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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: justicia y paz

Libertad por cuatro años para Salvatore Mancuso

Una jueza de ejecución de sentencias del tribunal de Justicia y Paz anunció la libertad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por los próximos cuatro años como “modo de prueba”

Salvatore Mancuso obtendrá esta libertad como pena alternativa otorgada por la justicia transicional en cuanto sea retornado a Colombia para que cumpla con las penas impuestas por Justicia y Paz. La medida fue apelada por el propio Mancuso.

 

El exjefe paramilitar fue extraditado por el gobierno Uribe a los Estados Unidos en donde se encuentra pagando una pena de 19 años,  por fabricación, tráfico y distribución de drogas.

Condenan a magistrado de Justicia y Paz

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 8 años y 4 meses de prisión al exmagistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, Eduardo Castellanos Roso.

Castellanos también fue condenado al pago de una multa de 625 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena.

 

La Sala profirió esta sentencia de primera instancia al haberse demostrado en el juicio que, entre los años 2013 y 2016, Castellanos Roso recibió dádivas que le entregó el defensor de Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, conocido con el alias de ‘El Mellizo’, quien estaba postulado ante el sistema de Justicia y Paz.

De acuerdo con la sentencia, contra la cual procede el recurso de apelación, Castellanos recibió ese dinero a cambio de beneficiar a ‘El Mellizo’ en su proceso en Justicia y Paz, entregándole información privilegiada de su proceso, y avalando múltiples dilaciones en el trámite de exclusión del postulado de esa justicia transicional, caso en el cual el magistrado era ponente.

En cuanto al delito de soborno, se determinó que, con la finalidad de evitar el avance investigativo que adelantaba la Fiscalía y reducir así la posibilidad de resultar vinculado, Castellanos ofreció y entregó dineros al mismo abogado defensor del postulado —de quien antes había recibido las dádivas—, con miras a lograr su silencio y que fuera reticente ante la administración de justicia.

Capturan al ‘eslabón perdido de las AUC’

Darío Alberto Laíno Scopetta, conocido con el alias de ‘Ojos Azules’ fue capturado en la ciudad de Barranquilla por agentes del CTI de la Fiscalía.

Laíno Escopeta era considerado como el eslabón perdido de las AUC. Su captura se dio en cumplimiento a una orden del Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bogotá, al parecer, por estar relacionado con el crimen del sindicalista Manuel Santiago Pájaro Peinado, ocurrido el día 16 de agosto de 2001.

 

De acuerdo con las versiones de Justicia y Paz, “fue la persona que presuntamente impulsó la creación de grupos paramilitares en el Magdalena”. Ningún homicidio se ejecutaba sin su aval”, se lee en la sentencia fallada por el magistrado Gustavo Roa Avendaño, proferida en marzo de 2019.

Era conocido con los alias de “M1, JM, Ojos Azules o José Miguel” dentro de las AUC, y fue llamado a indagatoria por la Fiscalía Quinta Delegada por el delito de homicidio agravado, en relación al crimen del abogado, docente, ganadero y presidente de Coolechera, Gustavo Alexis De Silvestri Saade.

 

Conceden libertad a alias ‘Gordo Lindo’

Un juez de la república dejó en libertad a Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias ‘Gordo Lindo, reconocido narcotraficante quien se coló en el proceso de Justicia y Paz durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

La orden de libertad fue emitida por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Bogotá con lo cual se le permitió su salida de la cárcel de máxima seguridad de La Picota.

 

Zuluaga Lindo pagó una pena en los Estados Unidos por temas de narcotráfico y fue devuelto a Colombia para cumplir con procesos judiciales que quedaron abiertos con su extradición.

Alias Gordo Lindo se desmovilizó en 2005 y en 2008 fue extraditado hacia los Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas por los cuales fue condenado a una pena de 21 años de prisión y fue excluido del proceso de Justicia y Paz, luego de comprobarse que no hacía parta de las AUC.

 

 

Mancuso solicita el perdón de las víctimas

Cumpliendo con una sentencia priorizada del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, los exjefes paramilitares, Salvatore Mancuso Gómez, Edgar Ignacio Fierro Flórez y José Gregorio Mangones Lugo, se dio el acto de reconocimiento y solicitud de perdón a las víctimas de las AUC.

“Me llena de lamento, de vergüenza, de angustia, de dolor, de sufrimiento todo esto que pasó, quisiera devolver el tiempo para que estas situaciones jamás se hubiesen presentado. Soy el responsable de esta tragedia. Quiero pedirles perdón a todos ustedes, perdón de todo corazón. Toda mi vida y mil veces perdón, todos los días. Ustedes a diario están en mis reflexiones y oraciones diarias. No hay un mandato judicial que pueda ordenarle a una persona que genuinamente asuma esas responsabilidades y pida perdón dijo Salvatore Mancuso durante su intervención”.

