El exconcejal de Medellín, Juan Carlos Upegui, desde su cuenta de X anunció que seguirá luchando por la democracia luego de perder su curul tras un fallo del Consejo de Estado que la anuló.
El alto tribunal consideró que Upegui estaba inhabilitado para participar en una elección popular en la ciudad de Medellín por ser hijo de Carlos Alberto Upegui Mejía, rector de la Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá.en la capital de Antioquia. Upegui calificó la decisión como «injusta».
El Consejo de Estado ha cometido una injusticia. Soy hijo de un profesor de carrera administrativa que ha dado su vida por la educación de Medellín, en ningún momento tuvo la capacidad de interferir en las elecciones. Seguiré luchando desde las calles por la democracia del país. pic.twitter.com/GyvgJKoHhN
Al ser un fallo de segunda instancia, Upegui se queda oficialmente sin su curul en el Concejo de Medellín que ocupaba como líder de la oposición al alcalde Federico Gutiérrez.
Esta semana, el Concejo de Medellín decidirá sobre la privatización de UNE, la principal empresa de telecomunicaciones de la ciudad. Aprobado ya en primer debate, se espera que la decisión se tome con el respaldo mayoritario que posee el alcalde Federico Gutiérrez. No obstante, el proyecto ha enfrentado significativos cuestionamientos, principalmente por la ausencia de una valoración actualizada y transparente de la empresa. Se está instando al Concejo a aprobar una venta sin determinar su valor real. En esencia, el Concejo está a punto de otorgar un cheque en blanco a la administración.
El origen de esta situación se remonta a la controvertida decisión de 2013 de fusionar UNE con la multinacional Millicom. Pese a las advertencias emitidas en aquel momento, el Concejo de entonces desoyó los llamados ciudadanos para prevenir la privatización y la cesión del control de la compañía. El tiempo nos ha dado la razón: Millicom ha demostrado ser un socio desastroso. Aunque EPM retuvo la mayoría accionaria, se quedó con una posición minoritaria en la junta directiva, una combinación peculiar que ha tenido consecuencias nefastas para el patrimonio público. En 2023, la empresa estuvo al borde de entrar en patrimonio negativo y ser liquidada debido a una década de malas decisiones por parte de Millicom que erosionaron completamente el patrimonio de la sociedad.
Nos enfrentamos a lo que podría ser el peor negocio en la historia de Medellín. A medida que reportaban pérdidas crecientes, los directivos de Millicom incrementaron la deuda, vendieron torres de la empresa, despidieron a cientos de trabajadores, se otorgaron bonificaciones millonarias y hasta se dieron el lujo de construir un opulento edificio en Medellín. La calidad del servicio decayó notablemente y nunca reportaron beneficios para la ciudad. Quienes en su momento defendieron la fusión como un gran logro, hoy permanecen en silencio ante el desastre manifiesto.
Lo que acontecerá esta semana es la culminación de este proceso de privatización. La estocada final será propinada por los concejales aliados a Federico Gutiérrez en un debate apresurado que se desarrollará en apenas una semana. Se llevará a cabo sin la participación de la academia y en un contexto de garantías insuficientes para la oposición. Prevalece la incertidumbre sobre el destino de los recursos, con indicios claros de que se convertirán en dinero al alcance de la mano para financiar los proyectos emblemáticos de la Alcaldía de Federico Gutiérrez. Quedará registrado en la historia que EPM poseía una empresa de telecomunicaciones rentable, competitiva y ejemplar para el país, pero se diluyó bajo la retórica neoliberal que aboga por privatizarlo todo.
El Aro es un corregimiento del municipio antioqueño de Ituango. De tradición agrícola y ubicado en la profundidad de la cordillera occidental, esta semana fue protagonista por la entrega, por parte del presidente, de 52 títulos de tierra que suman más de 600 hectáreas a familias campesinas. Este acto no solo forma parte de la agenda de distribución de tierras y reforma agraria, sino que también es un acto de reparación a las víctimas del conflicto. Este corregimiento y sus habitantes han sufrido de manera permanente la violencia de todos los grupos armados. Su historia más difícil ocurrió en 1997, cuando grupos paramilitares incursionaron en el pueblo, asesinaron a 17 personas, desplazaron a todos sus habitantes y quemaron sus viviendas.
