A los tradicionales problemas que afectaban la seguridad de los ciudadanos en las Américas, como hurtos, lesiones personales, contrabando, homicidios y venta de droga en pequeñas cantidades, entre otros delitos, en las ultimas décadas se sumaron las actividades de grupos de delincuencia organizada y transnacional ligados al narcotráfico y algunas actividades criminales conexas como trata de personas, el comercio de armas, la extorsión, el secuestro y el sicariato que están afectando de manera grave la seguridad de los ciudadanos y de los territorios.
Se ha pasado de los países productores (Bolivia, Colombia y Perú) donde las mafias exportaban directamente droga a los EE.UU. y Europa, a países que sirven de tránsito (Centroamérica, Cono Sur, Ecuador, México, Venezuela Brasil y otros países de la región)[1] y que hoy ven cómo una parte de la droga que pasa por sus territorios se queda e incrementa el consumo interno y los problemas de violencia y delincuencia.
Este crimen organizado y trasnacional usa y transforma a los distintos grupos delincuenciales locales, como es el caso de las organizaciones dedicadas al contrabando y al tráfico de personas entre México y los EE.UU., las “maras” en Centroamérica, las pandillas, bandas y guerrillas en Colombia, el Primer Comando Capital (PCC), los Amigos de los Amigos (ADA) y el Comando Rojo en Brasil, o los Ñetas y Latin King en Ecuador, entre otros, que se transforman en estructuras complejas que responden a las actividades del crimen organizado transnacional. Es decir, ya no se está ante de pequeños grupos delincuenciales que las policías locales podían controlar, sino ante estructuras que manejan territorios y negocios ilícitos y que en algunos casos son capaces de desafiar la autoridad de los Estados.
En medio de esta situación, las relaciones entre los Estados para enfrentar el crimen transnacional no avanzan como debieran. Al interior de los países, las instituciones de seguridad y justicia trabajan cada una por su lado y padecen de problemas de corrupción y baja confianza ciudadana. No existe coordinación entre los varios cuerpos policíacos, y no se trabaja en equipo con los ministerios públicos, los jueces, los gobernadores, alcaldes y prefectos.
Los cárceles, penitenciarías y centros de privación de libertad de menores y adolescentes en gran mayoría, además de obsoletas y hacinadas, son ruedas sueltas que no cumplen con su función de sanción, rehabilitación y de reinserción social de los infractores de la ley penal, quienes siguen delinquiendo y se “profesionalizan” en estos centros. En la mayoría de los países, las cárceles son controladas por los distintos grupos criminales y sus miembros detenidos siguen delinquiendo desde ahí.
En general, no se cuenta con los recursos suficientes para fortalecer a las autoridades de seguridad y justicia en materias fundamentales como la formación profesional de policías, jueces y guardias carcelarios y penitenciarios, y para proporcionar instalaciones adecuadas, medios de comunicaciones y movilidad a los cuerpos policíacos y de justicia.
- Qué hacer
Frente a esta situación tan compleja en donde se entremezclan el crimen transnacional con los problemas tradicionales de seguridad, es importante definir una serie de estrategias y posibles fuentes de financiación para enfrentar estos retos que ponen en entredicho la gobernabilidad democrática y la seguridad de los ciudadanos.
Los retos que tienen los países de las Américas en materia de seguridad son variados y requieren distintos niveles de intervención y de cooperación. Deben realizar alianzas de cooperación con los países del continente para enfrentar los problemas que generan las organizaciones del crimen organizado trasnacional en sus territorios y también definir estrategias internas para garantizar la seguridad y la convivencia de sus ciudadanos.
Es recomendable que en un diálogo continental se discutan los temas que se exponen a continuación, como parte de las políticas públicas que tienen que asumir los Estados en las Américas para mejorar la seguridad regional, de los Estados y de los ciudadanos.
- Lucha en contra de las grandes mafias
Es necesario que los Estados cooperen en la lucha en contra de las mafias transnacionales, que hoy se articulan en torno al negocio de las drogas con los grupos criminales que existen en cada uno de los países de la región y que tienen que ver con la producción, el tránsito, la distribución y el consumo. Reconociendo que, sin la cooperación y el concurso de los EE.UU., de Canadá y de los países europeos es muy difícil para los Estados latinoamericanos enfrentar a estas mafias, es importante que la visión, la estrategia y la financiación sea compartida.
En primer lugar, se debe incluir una estrategia conjunta para combatir las otras mafias que están íntimamente relacionadas con el tráfico de las drogas, como es el caso del comercio ilegal de armas. Éste es un tema donde los EE.UU. pueden jugar un papel fundamental ya que producen y comercializan armas en su territorio que a menudo terminan abasteciendo a los grupos criminales en los países latinoamericanos, a veces proveyendo armamentos sofisticados que ni siquiera tienen las policías y los organismos de justicia de estos países.