 

Mancuso describió parte de las circunstancias que vive en la prisión de los Estados Unidos, donde según él, padece circunstancias “asfixiantes, de angustia y ansiedad”.

El evento se cumplió en el coliseo Sugar Baby Rojas, donde muchas víctimas quisieron ingresar y no les fue posible porque no había capacidad.

A pesar de que había personas dispuestas a conceder el perdón, también se conoció que víctimas como Misael Delgado, coordinador de la Mesa de Víctimas en el Atlántico, quien aseguró que no todos están dispuestos a conceder ese perdón: » es un acto que debe venir acompañado de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Desde la sentencia, hace 8 años, no hemos recibido ninguna de ellas. Entonces, ¿es suficiente un perdón?», dijo.

El exjefe de las autodefensas, dijo en las últimas horas en entrevista para Caracol Radio que está a favor de la idea del presidente, Gustavo Petro, de buscar una ‘paz total’.

El fiscal Khan le debe una explicación al país

El 28 de octubre de 2021 el fiscal Karim Kahn anunció el cierre de la investigación preliminar de la Corte Penal Internacional, CPI, en Colombia argumentando que el progreso presentado por el gobierno, junto a las diferentes cortes, la sociedad civil, los tribunales de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, mostraba que estaba funcionando el principio de la complementariedad. Según el fiscal las autoridades colombianas no son “ni inactivas ni reacias ni incapaces de investigar y juzgar genuinamente los crímenes estipulados en el Estatuto de Roma” y dijo complacido “me puedo retirar de la etapa de investigación preliminar. Esto no quiere decir que se esté poniendo fin al apoyo, el compromiso será una actividad continúa, pero este es un gran logro”.

El 27 de abril de 2022, la Federación Internacional por los Derechos Humanos, FIDH, y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR, le pidieron a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, revisar y revertir la decisión del fiscal Karim Khan de cerrar el examen preliminar sobre la situación en Colombia, ya que no sirvió a los intereses de la justicia y de las víctimas.

 

En decisión del 22 de julio de 2022, la Sala determinó que, con base al artículo 15(6) del Estatuto de Roma y la Regla 49 de las Reglas de Procedimiento y Prueba, el Fiscal sí tiene una  “obligación de informar sin demora las razones de su decisión de cerrar el examen preliminar en Colombia”, a víctimas, organizaciones u otros que hayan proporcionado información durante la duración del examen preliminar en Colombia, de junio de 2004 a octubre de 2021. La CPI había puesto a Colombia en la lista de países bajo observación por las graves situaciones de violencia que enfrentaba el país, por los crímenes de lesa humanidad y por al menos 5.763 ejecuciones extrajudiciales, mal conocidas en la opinión pública como “falsos positivos”, de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate.

Para la Sala, la información entregada por el Fiscal al cerrar el examen preliminar – mediante un comunicado de prensa y el Acuerdo de Cooperación con el gobierno de Colombia – no proveyó “información suficiente” sobre las razones del cierre del examen preliminar, en particular dada “la duración del examen preliminar y de las expectativas que puede haber suscitado en quienes proporcionaron información antes o durante el examen preliminar”.

En el comunicado conjunto del 26 de julio de 2022, FIDH y CAJAR reiteraron su compromiso “con la lucha contra la impunidad, por lo que urgen a la comunidad internacional seguir monitoreando que la aplicación de los mecanismos de justicia transicional en Colombia respeten estándares internacionales, garanticen la participación de las víctimas y permitan avanzar hacia la investigación y sanción de los máximos responsables de los crímenes cometidos”.

El expresidente Iván Duque buscó aprovecharse políticamente de la decisión de Khan. Dijo que espera mostrar que Colombia “ha fortalecido sus instituciones judiciales”. (….) que se cierra el examen preliminar reconociendo los esfuerzos de Colombia y (…) el principio de complementariedad con el cual fue fundada la Corte Penal Internacional”. Agregó  que con el cierre “se sella un acuerdo entre Colombia y la Corte Penal Internacional para estar compartiendo información, para tener reuniones periódicas y para seguir mostrando los avances de nuestro país en este proceso que es fundamental para darle tranquilidad a millones de víctimas de la violencia”.

Pero, como bien se sabe, el expresidente Duque no le aportó a la paz, sino que la debilitó con su engañoso lema de “paz con legalidad”, lo que le valió críticas en el Consejo de Seguridad de la Organización Naciones Unidas. Tampoco le dio tranquilidad a las víctimas de la violencia, sino que las desprotegió, lo que se demuestra con el hecho de que 145 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos fueron asesinados en 2021 y 52 durante el primer semestre de 2022. Duque utilizó con éxito el principio la complementariedad del Derecho Internacional Público para convencer al fiscal de la CPI,  quien se apresuró a retirar a Colombia  de la etapa de investigación preliminar.