Las élites antioqueñas han sido insensibles a la violencia que sufren los campesinos en los territorios. En gran medida, porque han estado influenciadas históricamente por una cosmovisión terrateniente, de acumulación de tierras y patronazgo, que podría bien catalogarse como feudalismo. Estas mismas élites tuvieron un rol protagónico en la creación de grupos paramilitares y de autodefensa en todo el país. Durante los 27 años que han transcurrido desde la masacre de El Aro, no se han hecho esfuerzos desde el departamento por resarcir el daño causado a las comunidades ni por buscar la verdad sobre lo ocurrido.
En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano como responsable por los actos de tortura y asesinato de los campesinos de este corregimiento, así como de negligencia para investigar y sancionar efectivamente estos hechos. No fue sino hasta 2022 que el Estado tuvo la voluntad de hacer un acto de reconocimiento de responsabilidad y pidió perdón a las víctimas por la complicidad entre las fuerzas estatales y los grupos paramilitares para llevar a cabo la masacre. Este acto se llevó a cabo en el Museo de la Memoria en Medellín bajo el liderazgo del presidente recién elegido Gustavo Petro.
Ni el acto de entrega de tierras ocurrido hace pocos días, ni el acto de reconocimiento que tuvo lugar en 2022, han tenido cubrimiento o difusión por parte de los medios antioqueños. Los principales líderes políticos guardan silencio sobre el tema. La justicia tiene algunas investigaciones sobre dirigentes y militares que habrían sido cómplices de estos terribles hechos, pero ninguna ha llegado a buen término. Algunos testigos que han hablado sobre el tema han perdido la vida y quienes en los noventas alertaron sobre la connivencia del estado con estos grupos corrieron la misma suerte. Que hoy los campesinos que vivieron estas tragedias sean propietarios de las tierras de las que fueron despojados violentamente es una revolución que es necesario replicar en todo el país.
Escribo esta columna sin conocer aún los resultados de las elecciones en Venezuela. Un proceso que despierta el interés de millones de por la posibilidad de que ocurra un cambio en el régimen político que ha gobernado el país durante más de dos décadas. Lo cierto es que el debate sobre el futuro de esta nación hermana tiene grandes desafíos sea cual sea el resultado.
Muchas de las discusiones que se dan sobre este tema giran en torno a la existencia o no de un proceso democrático. Si han existido las garantías suficientes para que la oposición desarrolle una campaña equilibrada. Es claro que las elecciones son necesarias para que haya democracia, sin embargo no son suficientes. Y esto indudablemente es lo que pasa en Venezuela, hay elecciones pero no hay democracia plena.
No importa si gana la oposición, es evidente lo harían a pesar de la persecución interna y de la exclusión de millones de votantes que están por fuera del país. Y es por esto mismo que una victoria del chavismo estaría empañada por las ventajas que le suponen estar por cuarto de siglo en el poder. Aquí no se trata de cuál posición es mejor o peor, sino de las condiciones esenciales para la democracia.
La democracia requiere de difíciles condiciones que implican un respeto profundo por la diferencia, el disenso y el pluralismo. La renuncia a instrumentalizar la justicia para la eliminación de los adversarios. La protección de las minorías ante el poder aplastante de las mayorías. Los límites sociales a los discursos intolerantes que busquen desaparecer grupos políticos o sectores sociales. Garantías y respeto profundo a la libertad de expresión y de pensamiento.
Pocas sociedades son capaces de lograr estas condiciones y mantenerlas a través de las generaciones. Para lograrlo es necesario que existan transiciones en los gobiernos. Como decía Bolívar, nada más peligroso que permitir que haya alguien mucho tiempo en el poder. El resultado siempre termina siendo el origen de una tiranía.
La instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la República ha dejado varios puntos interesantes para el futuro de la agenda política del país. El discurso del Presidente comenzó con una disculpa por lo sucedido en la Unidad de Gestión del Riesgo, un gesto valorado que demuestra humildad por parte del jefe de Estado. En su intervención, también presentó un balance de los logros alcanzados en sus dos años de gobierno. Resaltó la importancia del crecimiento en la agricultura y el turismo, la reducción de la pobreza y el giro directo en la transferencia de recursos a los hospitales. Reconoció las dificultades en el crecimiento industrial e insistió en la necesidad de reducir aún más las tasas de interés. Habló de la paz alcanzada y de la paz por construir, en referencia a los compromisos adquiridos en los acuerdos de paz y los desafíos en los territorios atrapados por la violencia y las economías ilícitas.
