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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: La Guajira

Secuestraron a los papás del futbolista Luis Díaz

 Los papás del jugador Luis Díaz, Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda, fueron secuestrados desconocidos en moto interceptaron la camioneta en la que se movilizaba por el municipio de Barrancas en La Guajira.

Hasta el momento no se conocen más detalles por parte de las autoridades locales que se encuentran trabajando en el respectivo operativo para dar con los responsables de este hecho.

 

El Gaula activó un ‘plan candado’ en el departamento de La Guajira.

Hasta el momento el jugador no se ha pronunciado oficialmente ni a través de sus redes sociales.

Corte Constitucional tumbó decreto de reforma a la salud en La Guajira

La Corte Constitucional tumbó uno de los 11 decretos que el gobierno de Gustavo Petro había expedido con respecto a la petición de emergencia económica y social que declaró para La Guajira en julio.

El decreto en cuestión estaba pensado específicamente para ser un piloto de lo que iba a ser la reforma a la salud con la comunidad wayuu, pero el proyecto no se ha aprobado en el Congreso.

 

El argumento principal de los magistrados de la Corte Constitucional es que tales medidas de carácter estructural y de larga data no pueden ser adoptadas por el Ejecutivo, sino en casos puntuales podría tener atribuciones legislativas.

La decisión se da un par de semanas después de que el ente judicial tumbara la declaratoria de emergencia social de La Guajira con un argumento similar al de esta decisión.

Le puede interesar: Gobierno invita a las cortes a integrar una comisión que redacte un proyecto de reforma a la justicia

Atentan contra la sede un candidato en La Guajira

El candidato a la alcaldía de San Juan del Cesar, en la Guajira, Moisés Daza Mendoza,, fue víctima de un atentado mientras se encontraba al interior de la sede de su campaña política.

Desconocidos llegaron hasta el lugar, disparando con armas de fuego impactando el vehículo del candidato.

 

Testigos del hecho aseguran que dos personas vestidas de negro que se movilizaban en una moto dispararon en la parte delantera del automovil., El hecho no registró personas ni heridas ni muertas.

Varios candidatos a concejo y alcaldías en La Guajira, han denunciado diferentes ataques tanto verbales como físicos desde que se inició la campaña electoral.

Comunidad wayuu denunció trashumancia en Uribia

A un par de semanas de las elecciones regionales la comunidad Wayuu del municipio de Uribia (La Guajira) hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral por posible trashumancia electoral.

La población guajira muestra su preocupación por la inscripción de 11.214 nuevos votantes en el municipio de los cuales solamente el 5 % parece pertenecer realmente al sector.

 

Vale la pena resaltar que el 97 % de la población de Uribia pertenece a la comunidad wayuu por lo que la comunidad exige también a la Misión de Observación Electoral seguir el caso.

Denuncian que a pesar de la resolución No. 5489 del 28 de julio de 2023, por parte del Consejo Nacional Electoral no se hace un seguimiento adecuado de las inscripciones hechas praa ejercer el derecho al voto.

Desde la comunidad piden que se haga un cruce de datos con el Censo Electoral de la Registraduría, SISBEN, el ADRES y el DPS, junto al Archivo Nacional de Identificación (ANI).

De los 11.214 inscritos, solamente se ha anulado la inscripción de 1.135 personas para las elecciones regionales del próximo 29 de octubre.

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BBVA entrega 2.000 kits humanitarios para atender emergencia en La Guajira

BBVA, en unión con los Bancos de Alimentos de Bogotá y La Guajira, y el Ejército Nacional entregaron 2.000 ayudas humanitarias para apoyar la atención de la emergencia social y económica por la que atraviesa el departamento de La Guajira. Esta donación incluye alimentos y elementos de aseo de primera necesidad en Riohacha y rancherías ubicadas en Los Cerritos, Manaure, Potrerito, entre otros. Las entregas contaron con la presencia de la directora del Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia.

En julio de 2023, el Gobierno Nacional decretó la emergencia económica y social en ese departamento, previendo la afectación que la región pueda tener por cuenta del impacto del fenómeno del Niño. Recientemente, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo confirmó las altas proyecciones de afectación en este departamento por las condiciones climáticas que se empiezan a sentir en Colombia, pues al menos 10 municipios se encuentran en el nivel de riesgo más alto debido a la intensa sequía que afectaría la región. Entre tanto, se ha implementado un plan preventivo en la zona desde que se declaró la emergencia, que incluye la entrega de agua potable, la recuperación de acueductos, la distribución de asistencia humanitaria y alimentos.

 

Miguel Charria, vicepresidente de la Red Comercial de BBVA en Colombia, destacó que “En BBVA estamos convencidos de que además de nuestra actividad innata del negocio financiero, tenemos el deber y la responsabilidad de contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva, y por eso, nos hemos unidos con los Bancos de Alimentos de Bogotá y La Guajira y el Ejército Nacional, para ayudar a familias de poblaciones y comunidades indígenas que pasan por momentos de dificultad por la inclemencia del clima”.

Por su parte, la directora del Departamento de Prosperidad Social,  Laura Sarabia, señaló que “este tipo de encuentros nos llevan a una verdadera reconciliación social, a una verdadera sinergia entre el sector público y privado en beneficio de la gente. Ese es el llamado que nos hace el departamento de La Guajira en su múltiple vulnerabilidad: unirnos todos para traer soluciones a quienes más lo necesitan”.

