Han dado mucho de qué hablar los casos ocurridos en la Ciudad de Bogotá, en los que un distinguido médico abate a tres atracadores, y el del joven y exitoso abogado al que delincuentes motorizados, le arrebataron entre sus pertenencias, un costoso reloj, dos celulares y una cadena, los persiguió en su lujoso vehículo, pese al fuego que abrían los antisociales, para arrollarlos, de esta forma, maltrechos los dos antisociales, fueron finalmente capturados por las autoridades de Policía que se sumaron a la persecución. Colombia es un Estado de legalismos, de exceso de derechos, de ínclitos y perínclitos formalismos jurídicos, donde contrario a los dispuesto al mandato constitucional, el derecho adjetivo prevalece sobre el derecho sustantivo. La frase “cójalo, cójalo (…) suéltelo, suéltelo” es un mantra, que refleja la forma como la sociedad siempre tiende a solidarizarse para con los criminales, antes que para con las víctimas. Los delincuentes encuentran amparo en un sistema judicial excesivamente garantista. Siempre habrá un abogado que defenderá los derechos del delincuente por sobre los derechos de la víctima. Es más engorroso denunciar para buscar justicia que cometer el ilícito, pareciera que el que delinque tiene mejores y mayores derechos que la víctima, tanto así, que los atracadores del abogado no aceptaron cargos y su estrategia de defensa será alegar que hubo tentativa de hurto pese a sus disparos para matar.
El discurso en favor de las garantías procesales iniciado en los años setenta del siglo pasado en un escenario de violaciones de derechos humanos en los países latinoamericanos, hoy ve con creces como ser victimario paga. El delincuente sabe que está frente a dos posibles escenarios, el primero delinquir y hacerse al botín propuesto, y el segundo fracasar en el intento para recibir el amparo del Estado y su protección, aún por sobre los derechos de las víctimas. Dicen las madres a sus hijos: “Déjese atracar, pero lo importante es que no lo hieran”, y la regla en este País de leyes, de abogados, de jueces y de defensores de derechos humanos de delincuentes es desconocer el derecho a defender la vida y los bienes propios en garantía y amparo de los derechos procesales y derechos fundamentales de los victimarios.
Actos como los del médico valiente y el del joven abogado que enfrentaron a los criminales a costa de sus propias vidas, deberían merecer reconocimiento público y no ser reprochado por la justicia por ejercer el derecho a defender su vida y sus bienes. Colombia tiene unos de los índices de criminalidad más elevados del mundo, los jueces y las autoridades son incapaces de hacer frente a los desbordados niveles de crimen e impunidad. La justicia está presta para investigar y judicializar al que se defiende del agresor, pero no obra con la misma celeridad para con éste. La situación es tan delirante que muchos de los mismos miembros de los organismos de seguridad prefieren abstenerse de actuar contra el que transgrede la norma porque saben que corren el riesgo de ser judicializados y procesados por posibles irregularidades en accionar y al final, el delincuente saldrá libre.
En la sociedad colombiana los criminales quedan libres no por ser inocentes, sino porque la Justicia es inepta para juzgarlos dados los llamados tecnicismos judiciales. La impunidad está a la puerta, y golpea. Los abogados y defensores de derechos humanos de los criminales, a quienes hacen pasar por víctimas del Sistema se han vuelto expertos en tecnicismos, y las autoridades piensan primero en sí mismos y en sus familias, por lo tanto, el delincuente siempre gana y sabe que el sistema le favorece.
Este tenebroso escenario halla explicación en la inversión de valores en la sociedad, ser pillo paga, porque siempre la ley le favorece. ¿Desde cuándo el derecho del delincuente es mayor y mejor que el de la víctima? Es momento que la Justicia y el Sistema judicial tomen partido por la víctima y no por el delincuente. Una cosa es el derecho a la defensa técnica del delincuente y otra cosa son los derechos y prerrogativas de que gozan los delincuentes. Hay delincuentes que saben que la pasan mejor en la cárcel y a órdenes del Estado que en las mismas calles, diariamente se conocen macondianos casos de corrupción en el sistema penitenciario y judicial.
Se requiere una reforma al sistema judicial colombiano, pero por sí sólo no basta, también en las Facultades de Derecho se debe por parte de los profesores repensar lo que enseñan a los estudiantes. El respeto por la ley y la autoridad ya no es materia de enseñanza, se prefiere enseñar la manera cómo ganarle a la Justicia, como si el propósito del abogado fuese derrotar al juez, al Sistema y de paso a la Justicia. Se parte de la base que quien juzga e investiga se equivoca, que el ciudadano víctima del hampa es el que miente y su único derecho es denunciar, porque no le es lícito defender su vida y sus bienes. ¡Pues no! actos como el del abogado y el del galeno que enfrentaron a los delincuentes deben ser modelos ciudadanos de acción frente a un sistema judicial inoperante y a una bribonería desbordada.
Las sociedades no pueden, ni deben aceptar el discurso justificador que quien delinque lo hace por hambre y que los delincuentes son víctimas de la sociedad que violentan, porque entonces la Justicia y el Sistema se ponen de lado del victimario. El que delinque no tiene cabida en la sociedad, el que por un celular o un reloj se atreve a atentar contra la vida del titular del derecho sobre el bien no tiene redención, ni perdón social. Debe pagar, si es del caso con su propia vida. No se trata de la Ley del Talión, sino de reconocer que nada justifica al delincuente, nadie puede estar por encima de la ley. No basta con más jueces, penas más drásticas y un aparato judicial más fuerte, sino se educa en el respeto por la ley y el derecho del otro.
En una sociedad donde se educa para que sea el Estado el que subsidie, beneficie, entregue y atienda a sus ciudadanos porque para eso está el Estado, no es extraño que mañana sean los mismos ciudadanos los que por sus propios medios quieran arrebatar de sus conciudadanos “los subsidios y los beneficios” a los que creen tener derecho. ¡Enhorabuena! por el ciudadano que no se deja intimidar por el hampa y le derrota. El hampón no es digno de ser ciudadano.
