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Etiqueta: Juana Carolina Londoño

Mujeres en la política: desafíos y avances que fortalecen la democracia

Hace un año en nuestro país el 33,5% de los cargos gerenciales o directivos dentro del mundo empresarial, estaban ocupados por mujeres. Una cifra que supera los estándares mundiales en donde el porcentaje de liderazgo de las mujeres en este tipo de cargos está en el promedio del 27%.

El actual Congreso de la República en su conformación cuenta con 86 mujeres que representamos en el total de curules el 29,15%.

 

Esta antesala estadística es útil para reflexionar sobre el preponderante rol que hoy en día tenemos las mujeres no sólo en la dirección estratégica del entorno empresarial privado, sino la activa participación que en escenarios de poder político se nos ha conferido por parte del elector primario y que según los analistas tiene un futuro en ascenso, en un país que infortunadamente aún con sesgos mira la fortaleza del trabajo femenino en todos los sectores productivos.

A mi juicio el liderazgo femenino no debe enmarcarse en la ya “maltrecha” teoría de competencia con los hombres, en el entendido de “que género es mejor” o cual “puede ocupar mejores posiciones”. La sociedad actual, con las nuevas corrientes de pensamiento y los logros históricamente alcanzados, nos lleva a reflexionar sobre un rol de la mujer junto al hombre; es decir a la par de, en conjunto con, una mirada que si bien puede sonar “simplista” tiene mucho de fondo en una sociedad que producto de la rapidez de la cotidianidad se preocupa más por la forma que por la esencia de cómo podemos mejorar los patrones de convivencia.

La gobernanza democrática requiere elementos que se nutran de la cohesión, la resiliencia, el fortalecimiento común y eso solo se logra cuando de parte y parte nos miramos como iguales bajo un mismo objetivo. La igualdad de género sigue en construcción y sin duda aún nos falta mucho camino por recorrer.

Hoy cuando nos aproximamos al debate electoral que permitirá escoger los nuevos mandatarios territoriales en Colombia, bien vale la pena revisar las cifras de participación de mujeres en las diversas listas de aspirantes a cargos de elección popular. En el caso de nuestra organización y que cuenta con un programa de liderazgo denominado “Mujeres X Lo Importante” son 52 lideresas que, a lo largo de los 27 municipios de Caldas, han postulado su nombre como candidatas a Alcaldías, Asamblea Departamental y Concejos Municipales.  

Un aporte valioso en el contexto general del liderazgo político de las mujeres si tenemos presente que según el Índice de Brechas de Género de 2020 (WEF – Gender Gap Index Report 2020), en Colombia persiste la brecha de empoderamiento político: el país ocupa el puesto 33 entre 152 países, ascendiendo 29 puestos en la última medición.

La participación de las mujeres marca sin duda un asunto conectado con el fortalecimiento de la democracia visto este como un sistema político y social capaz de incluir y representar a toda la ciudadanía.  

Las grandes transformaciones del país requieren de la perspectiva de género. Más que dar valor a un liderazgo femenino, lo que debemos impulsar tanto mujeres como hombres, es que las acciones de nuestra sociedad se realicen inspiradas en los sueños y deseos de la misma comunidad, basados en el futuro que imaginan.

El liderazgo no tiene género. Pero el liderazgo femenino en especial debe ser el reflejo de un cambio social, incluyente, pluralista, que se aleje de una visión única, que su aporte sea siempre contemplar diferentes miradas y perspectivas.

Por eso hoy es de destacar que en el contexto político regional sean muchas más las mujeres que se atrevan a ser protagonistas de la historia de sus municipios, que se apropien de lo que quieren para sus entornos y hacer que las cosas pasen.

Debemos atrevernos más, ser más audaces, abandonar los temores, acabar con los factores que obstaculizan que nos queramos enfrentar a diversas situaciones.  Es el momento de dejar de temerle a la crítica, al fracaso, a que nada pase.  ¿Acaso quedarnos en el solo intento es mejor?

El acertijo de la seguridad ciudadana en Colombia en tiempos de ideas de paz total

Por: Juana Carolina Londoño

En octubre de 1948 apareció por primera vez en la edición #140 de “detective comics” uno de los archienemigos de Batman: El Acertijo; un villano obsesionado con rompecabezas y juegos de palabras.