Adicionalmente, la entidad ha llegado con sus programas de apoyo a la educación al departamento beneficiando a más de 10.000 estudiantes del departamento con la entrega de tabletas, internet gratuito y formación STEAM.

En lo corrido de 2023, BBVA se ha solidarizado con más de 50.000 colombianos de Nariño, Cauca, Tolima y Caldas afectados por lluvias e inundaciones y por la emergencia generada por el Nevado del Ruíz, que recibieron ayudas humanitarias de parte de la entidad financiera y del Banco de Alimentos de Bogotá.

Esto se suma a las cifras de 2022 cuando BBVA entregó más de 22.000 mercados en 22 departamentos y más de 100 municipios del país como Quibdó e Istmina en Chocó; Pasto, Ipiales y Tumaco en Nariño; Riohacha, Uribia y Manaure en La Guajira; Buenaventura y Dagua, en el Valle del Cauca;  Dabeiba, en Antioquia; y Chipaque y Cáqueza, en Cundinamarca, entre otros, que también han tenido que hacer frente a las condiciones climáticas.

Para 2023, BBVA en Colombia hará inversiones sociales por más de $10.000 millones, con las cuales espera beneficiar a cerca de 500.000 personas en Colombia. 

CNE revoca la candidatura del ‘hombre Marlboro’ a la Alcaldía de Maicao

 El Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la candidatura a la Alcaldía del municipio de Maicao (La Guajira) de Samuel Santander Lopesierra, conocido como ‘el Hombre Marlboro’.

La decisión se tomó por unanimidad, argumentada en la pena de dieciocho años que pagó Lopesierra en los Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

 

El candidato anunció que interpondrá un recurso de reposición y derecho a defensa para que el Consejo Electoral determine en menos de dos (2) días si mantiene o no esta revocatoria.

Réquiem por las térmicas en Colombia

Amylkar D. Acosta M

“En política sólo triunfa quien pone la vela donde sopla el viento, jamás quien pretende que sople el viento donde pone la vela»

 

Antonio Machado

Tal y como lo habíamos prometido, nos proponemos analizar a fondo la conveniencia y la oportunidad de varios de la docena de decretos con fuerza de Ley expedidos por el presidente de la República Gustavo Petro al amparo de la declaratoria de la Emergencia económica, social y ecológica en el Departamento de La guajira. Empezaremos por el Decreto 1276 del 31 de julio de 2023.

Hacia un modelo de generación con cero emisiones de GEI

En dicho Decreto se dispone en su artículo 8º la “financiación de GECELCA para la transformación de las termoeléctricas de carbón Guajira 1 y Guajira 2” y en su parágrafo transitorio se lee que “en un término de 3 meses contados a partir de la expedición del presente Decreto la Nación, a través de los Ministerios de Hacienda y de Minas y Energía establecerá un esquema de financiación a favor de GECELCA para la transformación de las termoeléctricas de carbón de TERMOGUAJIRA a un modelo de generación de cero emisiones netas de CO2”. Y añade, “la regulación ambiental que gobierna el sistema de generación de TERMOGUAJIRA deberá ajustarse en un término de 3 mesesa un esquema de generación eléctrica de cero emisiones netas de CO2”. Así de tajante y perentorio es este artículo.

Entre los considerandos de este Decreto se aduce que según un estudio (Huxham & Anwar, 2023), que no es cotejado con ningún otro, “los ingresos de distintas carboeléctricas se reducirían hasta en un 100% al año 2030”, de lo cual se seguiría “una posible reducción acelerada de la rentabilidad de TERMOGUAJIRA en la próxima década”. En auxilio de su argumentación trae a colación “un tema que afecta al sector”, como lo es “la alta volatilidad de los precios internacionales de carbón, que en 2022 llegaron a superar los US $400

/tonelada”, cuando es bien sabido que ello obedeció a una coyuntura muy particular como lo es el conflicto en Ucrania2. Pero también se alega que hacia el futuro el costo de generación con carbón “será agravado por la aplicación del impuesto al carbono”, lo cual pesará cada vez más en sus costos operativos.

Las térmicas como respaldo al sin

Dicho sea de paso, este impuesto está mal concebido en la Ley, porque en lugar de gravar al carbón debería gravar más bien las emisiones de dióxido de carbono a que de lugar su combustión. Tal como está en la Ley quienes quemen el carbón no tienen ningún incentivo para reducirlas, existiendo en el mercado tecnologías avanzadas tanto para reducirlas como para capturarlas. Empresas como ECOPETROL, que emite gases de efecto invernadero (GEI) a lo largo de toda la cadena de la extracción, transporte y refinación del crudo, viene tomando medidas tendientes a reducirlas y se ha fijado la meta de alcanzar la carbono neutralidad en su operación para el año 2050. Por qué no promover e incentivar la puesta en práctica de medidas similares a las que ha venido implementando la estatal petrolera por parte de los generadores térmicos. En el caso de TERMOGUAJIRA bastaría con que en lugar de consumir carbón sus dos plantas operen con gas natural, ya que son duales.

