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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: JEP

JEP evacúa a 124 reincorporados de la región del Catatumbo

La Jurisdicción Especial para la Paz –la justicia especial instaurada en el marco del acuerdo de paz de 2016– ha ordenado evacuar a 124 reincorporados de las extintas Farc para garantizar su seguridad en el marco de los enfrentamientos de entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la región del Catatumbo.

«La JEP ordena trasladar a 124 firmantes de paz de las extintas FARC-EP que están en riesgo en el Catatumbo y otras acciones para garantizar sus derechos y los de otros excombatientes» que «están en riesgo por las acciones» del ELN, ha indicado la JEP en un comunicado.

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La JEP recuerda que, según cifras de la Defensoría del Pueblo, cerca de 80 personas han sido asesinadas y al menos 41.000 desplazadas, según el dato de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Además, abogados de guerrilleros desmovilizados han denunciado que solo entre el 15 y el 22 de enero han sido asesinados seis exguerrilleros: Pedro Rodríguez Mejía, Johan Carlos Carvajal Quintero, Albeiro Díaz Freno, Jon Freddy Carrascal García, Sergio Vivas y Pedro Nel Angarita.

Por todo ello, la JEP ha ordenado al Ministerio de Defensa que, «de manera inmediata garantice el proceso de extracción de 124 firmantes del Acuerdo de Paz que se encuentran en la zona del Catatumbo» y destaca la necesidad de «mantener los anillos de seguridad en el AETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) de Caño Indio y en la NAR (Nueva Área de Reincorporación) de Tibú».

También se ordena a la Fiscalía colombiana «diseñar y ejecutar un plan para localizar, al menos, a doce firmantes del Acuerdo Final de Paz desaparecidos a raíz de la crisis humanitaria en Catatumbo».

La JEP también ha ordenado a la Fiscalía que presente un informe detallado sobre todas las acciones de investigación relacionadas con la criminalidad en la región y le solicita que diseñe un plan para recoger las declaraciones y denuncias de los firmantes del Acuerdo de Paz y sus núcleos familiares que hayan sido víctimas de hechos como homicidio y desaparición forzada.

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Al Ministerio del Interior y organismos regionales y locales les pide un plan de atención humanitaria para las personas en proceso de reincorporación y una estrategia para prevenir la violencia de género en los refugios.

«Proteger los derechos fundamentales de los comparecientes ante la JEP, no solo redunda en el compromiso del Estado con quienes firmaron el Acuerdo Final de Paz para participar activamente en la política, sino también con las víctimas que sufrieron los vejámenes del conflicto armado», resalta la JEP.

Este jueves, la guerrilla colombiana ELN reafirmó que mantendrá el conflicto en la región del Catatumbo, una «guerra de liberación», según sus propios términos, que habría permitido la captura de «decenas» de integrantes del Frente 33 de las disidencias de las FARC, en concreto del denominado Frente 33. El Gobierno de Colombia suspendió las negociaciones de paz con el ELN, enfrentado ahora a las disidencias.

Listo el sistema digital para tránsito de información entre la JEP y la URT

Como resultado del convenio firmado en diciembre de 2023 entre la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se conformó un sistema de tránsito de información bilateral. Este permite obtener datos robustos para soportar las demandas que buscan restablecer los derechos de las víctimas sobre sus tierras y territorio, tal como para contribuir a la identificación de máximos responsables del conflicto armado, beneficiarios y determinadores de los hechos de violencia que azotaron al país antes de la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

El sistema otorga usuarios con contraseña que permiten el acceso bilateral a los sistemas de información con que cuentan ambas partes. Son datos robustos y privilegiados de entidades como la Fiscalía, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), o de fuentes internacionales.

“Con el trabajo adelantado, la URT accede a los sistemas de información Yachay y Júpiter de la JEP, en los que se puede acceder a los informes que esta jurisdicción ha recibido de diversas entidades. Los usuarios pueden consultar sucesos y estructuras de grupos armados, así como obtener reportes detallados. También facilita la consulta del Universo Provisional de Hechos (UPH) y permite visualizar estadísticas sobre víctimas y responsables; a las que la URT no podría ingresar sin el proceso de articulación interinstitucional estipulado en el convenio”, destacó Paula Villa Vélez, directora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras.

Por su parte, los investigadores de la JEP pueden acceder al Sistema de Registro de Tierras Abandonadas y Despojadas Forzosamente (SRTDAF), tal como a los datos generados por el Observatorio Jurisprudencial de Restitución de Tierras: plataformas de información y análisis con los que se ha examinado el panorama del desplazamiento y/o despojo de tierras en Colombia.

