El conejo a Escazú
El conejo del Presidente Ivan Duque a la ratificación del Acuerdo de Escazú ha sido monumental. El más reciente episodio de esta “conejeada” acaba de ocurrir en Santiago de Chile, en la Primera Conferencia de las Partes -COP- del Acuerdo de Escazú.
La COP es la cumbre anual de los Estados Parte del Acuerdo para establecer las acciones que garanticen su implementación. Colombia asistió como país signatario de Escazú, puesto que participó activamente en su construcción durante el Gobierno de Juan Manuel Santos y lo firmó Iván Duque a regañadientes, como resultado de las exigencias de la ciudadanía en el paro nacional del 2019.
Pero el Gobierno de Colombia hizo presencia en esta cumbre de manera vergonzosa : Duque, que no se pierde ningún viaje ni ninguna conferencia para posar de ambientalista en las pasarelas intencionales, no quiso dar la cara para explicar por qué su coalición ha saboteado en el Congreso de la República la ratificación y entrada en vigor del Acuerdo; y delegó más bien nuestra representación en funcionarios de segundo nivel de la Cancillería y en el hoy embajador en Chile, el tristemente célebre ex Mindefensa Guillermo Botero.
Fue tal el nivel de vergüenza que ni siquiera el Ministro de Ambiente representó a Duque. No había manera de quedar peor representados en la COP de Escazú que en cabeza de quien significa todo lo contrario al primer y único Acuerdo continental integral en materia ambiental. Botero, en medio de la masacre de líderes sociales y ambientales de los últimos años, en vez de cuidarlos y protegerlos, los estigmatizaba y criminalizaba como aliados del narcotráfico; y en debates en el Congreso de la República defendía vehementemente la depredadora política de fumigaciones de los cultivos de uso ilícito, afirmando que “en mi experiencia como agricultor no he conocido mejor herbicida que el glifosato”.
Botero es el mismo que tuvo que renunciar cuando era inminente la aprobación de una moción de censura en su contra en el Senado, por su responsabilidad en un bombardeo en el Caquetá en el que murieron 14 menores de edad en el año 2019.
Recordemos la especial importancia de Escazú. El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, es considerado el instrumento ambiental más importante de la región. El Acuerdo se fundamenta en el Principio 10 de la declaración de Río expedida en la Conferencia de las Naciones sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de 1992 (Rio + 20), convirtiéndose en un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, siendo también un tratado de derechos humanos. El Acuerdo tiene por objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambiéntales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, estableciendo acciones para la protección de los líderes y defensores ambientales.
El Acuerdo de Escazú tiene una especial relevancia para Colombia. Somos el tercer país de América Latina y el Caribe con mayor cantidad de conflictos ambientales, detrás de México y Brasil, derivados de obstáculos de la ciudadanía al acceso a la información y de enormes limitaciones en la aplicación de estándares internacionales en materia de justicia ambiental, como se demuestra en conflictos por la delimitación del Páramo de Santurbán y la pretensión del Gobierno Duque de implementar proyectos pilotos de fracking o de reactivar el programa de fumigaciones con glifosato, entre los más importantes. Como si fuera poco, Colombia ha sido calificado en dos años consecutivos por la organización Global Witness como el país más peligroso en el ejercicio del liderazgo ambiental : en el 2018 fueron asesinados 24 líderes ambientales, mientras que en el 2019 perdieron violentamente su vida 64 líderes y 65 en el 2020.
Mientras ello ocurre, el Presidente Iván Duque en complicidad con su coalición en el Congreso le ha tomado el pelo al país y al continente con la ratificación del Acuerdo de Escazú. Después de firmarlo en diciembre del 2019, para lavarse las manos radicó ante el Congreso en julio del 2020 el proyecto de ratificación con mensaje de urgencia, pero dejó que sus congresistas sabotearan su trámite hasta que fue inevitable su hundimiento en julio del 2021. Luego, el 29 de octubre del 2021, volvió a presentar el Proyecto de Ley para su ratificación, esta vez sin mensaje de urgencia y cien días después de haberse iniciado la última legislatura de este periodo constitucional.
Su discusión y votación en primer debate en la Comisión Segunda del Senado ocurrirá por fin este martes 26 de abril gracias a que la oposición logró imponer, haciendo uso al derecho que les da el Estatuto de Oposición, el orden del día de esta célula legislativa. El país y el continente sabrán en esta sesión si el Gobierno Duque respalda la ponencia positiva de los partidos de oposición o si deja que se imponga la ponencia contra Escazú de los senadores de su coalición. Sabremos si Duque sigue conejeándonos o si atiende la última declaración política de las Partes de Escazú de Santiago de Chile que le hizo un llamado al Gobierno y al Congreso de la República a ratificar el Acuerdo de una vez por todas.