Como es bien sabido el parque térmico en Colombia, que consta de 30 centrales de generación, con una capacidad instalada de 5.668 MW, 12 de ellas ubicadas en la región Caribe, están llamadas a servir de respaldo al Sistema interconectado nacional (SIN), sobre todo para atender los picos de demanda, de tal suerte que no se puede pensar con el deseo de prescindir de ellas súbitamente, poniendo en riesgo su confiabilidad y firmeza. Tanto más en tratándose de la región Caribe en la que debido al cuello de botella que enfrenta el transporte de la energía por “agotamiento de las redes de transmisión”3, como lo reveló la empresa XM, que administra y opera el SIN, advirtiendo además que “la demanda no atendida que se viene programando…podrá incrementarse en la medida en que crezca la demanda de energía en dicha zona4.

Esta circunstancia ha obligado a que la térmicas instaladas en la región Caribe no estén sirviendo de respaldo sino que, desde hace rato, han estado en la base, generando de manera continua, para suplir la energía que no son capaces de soportar las averiadas redes de transmisión y subtransmisión. De modo que si se llega a apagar TERMOGUAJIRA no hay forma de suplir la energía que genera y nos expondría a que la región Caribe haga el tránsito del actual racionamiento del servicio de energía a un calamitoso apagón5. Por lo demás, GECELCA, que es del Estado, tiene vendida la energía que genera por los próximo años, cabe preguntarse si el Estado va a responder honrando sus compromisos prestando garantía de la Nación para su reconversión “a un esquema de generación eléctrica de cero emisiones netas de CO2”.

Todo, por el prurito de que “el Departamento de La guajira sea el primero en alcanzar la generación eléctrica carbono-cero neto…a partir del horizonte 2024-2028”, sosteniendo falazmente que la confiabilidad del SIN que descansa en el respaldo que le brinda el parque térmico, ahora “sería suplida por distintas tecnologías de almacenamiento (por ejemplo, baterías e hidroeléctricas de mayor potencia), así como por otras tales como condensadores sincronos”, que no se han terminado de inventar (¡!). Se pretende utilizar a TERMOGUAJIRA como conejillo de Indias. No hay derecho.

Es de anotar que si de lo que se trata es de reemplazar vis a vis (pelo a pelo) la capacidad de generación térmica de TERMOGUAJIRA (290 MW) por fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), ello implicaría instalar 4 veces dicha capacidad (1.160 MW) si se trata de energía eólica y 6 veces (1.740 MW) en solar – fotovoltaica. Si este es sólo el comienzo de la reconversión de todo el parque térmico a renovables el costo de la inversión en que se incurriría para lograrlo sería de aproximadamente $168 billones (¡!).

Y no lo decimos a humo de paja, es que el propio Presidente Petro manifestó que “es que se tienen que sustituir las termos, empezando por la de La Guajira6 ya que, según él TERMOGUAJIRA “es el segundo consumidor de agua en una región donde la gente es la tercera”7, lo cual no es cierto, el Presidente Petro ha sido mal informado, sus asesores de cabecera están faltando a la verdad, pues para su operación utiliza agua del mar y no de los afluentes, acuíferos o de las zonas de recarga hídrica. Partiendo de esta falsa premisa, “si TERMOGUAJIRA se traslada a ser una granja solar o un parque eólico con la misma capacidad, se libera agua para el territorio”8. Esto podría terminar en que, al final, nos quedemos en el peor de los mundos, sin la soga y sin la ternera.

Imitando el error de Alemania

Ojalá en Colombia no se repita el error de Alemania, líder en energías renovables, que se apresuró a apagar las centrales térmicas de generación y los reactores nucleares para apostarlo todo a las renovables y cuando devino la reactivación de su economía después de la recesión provocada por la pandemia del COVID 19, la capacidad instalada de FNCER no dio abasto para satisfacer la mayor demanda de energía, viéndose obligada a volver a prenderlas. Y las consecuencias no se hicieron esperar, al poner a operar nuevamente las térmicas, la mayor demanda por carbón y gas dio lugar a una espiral alcista de sus precios, alcanzando un récord histórico, llevando las tarifas de energía a niveles nunca vistos y de contera desató una inflación galopante, abocando a la economía a una crisis de la que aún no se repone9.

La improvisación no es buena consejera

A todas esas, vale la pena preguntarse qué relación tiene este ensayo de laboratorio de una política más inspirada en la ideología que fundamentada en la técnica y del sentido común, con la declaratoria de la Emergencia económica, social y ecológica, motivada por la crisis humanitaria que asola a La Guajira, con la cual se trata de “conjurar la situación de crisis y evitar la extensión de sus efectos”. Para mi ninguna, cuando se alude al supuesto cumplimiento con esta medida de la Sentencia de la Corte Constitucional T-302, que declaró el Estado de cosas inconstitucional, ese es sólo el pretexto.

La aún incipiente Transición energética justa, bandera de este gobierno no se puede adelantar a los trompicones, chamboneando, improvisando, sino de una manera gradual, paulatina, inteligente y responsable, con una gran dosis de realismo y pragmatismo. Es tal su importancia y trascendencia que la misma debería estar como primer punto en la Agenda del Acuerdo nacional enhorabuena propuesto por el Presidente Petro.

Hay que entender y persuadirse que, no por mucho madrugar amanece más temprano. Y, como bien dijo John Maynard Keynes a Franklin Delano Roosevelt en una carta abierta que le dirigió en 1933, en momentos en los que el mundo apenas estaba empezando a levantar cabeza después de la Gran depresión de 1929 – 1932 “las reformas pueden ser urgentes, pero apresurarse sería dañino cuando lograr la meta de largo plazo es más importante que el resultado inmediatoAún la más necesaria y sabia de las reformas afecta la confianza del mundo empresarial y debilita los motivos de su acción”. Más claro, el agua!

