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Etiqueta: Jorge Enrique Robledo

Otro Plan de Subdesarrollo

Colombia lleva numerosos gobiernos aprobando planes de desarrollo que dicen tener como objetivo aumentar la riqueza que crea el país, cantidad de la que depende su distribución entre las personas, porque nadie puede repartir lo que no existe.

Pero es tan escasa la riqueza que se produce en Colombia, que esos planes, como es notorio, han sido más para promover el subdesarrollo. Según el Banco Mundial, un colombiano promedio crea apenas 6.100 dólares de riqueza al año, en tanto un norteamericano crea 70.400, un alemán, 50.800 y un francés, 43.500, es decir, 11, 8 y 6 veces más, respectivamente.

 

Este subdesarrollo además causa las altas tasas de desempleo e informalidad laboral de Colombia, al igual que los cinco millones de compatriotas que se fueron a trabajar a otros países porque aquí no consiguieron empleo, con lo que allá crean la riqueza que habrían podido producir aquí.

En cuanto a la distribución de esa riqueza escasa, a Colombia también le va bastante mal. Porque es uno de los países más desiguales socialmente hablando del mundo, desigualdad que también produce subdesarrollo porque los productores de riqueza, urbanos y rurales, no tienen a quiénes venderles sus productos.

Este capitalismo subdesarrollado –que además promueve todas las corrupciones y violencias que martirizan a Colombia– tiene que generar un gasto público por habitante muy bajo, del orden de 11, 8 y 6 veces menor que el de Estados Unidos, Alemania y Francia, gasto público escaso que también amarra el país al subdesarrollo, base de todos nuestros males.

Esto no nos ocurre como un castigo del cielo ni porque seamos brutos y vagos, como dicen los reaccionarios. Nos pasa porque hemos sido mal gobernados, con políticas económicas que nos sabotean la posibilidad de crear más riqueza y más trabajo, al revés de lo que ocurre en los países capitalistas desarrollados, donde sus gobiernos sí apoyan su progreso.

Así advertimos que iba a suceder, y sucedió, con la apertura y los TLC, diseñados para favorecer todavía más a los productores extranjeros contra los colombianos y a las trasnacionales contra las empresas nacionales y obligarnos a importar los bienes que podemos producir en el país, exceso de importaciones pagadas con la enorme deuda externa de 180 mil millones de dólares que nos esquilman y que también nos mantienen en el subdesarrollo.

¿Cómo explicar que tantos gobiernos de Colombia, en especial desde 1990, hayan tomado el mismo tipo de decisiones que nos amarran al atraso productivo? Porque desde hace 78 años –¡78!–, a la economía colombiana la manejan el FMI, el Banco Mundial, la OCDE y otros, los cuales, así se presenten como “de la comunidad internacional”, son controlados por Estados Unidos y los demás países desarrollados y tienen como objetivo principal servirles a sus intereses y mantener a casi todo el resto del mundo en el subdesarrollo. La experiencia de ocho décadas destruyó la fábula para niños de que las potencias tienen como misión sacar del subdesarrollo a países como Colombia, como si el capitalismo no fuera un régimen en el que los peces grandes se comen a los chicos, si sus gobiernos los dejan.

Quien estudie el llamado plan de desarrollo de Gustavo Petro tendrá que concluir que es otro plan de subdesarrollo, saborizado con demagogia. Porque no propone cambiar nada fundamental de las causas principales de la poca cantidad de empleo y riqueza que se crean en Colombia ni sobre su mala distribución, pues mantiene al país preso de los TLC y sometido a lo que diga el FMI, tanto, que este organismo anda felicitando a Petro por su orientación económica. ¡Y en nombre del cambio!

Reforma a la Salud: la reveladora voltereta

En mi programa a la Presidencia no propuse acabar con las EPS. Pero sí reducir sus costos por la vía de no tolerar las prácticas abusivas y corruptas que dañan la calidad del servicio de salud, las condiciones laborales y la operación de las IPS públicas y privadas. Y planteé que hubiera EPS sin ánimo de lucro, también para favorecer al sector. No fueron pocos los ataques de los petristas porque ellos hicieron la campaña sobre las promesas de Petro y Corcho de acabar con las EPS.

Cuando a Petro lo respaldaron varios jefes de los mismos con las mismas, advertí: no creo que lo apoyen sin que les den mermelada, como ha ocurrido, y sin que Petro les acepte sus posiciones sobre cómo debe ser Colombia, incluido el sistema de salud que ellos han defendido desde la aprobación de la Ley 100, fruto del Consenso de Washington.

 

Ante la insistencia de la ministra Carolina Corcho de “acabar con las EPS”, incluido su aviso de que las “Las EPS no curan, las EPS facturan”, los aliados de Petro que han gobernado a Colombia la descalificaron duro. Tanto, que lo resumí en un trino: “Avanza descarado Toconcor petrista (#TodosContraCorcho) por la Reforma a la Salud. Unidos César Gaviria, Santos, A. Gaviria, Dilian y Roy. Y @petrogustavo agazapado, en silencio. Toconcor a la dirigente y a los votos de la salud de Petro. ¿La someterán?”.

Y a Petro ya lo sometieron, si es que no se les había sometido antes. ¿Y este sí de ahora a las EPS no fue uno de los acuerdos de Petro con los mismos con las mismas para que lo respaldaran, componendas secretas urdidas entre ellos pero que ignoramos los colombianos, incluidos sus electores?

Lo que sí es seguro es que se entiende más la frase de Alejandro Gaviria en el Financial Times, el día en que traicionó a Sergio Fajardo y respaldó a Gustavo Petro: “Podría ser mejor tener una explosión controlada con Petro que embotellar el volcán”, una forma astuta de decir que Petro era el más indicado para engatusar a los millones de colombianos en actitud de rebeldía y que reclamaban verdaderos cambios.

