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La Sala Primera del Tribunal Supremo de Brasil ha decidido este jueves por cuatro votos a favor y uno en contra condenar al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, convirtiéndose así en la primera vez en la historia del país en que un exjefe de Estado es castigado por este delito.

El panel del alto tribunal ha considerado que Bolsonaro –que se encuentra bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica– debe ser condenado por los delitos de organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado por violencia y amenaza grave, y deterioro del patrimonio.

El Supremo ha condenado a su vez a siete acusados que también forman parte del llamado núcleo central de la trama para perpetuarse en el poder tras las elecciones presidenciales de 2022, que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva. Entre ellos están el exministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira o el extitular de Justicia Anderson Torres.

Después de tres días de votaciones, los jueces Alexandre de Moraes, relator del caso, Flávio Dino, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin han votado a favor de la condena. En la víspera, y a diferencia de los demás magistrados, Luiz Fuz votó para absolver a varios de los acusados, incluido Bolsonaro.

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Tras su voto disonante, De Moraes ha manifestado durante la jornada que los actos golpistas del 8 de enero de 2023 no representaron «un domingo en el parque, ni una visita a Disney». «No fueron alborotadores descoordinados que, al son de la flauta, coincidieron y destruyeron la sede de los Tres Poderes», ha sostenido.

Zanin, que preside el panel, ha sido el último en presentar su voto. Durante su intervención ha defendido que «las pruebas del caso permiten concluir que los imputados pretendieron quebrantar el Estado de derecho, incitando deliberadamente y expresamente al uso del poder de las Fuerzas Armadas».

Con el final de la votación que ha resultado en la condena de Bolsonaro y sus aliados, los jueces entran en la fase de sentencia, en la que tendrán que determinar la duración de las mismas ateniéndose al grado de participación de cada acusado en los hechos delictivos.

Foto: Reuters

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha rechazado este viernes ante el Supremo Tribunal Federal (STF) las acusaciones sobre su intención de abandonar el país tras el hallazgo de un documento de solicitud de asilo dirigido a la Presidencia de Argentina en un teléfono móvil que le fue confiscado por la Policía Federal y ha aprovechado la ocasión para exigir la revocación de la orden de arresto domiciliario que pesa en su contra.

«La autoridad policial evidentemente sabe, como es bien sabido, que para considerar la prisión preventiva, debe existir un hecho contemporáneo. Pero, aun así, solo cuentan con un documento, que reconocen como un simple borrador antiguo enviado por un tercero, además de la innegable constatación de que la solicitud no se materializó», han explicado los abogados del exmandatario en declaraciones recogidas por la Agencia de Brasil.

Así las cosas, la defensa de Bolsonaro ha solicitado la revocación de su arresto domiciliario o, en su defecto, «la resolución urgente del recurso de amparo interpuesto por la defensa el 6 de agosto», argumentando que su defendido ha respetado en todo momento las medidas cautelares –como la prohibición de salir del país y de utilizar redes sociales– dictaminadas por la Corte Suprema.

Estas declaraciones llegan después de que el juez del Supremo Alexandre de Moraes estableciera este miércoles un plazo de 48 horas para que los abogados de Bolsonaro se pronunciaran respecto al documento de solicitud de asilo hallado por la Policía Federal, que estaba guardado en el móvil del expresidente desde 2024.

Contrario a los argumentos de la defensa del expresidente, De Moraes –relator del caso– solicitó explicaciones por lo que ha considerado como un «comprado riesgo de fuga», así como por los «reiterados incumplimientos de las medidas cautelares impuestas» y «la reiteración de conductas ilegales».

La víspera, Jair Bolsonaro –bajo arresto domiciliario desde comienzos de este mes– fue imputado por parte de la Policía Federal junto a uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, por intentar obstaculizar la investigación que enfrenta el exmandatario por golpe de Estado.

La decisión de De Moraes llegó después de que la Policía Federal concluyera las investigaciones sobre la actuación de Eduardo Bolsonaro para promover en Washington medidas de represalia contra el Gobierno y el Poder Judicial brasileños, a través de la supuesta financiación con hasta dos millones de reales (300.000 euros) para hacer campaña a través de su hijo en Estados Unidos para entorpecer la causa por golpe de Estado.

Así, la Policía brasileña reveló que el exmandatario estudió pedir asilo político en Argentina, presidida por el también ultraderechista Javier Milei, tras hallar en su teléfono el citado documento, en el que denunciaba ser víctima de una «persecución en (su) país de origen por motivos y delitos fundamentalmente políticos».