 

Riohacha, agosto 14 de 2023

www.amylkaracosta.net

 

 

1 Miembro de Número de la ACCE

2 Amylkar D. Acosta Medina. La crisis energética global. Abril, 30 de 2022

3 XM. Comunicado. Julio, 21 de 2023

4 Ídem

5 Amylkar D. Acosta Medina. El riesgo inminente de racionamiento de energía. Julio, 22 de 2023

6 Presidente Gustavo Petro. Discurso. Riohacha, junio 28 de 2023

7 Ídem

8 Ídem

9 Amylkar D. Acosta Medina. La crisis energética global. Abril, 30 de 2022

 

A propósito de la emergencia económica y social

Amylkar D. Acosta M1

Como es consabido el pasado 2 de julio el Presidente Gustavo Petro, mediante Decreto 1085, apelando al artículo 215 de la Constitución Política, declaró la Emergencia económica, social y ecológica en el Departamento de La Guajira, “con el imperativo objetivo de conjurar la crisis humanitaria y el Estado de cosas inconstitucional, que lamentablemente se vive en el Departamento de La Guajira y que se ha visto agravado de forma inusitada e irresistible” por el advenimiento del fenómeno de El Niño.

 

Dicho Decreto ha sido cuestionado por parte de quienes consideran que el mismo transgrede la Constitución Política, alegando que sólo procede dicha declaratoria, tal y como lo establece la Carta en su artículo 215, “siempre que sobrevengan hechos distintos a los previstos en los artículos 212 y 213”, que se refieren a la declaratoria de Guerra exterior y conmoción anterior. Y a juicio de ellos la calamitosa situación que acusa La Guajira no se puede considerar como un hecho sobreviniente sino inveterado. De hecho las medidas cautelares decretadas por la Comisión interamericana de derechos humanos (CIDH) y el Estado de cosas inconstitucional por parte de la alta Corte, datan desde el 2015 y el 2017, respectivamente.

No obstante, nos atrevemos a afirmar que cada niño que muere, como han venido muriendo de manera recurrente, por inanición, por hambre, desnutrición o enfermedades asociadas a estas lacras sociales, cuya responsabilidad comparten tanto el Gobierno Nacional como las autoridades territoriales, debe considerarse como un hecho sobreviniente. De otro modo, este hecho tan aberrante terminaría convirtiéndose en simple paisaje bajo la mirada de un Estado indolente y ausente, que no cumple con la satisfacción de necesidades tan básicas como el acceso a la salud y al agua, que es un derecho fundamental que le asiste a las comunidades más vulnerables.

Además, el artículo in comento no se limita a señalar los hechos sobrevinientes como fundamento y justificación de la declaratoria de la Emergencia económica, social y ecológica, sino que contempla otra causal, cuales son aquellos “que constituyan grave calamidad pública”. Y si no configura calamidad pública la crisis humanitaria que azota y asola al Departamento de La Guajira cabe preguntarse qué se entiende por ella o qué hace falta para reconocerla. De modo que este artículo, el 215, hay que leerlo en su integridad y no parcialmente, pues bien dijo Voltaire que “si usted me da el Padre nuestro en pedazos, le demostraré que cada pedazo es una herejía”. Y, de contera, ni la Constitución ni la Ley se deben interpretar de modo que ofenda la razón y este es el caso!

Para mí, entonces, está plenamente justificada la declaratoria de la Emergencia, económica, social y ecológica, creo que se ajusta al mandato constitucional y consulta el espíritu de la Constitución Política y está, además, bien intencionada, pues con ella se da una clara muestra por parte del Gobierno nacional de que tiene la voluntad política de actuar con la presteza y diligencia que demanda el drama que aflige a amplios sectores de la comunidad en La guajira y muy especialmente los pueblos indígenas asentados en su territorio. Y, como dice Jim Cullen, “en donde hubo voluntad hubo caminos”!

Como lo plantea la Corte Constitucional en su Sentencia T – 025 de 2004, cuando se constata “la vulneración repetida y constante de derechos fundamentales que afectan a multitud de personas, su solución requiere la intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural”. Ojalá que la declaratoria de esta emergencia sirva para hacer más expedito el cumplimiento de los dispuesto en el Documento CONPES 3944 del 6 de agosto de 2018, mediante el cual se establece una “Estrategia para el desarrollo integral del Departamento de La guajira y sus pueblos indígenas”, expedido en respuesta al Auto 207 del 25 de mayo de 2017 de la Corte Constitucional que conminó al Gobierno a que lo pusiera en práctica.

Pero unas son de cal y otras son de arena, una es la justificación del medio al cual recurrió el Presidente Petro para tomar las medidas conducentes a “conjurar la crisis humanitaria y el Estado de cosas inconstitucional” en el Departamento de La Guajira y otra, bien distinta, es la legalidad y constitucionalidad de los decretos con fuerza de Ley que se expidieron al amparo de la Emergencia económica, social y ecológica. Con respecto a dichos decretos tenemos reparos, sobre todo respecto a la conveniencia y oportunidad de algunas de las medidas tomadas, de lo cual nos ocuparemos en posterior artículo.