JEP reconoce al Canal del Dique como víctima del conflicto armado

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz reconoció al Canal de Dique como víctima del conflicto armado.

La decisión se tomó dentro del macro-caso de investigación 08 que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública, en asociación con grupos paramilitares, agentes del Estado o terceros civiles.

“De acuerdo con la evidencia judicial, los homicidios, desapariciones forzadas, y otros crímenes de guerra cometidos a lo largo del canal, transformaron el territorio y las relaciones de la gente con el mismo”, señaló el tribunal de paz en su comunicado.

De acuerdo con los diferentes testimonios de las víctimas del conflicto armado y de las personas citadas a rendir declaración ante el tribunal de justicia transicional, «el canal fue utilizado como un cementerio acuático, mientras que su posición estratégica convirtió la zona en un punto de control militar y paramilitar desde los años noventa».

La JEP señaló que la práctica de arrojar cadáveres al Canal Dique generó una afectación de grandes proporciones al ecosistema la degradación de las fuentes hídricas y la transformación forzada de los significados culturales y espirituales atribuidos al territorio.

Con esta decisión el Canal del Dique será sujeto de reparación por lo que podrá recibir recursos para su reparación ecológica y ambiental.

La lista de políticos que la JEP compulsó por supuestas relaciones con alias ‘Otoniel’

La Justicia Especial Para la Paz compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación para que indague si hay mérito para abrir investigación a una lista de políticos que según las versiones entregadas por alias ‘Otoniel‘, habrían colaborado con los paramilitares.

Julio Acosta Bernal, el exgobernador de Arauca por Cambio Radical, quien según su testimonio ordenó a paramilitares el asesinato de su rival político el congresista Octavio Sarmiento.

El exrepresentante a la Cámara y exsenador por Cundinamarca del Partido de la U, Milton Rodríguez, quien, según ‘Otoniel’, era financiado por los paramilitares del Casanare.

El exsenador del Casanare por el Partido de la U, Carlos Cárdenas Ortiz, señalado de recibir apoyo paramilitar a cambio de respaldar desde el Senado a estos grupos delincuenciales.

Andrés Rueda Gómez, exsecretario de Obras Públicas de Casanare, quien presuntamente trabajaba para el Bloque Centauros. Fue dirigente de la campaña presidencial de Iván Duque en el Casanare.

El exgobernador de Casanare, Miguel Ángel Pérez.

William Pérez, exgobernador de Casanare.

Helí Cala López, excongresista de Casanare por el Partido Liberal.

El exrector de la Universidad de Cartagena, Sergio Manuel Hernández Gamarra, quien usó la universidad para efectuar contratos cuya utilidad llegaba a los paramilitares.

Oscar Raúl Iván Flores, diputado de Casanare.

Alfredo Iván Guzmán Tafur, exalcalde de Tame, Arauca.

Alias Otoniel también involucró en sus declaraciones a toda la cúpula de la Brigada 18 del Ejército que ejerció mando entre 2000 y 2006.

La Procuraduría pide a la JEP medidas de protección especial para la Sierra Nevada de Santa Marta

Foto: Pixabay

La Procuraduría General de la Nación radicó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una solicitud de medidas cautelares que busca prevenir la destrucción y garantizar la no repetición de las conductas asociadas a los daños efectuados contra de los bienes culturales (materiales e inmateriales) y del territorio ancestral, sagrado y colectivo de la Sierra Nevada de Gonawindua (Santa Marta). 

El Ministerio Público busca la protección del sistema vital de los 348 sitios sagrados que conforman e interconectan la “Línea Negra”, el ente de control y las cuatro comunidades de la Sierra Nevada, Arhuacos, Koguis, Wiwas y Kankuamos.

Con la medida se pretende evitar vulneraciones y proteger los derechos a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de los líderes, lideresas y las autoridades indígenas tradicionales, jurisdiccionales, político-administrativas y espirituales.

«Por un lado se busca proteger el territorio a través de los sitios sagrados como sistema vital“, y por otro lado, “al pueblo como tal y precaver futuras violaciones a los derechos humanos, a través de garantías de no repetición”, agrega la Procuraduría.

La medida involucra los macrocasos 01, 03 (subcaso Batallón la Popa I, Batallón La Popa II, Costa Caribe y Fase Nacional), 08, 09 (subcaso Sierra Nevada de Santa Marta y zonas de influencia) y el macrocaso 10. Además, resaltaron que lo histórico de la solicitud radica en la dimensión integral, ya que no sólo tiene que ver con los riesgos y afectaciones, sino que hace parte de un continuo de violencias.