Fue un discurso conciliador y programático que finalizó con un llamado a un acuerdo nacional para consensuar los cambios que el país necesita.
Faltan dos años para que finalice el mandato del gobierno y el periodo legislativo. La exigencia por resultados aumentará con el paso de los días, las obras deben concretarse y los proyectos están en una fase en la cual cualquier error podría ponerlos en peligro. Muchos reconocen las buenas intenciones del gobierno, pero reclaman una mayor ejecución. La oposición también enfrenta grandes desafíos. Puede optar por seguir la ruta del odio, los descalificativos y los insultos, como lo hicieron en sus discursos Miguel Uribe y Polo Polo, o hacer control político argumentado, pensando en el bien del país.
Si los líderes políticos que reclaman un espacio en la oposición no reflexionan sobre la necesidad de construir una conversación pública a la altura del momento histórico, con propuestas e ideas claras, será cada vez más difícil construir un Acuerdo Nacional sobre unos mínimos básicos sobre los cuales cimentar una democracia pluralista. La participación de la ciudadanía es fundamental para construir un acuerdo que una al país y posibilitar los espacios de diálogo necesarios.
El país no demanda un acuerdo entre políticos, sino un acuerdo ciudadano que refleje las agendas sociales y territoriales. Durante mucho tiempo, la política ha sido concebida para dar trámite a intereses particulares. Ha llegado el momento de que el interés público prevalezca y la sociedad colombiana pueda garantizar a toda la ciudadanía condiciones de dignidad y bienestar para su pleno desarrollo. Colombia es un país con grandes riquezas culturales y naturales. Ponernos de acuerdo en lo fundamental es la receta necesaria para desatar todo nuestro potencial.
El concejal de Medellín, Juan Carlos Upegui, considera que en estos momentos se está presentando un afán por eliminar al otro a través de una guerra jurídica y que dará la lucha por defender su lugar en la política de Medellín apelando ante el Consejo de Estado el fallo en su contra del Tribunal Administrativo de Antioquia.
El Tribunal Administrativo de Antioquia falló en contra del concejal del movimiento Independientes, Juan Carlos Upegui, al considera que el cabildante se encuentra inhabilitado.
En el fallo del Tribunal se expone que Carlos Alberto Upegui Mejía, padre del concejal, era rector de la Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá y ocupó otros cargos como autoridad administrativa, y que por tanto esto le generaba una inhabilidad para aspirar a un cargo de elección popular.
Juan Carlos Upegui argumentó en su defensa diciendo que su curul en el Concejo de Medellín, la obtuvo como un derecho que otorga el Estatuto de la Oposición y no un acto electoral, no tenía inhabilidad alguna, sin embargo, el Tribunal Administrativo de Antioquia se sostuvo en posición.
“Las causales de inhabilidad previstas en la ley para quienes aspiran acceder a cargos públicos son aplicables no solo cuando la persona electa incumple un deber legal, sino que se hace extensiva a quienes ocupan curules en virtud del estatuto de oposición consagrado en los artículos 112 Constitucional, 24 y 25 de la ley 1909 de 2018″, se lee en el fallo.
El concejal Juan Carlos Upegui acudirá a la segunda instancia ante el Consejo de Estado para defender su curul en el Concejo de Medellín.
Han pasado siete meses desde que comenzó la Alcaldía de Federico Gutiérrez, y todas las promesas se han convertido en excusas. Las basuras inundan el espacio público, los huecos en las calles aumentan, la sensación de inseguridad crece y el desempleo preocupa cada vez más a la gente. Recientes encuestas afirman que el 55% de la población cree que Medellín está empeorando. Los comentarios en redes sociales tienen en común una petición: empiecen a gobernar.
Durante el primer semestre del año, el propósito del gobierno local en Medellín ha sido atacar al Presidente Petro y a la anterior administración. Estas peleas permanentes los han desgastado rápidamente y los han distraído del reto de afrontar mediante estrategias y acciones concretas los principales problemas de la ciudadanía.