En todo caso, como lo establece el articulo 215 de la Constitución Política, “estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de emergencia”. No se puede exceder el ejecutivo al expedirlos de las facultades extraordinarias que le otorga el ordenamiento jurídico, al cual debe ceñirse, a riesgo de que sean declarados inexequibles por parte de la Corte Constitucional que, de oficio, examina su constitucionalidad.

 

Valledupar, agosto 11 de 2023 www. ,amylkaracosta.net

Nota relacionada: En ‘Dialoguemos’ Amylkar Acosta explica sí se avecina un racionamiento de energía en la Costa Caribe

 

A pesar de los cuestionamientos en su contra el ‘Hombre Marlboro’ quiere ser alcalde de Maicao

Samuel Santander Lopesierra continúa avalado por el Movimiento Alternativo Independiente. Como candidato a la Alcaldía de Maicao en La Guajira, a pesar de continuar inmerso en el escándalo por las revelaciones que ha hecho en las últimas horas el diputado de la Asamblea del Atlántico, Nicolás Petro, acerca del recibimiento irregular de parte de suya de dineros para la campaña del hoy presidente Gustavo Petro.

El aval tiene fecha del 2 de agosto y en él se lee que se logró “el cumplimiento del número mínimo de firmas válidas requeridas”, pues recogió 63.825 y logró que le avalara 28.377 a nombre del Movimiento Alternativo Independiente.

 

Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez, nació en 1961 en Maicao, Guajira. Es Hijo del comerciante Samuel Lopesierra Bernier y Guillermina Gutiérrez. Lopesierra, tiene tres hermanos; José Fernando, Carlos Alberto y María del Socorro. La familia tenía como negocio el almacenamiento en bodegas de todo tipo de productos en la localidad de Maicao.

Su vida política la inicia como concejal de Maicao por el Movimiento Independiente Liberal y más adelante salta a la Asamblea Departamental.

Una investigación de los Estados Unidos estableció que Santander Lopesierra estaba vinculado a una red de lavado de dinero en la isla de Puerto Rico, y que sus socios sus socios Eric y Alex Manzur, aliados de Jesús Sarria y su esposa Elizabeth Montoya, fueron los mismos que en 1994 donaron medio millón de dólares a la campaña de Ernesto Samper.

Lo anterior no fue razón para que Lopesierra no presentara su nombre a consideración del electorado y aspirara al Senado de la República por el Partido Liberal, cuando ya era conocido como cuando ya Lopesierra era conocido como el «zar del contrabando».

Un artículo del diario El Tiempo revela que, en el año de 1997, “Lopesierra fue visto supervisando camiones repletos de cigarrillos y licores partían a medida que llenaban sus cupos con la carga de barcos. Lopesierra ingresaba a la semana unas 200.000 pacas de cigarrillos y 400.000 cajas de whisky del exterior a puertos en la península de La Guajira, que luego almacenaba en el municipio de Maicao”.

Lopesierra es considerado el mentor del exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez y el narcotraficante Marquitos Figueroa. Fue capturado en el año 2002 y enviado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá).

El gobierno de Álvaro Uribe lo extraditado de Colombia a Estados Unidos en el año 2003 y en 2007, donde fue  condenado a 25 años de prisión  por traficar más de dos toneladas de cocaína.​ La sentencia fue dada por un juez del Distrito Federal de Columbia. A su regreso al país se vinculó con personas de las política de la Costa Caribe, ganando nuevas influencias.

Nicolás Petro, confesó a la Fiscalía que recibió de manos de Lopesierra al menos 600 millones de pesos y que, si bien se quedó con parte de ese dinero, otra sí se habría usado para financiar la campaña de 2022.

La Procuradora se declara impedida para revisar el Estado de Emergencia en La Guajira

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, se declaró impedida para conocer la revisión de constitucionalidad del decreto presidencial que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira.

La jefe del Ministerio Público indicó que podría incurrir en la causal de impedimento denominada ‘interés en la decisión’, pues en su calidad de magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia suscribió, en julio de 2016, la decisión de segunda instancia de la tutela que declaró el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira, el cual se pretende enfrentar con los decretos expedidos por la Presidencia de la República.

 

Cabello solicitó a la Corte Constitucional estudiar si procede el impedimento planteado y, en caso de aceptarlo, ponga el asunto en conocimiento del Viceprocurador General de la Nación.

El Sur de Bolívar, Magdalena Medio, Depresión Momposina y Las Lobas, construyendo caminos de paz

Para quienes tuvimos la oportunidad de participar en el encuentro «Juntanza por la Defensa de la Vida, el Medio Ambiente y el Territorio, con el espíritu de construir la Paz», convocado por la Mesa por la Paz del Sur de Bolívar, el pasado 7 y 8 de julio en el municipio de Arenal, que concitó la presencia de más de 400 personas de diversas organizaciones sociales del territorio, provenientes de  las regiones de Sur de Bolívar, Magdalena Medio, Depresión Momposina y proceso Las Lobas, este evento se reconoce como en un hecho histórico para la paz, la convivencia y el desarrollo social y popular.

