tras dicho acuerdo, combinado con el crecimiento desmedido en número y capacidad de estructuras criminales organizadas. Actualmente, contamos con 196 de estas estructuras solo en las 7 principales ciudades, y la extorsión se convierte cada vez más en una fuente de financiamiento. Entre 2018 y 2022, Colombia experimentó un aumento de 18 a 33 Grupos Armados Organizados (GAO), un mercado que se sofistica diariamente y resulta cada vez más difícil de combatir. La justificación de toda nuestra violencia mediante el narcotráfico también se torna cada vez más insostenible.

 

La política de paz total no es la única responsable del incremento en secuestros, pero tampoco ha contribuido a mitigarlo hasta el momento. Considerando que el ELN puede estar asociado al 11% de los casos y el EMC al 10%, y que solo con estos dos grupos hay mesas de diálogo, incluso con un cumplimiento del 100% de lo pactado, nos enfrentamos a un universo del 80% restante, con poca información y una alta impunidad.

El secuestro, especialmente el extorsivo, se ha vuelto atractivo para el crimen organizado y grupos armados. No requiere una logística particularmente costosa y cuenta con el respaldo del control territorial ejercido por estos grupos. Utiliza las mismas rutas controladas por los violentos y ofrece una rentabilidad inmensa a un costo mucho menor que otras actividades informales o ilegales, solo comparable con la extorsión.

La concentración territorial refuerza esta hipótesis. A nivel departamental, Antioquia (67 casos), Norte de Santander (60 casos) y Valle del Cauca (55 casos) son los más afectados. Sin embargo, a nivel de ciudades, Cali (23), Bogotá (23), Cúcuta (21), Medellín (20) y Buenaventura (12) destacan la urbanización del fenómeno. En el caso del Valle del Cauca, Buenaventura y Cali concentran el 63% de los casos.

En contraste, la capacidad de la Policía Nacional y de la Fuerza Pública en general se encuentra limitada. Se requiere una mayor aplicación de tecnología y una mayor eficiencia en el seguimiento de los casos en las primeras horas. La falta de coordinación eficiente también es un obstáculo, sumado a la enorme impunidad, donde muchos casos se resuelven únicamente con el pago de rescates. Esto implica que los responsables no enfrentan consecuencias penales, aumentando la probabilidad de que vuelvan a cometer el delito.

Hasta ahora, nos enfrentamos a un fenómeno que se urbaniza no solo en las grandes capitales sino también en centros poblados urbanos. El secuestro, de bajo costo y baja probabilidad de judicialización, se ve facilitado por el control territorial ejercido por actores armados. La Fuerza Pública tiene una capacidad limitada para perseguir y capturar eficientemente, mientras que la justicia enfrenta dificultades para condenar el delito. Todo esto, junto con la sofisticación de las redes de extorsión y el alto número de estructuras armadas organizadas, conforma un cóctel perfecto donde los incentivos negativos superan ampliamente a los positivos.

Toda esta información salió a la luz ayer en uno de los noticieros de mayor audiencia nacional, tras el secuestro del gobernador. En retrospectiva, durante la entrevista, no me di cuenta de que llevaba mi saco al revés. Sin embargo, al reflexionar sobre la atención generada por este hecho, creo que no solo mi saco estaba al revés, sino también nuestras prioridades como sociedad.

#LibertadparalosSecuestrados.

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Más del 500% de candidatos competirán en las elecciones por grupos ciudadanos

El registrador nacional, Alexander Vega Rocha señala que a hoy hay un 500% más de candidatos inscritos por grupos significativos de ciudadanos para las elecciones regionales de 2023, en comparación con la misma fecha de 2019. Indicó que se darán todas las garantías a las agrupaciones políticas.

El Registrador Nacional, anunció también que para estas elecciones regionales de 2023 se estrenará un sistema propio de ciberseguridad para prevenir ataques a las plataformas de la Entidad.

 

Manifestó además que se implementaron los controles para identificar los municipios donde se podría presentar el delito de fraude en inscripción de cédulas, conocido como trashumancia para estas elecciones regionales.

41 hechos violentos en época prelectoral según la Fundación Pares

La Fundación Paz y Reconciliación presentó un estudio donde demuestra que durante los cuatro meses que van del calendario electoral (29 de octubre de 2022- 28 de febrero de 2023), se presentaron 41 hechos violentos que han dejado un saldo de 64 víctimas, es decir una víctima de violencia político electoral día por medio.

La tendencia muestra que el número de hechos de violencia y sus víctimas aumenta según se acercan los comicios, lo que también ocurrió en el mismo cuatrimestre del 2021-2022.

