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Se hace justicia con los moteros

Escrito por Guillermo García en Dic 25, 2022. Publicado en Desde las regiones, Opinión.

El gobierno del presidente Gustavo Petro, decretó la rebaja del SOAT en un 50%, muy buena medida que beneficiará a propietarios de vehículos, especialmente de motos. Esos fueron nuestros debates cuando ocupamos una curul en el Senado de la República.

Es un gran avance porque también había que ponerle coto, porque a voces del mismo Ministro del Transporte, cinco IPS en Colombia se robaban un billón de pesos de los recursos del SOAT, que lo pagan los trabajadores, los campesinos, los ciudadanos del común. ¡Es un gran abuso!, parecido al de las EPS. Pero falta una cosa, falta el SOAT diferencial para el sector rural, para campesinos y campesinas cuya accidentalidad en los sectores veredales y rurales de Colombia, es muy inferior a las ciudades donde hay muy alta accidentalidad.

Falta entonces el SOAT diferencial en las zonas rurales y campesinas de Colombia donde hay baja accidentalidad.

Hace justicia el gobierno del presidente Gustavo Petro con millones de colombianos que utilizan sus motocicletas como medio de transporte para desplazarse, pero también como medio de trabajo. Es una gran herramienta que para miles y miles de personas es su principal herramienta de movilidad, especialmente en las grandes urbes.

Según cifras del RUNT, la medida beneficiará a 10,8 millones de motos en Colombia y que según FASECOLDA beneficiará al 96% de las motos que circulan en el país.

Lo significativo de la medida es que los peatones, conductores y pasajeros recibirán atención inmediata en salud en caso de tener un accidente vial, sin excepciones.

De acuerdo al decreto presidencial, el descuento del 50 % en el Soat aplicará para motos de menos de 100 centímetros cúbicos, motos de 100 centímetros cúbicos y hasta 200 cc. Sin duda, una excelente noticia que hace justicia social con un sector que estaba siendo afectado por las altas tarifas en el pago de su seguro obligatorio.

Como lo calificó también FASECOLDA, con esta medida el Gobierno nacional aporta a la protección de todos los actores del sector vial: peatones, conductores, motociclistas, ciclistas y otros usuarios de las vías. Ojalá la mayoría lo aproveche el descuento y así contribuyan a la protección de la movilidad nacional.

Por: Guillermo García Realpe
@GGarciaRealpe

El salario mínimo

Escrito por Guillermo García en Dic 18, 2022. Publicado en Desde las regiones, Opinión.

Celebramos con mucho entusiasmo el anuncio reciente en el alza del salario mínimo logrado mediante acuerdo de la Comisión Tripartita, gobierno, empresarios y trabajadores. Recordemos que en Colombia sólo hay alzas al salario mínimo normalmente vía decreto, es decir, imposición del gobierno nacional. Hoy el gobierno del presidente Petro, logró contra todo pronóstico porque había amenazas de ciertos sectores de oposición que promovían que el empresariado se sume a las voces disidentes del gobierno, entonces lo primero es celebrar que hay un acuerdo que el año pasado Duque no pudo hacer el alza por acuerdo, sino por decreto, entonces con eso Gustavo Petro, esta también llamando la atención por resultados y avances contradiciendo los anuncios premonitorios negativos de una amenaza empresarial.

También hay que resaltar que la calificadora de riesgo FITCH mantuvo la calificación financiera y económica del país hacía tendencia positiva, el anterior gobierno de Duque la tenía hacía tendencia negativa, el análisis mundial del país sobre materia de créditos y en materia de solidez económica. Eso quiere decir que a Gustavo Petro, le está yendo mucho mejor en los análisis que a Iván Duque.

Luego volvemos al alza del salario que es un 16%, el más alto en muchos años que, obedece a los altos niveles de inflación mundial y colombiana que se viene dando desde hace un par de años hacia acá y también a las alzas de la divisa del dólar que es un fenómeno mundial, pero que ya está amainando a raíz de que la Reserva Federal de los Estados Unidos está bajando ya el calentamiento de la economía de ese país y por ende el re calentamiento mundial de la economía.

Hay que analizar también que se subieron en un 40% el subsidio de transporte, con eso se llega a un valor total de un millón 300 mil el salario mínimo, algo muy importante.

Ahora resta que el gobierno nacional y los mismos empresarios acuerden unas medidas para que el alza en el salario mínimo, importante y significativa no se los traguen las alzas de las tarifas de los servicios públicos, del gas, de la energía, de los costos de comunicaciones, en fin y también que no se disparen de manera abusiva los costos de la canasta familiar en materia de los consumos básicos como la carne, el pan, la leche y otro tipo de productos, porque de lo contrario el alza no será para los trabajadores en Colombia, sino para los especuladores que no tienen piedad con el usuario colombiano.

Entonces esperamos que efectivamente el alza recupere esa alta inflación y que no sea una alza continua de salarios e inflación especialmente de los especuladores.

El alza del 16% al salario mínimo hace justicia con millones de colombianos, pues según cifras del Ministerio de Hacienda, más de la mitad de los empleados colombianos formales o informales solo ganan un mínimo o menos. En concreto, el 58,8 por ciento del total de las personas que están ocupadas, lo que representa 12,8 millones de trabajadores.

De ellos, el 15,7 por ciento gana únicamente un mínimo (3,4 millones de personas) y más del 43,1 por ciento (9,4 millones) no llega ni tan siquiera a ganarse ese millón de pesos que está establecido por ley.

Sin duda, vienen nuevos tiempos para nuestro país y para millones de compatriotas.

Guillermo García Realpe

Excongresista

Adiós al Partido Liberal

Escrito por Guillermo García en Dic 11, 2022. Publicado en Desde las regiones, Opinión.

Hace ya varias decenas de años los patriarcas liberales de mi pueblo La Cruz Nariño, me propusieron encabezar la lista al concejo municipal. Apenas había cumplido la mayoría de edad. Estaba estudiando derecho en Bogotá y la distancia no fue obstáculo y acepté y desde entonces abracé la militancia del Partido Liberal. Venía de la izquierda del MOIR, de adolescentes siempre participamos en las reclamaciones y protestas regionales reivindicatorias de desarrollo regional.
Pero el llamado de los patriarcas de mi pueblo fué obligante.

Desde entonces siempre milité como liberal progresista, de izquierda, de avanzada. Solo reconocí como mis jefes a dos distinguidos colombianos: a Rodrigo Lara Bonilla y a Horacio Serpa Uribe. Fueron mis únicas militancias en las tendencias del partido.