La fotografía de lo que pasa en la Colombia de Petro queda incompleta si no se mencionan sus tres muy cordiales reuniones con Álvaro Uribe, con dos que incluyeron a José Félix Lafaurie, favorecido por altos cargos en la estructura del poder petrista. Y en la tercera con el refuerzo del Contralor General, que maneja cuatro mil puestos, sin contar a los contratistas, y un presupuesto de 1,1 billones de pesos, y cuya elección capitaneó Petro en persona y con tanta manzanilla que hasta le votaron los congresistas del Centro Democrático. Pero eso sí, ¡ay de aquel que se atreva a decir que este no es el gobierno del cambio que necesita Colombia!

La última vez que se vieron fue en una comida en la casa de Héctor Carvajal, conocido por sus habilidades en los estrados judiciales y quien fuera abogado de Petro y de los hijos de Álvaro Uribe. ¿El tema? Aunque parezca mentira, por lo escandaloso, ver cómo entre Petro, Uribe y el Contralor colocan a Carvajal de Fiscal amigo, combo que seguramente servirá después para escoger al nuevo Procurador. Recordar la pesadilla del 2008, cuando el presidente Uribe y el senador Petro coincidieron en elegir como Procurador a Alejandro Ordóñez.

Si Petro hubiera anunciado su voltereta en salud y estas componendas antes de las elecciones del 2022, ¿sí sería Presidente? No creo. Porque ya son muchos los arrepentidos, y creciendo.

 

 

Metros y autoritarismos

Siempre he pensado que lo mejor para Bogotá es un metro subterráneo. Como el que empezamos en la alcaldía que se inició en 2008 y que no pudo concluirse porque lo saboteó Gustavo Petro, alcalde de 2012 a 2016, sabotaje que aprovechó Enrique Peñalosa durante su alcaldía –con la ayuda de Santos– para cambiarlo a metro elevado y dejárselo contratado a la alcaldesa Claudia López. La construcción la ganó el consorcio chino APCA Transmimetro, debe terminarse en 2028 y va invertido el 19 por ciento de su valor, sin contar el costo de la deuda.

Pero ahora el presidente Petro, abusando de su poder, quiere cambiarles al consorcio y a Claudia López, y a la brava, el metro elevado por uno subterráneo. Este acto de autoritarismo, sin antecedentes en la historia de Colombia, significa que las obras del metro se demorarían otros 7 años, hasta 2035, y costarían hasta 17 billones de pesos más, para un total de 29 billones. Y ese cambio de obra y de contrato, al decir de respetables abogados, es abiertamente ilegal, lo que significa que si se hiciera, podría acarrearle fuertes sanciones legales a la firma constructora y hasta cárcel a la alcaldesa.

 

Como el consorcio y Claudia López –la alcaldesa de Bogotá, así no le guste a Petro– se resisten a violar la ley y a correr el riesgo de sufrir sanciones legales, Petro le dio orden a su ministro de Transporte, el conservador Guillermo Reyes, que la chantajeara públicamente, anunciándole que el gobierno nacional no le transferirá a Bogotá los 28 billones de pesos que necesita para otras obras, como llevar el metro a Suba y Engativá y construir el Regiotram y tres cables aéreos.

La rabieta autoritaria de Petro es un descarado chantaje a la alcaldesa de Bogotá, que no es su subalterna, y una dura agresión a los bogotanos, que no tienen nada que ver en la controversia y que sí pagan un porcentaje altísimo de los impuestos que se gastará Petro en su gobierno.

El debate ya no es entonces sobre si se prefiere metro elevado o metro subterráneo, asunto sobre el que cada uno tiene la libertad de opinar como quiera. La controversia se centra en si Petro puede obligar a la alcaldesa de Bogotá –elegida por los bogotanos derrotando a Holman Morris, el candidato petrista–, a someterse a sus caprichos y si, además, puede hacerle el vulgar chantaje que le está haciendo.

La controversia es sobre si Petro puede usar el presupuesto nacional para arrodillar a cada alcalde y gobernador de Colombia a lo que se le dé la gana y maltratar a la ciudadanía y sobre si este país es una democracia, con todos sus defectos, o una autocracia.

***

Para completar su autoritarismo, otra hazaña de Gustavo Petro, esta vez defendiendo a ultranza a Irene Vélez, su ministra de Minas, quien nos presentó a los colombianos cifras falsas inflando la reservas de petróleo y gas, puso a firmar dichas cifras a altos funcionarios del ministerio que no las suscribieron y no las comparten y se empecina en que en este gobierno no habrá nuevos contratos para buscar hidrocarburos, con lo que también viola la ley porque a los ministros de Minas no les pagan para impedir la minería sino para promoverla, cuidando por supuesto el medio ambiente, conductas graves e ilegales que debe sancionarle la Procuraduría.

Pero según Petro, como a la MinMinas “no se la critica por bombardear niños o robarse o dejar robar recursos públicos”, no hay problema. Mientras sea petrista, puede proceder a su antojo.

Jorge Enrique Robledo

Exsenador de la República.

Dignidad más Compromiso

Ha caído muy bien en Colombia esta buena noticia. El próximo 18 de febrero realizaremos en Bogotá el Congreso Nacional que convertirá en un nuevo partido político a las fuerzas que hoy somos Compromiso Ciudadano y Dignidad, organizaciones presididas por Sergio Fajardo y Juan Manuel Ospina, respectivamente. Setecientos delegados representarán a treinta departamentos del país.

Ese día aprobaremos las cartas de navegación del nuevo partido: nombre, programa y estatutos, Comité Ejecutivo Nacional, comisiones de atención a los sectores sociales y presidencia, con decisiones que se tomarán por consenso. Y formalizaremos la cordial invitación que desde ya les extendemos a las colombianas y los colombianos a afiliarse a esta nueva organización y a candidatizarse en su nombre para los cargos de elección de los comicios del 29 de octubre próximo.

