La representante a la cámara, Jennifer Pedraza, pide explicaciones a la Superintendencia de Salud y al ministerio de Salud por manejos que, según ella, llaman la atención en temas relacionados con la salud en el departamento de La Guajira.
El exgobernador de La Guajira, Jorge Eduardo Pérez Bernier, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 22 años y 4 meses de cárcel por ser responsable en el desfalco de más de 24.000 millones de pesos en el proyecto de construcción de colegios para niños de comunidades vulnerables en el departamento.
El contrato valorado en más de 90.0000 millones de pesos, tuvo sobrecostos por más de 24.000 millones en obras con materiales de mala calidad y otras más que nunca se concretaron pero aun así se giraron los pagos autorizados a la Unión Temporal del Norte (UTN).
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De acuerdo con el fallo en primera instancia, el proceso licitatorio se llevó a cabo siempre de forma direccionada buscando favorecer a la unión temporal con la que exmandatario tenía cierto tipo de cercanía.
Se espera la decisión de la defensa del exgobernador Jorge Eduardo Pérez Bernier en relación con una posible apelación.
Un grupo de hombres fuertemente armados ingresaron al Aeropuerto de Riohacha y dirigiéndose a la pista de aterrizaje entraron de forma violenta a un avión de la empresa de Latam que cargaba con un dinero entregado por un camión de valores.
Los delincuentes robaron el dinero que estaba en unas tulas y huyeron del lugar, desatando una persecusión por parte de uniformados de la Policía Nacional.
El vehículo usado fue encontrado incinerado cerca del sector de los moteles y muchos de los billetes que fueron hurtados fueron arrojados en la vía a donde la comunidad cercana acudió para recogerlos.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) hizo entrega al departamento de La Guajira de 16 carrotanques.
Además, el Ejército Nacional y la Defensa Civil contarán con ocho carrotanques adicionales. Cada entidad recibió cuatro vehículos para apoyar la distribución de agua potable a las comunidades.
El recorrido de miembros de la entidad encabezada por su director, Carlos Carrillo, denominado como ‘El camino del agua’, comenzó en Riohacha, donde la UNGRD entregó dos carrotanques. Posteriormente, en Maicao, Uribia y Manaure se pusieron en operación seis vehículos más que reforzarán el abastecimiento de agua y ayudarán a mitigar los efectos de la sequía en la región.
Para la distribución de los carrotanques, la Unidad priorizó los departamentos y municipios con mayores problemas de desabastecimiento de agua y que han solicitado, de manera reiterada, apoyo de la entidad para garantizar el mínimo vital en sus comunidades.
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Cada vehículo entregado tiene capacidad para suministrar 8.000 litros de agua, lo que permite abastecer diariamente a más de 10.600 personas. Su tamaño es el indicado para las condiciones áridas del terreno.
A la fecha, la UNGRD ha entregado 21 carrotanques en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Sucre, Magdalena y Córdoba, así como en los municipios de Ciénaga de Oro y Lorica. También han sido asignados a la Defensa Civil, la Armada Nacional, al Ejército y al Centro Nacional Logístico.
Esta semana se entregarán 32 carrotanques más, para un total de 53 distribuidos en diferentes regiones del país.
Los vehículos restantes serán entregados este mes en Buenaventura (Valle del Cauca), Ipiales (Nariño), Caquetá, Casanare, Chocó, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Caldas, Tolima, Meta, Huila y Putumayo, y al Cuerpo Oficial de Bomberos.
Una juez penal de conocimiento de San Juan del Cesar (La Guajira) avaló la negociación judicial y condenó al procesado a cinco años de prisión a Marlon Rafael Brito Bolívar por el secuestro de los señores Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda, padres del futbolista Luis Fernando Díaz Marulanda, ocurrido el 28 de octubre de 2023, en Barrancas (La Guajira).
Brito Bolívar fue condenado por el delito de secuestro Adicionalmente, le impuso una multa equivalente a 400 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 60 meses; y precisó que la pena debe hacerse efectiva en establecimiento carcelario.
En el curso de la investigación se acreditó que los padres del futbolista salieron a atender una supuesta promesa de apoyo a la candidatura de un familiar que aspiraba llegar al Concejo de Barrancas; sin embargo, fueron interceptados por hombres armados y llevados hacia la Serranía del Perijá.
