Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Juanita Goebertus

MinDefensa comparte la mirada de Human Rights Watch sobre el Catatumbo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, sostuvo una reunión con Juanita Gobertus, Directora de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch, con el objetivo de conocer de manera directa los hallazgos de la investigación realizada por la ONG en los meses de enero y febrero de este año. Este encuentro brindó un espacio para intercambiar perspectivas sobre la grave crisis humanitaria y la situación de derechos humanos en la región del Catatumbo.

Tanto el ministro como la directora de la organización destacaron la dramática realidad que enfrentan los habitantes del Catatumbo. Juanita Gobertus compartió detalles de la investigación, enfatizando las violaciones cometidas por actores armados ilegales: “Hemos documentado de manera alarmante violaciones perpetradas por el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el ELN, incluyendo homicidios, secuestros, reclutamiento forzado de menores, desapariciones forzadas, trabajo en condiciones de esclavitud, así como los casos de confinamiento y desplazamiento forzado”, afirmó. Por su parte, el ministro Sánchez ofreció una mirada a las aterradoras cifras de la situación:

 

“Se trata de una tragedia sin precedentes en nuestra historia. Hay 57.000 personas desplazadas, 23.000 confinadas, casi un centenar de personas asesinadas debido a los enfrentamientos por el control del narcotráfico y otras economías ilegales. Una crisis que el Estado no pudo evitar a tiempo”, subrayó.

El alto funcionario del Gobierno reveló detalles sobre la acción unificada del Estado para proteger vidas y explicó que la primera fase del plan trazado consistió en salvar vidas durante el inició de la crisis “Casi mil personas fueron salvadas por nuestras Fuerzas Militares y de Policía”, detalló Sánchez. Adicionalmente señaló que actualmente se está ejecutando la segunda fase, la cual consiste en recuperar el control territorial, propósito por el cual ya han sido neutralizados cerca de 300 integrantes del Eln y del GAO residual estructura 33.

Nota recomendada: “Este Gobierno y los anteriores abandonaron al Catatumbo”: Jairo Castellanos

El Ministro Pedro Sánchez concluyó la reunión destacando que “el informe presentado por Human Rights Watch se basa en datos recopilados hace casi un mes, por lo que no refleja las acciones recientes emprendidas por el Gobierno Nacional, que ha tomado una decisión firme de recuperar el territorio”. En respuesta, Juanita Gobertus, Directora de la ONG, expresó su satisfacción por escuchar el compromiso del Ministro respecto a la implementación de una nueva estrategia de seguridad y justicia en la región, así como la promesa de una presencia integral del Estado en el territorio.

“Nos complace mucho escuchar del Ministro su compromiso con una nueva estrategia para el territorio. Por supuesto, estaremos atentos al desarrollo y la implementación de esta política”, añadió Gobertus.

HRW denuncia violaciones a los DDHH de los niños en El Salvador

Unos pandilleros en una cárcel en El Salvador. SECRETARIA DE PRENSA DE EL SALVADOR

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha alertado de que niños y adolescentes salvadoreños han sufrido graves abusos contra los Derechos Humanos por parte de las propias fuerzas de seguridad de El Salvador en el marco del draconiano régimen de excepción decretado en marzo de 2022 por el presidente Nayib Bukele en un intento por acabar con la violencia y los homicidios en el país.

 

La organización ha publicado este mismo martes un último informe sobre la situación en la nación centroamericana en el que documenta casos de detenciones arbitrarias, tortura y otras formas de malos tratos contra niños y adolescentes arrestados en el marco de un régimen de excepción que el presidente Bukele llegó a elevar a la categoría de «guerra contra las pandillas».

Estos menores han sido sometidos a condiciones deplorables en prisión, incluyendo situaciones de hacinamiento, falta de alimentación y atención médica adecuada, así como ausencia de contacto con abogados y familiares. Muchos han sido condenados por delitos definidos con trazo grueso y en juicios con violaciones al debido proceso.

De acuerdo con HRW, las fuerzas de seguridad de El Salvador han llevado a cabo «innumerables redadas» –especialmente en zonas donde la violencia de las pandillas era «una presencia constante»– y han detenido a unas 80.000 personas, incluyendo cerca de 3.000 menores que ya habían visto como sus expectativas de futuro quedaban limitadas por el impacto de la violencia de las pandillas.

«Los arrestos indiscriminados han llevado a la detención (…) de numerosos niños sin ninguna conexión aparente con las actividades abusivas de las pandillas», ha alertado la ONG, que incide en que en muchas ocasiones estas detenciones están basadas simplemente en la apariencia física o las condiciones socioeconómicas de los menores.