 

El objetivo más general que nos proponemos es consolidar en Colombia una tercera opción política, capaz de unir al país –asalariados, informales, campesinos, indígenas, clase medias y empresarios– y dirigirlo hacia el verdadero cambio que se necesita. Porque no es cierto que estemos condenados a escoger entre los dos sectores beneficiarios de la extrema polarización y porque esta unidad ha sido diseñada para defender los más altos intereses nacionales.

La primera idea que nos une es la de cero tolerancias con la corrupción –pública y privada–, que está en la base del subdesarrollo de la producción nacional, de la escasa riqueza que se crea en Colombia, de la desigualdad, del desempleo, la pobreza y el hambre. Corrupción que asegura gobernar mal en todos los casos: a la hora de elegir y escoger a los funcionarios públicos, de ejecutar los presupuestos y de aprobar las leyes y demás normas que rigen en el país. Rechazamos el cinismo falaz de que “fulano roba, pero hace”.

Con énfasis repudiamos el uso de toda violencia para tramitar las diferencias personales, sociales y políticas. Y somos partidarios de las soluciones pacíficas de los conflictos.

Nos une también la idea de promover, en economía de mercado, el aumento de la producción industrial y agropecuaria con mayor valor agregado, para acrecentar las exportaciones y sustituir importaciones y crear más y mejores empleos, deber fundamental de un país para con todos sus habitantes.

Nos declaramos amigos de relacionarnos con todos los países del mundo, dentro de la idea de que Colombia debe ser un país soberano e independiente de todo centro de poder extranjero. Y defendemos la seguridad y la soberanía alimentaria, hoy destruidas por el exceso de importaciones de bienes que podemos producir en el país.

Defendemos el derecho de trabajadores, estudiantes, campesinos y demás sectores sociales a organizarse y movilizarse pacíficamente. Ni las mujeres ni nadie de la sociedad colombiana pueden ser discriminados, maltratados o violentados en razón de sus características naturales. Además de sus derechos ciudadanos, la niñez y la juventud deben gozar de especial protección del Estado.

Militamos en la causa de cuidar el medio ambiente, atendiendo, sin desproporciones, las necesidades de la transición energética y enfatizando en la urgencia de enfrentar la deforestación. Defendemos la importancia de que los colombianos disfruten del derecho a una educación pública, gratuita y de alta calidad y del acceso a la ciencia, así como a un sistema de salud oportuno y de alta calidad.

En relación con el actual gobierno, nos ratificamos en mantenernos en una posición de independencia, que nos asegure poder juzgar sus actuaciones de acuerdo con nuestras convicciones y siempre en función de lo que consideremos lo mejor para Colombia.

Jorge Enrique Robledo

Oposición pide la renuncia de la ministra Irene Vélez

Congresistas de oposición pidieron la renuncia de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, luego de conocerse el informe que presentó la funcionaria en Suiza sobre las reservas de gas en el país, porque según ellos, “registra inconsistencias”.

El primero de ellos fue el senador de Cambio Radical, David Luna, quien considera que Vélez “manipuló un informe para engañar a los colombianos y justificar la suspensión de la exploración petrolera”.

 

La información expuesta por la ministra Vélez se basa en informe que, de acuerdo a voces expertas en la materia, “no está claro por el momento”.

De acuerdo con una publicación de Caracol Radio, el contenido de este informe presenta inconsistencias por lo que los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía recomendaron a la ministra Vélez no publicarlo ni utilizarlo, sin embargo, la jefa de esta cartera no atendió las recomendaciones.

Desde su cuenta de Twitter, el excongresista, Jorge Enrique Robledo, se unió a la solicitud de la oposición pidiendo su renuncia:

Por su parte el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, considera que utilizar un documento cuyo contenido no es preciso ni confiable se constituye en un acto irresponsable que según el, podría colocar en riesgo gran parte de la economía del país.

Se espera las declaraciones de la ministra Irene Vélez.

Nota relacionada: Entrevista, «Implicaciones que tiene el no otorgar nuevos contratos de explotación y exploración de petróleo y gas en Colombia»

 

Dañino oso internacional

Una auténtica vergüenza internacional es la que nos están haciendo pasar a los colombianos la ministra de Minas, Irene Vélez, y el presidente de la República, Gustavo Petro. No de otra manera puede calificarse que los dos, en Davos, se atrevieran a ratificar que Colombia no firmará nuevos contratos para buscar petróleo y gas, decisión que le hace daño al país y que, de mantenerse, le destruye su economía.

Tan absurdos, y tan tercos, son los decires de Petro y Vélez, que el ministro José Antonio Ocampo guardó silencio, como también los demás ministros y los dirigentes nacionales del petrismo. Incapaces de corregirlos, tampoco los respaldan. Porque si no le temes a nada, témele al ridículo.

 

Es tan absurda la idea, tan errada y perniciosa, que Colombia es el único país petrolero del mundo –¡el único del mundo!– que tiene tomada esa decisión. En América, por ejemplo, no la han tomado ni la tomarán Brasil, México, Venezuela, Argentina –los cuatro con gobiernos alternativos– ni Estados Unidos. Porque saben que sería un error garrafal y que quedarían como locatos. ¿Se acuerdan de que Lulla, hace unos meses, cuando Petro le propuso que impulsaran juntos el disparate, lo despachó con cajas destempladas?

Es el colmo que Petro se atreva a decir que reemplazará los hidrocarburos por más turistas extranjeros. Porque es imposible aumentarlos hasta que sus gastos igualen los ingresos en dólares por petróleo. Y porque constituye otro engaño igualar la plata que les entra a unos particulares con la que le llega al Estado a través de Ecopetrol. ¿Y por qué hay que acabar con el petróleo para atraer turistas? Claro que luego de que Petro, en las presidenciales de hace cuatro años, prometiera reemplazar el petróleo exportando aguacates, nada debe sorprendernos.

