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Etiqueta: impunidad

Balance desolador pero bien conocido: corrupción e impunidad

La impunidad es sobre todo una recompensa. Una recompensa para los corruptos que pueden llevarse el botín y los alienta a seguir robando. Recuerda esto una frase de Ayn Rand: “cuando caes en cuenta que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un sacrificio personal, entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad está condenada». Así estamos, condenados si no logramos hacer que una parte importante de la política colombiana haga los arreglos que se necesitan para parar la corrupción generalizada.

Sobre el “hallazgo desolador” del Secretario de la Transparencia, no hay nada de qué sorprendernos (CM&,2023). Es cierto que una impunidad del 94% es asombrosa. No se entiende cómo una sociedad puede vivir sin justicia. Pero no puede sorprendernos cuando es normal y cotidiano, desde hace décadas, que se destapen nuevos “escándalos” (no se escandaliza nadie ya) de personajes de la política. Los conocemos a través de los titulares de periódicos, revistas y sitios de internet que usualmente aprovechan para atacar a quienes les sean contrarios a los intereses de los dueños de su medio de comunicación, en el ejercicio, también corrupto, del oficio de “informar”. Lo único que ha ido cambiando, francamente al alza, es el monto de tales “escándalos”.

 

Por lo cual, lo “destapado” por el Secretario de Transparencia de la Presidencia Andrés Idárraga sí constituye un balance desolador, como él lo llama, pero no es un gran descubrimiento. Sí podría ser muy importante si en realidad este Gobierno estuviera dispuesto a “meterle ganas” para disminuir la corrupción. Si sólo es un mecanismo para desprestigiar al Fiscal y enviarle un mensaje de “hagámonos pasito” entonces no pasará nada diferente a todo lo anterior; no nos olvidemos que, en los hervores de todas las campañas, sin excepción, todos los candidatos han prometido que atacarán la corrupción, y nosotros, el pueblo bobo, vuelve y cree. Cínicamente, porque sabían que no lo iban a hacer, como en efecto, no lo hicieron. Ninguno.

Hay que advertir que no todas las denuncias tienen que terminar en encarcelamientos o terminan siendo “un positivo”, lo que significa que el número de denuncias que se manejan puede ser más alto que lo debido, y por su parte, la más grave, no todos los actos corruptos tienen su denuncia, lo que significa que el número de denuncias puede no reflejar un número mucho más grande de contratos con corrupción porque no hubo denuncias. Esto puede tener muchas causas (ejemplos): a la gente le da miedo denunciar, o piensa que no va a pasar nada denunciando y para que perder su tiempo, o porque se terminó la ejecución con todo y corrupción, o porque ya ha hecho carrera que así es el asunto y hay que aceptarlo.

Como todos podemos inferir, en la medida que haya más impunidad hay más corrupción por no haber ninguna consecuencia adversa por cometer ilícitos. Sin tener en cuenta la aclaración del párrafo anterior, con total impunidad (94%) pues debemos tener total corrupción. Algo así es lo que se percibe. No tenemos una cifra cierta sobre la corrupción, solo algunas estimaciones de las entidades de control de años recientes que hablaron de 50 billones anuales (ElPaís, 2017)(Alponiente, 2022); es posible que se queden cortas.

El sistema de control (Contraloría, Procuraduría y Fiscalía) y el judicial (jueces, tribunales y altas cortes), como se sabe con casos ciertos, han entrado en la cadena de corrupción y que, como dice el Secretario, son responsables de la impunidad. Desde que los montos de corrupción son enormes se habilitó también que hubiera dinero para silenciar y torcer a todos los posibles actores en el proceso. Pero, desde luego, la mejor forma de que no haya impunidad es que no haya corrupción a la cual procesar judicialmente y no termine en impunidad al final. De Perogrullo.

Y hay varias medidas preventivas de bulto, que se le pueden sugerir al Secretario con el mejor ánimo de proponer los cambios necesarios.

Posiblemente el aumento de los montos de la corrupción haya influido en forma directa en una mayor impunidad, porque habilita el pago de los torcidos en todo el sistema, desde los que entregan el contrato, los de los entes de control y los jueces hasta las altas cortes. Por lo tanto, hay que prohibir la agregación de contratos y en lo posible que, al revés, se desagreguen en partes más pequeñas. ¿Para qué agregar muchos colegios regados en la geografía nacional en un solo contrato, como lo hizo el FFIE? Con contratos pequeños, el monto es menor y la corrupción no alcanzaría para pagar a toda la cadena.

