En entrevista para Confidencial Colombia, el concejal Javier Ospina explica las razones que tiene para presentar su nombre a consideración del electorado bogotano y habla de sus ideas, una de ellas, seguir vigilando los temas de seguridad y transparencia.
La marcha del pasado miércoles, promovida por Petro, no fue más que una excusa libreteada para hacer proselitismo a favor de su candidato en Bogotá y, que tuvo como resultado, la afectación económica en los comercios formales masivos ubicados en el centro de la ciudad.
Durante la marcha, visité el sector de San Andresito de San José y haciendo un balance con base en lo que manifestaron los comerciantes, la jornada estuvo marcada por la disminución de un 50% en las ventas, sin hablar de los muchos negocios que, por miedo a los marchantes, prefirieron no abrir.
Según Fenalco, 5 % de los establecimientos comerciales de la capital han sido vandalizados durante estas jornadas que, en este último capítulo y a un mes de elecciones, fueron el espacio perfecto para promocionar al candidato del Pacto Histórico.
Lejos de ser una marcha autónoma, fue un día de campaña promovido por el Estado y pagado con nuestros impuestos. Es indignante, que el “gobierno del cambio” haya cambiado su discurso progresista de austeridad, por el derroche de dinero y peor aún, haciendo un llamado a la trashumancia ya no solo de carácter electoral, sino de marchantes.
Es decir, ahora las personas que “quieren marchar” son pagadas y trasladadas desde otras ciudades con el fin de llenar la Plaza de Bolívar en Bogotá, y todo, con el anzuelo de un concierto “protesta” y bajo el argumento de una “movilización cultural” teniendo de inspiración la última canción de Shakira, citada por el Petrismo y que hace referencia a la exclusión, la desigualdad, la injusticia, la explotación y el acoso.
El jefe, como se titula la última canción de la barranquillera y que tiene un corte más mexicano que colombiano, le queda como “anillo al dedo” al primer mandatario de los colombianos, pues su discurso de odio hacia la clase “privilegiada”, es una constante de quienes llevan en su diario vivir la bandera progresista, envidiando lo ajeno en vez de producir lo propio.
Hoy, “El jefe”, está sentado en la Casa de Nariño buscando promover marchas y visitas a las localidades de la periferia de Bogotá, con el único fin de ponerle otro “jefe” pero a los capitalinos y deja de lado, los miles de colombianos que han tenido que migrar dada la incertidumbre social, económica y política de este país desde que llegó el Petrismo.
La explotación laboral, problemática que toca esta canción y citan los “jefes” del Pacto Histórico, hoy, más que nunca, se da en Bogotá y el resto del país, pues los trabajos informales, para el trimestre mayo-julio de 2023, Bogotá tuvo un 33.6% y Colombia tiene una tasa de empleo informal de 53%, siendo de las más altas en el mundo.
El concejal de Bogotá, Javier Ospina, explica sus preocupaciones por las reiteradas diferencias entre el Gobierno Nacional y el Distrital frente a las obras de infraestructura en la ciudad.
Quedó la duda en Bogotá de si hay o no corrupción en la construcción del metro, ¿usted qué piensa?
Javier Ospina: Es más el daño que se le hace a la obra de mayor envergadura de infraestructura de la ciudad. Son muy débiles las pruebas que tiene la Fiscalía, y debería la Corte Suprema empezar a investigar más a fondo y quitar ese manto de duda a una obra tan importante como el metro y no dejar la excusa al Gobierno Nacional para que diga que como tiene dudas sobre el tema de corrupción, pueda parar la obra.
¿Teme que el Gobierno Nacional aproveche esta coyuntura de duda para tratar de frenar el metro?
Javier Ospina: De este Gobierno se puede esperar cualquier cosa, mire que está instrumentalizando a cientos y a miles de indígenas trayéndolos desde muy lejos para montar un circo promoviendo marchas.
¿Qué piensa de la tendencia que hay en el Gobierno Nacional de querer cambiar las obras que hay en Bogotá como el metro y los regiotram?
Javier Ospina: Gustavo Petro desde que fue alcalde de Bogotá manifestó su claro interés de no querer el progreso para la ciudad; cuando fue alcalde no hubo progreso en la ciudad en temas de infraestructura y ahora como presidente quiere seguir en la misma línea.
¿Puede ocurrir lo mismo con la ampliación de la Avenida Boyacá hacia la 200, obra a la que la ministra de Medio Ambiente parece no gustarle?