La señora Cilenis Marulanda fue dejada en libertad el mismo día de la retención; mientras que Luis Manuel Díaz permaneció 12 días en cautiverio y finalmente fue entregado a una comisión humanitaria.
El representante a la Cámara por La Guajira, Juan Loreto Gómez Soto, ha manifestado su profunda preocupación por la falta de cumplimiento del Gobierno Nacional respecto a los compromisos adquiridos con el pueblo Wayuu y la empresa Salinas Marítimas de Manaure (SAMA).
Hace un año, el entonces ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, presentó ante el Congreso un proyecto de ley para capitalizar y reactivar SAMA. Esta medida tenía como objetivo garantizar la operación de la empresa, considerada el motor económico de Manaure y una pieza clave para la estabilidad de cientos de familias indígenas que dependen de la producción de sal.
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Sin embargo, el actual ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, no ha dado señales de compromiso con la continuidad del proyecto. «A pesar de las promesas gubernamentales, el Ministerio ha optado por el silencio y la dilación, postergando decisiones urgentes y dejando en la incertidumbre a una comunidad que necesita acciones concretas», comenta el congresista.
El pasado 4 de febrero de 2025, el viceministro de Desarrollo Empresarial, Lorenzo Castillo Barvo, anunció en un comunicado que la capitalización de SAMA, por 61.000 millones de pesos, se encuentra dentro del techo presupuestal del Ministerio. No obstante, la entidad cuenta con 161.682 millones de pesos destinados a inversión, lo que, de acuerdo don con Gómez Soto, «genera cuestionamientos sobre la falta de prioridad hacia La Guajira y la falta de asignación de recursos a un proyecto que genera empleo y estabilidad para una población históricamente olvidada».
“La postura del Gobierno Nacional deja en el aire el futuro de SAMA, condicionando su capitalización a un proyecto de ley estancado y restricciones presupuestales sin ofrecer alternativas viables. No podemos permitir que miles de familias Wayuu y guajiras dependan de trámites administrativos mientras la crisis avanza. Invertir en SAMA no es solo una necesidad económica, sino un acto de justicia con las comunidades que apoyaron el cambio”, expresó Andrés José Díaz Lindao, gerente de Cootrasoma y representante del gremio transportista.
“Se han prometido mesas técnicas: mesas para los transportistas de sal, mesas para la segunda ponencia del proyecto de ley, mesas con los distintos ministerios en busca de avanzar y nada de esto se ha dado. ¿Ministro, cuánto más hay que estudiar? ¿Cuántos meses más van a condenar a la incertidumbre a los trabajadores de SAMA y a las comunidades indígenas que dependen de esta empresa?”, afirmó el Representante Gómez Soto.
Las autoridades tratan de dar con el paradero de los autores de la masacre en el municipio de Albania, en La Guajira en donde fueron asesinadas tres personas y otras dos quedaron heridas.
El triple homicidio tuvo lugar en una zona de invasión entre la cabecera municipal y el corregimiento de Cuestecita, donde hombres armados llegaron en motocicletas disparando contra un establecimiento comercial en donde se encontraban un grupo de personas.
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Las personas asesinadas fueron identificadas como Iván Daniel De Armas Moreno, Ángel Aldair Mendoza Daza y Eduard Ojeda Hernández. Entre los heridos hay un hombre de 51 años y otro de 41. De acuerdo con las primeras indagaciones, se trataría de un ajuste de cuentas entre grupos criminales.
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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) inició la implementación de un plan estratégico para distribuir 56.000 kits de asistencia humanitaria destinados a las comunidades afectadas por la temporada de lluvias en el departamento de La Guajira.
Como parte de esta iniciativa, los primeros 2.000 kits ya fueron entregados en el corregimiento de Nazareth, beneficiando a más de 8.000 personas. Esta acción se enmarca dentro de la “Operación Guajira”, una estrategia integral que también permitió la instalación de un hospital de campaña para brindar atención médica a más de 10.000 habitantes de la región norte extrema del departamento.
«Estamos comprometidos con apoyar a las comunidades afectadas por los efectos de la variabilidad climática en Colombia. La Guajira es una de las regiones que más requiere nuestra atención. Además de las ayudas humanitarias donadas recientemente por el gobierno turco, hemos puesto en marcha este plan de distribución que contempla la entrega de cerca de 56.000 kits», destacó Carlos Carrillo Arenas, director general de la UNGRD.