Esta zona del país, quizá de las más ricas que existen, por su diversidad cultural, étnica y ambiental, reconocida por la capacidad de sus habitantes para producir alimentos, por su tradición pesquera, ganadera y minera, sigue siendo, a pesar de estar situada en el corazón geográfico de Colombia, una de las más excluidas del país. Los altos índices de pobreza y desnutrición, no se compadecen con su gran potencial productivo. La explotación aurífera ligada a técnicas extractivas altamente contaminantes, y los fungicidas y pesticidas utilizados en las grandes extensiones de cultivos de Palma, ha dejado a gran parte de la población sin acceso, por ejemplo, a la dieta proteínica derivada de la pesca, pues las quebradas y ciénagas, son depósitos de productos dañinos para el ser humano y la vida en general, que afectan la reproducción de peces y la calidad de sus carnes. Según estudios de la Corporación Autónoma Regional de Sur de Bolívar – CSB, municipios como San Martín de Loba, Barranco de Loba y Altos del Rosario presentan 200% por encima de la línea roja de contaminación, en sus tierras productivas y ciénegas.

 

Para llegar a Arenal desde el municipio cesarense de Gamarra, se debe sortear una serie de obstáculos. Sin vías carreteables adecuadas, hay que atravesar el Río Magdalena y su brazo Morales, embarcados en planchones de acero deteriorados y con pocas medidas de seguridad, sin ninguna infraestructura portuaria; este municipio no cuenta con agua apta para el consumo humano, con infraestructura educativa adecuada y programas técnicos, tecnológicos y menos de profesionalización, no dispone de una red pública hospitalaria suficiente y de calidad, o con programas de vivienda que dignifiquen la vida, entre otras condiciones que se repiten en todos los municipios de la región.

Lo que pudiera ser una de las regiones más prosperas y sostenibles, con un gran potencial turístico, es en definitiva una muestra de la decidía, la corrupción y el modelo económico. Gran reto para el Gobierno del Cambio y para toda la sociedad colombiana, es superar esta grave situación, si queremos avanzar hacia la Paz Integral, la justicia social y la equidad; lo que seguramente requerirá que, en las próximas elecciones, sus habitantes, profundamente manipulados por la corrupción y el clientelismo, logren tomar las mejores decisiones y elegir el camino de las transformaciones para la paz.

No en vano, un importante grupo de ciudadanas y ciudadanos, vienen promoviendo el nuevo departamento “Sur Caribe”, que tiene la potencialidad de convertirse en un ente administrativo que recoja y organice la región alrededor del Río Magdalena y el gran potencial hídrico, agrícola, pesquero y minero que posee, una entidad capaz de reconocer la diversidad y autonomía étnica y cultural, de poner al centro de la gobernanza y la gobernabilidad, la participación ciudadana con poder de decisión para la planeación y la presupuestación de su desarrollo, evitando desde la soberanía popular caer en manos de los clanes políticos regionales. Los habitantes de Sur de Bolívar deben cruzar cuatro departamentos para llegar a Cartagena, su actual capital.

A pesar de las adversidades generadas por la caída de un fuerte aguacero, que hizo muy difícil el tránsito desde las veredas, del deficiente servicio de energía eléctrica que se cortaba cada cierto tiempo, dejándonos sin amplificación de sonido e internet, de la presencia de los grupos armados que como el E.L.N. instaló propaganda alusiva a su actividad política, las y los líderes entregaron con mucho entusiasmo sus ideas que, servirán de guía para participar en los diversos escenarios de paz que se están abriendo.

Entre muchos elementos positivos a resaltar, además de la fraternidad y el esfuerzo de los anfitriones (Alcaldía, Mesa por la Paz, restaurantes y hoteles tradicionales e improvisados), por brindar las mejores condiciones logísticas, pues se esperaba la participación de aproximadamente 160 personas, pero el entusiasmo por la paz y el cambio, motivó que se duplicara la asistencia, se debe reconocer que los funcionarios del gobierno nacional invitados, asumieron el papel colaborativo y respetuoso, propio de quienes están comprometidos con hacer posible el Plan Nacional de Desarrollo y escuchar las voces de las gentes que claman atención.

Bajo la premisa de la unidad para construir paz, que busque desde las organizaciones sociales y populares, soluciones efectivas a las problemáticas locales y nacionales, y bajo el inclemente sol, esté ejercicio que, recupera las dinámicas y reivindicaciones propias de cada sector social, señaló el sendero, para hacer posible la coordinación de todas las organizaciones, recobrando las confianzas, reconociendo la importancia y la historia de cada proceso, y proponiendo soluciones a los múltiples problemas territoriales. Nuevamente la voz del pueblo construyó mandatos que, deben ser acogidos y fortalecidos por las organizaciones, sus líderes y lideresas, pero también por los gobiernos municipales, departamentales y nacional que deben garantizar la vida y la permanencia en el territorio.

Gran reto para las organizaciones dinamizadoras de procesos locales, como REDEPAZ, FUCUDE, la Mesa Nacional de Interlocución Social para la Paz-MENISP, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la Corporación Sembrar, La Red Nacional Campesina, pero en especial para las organizaciones de la región que participaron activamente, como la Federación Agrominera del Sur de Bolívar- FEDEAGROMISBOL, la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamoco, la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado-ASORVIN, la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y Cesar, la Mesa Departamental de Víctimas de Bolívar, los Consejos Comunitarios de la región de Guamoco, los proceso Sociales de la región de Las Lobas, y la Mesa de Paz Sur de Bolívar, entre otras, y para las organizaciones que por múltiples razones no pudieron asistir.