Nunca apoyamos candidatos de la derecha nacional ni las tendencias tradicionales. Siempre en una actitud de rebeldía y esperanza. Apoyamos con entusiasmo la séptima papeleta y el movimiento por la nueva Constitución del 91. Era el movimiento de la esperanza. Siempre nos opusimos a las privatizaciones de las empresas públicas. Este fue el saqueo más grande del país. Controvertimos la apertura económica y a los TLCs que implicaron la ruina del campo colombiano y de nuestros agricultores.

En las alianzas interpartidistas nacionales y regionales siempre nos alineamos con los partidos de izquierda y progresistas. En contra de los sectores tradicionales.
Participe de las férrea oposición a los gobiernos de Pastrana, Uribe y Duque. Y también de los gobiernos de Nariño que consideraba corruptos y regresionistas politiqueros y clientelistas.

Nunca he sido cuestionado por comportamientos ajenos a la decencia y honradez que debe observarse en el
manejo de lo público.

Estuve en todos los esfuerzos nacionales y regionales por la Paz y la reconciliación de los colombianos. El primer Diálogo Regional por La Paz en el sur de Colombia lo convocamos desde la presidencia del Concejo de Pasto que ocupé hace más de treinta años. De ahí participamos en
muchas misiones y comisiones de paz .

Siempre estuve en la defensa de los usuarios de los servicios públicos,
Por tarifas justas y la calidad del servicio.

Por mi iniciativa y por primera vez en Colombia se aprobaron subsidios para los usuarios del gas propano GLP, para evitar la deforestación y reivindicar a las poblaciones más vulnerables.

Fui promotor de la primera disposición legal en un Plan Nacional de Desarrollo de impulso y protección de los derechos de los animales y que tanto departamentos y municipios involucren políticas públicas en sus planes y locales de protección de los animales en Colombia. Creo ser por tanto unos de los precursores en el Congreso en estos temas de animalismo.

También hice militancia animalista. Perteneciendo a movimientos contra las
corridas de toros, contra el maltrato animal y de apoyo a fundaciones protectoras de los compañeros de nuestras vidas.

También he sido un militante declarado en defensa del ambiente,de la vida,del agua,de la naturaleza. Nací en el Macizo Colombiano que genera el 70% del agua dulce del país, soy su defensor con muchos campesinos e indígenas . Promovimos el CONPES del Macizo. El nuevo Sistema Nacional de Regalías SGR que tramitamos en la Comisión Quinta del senado trae su Proteccion efectiva como de otros sistemas estratégicos ambientales de Colombia. Impulsamos la Ley de Páramos, lucha contra emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles, contra el calentamiento global. Presentamos proyectos contra el fracking, prohibición del glifosato. Convocamos el debate de defensa del Páramo de Santurban en Santander, y con ello quedó claro que en ningún Páramo de Colombia habrá minería . Visibilízanos la necesidad de la protección del oso andino. Fui el único senador que promovió el debate de especial importancia sobre el tema crítico de Hidroituango.

Hemos sido férreos defensores del sector Agropecuario con diferentes acciones. Acompañamos el paro agrario del 2013 y el cumplimiento de los compromisos. Impulsamos una ley revolucionaria en el campo colombiano: la creación del Sistema Nacional de Innovacion Agropecuaria SNIA Ley 1876/17. Votamos en contra de los TLCs.

Siempre promovimos las energías renovables y de baja contaminación. Fuí promotor de le Ley del Biodisel, para utilizar aceites vegetales en mezclas con hidrocarburos Ley 939/04. Varias leyes de energías renovables las impulsamos en la comisión V.

Mucho luchamos contra la Corrupción. Fui el senador acusador del cartel de la toga ante la Corte Suprema de Justicia.

Los últimos años no han sido buenos para el Partido Liberal. Apoyar a Iván Duque como Presidente fue un grave error histórico. Se trató de destruir el proceso de paz . Además de los graves errores administrativos, escándalos por doquier, se perdieron los territorios y se incendió el país nuevamente. Yo voté por Gustavo PETRO en el
2018 en contravía de la Dirección del Partido .

La Dirección Liberal apoyó a Fico Gutiérrez en la primera vuelta presidencial y a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta. ¿Esto es liberalismo progresista y de avanzada?

Por supuesto no seguimos esa línea, como no la siguieron los liberales de Colombia. Daba gusto encontrarse con los verdaderos liberales que muchas manifestaciones le brindaron al actual Presidente Gustavo Petro. Otra vez se equivocó la Dirección Liberal.

Y la tapa. En la discusión de la última reforma tributaria la Dirección del Partido llamaba a oponerse a los impuestos a los ricos de Colombia, a los bancos, al gran lucro de los exportadores de minería e hidrocarburos, a las altísimas pensiones, etc. En la única reforma tributaria que no tocó a los pobres, al IVA, a la canasta familiar ni a los trabajadores del país.

Pero la Dirección seguirá y ahí ya no voy más .

No estaré nunca contra mi pueblo como militante de un Partido cuya Dirección está en su contra. Por ello, muy a mi pesar y con tristeza presento renuncia irrevocable a la
militancia en el Partido Liberal Colombiano.

Seguiré con mi pensamiento liberal de avanzada, progresista y socialdemócrata.

Los temores del gremio de la seguridad privada por un alza en el salario mínimo superior a la inflación

Escrito por Confidencial Noticias en Dic 5, 2022. Publicado en Economía.

Foto: Guillermo García Realpe, vocero de ECOS

El Gremio de Empresas Colombianas de la seguridad privada (ECOS), teme por el aumento salarial superior al de la inflación, ya que podría afectar directamente la estabilidad de más de 450 mil empleos en Colombia.

De acuerdo con Guillermo García Realpe, vocero del gremio, «Esto se da debido a la controversia y diálogos entre el Gobierno Nacional, representantes de centrales obreras y empresarios, ante el posible aumento de un 15% en el salario mínimo en el 2023».

El gremio (ECOS) provee más de 20 mil empleos, en sus 17 empresas de seguridad privada, los cuales el 30% son mujeres, la estabilidad de estos empleos podría verse afectada producto de las reformas que perjudican al empresariado en el país.

“Nosotros, como gremio ECOS, manifestamos la preocupación por parte del sector de la seguridad privada, ante el posible aumento del salario mínimo, los más de 450 mil hogares colombianos que día a día viven del ingreso de este empleo formal, estos podrían afectarse, ya que para nosotros la tarifa corresponde en un 70% al factor salarial, esta se vería afectada ante el aumento de la tasa salarial y prestacional de cada una de nuestra 17 empresas, ante esto hacemos un llamado al Gobierno Nacional para evitar un alto impacto en el área laboral”, expreso García Realpe.