 

Y traigo a colación este relato para de cierta manera escenificar lo que a nuestro criterio pasa en Colombia por estos días en materia de seguridad ciudadana tras un año del gobierno Petro.

Pareciera a simple vista que el marcado anuncio de avanzar en una política de “paz total” transita al estilo de “ciudad gótica” entre la lucha de Batman por resolver los rompecabezas y juegos de palabras que a manera de desafío le deja el acertijo.

Las cifras de la opinión pública sobre la “paz total” demuestran que para la mayoría de los colombianos cruzamos un laberinto en el cual solo el 26% cree que mejorará la seguridad y el 29% que cambiarán las condiciones de vida de las comunidades.

Se suma que hay dudas en que el gobierno logre, realmente, que los grupos armados se sometan a los diálogos de paz. Solo el 18% cree que lo harán. “Los colombianos siguen muy agobiados con los delitos del día a día”, dice la directora de la FIP Victoria Llorente.

Tenemos miedo y con razones. Entre el año 2019 y lo que va corrido del 2023, delitos como el secuestro se han incrementado. Tan sólo entre el año anterior y julio del presente año 77 casos más de secuestros se han reportado por parte de las autoridades.

Entre el 24 de noviembre de 2016 y el 31 de julio de 2023 han sido asesinados 1.513 líderes/lideresas sociales y defensores de DDHH; 380 firmantes del acuerdo de paz; y en el caso de las masacres con un registro a partir del 7 de agosto de 2018 hasta el 31 de julio de 2023 se han cometido 404 masacres que han dejado 1486 víctimas.

En el año 2022 y 2023 hubo un crecimiento sensible en 10 de los 18 delitos de alto impacto ciudadano. Se incrementaron casos de extorsión, terrorismo, lesiones personales, hurto a personas, hurto de motocicletas, homicidios en accidentes de tránsito y las amenazas.

Está claro que ya no estamos en un escenario de guerra con grupos armados insurgentes con fines estrictamente políticos (guerrilla), sino que lo que hoy existe son grupos delincuenciales dedicados al multi-crimen y a la búsqueda del ejercicio de control en los territorios para dominar las economías ilegales que no sólo se nutren del microtráfico, sino del contrabando, la minería ilegal y otras rentas ilícitas sobre las cuáles la acción estatal se siente limitada.

Y a todo este panorama se suma la necesidad de recuperar la confianza institucional hacia la fuerza pública. Resulta inadmisible por demás la indolencia de ciertos sectores de la sociedad ante cientos de mujeres y hombres adscritos a nuestra Policía Nacional o las Fuerzas Militares y que se han visto literalmente burlados en operativos, secuestrados por grupos civiles con cierta tendencia ideológica e incluso desarmados por “indígenas o campesinos”, hechos que luego quieren hacer pasar como simples “cercos humanitarios”.

En tiempos de discursos de paz total, se va tejiendo un acertijo casi que indescifrable para la seguridad ciudadana.

Mientras la percepción de inseguridad según el DANE pasó de un 44% a un 53% y ciudades como Cali, Bogotá, Cartagena, Bucaramanga y Villavicencio se debaten entre altas cifras de percepción de inseguridad, departamento como el Cauca paulatinamente se ven sitiados por la influencia terrorista de grupos ilegales como el Iván Mordisco.

Ya ni en las vías públicas de las ciudades o en varias carreteras del país como la emblemática ruta del sol, nos sentimos seguros al transitarlas.

Un panorama que se enrarece aún más de cara a las elecciones de octubre, cita democrática que según la Defensoría del Pueblo y la Registraduría ya tienen 113 municipios con alertas tempranas. «Se ha identificado un incremento de un 31 % de los municipios para 2023 con respecto a la alerta temprana de 2022 y 39 % frente a la alerta de 2019», reconocieron las autoridades electorales.

Acciones contundentes, fortalecimiento de la institucionalidad, rodear nuestra fuerza pública, son pasos que debe dar el gobierno nacional. Con hechos es que se desvirtúa que no es verdad que hay una crisis en el país.

 

 

 

 

 

 

El año del turismo en Colombia

En cada una de mis intervenciones lo destaco: Es el turismo el sector productivo nacional que mayor dinamismo adquiere en corto plazo y que impacta de manera positiva múltiples subsectores conectados con esta actividad.