Bajo el relato de que Medellín era un paraíso que desvió su camino, han sido incapaces de reconocer los problemas estructurales que vive la ciudad desde hace décadas y los profundos cambios que ocurrieron producto de la pandemia. Con un diagnóstico equivocado, nunca encontrarán las soluciones correctas. A todo esto, hay que sumarle un Alcalde completamente ausente que dedica su tiempo a viajar a foros nacionales e internacionales, cimentando sus sueños presidenciales.
Es un secreto a voces que su deseo es renunciar el próximo año, y por eso no planteó ningún proyecto de envergadura dentro del Plan de Desarrollo. La transformación de los colegios y las sedes deportivas fue aprobada por el anterior Concejo mediante vigencias futuras, el Metro de la 80 obtuvo viabilidad técnica en 2020 y Parques del Río Norte fue un proyecto concebido en el cuatrienio anterior.
En los barrios, la gente se siente desilusionada y engañada. La gestión no se ve por ningún lado. Se preguntan cuándo van a empezar a gobernar, pero el problema es que puede que ya estén acabando. La gente votó engañada creyendo que estaban escogiendo a un Alcalde comprometido con la ciudad, y parece que eligieron a un candidato presidencial buscando escampadero.
Se ha discutido mucho sobre la necesidad de poner la educación en el centro de la agenda de desarrollo. Por ello, el hundimiento de la reforma educativa es una mala noticia para el país. Claramente, era preferible que se hundiera tras los «micos» que le introdujeron en la comisión primera del Senado. Sin embargo, es una tragedia que el país se quede en esta legislatura sin una agenda de transformación en uno de los sectores más estratégicos y necesitados de cambios.
La calidad del sistema educativo colombiano es una de las más bajas del mundo. Nuestros estudiantes obtienen resultados deficientes en todas las pruebas internacionales, sin que la tendencia muestre mejoría a lo largo de los años. Más grave aún es que son los estudiantes de más bajos recursos económicos quienes tienen peores niveles de desempeño, profundizando las graves desigualdades sociales que vive el país.
Aquí radica la discusión central. El proyecto se hundió por las diferencias en cuanto al rol del Estado en la financiación y promoción de la educación privada y pública. El modelo actual ha incentivado el aumento de cobertura en la educación pública sin un respaldo financiero que permita mejorar su calidad. Mientras tanto, las políticas públicas de gobiernos anteriores privilegiaron la transferencia de recursos a la educación privada a través de préstamos. La reforma que se hundió mantenía la misma receta fallida.
En un mundo con cambios cada vez más acelerados y con herramientas digitales cada vez más potentes, la educación ciertamente no podrá ser la misma que tuvimos en el siglo XX. La inteligencia artificial pondrá a disposición de cada persona un asistente educativo personalizado para acompañar sus procesos de aprendizaje. Colombia no puede permitir que el modelo educativo siga rezagado por los intereses de unas élites que lo usan para mantener las brechas sociales. Democratizar la educación y el conocimiento debe convertirse en el principal objetivo de la próxima legislatura.
La reforma pensional se ha convertido en la primera reforma social aprobada por el Congreso durante este gobierno nacional. Aunque contiene algunos elementos que aún generan debate, especialmente la capacidad de Colpensiones para comenzar su implementación en 2025, es innegable que aborda uno de los grandes problemas del modelo anterior: la desigualdad en el acceso y los exorbitantes subsidios a las megapensiones. También es relevante el bono pensional que se otorgará a los adultos mayores que no lograron alcanzar una pensión, como medida de equidad social necesaria ante el abandono histórico de esta población.
Quedan pocos días para el cierre del periodo legislativo y, aunque la aprobación de esta reforma representa un avance significativo en la agenda de cambio planteada para este cuatrienio, otras iniciativas enfrentan dificultades para avanzar. Tal es el caso de la reforma a la educación, rechazada tajantemente con sus enmiendas por las organizaciones sindicales que representan a los maestros; su futuro es incierto debido a la falta de consensos. Algo similar ocurrió con la reforma a la salud, que terminó archivada en medio de una crisis cada vez más profunda por el colapso sistemático de las EPS; la incertidumbre y el miedo han ido creciendo día a día entre los usuarios.
El balance de esta legislatura influirá en gran medida en la narrativa que se ha instalado en algunos sectores sobre la necesidad de llevar a cabo un proceso constituyente que permita realizar los cambios estructurales consignados en el programa de gobierno que ganó las elecciones, pero que, con excepción de la reforma pensional, aún están pendientes de ser aprobados por el Congreso.