En comparación con el período electoral equivalente inmediatamente anterior (28 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022), el número total de hechos de violencia política disminuyó de 64 a 41. No obstante, el número de homicidios pasó de 6 a 11, y el de los atentados de 0 a 10. Es decir, mientras en el período 2021-2022 los eventos violentos que representaban un daño directo a la vida y la integridad de la persona representaron el 9% de la totalidad de hechos de violencia, en el período 2022-2023 este porcentaje es del 51%. Menos hechos, mayor daño y letalidad. Del total de víctimas (64), once (11) fueron asesinadas, diez (10) sufrieron un atentado y 43 fueron amenazadas.

 

Propuesta de crear una sala anticorrupción en la Corte Suprema de Justicia tumba al director del Instituto Anticorrupción

Tras el rechazo que  género en el  Gobierno Nacional, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación la propuesta de crear una sala transitoria al interior de la Corte Suprema de Justicia, dedicada a casos de corrupción quien se encargaría de realizar un juicio nacional por asuntos relacionados con corrupción, la junta directiva del Instituto Anticorrupción anunció que la organización no continuará dando su apoyo  a la iniciativa.

De inmediato se conoció la renuncia de Michel Levien  al cargo de director del Instituto Anticorrupción. El polémico proyecto de  71 artículos buscaba crear una nueva sala en la Corte Suprema de Justicia con más magistrados de los que ya tiene el alto tribunal. Además, de abrir la puerta para que se cree en Colombia una comisión anticorrupción de Naciones Unidas.

 

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia a través de un comunicado rechazó la iniciativa;  el fiscal general de la Nación  se pronunció en contra, recordando que uno de los objetivos principales de la Fiscalía es precisamente la lucha anticorrupción.

El Gobierno Nacional a través del Ministro de Justicia, Néstor Osuna, indicó que esta propuesta no contaba con el apoyo del Ejecutivo.

La idea de crear esta sala transitoria en la Corte Suprema de Justicia fue presentada en conjunto con la Fundación Paz y Reconciliación, quien aseguró que sería presentada a consideración del legislativo por el senador Ariel Ávila.

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¿En qué condiciones llega el ELN a la mesa de conversaciones en México?

Arranca el nuevo ciclo de negociaciones de paz entre el Gobierno nacional y la delegación del Ejército Nacional de Liberación (ELN), etapa que podría definir el rumbo del proceso porque en ella se discutirán temas de gran interés para el país como la posibilidad de concretar un cese al fuego bilateral, asunto que no será fácil de definir por la manera en cómo opera el grupo armado ilegal.

Luis Emil Sanabria, directivo de Redepaz y columnista de Confidencial Colombia, considera que“el ELN no pactara un fuego bilateral, si antes no lo consulta con sus bases”, lo anterior de acuerdo con el analista, porque esta guerrilla es una organización que trata de no ser tan jerárquica en términos militares, lo qué quiere decir que muchas de sus decisiones las consultan con su gente en los territorios donde tienen presencia. En este sentido, mientras el ELN dialogue mantendrá sus acciones bélicas.

 

De acuerdo con Alejandro Restrepo, coordinador del Área de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación, estas acciones bélicas se han dado en mayor proporción con otros actores ilegales como las disidencias de las Farc y el Clan de Golfo, en comparación con las que se han presentado con las Fuerzas Militares y la Policía.

El reciente informe sobre el estado del conflicto armado en Colombia presentado por la Fundación Paz y Reconciliación, señala que esta guerrilla libra una batalla por el control territorial en departamentos como Arauca, por ejemplo, donde el Frente Domingo Laín, perteneciente al Frente de Guerra Oriental del ELN, ha protagonizado una disputa contra la disidencia de Gentil Duarte.

Dice el estudio que en lo que tiene que ver con el Norte de Santander, “el ELN ha concentrado   su   presencia en el Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta con el Frente Urbano Carlos Germán Velazco Villamizar, el Frente Juan Fernando Porras, el Frente de Guerra Nororiental y el Frente de Guerra Oriental”. Menciona, además, “que en el Catatumbo el ELN ha dispuesto una campaña ofensiva que se intensificó en el 2018, tras la salida de las extintas FARC- EP, y con la que ha logrado replegar al Ejército Popular de Liberación (EPL), más conocido como “Los Pelusos”.

Otro enemigo con el que disputa algunas zonas de la ciudad de Cúcuta, por las rentas ilegales que hacen presencia en la frontera con Venezuela, es el Tren de Aragua. Lo anterior, sin dejar de mencionar al Clan del Golfo, grupo armado que también opera en esta región.

“Esta última disputa se enmarca dentro del control al que busca hacerse el ELN, principalmente, de los pasos informales (trochas) del corregimiento La Parada en Villa del Rosario”, afirma el estudio.