Javier Ospina: Obviamente y es injusto porque tenemos un tapón en la ciudad en la parte occidental de la Avenida Boyacá donde miles de bogotanos sufren la inclemencia de la inmovilidad.
¿Esta oposición de parte de la ministra de medio ambiente es por su ideología o podrían ser órdenes del presidente Gustavo Petro?
Javier Ospina: Deben ser varios componentes, uno por su ideología y otra que la ministra cumple con su deber de defender un gobierno que claramente quiere frenar las horas de infraestructura de gran envergadura para la capital.
Los hechos vandálicos que por poco terminan con la quema del CAI La Gaitana, promovidos, según la alcaldesa Claudia López, por criminales de La Primera Línea, hicieron eco en nuestra sede de campaña, debido a un grupo de desadaptados quienes tenían por objeto intimidarnos con arengas y panfletos alusivos a las ya acostumbradas frases de cajón que utilizan para referirse al Centro Democrático.
Gracias a Dios y a las autoridades, en ninguno de estos casos se vieron comprometidas vidas y, más allá de crear alertas, son el ejemplo de la falta de seguridad que tiene viviendo con miedo al 99 por ciento de la ciudadanía, mientras el uno por ciento, representado en estos delincuentes, está en constante búsqueda por amedrantar a quienes le aportamos al país, olvidando que, 9 de cada diez bandidos, actúan con miedo cuando cometen un acto delictivo, por eso, siempre lo hacen en la noche.
Ahora bien, que existan desadaptados, en otras palabras, personajes carentes de valores de convivencia y de respeto por la ley, es algo inevitable, puesto que, siempre existirán quienes quieran perturbar el orden y la seguridad, sin embargo, que el hoy candidato a la alcaldía, Gustavo Bolívar, se consagre con los delincuentes de la Primera Línea, más que un Pacto, es una muestra de cariño para esos terroristas y una bofetada para los capitalinos.
Nada justifica un proceder delictivo, pero mucho menos, que un candidato a la alcaldía, defienda este tipo de conductas criminales que tienen como fin la anarquía, porque cabe recordar los dos mil delitos que habría cometido la Primera Línea y el caos y la violencia, que produce cada una de las “manifestaciones” de esta banda organizada.
Porque para lo único que son organizados es para fomentar el resentimiento social, confrontaciones y la manipulación de niños instrumentalizados para actos violentos.
Lo que necesita Bogotá, en principio, son proyectos para despertar la conciencia ciudadana, dicho de otra manera, ciudadanos Buena Nota, con valores y principios, porque no podemos seguir esperando que un alcalde o un presidente nos solucione los problemas.
Así las cosas, se debe exigir a mandatarios, bien sea locales, distritales, departamentales o nacionales que, su proceder esté dado con base en su ética, intereses compartidos con los conciudadanos y capacidad para administrar el territorio.
Desafortunadamente, las formas como se hace la política están permeadas por las malas prácticas, el populismo, la traición y la conveniencia, por eso, invitamos a los capitalinos a que, en estas elecciones, nos acompañen votando por el equipo Buena Nota al Concejo y en las distintas localidades a Edil.
Un político no nos va a solucionar todos los problemas, pero un mal político nos puede hacer mucho daño y más, cuando le entregamos a cargo la capital del país.
Como niño estrenando niñera, vuelve y juega este gobierno a hacer de las suyas, esta vez, en cabeza de la Prosperidad Social de los colombianos desde donde esperamos no aplique el polígrafo para fijar políticas, planes y proyectos, en beneficio de la asistencia y atención de quienes son víctimas, entre otros, de la exclusión social.
Un desacierto más, designar a una persona quien, según medios de comunicación, no cumplía con el pago de la seguridad social a una madre cabeza de familia, a quien confiaban más que el cuidado de un niño, para que formule, coordine e implemente la justicia social y económica de la población en situación de vulnerabilidad.
Es decir, alrededor de 9 billones de pesos, equivalente al presupuesto de tres ministerios, quedan al libre albedrío de quien, con escasos tres años de experiencia en el sector público, es sin lugar a dudas, otra de las nefastas decisiones de Gustavo Petro.