¿Qué tiene de negativo para Colombia, de otro lado, si unos empresarios privados buscan hidrocarburos, sea que los encuentren o no y que puedan o no extraerlos y venderlos? Nada. Pero los colombianos sí obtendríamos ganancias importantes en empleos, exportaciones, regalías e impuestos si el negocio les funciona. Tienen que ser demasiado cerriles y desinteresados con la suerte del país para negarse a aceptar algo tan elemental. ¿O temen darles la cara a sus electores y decirles que se equivocaron con esta promesa electoral?

Es cinismo, además, que Petro se presente como el gran adalid mundial del ambientalismo cuando con este daño a los colombianos en absolutamente nada mejora el problema del cambio climático global. Porque si Colombia deja de producir petróleo y gas, tendrá que importarlos para su consumo y seguirá generando el mismo escasísimo CO2 que hoy produce por quema de combustibles fósiles, que equivale a solo el 0,2 por ciento del total del mundo. Y porque si deja de exportar, otros países lo reemplazarán y el CO2 emitido en su consumo será el mismo, así como su impacto ambiental.

Es imposible que Petro no entienda verdades tan elementales. Pero tampoco las controvierte con datos y cifras porque no los tiene y porque los mesías saben que es más fácil engatusar a quienes los siguen por fe si no corren el riesgo de entrar en detalles. Y así ocurre con otro disparate “ambientalista” suyo que también mencionó en Davos, el de una línea de electricidad de 25 mil kilómetros y con energías solar y eólica, de Alaska a la Tierra del Fuego, que nos hace recordar a Goyeneche.

Y no hay que hacerse ilusiones. Porque conductas como estas, que generan repudio y desconfianza entre quienes no se dejan engañar, siempre les hacen daño a los países.

 

Trenes y pensiones

De las declaraciones de Dussán y Petro quedaron dos cosas claras. Que Dussán quiere usar plata de pensiones para respaldar el disparate de Petro de hacer un tren eléctrico y elevado de 1.200 kilómetros entre Buenaventura y Barranquilla –que cuesta 650 billones de pesos, más que el presupuesto nacional– y que Petro busca gastar plata de los fondos privados de pensiones para reducir el déficit fiscal y promover más asistencialismo, de una parte, y de la otra, hacer “inversión en infraestructura”, que puede incluir este tren que no descartó en ese momento y que él y su gente siguen defendiendo.

Y el día de los Inocentes –pero no como un chiste–, en un trino, Petro le anunció a Juan Camilo Restrepo que había interesados en hacer estudios sobre un tren que no necesita analizarse en detalle para saberse que es inviable. No faltan los aviones.

 

Antes de analizar ese tren imposible, un comentario sobre las pensiones. Lo sensato con los aportes de los trabajadores es acumularlos y prestarlos con los mejores rendimientos, para que estén disponibles a la hora de pensionarlos. Porque si se gastan o se invierten mal y se pierden, como ya ocurrió años atrás en Colombia, le toca al Estado reponerlos, hecho que explica su aporte de 12 billones de pesos a los pagos de Colpensiones en 2022.

A la espera de que Petro detalle qué hará con la plata de los fondos privados de pensiones, comentaré su demagogia ferroviaria, tan incumplible como efectiva electoralmente, tanto, que tiene 214 mil vistas el video con el que tramó a la gente de Buenaventura, Barranquilla y el Caribe (citas: https://wp.me/a99Bcq-3Sq).

No hay que dudar que los trenes de carga o pasajeros, incluidos los metros, son un excelente e insustituible medio de transporte. Es más: son característicos de los países desarrollados, al igual que su ausencia en Colombia –salvo los dos trenes de dos trasnacionales del carbón– demuestra el subdesarrollo nacional. Pero estas verdades no significan que puedan emplearse en cualquier parte.

Porque como los trenes son por definición para transporte pesado y de alto costo, no deben construirse si no hay numerosos pasajeros y grandes cargas. Solo a alguien muy bobo o muy vivo se le ocurriría proponer un tren dentro de una población de apenas 50 mil habitantes o para conectar dos pequeños poblados.

El tren Buenaventura-Barranquilla y el Caribe no solo es inviable por los 650 billones de pesos de su costo, seis veces lo que cuestan las vías 4 y 5G y 60 veces el presupuesto del ministerio de Transporte, sino porque, según la charlatanería de Petro, sería para competirle al canal de Panamá, ocurrencia que no resiste análisis. Porque es bastante más barato el transporte por mar que por ferrocarril y el canal de Panamá mide apenas 80 kilómetros contra los 1.200 Buenaventura-Barranquilla.

Por eso a ese tren lo descartó Juan Martín Caicedo, de la Cámara de la infraestructura, y, por su impacto, la ministra de Ambiente puso en duda de que pasara el Acuerdo de Escazú. Y así lo evaluó el candidato presidencial y hoy ministro Alejandro Gaviria: “Gustavo, no más carreta (…) No más demagogia y propuestas que no se pueden cumplir (…) Respetemos la inteligencia de los colombianos”.

Que según Petro ya algunos –vivos, a mi juicio– hayan ofrecido hacer los estudios del tren, no autoriza a contratarlos. Porque sería tanto como que la alcaldía de Bogotá pagara un estudio sobre la viabilidad económica de un edificio de apartamentos de mil pisos de altura, contrato tan falso que tendrían que castigarlo las autoridades. Que tome nota el Contralor General de la República.

Jorge Enrique Robledo

Aviones y engaños

Tan equivocada como malbaratar entre 16 y 25 billones de pesos en aviones de guerra internacional que Colombia no necesita, es la voltereta de Gustavo Petro, quien pasó de oponerse a esa compra a respaldarla, resguardado por los engaños con los que intenta justificarla.

Porque hace año y medio, en plena campaña electoral, Petro y los petristas, con razón, coincidieron con quienes nos opusimos a que Duque comprara esos aviones, en los que se despilfarraría parte de la reforma tributaria de Carrasquilla, aeronaves que además no le servían para nada a Colombia, según enseñan los Kfir, útiles solo para adornar los desfiles del 20 de julio. Y se opusieron también los actuales congresistas del Pacto Histórico, entre los que solo uno ha rechazado la voltereta de su jefe.
El Gustavo Petro faltón no puede explicar por qué lo que era malo con Duque se volvió bueno con él, a pesar de que nada principal ha cambiado, dado que este negocio rechimbo no debe hacerse ni por razones económicas y sociales ni por razones de utilidad militar.