Asimismo, las Empresas de Seguridad Privada, esperan que esto sea un estudio calificado, en donde se tenga en cuenta las posibilidades de mercado y los ingresos del empresariado, para que el posible incremento se pueda pagar de una forma que no afecte la generación de este empleo y el pago legal de todas las para fiscalidades de cada compañía.

Además, también se ha evaluado el pago de las horas nocturnas, dominicales y extras.

Por otra parte, algo que beneficiaria a los guardas sería el nuevo pago de las horas nocturnas desde las 6:00 pm, para quienes comienza su turno a esa hora, igualmente en el 2023 también aplicaría la disminución de jornada laboral.

Hidroituango

Escrito por Guillermo García en Dic 4, 2022. Publicado en Desde las regiones, Opinión.

Indudablemente la noticia de las últimas semanas de Colombia, de interés nacional estuvo alrededor del tema Hidroituango. Los colombianos y las colombianas estuvimos informados plenamente por todos los medios hablados, escritos, televisivos, de redes, sobre el tema de que si el 30 de noviembre entraban a funcionar las turbinas del proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia denominado Hidroituango, ubicado en el río Cauca en el nordeste antioqueño en una zona donde el río Cauca, el segundo río más importante de Colombia, muy caudaloso, se encañona, ubicado fundamentalmente en el municipio de Ituango, en el mismo departamento.

La historia que ahora estamos abordando los colombianos, arrancó desde hace más de veinte años, desde cuándo Álvaro Uribe Vélez fue gobernador de Antioquia en los años 96-97. En aquellos tiempos se creó la sociedad Hidroituango entre la alcaldía de Medellín y el departamento de Antioquia, a través de un instituto de desarrollo de ese entonces. Arranca la sociedad y posteriormente arranca societariamente dando un giro a medida que avanzaba el proyecto después del año 2000, pero siempre esa sociedad con el objetivo de construir un proyecto hidroeléctrico de gran dimensión que, hoy podría aportarle al país si todo sale bien, el 17% de la demanda energética colombiana, esa es una enorme proporción hablando del componente nacional en materia de consumo de energía.

La Sociedad Hidroituango, encarga la ejecución del proyecto a EPM, Empresas Públicas de Medellín, prácticamente en una contratación directa, sin abrir licitaciones, aclarando fundamentalmente que EPM es de la alcaldía de Medellín, de carácter público, pero entregó la ejecución a EPM. Con los compromisos de construir, desarrollar, ejecutar, operar el proyecto cuando esté construido y de Comercializar la energía a EPM y que Empresas Públicas le responda a los socios y gobernación. Es decir, le encargó a EPM la ejecución del proyecto hasta su ejecución y comercialización de energía.

Posteriormente EPM hizo contrataciones con compañías de ingenieros del sector eléctrico, de constructores de infraestructura física, técnica, en fin.

El proyecto desde un principio tuvo algunas observaciones, especialmente en el debate que promovimos desde la Comisión Quinta del Senado, que los estudiamos a fondo, me llamó la atención las observaciones del Servicio Geológico Nacional, que manifestaba que en el macizo donde se desarrollaba el proyecto tenía fallas geológicas activas y que podían potenciarse con el embalsamiento de las aguas del Río Cauca y que iba posiblemente haber una licuó afección. Segundo, manifestaban las autoridades en ese debate que no hubo licencia ambiental para la construcción del tercer túnel que se llamaba Tercera Galería de desagüe del proyecto, porque se Construyeron primero dos y luego la tercera en el momento en que hubo amenazas de un embalsamiento y retraso del proyecto, entonces se construyó un tercer túnel de desagüe.

Ese tercer túnel fue el que causó la emergencia en el mes de abril o mayo del 2018, que fue muy grave y que causó amenazas aguas abajo del embalse y que pudo haber causado una gran tragedia. En el debate, por supuesto hubo más observaciones imposibles tratarlas en un artículo.

Luego de la emergencia dice EPM que se han tomado las medidas en los diferentes aspectos y que hoy es sólido el proyecto, que hoy tiene muchos sistemas de alerta para una posible afectación si se presenta, que no hay mayores temores en materia de calidad de la construcción. Y esa emergencia retrasó la entrada en funcionamiento que iba a ser en el mes de noviembre de 2018, es decir, hace cuatro años tenia que haber empezado a producir y generar energía para Colombia.

Hay que aclarar que, EPM tenía la amenaza de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG – que le iba a imponer una multa sino entraba a funcionar el pasado 30 de noviembre. Esto se debe a que buena parte de los recursos con los que se construyó provienen de un fondo que se denomina ENERGÍA EN FIRME, ese fondo se nutre de recursos de todos los colombianos que pagamos en la factura de energía eléctrica y ese fondo financia proyectos que la Unidad de Planeación Minero Energética UPME, hace una convocatoria a diferentes constructores y compañías o entidades que tengan proyectos de generación eléctrica, puede ser hidroeléctrica, termoeléctrica, eólica, energía renovable y EPM con la sociedad Hidroituango recibió recursos con el compromiso de producir hasta esta fecha necesariamente esta energía, sino la producía, esa entrega de los recursos del Fondo de Energía en Firme, pues se causaba unas multas, esa digamos fue el afán que los colombianos estamos viendo.
Ese proyecto se construyó con recursos de todos los colombianos y las colombianas. Esperamos que todo salga bien, el presidente de EPM ha tranquilizado al país, el Dr. Jorge Carrillo, con mucha propiedad ha manejado el tema y le ha explicado al país, está a punto de funcionar la mitad de la capacidad de generación.

Los colombianos esperamos que el proyecto finalmente termine bien, pero sobre todo cuando hay más producción ante la demanda nacional, mayor oferta de energía y que para los colombianos haya una rebaja efectiva en la factura de energía, ante mayor producción pues la misma demanda ordena, según las leyes del mercado que deben rebajar los precios, ojalá eso se cumpla

Defender los páramos, defender la vida

Escrito por Guillermo García en Nov 27, 2022. Publicado en Desde las regiones, Opinión.

En la semana que termina tuvimos la oportunidad de asistir e intervenir en un panel en la Cumbre Mundial de los Páramos en la ciudad de Bucaramanga que, contó con una amplia, variada y muy representativa participación de actores institucionales, académicos, científicos, ambientalistas como de Colombia, como de Suramérica.

Que haya sido Bucaramanga la sede, no es una casualidad. La región santandereana se convirtió en los últimos años en escenario del debate más fuerte en Colombia sobre la defensa de un Páramo ante proyectos de mega minería, como lo fue el Páramo de Santurbán.