No obstante, la voluntad del primer mandatario de los colombianos “representa” el clamor popular de quienes “mayoritariamente” confiaron en él cuando depositaron en las urnas su voto de confianza, la misma, que hoy se ve traicionada con esta decisión política que, para la mayoría, votantes y no votantes, es totalmente errada dada la ética y el tacto que hay que tener para dirigir una entidad como el DPS.
Si bien los cargos de confianza no tienen doctorado, resulta muy cuestionable que, con tan poca preparación y experiencia en lo social, una persona como Laura Sarabia, resulte de la noche a la mañana, a cargo de un programa que tiene como objetivo promover y apoyar a las mujeres más vulnerables, cuando ella, claramente no las respeta, como se evidenció en el caso de su exniñera, Marelbys Meza.
Coincido con quienes se refieren a este nombramiento como una “bofetada” por parte de este gobierno, para quienes creemos en la mujer como símbolo de dedicación, esmero y orgullo.
El entramado jurídico de esta “jugadita” del presidente, además de ser un nombramiento “sin vergüenza”, que le trae beneficios a quien no los merece, del mismo modo, se traduce en que la “niña consentida” del presidente, termine ahora siendo aforada y, bajo esta figura, su caso pase de la Fiscalía a la Corte Suprema.
Así las cosas, con este regalo burocrático que en su tarjeta dice “para Laura del presidente”, entre ella y él, todo queda en “Paz y Salvo” y solo falta esperar, la recompensa para Armando Benedetti, quien hace parte de esta novela, también está investigado por la Corte Suprema y, quien, de seguro, está esperando por volver, volver, volver.
¿Será que los beneficios en este gobierno son solo para quienes van en contra de la ley?
Según el estudio de la firma TomTom Trafic, publicado por el Financial Times sobre las ciudades con el peor tráfico del mundo, la capital colombiana encabeza el penoso listado por encima de ciudades como Bucarest, Manila, Lima, Mumbay y Ciudad de México. Según el informe, en Bogotá se pierden, en promedio, 132 horas al año a causa de los trancones.
No obstante, a esta problemática se suman los “pinchallantas” quienes pasaron de ser simples delincuentes a una red de estafadores que, con puntillas y tornillos que acomodan en la vía, buscan direccionar a las víctimas a unos negocios específicos. Así las cosas, quien se mueve por Bogotá tiene que llenarse de paciencia dado el alto flujo vehicular, tener el repuesto de llanta siempre listo y un celular con buena batería y datos para reportar, cuadra a cuadra, los huecos en la plataforma “Yo Participo” del ineficiente “Portal Bogotá”.
Es decir, a los índices de accidentalidad a causa de esquivar trancones, huecos y puntillas, ahora se suma la preocupación de quienes se movilizan a diario entre Bogotá y Soacha, y todo, por la presunta decisión de Claudia López de no renovar el acuerdo de movilidad entre la capital y el municipio y por la cual se afectan 112 rutas y 500 vehículos de transporte público, sus familias y su sustento.
De no renovarse el convenio interadministrativo que por diez años ha regulado las condiciones de movilidad y que culminaría el próximo siete de noviembre, los buses intermunicipales no podrán pasar más allá de la estación Despensa, sentido Soacha Bogotá, ni de Bosa Estación, en sentido Bogotá Soacha.
En inconcebible pensar que más de 100.000 personas utilicen las ya congestionadas estaciones de Transmilenio, cuando precisamente quienes salen en horas pico a trabajar desde Soacha, ven en el sistema público intermunicipal una opción viable para evitar las ya conocidas aglomeraciones que mueven alrededor de 90.000 personas al día.
No se puede permitir que, por egos o decisiones políticas, más que técnicas, se sacrifique a quienes pretenden salir de sus casas con la única misión de regresar con el sustento para sus familias, ya que, quienes necesitan transportarse no lo hacen por salir de visita o turismo a la capital, por el contrario, Bogotá recibe a todos los habitantes del país que llegan por una oportunidad laboral y Soacha no puede ser la excepción poniendo como limitante el transporte.
Las problemáticas que incentivan la competencia y “guerra del centavo” entre conductores de servicio público, deben combatirse con políticas constructivas que beneficien a los pasajeros, y nunca, con estrategias restrictivas que atenten en contra de ellos.
Invitamos al diálogo como mecanismo de concertación y a la mayor brevedad una mesa de trabajo que garantice el bienestar de los usuarios.