Porque Colombia está en una crisis económica profunda, sobreendeudada, desempleada y empobrecida y no puede darse el lujo de despilfarrar una suma tan alta, verdades que no cambian porque Petro intente engañar con falacias como la de que los aeroplanos se pagarán a crédito y que “no se gastará un solo peso de la reforma tributaria ni de la inversión social en aviones de combate”.

Pues se sabe –y él lo sabe– que todo gasto público, en lo que sea, sale del presupuesto nacional y se financia con los impuestos que pagamos los colombianos por las reformas tributarias que nos gravan, incluida la que Petro acaba de imponer. Y porque todo gasto militar obliga a recortar el gasto social por la simple razón de que en este país la plata no sobra y lo que se gaste en unas cosas obliga a recortar en otras. Además, los créditos al Estado hay que pagarlos, y con los intereses que se pacten, lo que también obliga a recortar el gasto público en otras necesidades, incluidas las sociales. Que Petro no nos trate como a idiotas, porque los colombianos no somos idiotas.

Durante el trámite de su reforma tributaria, además, Petro le ocultó al país que parte del aumento de los impuestos –incluidos los que golpean a los pobres y a la clase media– iría a comprar los aviones que no pudo comprar Duque, pues es obvio que él tenía que saber lo que haría como Presidente, así no lo hubiera escrito en su programa de gobierno, otra forma de engañar.

Cada vez se entiende mejor que no hay razones militares que justifiquen comprar ese tipo de aviones, diseñados para guerras internacionales y con armas poderosas de gran impacto, cuando Colombia carece de amenazas como esas. Ya le oímos decir al exministro de defensa Gabriel Silva que esos son instrumentos de guerra que el país no necesita. Y un especialista norteamericano en asuntos militares le explicó a la W Radio que era un “despropósito” y “una estupidez” combatir las avionetas del narcotráfico con aeronaves y armas tan poderosas, cuando ello debía hacerse con radares y helicópteros artillados a costos bastante inferiores, especialista que además refutó la falacia de Petro de que esa compra incluye transferencia de tecnología a Colombia (Ver enlace).

Los colombianos debemos unirnos en la exigencia a Petro de que no despilfarre una suma tan alta y que en cambio respalde que la FAC pueda atender, a costos bastante inferiores, las verdaderas necesidades del país.
Por:  Jorge Enrique Robledo

Ex senador de la República.

25 billones de razones contra un despilfarro

Aunque en Colombia no fue noticia, el portal Infodefensa, especializado en asuntos militares, informó: “Biden le recuerda a Petro la oferta de cazas F-16 para la Fuerza Aérea Colombiana. Durante la llamada telefónica que mantuvieron ambos mandatarios –el 21 de junio pasado–, Biden insistió en que la propuesta estadounidense sigue sobre la mesa”.

El Biden vendedor de aviones de guerra no debe sorprender. En un libro de su autoría, el conocido banquero estadounidense George Soros contó que entre las principales labores de los presidentes de las potencias estaba ayudarles en sus exportaciones a las transnacionales de sus países.

 

En su reciente visita a Whashington, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, reconoció que conversaron sobre esos aviones, pésimo negocio que también intentó Iván Duque –y en plena reforma tributaria de Carrasquilla–, pero que tuvo que engavetar ante el airado reclamo ciudadano, una vez se supo que iba comprar veinticuatro F-16, aviones que a precios de hoy cuestan 5.352 millones de dólares, es decir, 25,5 billones de pesos, más que un año de los nuevos impuestos que promovió Petro.

Esto ocurre a pesar de que el candidato presidencial Gustavo Petro, en trino del 29 de marzo de 2021, así rechazó que Iván Duque comprara esos aviones: “Una Colombia que se gasta 14 billones de pesos en aviones de combate y otra Colombia que decide no hacerlo e invertir ese dinero en sedes universitarias y colegios. ¿Cuál cree que sería la mejor Colombia? Nosotros invertiremos esos recursos en la educación de la gente”, reclamo que le generó el entusiasta respaldo de 3.172 retweets y 11.100 likes, promesa que con cinismo hoy está incumpliendo.

Al ser difícil comprender el tamaño de la montaña de plata que busca malbaratar, sirve comparar la cifra: con ella se pagarían los 13,8 billones de pesos de deudas de las EPS a los hospitales públicos y las clínicas privadas a favor de la salud de los colombianos. O los 20 billones de la deuda histórica del Estado con las universidades públicas. O se multiplicarían por 80 los 320 mil millones anuales del programa de nutrición del ICBF.

Y no hay que comerse el cuento de que esos aviones los necesita Colombia para su seguridad nacional. Porque los poderosísimos F-16 no sirven para perseguir narcotraficantes ni para actuar en conflictos armados internos, pues son armas para guerras internacionales, entre países, riesgo del que por fortuna carecemos. ¿O el presidente Petro informará de qué país proviene la amenaza que justificaría gastarse esta suma enorme, que tanta falta les hace a los millones de colombianos empobrecidos y al aparato productivo nacional?

Para lo que sí podrían servir los F-16 de Colombia –verdad que no puede demostrarse porque ese tipo de acuerdos son secretos– sería para ponerlos bajo las órdenes de la OTAN o del Comando Sur de los Estados Unidos, poderes a los que fue tan sumiso Iván Duque y se esfuerza por serlo Gustavo Petro, ahora tan dedicado a incumplir las promesas de “cambio” con las que engañó para ganar en junio.