Lograr avances reformistas que beneficien al conjunto de la ciudadanía y permitan al país resolver las deudas históricas con las poblaciones históricamente condenadas a la exclusión y la violencia, consolidará la democracia y la legitimidad institucional.
Colombia se encuentra en un momento crucial de su historia, y ya es un gran avance que la discusión pública gire en torno a los principales problemas sociales. Décadas de conflicto armado impidieron que se pudiera hablar de una agenda de derechos sociales y económicos, pero de materializarse en todos los segmentos poblacionales, podría desatar el potencial necesario para el desarrollo de la nación.
Este año cambiará el mapa de la política mundial. En los últimos días, hemos visto los resultados de las elecciones en la Unión Europea, México e India. En total, alrededor de 4 mil millones de personas están llamadas a las urnas en diferentes países, y sus decisiones serán trascendentales para el futuro de la humanidad. En el segundo semestre del año se esperan los comicios en Estados Unidos, Reino Unido, y las elecciones parlamentarias que acaban de ser convocadas por el presidente Macron tras el avance de la ultraderecha francesa en el Parlamento Europeo.
Los primeros análisis de las elecciones del Parlamento Europeo señalaron el crecimiento de los partidos y líderes de derecha, nacionalistas y euroescépticos. Las sensaciones que recorren el viejo continente no son positivas debido a los debates sobre la migración y el apoyo económico y militar a Ucrania en la guerra contra Rusia. El conflicto en Gaza también ha generado divergencias entre los alineados con la OTAN y quienes piden reconocer a Palestina como estado y buscar un cese al fuego definitivo en la franja.
En el continente americano, las elecciones ganadas por Claudia Sheinbaum consolidaron el proyecto progresista en México por seis años más. Es significativo que se haya elegido a la primera presidenta en su historia. En Estados Unidos, el ambiente para las elecciones de finales de año ha estado marcado por la condena a Donald Trump debido a delitos relacionados con un soborno a una actriz porno, condena que no parece mermar sus posibilidades ya que las encuestas muestran una reacción de apoyo de sus bases. Biden, mientras tanto, intenta navegar las complejidades geopolíticas actuales y los procesos migratorios en la frontera sur.
El factor común en todos los procesos electorales es el aprovechamiento de los malestares sociales, políticos y económicos que viven las sociedades contemporáneas por parte de liderazgos cada vez más radicales, que prometen romper el statu quo. El desencanto de grandes sectores de la población que sienten que el sistema los ha dejado de lado, las perspectivas poco alentadoras en la economía internacional, la crisis climática, las disrupciones tecnológicas y la incertidumbre respecto a la posibilidad de que los conflictos militares actuales puedan escalar en el futuro, dibujan el contexto sobre el que miles de millones de personas decidirán con sus votos el futuro de la humanidad.
Cada vez que un gobierno alcanza la mitad de su mandato, la perspectiva política comienza a centrarse en la campaña que se avecina. En estos momentos, el país empieza a tener una conversación similar. Muchos se preguntan qué debería hacer el gobierno para que el proyecto político bajo el cual fue elegido tenga la capacidad de disputar las elecciones presidenciales y legislativas del año 2026. No es una pregunta sencilla, ya que no hay un escenario comparable en la historia reciente, y es sabido que el contexto político actual parece altamente cambiante y volátil.
A pocos días de cerrarse el periodo del Congreso, no está claro si las reformas sociales presentadas por el gobierno nacional serán aprobadas. La reforma pensional tiene buenas posibilidades, pero la de salud se ha convertido en una crisis cuya causa divide a los expertos. Algunos sostienen que el colapso de las EPS es una condición estructural del modelo financiero de la ley 100, y que el problema viene desde hace muchos años; otros señalan que las transferencias recientes son insuficientes, acelerando la crisis. Lo cierto es que el Congreso, teniendo la posibilidad de deliberar sobre el tema, prefirió desconocer la crisis y hundir la reforma sin discusión alguna.
Existe un ambiente que impide lograr un acuerdo nacional. Este es el argumento de quienes hoy hablan de una Constituyente. Algunos podrían pensar que el Congreso es la vía para realizar el Acuerdo Nacional, pero está claro que no ha sido la ruta para lograrlo. Al contrario, sus decisiones parecen estar profundizando las divisiones sociales. Le corresponde a la ciudadanía participar activamente para que su voluntad sea la que guíe las salidas de esta coyuntura. Los acuerdos de Paz refrendados por el Estado colombiano mencionan en su introducción la necesidad de llevar a cabo ajustes y reformas que permitan construir un nuevo marco social y político en el país.