El Chocó es otro departamento en donde el ELN mantiene fuertes disputas con los demás grupos armados ilegales, “aquí se han presentado diferentes acciones con el Clan del Golfo, “desencadenado una serie de vulneraciones contra la población civil como confinamientos y vinculación de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas y consejos comunitarios”, asegura Paz y Reconciliación.

El seguimiento que la ONG realiza al conflicto armado ha logrado establecer que esta guerrilla a pesar de mantener presencia en  municipios del Sur de Bolívar, Sur del Cesar y Sur del Cauca y Nariño, no ha salido bien librado, de hecho, “ha sufrido debilitamiento”.

“En el occidente del país parece que este grupo armado está perdiendo fuerza respecto a otros grupos como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, mientras que, en el oriente, se ve como un grupo más consolidado a las dinámicas del conflicto que se desarrollan en la zona de frontera con Venezuela.

Restrepo concluye diciendo que, aunque el ELN se mantiene fuerte en territorios donde históricamente ha hecho presencia y donde es común verlos patrullar como Arauca, Norte de Santander y Chocó, también es cierto que se ha debilitado en otros como Nariño, por ejemplo, más, sin embargo, esto no va a evitar que se quiera mostrar en medio de los diálogos. “con la sartén por el mango”.

¿De qué vive el ELN?

Laura Bonilla, politóloga y gerente para América Latina de la Fundación Paz y Reconciliación afirma, que el ELN no capta recursos de una renta ilegal única como el narcotráfico sino que dependiendo el lugar en donde haga presencia, capta recursos cobrando extorsiones y vacunas a las economías de la región como la extracción de madera, la ganadería, agricultura y la minería.

Esta variedad en la manera como consigue recursos mediante prácticas ilegales, de acuerdo a la explicación de Bonilla, se presenta por la descentralización de sus mandos, quienes deciden de manera unilateral de donde o cómo conseguir el dinero.

Es así como también se dedican a la Trata de mujeres según lo explica Alejandro Restrepo: “a las mujeres indocumentadas las explotaban sexualmente en prostíbulos que iban desde el área metropolitana de Norte de Santander hasta el Catatumbo. ELN tenía el control de los lugares donde explotaba y esclavizaban a las mujeres sexualmente, nosotros denunciamos que había una red de trata de mujeres, también sucede lo mismo en la Guajira”.

La Fundación Paz y Reconciliación establece en su informe, que  el ELN ha logrado desplegar 8 frentes de guerra (entre ellos el Frente de Guerra Urbano Nacional) de los cuales hacen parte 32 frentes guerrilleros, 20 compañías y 2 comisiones integradas por 2541 hombres en armas y 2253 integrantes de las redes de apoyo al terrorismo.

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Falta de experiencia de algunos ministros estaría pasando cuenta de cobro al gobierno Petro, dice la Fundación Pares

La Fundación Paz y Reconciliación presentó el balance sobre los primeros 100 días de gobierno del presidente, Gustavo Petro, analizando cada uno de los aspectos que han caracterizado el mandato actual, entre estos el gabinete ministerial.

Para la organización no gubernamental el gabinete Petro buscó una coalición de gobierno con seis partidos políticos, muchos de ellos agrupados en el Pacto Histórico. Sin embargo, la mayor parte del gabinete está compuesta de representantes del activismo de movimientos sociales, ecologistas o de izquierda reformista, tradicionalmente “subrepresentados”.

 

El informe dice además que la falta de experiencia de algunos de sus ministros, especialmente los que vienen del activismo políticos, han generado diferentes polémicas a nivel nacional. Estos funcionaros, según lo dijo el director de la Fundación Pares, León Valencia, “eran activistas constantes de la vida nacional y de la academia que siempre han tenido unas propuestas para hacerle a los gobiernos pero que nunca eran escuchados por esos gobiernos y llegaron con maletines llenos de esas ideas que es lo que han estado haciendo”.

Noticia relacionada: Cien días, muchos dramas

“El presidente ha ejercido un liderazgo de “dejar hacer, sin dejar pasar”, es decir, ha otorgado libertad a cada ministro y ministra de traducir el Plan de Gobierno en cada cartera, pero aplicando los correctivos necesarios cuando son muy entusiastas o cuando son muy ortodoxos. El nivel de visibilidad mediática de prácticamente todos los ministros y ministras, y la cantidad de anuncios realizados (aproximadamente cinco por día) ha llegado a generar tensiones, tanto al interior del gobierno como en la academia y la opinión pública, pues estos anuncios son leídos en varios casos como contradicciones o riesgos institucionales”, menciona el documento.

