Por: Iván Santisteban y Alejandro Poveda
La empresa de transporte Urbano conocida como La Rolita quedó en el limbo jurídico tras un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que consideró que al proyecto le faltaron los estudios, hecho que dejó la duda de si los concejales de aquel momento estudiaron y analizaron la iniciativa de la alcaldía de Claudia López.
Esta semana, escuchando las Conversaciones en las Regiones promovidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en la ciudad de Sincelejo, la gobernadora de Sucre, Lucy García hizo una solicitud bastante particular al proponer “subir el subsidio a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 a 250 kilovatios para que así pueda bajar el valor de la tarifa en el corto plazo”, del cual no estoy en todo de acuerdo y ya les explico por qué:
En primer lugar, tenemos una realidad y es que el fenómeno de la niña no ha despegado como esperábamos, eso ha hecho que el nivel de los embalses no sea el óptimo y que evidentemente se ve reflejada en la factura de energía, tal cual hila con lo reportado por el DANE a corte de septiembre, los precios de la energía en Colombia se han incrementado en promedio un 12,9%. Seguir subsidiando es aumentar el hueco fiscal.
Lo segundo, es que no podemos seguir generando campañas apuntándole a todos lados sin enseñarle a la población, industrias y empresas cómo lograr protocolos de operación, teniendo en cuenta sus equipos y oportunidades que se dan de manera específica en eficiencia energética. Decían las abuelas cuando que “al que no le cuesta lo vuelve fiesta” y con campañas tan globales nadie las personaliza.
En tercer lugar y lo escuchamos este mes, el precio de la energía en Colombia alcanzó máximo histórico en septiembre principalmente por sequías en promedio bolsa de $1.019,41 por kilovatio hora y como valor agregando, la activación del estatuto de riesgo de desabastecimiento superó los $7.000.
No me quiero imaginar los meses de sequia estacional que tenemos los meses diciembre a febrero. Recordemos que este año el panorama fue crítico extendiéndose el verano casi hasta el mes de mayo.
Si bien es cierto, el ministerio de minas ha mencionado que no se tiene un riesgo de desabastecimiento tampoco asegura que el precio no siga en ascenso. Mi recomendación es que no hay que fiarnos y dejarle la responsabilidad únicamente a quien nos entrega el servicio, considero que es momento de buscar nuevas alternativas en nuestro hogar, industria y empresas tal cual los siguientes elementos:
Empiece por analizar cuáles son los equipos que generan el mayor consumo en su operación.
Valide si esos equipos realmente necesitan estar conectados las 24 horas.
Inicie con el ahorro en un horario off, donde duerme la operación, desconecte equipos resistivos (estufas, hornos microondas, cafeteras), incluya aires acondicionados. En su casa igualmente, encárguese de que todos los equipos queden desconectados.
A la apertura valide qué equipos realmente necesitan conectarse y cuales podríamos correr el horario de encendido.
Valide y agrupe el encendido de acuerdo esa operación y escalónelos hora a hora.
Le aseguro que no afectara su operación y tendrá ahorros del 5 al 15% de acuerdo con cada oportunidad que identifique.
No siempre la responsabilidad puede ser de un tercero, escudarse es muy fácil cuando no ves una oportunidad más allá de lo que puedo hacer internamente.
Ahora, no estoy diciendo que no haya oportunidades de mejora de estos “terceros” y lo he descrito en varias columnas anteriores, por lo menos, esperemos que se ajuste indexador de los precios al IPC, o en su defecto, seguiremos pagando ese adicional.
No hay riesgo de desabastecimiento y el papel lo aguata todo, pero ¿El bolsillo?… Quien sabe.
Permitirán los senadores y representantes a la cámara la modificación al Consejo Nacional Electoral (CNE) durante la discusión del proyecto de acto legislativo presentado por el Gobierno de Gustavo Petro.
A pesar de que el hoy exsecretario general del Senado de la República, fue ternado por el presidente de la República para la elección del nuevo procurador general de la Nación, nada garantiza que seguirá sus instrucciones o que hará de la entidad un órgano de control independiente de la política y del mismo Ejecutivo.
Imaginarnos un escenario donde nuestros hogares y empresas puedan monitorear sus consumos de manera automática, curvas de carga las 24 horas del día… permitiéndoles analizar su operación de manera rápida y generando estadísticas sobre sus días de mayor consumo, hora pico y fugas que se podrían corregir por una operación mal administrada, es una oportunidad que cualquier empresario pensaría razonable en su operación.