El comité pro defensa de Santurbán, la alcaldía de Bucaramanga con el titular Dr. Juan Carlos Cárdenas a la cabeza y organizaciones muy militantes ambientales desplegaron una fuerte reacción contra la minería que iba a afectar la generación de aguas que surten los acueductos de Bucaramanga y decenas de municipios de Santander y Norte de Santander. Más de dos millones de habitantes y por supuesto el subyacente daño medioambiental.

Esta reacción ciudadana e institucional caló el debate del nivel regional al nivel nacional. Pusieron al país a hablar de su problema y de su lucha.

Se convirtió Santurbán en una causa nacional de todos los colombianos. Los defensores de la vida y de la naturaleza se movilizaron y pronunciaron. Fue así, como tuve la oportunidad de convocar un debate en la plenaria del Senado para sumarnos a la defensa de Santurbán, pero sobre todo frenar el otorgamiento de la licencia ambiental que la empresa Minesa de origen en los Emiratos Árabes había solicitado a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA para el proyecto Sotomonte que no es otra cosa que minería en el Páramo. En Santurbán se jugaba la suerte de todos los páramos de Colombia. Si había licencia para Santurbán habría minería en todos los páramos del país. Ese era el sentido de nuestra intervención y de verdad fue una causa nacional.

Luego de unos días del debate, que fue en noviembre de 2020 la ANLA archivó el expediente de solicitud de licencia. Ojo, solo archivó, no negó la licencia. Hay una situación de indefinición, latente que deja viva la posibilidad de un nuevo intento de solicitud de licencia. Por ello, tenemos que continuar vigilantes todos nosotros que creemos que la vida y el agua es primero que el oro de los codiciosos y acumuladores de capitales que quieren pasar por encima de comunidades enteras y sobre sus derechos fundamentales.

Hicimos exposición en Bucaramanga sobre los alcances de la Ley 1930 de 2018 que tramitamos, la que versa sobre gestión integral de páramos en Colombia. Un gran instrumento de defensa.

Fue un gran escenario para quienes amamos la vida y para quienes creemos que hay que practicar también ¡Paz con la Naturaleza!, como no, en Colombia tenemos el 50% de los páramos del mundo un privilegio en riesgo.

En defensa de los transportadores del sur del país

Escrito por Guillermo García en Nov 20, 2022. Publicado en Desde las regiones, Opinión.

Hace un par de semanas Colombia se informó de un paro en la frontera en el puente de Rumichaca que une a nuestro país con el vecino Ecuador por parte de los camioneros, de los transportadores de la frontera, tanto del lado colombiano, como del lado ecuatoriano. Son los camioneros, los pequeños transportadores que recogen en Ipiales tanto para importación como para exportación mercancías de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) haciendo uso de un acuerdo provisional entre los dos gobiernos suscritos hace un año que formalizó el tipo de transporte en frontera, luego de la pandemia que conllevó a un cierre total.

Se escucha que en adelante, en los próximos meses se va a optar por la intervención monopolística de grandes compañías, entre tres y cuatro de cada país a gran escala de Colombia y Ecuador para que no haya la operación en frontera, para que no haya la logística, la disposición de mercancías en bodegas en cargue y descargue, solamente habrá concentración de cuatro empresas que van a transportador la mercancía entre las capitales de la CAN, sea Lima, Quito o Bogotá fundamentalmente, por supuesto también lo que vendría de Bolivia.

Esto, va a afectar y a quebrar a los pequeños camioneros, a los pequeños transportadores, a sus familias, pero también al comercio fronterizo, a los operadores de logística de bodegas de cargue y recarga y del tránsito vehicular.

Anunciados de la magnitud del problema, esta semana con los dirigentes nacionales de la Asociación Colombiana de Camioneros ACC y fundamentalmente con su presidente Alfonso Medrano, visitamos al señor Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, para exponer esta situación que, muy seguramente sino se da manejo a esto tendremos nuevamente paros a partir del 16 de diciembre porque el 15 de diciembre se vencería el acuerdo provisional de los dos gobiernos de los dos países.

Encontramos receptividad por parte del Ministro Guillermo Reyes y se comprometió con los transportadores de Colombia, especialmente del departamento de Nariño a que se iba a prorrogar ese acuerdo, ese convenio en defensa del empleo, de la industria del transporte regional Surcolombiana y de la frontera con Ecuador. Esperamos que, eso se dé, porque de lo contrario traería una grave crisis y desde luego afectaciones económicas, al gremio del transporte, a toda la logística, en fin.

Estaremos expectantes y haremos el debido control político. Esto lo hacemos en defensa del transporte regional, en defensa de las oportunidades regionales, que la frontera implique desarrollo para la sociedad fronteriza, que no solo sirva para los problemas del contrabando, o de trata de personas o del abuso por parte de sectores ilegales, sino que la frontera implique oportunidades para los comerciantes, los industriales, transportadores como en este caso.

Buenas noticias para la Amazonía

Escrito por Guillermo García en Nov 13, 2022. Publicado en Desde las regiones, Opinión.

En los últimos días hemos visto muy buenas noticias para la Amazonia colombiana y para la Amazonia de Latinoamérica. La COP 27 (Conferencia de las Partes) celebrada recientemente en Egipto y a la cual asistieron líderes mundiales de 196 países que hacen parte de la ONU, más la Unión Europea, es decir más de 200 naciones que se comprometen en la lucha contra el calentamiento global manifestó la importancia del mundo entero de salvar este pulmón de la vida que es la Amazonia.

Las noticias vienen porque Gustavo Petro, nuestro Presidente, consiguió muchos millones de dólares para Colombia y su Amazonia. Pero, también la COP 27 manifestó en sus declaraciones que se va a disminuir la influencia del carbono en la economía, se va a comenzar de manera seria y consistente la renovación energética en fuentes renovables. Y también que el mercado no va a ser el que deba regir la vida del mundo y de nuestros países.

Será la misma vida la que deberá tomar el rumbo. Otra buena noticia para la Amazonia fue, sin duda, el triunfo de Lula en Brasil. Cae Jaír Bolsonaro, el enemigo de la vida, quien niega el calentamiento global.

Esa serie de noticias nos da mucho ánimo para seguir luchado por la defensa de la Amazonia, pero también por el Macizo Colombiano, por las fuentes de agua de nuestro país.

Buenas noticias entonces, ojalá continuemos con ello porque estamos trabajando por la vida, no por la guerra, ni tampoco por la destrucción de la naturaleza.

Esperamos que el gobierno de Gustavo Petro pueda avanzar en esos diez puntos del decálogo expuesto ante la COP 27, de hace imperativo que los líderes mundiales tomen medidas contundentes y urgentes para salvaguardar la vida del planeta, porque está en juego nada más y nada menos que la continuidad de la especie humana.