¿Habría ganado la Presidencia si sus electores hubieran sabido que, además de botar tanta plata en los carísimos e innecesarios F-16, tendría tantos arrumacos con los que mandan en Whashington, mantendría a Colombia atada a la OTAN, “salvaría” a la Amazonia con helicópteros de guerra entregados por el Comando Sur, dañaría a Gorgona con una base militar para proteger un radar estadounidense y ratificaría los TLC?

Jorge Enrique Robledo

Excongresista

En defensa de la carrera Séptima y de Bogotá

A continuación, con ligeros cambios, la carta que con el concejal Manuel Sarmiento le enviamos a Claudia López, alcaldesa de Bogotá, invitándola a modificar de fondo la propuesta para el Transmilenio por la Carrera Séptima y a suspender la licitación de las obras, que debe abrirse en los próximos días.

Es muy equivocado que las zonas peatonales complementarias del Transmilenio por la Carrera Séptima le impidan el flujo directo e ininterrumpido por esa vía al 86 por ciento de los automotores de la ciudad –en el sentido norte-sur y entre las calles 94 y 32–, es decir, a taxis, carros particulares, ambulancias, camiones de carga ligera, buses de colegios y motos (el llamado tránsito mixto)

 

Porque les hacen un gran mal a quienes usan la Séptima y a los que se mueven por otras vías de la ciudad –Circunvalar y carreras 11 y 13–, por donde tendrían que transitar los vehículos expulsados de ese corredor vial. Y muy dañino sería también para San Diego y el Centro de Bogotá, al empeorarles su comunicación con el Norte.

Estas son las obras que antes que valorizar los predios y los sectores, los desvalorizan, en razón de que les hacen todavía más difícil llegar y salir de ellos.

Eliminar este importantísimo flujo vehicular –con su altísimo costo también en tiempos perdidos e incomodidades– no puede justificarse con que habrá más áreas libres. Porque está bien mejorar la movilidad peatonal, pero si no se destruye el mejor sistema de tránsito vehicular posible en el sector.

El problema de fondo, señora alcaldesa, es que en el área relativamente escasa de la Carrera Séptima quieren imponer el Transmilenio y un espacio peatonal exagerado, proyectos que solo caben si se sacrifica el adecuado flujo vehicular de la zona y la ciudad. Es prueba reina de lo equivocado de la propuesta el hecho de que reducirá en un gran porcentaje el número de pasajeros que hoy se transportan por esa vía.

Lo anterior, además, cuando los bogotanos consideran que, después del desempleo, la pobreza, el hambre y la corrupción, el problema que más los molesta es transportarse de un sitio a otro de Bogotá.

Ante estos hechos –y la molestia que crece entre la ciudanía–, amablemente, le solicitamos aplazar la apertura de la licitación de este proyecto –convocada para los próximos días–, de forma que, cualquiera que sea la decisión que al final tome, tenga el respaldo de un análisis democrático que asegure el acierto técnico de unas decisiones que además nos costarán a los bogotanos la enorme suma de 2,5 billones de pesos y más.

Sería una catástrofe que, luego de inauguradas las obras, toda Bogotá se pusiera de acuerdo en que fue un error garrafal –que habría que echar atrás– destruir la Carrera Séptima como el irremplazable flujo vehicular que hoy es.

Hasta aquí la carta a la alcaldesa.

Las anteriores opiniones se apoyan en general en las de los arquitectos urbanistas de alto nivel Mario Noriega y Jaime Ortiz, quienes además opinan con actitud de servidores públicos y con más detalles demuestran el gran daño a la movilidad vehicular de la zona y la ciudad y el enorme desenfoque conceptual que está en la base de este proyecto.

Como ellos, también actúo genuinamente preocupado por la suerte de la ciudad y de los bogotanos, convicción reforzada porque soy un arquitecto que durante 26 años fue profesor de diseño en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.

Uribe invita a otro líder de izquierda a la campaña del Centro Democrático: turno para Jorge Robledo

El excongresista y dirigente del partido Dignidad, Jorge Enrique Robledo, rechazó la invitación extendida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, para que asuma la candidatura del Centro Democrático para la Alcaldía de Bogotá.

Robledo respondió de inmediato asegurando que no está interesado en participar en la campaña política y que su única misión es la de apoyar las decisiones que en materia de candidaturas asuma su partido Dignidad.

 

El excongresista de izquierda recordó las diferencias que tiene con el exmandatario y con su partido:

El exmandatario hizo la invitación en medio de una de sus giras con su partido con miras a definir la participación del Centro Democrático en la campaña política del 2023.

Más irresponsabilidad en petróleo y gas

Como senador me tocaron incontables debates de control político y padecer errores, falacias y vivezas. Pero, en su debate de moción de censura, la ministra de Minas batió todas las marcas.

Porque fue capaz de hablar 60 largos minutos, proyectar 18 cuadros y publicar un boletín de prensa de 11 páginas y no explicó por qué “no habrá nuevos contratos para buscar hidrocarburos”. Disparate que tampoco ha sustentado Petro, aunque como candidato lo planteó desde agosto de 2021.

 

Copiando a su jefe, la ministra tampoco mencionó que Colombia no es causante del calentamiento global sino víctima, dado su pequeñísimo aporte a los gases de efecto invernadero a escala global –0,6 por ciento–, y con menos del 0,2 por quema de carbón y derivados del petróleo. Y ocultó que poquísimos países causan el 80 por ciento del problema y no cumplen con sus promesas de reducir sus emisiones.

Irene Vélez echó el cuento de que entre 6 y 8 años nadie va a necesitar petróleo y gas en el mundo y que será eléctrico todo el parque automotor, falacias que no dijo de dónde sacó y que en Colombia contradicen conocedores como José Clopatofky. ¿Reemplazar tan rápido, por vehículos mucho más caros y sin contar las motos, 1.440 millones, incluidos los 6,7 millones de aquí? No le temen al ridículo.