En algunas ocasiones se ha llegado a registrar detenciones en condiciones violentas, como el caso de un joven de 16 años que, en su camino de vuelta a casa tras jugar un partido de fútbol, fue interceptado por militares que le obligaron a desvestirse y le quemaron el torso para que confesara a qué pandilla pertenecía, según ha relatado un familiar a HRW.

Así las cosas, la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, ha instado al Ejecutivo salvadoreño a «implementar una política de seguridad efectiva y respetuosa de los Derechos Humanos que desmantele las pandillas, prevenga el reclutamiento de niños y les proporcione protección y oportunidades» pero dejando a un lado las «detenciones indiscriminadas».

Centros penitenciarios sobrepoblados

Así las cosas, estos encarcelamientos masivos han derivado en que el ya de por sí frágil sistema penitenciario de El Salvador se enfrente ahora a unas condiciones de sobrepoblación. Más de mil niños han sido condenados durante el régimen de excepción con penas de cárcel que van desde los dos hasta los doce años.

HRW ha puesto el foco también en las condiciones a las que se ven sometidos los menores en prisión, pues considera que las autoridades salvadoreñas «han tomado pocas medidas, si es que alguna», para proteger a los menores de la violencia de otros presos. Se han registrado palizas y agresiones sexuales en prisión.

«Durante años, los centros de detención juveniles en El Salvador han presentado condiciones graves: hacinamiento, escasez de personal, insalubridad y falta de infraestructura adecuada. Esta situación ha generado un entorno peligroso y deshumanizador que no solo no prioriza el bienestar de los menores, sino que obstaculiza severamente cualquier posibilidad real de rehabilitación y reinserción social», ha explicado la organización.

Es por todo esto que Goebertus ha hecho un llamamiento tanto a las autoridades locales para que detengan la detención indiscriminada de menores para evitar «perpetuar los ciclos de violencia»; como a la comunidad internacional, a la que apela para que exhorte a El Salvador para que cese «las violaciones de Derechos Humanos» y proteja «la vida y el futuro de la niñez».

¿Por qué la capital no ha ingresado a la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca?

Aunque la Asamblea de Cundinamarca dio un primer paso autorizando al departamento para que ingrese a la región metropolitana Bogotá Cundinamarca, esto no servirá de nada si la capital del país no obtiene la luz verde que necesita de parte del Concejo Distrital.

La Alcaldía de Bogotá retiró el proyecto de discusión en el Concejo antes de que este fuera hundido por la falta de condiciones políticas para que fuese discutido y aprobado por la plenaria de la Corporación.

 

Concejales como Susana Muhamad, en diálogo anterior con Confidencial Colombia, manifestó su preocupación porque en Cundinamarca se presente un enorme volteo de tierras que pueda afectar el ecosistema en la parte de la sabana de Bogotá.

Le puede interesar: 

Por su parte la congresista, Juanita Goebertus, considera que sí en la región se ha presentado volteo de tierras es porque no había una figura de ordenamiento y de planeación del territorio y, que por esta causa de manera sistemática terminamos en una situación brutal de deterioro en estructura ecológica principal de la que depende el acceso al agua, la posibilidad de tener acceso a aire de calidad, Incluso el abastecimiento de alimentos.

“Lo que establece la Ley Orgánica es un plan director que tendrá unos lineamientos de ordenamiento territorial de superior jerarquía, de tal forma que cada consejo si bien tiene autonomía en su plan de mejoramiento territorial, tendrá que armonizarlo con ese plan director para que nunca más nos vuelva a suceder un fenómeno como el del volteo de tierras”, dice Goebertus.

El representante del Centro Democrático, Rubén Darío Molano, explica que esto no tiene nada que ver con el volteo de tierras, “el volteo de tierra viene de atrás, viene del modelo anterior, del modelo de administración municipal. Lo que se busca es dictar unos lineamientos sobre el ordenamiento de la tierra para que no sé toquen los suelos de reserva ambiental, que no sé toquen los suelos de reserva agraria, porque tenemos un patrimonio ecológico y un patrimonio agrícola que es común, el río Bogotá, los cerros orientales, la reserva Van Der Hammen, el río Magdalena que desemboca en Cundinamarca en el municipio de Girardot donde estamos echando toda la basura. Tenemos intereses concretos que yo no sé por qué lo relacionan con el tema del volteo de tierras cuando eso es propio del modelo que queremos superar con la región metropolitana”.

Otro asunto que preocupa a algunos concejales de Bogotá, entre ellos Diego Cancino y Susana Muhamad es la posibilidad de que Bogotá y Cundinamarca impongan poder de veto a los municipios que integren la región.