Bogotá, a través del tiempo ha tenido cambios buenos y malos, sin embargo, es innegable que hoy, son más de nueve, los barrios que están inmersos en la inseguridad. No obstante, barrios como Santa fe, en la localidad de los Mártires, además de delincuencia, está permeado por mafias, sicariato y vulneración de derechos.
Un barrio que comenzó a ser gestionado en 1939 y promocionado como residencial, comercial e industrial, que para entonces fue un sector privilegiado de la élite de la capital, morada de líderes políticos, embajadores, médicos y extranjeros, hoy es uno de los nueve sitios más peligrosos del país.
Una zona que nació con esmero y berraquera, de gente pujante y trabajadora, con los años comenzó su decadencia, convirtiendo casas en apartamentos y con los años, apartamentos en hoteles, y estos en posadas, y posadas en residencias hasta llegar a ser moteles y así, en los años 60, la prostitución, que en sus inicios era reservada y apartada, comenzó a multiplicarse por todo el vecindario atrayendo clientes y, con esto, la llegada de discotecas y bares clandestinos fue inminente.
Lo que ocurrió en el barrio Santa fe, se réplica hoy por muchas localidades de Bogotá y para los años 70, las problemáticas de drogas e inseguridad se intensificaron, abriendo la década de los 80 con una ola de narcotráfico que transformó esa vida residencial y empresaria de sus inicios, en vida y obra del crimen organizado.
En los años 90, la prostitución y el consumo de drogas se expandió de tal manera que para el año 2.000, esta zona fue declarada de tolerancia, convirtiendo el sector no solo en venta de drogas ilícitas, narcotráfico, sino, en comercios de autopartes robadas y trata de menores de edad.
Lo anterior, más que el relato de un barrio del centro de Bogotá es la historia de una ciudad descuidada y con muy poca planeación. Si bien es cierto que Bogotá ha tenido avances, es evidente que la ciudad está estancada en la inseguridad, indigencia, comercios informales, basuras, expendio de drogas ilícitas, desaparición forzada de personas, trata de menores de edad y falta de apoyo al comercio y pequeño empresario formal.
Entonces, la falta de seguimiento, control político y conciencia ciudadana, así como puede cambiar el entorno de un barrio, del mismo modo, puede cambiar la esencia de toda una ciudad, pasando de residencial, empresarial, industrial y turística, a ser cuna de la delincuencia y el hampa.
Hoy, los habitantes temen cuando una moto se les acerca o cuando el transporte público hace una parada inesperada. Contestar una llamada en la calle se volvió una travesía al igual que salir de un banco sin policía.
Al mejor estilo de “Juanito Alimaña”, canción del célebre cantautor puertorriqueño, más conocido como Héctor Lavoe, manifestamos con seguridad, o mejor, con inseguridad, que la capital de los colombianos se ha convertido en “una selva de cemento…donde quiera te espera lo peor”.
Con base en cifras de la Secretaría de Seguridad, en la capital, en lo corrido del año se han reportado más de 16.000 robos a personas, lo cual representa un aumento del 28,1% frente a 2022. Sin hablar de la omisión de denuncia que eleva los datos del subregistro que, según expertos y veedores como Matías Turbay, en más del 50% de los casos, los bogotanos no denuncian.
Es innegable, el detrimento de la seguridad en las 20 localidades. No obstante, con el ánimo de no contribuir al deterioro de la imagen del sur de la ciudad, teniendo en cuenta que el 75% de las personas que viven en Bogotá con Necesidades Básicas Insatisfechas NBI se concentran en seis localidades: Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Usme, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal; tomamos como referente a Engativá (815.000 habitantes), en el noroccidente, en la cual, según cifras oficiales de hurto, allí aumentaron en un 25%.
Ni qué hablar de localidades como Usaquén o Chapinero, en el norte de la ciudad, en las que se encuentran distribuidos los barrios más costosos para vivir en Colombia y, donde hay una oferta inmobiliaria entre 4 y 10 mil millones de pesos. Allí, la supuesta clase más favorecida dada su contribución en el pago de impuestos, también vive con temor, pues ya ni la seguridad privada, puede contra los índices de inseguridad que mes a mes se elevan.
Cabe recordar, los múltiples asaltos con arma de fuego que se vive en sectores como el Parque de la 93 o en inmediaciones de reconocidos centros comerciales que terminan con víctimas fatales. Bogotá, durante el primer semestre reportó 529 asesinatos, 670 extorsiones, 1.904 casos de hurto a automotores y cada 24 horas 21 casas son asaltadas.