Y las cifras de comportamiento del sector turístico en Colombia durante el primer trimestre de este 2023, reafirman mi postulado. Según el informe de la organización mundial del turismo, nuestro país entre enero-marzo se ubicó como el tercer destino de las américas que ha registrado un repunte significativo en los indicadores, dando como resultado un incremento del 36,7% de turistas frente a igual periodo en el 2022, lo que en número de personas es 2 millones 200 mil visitantes al cierre de mayo.

 

En el contexto latinoamericano somos el segundo destino escogido por turistas internacionales, superados solo por El Salvador. Hechos que monitoreados en conjunto demuestran crecimiento en los alojamientos, los servicios de restaurantes y en las zonas de mayor predilección turística, sumado a una ola de positivismo entre operadores independientes y por supuesto los proveedores de algún servicio desde el mercado informal.

Las proyecciones para el segundo semestre del 2023 son más alentadoras. El más reciente informe de la consultora de viajes ForwardKeys, reportó un incremento de 34,6% en el número de reservas internacionales comparadas por el mismo periodo de 2022 y se esperan 430.549 para el periodo mayo-octubre 2023, sumado obviamente al flujo de turismo local por temporada vacacional, semana de receso de octubre y la gran temporada de final de año.

En recursos irrigados al sector turismo y de allí a toda la cadena de valor el DANE reporta que en 2022 se registró un gasto turístico al interior del país por US$12.912 millones, teniendo un crecimiento de 52,5 % respecto a 2021 y ese mismo año el gasto en turismo receptor generó US$9.441 millones, participando con el 73,1% del gasto total. La participación del turismo interno fue del 26,9%.

Colombia crece como destino preferido, sí, pero a la par de esta ola en crecimiento también son de resaltar los retos que tanto desde el gobierno nacional como desde el Congreso debemos y podemos no solo prever sino abordar.

Bien por el turismo receptivo internacional, pero un trato igual amerita el turista local, aquel que en medio de fenómenos como la inflación espera condiciones accesibles para lograr mejores tarifas en tiquetes aéreos e incluso una revisión del porcentaje del IVA aplicable a los paquetes turísticos.

La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca brindar un respiro a esta industria, reduciendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19% al 5% en tiquetes aéreos y combustible para aviones.

Fundamental eso sí, mejorar las estrategias de seguridad ciudadana que garanticen niveles favorables de percepción especialmente en las ciudades en donde hechos delincuenciales terminan por generar alertas negativas a quienes optan por escogerlos como sitios de atractivo turístico.

Y sin duda redoblar esfuerzos en líneas de apoyo financiero para la consolidación de proyectos turísticos sustentables y amigables con el medio ambiente. Fomentar los emprendimientos de turismo experimental, los destinos que invitan a cultivar la conexión con la naturaleza y el profundo respeto por el ecosistema.

Tenemos el potencial, tenemos la capacidad innovadora y tenemos la calidez de nuestras gentes sumado a sus tradiciones y gastronomía. No perder la senda y convencernos de la capacidad como país inmensamente atractivo, es el reto que no debemos dejar marchitar.

Informalidad y desempleo, ¿es la cura la reforma laboral?

La cifra por sí sola genera incertidumbre: 746 mil personas quedarían en riesgo de perder el empleo si la reforma laboral que plantea el gobierno, no tiene un viraje en su concepción. Así se desprende de un informe del Banco de la República que entre otras variables advierte del impacto negativo de la propuesta que ya fue anunciada por el gobierno nacional para ser radicada nuevamente en el Congreso de la República.

“El escenario de medio impacto sugiere que los costos laborales aumentarían como consecuencia de la propuesta en 6,73%, cuando se consideran solo los aumentos por los costos laborales de las empresas y no por indemnizaciones (1,59% adicionales)”, expresa en uno de los apartes el documento que si bien fue objeto de críticas y -un tanto deslegitimación-; es producto del análisis riguroso de una de las instituciones referentes para la economía nacional.

 

Al hacer un recorrido ponderado y equilibrado por los diferentes conceptos que dejó el primer paso fallido de la reforma por su discusión en el Congreso, fueron más los peros de voces autorizadas que las bondades que se resaltaron del articulado que finalmente se hundió.

El proyecto no cumplía con los propósitos de reducción de los índices de empleo e informalidad, y no actualiza el sistema legal a la realidad del mercado laboral. Varios artículos como por ejemplo el 7 de la ponencia se desligaba de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia al equipar el despido a una sanción disciplinaria, teniendo en cuenta que el despidió no es una sanción y no se debe realizar un proceso de descargos.