Pero lo peor de todo fue que la ministra no explicó –como tampoco lo ha hecho Petro– por qué consideran dañino buscar y producir más hidrocarburos en Colombia, cuando se sabe que el CO2 que generan esas operaciones es despreciable por lo pequeño y que su consumo no desaparecerá, sea que se dé en Colombia o en otros países y con gas y petróleo producidos en una u otra parte. Y no lo explican porque saben que no tienen cómo hacerlo y Petro se ha arrogado el derecho de no demostrar lo que propone. ¡En su soberbia, aunque nos haga daño, a los colombianos nos tiene que bastar con su palabra!

Tampoco explican por qué no permitirles a las petroleras privadas correr con el riesgo de buscar y producir más hidrocarburos, riesgo que en nada perjudica a Colombia y que sí le puede proporcionar nuevos y grandes ingresos. Y le digo con consideración a la ministra: no repita usted que este gobierno los reemplazará en el corto plazo con otros productos, porque queda muy mal.

La ministra usó retórica poco creíble para ofrecer que sin nuevos contratos aumentará la producción nacional de gas, pero en un gráfico que se le coló en su presentación y al cual no se refirió, aparece que pronto todo el consumo nacional terminará importándose por Buenaventura y Cartagena (1).

Este horror lo sella un contrato entre Ecopetrol y una trasnacional española, del 4 de noviembre pasado, para promover la venta de “oil & gas” venezolanos a Colombia (ver enlace), gas que nos costaría a 26 dólares el MBTU, cuando producido aquí nos cuesta 4,8.

Debe saberse además que si la producción nacional de hidrocarburos se hunde, ello ocurrirá cuando Petro ya haya salido del cargo, con lo que las desgracias económicas y sociales que vendrán las asumirán sus sucesores. Es tanta la irresponsabilidad, que Colombia es el único país productor de hidrocarburos –¡el único!– en el que el Presidente, abusando de su poder, actúa así. Cuánto valoro mi voto en blanco.

Muy mal quedaron los petristas que en la Cámara defendieron este sartal de incoherencias, en vez de hacerle caso al senador del petrismo que dice que “sin exploración no hay paraíso”.

¿Paz total?

La “paz total” suena bien. Porque cuánto diéramos los colombianos por no haber padecido tantas violencias políticas, empezando por las de los liberales y los conservadores en los siglos XIX y XX. Y que desde los años sesenta del Siglo XX suframos por las violencias “de izquierda” que en Colombia y en otros países, en un error garrafal, intentaron copiar el alzamiento armado de Fidel Castro en Cuba. Pero en aras de la verdad también debe decirse que otros sectores “de izquierda” nunca han usado la violencia para promover sus puntos de vista.

Tan estériles han sido los errores cometidos con estas violencias –antes y después de la Constitución de 1991–, que suelo repetir la conclusión del padre Francisco de Roux como la mejor conclusión de este dolorosísimo drama que aún no termina: una violencia que “no mejoró nada y lo empeoró todo”. Y que el Estado –dicen los hechos–, nunca pudo terminar.

 

Bienvenido entonces el acuerdo que terminó con la violencia liberal-conservadora. Y los pactos con el M-19, con otros sectores y con las Farc, porque sus renuncias a la lucha armada redujeron la violencia y condenaron como equivocada la táctica de la combinación de todas las formas de lucha política –legales e ilegales–, como manera darles solución a las lamentables condiciones de vida del pueblo colombiano.

Y bienvenida la “paz total”, proceso más complejo que los anteriores por aquello de lo “total”, que implica acabar con tres violencias: la del ELN, la de los exmilitantes de las Farc que siguen en el monte porque no aceptaron los acuerdos o los incumplieron y la de los delincuentes comunes, exclusiva o principalmente narcotraficantes.

Con mirada optimista, aunque creo que no será fácil, veo factible un acuerdo de paz con el ELN, semejante al de las Farc. Aunque tiene mayores complejidades –por algunos ya señaladas–, también pueden salirse de la violencia los ex Farc que aun empuñan las armas. Pues, aunque suene a simple, esas paces son irreversibles si el Estado y cada grupo ilegal se deciden, pactan y cumplen los acuerdos.

La paz que veo imposible es la del narcotráfico. Pero no porque no pueda llegarse a acuerdos con quienes controlan ese negocio, así sean más complejos. Sino porque, aunque todos ellos se acuerden con el gobierno –posibilidad que insisto en observar viable–, no hay manera de impedir que otros narcotraficantes reemplacen a los actuales, empujados por un negocio descomunal, del orden de diez mil millones de dólares al año en Colombia, capaz de corromperlo casi todo, en negocios privados, la política y el Estado.

Este lío nos lleva entonces a debatir sobre cómo acabar con el súpernegocio del narcotráfico, solución que exige alguna forma de legalización del consumo, el comercio y la producción, verdad que nadie puede entender mejor que Estados Unidos. Porque, en 1920, ese país prohibió la fabricación, transporte y venta de las bebidas alcohólicas, medida absurda que disparó el contrabando de los licores, la corrupción y la violencia –con las inmensas ganancias propias del delito–, horrores que inmortalizaron los Al Capone de las películas y que terminaron en 1933, una vez los gobernantes, retornando a la sensatez, derogaron la prohibición.

La gran traba reside en que la única solución posible no le interesa al gobierno de Estados Unidos, país que gana de varias maneras con lo que ocurre: el negocio es inmenso porque es ilegal y allá se queda lo principal de las ganancias, sus políticos engatusan electores con el eterno debate del sí y el no y la prohibición y el crimen le justifican intervenir en otros países.

Salvemos a Gorgona

En Colombia está a punto de ocurrir algo que nos avergonzará ante el mundo civilizado porque jamás podría suceder en un país que funcione con un mínimo de respeto por las áreas naturales protegidas.

Me refiero a que la Armada ya inició la construcción –inconstitucional, por supuesto– de una base militar en el Parque Nacional Natural Isla Gorgona, no obstante ser único en Colombia y el mundo. Porque la isla combina una incomparable riqueza de fauna y flora terrestre con una riquísima vida marina, fenómeno apenas explicable porque como prisión que fue sufrió daños ambientales, pero, a su vez, se protegió durante 23 años.