Será necesario continuar el camino, elaborar una hoja de ruta que involucre a las organizaciones locales y nacionales y a las instituciones, para que este esfuerzo comience a dar los frutos esperados. La unidad es el camino más expedito para tejer la paz con mano ciudadana, por eso no se deben escatimar esfuerzos para seguir fortaleciendo escenarios territoriales de paz, para promover la acción social coordinada y no desfallecer ante las adversidades que pretenden impedir avanzar hacia la paz nacional, total e integral, que haga posible la vida con dignidad de todas y todos.

 

Luis Emil Sanabria D.

Protestas en La Guajira por tarifas de energía

Habitantes de La Guajira bloquearon la Troncal Caribe a la altura del puente del río Cañas en el corregimiento de Mingueo, jurisdicción del municipio de Dibulla, en La Guajira, en señal de protesta por los altos valores en el cobro de las tarifas de energía.

«Exigimos que  bajen las tarifas porque no va a tocar entregar la casa por lo recibos porque no tenemos con qué pagar esos recibos tan altos», explicó a los medios de comunicación uno de los manifestantes.

 

Quienes lideran la protesta exigen la presencia de las autoridades de la región y del Gobierno Nacional en el lugar para establecer un primer acuerdo que permita desbloquear la vía.

Camiones, tractomulas, buses intermunicipales y vehículos particulares se encuentran atascados en la vía.

 

Cárcel a dos presuntos integrantes de ´Los Justicieros´ en La Guajira

Un juez con funciones de control de garantías impuso medida restrictiva de la libertad a dos personas presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado ‘Los justicieros’ en La Guajira.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Edis Albeiro Agudelo González y José Francisco Ramos de Hoyos, al parecer, estarían vinculados en por lo menos tres homicidios cometidos entre los años 2022 y 2023 en varios sectores de la carretera Troncal del Caribe.

 

En las cuatro diligencias de registros y allanamiento, fue decomisada un arma de fuego, con su proveedor y cinco cartuchos para la misma, también fueron capturadas dos personas, quienes no tendrían vínculo con la organización, pero fueron judicializados por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

No son los Wayuú los que cortarán el viento a ENEL

El 25 de mayo pasado ENEL anunció que no iba más con su planta de generación de energía eléctrica Windpeshi con base en los vientos de La Guajira, debido a sobre costos que le ha implicado la interacción con la comunidad Wayuú.

La planta eólica tiene un costo de más o menos USD 1 millón por cada 1 MW instalado. Es decir, que para una planta de 205 MW debía costar USD 205 millones; se supo que han reportado hasta el momento un sobre costo de USD 80 millones, pero que podría llegar hasta completar USD 400 millones. Con seguridad, con ese desfase en la inversión, las expectativas de negocio se fueron al piso.

 

Por otro lado, el presidente Petro ha sido motivo de burlas en las redes de sus opositores porque confundió capacidad instalada (MW) con energía (GWh), restándole importancia a sus anuncios. Incluso con imprecisiones como la de Lloreda (ElPaís, 2023) que asignan un factor de planta por debajo de la mitad de lo que realmente es, quizás también para menguarle su impacto. Lo que produce por año efectivamente una planta se calcula como su capacidad instalada multiplicada por todas las horas del año y multiplicado por el factor de planta, porque no todas las horas se puede generar a plena capacidad. La maravilla de los vientos de La Guajira es que el factor es bien alto, de más de 50% (y no como yerra Lloreda poniendo el 30%). Por ejemplo, la planta que nos ocupa generará 1,011 GWh/año (La República, 2023) con una capacidad instalada de 205 MW, lo que implica un factor de planta de 56%.

El potencial de generación en La Guajira sí es enorme. Desde hace años se habla de la factibilidad de instalar 15,000 MW (CrudoTransparente, 2023). No obstante que el Presidente hable de 25,000 MW, quedémonos con el primer dato para ser conservadores. Si en toda La Guajira se tuviera el factor de planta de Windpeshi, la generación eléctrica anual en todo el departamento sería del orden de 73,584 GWh/año, muy parecida al consumo nacional en un año que es de 76,654 GWh (durante 2022, XM); solo que hay que almacenar su energía no despachable a la red en las horas de no consumo. Para ello hay que optar por baterías, hidrógeno líquido (verde) u otras formas muy interesantes que están saliendo de las investigaciones científicas movidas por la urgencia del cambio climático (reporte Iberdrola). Entre ellas, la utilización reversible de las hidroeléctricas para almacenar energía potencial en sus actuales embalses (BID, 2018).

Hasta el primer semestre de 2018 se pensaba que era imposible desarrollar el potencial de generación eléctrica en La Guajira por dos asuntos difíciles de vencer: al parecer los “dueños” del negocio de generación en el país bloqueaban los proyectos para la construcción de las líneas de conexión eléctricas que pudieran evacuar la energía que se produjera, y dos, los Wayuú que eran “muy difíciles de manejar”. El evento desafortunado en el túnel auxiliar de desviación en Hidroituango creó una crisis y probablemente el susto sirvió para destrabar la construcción de las líneas. No así el asunto con los Wayuú según las noticias que llegan desde Windpeshi.