Estas entregas se realizan bajo el Decreto de Desastre Nacional No. 1372 de 2024 y beneficiarán a más de 220.000 habitantes de municipios como Uribia, Maicao, Manaure, Dibulla, Albania, San Juan del Cesar, Urumita, Villanueva, La Jagua del Pilar y Fonseca. El objetivo es mitigar los impactos de las lluvias y fortalecer la respuesta humanitaria en esta región vulnerable del país.
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) declaró la emergencia sanitaria en el departamento de La Guajira por la presencia de un brote de Carbunco Bacteridiano (ántrax).
La entidad tomó la decisión luego de confirmar la veracidad de una denuncia ciudadana que indicaban la presencia del virus en la región con la aparición de nuevos casos de la enfermedad.
Una comisión del ICA comisión se desplazó hasta la zona para tomar las muestras que llevaron a laboratorio en Bogotá y que tras sus resultados propiciaron la declaratoria de la emergencia contenida en la Resolución N°00021020 del 26 de diciembre de 2024.
Tras la propagación del virus en el ganado fallecieron 10 animales de los 10 que se enfermaron confirmaron los integrantes de la comisión.
La declaración se hizo para La Guajira, sin embargo, no se descarta que la enfermedad se pueda extender a los demás departamentos de la región.
Han transcurridos 14 años desde que se inauguró la Presa de El Cercado en el sur de La guajira, primera fase del Proyecto multipropósito del Río Ranchería y desde entonces allí permanecen embalsadas 180 millones de metros cúbicos de agua, sin que se avance en la segunda fase que contempla dos distritos de riego, el de El Ranchería y el de San Juan cesar, para irrigar 18.000 hectáreas, una pequeña central hidroeléctrica, con capacidad de 20 MW y el abastecimiento de agua potable para 8 de los 15 municipios del Departamento. Hemos sido reiterativoS al demandar de los sucesivos gobiernos la ejecución de esta segunda fase, para que este proyecto deje de ser el más escandaloso y costoso elefante blanco en el país. Allí están enterrados $637.369.4 millones!
En febrero 26 de este año llamamos la atención de la Agencia de desarrollo rural (ADR) y del Presidente Gustavo Petro, al enterarnos de que el contrato con la firma OR Construcciones Ingenierías S.A.S para administrar, tener el control técnico, la operación y el mantenimiento de la infraestructura de la presa de El Cercado con el fin de garantizar la preservación y mantenimiento de los costosos equipos allí instalados, en condiciones de seguridad, había terminado el 15 de diciembre del año pasado y no se había renovado. Y ello, a pesar del requerimiento al respecto por parte del Director ejecutivo de CORPOGUAJIRA Samuel Lanao.
Manifesté, entonces, mi preocupación por el hecho de que “desde entonces las instalaciones y la presa de El Cercado misma están al garete, sin quien las administre, opere y mantenga, poniéndolas en alto riesgo de una contingencia. Cabe advertir que allí están instalados equipos y accesorios críticos que ameritan una operación especializada para garantizar su normal funcionamiento, entre ellos, a guisa de ejemplo, las válvulas de fondo Howell Bunguer, las cuales requieren maniobras constantes con el fin de garantizar su normal funcionamiento y conjurar oportunamente fallas que puedan comprometer
su operatividad. Lo propio puede decirse con respecto al funcionamiento de la planta eléctrica que proporciona el fluido eléctrico que requieren”.
Advertimos, además, que “la presa de El Cercado y el agua allí embalsada tienen una dinámica hidráulica propia que requiere un estricto control y vigilancia con el fin de monitorear la corriente del río, cumplir a cabalidad el ´caudal ecológico´ exigido por CORPOGUAJIRA, así como con el suministro de agua cruda a los acueductos de Fonseca, Barrancas y Distracción. Cabe preguntarse hasta cuándo se va a prolongar esta situación de imprevisión e improvisación, rayana en la irresponsabilidad, que pone en alto riesgo la integridad de la Represa del Río Ranchería, hoy a la deriva, que compromete de paso su carácter multipropósito, que sólo se podrá materializar mediante la ejecución de la segunda fase de este proyecto aún inconcluso”3.