Esto, sumado a la cantidad de cámaras de vigilancia que están inservibles por toda la ciudad, abren paso a que hechos como el ocurrido sobre la Carrera Séptima, cuando dos malandros de manera descarada robaron a quienes se movilizaban por esa vía, se conviertan en un efecto paisaje que a diario reporten los medios de comunicación.
Así las cosas, ya no es percepción, es indudable que los bandidos no le temen a la “justicia” y, por el contrario, gozan de inmunidad en un gobierno que pone como ejemplo premiar al terrorista o delincuente, bajo la bandera de una Paz Total que lo único que pone en evidencia es que ser bandido paga.
Instamos a Gustavo Petro y a su gobierno, para que tome medidas urgentes que devuelvan a los capitalinos, la tranquilidad que le roban los bandidos que tanto defiende.
Que este sea un llamado para que en las próximas elecciones, seamos realistas, ya no más Claudia ni Petristas.
Desde los Viajes de Gulliver, clásico de la literatura inglesa y publicada por primera vez en 1726, no se había tenido registro de tan rica prosa, estructura narrativa y literatura de viajes, como las recientes visitas al exterior realizadas por Gustavo Petro, que, al día de hoy, baten record puesto que suman 21 en tan solo 11 meses de “gobierno” y, que le han costado a los colombianos alrededor de 6.000 millones de pesos.
Es decir, si bien Lemuel Gulliver, amante de los viajes y protagonista de la obra, en sus cuatro famosas excursiones termina naufragando, a diferencia de este, en Colombia, el protagonista de la obra encarnado en presidente, mientras viaja, tiene naufragando al país.
Sin embargo, no se puede comparar peras con manzanas, porque sería equiparar a un personaje como Guilliver, clásico de la literatura universal, creado por el británico Jonathan Swift, con un personaje como Petro, clásico de la historia guerrillera colombiana y, quien parece sacado de una narco novela de Gustavo Bolívar.
Por lo anterior, y sin ánimo de ofender la obra del autor irlandés, hay que admitir que, tanto Gulliver como Petro, comparten la vanidad, lo paranoico y cobarde. No obstante, el primero está puesto en la ciencia ficción moderna y, el segundo, vive de ella y en ella.
Lo más increíble es que después de casi 400 años, esta novela no haya perdido actualidad y, por el contrario, evoque las mismas reflexiones sobre las desventuras de la condición humana y el contexto socio político que hoy vive Colombia, y todo, gracias a los Liliputenses que coronaron a Gustavo Petro como su monarca. No sin antes saber que se iba a comer todo el pastel.
Solo alguien que se considere soberano de una nación como la descrita en la obra y bajo el nombre de Liliput, se cree con derecho a nombrar a sus altos funcionarios según su destreza y no, por sus verdaderas habilidades. Es decir, “cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”.
En Colombia, el primer mandatario es respetuoso del sistema de pesos y contrapesos y de igual manera, se caracteriza por su don de gente, su capacidad de escucha y competencia frente a los temas que preocupan a la población en todo el territorio nacional.
Gracias a Dios, la alta popularidad de la que goza el presidente es reflejo de su excelente desempeño y capacidad de gestión, sin duda, adquirida a lo largo de sus fantásticos viajes por los diferentes continentes que, al mejor estilo de Gulliver, lo dejan cada vez más fuera de curso.
Para quienes no conozcan la novela, resulta muy pertinente leerla, pues está vigente y es el mejor ejemplo de cómo por medio de la metáfora, la sátira y la filosofía, se entiende la vida de un personaje ficticio que guarda muy poco parecido con el hoy, primer mandatario de los colombianos.
Por: Javier Ospina
Bogotá y movilidad: dos palabras que hoy, muy a pesar nuestro, van en contravía. Diez millones de personas nos movilizamos todos los días en la ahora llamada Región Metropolitana. Nos toca. Pero transitar por este laberinto se volvió una tortura, y la administración tiene que hacer algo al respecto, en el poco tiempo que le queda. En esta columna vamos a explorar algunos datos que explican por qué robarle minutos al caos vehicular, tanto público como privado, se ha vuelto cada vez un desafío mayor. Veremos también qué debe hacer la administración, y el siguiente alcalde, para superar este caos.