Pero… ¿En qué va el proceso?
Devolviéndonos al pasado, en el año 2021 se presentó la ley 2099, que establecía algunos puntos que nos permitirían direccionarnos hacia la medición inteligente, y a cambio se obtendrían incentivos tributarios: “las empresas prestadoras del servicio de energía deberán asumir los costos asociados a la adquisición, instalación, mantenimiento y reparación de los medidores inteligentes de los que trata la presente Ley. De ninguna manera este costo podrá ser trasladado al usuario en la facturación o cualquier otro medio”.
Evidentemente para cualquier distribuidor o comercializador, no es atractivo realizar un recambio tecnológico sin ver un retorno de la inversión, implicándole un flujo de caja por cerca de $9 billones a costa de nada.
Teniendo esto sobre la mesa, la corte constitucional la declaro inconstitucional, mencionando que violaba la recuperación de los costos.
Mas adelante, para el año 2022, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) presentó la resolución 101 001, por medio de la cual se establecen las condiciones para la implementación de la infraestructura de medición avanzada.
En la resolución, las compañías deberían presentar un plan de trabajo, permitiéndoles desplegar dicha tecnología. Esto, en un periodo no mayor a 120 días, después de expedir la circular de la Creg con material, formatos, protocolos, procedimientos y contenido objeto de inicio.
Esta circular nunca les llegó y las empresas se quedaron en el aspirar. A hoy día, no hay un modelo de implementación de AMI en los comercializadores o distribuidores; muchos comercializadores lo vienen realizando por su modelo de negocio y valor agregado, que pudiese ser un piloto para el monitoreo no solo del flujo global de la energía de un cliente, sino también sus redes internas como valor agregado… generando fidelidad e ingresos extras para el negocio.
En este año, 2024, se han instalado cerca de 200.000 medidores inteligentes de acuerdo con las cifras entregadas por la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, ASOCODIS. Haciendo el cálculo, no es ni el 1%, si esperamos instalar más 14 millones de medidores en nuestros hogares y llegar al 75% de la meta para ese año (es decir 2 millones por año).
De acuerdo con la Cámara colombiana de Energía, la ruta crítica radica en El establecimiento del Gestor Independiente de Datos e Información (Gidi), “cuya creación depende al parecer de estudios en ejecución de la Creg… y que probablemente se publiquen en 2025”.
Evidentemente, no se va ha lograr la meta propuesta, según lo anterior, podríamos tener los planes piloto entre 2026 y 2027, además, teniendo varios componentes en política pública sin solucionar, principalmente en coste, sumándole la mano de obra y mantenimiento de los equipos.
Para llegar, se deben generar acciones más competitivos y tangibles que un beneficio tributario, donde, en ocasiones y de acuerdo al proceso, el usuario o las compañías ni lo pueden utilizar.
Pensar que importar gas natural de Venezuela es por gusto y que en Colombia tenemos de sobra, es lanzar dardos al aire sin conocer de fondo el problema, llamados por la alerta generada en las últimas semanas del desabastecimiento prolongado.
La falta de gestión en la última década por parte de los gobiernos de turno en la búsqueda, perforación y desarrollo de proyectos (que pueden alcanzar fácilmente los 12 años de maduración), han generado esta crisis, y seguramente el próximo año paguemos más por el m3 de gas que en la actualidad.
También lo advertía Fedesarrollo en su investigación Obstáculos para el desarrollo del gas natural en Colombia, entregada en el año 2003: “No hay oferta de gas porque la demanda es insuficiente y no se demanda más gas porque no hay disponibilidad. Hay que «jalonar» la demanda para ampliar la producción y buscar más gas. Explorar en búsqueda de gas vale lo mismo que explorar en búsqueda de petróleo por lo cual se requiere encontrar cantidades grandes y, consecuentemente, que exista una demanda que justifique tanto la búsqueda como el hallazgo.” Una senda dejada al costado desde los años 2015 a 2017, siendo esta una alerta inicial.
En la actualidad, alrededor de 11 millones de familias usan diariamente el gas natural, más de 670.000 vehículos y 145.000 comercios se abastecen como materia prima para la ejecución de sus actividades y dinamización de la economía, teniendo una demanda promedio diaria de 1.080 giga de unidades térmicas británicas.