En esas estamos ahora cuando debido a las altas precipitaciones el nivel de llenado del embalse pasó de 79.81% el 1 de noviembre al 98.28% el 12 de noviembre, lo que representa un aumento inusitado en tan corto tiempo. Ello llevó a la Dirección departamental de Gestión del riesgo y a la Agencia de desarrollo rural (ADR) a advertir a las poblaciones ubicadas aguas abajo en el área de influencia del embalse sobre el riesgo potencial, que a nuestro juicio es inminente, de inundaciones y avalanchas.
Afirma la ADR en un comunicado que la “operación de válvulas de descarga, así como el funcionamiento del vertedero de excesos, mitigan los efectos que puedan presentarse ante la ocurrencia de crecientes súbitas aguas arriba de la presa. No obstante, la alerta continúa, ya que el embalse se encuentra en el 100% de su capacidad”4. Pero, cabe preguntarse cómo va a hacer para afrontar esta contingencia si a la fecha aún sigue sin contratarse la administración, mantenimiento y operación de la presa de El Cercado, por pura dejadez y negligencia. Estamos en las manos de Dios!
El director de la Unidad Para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, e n su más reciente visita al departamento de la Guajira sobrevoló y recorrió los nueve corregimientos de la Alta Guajira desabastecidos e incomunicados por las lluvias. Un recorrido entre Nazareth y el municipio de Uribia pasó de 8 horas a una semana.
Al respecto, el funcionario afirmó que se requiere de una adición presupuestal por $700 mil millones para atender las emergencias por lluvias en el departamento de La Guajira y en el país.
Así mismo aseguró que el “el alcalde de Uribia tiene secuestrados 231 mil millones de pesos”. Carrillo cuestionó la negativa del mandatario local de liberar los millonarios recursos del Fondo de Inversión Colectiva, asignados de manera irregular por la dirección anterior, que podrían destinarse de manera inmediata a la compra de asistencia alimentarias y maquinaria amarilla para el departamento
El director de la UNGRD ofreció asistencia técnica a los municipios para censar damnificados y garantizar la entrega de Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE).
La Procuraduría General de la Nación citó de urgencia a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) y a la Previsora Compañías de Seguros, para encontrar una solución que permita la utilización de los carrotanques parqueados en La Guajira por falta de pólizas.
De acuerdo con el ente de control, “la preocupación principal es que haya un uso eficiente de bienes adquiridos por la UNGRD”, como es el caso de los vehículos tipo carrotanque, ubicados en unidades militares del departamento de La Guajira.
El órgano de control disciplinario hace referencia a 60 Vehículos que se encuentran ubicados en el Batallón de Infantería Cartagena — BICAR y la Fuerza de Tarea de Armas Combinadas (FUTAM).
El Ministerio Público convocó a una mesa interinstitucional obligatoria con el propósito de abordar la problemática, posibles escenarios y explorar soluciones.
En el marco del Foro internacional de los Servicios Públicos convocado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la presidencia de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Natalia Gutiérrez Jaramillo, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que acelere los proyectos relacionados con generación de energías que se encuentran en La Guajira, para de esta manera evitar un apagón eléctrico en el país.
«No han entrado los proyectos que debían iniciar desde hace cuatro años y son 2200 megas atrapadas en La Guajira, y hacemos un llamado porque tenemos que desatrazarnos en energía que estamos esperando que ingrese al sistema lo que nos daría un gran respiro, incluso en precios», afirmó.
La líder gremial explicó que Colombia es materia de estudio a nivel internacional porque el país no padece de apagones eléctricos a diferencia de países, como Brasil, Chile, Perú, Ecuador, China, lo que según ella, demuestra que el modelo de energía no es fallido.
Misión La Guajira celebró una nueva etapa de su proyecto, entregando soluciones vitales en agua potable, energía sostenible y seguridad alimentaria para más de 4,000 personas en 13 comunidades Wayuu de Manaure y Uribia. Este esfuerzo, fruto de la alianza público-privada entre la Presidencia de la República, Grupo Aval y Promigas, con el apoyo de Prisa Media, continúa marcando la diferencia en la vida de quienes, por primera vez, cuentan con recursos tan básicos y esenciales.
Desde el comienzo, en diciembre de 2023, Misión La Guajira se ha comprometido con un enfoque participativo, respetando la cosmovisión y el conocimiento ancestral de las comunidades. La clave ha sido la concertación: escuchar y entender a las comunidades, asegurando así que las soluciones realmente respondan a sus necesidades.
