Cuando se trata la inseguridad ciudadana, inmediatamente se enumeran las problemáticas y los distintos grupos criminales que ejercen violencia y delincuencia, se identifican escenarios locales y territoriales donde con mayor frecuencia ocurren los hechos y las autoridades de seguridad y justicia proponen alternativas para enfrentar esos problemas y reducir los delitos.
Sin embargo, existen otros problemas que no permiten al Estado colombiano dar respuesta adecuada para garantizar la seguridad de los ciudadanos y no son propiamente los delincuentes, ni sus actos violentos, es la baja confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones de seguridad y justicia, la descoordinación de esas instituciones, la ausencia de liderazgo presidencial y la falta de recursos para fortalecer las instituciones para enfrentar las organizaciones criminales, que sí tienen recursos, en muchos casos trabajan coordinados y gozan de cierto reconocimiento territorial y comunitario sustentado en acciones de intimidación violenta y terror.
- Percepción de inseguridad y desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia.
Los ciudadanos sienten, cada vez más, que la inseguridad está empeorando, sin que las autoridades responsables del tema le pongan la atención debida a este indicador que no ha dejado de desmejorar.
De acuerdo con la última encuesta de Invamer del mes de octubre, solo el 7% de los ciudadanos consideró que la seguridad estaba mejorando. Esta situación comenzó a deteriorarse desde septiembre de 2010, en el último gobierno del presidente Álvaro Uribe, cuando se pasó de un promedio de 39% de los ciudadanos que consideraban que la seguridad estaba mejorando, a 17% durante los dos gobiernos del presidente Juan Manuel Santos y al 9% promedio, durante el gobierno del Presidente Iván Duque, como se puede ver en la siguiente gráfica:
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Esta percepción ciudadana de deterioro de la seguridad no es homogénea en las ciudades más importantes del país, de acuerdo con la Encuesta Pulso País del DANE de agosto de este año, Cartagena, Riohacha, Quibdó, Neiva, Valledupar, Barranquilla AM, Sincelejo, Bogotá, Ibagué, Villavicencio, Bucaramanga AM, Popayán y Pasto se ubican entre las ciudades donde más del 50% de los ciudadanos se sienten inseguros día y noche, como se puede ver en el siguiente cuadro:
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A esta sensación de inseguridad creciente, se agrega el deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y justicia. Hoy la confianza ciudadana ha caído a los niveles más bajos de los últimos 20 años, de acuerdo con los resultados de la encuesta de Invamer Poll de octubre de 2022, siendo el año 2010 cuando se registraron los resultados más favorables:
- Las Fuerzas Militares, que en todas las encuestas siempre tuvieron los niveles más altos de confianza entre los ciudadanos, pasó de 81% de los ciudadanos que tenían una opinión favorable en 2010 a 53% en julio de 2022.
- La Policía Nacional cayó de 79% en 2010 a 40%.
- La Fiscalía pasó del 59 % a 28%
- El Sistema Judicial Colombiano, de 34% a 16%.
- La Corte Constitucional de 57% de opinión favorable entre los ciudadanos a 34%.
- La Corte Suprema de Justicia de 56% a 27%, como se puede ver en el siguiente cuadro:
Como se puede ver, las instituciones de seguridad y justicia han tenido un notable deterioro en su credibilidad y esto tiene una relación directa con la percepción de inseguridad del país por la falta de protección que sienten los ciudadanos.
Temor y desconfianza ciudadana que afectan de manera grave la gobernanza de la seguridad, que debe estar mediada por la colaboración y trabajo coordinado entre las instituciones del Estado y entre estas y la ciudadanía en general. Como bien lo plantea un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, Confianza, La clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe[1] “la confianza favorece la colaboración en tareas complejas dentro de los organismos públicos. Los funcionarios deben trabajar junto con sus colegas, los ciudadanos y los funcionarios públicos de otros organismos, para implementar los programas de gobierno”. “Cuando la confianza está ausente de estas interacciones, la sociedad y todos sus miembros sufren; la política es inestable, la calidad de las políticas públicas se deteriora, el crecimiento económico se desacelera, y la equidad social y el bienestar individual disminuyen”.
En materia de seguridad, la desconfianza en las instituciones en Colombia ha generado graves problemas, como la “justicia por mano propia, la seguridad paraestatal, el no pago de contribuciones e impuestos para fortalecer los servicios de seguridad y justicia y el aumento de la corrupción como una forma de relación de los ciudadanos con las instituciones.