Muchos aún no lo entienden, sus grandes capitales y negocios a gran escala los enceguecen y no miran más allá de su propia nariz, pero resulta que con sus acciones están acabando paulatinamente con la humanidad. Ojalá no sea tarde para que entren en razón y comprendan que el planeta necesita y merece un respiro, ojalá comprendan que la vida vale más que abultadas cuentas bancarias.

Iván Márquez

Escrito por Guillermo García en Nov 6, 2022. Publicado en Desde las regiones, Opinión.

La semana que termina fue muy importante para el país especialmente para el gobierno, para los colombianos. El gobierno logró un triunfo en materia legislativa aprobando la reforma tributaria en el Senado y entra a conciliación en la Cámara de Representantes muy posiblemente martes o miércoles de la próxima semana. Se aprobó y se sancionó la ley modificatoria de la Ley 418 o Ley de Orden Público de 1997 que, hoy con las modificaciones y los aportes y con las iniciativas del gobierno y de los congresistas le estamos llamado la ley de la “Paz Total” y convivencia pacífica en nuestro país.

Hay que recordar que la ley 418 le ha servido a todos los gobiernos para promover convivencia pacífica, le ha servido como autorizaciones del legislativo al ejecutivo para entrar en diálogos y tomar medidas para procurar acuerdos de paz, en eso se basó desde el año 97 para adelantar diálogos, como por ejemplo, el que se hizo con la extinta guerrilla de la FARC en el año 2016 y 2017. Entonces hoy, el gobierno nacional a través de esas autorizaciones tiene el instrumento legal para entrar en diálogos especialmente con el Ejército de Liberación Nacional, diálogo político de negociación y también el instrumento que se ha denominado de sometimiento a la justicia o de acogimiento según el caso, para las demás organizaciones como las disidencias, incluso bandas criminales como el Clan de Golfo. Entonces el gobierno nacional está envestido de autorizaciones para adelantar diálogos, pero también acercamientos con grupos armados ilegales en el marco del sometimiento o acogida a la justicia.

Mucho escozor causó la posibilidad que en esas facultades el gobierno adelante diálogos de sometimiento a la justicia con disidencias de las FARC especialmente con la “Segunda Marquetalia” comandada por Iván Márquez ex negociador de paz de las FARC en La Habana. Hubo mucho rechazo de varios sectores, incluso del ex negociador Humberto De La Calle Lombana hoy Senador de la República quien se opuso en un discurso de manera vehemente y también la oposición como siempre muy reacia a lo que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro, también de opinadores y columnistas a nivel nacional.

No es fácil entender que estos diálogos además del Ejército de Liberación Nacional con otros sectores armados se lleven a cabo, pero el país requiere definitivamente la desmovilización, el desarme de todos los actores armados ilegales para entrar verdaderamente a la Paz Total o a la convivencia pacífica en Colombia, especialmente en los territorios, porque una cosa es la violencia y el conflicto en el centro del país y las grandes ciudades, pero otra cosa es en el territorio, sobre todo que el gobierno del expresidente Duque con su posición y actitud reacia a la Paz y el proceso de La Habana, abandonó los territorios, destruyó los instrumentos del proceso de paz, los PNIS, Programas de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, causó intranquilidad en los desmovilizados y desarmados y por eso hoy someto al análisis una hipótesis de que el Estado colombiano en el gobierno del Presidente Duque cometió una amenaza al proceso de paz y con ello pudo haber incurrido en una actitud de perfidia, que el Derecho Internacional Humanitario lo censura y por supuesto lo considera en los conflictos internos de los países y los acuerdos que en medio de los conflictos haya en los distintos países suscribientes de los tratados y esta hipótesis la reafirmó en lo siguiente.

Que el gobierno nacional presentó un proyecto de ley para modificar la JEP denominado “Objeciones a la JEP” que tuvo apoyo por supuesto del Centro Democrático y también de los Conservadores y de la bancada de la U que habían respaldado a Juan Manuel Santos en el proceso de paz, como ganó Duque, estos dos partidos como siempre, dieron el giro de apoyar la paz, a objetar la JEP columna central del proceso de paz.

Entonces el gobierno nacional del entonces presidente Duque, causó nerviosismo en las filas de los concentrados, de los desmovilizados, y muchos de ellos emigraron, conozco los casos del sur de Colombia, de Miravalle en el Caquetá, de La Variante en la Costa Pacífica en Tumaco, La Paloma de Policarpa en Nariño, la del Putumayo, en fin. Entonces el gobierno con ese proyecto de ley rompió la estabilidad jurídica y la garantía que les había ofrecido el gobierno del presidente Santos, ahí se configura la perfidia del gobierno, pero además de las objeciones a la JEP, el gobierno del presidente Duque, como lo dije anteriormente destruyó los instrumentos del proceso de paz, los PNIS de sustitución de los cultivos ilícitos, abandonó el cuidado y la seguridad de los desmovilizados concentrados en los ETCR, también abandonó los proyectos productivos para promover oportunidades a los desmovilizados, ese conjunto de actitudes, de rechazo al proceso de paz, de incumplirle a los desmovilizados configura una perfidia y por lo tanto muchos ex guerrilleros abandonaron los ETCR y por supuesto el proceso de sometimiento entre esos Jesús Santrich que fue víctima de un entrampamiento del cual se ha hablado mucho ya, igualmente Iván Márquez abandonó los instrumentos del proceso de paz y retomó las armas.

No lo justificamos de ninguna manera, pero está columna sirve para recordar, para hacer y refrescar memoria de los colombianos que aquí sí bien falló Iván Márquez o Santrich y algunos desmovilizados que desertaron de los ETCR, también el gobierno colombiano en cabeza del presidente Duque le falló a la Paz y por supuesto motivó la deserción y el crecimiento enorme en los cuatro años de Duque de las disidencias a todo nivel en el territorio nacional

EMSSANAR

Escrito por Guillermo García en Oct 30, 2022. Publicado en Desde las regiones, Opinión.

La semana que termina sirvió para adelantar una audiencia pública en la Cámara de Representantes convocada por la plenaria a instancias del Representante del Putumayo , Dr. Carlos Ardila y la Comisión Séptima de la Cámara a la cual asistió el Superintendente de Salud Ulay Beltrán, funcionarios del Ministerio de Salud, ADRES, etc.