La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha recurrido este miércoles el arresto domiciliario decretado por el Tribunal Supremo como respuesta a un incumplimiento –negado por sus abogados– de algunas de las medidas cautelares impuestas por su supuesta responsabilidad en la financiación de una trama para entorpecer desde Estados Unidos la causa judicial en su contra por golpe de Estado.

«Al expresidente no se le prohibió conceder entrevistas ni expresarse públicamente, y como se indicó anteriormente, no tiene control sobre terceros que compartan el contenido resultante sin su participación directa o indirecta», ha defendido el equipo jurídico de Bolsonaro, que ha calificado esa potencial difusión de terceros como «un hecho verdaderamente incontrolable, ajeno a su control e influencia», según ha recogido la agencia brasil.

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Asimismo, los abogados del exmandatario han defendido que el recurso debe ser examinado por la Primera Sala del Supremo y no sólo por el juez Alexandre de Moraes, considerando que «la validación por parte del Panel es esencial (…) y no es suficiente argumentar que la decisión original ya preveía la posibilidad de arresto en caso de violación de las medidas cautelares».

El recurso ha llegado dos días después de que De Moraes decretase arresto domiciliario en contra de Bolsonaro al considerar que había incumplido con la prohibición de usar las cuentas de redes sociales de otras personas, después de en la víspera utilizara las de su primogénito, Flávio, para saludar a los manifestantes durante las movilizaciones en su apoyo para presionar al Supremo.

Además de esta medida cautelar, el expresidente también lleva una tobillera electrónica para evitar una hipotética fuga, no puede acercarse a embajadas ni utilizar redes sociales, y tampoco comunicarse con otros implicados en la trama.

El Tribunal Supremo de Brasil ha acordado por mayoría imputar al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus aliados por los delitos de rebelión e intento de golpe de Estado presentados por la Fiscalía tras los ataques a las instituciones en Brasilia el 8 de enero de 2023.

«Existen pruebas razonables que sustentan la denuncia», ha afirmado el relator del caso en el Supremo, el juez Alexandre de Moraes, quien ha señalado que el expresidente brasileño «conocía, manejaba y discutía el borrador» en el que se redactó el plan golpista, en el que también ha implicado al resto de acusados.

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Se trata del exministro de Justicia Anderson Torres, de los antiguos responsables de Defensa Walter Braga Netto y Paulo Nogueira; del exjefe de Gabinete de Seguridad, Augusto Heleno Ribeiro, del exdirector de Inteligencia Alexandre Ramagen; del excomandante de la Marina Almir Garnier Santos; y de quien fue su mano derecha, el coronel Mauro Cid.

En su argumentación, De Moraes ha mostrado imágenes de los hechos violentos de aquel día y ha refutado la defensa de Bolsonaro que alegaba que los participantes eran personas religiosas y de edad avanzada. «No se ve ninguna Biblia». No fue aquello un «domingo en el parque», ha aseverado el relator del caso.

«La organización criminal siguió todos los pasos necesarios para deponer al Gobierno legítimamente elegido. Objetivo que, buscado con todo el empeño, no se hizo realidad por circunstancias que los denunciados no consiguieron superar: la resistencia del Ejército y medidas de excepción», ha explicado.

Después de la imputación de Bolsonaro y sus siete socios, tendrá lugar la fase de instrucción, en la que las partes han de recabar pruebas y tomar declaración a testigos, antes de que el tribunal finalmente tome una decisión. El expresidente brasileño se enfrenta a una pena de hasta 40 años de cárcel por estos delitos.

Bolsonaro no ha estado presente durante la votación, que ha preferido seguir por videoconferencia desde la oficina que, como parlamentario, tiene su hijo Flávio Bolsonaro en el Senado, junto a otros aliados.

La Fiscalía acusó a Bolsonaro de intentar impedir de forma coordinada que se cumpliera el resultado de las presidenciales de 2022, si bien «el plan» comenzó en 2021 con otra serie de acciones y declaraciones con las que cuestionaba las decisiones de los tribunales y la limpieza del sistema electoral.

Asimismo, la Fiscalía ha presentado pruebas de la existencia de un plan para llevar a cabo no solo un golpe de Estado, sino también los asesinatos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el vicepresidente, Geraldo Alckmin, y el juez del Supremo, Alexandre de Moraes, en el denominado plan ‘Puñal verde y amarillo’.

Todo ello, culminó con una turba de centenares de seguidores del expresidente brasileño, irrumpiendo en la Plaza de los Tres Poderes, atacando y asaltando las sedes del Congreso y el Tribunal Supremo.

La Policía brasileña ha arrestado al exministro de Defensa y antiguo candidato a la Vicepresidencia del país, general Walter Braga Netto, dentro de una investigación sobre una trama organizada por el expresidente Jair Bolsonaro para orquestar un golpe de Estado en 2022, según han confirmado fuentes próximas a la investigación a los principales medios brasileños y a la agencia Bloomberg.