Descargue el informe completo:

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La perfidia de las élites

La Fundación PARES ha documentado juiciosa y sistemáticamente la presencia e influencia de distintas violencias organizadas y también la afectación sobre la democracia y los derechos humanos que todas las olas de violencia han significado en el país. Producir y administrar la violencia con todo tipo de propósitos es el día a día de por lo menos 160 municipios en el país. En retrospectiva, resulta doloroso reconocer que, durante gran parte de nuestra historia democrática, hemos visto ir y venir oleadas y producciones de violencia, correlacionadas con momentos de reforma o cambio. Después de cada proceso de paz o reforma social, después de cada intento de democratización territorial tenemos el mismo drama. Basta mirar la composición de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) para entender cómo los comandantes de este grupo son una colcha de retazos de muchas guerras y traiciones.

Una parte de la violentología en el mundo sostiene que es la superposición entre avaricia y recursos la que produce violencia. Para el caso colombiano, voy a sostener que en el centro de nuestro drama está la perfidia de las élites. La perfidia, deslealtad o maldad extrema, en el Derecho Internacional Humanitario significa que una de las partes que negocia la paz lo hace con intención de romper esa promesa una vez el enemigo esté expuesto. Eso no es difícil de rastrear en nuestra historia macabra de magnicidios y homicidios de líderes y personas que han firmado acuerdos de paz. Solamente en el más reciente de nuestros procesos de paz ya van más de trescientas personas, muchas de ellas que estaban liderando exitosamente proyectos de reincorporación productiva en regiones donde no existían alternativas legales de desarrollo rural.

 

Ya nadie duda de que el caso de Jesús Santrich, que desembocó en la creación de la hoy llamada Segunda Marquetalia, fue un entrampamiento. Aún así, hay voces en la sociedad que defienden la creación de la trampa y la producción de incentivos perversos para que cualquier intento de paz que venga con algún tipo de reforma, fracase. Casi que, si reconstruimos uno por uno los grupos armados que hoy tienen influencia y poder, vamos a encontrar que parte de las élites en el gobierno de ese entonces promovieron una estrategia de “manos caídas” mientras se asesinaban líderes y lideresas a lo largo del territorio nacional. Todo con tal de no perder privilegios. Otro ejemplo: la hoy columna Dagoberto Ramos pasó de ser un grupo pequeño en el Cauca a controlar la vida de personas y comunidades en un corredor que conecta por lo menos cuatro departamentos. Las comunidades sí denunciaron, advirtieron hasta el cansancio lo que estaba sucediendo, gritaron, protestaron, salieron a las calles y quiénes recibieron la represión violenta fueron ellas, no el grupo armado. El presidente de ese entonces ni siquiera quiso recibir las denuncias. Prefirió ver la violencia crecer y silenciar las voces críticas, nacionales e internacionales que señalaban este mal camino.  Prefirió vender la idea de que el Estado Colombiano y él mismo eran unos incapaces, que dar una orden clara de protección de la vida.

Reconocer la perfidia es un primer paso a la paz total. Sí, hemos desarrollado una tradición de trampa e incentivos perversos y hemos lidiado con ella durante toda nuestra historia del conflicto armado. Este gobierno puede ser el primero en la historia que reconozca este comportamiento como sistemático y ese reconocimiento – contrario a debilitar las instituciones – puede restaurar la confianza para sentarse a dialogar y negociar.

Ahora, como lo he señalado en columnas anteriores, el reto más grande de la paz total ni siquiera son los grupos armados, son quienes demandan la violencia. La oferta va a existir en el momento en que un grupo político quiera eliminar violentamente a un competidor y busque quién lo haga, cuando se quiera silenciar a la organización social que denuncia o hace veeduría a la contratación pública o cuando la sociedad entre en un proceso de democratización social o económica. ¿Quiénes son esos patrocinadores en la sombra? ¿La idea de la paz total los beneficia? Les aseguro a las personas que me leen que, si este proceso resulta exitoso y el Estado logra competir con oferta y recursos al control social de la violencia, estas élites pérfidas pierden mucho más de lo que ganan. Probablemente hoy en día estén pensando en reaccionar creando nuevas fuerzas violentas que se opongan a cualquier reforma que les afecte. Siempre lo han hecho.

 

Vacío de poder de las Farc aumenta riesgo de violencia en las regiones

Con el desplazamiento de por lo menos 6.300 guerrilleros de las Farc a las denominadas zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) para comenzar el proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil, el país ha girado su mirada hacia las áreas que deja de controlar la guerrilla más antigua del continente para comenzar una afrenta directa contra aquellos actores armados que se han atribuido dicho control de los territorios que abandonan las Farc y a los que aún no llega el Estado para evitar el vacío de poder.

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