El objeto de la audiencia a la cual fui invitado, y en la que participamos, fue la de evaluar la situación de los usuarios de la salud y de los prestadores en razón a la actual crisis de las EPS de la región surcolombiana, especialmente de EMSSANAR, la EPS con mayor número de afiliados en los departamentos del Valle, Nariño, Putumayo y Cauca aproximadamente dos millones de usuarios afiliados, encargada de velar por su derecho fundamental a la salud. Hoy esta EPS está intervenida para su administración por parte de la Superintendencia de Salud desde el pasado mes de febrero de 2022 por graves motivos y circunstancias que ameritaron la medida. Razones de carácter científico y técnico, administrativas, financieras, etc que la hacían inviable para continuar así y poniendo en grave riesgo la salud de los colombianos del sur del país.

Esto fue motivado por malas gerencias anteriores y situaciones de graves indelicadezas que son motivo de investigación por parte de los organismos de control como la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, entes a los cuales la Superintendencia Nacional de Salud remitió lo soportes respectivos.

En la audiencia con más de 70 actores regionales, intervinieron los parlamentarios de la Comisión Séptima de la Cámara, el gobernador del Putumayo, alcaldes, gerentes de hospitales, ESES municipales, etc. Una amplia y muy destacada intervención realizó el agente especial o interventor de la Superintendencia de Vigilancia, ingeniero Caucano. Tiene dos apartes su intervención, la primera el estado deprimente en que recibió EMSSANAR en casi todos los aspectos. Una deuda superior a un billón de pesos con la red pública de salud con prestadores de salud privada, etc. Pero además de eso, lo más llamativo como se timó a la Supersalud en el proceso de transformación, cuando activos comprados con recursos de la salud, figuran a nombre de sus accionistas, que para sorpresa del auditorio hoy el gobierno corporativo se ha transformado y ya la empresa tiene 35 accionistas, vi la sorpresa en el auditorio cuando se mostró que a febrero de 2022 sus cuatro accionistas eran sus mayores contratistas y a la vez acreedores de la EPS, total, un “yo con yo” algo absolutamente descarado, que rompe con todo principio de moral y ética, más cuando se administran por esta EPS, recursos públicos . Estas son unas pocas de tantas irregularidades que llevaron a la EPS a la actual situación.

La segunda parte del informe es alentador. Si se materializan las etapas del modelo de recuperación presentado por el Interventor a la Supersalud, Con buena gerencia y con una gestión con mucha austeridad, con un cambio absoluto del modelo de contratación y atención, y particularmente con la materialización de otras acciones de auditoria, con la capitalización de acreencias, pero ante todo con el compromiso del pasado 5 de abril de los gobernadores del Cauca, Valle , Nariño y Putumayo de propender por una capitalización y la transformación de la empresa en una Sociedad de Economía Mixta, tarea difícil por las condiciones fiscales de los entes territoriales, pero no imposible, hoy y HACIA ADELANTE las cifras mostradas por el Interventor muestran una nivelación los ingresos con los gastos corrientes que demanda la atención de los usuarios y la garantía de su derecho fundamental de la salud y los costos administrativos de funcionamiento, nómina, empleados, etc.

Quiere decir que la EPS puede funcionar hacia adelante con los giros correspondientes a la UPC, el LMA y otros ingresos para atender los requerimientos de la red de prestadores públicos y privados, que para sorpresa en los cuatro departamentos, dependen del giro sagrado y religioso que mensualmente realiza EMSSANAR . Esto los tranquilizaría para que le sigan recibiendo pacientes a la promotora de salud EMSSANAR. Queda entonces el gran interrogante de la deuda dejada de pagar por más de un billón de pesos, con corte a diciembre de 2021 el interventor en su informe detalló que, luego de pagos de servicios presentes y de las provisiones necesarias ha ido abonando las acreencias a los prestadores de manera significativa y sobre todo equitativa. Pero la deuda es enorme, ante eso el gobierno, Superintendente y Ministerio de Salud manifestaron que hoy no hay un fondo para pagar deudas de salud en el evento de liquidación de las EPS. Que en los próximos meses dictará una regulación al respecto y aquí está la gran preocupación de la red pública y privada de los cuatro departamentos, si se liquida EMSSANAR quebrarán sin ninguna duda, y como todas las liquidaciones de los últimos 20 años insolutas y con la mayor afectación de los estados financieros y la destrucción una vez más de nuestros hospitales, que concurrieron ante el asegurador con la buen fe a la prestación de los servicios.

Será una debacle para la salud en la región Surcolombiana hasta aquí va el debate, por supuesto, de nuestra parte haremos cuanto esté a nuestro alcance para procurar la mejor salida. El gobierno tiene la palabra, el balón está en su cancha, aunque los responsables fueron otros.

Buenas noticias del GLP

Escrito por Guillermo García en Oct 23, 2022. Publicado en Desde las regiones, Opinión.

El tema del Gas Licuado de Petróleo (GLP) es un asunto que hemos abordado desde que entré al Senado en el año 2009. Siempre estuvo en mis debates, audiencias y pronunciamientos por varias razones.

Primera, son más de tres millones de familias sus usuarias, más de once millones de colombianos, la quinta parte del país, una gran población.

Segunda, los usuarios del GLP, pertenecen en un 85% a los estratos 1 y 2, la población más vulnerable urbana y rural, que vive en los sitios más remotos de los territorios y en los barrios más humildes y marginados, donde no llegan las redes domiciliarias de gas o redes eléctricas o cocinar con energía resulta muy costoso.

Tercera, el GLP especialmente en cilindros es de gran portabilidad y de fácil transporte, llega en carro, a lomo de mula, moto, etc.

Cuarta, el GLP es un gran sustituto de la leña y el carbón. Donde logra penetrar es un gran instrumento de lucha contra fenómenos como la deforestación y de lucha contra enfermedades respiratorias que causa la cocción en medio del humo de la leña. Es decir, además de salud, es un tema de dignidad humana.

Quinto, por lo anterior en el 2013 por mi iniciativa se promovió un plan piloto de subsidio para más de 300 mil familias de los departamentos del Macizo Colombiano, la más importante fuente hídrica de Colombia, correspondiente a los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y Caquetá, programa que no se ha podido extender a todo el país.

Sexta, en los últimos dos años ha habido un disparo en los precios del GLP, que nos ha preocupado mucho, a tal punto que se ha tornado inalcanzable su precio en cilindros.

Séptimo, por justicia tarifaria hemos llamado la atención al gobierno. Hoy un usuario de estrato 1 ó 2 del GLP en cilindros está pagando más que el usuario del estrato seis de cualquier ciudad al que llega la red domiciliaria del gas. Algo absolutamente injusto.

Octava, el subsidio en el Macizo Colombiano fue rebajado con el paso de los años y hoy es marginal, de una proporción muy baja sobre el precio total del cilindro.

Por todo lo anterior, propusimos con los usuarios dos iniciativas, que el subsidio sea para todos los colombianos, para todo el país, un acto de justicia por la gente pobre de todo el territorio. También que el subsidio equivalga a un efectivo 50% para usuarios de estrato uno y un 40% para el estrado dos del precio total del cilindro.

