Iván Cepeda es conocido como hijo de Manuel Cepeda Castro, asesinado por grupos paramilitares e integrantes del ejército nacional dentro del plan estatal de exterminio de los miembros de la Unión Patriótica, también es un reconocido defensor de derechos humanos y fundador del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, promotor de la paz y a quién le toca defenderse de reiteradas denuncias falsas y calumniosas del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero también es legislador, habiendo servido como representante a la Cámara entre 2010-2014 y senador desde 2014. Hoy él espera salir elegido nuevamente como senador. Una forma de saber cuál es su visión de país es echar un vistazo a los proyectos de ley y actos legislativos en los que ha participado en el período legislativo de 2021. Lo que se evidencia es que su compromiso con los derechos humanos y la paz se concreta en iniciativas que permitan mejorar la condición de vida, el bienestar y la dignidad de la gente.
Para enfrentar la pobreza, Cepeda junto con colegas proponen como política permanente del Estado la Renta Básica, transferencias monetarias no condicionadas con el fin de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de todas y todos y avanzar en la erradicación de la pobreza del país.
En la protección del medio ambiente, ha promovido el derecho fundamental a acceder al agua potable; la prohibición sobre el glifosato y sus derivados, que incluye un deber de priorización de la implementación del Punto 4 del Acuerdo de Paz por parte de la Policía Nacional; la prohibición del empleo de la técnica de fracturación hidráulica o «fracking» y la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos no convencionales, que Incluye también un deber progresivo de transición energética justa y participativa.
También en lo ambiental es de suma trascendencia la aprobación del «Acuerdo de Escazú» o Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que fue firmado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica, suscrito por Colombia y entró en vigor el 22 de abril de 2021. El Acuerdo de Escazú plantea objetivos para proteger y conservar el medio ambiente y a sus defensores, garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información y a la justicia ambiental, así como a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Aunque lo han firmado 24 países, 12 aún no lo ratifican, entre ellos, Colombia. El proceso de ratificación interna se hundió el 11 de junio de 2021 en el Congreso de Colombia, que no votó el proyecto firmado con mensaje de urgencia por el presidente Iván Duque, porque un bloque de congresistas del Centro Democrático, partido de Duque, y gremios poderosos pidieron que fuera archivado. Se requiere revivirlo en la próxima legislatura para que siga el curso del proceso de ratificación interna, y pase a control de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Sin duda se contará con el liderazgo de Cepeda para ello.
Como bien se sabe, la precaria situación socioeconómica de Colombia conllevó a protestas sociales masivas en 2020 y 2021, las cuales fueron reprimidas por la fuerza pública. Los hechos del 28 de abril al 31 de julio de 2021 dejaron al país con 63 muertos, 60 casos de violencia sexual y 27 personas que aún están desaparecidas. Entre el 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá, se perpetró una masacre cuya responsabilidad recae en la Policía Nacional. Como respuesta, Cepeda propone: asegurar el carácter civil de la Policía Nacional, prohibir y regular tácticas y procedimientos policiales agresivos, fortalecer el control externo, y dar impulso al Sistema Nacional de Participación Ciudadana; regular el comportamiento del personal uniformado de la Policía Nacional cuando transgreda la actividad de Policía o se vulnere la protección de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política consistente con los instrumentos internacionales de Derechos Humanos o el Derecho Internacional Humanitario; y desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, creándose la Unidad especial de diálogo y mediación policial, con el fin de garantizar el derecho a la manifestación pública, el respeto y la protección de los derechos fundamentales de los manifestantes y de la población que no participa en estas actividades.
En cuanto al sistema judicial, Cepeda quiere asegurar que las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario sean juzgados por los jueces ordinarios, acorde con la jurisprudencia nacional y las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, y que los crímenes eventualmente cometidos por agentes adscritos a la Policía Nacional sean de conocimiento exclusivo de la justicia ordinaria. Propone hacer realidad la autonomía formal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para garantizar independencia en su gestión, y que éste sea el responsable de organizar y controlar el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Y propone la adopción de medidas para la investigación y judicialización de las conductas que atentan contra las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, dirigentes políticos, sindicales o exintegrantes de las FARC-EP que se hayan reincorporado a la vida civil.
Sobre la salud en Colombia, Cepeda apoya la creación del Plan Nacional de Salud Rural atendiendo un enfoque diferencial. También apoya la introducción de criterios técnicos y administrativos encaminados a garantizar el reconocimiento y pago de la Pensión Especial de Vejez en el Sistema General de Pensiones de los trabajadores que realicen actividades de alto riesgo para la salud. Es partidario de crear y poner en marcha el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas y la adopción de otras medidas para poner fin al hambre.
Para promover y proteger el derecho a la educación, Cepeda apoya la incorporación de programas de alfabetización digital en los niveles de educación básica y media. Así se podrá favorecer un mejor uso de las redes sociales y los sistemas de información, tomando en cuenta los parámetros reconocidos por la Corte Constitucional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia del principio de veracidad, del derecho de acceso a la información y el principio que garantiza el mínimo de acceso a internet a través de la red fija residencial. Todo esto con el ánimo de promover el acceso a los bienes colectivos del Estado y así facilitar la entrada a trámites y servicios, la generación de aptitudes digitales, el bienestar social y la equidad en la ciudadanía.
Hoy 13 de marzo tenemos la oportunidad de votar por Iván Cepeda pidiendo el tarjetón al Senado y marcando el logo del PACTO HISTÓRICO (lista cerrada). Con su voto se puede respaldar el proyecto de “paz total” que se compromete con avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz y acabar con todas las formas de violencia y al conflicto armado que aún persiste. A eso dedicará Cepeda todos sus esfuerzos en la próxima legislatura que se instala el 20 de julio, con un conjunto de proyectos de ley y actos legislativos para hacer posible esa aspiración en la vida cotidiana de cada ciudadano y ciudadana.