El fiscal Karim Khan debe cumplir sin demora lo ordenado por la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI de explicar de manera detallada su decisión de cerrar la investigación del examen preliminar de la situación en Colombia. Para la FIDH y el CAJAR,  “su decisión de cerrar el examen preliminar no se ajusta a la realidad de los hechos y la necesidad de responder a las expectativas de justicia frente a crímenes internacionales que permanecen impunes en Colombia, algunos de los cuales no tienen perspectivas de ser debidamente procesados por la justicia colombiana”.

Ha entrado un nuevo gobierno del presidente  Gustavo Petro que da mucha esperanza de que se mejore la situación de derechos humanos en Colombia. Mientras tanto, la comunidad internacional debe seguir vigilando las graves situaciones de violencia que enfrenta el país, y presionando para que haya justicia para los crímenes de lesa humanidad y las ejecuciones extrajudiciales del pasado.

Revocan suspención de pena por caso Jineth Bedoya

La Corte Suprema de Justicia revocó  la  suspensión condicional de la ejecución de la pena de 40 años y 6 meses de prisión impuesta a Jesús Emiro Pereira Rivera, exintegrante de las AUC condenado por la justicia ordinaria en el 2019 por acceso carnal violento agravado, secuestro y tortura de la periodista Jineth Bedoya Lima.

La Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la justicia en Colombia determinó que Pereira Rivera no cumple las condiciones para acceder a  este beneficio  y dice además que no ha reconocido su probada calidad de coautor en los delitos perpetrados contra la comunicadora.

 

Para la Corte, la posición del desmovilizado desconoce la sentencia ratificada en dos instancias por la justicia ordinaria, los delitos cometidos por el grupo paramilitar de la que Pereira Rivera era el comandante financiero y enlace de los grupos que operaban en Bogotá y los Llanos Orientales.

Pese a la sentencia de la jurisdicción ordinaria, el desmovilizado admitió los hechos, pero negó haber sido uno de sus perpetradores o tenido incidencia en la orden para su ejecución.

A juicio de la Sala, es un contrasentido que el postulado pretenda beneficiarse frente a la sanción que le impuso la justicia ordinaria al declarar probada su participación y, al mismo tiempo, deseche su contenido en Justicia y Paz alegando que no es cierto.

Condenan a tres exjefes paras y 29 miembros de AUC por 966 hechos criminales

La decisión judicial aclara 966 hechos criminales del desaparecido Bloque Central Bolívar de las Autodefensas

 


En un hecho de alta relevancia para la reparación de las víctimas de la violencia paramilitar, la Fiscalía General de la Nación obtuvo una sentencia que permite conocer la verdad y los responsables de graves crímenes cometidos por el Bloque Central Bolívar de las desaparecidas autodefensas en 10 departamentos del país (Santander, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas y Risaralda).

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 32 exparamilitares, entre ellos a los entonces cabecillas alias ‘Ernesto Báez’, ‘Pablo Sevillano’ y ‘Julián Bolívar’, por 966 hechos criminales registrados entre los años 1999 y 2006.

Entre los crímenes atribuidos a la extinta estructura paramilitar se incluyen los siguientes hechos:

-La masacre de Guadualito, en Puerto Asís (Putumayo), ocurrida entre el 17 y 19 de agosto de 2004. 8 personas fueron asesinadas, seis secuestradas y 21 familias desplazadas.

-El desplazamiento masivo y quema del corregimiento Vallecito, en San Pablo (Bolívar). 63 familias abandonaron la población porque fue incinerada el 22 de junio del año 2000.

-La masacre y desplazamiento masivo de la vereda el Piñal, en Simití (Bolívar). El 7 de agosto de 1999, el BCB de las AUC asesinó a 6 personas y provocó la huida de 33 habitantes.

-El desplazamiento masivo los Mandarinos, Simití (Bolívar). El 17 de octubre de 1999, fueron asesinadas 7 personas y 12 desplazadas.

-El homicidio del sindicalista y líder social Livio Tito Hernández, ocurrido el 16 de abril de 2002 en Nariño.

-La desaparición forzada y homicidio de la menor Nohelis Capacho, en Barrancabermeja (Santander). Crimen ocurrido 6 de abril de 2001.

-Homicidio del periodista Flavio Iván Bedoya Sarria, ocurrido el 27 de abril de 2001, en Tumaco (Nariño).

La condena impuesta a los señalados responsables del entonces Bloque Central Bolívar es de 8 años de cárcel, la máxima que permite la ley 975 de 2005.


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