Para la población donde se está extendiendo redes domiciliarias de GLP, la conexión interna en las casas para los mismos estratos 1 y 2, sea subsidiada en un 70% por el gobierno nacional.

En la semana que termina en el Cuarto Congreso Internacional de GLP, promovido por Gas Nova, el gobierno manifestó su voluntad ante estas iniciativas.

De todas formas en los Diálogos Vinculantes serán propuestas estas iniciativas para que sean acogidas en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 del Presidente Gustavo Petro.

El cambio es cambiando.

SOAT sí, ¡pero a precios justos!

Escrito por Guillermo García en Oct 16, 2022. Publicado en Desde las regiones, Opinión.

Tras más de 35 años de vigencia el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, sigue dando de qué hablar.

En primer lugar, hay un malestar generalizado del gremio de motociclistas en Colombia por las onerosas tarifas anuales que se cobran por concepto del SOAT.

Si bien las aseguradoras argumentan que como actores viales, son los motociclistas quienes provocan la mayoría de accidentes en calles y carreteras lo que no les da un margen absoluto para respaldar la atención en salud de las personas que sufren accidentes y son víctimas de siniestros viales, porque dicen ellos, el porcentaje destinado para tal fin no les da para cubrir. Manifestando un déficit en ese sentido que tiene que ser subsanado con lo que pagan los propietarios de vehículos con cilindraje hasta de 2500 CC que hoy registran menos accidentalidad en las vías. Algo no del todo entendible, cuando vemos que la ADRES ( Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) recibió entre 2016 y 2020, cerca de $1,8 billones de pesos.

Y es que el sistema de seguridad en carreteras se queja de que la gente no paga el SOAT, y claramente no lo están pagando por los altísimos costos de esos seguros. En muchas ocasiones el SOAT cuesta lo que vale una moto, entonces tiene que haber ahí una racionalidad entre la tarifa y la garantía de seguridad en salud para terceros.

Ahora bien, no nos digamos mentiras, también se están presentando hechos de corrupción gravísimos, no en vano en los últimos días hubo un pronunciamiento del Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, denunciando que cinco IPS que manejan este tema se han robado un billón (con B) de pesos. Algo totalmente desbordado que, requiere una investigación a fondo y que los responsables vayan a la cárcel.

Estamos de acuerdo en que la gente pague el SOAT, pero a unas tarifas justas y que los recursos sean bien administrados por las aseguradoras, las afiliadas a FASECOLDA.
Estamos aquí ante un caso similar a lo que ocurre en la Costa Atlántica con las tarifas de energía eléctrica, la gente no paga por los altísimos costos en el valor de ese servicio.

Entonces, es prioridad en Colombia, establecer tarifas diferenciales para motociclistas, todos sabemos que las grandes ciudades tienen un riesgo enorme de producir los accidentes que lo que tienen que cubrir las pólizas, pero en el sector rural, entre los campesinos de Colombia, hay mucho menos riesgo de accidentalidad, el número de accidentes son muy bajos. Entonces, no existe digamos, la necesidad de tener grandes tarifas para garantizar una accidentalidad muy baja, quiere decir que los campesinos de Colombia están ayudando a financiar la alta accidentalidad de las ciudades, eso a toda luces es injusto y por supuesto tiene que buscarse esa alternativa.

Hoy en Colombia la gente que es propietaria de un vehículo o una pequeña moto tienen que trabajar no para el sustento de sus familias, sino para pagar los costos de los seguros, los costos de las multas, los costos de las grúas, los parqueaderos en las secretarías de tránsito, y además el exagerado precio que valen las licencias de conducción en Colombia. Esto se volvió un círculo vicioso del abuso con la gente.

Es que no solamente la DIAN, la UGPP y otras estructuras tributarias del Estado han dictado estatutos, sino que alrededor de estos temas del tránsito y el transporte y lo que tienen que pagar los taxistas y motociclistas en Colombia, es exagerado.

Estoy de acuerdo que debe haber seguros, para amparar los riesgos, los accidentes, los daños, y por supuesto los gastos de salud y hospitalarios, pero las tarifas que hoy tienen los SOAT en Colombia en muchos casos son bastantes onerosas y la gente, no tiene forma de pagar.

Por ejemplo, un campesino en Bruselas, el corregimiento cafetero más grande de Colombia, ubicado en Pitalito, sur del Huila; me decía que paga $700 mil pesos al año, cuando su motocicleta escasamente supera el millón de pesos en su valor comercial. Entonces, estos colombianos están trabajando es para las aseguradoras. Algo ilógico.

Se está volviendo costumbre en Colombia que sino es la DIAN, es la UGPP, todo el mundo quiere sacarles los ojos a los usuarios de los diferentes servicios y la gente ya no aguanta más.

Lo que hay que hacer hoy es reglamentar de manera seria las tarifas tan altas que hoy pagan los colombianos por concepto del SOAT, rebajar sustancialmente esas tarifas que hoy son un atraco al bolsillo de los usuarios, y también poner en cintura a los miles de intermediarios que venden el seguro bajo altos porcentajes de comisión. Se calcula que en el país hay más de 22.000 intermediarios que venden el SOAT y muchas de estas empresas captan hasta 25% del valor que pagan los usuarios para asegurar su vehículo.

De igual forma que las aseguradoras dediquen un porcentaje de esos billonarios recursos y articulen con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, campañas de prevención efectivas para evitar la alta accidentalidad vial que deja anualmente a más de 7200 víctimas en las carreteras de Colombia

Un momento histórico

Escrito por Guillermo García en Oct 9, 2022. Publicado en Desde las regiones, Opinión.

El gobierno de Gustavo Petro, sigue sorprendiendo por una serie de decisiones, de acciones y de actitudes en la línea de siempre, de promover el cambio y de cumplir lo que ofreció al pueblo colombiano en su programa de gobierno.

Vemos con mucho agrado que finalmente las empresas de generación hidroeléctrica, las empresas de comercialización y distribución eléctrica en Colombia acataron el llamado a reducir las tarifas para que el pueblo colombiano que está sufriendo una grave situación de inflación y de desempleo vea que hay algo de alivio en este tema y digamos que ese pulso lo va ganando Gustavo Petro de la mejor manera, aunque amenazó la intervención de la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-, pero finalmente el empresariado, el sector eléctrico correspondió al llamado del pueblo colombiano y del gobierno nacional.

De la misma manera, vemos como otros sectores se alinean a entender no solamente la necesidad del pueblo colombiano en muchos aspectos, sino que están entendiendo que definitivamente es el momento de tomar decisiones a favor de los desposeídos en Colombia.