Braga Netto se encuentra entre las decenas de personas a quienes la Policía acusó en noviembre de conspirar para mantener a Bolsonaro en el poder después de su derrota electoral de 2022. El abogado de Braga Netto no ha respondido de inmediato a una solicitud de comentarios.

Cabe recordar que, el 8 de enero de 2023, miles de partidarios de Bolsonaro irrumpieron en los edificios gubernamentales en la capital, Brasilia, en medio de afirmaciones de que la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva había sido fraudulenta.

Si bien Bolsonaro niega haber participado en los disturbios, las autoridades han estado investigando al líder derechista y a miembros de su gobierno desde entonces por presuntos esfuerzos para anular la voluntad del pueblo brasileño.

La Policía arrestó a Braga Netto, quien se desempeñó como compañero de fórmula de Bolsonaro en 2022, en su casa en Río de Janeiro esta madrugada del sábado después de regresar a la ciudad de un viaje, según estas fuentes. Oficialmente, la Policía federal se ha limitado a anunciar una operación «prevenir la repetición de acciones ilegales», según un comunicado que no identifica por nombre a Braga Netto.Copiar al portapapeles

El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes ha decidido mantener la validez del acuerdo de culpabilidad con el coronel Mauro Cid, que fue ‘mano derecha’ del expresidente Jair Bolsonaro, después de que este martes negara conocer el plan golpista orquestado para evitar la salida del poder del ultraderechista tras las elecciones de octubre de 2022.

El magistrado ha tomado esta decisión al considerar que Cid ha aclarado las omisiones y contradicciones señaladas por la Policía Federal en su declaración del martes. Según ha informado Agencia Brasil, el coronel negó ante la Policía que estuviera al tanto del plan para asesinar al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al propio De Moraes.

Sin embargo, las investigaciones apuntan a que Cid participó en el encuentro donde se urdió la misión, que tuvo lugar en la casa del exmininistro de Defensa con Bolsonaro, Walter Braga Netto. Una declaración que el mismo Cid había confirmado.

El año pasado, Cid firmó un acuerdo de culpabilidad con la Policía Federal y se comprometió a revelar los hechos de los que tuvo conocimiento durante el Gobierno de Bolsonaro, como el caso de la venta de joyas saudíes y la falsificación de los carnés de vacunación de la COVID-19.

Mauro Cid es una de las 35 personas, entre ellas el expresidente Jair Bolsonaro, que han sido acusadas de los delitos de abolición violenta del Estado de derecho, intento de golpe de Estado y organización criminal para mantenerle en el poder tras las elecciones de octubre de 2022.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha sido hospitalizado de nuevo, en esta ocasión por una infección cutánea en sus extremidades, y se encuentra internado en un hospital de la localidad de Manaos, en el estado de Amazonas, en el sur del país latinoamericano.

Bolsonaro ha indicado a través de sus redes sociales que se encuentra en el Hospital Santa Júlia por un cuadro de erisipela, una enfermedad infecciosa bacteriana, sin que tenga previsión de recibir el alta médica. «Un abrazo a todos», ha expresado.

El viernes, el exdirigente brasileño llegó a Manaos para participar en un acto de campaña para la precandidatura del diputado federal Alberto Neto a la alcaldía local. Al sentir molestias, fue atendido en el hospital y al salir asistió a la clausura del evento, que celebró una reunión del partido encabezada por la ex primera dama Michelle Bolsonaro.

En noviembre de 2022, cuando era presidente del país, Bolsonaro canceló su agenda política por el mismo problema. Además, acude recurrentemente al hospital por una hernia abdominal que le ha surgido tras el apuñalamiento en las elecciones de 2018.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ha asegurado que va a «tirar a matar» y que no permitirá que le detengan, a medida que aumenta dicha posibilidad debido al caso de su supuesta participación en una trama golpista para mantenerse en el cargo tras las elecciones de octubre de 2022.

Bolsonaro ha utilizado estos términos en una reciente conversación con un diputado de su formación, el Partido Liberal (PL), según ha contado este martes el portal de noticias Metrópoles.

No es la primera vez que el expresidente brasileño se expresa de esta forma para refererirse a la posibilidad de una posible detención, ya dijo algo similar en agosto de 2022,durante una reunión en el Palacio de la Alvorada y con las encuestas situando al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como favorito.

«Tiro a matar, nadie me lleva preso. Prefiro morir», dijo Bolsonaro en esa ocasión cuando se le planteó la posibilidad de una hipotética detención en el marco de las varias causas que tiene abiertas.