Timochenko es citado por la JEP por el atentado al Club El Nogal

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha citado a declarar a Rodrigo Londoño, antiguo jefe de las extintas FARC y actual presidente del partido Comunes, y otros altos mandos de la guerrilla por el atentado en octubre de 2003 en el club El Nogal.

Junto a Londoño han sido citados también 74 antiguos mandos y comandantes de la desaparecida guerrilla, entre ellos el actual senador Julián Gallo, alias ‘Carlos Lozada’, y Milton Toncel, alias ‘Joaquín Gómez’, en unas audiencias que están previstas entre octubre de 2024 y enero de 2025.

Lo ocurrido aquel día en Bogotá está incluido dentro del ‘caso 10’ de la JEP, que investiga aquellos delitos que no pueden ser amnistiables, los relacionados con homicidios, masacres, desplazamientos y desapariciones forzadas y violencia sexual.

Entre ellos está el del club El Nogal. Atentado que las FARC nunca reivindicó y que dejó 36 muertos y 200 heridos. Se considera más destructivo que se produjo en Bogotá durante el conflicto armado interno, tras el cometido por el Cártel de Medellín contra la sede del DAS, el antiguo servicio de Inteligencia.

JEP niega la libertad condicional a Mancuso

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) negó la libertad condicional al exparamilitar Salvatore Mancuso solicitada por su abogado de defensa.

Mancuso acudió a su condición como gestor de paz para argumentar su petición para lograr la libertad de condicional, sin embargo la JEP mientras la Corte Constitucional no resuelva el conflicto de competencias entre la JEP y Justicia y Paz en el caso del exjefe paramilitar, no será posible otorgar este beneficio.

«La situación procesal descrita permite inferir fundada y razonadamente que en este momento la competencia de la JEP en el asunto del señor Salvatore Mancuso Gómez, y más concretamente, de esta Subsala de Justicia se encuentra cuestionada y, en consecuencia, suspendida, razón suficiente para afirmar que entrar a decidir sobre un beneficio transicional sin que la competencia personal esté decantada en esta jurisdicción, conllevaría a adoptar una decisión viciada de nulidad, pues, la concesión de la libertad transitoria, condicionada y anticipada tiene como presupuesto sustancial la delimitación competencial», dice el tribunal de justicia transicional.

Salvatore Mancuso se encuentra en prisión desde que regresó de Estados Unidos donde pagó condena por narcotráfico.

Procuraduría pide a la JEP llamar a cinco generales del Ejército por los Falsos Positivos

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Justicia Especial Para la Paz (JEP) llamar a cinco generales del ejército, que comandaron diferentes unidades militares adscritas a la Primera División, entre 2005 y 2008, a versión libre por la ocurrencia de muertes presentadas como bajas en combate.

El Ministerio Público hace referencia a los generales Oscar Enrique González Peña; Justo Eliseo Peña Forero; Luis Felipe Cadena; Hernán Giraldo Restrepo; Fabricio Cabrera Ortiz.

El procurador delegado con funciones de coordinación ante la JEP, Jairo Acosta, explica que la forma de articular las singularidades ocurridas en cada una de las unidades militares analizadas se puede lograr ascendiendo en la línea de mando.

El órgano de control disciplinario solicitó además convocar a otros oficiales que hicieron parte del Estado Mayor de la Primera División del ejército durante el período investigado para que entreguen sus versiones, así como recaudar los documentos que habrían sustentado las operaciones en cuestión.

JEP reconoce a Vargas Lleras como víctima de las Farc

La Justicia Especial Para la Paz otorgó el reconocimiento como víctima de las extintas Farc, al exvicepresidente y exministro, Germán Vargas Lleras.

El reconocimiento lo hizo la Sala de Reconocimiento de Verdad por los dos atentados contra la vida de Vargas Lleras, el primero de ellos el 13 de diciembre de 2002 y otro posterior, el 10 de octubre de 2005, en Bogotá.

“Estos hechos fueron perpetrados por integrantes de las extintas Farc-EP; los hechos no son de competencia de ninguno de los otros casos que investiga la JEP, ocurrieron antes del 1 de diciembre de 2016 y tendrían relación directa con ocasión del conflicto armado”, dijo la magistrada Marcela Giraldo, correlatora del Caso 10.