Acordar requiere la posibilidad de dialogar entre diferentes, algo difícil hoy, ya que las distancias parecen insalvables.Por más difícil que parezca, es más necesario que nunca. Pensar en el 2026 es pensar al mismo tiempo en cómo podríamos atravesar los conflictos políticos actuales sin que escalen a un nivel donde la democracia pueda estar en riesgo. Si la pregunta sobre qué nos une a pesar de las diferencias no obtiene una respuesta común dentro de un acuerdo político nacional, no importará mucho qué pase en el próximo ciclo electoral; el país seguirá dividido, con todos tirando para lados diferentes.
La economía colombiana ha mostrado indicadores positivos, pero también algunos signos de alarma. Existe una tensión evidente entre el gobierno y el Banco de la República. El Presidente considera responsable seguir reduciendo las tasas de interés ante el comportamiento a la baja de la inflación, que se ubica en el 7,5%, y la necesidad de estimular la inversión. Sin embargo, el Banco de la República ha sido conservador y mantiene las tasas de interés en 11,75%.
Actualmente, los análisis macroeconómicos están influenciados por las mismas disputas ideológicas con las que se evalúa el primer gobierno progresista en la historia. Ya está claro que la idea de un colapso económico resultó ser un fantasma para crear miedo. Sin embargo, hay muchas áreas que podrían mejorar. Si bien el precio del dólar y la inflación tienen tendencias favorables, la tasa de crecimiento económico no es la esperada. La apuesta por transformar la vocación del país hacia el turismo, la agricultura y la economía del conocimiento ha generado grandes controversias. Estos sectores han crecido, pero la debilidad de la matriz industrial y la baja ejecución de recursos públicos en el gobierno, sumado a la postura del Banco de la República sobre las tasas de interés, están creando la sensación de que nos dirigimos hacia el estancamiento.
El contexto internacional tampoco ayuda: la guerra en Ucrania y Gaza, además de crear graves tragedias humanitarias, desestabilizan las relaciones entre las economías regionales y desconcentran a la humanidad en el esfuerzo de hacer la transición hacia una economía más sostenible y menos dependiente de fuentes de energía que generan gases de efecto invernadero, los cuales están calentando la atmósfera y aumentando la temperatura global. La sensación de turbulencia económica, política y social se está apoderando de las principales economías del mundo.
El país tiene un gran potencial de crecimiento que no ha explotado. El esfuerzo por llevar a cabo una reforma agraria y distribuir la tierra es un gran acierto que ningún gobierno se había atrevido a hacer en décadas. El turismo, de la misma manera, ha sido un motor importante desde la firma de los acuerdos de paz y tiene sentido considerarlo como una ruta para aumentar la oferta de divisas en el territorio y generar empleos de calidad. También es un hecho que no hemos sabido conectarnos con las oportunidades de la revolución tecnológica; mientras el mundo está en una carrera por el desarrollo de capacidades de cómputo y algoritmos cada vez más inteligentes, nuestro país no ha sido capaz de crear una agenda estratégica alrededor de la tecnología y sus oportunidades.
Se requiere la articulación de todos los sectores para poder impulsar el crecimiento económico. Los grandes empresarios deben evitar la tentación de provocar pánico y reconocer la importancia de trabajar con el gobierno. Este, a su vez, necesita mejorar rápidamente su capacidad de ejecución y estimular sectores como la construcción de vivienda, que se han visto frenados y son claves en la generación de empleo. La educación debe ampliarse y facilitarse masivamente a través de medios digitales para poder aprovechar las oportunidades en la vertiginosa era de la inteligencia artificial. Se necesita una economía diversificada y, por ello, es importante romper la dependencia del extractivismo, pero la transición debe estar acompañada de estímulos adecuados para que todos los sectores puedan potenciarse entre sí.
El sonido de la escoba al amanecer marca el comienzo de los días perfectos. La cotidianidad y la belleza de los detalles enmarcan el último film de Wim Wenders en su amada Tokio. La película es una oda a la contemplación y a la tranquilidad de poder observar con curiosidad todos los aspectos simples de la vida. Ganadora del premio a mejor actuación en Cannespor la interpretación de Kōji Yakusho, está inspirada en la admiración de Wenders por Yasujiro Ozu y musicalizada con canciones de resistencia que se reproducen en cassettes ochenteros de sonido análogo.