En segundo lugar, la discusión también debe incluir el problema del consumo de las drogas, teniendo en cuenta que éste no cesa de crecer en la región y que además de constituirse en un problema de salud pública, afecta de manera grave la seguridad de los ciudadanos. En esta línea, más temprano que tarde, los países de las Américas van que tener que ahondar en las propuestas de 2009 de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, que se pueden resumir en: descriminalizar la tenencia y consumo de la marihuana, dar un tratamiento de salud pública al consumo, focalizar las estrategias de represión contra el crimen organizado trasnacional y reducir el consumo con campañas innovadoras de información y prevención.
- Combatir las cadenas locales que alimenta a las grandes mafias
Es necesario que la estrategia en contra del narcotráfico y de su reproducción vaya más allá de la persecución de los capos y se dirija hacia los mandos medios, hasta ahora desconocidos, y también hacia la atención de jóvenes, niños y niñas de sectores populares que hoy los están siendo o están en riesgo de ser involucrados e instrumentalizados por el crimen organizado. En este sentido se debe diseñar una estrategia con tres campos de acción.
El primero tiene que ver con el fortalecimiento de la inteligencia y de la investigación criminal de los países, donde trabajen en equipo las policías, el ministerio público (Fiscalía) y los jueces, orientado a atacar las finanzas y la identificación, persecución y detención de mandos altos y medios de las organizaciones criminales, para que los procesos de recambio en las direcciones de estos grupos, tan pronto caen las cabezas, sean difíciles, o más bien para que se logren procesos reales de desarticulación.
El segundo está orientado a facilitar la salida y reinserción social de los miembros de los grupos criminales que quieran hacerlo y estén dispuestos a apoyar a las autoridades.
El tercero tiene que ver con el desarrollo de programas de convivencia y de desarrollo social y territorial para evitar que niños, niñas y jóvenes se vinculen a actividades delincuenciales.
- Seguridad y convivencia ciudadana.
Los ciudadanos de la mayoría de los países de las Américas han visto crecer los problemas asociados a los grupos del crimen organizado, y hoy la violencia cotidiana afecta de manera grave la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos de los centros urbanos.
Frente a esta situación los Estados nacionales deben elaborar planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana que apunten a: la reducción de los riesgos (armas, drogas, alcohol), la atención a grupos vulnerables (jóvenes en riesgo, desplazados por la violencia, migrantes, indigentes, etc), la prevención y atención de la violencia de género, la resolución pacífica de los conflictos (interpersonales, familiares y comunitarios), el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, justicia, inteligencia e investigación criminal y de las instituciones de privación de la libertad. Los planes nacionales integrales deben ser ejecutados en los departamentos, estados y municipios, con la participación de los alcaldes, prefectos y gobernadores, de acuerdo con las problemáticas particulares.
Para avanzar en esta línea, es importante profundizar y multiplicar las acciones que algunos organismos multilaterales y de cooperación han venido ejecutando en algunos países de Latinoamérica. Además de estas acciones es necesario que los recursos de los organismos de cooperación y de los bancos multilaterales se orienten a financiar el fortalecimiento de los equipamientos de los organismos de seguridad y justicia en términos de profesionalización del recurso humano, instalaciones (policiales, de justicia, cárceles y centros de privación de la libertad), comunicaciones (centrales y equipos de comunicación personal) y movilidad (carros, motos, bicicletas).
De esta manera, las políticas integrales que se pretende desarrollar en cada uno de los países de las Américas, contarían con programas y proyectos, preventivos y de control y sanción de los delitos, financiados y adecuados a los antiguos y nuevos problemas que impone a los Estados el crimen común y el crimen organizado transnacional, que llegó con la intención de lucrarse y quedarse.
[1] Los grandes carteles de la droga de Colombia y Perú, en su lógica de comercialización se expandieron hacia los países vecinos con dos objetivos. El primero, orientado a evadir los procesos de interdicción área de los envíos de cocaína a los EE. UU, que fueron fortalecidos desde finales de los noventa por ese país, con buenos resultados, lo que hizo que los narcotraficantes buscaran otras rutas más seguras, especialmente hacía los mercados de EE UU y Europa, encontrándolas en los puertos de los países vecinos, como Venezuela, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, los países centroamericanos y México.
El segundo objetivo de los grandes carteles de la droga, ha sido el abastecer y dinamizar los mercados locales de consumo de drogas e los países de la región, mercados que han resultado tan importantes como el norteamericano y europeo y desde hace algunos años se dedicaron a abastecerlos con toneladas de droga, que en algunos casos dejan en los países como parte de pago a las organizaciones criminales locales que les garantizan el paso de grandes cantidades de droga por sus territorios hacia mercados del norte y de Europa.