Hace unos años tuve la oportunidad de participar en la estructuración del parque eólico Jouktai (viento en wayuunaiki) planta de 20 MW (hoy de Isagen), la primera que tuvo licencia ambiental después de Jepirachi (viento del noreste) que hizo EPM con dineros de fomento del Estado para que abriera esa frontera de desarrollo, pero que malogró en prácticamente todos los aspectos de ese piloto tan importante. Jouktai, con una capacidad de planta del 68% (más sorprendente aún), ha tenido una experiencia con los Wayuú diferente; sus promotores invirtieron algo más de 16 años gestando una relación armónica y confiable. En el proyecto estan incluidas las comunidades a través de sus cabildos y dos municipios, contando con sus autoridades ancestrales (esto es muy importante como se verá). Y participaron en el negocio de varias formas y no solo en el recibo de regalías; aunque no era alta esa participación, ese principio facilitaba relaciones más justas y respetuosas con ellos.

El quid de la problemática es que se ha negociado con los representantes de las comunidades tradicionales (las que han ocupado el territorio) y no con las comunidades ancestrales (que son dueñas del territorio por herencia materna en generaciones anteriores). Esto revela la falta de conocimiento juicioso, mínimo, que cualquiera que fuera a meterse en este negocio debería tener sobre su casi único factor de inestabilidad e incertidumbre. La problemática está bien analizada en el artículo de Monsalve (El País América, 2023).

Los problemas pueden provenir de varias causas comentadas por expertos en el asunto: la legislación del país tiene errores y permite estos conflictos (Torres, Lexir, 2023), las empresas dejan todo en manos de abogados cuando las negociaciones con las comunidades deben ser directas y cercanas, y de alguna forma, se ha visto a las comunidades indígenas como conjuntos de niños tontos a los que se les puede manejar con desdeño. Proponen mejoras, que no solo aplican para esta comunidad, sino que son generalizadas para todo el territorio nacional:

Debería haber licencia cultural, adicional a la ambiental, enfocada claramente al respeto por la cultura y sabiduría de las comunidades y sus derechos. Los Wayuús saben negociar (onagua en wayuunaiki) y nadie en su población pelearía contra la autoridad ancestral.

Las consultas previas hay que arreglarlas, empezando por el conocimiento adecuado de la cultura y de las leyes que los indígenas respetan. Hoy en día pueden durar entre 2 y 3 años, en los que los abogados e incluso el Estado reciben dinero por sus gestiones pero las comunidades solo refrigerios y transporte. Deben estar basadas en la representación legal de las comunidades que quedó mal en la reglamentación actual, que dice tradicionales y no ancestrales. Y deben ser expeditas, para lo cual se incluyen los siguientes tres párrafos.

Para evitar la no alineación de abogados y otros terceros con los intereses de las comunidades y de las empresas, y cuyo interés es obtener la mayor cantidad de dinero posible y no la negociación rápida y en paz, las negociaciones no deben ser acompañadas por terceros, deben estar basadas únicamente entre los representantes legítimos de las comunidades y las empresas directamente, observadas por el Estado.

Se deben establecer formas de participación y tarifas predefinidas en la legislación.

Hay que modificar el Decreto 1088 de 1993, pero no derogarlo. Este decreto les da a las comunidades la oportunidad de asociarse o constituirse en empresas, pero en él se configuraron varias figuras de representación indígena o autoridad como cabildos y autoridad tradicional (la que generó toda esta confusión).

No se necesita pensar mucho para prever los beneficios de estas mejoras: certidumbre para las empresas con sus proyectos necesarios para el desarrollo, quienes dejan de ser tratadas como vacas a las que hay que ordeñar sin piedad, en equilibrio con la naturaleza a través de las licencias ambientales y en equilibrio con los indígenas a través de las licencias culturales, quienes dejan de ser tratados como pobres y miserables a quienes hay que tirarles alguna limosna, y que los proyectos se logran sobre y a pesar de ellos. Como se ve, la causa principalmente está del lado del Estado. No se puede esperar más para erradicarla.

 

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

 

Petro quiere cambiar el uso del agua del Río Ranchería

El presidente Gustavo Petro indicó que “el Embalse de Ranchería pasará del Ministerio de Agricultura al Ministerio de Vivienda y Agua Potable”, con miras a garantizar el uso adecuado del recurso hídrico en este territorio, que es muy vulnerable a los efectos de la crisis climática.

Desde el municipio de San Juan del Cesar, el Presidente anunció la construcción de un tubo, que saldrá del embalse, pasará por plantas potabilizadoras y conducirá el recurso hídrico hasta sectores del extremo norte de la península.

 

“Ese tubo va a ser cuidado por el Ejército. Las Fuerzas Armadas, que han aprendido a cuidar el tubo de petróleo, los oleoductos, etcétera, de gas, ahora tienen como prioridad en La Guajira el cuidado del tubo del agua potable. Ahí no se vuelve a robar agua”, afirmó.

El Presidente invitó a avanzar en un pacto, para darle un mejor uso a este recurso natural en la región.

De acuerdo con el Mandatario, los decretos de la Emergencia Económica, Social y Ecológica para La Guajira, “tienen que ver con cómo podemos solucionar la enorme deficiencia de agua que va a existir por la crisis climática, y porque ya la habíamos vulnerado con el carbón y con la destrucción del equilibrio que traía la sal”.

Al respecto señaló que, mediante uno de esos decretos, el Gobierno se propone crear el Instituto de Aguas de La Guajira –que tendrá un nombre wayuu–, el cual no será una empresa que transforme el agua en mercancía, sino que va a tener la responsabilidad de gestionar el agua de manera adecuada y garantizando el servicio a las comunidades.