A eso le sumamos la estimación de la oferta y la demanda en crecimiento del 25 % para 2026 y que se mantendrá hasta 2030, teniendo un déficit de 8% anual, llevándonos a importar gas desde el lugar más costo-eficiente… probablemente Venezuela mediante el gasoducto Antonio Ricaurte con la petrolera PDVSA, teniéndose parte de la infraestructura en pie y contratos vigentes a la fecha.
Otro plan alterno o diferente, de acuerdo a lo mencionado por Ecopetrol genera suspicacias, falta de claridad y sin ningún avance en perforaciones como, por ejemplo, a través del Fracking.
Erradamente el discurso del gobierno del cambio a través de nuestro presidente Gustavo Petro donde nuevamente en Davos mencionó “Hemos decidido no contratar más exploraciones de petróleo, gas y carbón como una muestra de la necesidad que tenemos de descarbonizar nuestra economía”, no ayuda a la crisis más allá de generar alarmas, polarización y asumir un costo político que no le pertenece porque no es el único responsable, y que, a sabiendas, su propuesta de transición energética no despega.
Tampoco es consistente con lo mencionado por Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, quien ha indicado proyectos en curso relevantes principalmente el mar Caribe, teniendo un potencial de aproximadamente 75 terapíes cúbicos y con inversiones para este año por 350 millones de dólares, donde esperamos sus frutos en el año 2029.
Lo cierto es que venimos de realidades económicas y de servicios como la pandemia, el fenómeno del niño… que nos llevó a racionamiento de agua, incremento de tarifas de energía y, ahora, viene el gas natural, que, sin depender de una condición climática hace parte del diario de un colombiano, motivándolo a seguir, preparando el bolsillo.
Lo primero que hay que mencionar, es que las tarifas de energía no bajarán a nivel nacional ni para todos los sectores. Únicamente estará en población más vulnerable catalogado como residenciales, es decir, estratos 1,2 y 3, quedando por fuera el sector comercio y las industrias.
Lo sucedido con Aire en parte responde a las denuncias realizadas por una licitación mal lograda finalizando el año 2023, que lo puso en la mira de la Superintendencia a validar sus inversiones para el año anterior, evidenciando presuntamente datos erróneos y que llevaron a elevar las tarifas alrededor de 86 pesos/kWh en el costo unitario de prestación del servicio, sin haberse realizado dichos cambios.
El alza de las tarifas ha sido extremadamente abrupta para la costa atlántica y a nivel nacional; Air-e por ejemplo, desde mitad del año 2021 (junio) tenía un valor de 569 pesos kWh, y para el mes de marzo de este año 2024 su valor fue de 1.211 pesos kWh, correspondiendo a un alza de más del doble del costo de la energía en menos de 5 años para el mercado regulado.
Frente a la opción tarifaria se abre un debate interesante porque no es que los prestadores hayan optado por bajar la energía eléctrica… Una compañía difícilmente busca perder la utilidad y garantía del negocio dejado por el malogrado periodo de Iván Duque.
El gobierno nacional, en su preocupación por dar resultados, ya que ninguno de sus planes se ha aterrizado en transición energética y desarrollo regional, siente que el tiempo se le está saliendo de las manos y ha tomado la decisión de financiar la opción tarifaria para esta región del país en poblaciones más vulnerables.
Indudablemente el costo elevado de la energía no afecta a los ricos y megarricos de nuestro país, irónicamente afecta a una clase media que se endeuda en los bancos para sobresalir y no quebrar en su intento de reactivar económicamente su sector.
Mi preocupación va más allá… imaginémonos una pequeña empresa o microempresa (restaurante, cafetería, papelería, sastrerías, etc.) que además de la crisis económica que se vive en el país, les ha tocado hacerse a las dificultades para buscar pagar sus servicios públicos.
En nuestra querida Colombia hay 5,8 millones de micronegocios, que emplean a cerca de 21 millones de personas, es decir, el 67% del empleo en el país y el 79% cuando incluimos la pequeña y mediana empresa que contribuyen con entre el 35 y 40% del PIB anual.
Porqué el gobierno nacional no hace esfuerzos: primero por completar el nombramiento de un director con la experiencia y calidad que exige el Consejo de Estado y por buscar ultimar los seis comisionados que se exigen para decidir de manera satisfactoria en las decisiones de la Creg, donde injustamente llevamos más de 18 meses en vilo por falta de gestión.
Una vez teniendo eso, avanzar en todas las propuestas que se han planteado en el plan de desarrollo en el sector energético y porque no, eliminar la opción tarifaria, buscando un costo-beneficio en reactivación económica.