La acreditación que otorga el tribunal de justicia transicional le permitirá al exvicepresidente participar de las audiencias que se realicen con los comparecientes y además contra preguntar.

La JEP reconoce como víctima del conflicto a Jorge Visbal Martelo

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Justicia Especial Para la Paz (JEP) hizo el reconocimiento como víctima de las extintas Farc, a Jorge Visbal Martelo, expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) y exsenador de la república.

El tribunal de justicia transicional reconoció el suceso protagonizado por las Farc en octubre de 2003, cuando fue víctima de un atentado con rocket en la sede de Fedegán en Bogotá, justo cuando se desempeñaba como presidente del gremio de ganaderos.

Además de este ataque Visbal Martelo, fue hostigado junto a su familia en varias ocasiones en su finca tanto por las Farc y de manera anterior, por el EPL, lo que le obligó a salir del país durante un tiempo prudencial.

El excongresista fue condenado por vínculos con el paramitarismo a nueve años de cárcel por orden de un juzgado especializado de Bogotá, el cual consideró que había suficientes pruebas para relacionarlo con grupos irregulares de extrema derecha.

Mancuso logra su libertad, pero…

Al sustituir 57 medidas de aseguramiento que pesan en contra de Salvatore Mancuso, el Tribunal Superior de Bogotá deja en libertad al exparamilitar Salvatore Mancuso.

Al tomar la decisión, el tribunal advirtió que al momento de abandonar la prisión no deben existir más requerimiento judiciales porque esto le obligaría a permanecer en la Cárcel la Picota donde se encuentra recluido. También dejó claro que Mancuso debe asistir a rendir versiones libres cada vez que se le requiera.

«Tendrá que presentarse cada vez que sea requerido a las fiscalías de Justicia y Paz y los tribunales de Justicia y Paz, pero también ante las distintas autoridades que eventualmente lo llegaran a requerir”, dice el fallo.

También exhortó a que cuente la verdad sobre la existencia de bienes por 5.000 o 6.000 millones de pesos que estarían en manos de posibles testaferros.

 

JEP mantiene tras las rejas a Salvatore Mancuso

 La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó la libertad al exparamilitar, Salvatore Mancuso, dejándole bajo prisión hasta tanto no se cumplan ciertas condiciones que el alto tribunal considera necesarias.

La JEP considera que primero se deben acreditar y analizar una serie de exigencias normativas para su concesión, incluido la condicionalidad.

“Esto implica un despliegue de actos por parte de esta Jurisdicción en cuanto a las actuaciones procesales (provisión de información y piezas procesales, así como la garantía de participación de las víctimas) como presupuesto para decidir sobre el beneficio transicional que (…) no resultan caprichosos ni arbitrario –sino– (…) con pleno fundamento jurídico y se encuentran justificados”.

El tribunal de Justicia Transicional dice que analizará con mucho cuidado la resolución bajo la cual se nombra a Salvatore Mancuso como Gestor de Paz.

La decisión de la JEP se da en medio de un conflicto de competencia entre este tribunal y Justicia y Paz.

Mancuso queda en manos de la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz, decidió aceptó el sometimiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso bajo la figura de ‘bisagra’, es decir, únicamente por los casos en los que se le investiga por sus alianzas con la fuerza pública.

La defensa de Mancuso apeló la primera decisión que negó la aceptación para el exjefe paramilitar compareciera ante el tribunal de justicia transicional porque consideró que este debía estar en uno solo y no en dos, porque también debía atender los llamados de Justicia y Paz.

La Sección de Apelación de la JEP decidirá además si se le otorga libertad al exlider de las autodefensas o si por el contrario continúa en prisión.

«La Sala deberá resolver sobre la libertad del compareciente a efectos de definir si cumple los requisitos de la normatividad transicional de la JEP para acceder a un beneficio provisional libertario o a cualquier otro tratamiento especial provisional», señalaron los magistrados en la decisión.

De esta manera todos los casos en los que es investigado Salvatore Mancuso, entre 1989 y 2004, serán competencia de la JEP.

De «aberrante» califica la Procuraduría la idea Punto final

El procurador delegado de Intervención ante la JEP, Jairo Acosta Aristizabal, calificó de “aberrante” la propuesta planteada por los excomandantes de las Farc sobre crear una ley de punto final que reemplazaría a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Durante su intervención en la Audiencia de Observación de Víctimas del Subcaso Antioquia, Acosta señaló que “Hay quienes hoy en día piden que la JEP deje de existir y que hablemos de una ley de punto final. Nada más aberrante. Una ley de punto final no es posible en lo jurídico nacional e internacional, pero sería aquello que supondría la negación absoluta de todos los derechos de las víctimas”. 