La más importante en todo caso, es prohibir las figuras que posibilitan que los dineros públicos no se controlen como públicos sino como privados, es decir, al antojo de quien los contrata. Ese es el caso de las entidades de economía mixta, de moda entre las entidades territoriales, que van desde poblaciones pequeñas hasta la mismísima Medellín. Al poder establecer las reglas como privado no se utilizan pliegos tipo para escoger al contratista; por supuesto, el pliego de condiciones se hace a la medida (sastre) del contratista que viene escogido de antemano. Esta cadena de corrupción, como ya se sabe también desde hace años, parte desde el Congresista que “consigue” los recursos y llega hasta el Alcalde, y seguramente funcionarios que se puedan atravesar o deban participar, que hacen caso y también participan del botín. Hay para todos. Desde luego, el contratista es parte de la banda.

En el Gobierno Duque y en este, los Presidentes han prohibido que no se usen pliegos tipo en las contrataciones del orden nacional mediante sendas “directivas presidenciales” a las que ninguno de sus funcionarios ha hecho caso y que terminaron siendo retiradas sin pena ni gloria meses después. A este nivel es la fuerza del “sistema corrupto” que hasta el todo poderoso Presidente de turno resulta pintado en la pared, seguramente por condicionamiento de los Congresistas que le advierten al mandatario que no lo acompañarán en sus iniciativas en el Congreso si no tienen como hacer fluir el dinero ilícito al que están acostumbrados.

Si el señor Presidente y su Secretario de la Trasparencia quieren de verdad impactar positivamente y en forma descomunal al país, lo que tienen que hacer es desmontar la posibilidad de saltarse la Ley 80 de 1993, a través de la figura descrita, que incluye la mermelada como se le conoce a los “acuerdos” que hace el Ejecutivo con los Congresistas para garantizar su “gobernabilidad”.

Los funcionarios de todas partes de la geografía nacional dirán que entonces no van a poder hacer mayor cosa en sus periodos puesto que los procesos de contratación son muy engorrosos. En la medida en que lo que les interese a los gobernantes sean los contratos y no los proyectos, la demora en los procesos perjudica a sus infames bolsillos. Pero es que los proyectos bien pensados para mejorar algún aspecto en el bienestar de los habitantes, bien planeados, bien licitados, bien contratados y bien desarrollados tienen ciclos de madurez que requieren tiempo. No obstante, se podría estudiar cómo mejorar los tiempos en esos procesos, puesto que siempre se encontrarán oportunidades dentro de la legalidad y con mayor uso de la tecnología. Se necesita que Colombia Compra Eficiente desarrolle un proceso eficiente al mismo tiempo de salvaguardar la trasparencia en la adquisición de bienes y servicios del Estado. Y en últimas, solo al principio habría un impacto en la ejecución mientras se hace el ajuste requerido, porque después los procesos fluirían con sus tiempos necesarios, aunque algunos pasarán de un período anual al siguiente, asunto que tampoco les gusta a los funcionarios corruptos porque les quita manejo frente a los otros actores corruptos coequiperos en el robo de los dineros públicos.

En este tema, especialmente, saber lo que se debe hacer esta bien pero no significa mayor cosa. Lograr hacerlo es lo que se lleva todos los méritos. Ninguno de los que pertenecen a este sistema corrupto querrá ayudar, como es apenas lógico. Y eso puede significar una gran soledad en una batalla peligrosa al máximo, que exige entonces mayor inteligencia y coraje. La gran oportunidad para, de verdad, cambiar al país y de paso para cumplir con la promesa de campaña y ganar una enorme cantidad de puntos en la opinión pública. Sin duda.

Rafael Fonseca Zárate

@refonsecaz

La impunidad en Colombia para casos corrupción es del 94%

El Secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, dio a conocer a la opinión público el documento que denominó como ‘El mapa de la impunidad en Colombia’.

De acuerdo con el funcionario, “esta es una herramienta que permite realizar un seguimiento más detallado de la actuación de la justicia frente a los delitos contra la administración pública”.

 

El documento comprende el periodo comprendido entre el año año 2010 hasta 2023, abarcando diez departamentos del país con el más alto porcentaje de procesos con delitos asociados a la corrupción.