¿Será muy difícil? Si no podemos con los funcionarios, menos vamos a poder con la gestión.
La siguiente narración, al estilo de las Cosas de la Política, describe la polémica que se desató en el panorama político nacional por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, sumado a la propuesta de la senadora Isabel Cristina Zuleta de una posible reelección del primer mandatario.
En las Cosas de la política se resume lo que ha sido el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastre. Ver video:
El fenómeno del niño sigue haciendo de las suyas, el nivel de embalses en nuestro país sigue bajando, siendo Chingaza el más inferior desde su origen con 15,87% de su capacidad.
Desafortunadamente marzo fue el mes más seco en los últimos 20 años, abril a casi mitad de mes son pocas precipitaciones registradas y bajo este panorama, ya estamos hablando de endurecer las medidas frente al manejo del agua y de un posible apagón a nivel nacional.
Nadie quisiera volver a vivir y afrontar el racionamiento sufrido hace 32 años, pero impactos negativos como la deforestación de la amazonia, sobre urbanización, incremento de la demanda y la deforestación del bosque andino, hacen que el ciclo hídrico cada vez se vea más afectado impactando en la falta del recurso y bajos niveles de los embalses en un periodo como estos.
Así las cosas, para la hidroeléctricas en panorama no es menor, tan solo el 26,6% de ocupación cuentan los embalses para la generación de energía, las medidas deben ser inmediatas desde la generación de energía térmica en su máximo nivel como el ahorro consciente del agua y la energía, pues una depende de la otra, siendo las hidroeléctricas las de mayor generación de energía en nuestro país.
El problema de construir las líneas de transmisión se ha acrecentado, las comunidades en su mayoría no lo han permitido y con esta falta de infraestructura no es posible lograr la sustracción en las zonas de reserva, un ejemplo de ello, es Sogamoso y Chivor, responsabilidad del Grupo de Energía de Bogotá, haciendo vulnerable la zona centro que ha tenido un crecimiento de demanda del 8%.
Por el lado de la costa, el panorama no es menor, la semana pasada, La Asociación Nacional de Ciudades Inteligentes e Iluminación (Anap) alertó que pueden sumarse apagones en los alumbrados públicos y se prevé que comience en la costa Caribe, con interrupciones del servicio en tres departamentos: La Guajira, Magdalena y Atlántico según ellos por la “malversación de los impuestos de alumbrado público por parte de los comercializadores de energía eléctrica en estas áreas del país, con la aparente complicidad del Gobierno Nacional al no ejercer adecuadamente la supervisión y el control”.
Teniendo esto sobre la mesa, se espera que las lluvias inicien a principios del mes de mayo, sin embargo, es importante atender el llamado de la Agencia Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), menciona que tenemos un 75% de probabilidad de que el fenómeno se extienda hasta mayo.
Mientras tanto, la invitación es ahorrar con programas como “Apagar paga” mencionado en el año 2016… acciones tan sencillas como apagar electrodomésticos que no necesitemos en nuestros hogares al finalizar el día (hornos microondas, lavadoras, calentadores, estufas, etc), bañarnos con agua fría, reutilizar el agua del lavado de ropa y recircular, puede ayudarnos; por otro lado, si las empresas consiguen generar protocolos de encendidos y apagados de sus equipos de manera programática sin afectar su operación, contribuyen a un ahorro especifico y permanente no para esta crisis, sino para los años de su operación.
Un sábado del año de 1902, se consagró mi país al sagrado corazón de Jesús. Hoy, con una mezcla de rabia, impotencia y hasta con un poco de ironía acudo a esta consagración renegando, como si en esta consagración me permitiera aceptar un país que se libra entre lo bello y lo inaudito.
Bello por sus paisajes que hacen soñar, planear y hasta dan ganas de que todo el mundo lo recorra y conozca, por su gente, cultura y hasta por sus raíces católicas que son las responsables de esta consagración.
Inaudito, porque en camino a una cita para llevar a cabo un negocio, producto de nuestra experiencia y vivencia como profesionales, fuimos seleccionados desde una cárcel para ser víctimas de extorsión. Sometiendo a nuestras familias a una angustia inimaginable, amenazando a nuestros seres queridos con frases en altavoz como: “póngale la botas y lo matamos”, “usted no quiere colaborar” o “le voy a quitar un brazo, los dedos y las uñas”… la historia inicia así:
Lunes 26 de febrero, soy contactado por una persona de nombre seguramente falso “Cristian Camilo Mora”, muy interesado en nuestra ingeniería y obra civil que les permitiera realizar 2 bodegas entre la Calera y Choachí, a lo que no le vi ningún problema, nos envió los planos, fotos del lugar y diseño arquitectónico, sin ningún tipo de malicia indígena, pensé que podría ser un buen negocio.