 

Y porque, desaparecido el campo de concentración que en verdad hubo allí, lleva 38 años como un parque natural público, controlado por el ministerio de Ambiente, en el que, hasta hace muy poco, no hubo ninguna actividad incompatible con cuidarlo con todo rigor científico. Por lo excepcional de esta historia, Gorgona también es única en la tierra.

Pero estamos a días de iniciarse en Gorgona la construcción de un enorme muelle y una amplia base militar que destruirá la característica primordial de la isla y su relación con su mar, única en todo el Pacífico colombiano. Y que la pondrá bajo el control de la Armada y el ministerio de Defensa, que no tienen como misión legal el cuidado ambiental, como sí la tiene el ministerio de Ambiente.

¿Cómo explicar que este crimen como de película de terror se esté ejecutando en Colombia, no obstante el rechazo de la comunidad académica, entre ellas, el Consejo Nacional Científico asesor del parque natural Gorgona (Ver enlace) y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales?

Fácil. Porque la base de la Armada Nacional, con sus tropas, su muelle y sus barcos, más lo que se les ocurra montar, son para protegerle un radar a las fuerzas armadas de Estados Unidos, país que financia este golpe al patrimonio natural y medioambiental de Colombia y nuestra soberanía nacional.

Con razón, el reconocido científico colombiano Ernesto Guhl se preguntó si la base de la Armada –sin radar gringo, por supuesto– no habría podido instalarse en otro de los 1.300 kilómetros de la costa colombiana sobre el Pacífico.

Tan vivimos un atentado contra Colombia que la licencia ambiental avergüenza a la ANLA –que se supone protege el ambiente nacional–, porque es obvio que debió negarla. Pero no solo la otorgó, sino que además la tramitó en apenas 29 días y la aprobó el 31 de diciembre de 2015, fechas muy apropiadas para los torcidos en este país. Tan actuaron de mala fe que la comunidad científica apenas se enteró de este despropósito un año después y que desde 2020 el ministerio de Ambiente no nombra director en Gorgona, con lo que los militares de la Armada hoy mandan en el parque y mandarán después si montan la base y el radar.

Lo positivo es que este atentado puede evitarse con facilidad. Porque las obras están empezando y no fueron decididas por el actual gobierno sino por los dos anteriores, que aquí sí actuaron como hermanitos. Luego Gustavo Petro, con el debido aplauso de Susana Muhamad, su ministra de Ambiente, y como jefe supremo de las fuerzas armadas de la República de Colombia, lo único que tiene que hacer es dar la orden de parar la construcción de la base militar, el muelle y el radar y de devolverle Gorgona al ministerio de Ambiente.

Los colombianos debemos llamarlo a tomar estas decisiones.

Destructiva demagogia ambientalista

Es probable que los representantes de los países en la cumbre mundial del clima en Egipto –COP27– no tomaran nota de la gran incoherencia con la que Gustavo Petro se refirió al tema. Porque no les propuso a los demás productores de petróleo que ellos también renunciaran a firmar nuevos contratos para buscarlo, como arbitrariamente lo decidió él en Colombia. Y no lo propuso para no quedar en ridículo, porque cuando Lula le dijo a Petro que no le haría daño a la economía petrolera de Brasil acompañándolo en ese desatino, le dejó claro lo que pensaban él y los demás jefes de Estado.

En el decálogo que armó a punta de frases altisonantes que no aclaran nada ni son útiles, Petro metió en el mismo saco a los cinco países más la Unión Europea que generan el 80 por ciento de la combustión de combustibles fósiles del mundo y a los que, como Colombia, aportan menos del 0,2 por ciento o todavía menos, es decir, a los causantes del problema y a sus víctimas.

 

Y también calló que entre los principales culpables del calentamiento global están las potencias económicas que mantienen al resto del mundo en el subdesarrollo, las mismas que no están cumpliendo con los compromisos de reducir sus emisiones de CO2 ni de respaldar en serio a los demás países para que puedan hacerlo.

Sobre la deforestación de la Amazonia –que por supuesto hay que enfrentar con todo rigor–, Petro no se atrevió a ufanarse de la falsa solución que está imponiendo en Colombia. Porque ni siquiera puede demostrar que la causa principal de la deforestación de todo el país y del Amazonas son los cultivos de coca, aunque sí provoque las mayores emisiones de carbono y sea el principal problema ambiental de Colombia. Y no se atrevió a informar en la cumbre del clima que para ello va a usar helicópteros de guerra norteamericanos, desproporción contra las soberanías nacionales que tampoco osó proponerles a los gobiernos de los demás países de la cuenca del Amazonas.

Si no fuera tan pernicioso para Colombia tan notable desenfoque, no valdría la pena ni comentarlo. Porque a pesar de que Petro lleva años engatusando electores con la demagogia de su infantilismo ambientalista, nunca ha hecho una explicación amplia de sus ideas. Cuando mucho, echa ocurrencias que ni intenta sustentar como ciertas, como la de ahora y la de la campaña presidencial de 2018, cuando prometió reemplazar las exportaciones de petróleo por las de aguacates, absurdo que esta vez ni se atrevió a mencionar y que sustituyó por otro: el de aumentar en cantidades imposibles los turistas extranjeros.

Para confirmar la importancia irremplazable de los hidrocarburos y de Ecopetrol en la economía nacional –éxito que este gobierno tiene la obligación de no sabotear y sí preservar y desarrollar–, sirve saber que sus utilidades entre enero y septiembre fueron de 27 billones de pesos, de lejos, las mayores entre las empresas de Colombia.

Ojalá el ministro de Hacienda no vaya a caer en el inconcebible error de regalarles a Petro y a su ministra de Minas cualquier dosis de alcahuetería sobre este tema, porque él conoce muy bien cuan irresponsable es su error y el inmenso daño que le están causando a Colombia, verdades que no deben taparse manipulando cifras.