En el tema agrario vemos algo parecido. Un avance importante en política pública por parte del gobierno en proyectos de actos legislativos y proyectos de ley para promover lo que el presidente ha manifestado, el acceso a tierras, el cumplimiento del acuerdo de paz en su primer punto y oportunidades rurales para los campesinos de Colombia, la población indígena y afro del país.

Hay que recordar que se radicó un acto legislativo de reconocimiento de los derechos fundamentales para los campesinos y campesinas de Colombia, como población diferencial, como población con especiales características de cultura en materia de producción, en fin.

Así, de la misma manera se promovió la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, creando Tribunales y procedimientos para resolución de conflictos en temas de tierras en nuestro país. El otro aspecto es definitivamente lo que ha radicado la Ministra de Agricultura en materia de reforma agraria.

Pero además de estas iniciativas del Presidente Petro y del gobierno nacional en temas de regulación agraria está la respuesta de los ganaderos de Colombia agrupados en FEDEGAN, presididos por José Félix Lafourie, algo absolutamente inédito que los ganaderos en el Palacio de Nariño, con Lafourie al frente le manifiesten al gobierno nacional que están dispuestos a contribuir al acceso de tierras en nuestro país. Ahí hay un importante mensaje y actitud de sectores que han sido muy reacios al tema de distribución de tierras en Colombia. Hay que reconocer que definitivamente han asumido una posición consecuente con el país, con la sociedad colombiana, con los campesinos y con la necesidades de acceso a tierras. Un buen punto también para FEDEGAN y Lafourie, se podrán tener diferencias con ellos, pero finalmente se ha correspondido con mucha sensibilidad a los intereses que requiere Colombia.

Entonces Gustavo Petro va avanzando, hay incomprensión por otros temas, la oposición promoviendo supuestas crisis inexistentes en Colombia, pero no le perdonan nada a algunas acciones menores del gobierno, pero lo fundamental va avanzando que es lo importante y lo rescatable de este gobierno.

Cabildeo o Lobby

Escrito por Guillermo García en Oct 2, 2022. Publicado en Desde las regiones, Opinión.

Esta práctica ha sido históricamente de poca aceptación o mal vista por quienes analizan el desempeño del sector público.

Pero tenemos que decir que ya es de aceptación constitucional desde 2009, cuando se incorporó en el artículo 144 de la Constitución Nacional por medio del Acto Legislativo 01 del mismo año. El mencionado artículo 144 ordena que se se reglamente mediante ley de la República.

Ha habido muchas iniciativas de leyes para la reglamentación, pero ninguna ha prosperado durante más de diez años.

En esta legislatura se han presentado nuevamente dos proyectos de origen parlamentario, el 87 y 120 Senado de 2022, que se acumularon para el trámite en primer debate. Este proyecto promueve la regulación del ejercicio del cabildeo, se crea el registro público de cabilderos, se garantiza el principio de transparencia en el proceso de toma de decisiones en el sector público.

El cabildeo o lobby son las actividades o acciones para demandar o influir en la toma de decisiones del sector público, ejecutivo o legislativo. No se contempla para el poder judicial por obvias razones. En caso como leyes o actos administrativos por parte de particulares o personas jurídicas con interés en esas decisiones.

Esto ya es constitucional, como ya se dijo. Se espera que se reglamente legalmente. Por otro lado y que es diferente, todos los ciudadanos tienen derecho a tomar parte en el proceso de toma de decisiones en el Estado, a través de mecanismos de participación ciudadana, como el referendo, cabildos abiertos, iniciativas legislativas, audiencias, derechos de petición, etc.

Quiero con esto decir, que la construcción normativa en Colombia es participativa. Con este proyecto de ley se pretende regular el cabildeo para los intereses particulares o gremiales. El objetivo es transparentar una práctica que se viene dando, para ponerla sobre la mesa.

Habrá registro de cabilderos en el Congreso y en el ejecutivo. En Estados Unidos existe desde 1946, en Perú desde 2003, en México desde 2010, en Chile desde 2014. Por otro lado, organismos internacionales como la OCDE y Transparencia Internacional recomiendan regular el cabildeo adoptando estándares internacionales.

La Jurisdicción Agraria y Rural

Escrito por Guillermo García en Sep 25, 2022. Publicado en Opinión.

El Gobierno y Congresistas han presentado una reforma constitucional mediante proyecto de Acto Legislativo para crear en Colombia una nueva jurisdicción que sería la Jurisdicción Agraria y Rural. Se suma a las otras jurisdicciones existentes: penal, civil, laboral, contenciosa administrativa, etc.

Habría una Corte, tribunales y juzgados de la Jurisdicción Agraria y Rural, procedimientos propios, jurisprudencia, etc.

Es de gran oportunidad y necesidad esta iniciativa. En Colombia hay un déficit enorme de institucionalidad específica para atender un tema tan medular en la vida social económica y política del país como es el asunto de propiedad y tierras rurales, fuente fundamental de vida, oportunidades y también de graves conflictos históricos por decenas de años.

En Colombia históricamente hubo mucha reticencia para implementar esta modalidad específica de justicia . En 1936 con la Ley 200 se crearon jueces de tierras, pero posteriormente esta función fue asumida por jueces civiles ordinarios . Solo mucho después con ocasión de la Ley de Víctimas y restitución de tierras 1448 se creó la Unidad de Restitución de Tierras y con ella escasos 40 jueces y 15 magistrados para todo el país.

Habiendo tantas necesidades de resolver conflictos sobre propiedad de tierras pero también de uso, tenencia , posesión etc, de bienes inmuebles rurales es urgente y conveniente de disponer el fortalecimiento del Derecho Agrario, de la institucionalidad agraria, de la jurisprudencia, del derecho procesal agrario. Lo que pretende esta iniciativa que deberá complementarse mediante una ley reglamentaria.

En el 80% de los municipios con PDET, los de más alta conflictividad, no hay jueces de tierras, ni centros de conciliación, ni casas de justicia . Este déficit agudiza la falta de convivencia. Los conflictos sobre inmuebles es superior en tres veces en el el sector rural que en el urbano. Y la institucionalidad y justicia está solamente presente en ciudades.

La Corte Agraria y Rural será tribunal supremo de cierre de la jurisdicción. Resolverá recursos tramitados en tribunales y dirimirá conflictos de competencia.

En resumen habra garantía de acceso a la justicia en una especialidad muy presente en la vida de los colombianos residentes o relacionados con el sector rural que son varios millones hoy sin cercanía a la institucionalidad que les garantice el uso efectivo de sus derechos.

Sigue acertando el nuevo gobierno.