De acuerdo con el consolidado del estado de denuncias asociadas a corrupción, hay en total 57.582, entre los años 2010 y 2023, de las cuales el 93.99% no tienen condena; el 89.7% sin captura, y el 77.15% están en indagación.

En el top 10 de los delitos asociados con corrupción administrativo 2010-2023 ocupa el primer lugar el peculado por apropiación con un 26%; seguido del contrato sin cumplimiento de requisitos legales, 24.6%; concusión, 10.1%; cohecho por dar u ofrecer, 9,8%; interés indebido en la celebración de contratos, 7.4%; cohecho propio, 3.7%; peculado por aplicación oficial diferente, 3.5%; enriquecimiento ilícito, 3.1%; tráfico de influencias de servidor público, 2.4%, y peculado por uso, 2.1%.

En las denuncias asociadas a corrupción sin condena por departamento se encuentra San Andrés, 99.1%; Guaviare, 99%; Bolívar, 98.5%; Putumayo, 97.6%; La Guajira, 97.5%; Casanare, 97.5%; Córdoba, 97.2%; Vaupés, 97.2%; Arauca, 97% , y Sucre, 96.8%.

En el top 10 de los departamentos sin capturas por delitos asociados a corrupción se encuentran: Vaupés, 98.6%; Guaviare, 98%; Guainía, 96%; Boyacá, 95.7%; Cundinamarca, 95.4%; Putumayo, 95.1%; Caldas, 94.5%; Huila, 94.4%; Casanare, 94.1%, y Santander, 94.1%.

Para finalizar, en el top 10 de los departamentos sin condenas por delitos asociados a corrupción, encabeza la lista San Andrés, 99.1%; seguidos de Guaviare, 99%; Vaupés, 98.5%; Arauca, 97.6%; Casanare, 97.5%; Putumayo, 97.5%; La Guajira, 97.2%; Córdoba, 97.2%; Bolívar, 97.2%, y Sucre, 97%.

El secretario Andrés Idárraga afirmó: “Estos datos son irrefutables, Colombia agoniza en un mar de impunidad, la aplicación de la justicia en los casos de corrupción, apenas se asoma a un tímido y cobarde 6%, hecho que como como Nación causa vergüenza”.

De 32 departamentos, 20 tienen un porcentaje de impunidad superior al 95%, y 12 están entre el 90% y el 94.9% de impunidad, solo superado por Bogotá que tiene un 88% de impunidad.

En síntesis, la impunidad en Colombia, en los delitos asociados contra la administración pública, se ubica en un 94%.

El secretario anunció que convocará a la “Comisión Nacional de Moralización, máxima instancia nacional anticorrupción, en cabeza del presidente Gustavo Petro,  integrada por el ministerio del Interior, Procuraduría, Contraloría, Auditoría, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, presidentes de Senado y Cámara, y Defensoría, entre otros.

CIDH lanza alerta por impunidad en Colombia por casos de violencia policíal

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por la impunidad de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad en Colombia ante las protestas y la detención arbitraria de personas a las que luego no se les concede la libertad provisional.

La CIDH ha presentado un informe de seguimiento a 28 de las 41 medidas que recomendó implantar a las autoridades colombianas tras su visita a Colombia de 2021, durante los graves disturbios en el marco del paro nacional contra el Gobierno del entonces presidente Iván Duque. De éstas, tres tienen un cumplimiento parcial avanzado; 14, un cumplimiento parcial y 11 aún no tienen ningún nivel de cumplimiento.

 

Así, reconoce avances en la reforma de la Policía y la transformación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), pero destaca que pese a la intención declarada del Gobierno estos cuerpos siguen dependiendo en la práctica del Ministerio de Defensa.

La CIDH expresa además su inquietud por que las investigaciones por abuso policial se mantienen en un considerable escenario de impunidad a pesar de la apertura de numerosos expedientes.

«La gran mayoría de casos abiertos continúan en etapas previas de indagación de los hechos. Asimismo, la CIDH nota que el Estado no ha adoptado medidas para proveer y coordinar programas de reparación integral y oportuna a las víctimas en los términos de las recomendaciones», señala el informe.

Asimismo, expresaron su preocupación por información recibida sobre la «persistencia» de situaciones de violencia durante las manifestaciones posteriores al paro de 2021.