Según el IDU, la capital de los colombianos tiene hoy 630 frentes de obra. Para que se haga una idea esa cifra casi equivale al número total de manzanas de la localidad de los Mártires. Visto desde lo más alto de Bogotá es hoy un gran tapete verde, no de árboles y prados, sino, de poli sombras. Las mismas que utilizan los delincuentes para cometer los robos a los que, tristemente estamos acostumbrados en la ciudad, y que, por lo general, terminan en uno de los 455 homicidios registrados solo este año.
Una ciudad intransitable es una condena para sus habitantes. La inmovilidad reduce nuestra calidad de vida amenaza nuestra fuerza laborar, productora de riqueza. Según estudios de movilidad, los bogotanos hoy perdemos hasta dos horas en el tráfico. Horas, que serían de mayor provecho si se dedicaran a la familia, la educación, el descanso o simplemente, a actividades de ocio.
¿Por qué llegamos a esta situación? Porque de los 15 proyectos que estaban planificados para entrega este año, 8 están suspendidos y 3 en menos del 60% de ejecución. Las obras no avanzan, y la respuesta por parte del IDU, la entidad encargada, se lava las manos culpando a los contratistas por su falta de responsabilidad, como si la resignación fuera la mejor vía.
Cabe preguntarnos si el actual modelo de contratación está en mora de ser revisado y así evitar que empresas estén dispuestas y dedicadas a ganar licitaciones sin ejecutarlas. Pero adivine: ¿quién tiene la responsabilidad de presentar ante el Congreso una reforma a la Ley 80 de 1993, el famoso estatuto de contratación? Sí: el gobierno Petro. ¿Le conviene hacerlo, y perjudicar a sus amigos que le financiaron la campaña?: ya veremos. Pero la alcaldía de Bogotá por lo menos sí debe presionar porque así sea.
Nosotros seguiremos aprovechando este espacio para denunciar las irregularidades que se presenten al menos en nuestra ciudad. Seguiremos buscando respuestas y resultados que ayuden al progreso de la capital.
Es inconcebible que Bogotá sea la ciudad con la peor movilidad de Latinoamérica y la quinta a nivel mundial. Necesitamos rápido hacer el retorno, y dejar de ir en contravía.
El presidente odia ya al 60% del país. Su discurso difícilmente tiene otra lectura. Todos los días Petro, presa del rencor y de la frustración, insulta a una porción más grande de ciudadanos. Solamente el viernes pasado, como reconociendo por fin que había perdido la calle, dijo, palabras más, palabras menos, que todos los que salimos a marchar el martes somos esclavistas.
Para el mundo entero la esclavitud es un crimen internacional contra la humanidad. Es tan grave como el exterminio o la tortura. Mensajes como esos ya pasan desapercibidos, dentro de todo lo que nos dice a diario, pero son muy graves. No puede meterse con eso, por más presidente que sea, y por más hundido que esté su gobierno. Tiene que respetar. Es muy grave lo que está pasando con su discurso de odio y división, y esto puede terminar muy mal.
Gravísimo que el presidente no gobierne para todos. Lo hace, o al menos lo intenta sin lograrlo, para una minoría cada vez más pequeña. Es grave además que no oiga. Es más grave aún que piense que una reforma que le entrega los recursos de la salud a los políticos es lo correcto, y que quienes denunciamos que eso va a derivar en corrupción y clientelismo somos criminales.
Es grave que piense ahora que los delincuentes de lesa humanidad no son los miembros del ELN, cuyos llamados atiende muy puntual en la Habana, sin apenarse siquiera cuando lo desautorizan, sino nosotros los comerciantes formales. Los malos, los criminales, somos nosotros cuando alertamos que un periodo más largo de horas extras significa tener que repensar algunos turnos, lo que a nivel de todo el sector puede significar más desempleo y más informalidad. Y no porque seamos esclavistas y odiemos a la clase trabajadora, que somos nosotros mismos, sino porque este gobierno mediocre no ha dado condiciones para crecer, ni para mantenernos a flote en medio de las dificultades que él mismo genera.
Es muy grave que piense que somos delincuentes porque le recordamos que, por mínimo sentido común, hay que ahorrar en la juventud para gastar en la vejez. Porque le decimos que su reforma pensional es irresponsable, y va a destruir la sostenibilidad futura de nuestras finanzas públicas, mientras deteriora la situación de millones de personas que hoy están en el régimen de ahorro con solidaridad. Nos odia, en suma, porque le avisamos que su reforma pensional es improvisada e inconveniente para el país, y particularmente para la enorme clase media colombiana.