2. Liderazgo y descoordinación interinstitucional.
n materia de gestión de la seguridad, a los últimos gobiernos les ha faltado el liderazgo requerido del presidente, así como la participación activa de los alcaldes y gobernadores, Hoy los consejos de seguridad nacionales y locales no se realizan de manera periódica, dejaron de ser escenarios de prevención, planeación y coordinación de las instituciones de seguridad y justicia; se reúnen de manera reactiva, después de ocurridos los hechos, cuando ya hay muy poco que hacer. Esto afecta de manera grave la seguridad de los ciudadanos en los territorios.
La relación de alcaldes y gobernadores, gobierno nacional y demás instituciones de seguridad y justicia, se realiza a través de las redes y en muchos casos no se da en los mejores términos, ni con ánimo de coordinar acciones para reducir los hechos de violencia y delincuencia. Las redes se están convirtiendo en la forma riesgosa de gobernar este tema delicado que requiere prudencia y en algunos casos reserva. Hoy, con cada tuit, más emotivo que racional, se hace más difícil la gestión y el trabajo en equipo.
La coordinación con las instituciones de seguridad y justicia es limitada, cuando no inexistente. Hay que anotar que, en materia de seguridad ciudadana, de manera directa, intervienen las siguientes instituciones, que desde la Presidencia pueden y deben ser coordinadas, los ministerios Defensa, Justicia, Interior, el Departamento Nacional de Planeación, el ICBF, Migración Colombia, la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF- del Ministerio de Hacienda y los alcaldes (1103) y gobernadores (32) que tienen obligaciones constitucionales y legales en seguridad y convivencia ciudadana.
Se puede asegurar que las acciones estatales de seguridad y de justicia hoy se ejecutan sin mayor coordinación interinstitucional, afectando tareas que no deberían separarse en el diseño, ejecución y seguimiento de la política integral de seguridad, como es el caso de la prevención (incluye la atención de los riesgos y de las distintas poblaciones vulnerables, el cambio de comportamientos ciudadanos), la vigilancia, la disuasión, la detección de conductas delincuenciales y contrarias a la convivencia, la persecución, la detención, el juzgamiento, la sanción de los infractores y la resocialización.
3. Falta de recursos para ejecutar las políticas de seguridad y convivencia a nivel municipal.
Se puede asegurar que más del 90% de los municipios en Colombia no cuentan con recursos para financiar sus políticas de seguridad y convivencia ciudadana, lo que imposibilita, en gran medida, las soluciones de los problemas que en estas materias tienen. No se cuenta con recursos suficientes para apoyar y fortalecer la labor de la Policía, de la Fiscalía, los jueces, ni para desarrollar políticas locales de prevención, justicia cercana a los ciudadanos, a través de las inspecciones de policía, comisarías de familia y unidades de mediación, entre otros temas.
4. Qué hacer.
- Primero es que el presidente Gustavo Petro asuma el liderazgo constitucional y legal que le corresponde en materia de manejo del orden público y de la seguridad ciudadana.
- Segundo, que el Presidente convoque a todas las instituciones responsables o involucradas en estos temas a trabajar en equipo de manera permanente. Que el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, por lo menos, sesione una vez al mes como una instancia preventiva de coordinación de trabajo y de definición de acciones, para reducir los riesgos que afectan la seguridad de los ciudadanos y de los territorios. Que no sea una instancia reactiva, después de que suceden hechos lamentables, cuando ya no se puede hacer nada. A estos Consejos pueden ser invitados las otras ramas del poder público, garantizando la independencia de poderes, los ciudadanos y otras instancias del Estado.
De la misma manera hay que trabajar con todos los alcaldes y gobernadores, quienes también deben asumir el liderazgo que les corresponde en materia de seguridad y convivencia y trabajar en equipo con todas las instituciones de seguridad y justicia a través de los Consejos
- Tercero, que, con el trabajo coordinado, liderado por el Presidente, con acciones oportunas, contundentes y con claros y públicos resultados en contra de todas las organizaciones criminales, las instituciones de seguridad y justicia comiencen a recuperar la confianza de los ciudadanos. La reducción de los indicadores de violencia y delincuencia, el trabajo con resultados y la difusión pública de los mismos, permiten recuperar la legitimidad y confianza ciudadana en las instituciones.
- Cuarto, dado que los recursos que dispone la Ley de Orden Público, del 5% de obra pública contratada, son insuficientes para que más del 90% de los municipios puedan atender, como corresponde, los problemas de convivencia y seguridad ciudadana, es necesario que el Congreso de la República legisle sobre las “tasas y sobretasa de seguridad” para que puedan contar con recursos adicionales.
[1] Banco Interamericano de Desarrollo BID. 2022 https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Confianza-La-clave-de-la-cohesion-social-y-el-crecimiento-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
