Importante el anunció del Ministro de Defensa Iván Velásquez de mirar, en conjunto con el Ministerio de Justicia, la posibilidad de generar nuevos espacios en las cárceles para descongestionar las estaciones de policía y las URI, donde se registra un hacinamiento del 144% con más de 22 mil personas recluidas en condiciones infrahumanas y liberar más de 3000 uniformados que están destinados a trabajar en las calles, pero se encuentran como guardianes en las estaciones y URI.
Durante este año e inclusive el próximo, la única institución que puede solucionar este problema de hacinamiento en las estaciones y URI, es el Ministerio de Justicia, a través del INPEC, abriendo las puertas de algunas cárceles para que las personas que están puedan estar en mejores condiciones. Hay que anotar que estas personas, desde hace ya varios meses e inclusive años sobreviven las 24 horas del día, los siete días de la semana en un metro cuadrado y por lo menos en una cárcel podrían salir a un patio a recibir el sol, redimir pena con actividades, ir a un baño, entre otros derechos.
¿Por qué el Ministerio de Justicia es el único que puede solucionar este problema? Porque los municipios y departamentos, que también tienen obligaciones en estas materias, no han cumplido y seguramente no van a alcanzar a cumplir la orden de la Corte Constitucional para “construir o adecuar inmuebles con condiciones adecuadas para recluir temporalmente a las personas que no han sido trasladas a una cárcel”. El plazo dado por la Corte vence en marzo de este año (Sentencia SU-122-22 que amplio en estado de cosas inconstitucional).
Los entes territoriales no van a cumplir porque seguramente no dejaron recursos este año para tal fin, además es el último año de gobierno y las ciudades capitales y departamentos están esperando el tramite de un proyecto de ley en el Congreso, que se presento con el liderazgo de Asocapitales, y que les permitiría invertir en este rubro con mayor tranquilidad. Solo podrían dejar comprometidos algunos recursos para la vigencia de 2024 y serán los nuevos alcaldes y gobernadores quienes tomen la decisión de construir los inmuebles ordenados por la Corte. Es decir, como se puede ver, en menos de dos años los entes territoriales no van a contribuir a solucionar esta problemática.
Salvo las ciudades de Medellín, que tiene un proyecto, que viene elaborando desde 2018 para construir una cárcel por Alianza Público Privada -APP- y Bogotá que construyo en un 50% el Centro Especial de Reclusión -CER- para 480 personas en la localidad de Puente Aranda y el proyecto de la nueva cárcel distrital en predios de La Picota, que no ha avanzado, las demás ciudades y departamentos no tienen proyectos y parece que tampoco recursos para construir centros de reclusión.
Por el lado del Ministerio de Justicia, el Proyecto de Ley “Por medio de la cual se humaniza la política criminal y penitenciaria para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional¨, que busca eliminar algunos delitos, ampliar el acceso a la suspensión de pena y a la prisión domiciliaria y lograr que la pena máxima en Colombia quede en 40 años, hace tramite en el Congreso y seguramente, si es aprobado, los resultados no se verán antes de un año.
Como se puede ver, la única institución que, durante los próximos dos años, puede resolver la situación de hacinamiento inhumano de las URI y estaciones es el Ministerio de Justicia. Ojalá el INPEC y los cerca de 80 sindicatos estén dispuestos a caminar en esa línea, de lo contrario el estado de cosas inconstitucional persistirá y se incrementará, es decir, habrá mas hacinamiento en URI y estaciones, no habrá espacios para recluir nuevos delincuentes y la seguridad ciudadana seguirá siendo afectada por esta situación, como bien lo vio el Ministro de Defensa en el consejo de seguridad en el departamento de Antioquia.
Por: Hugo Acero Velásquez