Un aspecto fundamental del proyecto ha sido el rol de las mujeres y, en especial, de las mujeres jóvenes que han emergido como líderes naturales. Gracias a este proceso, muchas han descubierto habilidades únicas que las han convertido en guías para sus comunidades. Así, Misión La Guajira deja un legado adicional: el empoderamiento y la creación de nuevas oportunidades.
En comunidades que antes estaban divididas, el acceso al agua potable ha transformado la dinámica social. Hoy, el agua no solo es un recurso vital, sino un símbolo de unión. Las familias, que antes luchaban por acceder a este recurso, ahora lo comparten y ven en él una nueva oportunidad de vida. Esta transformación no es solo material, sino también espiritual, demostrando que el agua puede unir lo que antes estaba dividido. El acceso al agua ha consistido en el lavado o la recuperación de 46 pozos existentes, en la perforación de dos nuevos pozos y en la instalación de tres plantas potabilizadoras con capacidad para desalinizar entre 15,000 y 20,000 litros diarios, con base a bombas energizadas por sistemas solares fotovoltaicos.
El acceso a energía eléctrica ha cambiado radicalmente la vida cotidiana de estas comunidades. La electricidad permite refrigerar alimentos y mantener las huertas productivas; también extiende el día para actividades comunitarias y familiares. Además, la electricidad ha traído consigo el acceso a internet, abriendo una ventana al mundo para los más jóvenes. Por primera vez, estos niños pueden soñar con un futuro diferente al de sus padres y abuelos. El día de hoy se entregaron, en 5 comunidades, soluciones de energía con paneles solares en infraestructura comunitaria como enramadas o escuelas, con lo cual también se logró la instalación de internet.
“Hoy entregamos obras que reflejan el compromiso de Promigas de ofrecer medios para que más hogares transformen la energía en bienestar”, manifestó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.
Misión La Guajira no sería posible sin el trabajo colaborativo de múltiples aliados. Adicional al apoyo constante de Prisa Media y W Radio en la visibilización de los retos y dificultades de estas comunidades, así como en las soluciones que se han ido entregando, otras entidades como Claro Colombia y World Bicycle Relief se han sumado aportando conectividad y soluciones innovadoras como bicicletas adaptadas para transportar agua y resistentes a las condiciones climáticas y a los suelos desérticos. Estos esfuerzos demuestran que, cuando todos aportamos un poco, los resultados pueden ser enormes y sostenibles en el tiempo.
«Misión La Guajira no solo lleva agua y electricidad a estas comunidades, también siembra esperanza y la posibilidad de construir una realidad diferente», afirmó Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de la Junta Directiva de Grupo Aval. «Estamos orgullosos de liderar un proyecto que refleja nuestro compromiso de hacer grupo con La Guajira, con el gobierno Nacional y con todo el país».
En cuanto al componente de seguridad alimentaria, el Gobierno Nacional ha entregado huertas comunitarias, sistemas de riego y la primera cosecha en 9 comunidades priorizadas en Manaure.
“Misión La Guajira es un ejemplo del Acuerdo Nacional en acción, donde el Gobierno Nacional y el sector privado trabajamos juntos para encontrar soluciones sostenibles para el pueblo Wayuu.”, comentó Laura Sarabia, Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 19 neutralizaron un depósito ilegal de artefactos explosivos que contenía 78 minas antipersonales y 27 metros de cordón detonante, destinados a ser utilizados en un ataque contra las tropas y los civiles en la en la vereda San Francisco, departamento del Guaviare.
Los militares procedieron a destruir los explosivos de manera controlada conforme a los procedimientos establecidos por el Equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE), sin causar afectaciones al medio ambiente.
En otra acción, soldados de la Décima Brigada llevaron a cabo una exitosa operación contra el narcotráfico, que en las últimas horas, en vereda La Palma, municipio de la Jagua de Pilar, La Guajira, permitió incautar cerca de dos toneladas de marihuana, avaluadas en más de 800 millones de pesos.
Soldados del Grupo de Caballería Mecanizado N.º 2, en un puesto de control, lograron identificar un vehículo que se desplazaba de manera sospechosa. Los ocupantes de este, al ver la presencia de las tropas, lo dejan abandonado. Cuando los soldados hacen la revisión, encuentran 40 paquetes con 1998 bolsas de un kilo cada una con el alcaloide.