La fascinación de Hirayama, el protagonista de la historia, por la observación y la búsqueda de belleza en cada calle de Tokio se convierte en poesía visual tan potente que no hacen falta muchos diálogos; por el contrario, las emociones se expresan de forma poderosa a través del cuerpo y las expresiones. La película es un viaje por la satisfacción de Hirayama con sus días inmerso entre plantas, música y fotografía mientras trabaja limpiando los baños públicos de Tokio, un trabajo que hace con profunda satisfacción y esmero. Transmite la sensación de vivir plenamente sin necesitar muchas cosas materiales.
Vive satisfecho con cosas simples como observar los rayos de luz que atraviesan los árboles, leer, caminar, explorar la ciudad en bicicleta, cuidar sus plantas, disfrutar las comidas, revelar las fotos que toma con su cámara análoga y escuchar canciones cuando se desplaza en su camioneta por la ciudad. Las canciones seleccionadas por Wenders le dan un soundtrack genial mientras la cámara se desliza por las calles de Tokio y captura esos momentos que a menudo pasarían desapercibidos en la velocidad de la vida moderna.
No solo hay satisfacción y plenitud en la historia; también hay nostalgia, soledad, conflictos, el pasado que se cuela a romper la cotidianidad, el desamor y el amor combinados, la incertidumbre, las crisis y las preocupaciones. Sin embargo, todo esto lo asume con estoicismo y lo abraza con amor como una parte más del flujo de experiencias que vive cada día. Hirayama vive con intensidad buscando la belleza en lo simple, no necesita de mucho más para que sus días sean perfectos
La democracia en el país siempre ha estado bajo amenaza. Durante el siglo XIX, diferentes guerras civiles impidieron que los primeros momentos después de la independencia consolidaran una institucionalidad democrática que permitiera expresar pacíficamente las diferencias políticas. En el siglo XX, la misma dinámica enfrentó en graves conflictos armados a diferentes sectores políticos, y el narcotráfico terminó agravando la situación en una escalada sin precedentes que ocasionó una terrible catástrofe humanitaria. Es innegable que la guerra ha marcado profundamente nuestra historia política.
Hoy, la democracia en el país vive tiempos paradójicos, pues por primera vez se ha elegido un presidente con un programa de izquierdas. Cualquiera podría decir que esto representa un avance democrático importante, teniendo en cuenta que todos los candidatos presidenciales de izquierda que habían estado cerca de ganar fueron asesinados. Sin embargo, un análisis del contexto actual nos muestra que el conflicto político está sobrepasando las instituciones.
La amenaza de un golpe blando o lawfare está llevando al país a la incertidumbre. Aún faltan dos años para finalizar el mandato presidencial y el ambiente está cada vez más tenso y enrarecido. La posibilidad de que se materialice una interrupción del periodo constitucional bajo el cual fue elegido el gobierno amenaza la voluntad popular. Hay razones de peso para pensar que el país está entrando en un escenario de guerra judicial que podría crear un quiebre democrático sin precedentes.
El lawfare ha afectado varios gobiernos progresistas en los últimos años. Acabó con el gobierno de Portugal liderado por Antonio Costa y recientemente llevó al presidente de España, Pedro Sánchez, a contemplar su renuncia. En Latinoamérica, los golpes blandos han afectado a muchos países. La instrumentalización de la justicia con fines políticos cada vez se hace más frecuente como una estrategia de élites políticas y económicas para tumbar, desestabilizar o desgastar gobiernos que no son de su agrado.
Esta estrategia, combinada con noticias falsas y ataques mediáticos, representa la mayor amenaza a la democracia no solo en Colombia sino en el mundo. Ante este panorama, es crucial que la ciudadanía esté alerta y se movilice para defender su voluntad. De la misma manera, los poderes públicos deben actuar con máxima responsabilidad. Hay que tomar nuestra historia como ejemplo, cuando las instituciones son incapaces de tramitar con imparcialidad las diferencias políticas, el resultado siempre ha sido el aumento de la violencia. Las guerras jurídicas se pueden volver fácilmente guerras civiles.