Seguramente los que me leen, piensan que solo soy un periodista o locutor por mis redes sociales, pero más allá de eso soy ingeniero, con emprendimientos soñadores y un proyecto de vida, de saber que es bonita como lo mencionaba, Gustavo, un gran profesional de la arquitectura quien era mi recomendado en la obra.
Cristian, mencionó que si podría ir el día siguiente, martes, no fue posible por temas laborales a lo que le mencioné que día sábado en horas de la mañana. Todo quedo concertado entre la vía La Calera a Choachí, finca la Bonita, cerca de la Iglesia la 36.
El día viernes primero de marzo, confirmamos la cita vía llamada y el sábado muy temprano, 6:50 am, recibí comunicación de Cristian, me pareció muy curioso pidiéndome cuantas personas veníamos para tenernos desayuno al llegar y el color de vehículo en el que nos desplazábamos. Al encontrarme con Gustavo le mencioné lo raro que me parecía y la desconfianza que me daba.
Sin más preámbulo, salimos desde el municipio de Chía, él, un gran orador y buena persona, hablamos de la vida, de experiencias y de lo bonito que es levantarnos, agradecer y salir adelante, porque la vida es esa, una lucha constante de emociones, pasiones y proyecciones.
El camino nos llevó cerca de 3 horas, Cristian se comunicaba constantemente validando la ruta, me pidió la ubicación, el número de teléfono del arquitecto; muy raro pensé dentro de mí, no se la envíe inicialmente y confiados seguimos.
Llegando a la Iglesia la 36, nos envió una foto de la finca, fachada de la casa y mencionó que bajaría a recogernos en un cuatrimoto, pidiéndome nuevamente la ubicación, lo consulte con Gustavo y se la enviamos.
Continuamos 15 minutos más y de un momento a otro, ingresa una llamada de quien se identificó como Alias “Antonio”, miembro del frente 53 de las Farc, que opera Cundinamarca, Boyacá y el departamento del Meta. Nos informó que la zona estaba rodeada y que no teníamos ningún permiso para ingresar, a lo que nos pidió el nombre y número de la persona que nos citó; hicimos una llamada conjunta, Cristian se disculpó y hasta ahí un poco asustados… sin problema, pensamos, ya nos autorizan el ingreso.
Alias Antonio, pidió una confirmación de seguridad, pues al no tener permisos debía realizarla: nombres, cédula, número de teléfono, lugar de residencia, barrio y con quien vivíamos, nos hicieron apagar todos los teléfonos, sin movimiento del vehículo y quedarnos conectados únicamente con mi celular – En línea.
Gustavo, en algún momento vivió una situación similar en una zona de manejo por grupos armados, no le vimos tanto problema; lo raro y que sí me comentó, es que no le habían pedido los contactos de la familia. Y de la inocencia más grande, había cosas que me parecían raras ¿Cómo una persona sabiendo que está en un lugar de zona roja, no pide autorización para la ejecución de una obra?
Nos informaron que iban a llamar a nuestras esposas e hicieron un Tri Line para confirmar que estábamos bien. Fueron 20 segundos, querían escuchar de nuestra boca que colaboraran y que estábamos con ellos, de inmediato cortaron la comunicación y nosotros inocentes seguíamos hablando.
Transcurrieron 20 minutos, nosotros esperando la autorización de ingreso, sin problema, me comunique con mi esposa de una forma diferente y por una red social le escribí, le mencioné “que estaba bien”, presentía que del otro lado algo estaba sucediendo y por cosas de la vida le mencioné “no les vaya a dar plata” y confirmado… me contestó, te van a matar, me pidieron 20 millones (después me di cuenta que eran 25).
De inmediato, le escribí que se comunicara con la esposa de Gustavo para que no diera dinero, lo intento, pero como estaba en línea seguramente con los mismos, no podía contestar.
Realmente no sabíamos los vejámenes a las que las tenían sometidas. Ellos, haciéndose valer de la información suministrada y todo tipo de artimañas psicológicas de muerte, terror y miedo, las presionaban a cada una por 25 millones de pesos, en una carrera contra el tiempo para entregar el dinero solicitado o en su defecto la muerte de sus esposos.