Así mismo, pidió a la Justicia Especial Para la Paz, atender las solicitudes, inquietudes e inconformidades de la ciudadanía con los resutlados que hasta el momento arroja el tribunal de justicia transicional en Colombia.

De otra parte, solicitó a los demás actores del sistema judicial, como la Fiscalía, continuar aportando en la búsqueda de la verdad: “La fiscalía no tiene por qué haber suspendido las investigaciones, suspendieron sí las órdenes de captura, las imputaciones, las acusaciones, y por supuesto, los llamados a condena, pero el resto sigue en pie”.

El regreso de Mancuso

Un “pequeño” error de calculo tuvo el entonces Presidente Álvaro Uribe. Con la extradición de Salvatore Mancuso y otros 13 jefes paramilitares ordenada sorpresivamente el 13 de mayo de 2008, Uribe pretendió enviar la verdad a Estados Unidos sin tiquete de regreso. Lejos estaba de imaginar que estos dieciséis años serían suficientes para que los paras pudieran retornar luego de responder por sus delitos ante la justicia gringa, que habría un acuerdo de paz con las FARC del que se derivaría la Jurisdicción Especial de Paz y que llegaría un gobierno en representación de las izquierdas y las fuerzas alternativas comprometido con el derecho de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación.

El golpe de mano del gobierno de Uribe a los jefes paramilitares no fue de buen recibo entre las víctimas, las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y voces calificadas de la opinión pública. Ocurrió después del Acuerdo de Santa Fe de Ralito que produjo la desmovilización y el desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia y su sometimiento a ley de “justicia y paz” o ley 975 del 2005. Fue una extradición que privilegió los delitos de narcotráfico ante la justicia de otro país sobre las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de guerra cometidos en Colombia, que interrumpió abruptamente la entrega de verdad y los compromisos de reparación de los victimarios ante los tribunales de justicia y paz. Tanto afán tuvo el gobierno en extraditar la verdad que no se establecieron compromisos y procedimientos eficaces para que a los jefes paras se les obligara a seguir respondiendo ante la justicia colombiana, ni se acordaron los mecanismos de repatriación y deportación una vez cumplieran sus condenas en las cárceles de Estados Unidos.

Fue tanta la irresponsable laxitud de Colombia en este caso que la Cancillería y el Ministerio de Justicia en el gobierno de Iván Duque reconoció, en respuesta a un derecho de petición, no tener información del paradero de los paras extraditados después de purgar sus penas. Y el caso de Salvatore Mancuso es revelador: cuando se conoció en el 2020 su posible libertad, el gobierno Duque presentó en dos años cuatro solicitudes ante las autoridades norteamericanas, con evidentes errores e inconsistencias jurídicas como para enredar deliberadamente su retorno. La llegada a la Presidencia de Gustavo Petro significó un cambio sustancial en la conducta del Estado Colombiano en este caso. En el marco de la política de paz total Mancuso ha sido declarado por el Gobierno “gestor de paz” a cambio de una eficaz contribución a la verdad, fue aceptado en la Jurisdicción Especial de Paz ante quien ha venido compareciendo y se destrabaron los mecanismos para obtener   finalmente el regreso a Colombia del emblemático jefe paramilitar.

La llegada de Mancuso esta semana ha generado una inmensa expectativa en el país. Como es su obligación tendrá que atender las decisiones de los tribunales de justicia y paz creados por la ley 975 del 2005, interrumpidos por su extradición. Su voz será fundamental en la Jurisdicción Especial para la Paz JEP para develar toda la verdad sobre los alcances del fenómeno paramilitar, sus ramificaciones y alianzas políticas y empresariales, y, sobre todo, para identificar y judicializar entramados políticos y criminales que subsistieron a su desmovilización y se reinventaron para mantener el control político territorial en muchas regiones. Incluso su testimonio ha sido solicitado en la justicia ordinaria en el proceso del Expresidente Álvaro Uribe en casos como la masacre del Aro, la creación del Bloque Metro de las AUC, la operación de los 12 Apóstoles y el llamado Bloque Lechero de los paras o el asesinato del defensor de derechos humanos antioqueño Jesús María Valle. Verdades que garanticen la no repetición y que nos acerquen por fin a un cierre definitivo de nuestra reiterada y dolorosa violencia política.                 

Antonio Sanguino