En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, la CIDH advierte de que se puede utilizar para «reprimir actos de protesta y desincentivar la participación ciudadana a través del poder punitivo» por lo que solicitaron prevenir la «aplicación arbitraria» de dicha norma.

La CIDH resalta además el nulo avance en la aprobación de una ley estatutaria que regule y fije los límites frente a la protesta, tal como también lo ordenó la Corte Suprema de Justicia colombiana, y en la recomendación de armamento no letal en el control de manifestaciones.

El organismo panamericano pide además revisar la situación de las personas que fueron «detenidas arbitrariamente» en el marco de las protestas y revisar la posibilidad de que puedan obtener libertad condicional durante sus procesos judiciales.

El texto destaca que han pactado con el  presidente, Gustavo Petro, implantar un mecanismo de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de dichas recomendaciones.

Juan Diego Alvira se desquita del fiscal Barbosa con cifras y testimonios de víctimas

Después de sacar pecho por la solvencia que tuvo el caso del asesinado del estilista Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández, Francisco Barbosa tuvo un disgusto con el periodista Juan Diego Alvira, a quien mandó a estudiar por preguntarle la razón de la falta de celeridad con casos impunes en Colombia.

«Le voy a hacer la lista para que haya claridad: Samaniego, resolvimos el caso en 30 días; Buenos Aires (Cauca), resolvimos el caso en 30 días; Llano Verde (Cali) una investigación impresionante con perfiladores y trabajo muy bien hecho, resolvimos en 30 días; el caso de Juana María Perea, resolvimos el caso con sentencia anticipada en un mes y medio.Puedo quedarme tres o cuatro horas hablando de memoria de los casos… El objetivo no es acabar con la Fiscalía, el objetivo es ser responsable hangan las pregunta ¡Pero estudien!», habrìa dicho el fiscal Francisco Barbosa.

 

Ante esto, el periodista le respondió con cifras y testimonios de allegados de algunas víctimas. «De cada 100 delitos que se cometen en territorio colombiano, a duras penas se castigan 6. Colombia ocupa el quinto lugar en América Latina en el índice global de impunidad ¿Qué pasa con los otros casos?, los casos de los líderes sociales y DD.HH. donde se reclama justicia», señaló Juan Diego Alvira en su informe.

Además de esto, Alvira reunió testimonios de Siddsy Uribe, hermana de Lucas Villa, que fue asesinado en el marco del Paro Nacional; también a la esposa del alcalde electo de Sutatausa (Cundinamarca), José Humberto Rodríguez, quien fue asesinado y su determinador está libre por vencimiento de términos; por último, al padre de la periodista Natalia Castillo, asesinada por robo de celular. Todos estos casos continúan impunes.

“Acuerdo sobre víctimas es un acuerdo de impunidad”: Human Rights Watch

José Miguel Vivanco sostuvo en conferencia de prensa en Washington que se trata de un “pacto” entre el Gobierno y las FARC que sacrifica la justicia para miles de víctimas del conflicto armado colombiano. El ministro del Interior respondió a Vivanco.

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'Noticias de muerte'

Por décadas la publicación de noticias, la investigación y revelación de datos y el entusiasmo para conseguir la primicia dentro del medio de comunicación ha sido el talón de Aquiles de muchos periodistas. En ocasiones ejercer su oficio ha llevado a cientos de reporteros, corresponsales, editores y demás a perder sus vidas. A causa de muchas de las muertes que aún siguen impunes y se quedaron en el olvido a través del tiempo, se realizó en el día Internacional Contra la Impunidad de Crímenes a Periodistas, una marcha por la memoria de aquellos comunicadores que han muerto ejerciendo su labor.

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Carlos Pizarro, 23 años de impunidad

La tumba del excomandante guerrillero del M-19, Carlos Pizarro, fue escenario de un homenaje. A los 23 años de su muerte, cientos de personas se reunieron en el Cementerio Central para recordar al hombre que dijo «entre todos cambiaremos la historia de Colombia. Palabra que sí» y exigirle a la Fiscalía que este crimen no quede en la impunidad. Crónica e imágenes.

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Las desapariciones forzadas en México, Colombia, Guatemala y Perú, siguen impunes

Treinta y tres organizaciones de derechos humanos denunciaron ante la CIDH la «impunidad» en que permanecen las desapariciones forzadas en México, Colombia, Guatemala y Perú, y la falta de políticas eficaces ante un fenómeno que, aseguraron, sigue produciéndose en los tres primeros países.

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