Teniendo el panorama claro, tomamos valentía de salir y devolvernos, arriesgándonos el encuentro de ese grupo armado y que, de ser así, probablemente no estaríamos contando esta historia. Le colgamos la llamada y por una trocha, lejos de la ciudad y con miedo de no volver a ver a nuestros seres queridos, emprendimos la huida.
Mas adelante, encendimos en teléfono, y vía a la Calera llamamos a nuestras esposas, familias y allegados para decir “ESTAMOS BIEN, NOS VOLAMOS”.
Rebobinando lo sucedido, nos damos cuenta exactamente que somos muy ingenuos y que este tipo de “personas” si así pudiera decirles, tienen un plan muy bien elaborado. Esta tan bien hecha su estrategia que uno cae inocentemente y termina brindando toda la información de nuestros seres queridos, a quienes finalmente en cuestión de 10 minutos les arrebatan su tranquilidad.
Afortunadamente no pasó nada, se interpuso la denuncia y desgraciadamente para estas personas tampoco pasará. Quedamos en empate técnico, golpeados en nuestra autoestima y tranquilidad, que se recuperó al pasar de las horas.
Doy gracias a Dios por cuidarnos, por la valentía de nuestras esposas que, aunque asustadas lograron mantenerse en pie, a nuestros hijos que no entendían la dimensión de lo que pasaba diciendo “a mi papá lo atraparon los malos”.
Al final, pudimos abrazarlos y hacerles saber que, aunque estamos en el país del sagrado corazón, sagradamente cualquier cosa puede suceder.
Si bien es cierto que se debe hacer un control político y reformar el monopolio que se tiene en los servicios públicos, darle alcance al presidente que lo haga de manera directa no soluciona nada de fondo, al contrario, el valor político del privado en las campañas políticas pasaría a hacerse de manera directa y a dedo sin contemplar elementos técnicos, económicos y sociales.
El borrador menciona que “El presidente podría regular directamente los servicios públicos o delegar esa responsabilidad a las comisiones de regulación” actualmente, el presidente no tiene la capacidad de hacer una regulación específica.
Lo que, si el presidente debiera asumir, es señalar toda la política general delegada a la Creg, no de carácter regulatorio, pues ningún presidente lo ha hecho, y también podría tomar la ocupación al señalar políticas generales de administración y control de los servicios públicos, la cual fue encargada a la Creg por el decreto 2253 de 1994.
Al hacerlo, lo puede manifestar a través de políticas, fijándole un procedimiento a la Creg y a la Cra (la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico), sobre cómo administrarlo, controlarlo y sin restringirle la autonomía de autoridad tarifaria.
En el artículo 23 de la ley 143, se señala que la Creg es la que debe definir las tarifas a través de unas fórmulas tarifarias complejas, así, el presidente Petro, no puede decirles a los generadores de energía: ahora la generación vale 200 pesos el KW hora mes, porque eso desborda sus facultades, tampoco establecer una metodología tarifaria especifica.
De esta manera el gobierno podría señalar un protocolo, para que se logren tarifas justas y razonables, buscando una estructura real del mercado, viabilizando los costos y rentabilidades desde las comisiones de regulación.
El borrador también menciona sobre la instauración de tarifas de acuerdo con la capacidad de pago de los usuarios, y es importante precisar que las alzas de tarifas tampoco son un problema generalizado del país, están especialmente concentradas en la Costa atlántica, donde, de acuerdo con el senador Marcos Pineda para la W, en menos de un año el valor del kilovatio hora aumentó en un 33% y las facturas han visto alzas de hasta un 40%. En otros lugares del país no se ven quejas generalizadas por las tarifas.
Frente a la Creación de empresas industriales y comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos domiciliario (EICE E.S.P): considero, que el modelo mixto funciona bien, encontrando empresas públicas y privadas que prestan sus servicios, donde el estado está en todo su derecho de regulación y fiscalización que garantice el ejercicio y la operación.
El volvernos a lo público podría ser un problema, y mirando espejos, podría pasar lo que sucedió en México antes de la reforma constitucional que cambio el modelo, que destinaba gran parte del presupuesto nacional para realizar las inversiones en el sector.
Confidencial Colombia hace una recopilación de frases emitidas por algunos políticos colombianos que se han quedado en la mente de los colombianos. Aquí el segundo ranking.