En otros como el 8 se dejaban vacíos jurídicos pues no se entendía si para el fuero de estabilidad se debe requerir de autorización o no del Ministerio de Trabajo.

Y en este contexto de serias amenazas para la seguridad jurídica de los empresarios aparecía lo que el artículo 15 de la ponencia refería sobre la igualdad de derechos y condiciones laborales de los trabajadores. Este artículo perjudicaba a las empresas y empleadores toda vez que se presentaría un aumento en los costos salariales, las nóminas de las empresas públicas se encarecerían dado que los recursos públicos se disminuirían.

El primer intento de reforma acababa en principio la esencia de las empresas de servicios temporales, pues los empleados de dichas empresas también devengarían todas las prestaciones extralegales que actualmente no están incluidas en los pagos de sus nóminas, aumentando así los costos. Esta figura quedaría condenada a desaparecer.

Y así una decena de artículos más que como aún lo advierte el Consejo Gremial Nacional están en una intención de reforma que “genera un desequilibrio en las relaciones laborales colectivas y no protege la libertad de empresa como motor de la economía, generador de empleo formal y eje de la transformación social”.

El ambiento macro económico que transita el país es ya riesgoso. La Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET)* para abril de 2023 dejaba frente a abril de 2022, que la producción real de la industria manufacturera tuvo una variación de -6,4%, las ventas reales de -7,7% y el personal ocupado creciendo sólo el 0,7%

La caída en la demanda, los efectos de la reforma tributaria, los costos de transporte y materias primas entre las causas de estas noticias no tan buenas. ¿Es la reforma laboral como propone el gobierno pertinente, prudente, viable, pero ante todo garantista? A la luz de los argumentos más dudas que certezas. Esperemos que los nuevos vientos de esta segunda legislatura hayan modificado el pensamiento del gobierno nacional frente a los alcances de sus posturas reformistas en lo laboral.

 

 

 

Gestión de la seguridad ciudadana, el gran reto

Este 2023 se ha caracterizado por una pregunta común que recorre prácticamente todos los escenarios de la vida pública nacional: ¿Hacia dónde vamos?

El interrogante aplica para diversas temáticas incluida obviamente hacia dónde vamos en materia de seguridad ciudadana.

 

En este aspecto de acuerdo con las cifras el último trimestre del 2022 y el primero del 2023 deja en nuestro país un aumento de los llamados delitos de alto impacto.

Así las cosas, mientras el país político digiere la intención de la llamada estrategia de paz total propuesta por el gobierno nacional, varios de los actores delincuenciales pareciesen han tomado un “aire” en diversas zonas para sembrar zozobra e incertidumbre en las bases sociales las cuales son las que viven en carne propia hechos como el homicidio, el hurto callejero y el micro tráfico.

Según las estadísticas delitos como el secuestro tuvo un aumento del 43,6% y el hurto a personas en el comparativo de enero del 2022 y enero del 2023 tuvo un aumento del 26%. En el caso de la extorsión el incremento comparativo en iguales meses es del 33%.

El hacia dónde vamos está acompañado del ¿Qué podemos hacer? Pensar en una política con enfoque en la seguridad ciudadana debe incluir a más instituciones y que la responsabilidad no solo sea exclusiva de la Policía.

Este país ha crecido demográficamente y con ello llegó el aumento de los problemas relacionados con la delincuencia asociada a crimen organizado.

A esto se suma otro factor que dificulta una acción eficiente frente a la problemática expuesta: la limitada capacidad de la mayoría de los municipios de nuestro país. Una cosa es enfrentar los delitos de alto impacto en Bogotá con una robusta articulación de servicios institucionales y disponibilidad presupuestal y otra muy distinta es la realidad del 90% de municipios del país que según Planeación Nacional son categoría 5 y 6 lo que representa que sus recursos son muy limitados.

Sin embargo, ante el panorama de desafíos e incertidumbres en seguridad ciudadana, los colombianos necesitamos acciones prontas y contundentes. La seguridad de nuestras familias y nuestros entornos sociales no dan espera.

Nuestro acompañamiento con prontitud a los reclamos ciudadanos es sin duda el gran reto para lograr el restablecimiento del orden en nuestro territorio nacional.