El martes 20 de junio de 2023 pasará a la historia por haber sido el despertar masivo de una Colombia que quiere que la gobiernen bien. 92 mil almas gritaron al unísono que no quieren ser gobernadas por un señor que trafica plata de dudosa procedencia en bolsas, que improvisa reformas mediocres y llenas de mermelada para congresistas a fin de que se las aprueben a la fuerza. Que pacta con criminales y odia a la gente.
Y, por cierto, al presidente hay que enseñarle, ya no solo economía y administración, sino además historia, pues ese 22 de mayo de 1951 sí significó el comienzo de una guerra civil, pero entre terratenientes conservadores del sur y el oeste de la Nueva Granada, y el muy triste gobierno de José Hilario López: dirigente liberal famoso por perseguir indígenas y sacar a patadas a los jesuitas. Que le cuente eso a la gente Petro desde el balcón, a ver si vuelve a tener la calle que ya perdió para siempre.
En 1957 la escritora estadounidense Ayn Rand publicó una de sus más recordadas obras: La Rebelión de Atlas. La novela, apasionante desde la primera hasta la última de sus más de 1.200 páginas, narra la historia ficticia de un industrial metalúrgico, creativo e innovador, que decide un día, junto con otros como él, emprender una rebelión. Sin desenfundar armas, sin matar a nadie, sin pasar por encima de los derechos de los demás, fueron, cada uno, ocultándose lentamente.
Cuenta la novela que todos ellos deciden, de pronto, fundar desde el exilio una sociedad nueva de personas trabajadoras de todas partes, y de todos los estratos. Renunciaban así, silenciosa pero contundentemente, a dejarse gobernar por ese poder burocrático, ineficiente, ideologizado, clientelista y podrido que administraba el país. No cuento el final, pero termina bien, y enseña en últimas que es la creatividad, el trabajo, el esfuerzo, la innovación, la productividad y el liderazgo privado el que puede transformar las sociedades.
Hoy a nuestros atlas colombianos, a nuestros industriales, a nuestros Jonh Galt (nombre del protagonista de la novela de Rand), les está empezando a pasar lo mismo. Los agobia un gobierno inútil que amenaza, desde la más cómoda posición burocrática, y utilizando a diario arengas trasnochadas y vacías, el patrimonio que han construido toda su vida. Y están empezando a frenar.
El Dane mostró esta semana el tamaño del freno. Reveló que en abril de 2023 y frente al mismo mes de 2022, el sector de industria manufacturera cayó 6,4% . Y esto es apenas promedio, porque de las 21 categorías industriales sólo dos, las de hidrocarburos y equipos para el sector energético (que, por cierto, están en manos públicas), no están cayendo. Las otras 19 se hunden en promedio al 10% anual, con casos dramáticos como el de textiles, que cayó al vacío descalabrándose 30% frente al 2022.
Dicho de otra forma, en promedio los industriales privados colombianos registraron 20% menos de actividad. Si en abril de 2022, un colega industrial pequeño del sector de artes gráficas en el Ricaurte, produjo cincuenta millones de pesos en mercancías, este año apenas llegó a cuarenta. Se le esfumaron 10 millones: vendió menos, se concentró en líneas de menor valor. Retrocedió, así de claro.
¿Qué hizo ese colega? Pues las cifras muestran que no despidió gente (de hecho, se crearon 162 mil puestos de trabajo en el sector industrial para el mismo periodo). No lo hizo porque, contrario a lo que cree el gobierno, no se puede dar ese lujo. Y no solo porque lo diga la Ley, que ahora se quiere volver más estricta, engorrosa y difícil de cumplir, sino porque si echa gente, pierde formación, motivación, conocimiento, práctica, y en muchos casos, pierde familia. No puede.
Tampoco elevó precios al consumidor en la misma proporción, porque sabe que, con la amenaza de los chinos, del contrabando y de los rapidísimos cambios de hábitos de consumo, perdería clientes para siempre. Lo que sacrificó, en la mayoría de los casos, fue su propio bolsillo, y con él, no solo sus impuestos, lo que terminará paradójicamente afectando a ese gobierno que lo odia, sino algo más importante: sus posibilidades de crecer. Se frenarán sus inversiones, se detendrá, igual que el Atlas de Ayn Rand, su ambición de transformar y mejorar al mundo. Debemos evitar a toda costa que eso pase.