Rubén Darío Molano, explica que en la reforma constitucional se modificó el artículo 325 donde dice que no habrá derecho al veto.   “La Ley Orgánica no habla en ninguna parte de vetos, lo que dice que hay unos temas específicos en relación con el nombramiento y remoción de director, con los gastos y las inversiones de la región metropolitana que requiere la aceptación de Bogotá y Cundinamarca”.

Otro factor de diferencia que tiene en vilo el ingreso al proyecto de integración entre la capital y el departamento tiene que ver con el papel que cumplirá la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Para Muhamad “es una entidad que ha permitido el volteo de tierras en complicidad con algunos municipios del departamento que además recibe la sobretasa del 15% al predial que pagan los bogotanos”. Lo correcto para la cabildante, es que se creara otra entidad que recibiera este presupuesto dedicado al cuidado del medio ambiente en la Sabana.

Otra cosa piensa la congresista de la Alianza Verde, Juanita Goebertus, quien considera que la discusión de las CAR tiene que pasar por otra ley, “este ha sido uno de los bloqueos para la posibilidad de conformar un mecanismo de asociatividad regional, porque la creación de un área metropolitana implicaba quitarles automáticamente las funciones a las corporaciones autónomas regionales, esa era una de las razones por las cuales nunca se había logrado sacar el proyecto”.

Goebertus cree que sí se debe hacer una reforma a las corporaciones autónomas regionales pero que este no era el escenario al ser dos procesos diferentes, “no todo puede lograrse al mismo tiempo y tampoco se podía pretender que hasta que no se reformara la CAR no se podía tener una región metropolitana porque esto nos llevó a fenómenos tan graves como los del volteo de tierras. Espero que el próximo congreso apruebe una reforma estructural a las CAR”.

La Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca tendrá siete temas claves sobre los cuales se desarrollarán diferentes proyectos de tipo económico y productivo, estos son: movilidad, seguridad ciudadana, ambiente, desarrollo económico, seguridad alimentaria, ordenamiento territorial y servicios públicos.

En estos aspectos la capital del país tiene un gran interés de trabajar de manera conjunta con Cundinamarca y algunos de sus municipios, para lo cual requiere de la aprobación del Concejo Distrital para su ingreso. Es por esto que la Alcaldía de Bogotá presentará una vez más el proyecto de acuerdo en cuanto se reanuden las sesiones ordinarias en la Corporación.

 

 

 

Derechos de petición serán respondidos a los 15 días de haberse radicado

El presidente Iván Duque sancionó la Ley que normaliza los tiempos de respuesta de los derechos de petición que radican los ciudadanos en las entidades públicas.

En adelante las entidades deberán responder las peticiones con un plazo máximo de 15 días hábiles en lugar de 30, como se decretó durante la emergencia sanitaria.

 

Tras su aprobación el Gobierno Nacional objetó el proyecto por considerarlo inconveniente. Sin embargo, el Congreso de la República rechazó las objeciones presidenciales a la iniciativa.

Con lo anterior, se retoman los términos estipulados en el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que estipula: » toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción».

Al respecto, la representante a la cámara, Juanita Goebertus, celebró la firma, tras liderar la discusión en el legislativo.

«Gratitud infinita con las organizaciones que se movilizaron para defender este derecho fundamental», dijo la congresista

 

La explicaciones de Diana Rodríguez por polémica valla

Sacando provecho del descache que tuvo Ingrid Betancourt durante un debate en el que dijo que «las mujeres se hacen violar», palabras por las que la precandidata dio respectivas aclaraciones, Juanita Goebertus y Diana Rodríguez estrenaron una valla publicitaria que señala: «Las mujeres se hacen ̶v̶i̶o̶l̶a̶r̶».

Después de haber publicado una foto de la valla, en redes sociales rechazaron el mensaje que las candidatas al Congreso pusieron en la pieza publicitaria.

 

A pesar de que la famosa frase de Íngrid Betancourt fue viral hace unas semanas, Diana Rodríguez explicó que el trasfondo viene de la revictimización que sufren las víctimas de violencia sexual.

«Es una frase que se repite todos los días en el país, es una frase que le dicen a las mujeres víctimas de violencia sexual, las adolescentes que van a denunciar que las acusaron y que las agredieron. Durante 4 años en la Defensoría del Pueblo acompañé víctimas de todo tipo de violencia y su principal preocupación era que las y los funcionarios las culpaban de la violencia que fueron víctimas», señaló Diana Rodríguez.

Más adelante en sus declaraciones, Diana Rodríguez aseveró que quiere poner esta discusión sobre la mesa y aclaró que no tenía intención de herir a las victimas.

*Foto: @JuanitaGoe

Le puede interesar: Jenn Muriel aparece para desmentir rumores sobre Cossio