Bajo el inclemente sol de La Guajira mueren cada año decenas niños por desnutrición, a pesar de que una sentencia de la Corte Constitucional colombiana obligó a las instituciones a garantizar el agua, la alimentación y la salud al pueblo indígena wayuu, que sufre las peores consecuencias de la pobreza.
Numerosos políticos han hecho campaña en La Guajira durante el actual periodo electoral, pero los pobladores denuncian que cuando sean elegidos se olvidarán de ellos.
«Una tiene que seguir adelante, por sus otros niños. Hay que ser fuerte. Yo soy fuerte», dice la wayúu Sonia Epieyú, mientras vela a su hijo de apenas nueve meses de edad sobre las vías del tren que conduce a la mina de carbón El Cerrejón.
El pequeño murió en un hospital de la capital regional, Riohacha, después de haber sido trasladado desde su comunidad rural de origen, conocida como Toolomana, tras sufrir numerosos vómitos. Sus familiares aseguran que estaba desnutrido.
«Cuando los funcionarios llegaban a la comunidad me lo pesaban, y me daban la tallita. Nada más. Me ofrecieron una receta de una fórmula (de vitaminas, alimenticia) pero no me la quisieron dar en la tienda porque me dijeron que quien tiene que hacer el documento es la nutricionista», denuncia Sonia.
El pequeño ataúd blanco al que todos miran da cuenta de la tragedia que se vive en La Guajira. No es un caso aislado. En lo que va de año han fallecido 21 niños menores de cinco años por desnutrición o causas asociadas a esta, según el Instituto Nacional de Salud (INS).
El flagelo tampoco es nuevo. Al menos 118 niños murieron por las mismas dolencias en 2018, 84 en 2019, 65 en 2020 y una veintena el año pasado, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Son las consecuencias de la miseria en una región donde el 63 por ciento de los habitantes sufre pobreza monetaria y el 52 por ciento multidimensional.
El valor del agua
La mayoría del departamento, situado en el extremo norte colombiano –y sudamericano– tiene un clima semidesértico, con muy escasas precipitaciones que impiden el acceso al agua potable, garantizado para apenas el 20 por ciento de la población, una posibilidad casi nula en las zonas alejadas de centros urbanos de la media y la alta Guajira.
En las comunidades más lejanas, llamadas rancherías, construidas en zonas muy áridas y compuestas por apenas unas casas construidas con caña atada, tienen que recurrir a pozos rudimentarios, de los que brota líquido a menudo salado, o a pequeños embalses artesanales, llamados jagüeyes, que recogen agua de lluvia. El líquido acaba embarrado y, en muchas ocasiones, no es apto para el consumo, teniendo el potencial de generar enfermedades.
El agua en La Guajira es el bien más preciado, pero también puede matar.
Miles de personas recorren cada día decenas de kilómetros para obtener el preciado líquido de esos lugares, situados en lugares estratégicos entre las comunidades. Otros han recurrido a ingenios que tampoco garantizan el acceso a agua apta para el consumo.
Es el caso de la ranchería Sibalú, situada a unos 40 minutos de Uribia, considerada la «capital indígena de Colombia» y donde el 92 por ciento de la población vive en pobreza multidimensional.
Allí los pobladores han construido un pozo profundo de anillos y recogen el agua, almacenada a unos 20 metros de profundidad, dándole vueltas a una manivela. Es una solución de urgencia, ya que el agua que emana del ingenio tampoco está purificada, y puede ser contaminada con cualquier objeto u animal que caiga dentro y quede atrapado o muera.
Ni siquiera ese pozo evita que la tragedia llegue también a Sibalú, un conjunto de unas cinco casas, dos de caña y tres de cemento vivo erigidas sobre la tierra, en pleno epicentro semidesértico.
Tras el alambre de espino que protege de los animales el pequeño cementerio de la ranchería está la tumba del pequeño Fabián. Murió en abril, también por causas asociadas a la desnutrición.
«Estaba muy delgado»
«Aquí no hay empleo. Eso nos deja débiles. No tenemos fuerzas, y de ahí se desencadenan otras necesidades, como la alimentación. El niño no tenía una estabilidad o fuente de ingreso que lo favoreciera», dice junto a la sepultura Mónica Epineyú, su abuela.
Tumbada en una hamaca, colgada dentro de una de las casas de concreto, de dimensiones más reducidas que las celdas de muchas prisiones, se encuentra Mónica, la madre del pequeño.
«Estaba muy delgado», dice entre lágrimas, mientras otra de las mujeres de la comunidad explica las necesidades que tienen. «El poco dinero que uno consigue es para ellos, para los niños, y es muy poquito. No para que tengan buenas defensas. No hay fruta. No hay vitaminas. No hay agua limpia, porque el agua del pozo no está dulce», lamenta.
El problema de la falta de agua obliga también a las familias a desviar dinero para ese menester, evitando el gasto en mejores alimentos.
La comunidad de Sibalú se dedica al pastoreo de unas pocas cabras, y también a la artesanía, pero los pagos son muy pobres. «Nosotras cobramos 15.000 pesos (unos 3,5 euros) por crear unos bolsos que tardamos días en coser, y los hilos son muy caros», lamenta la madre de Fabián.
La Corte Constitucional colombiana emitió en 2017 una sentencia con 210 órdenes dirigidas a 25 instituciones con el objetivo de paliar la situación de pobreza de la Guajira, tras recibir informes que recogían la muerte de 4.770 niños por causas relacionadas con la desnutrición en la década anterior. Los pobladores aseguran que el cumplimiento de esa sentencia es lento e insuficiente.
Una de las soluciones ha sido la contratación de camiones de agua, que no llegan a buena parte de las rancherías por el mal estado de las vías, la mayoría no asfaltadas, y también por la corrupción. Al menos 374 niños han fallecido por causas evitables desde 2017.
La pobreza profunda en Uribia afecta también a comunidades cercanas al núcleo urbano, exacerbada en los últimos años por la masiva llegada de migrantes procedentes de Venezuela.
Los wayúu son un pueblo binacional, y muchos cruzaron la frontera tras el inicio de la crisis política, social y económica en el país vecino.
Al menos 13.500 personas pueblan ‘Aeropuerto’, un barrio de invasión creado sobre una antigua pista para aviones. La necesidad es palpable nada más pisar el lugar.
María Jusayú vive con sus dos hijos en una diminuta cabaña fabricada con caña y otros elementos encontrados en la calle. Su hija más pequeña sufre una evidente y diagnosticada desnutrición.
«Vino una nutricionista y me dijo que no tenía el peso adecuado de una niña de un año. Pesa seis kilos y debería pesar entre diez y catorce. Me han dejado un compuesto de vitaminas», expresa la progenitora.
«Ella come lo que yo pueda conseguirle. No la alimento adecuadamente. No le doy purés, muy de vez en cuando. Si nosotros comemos arroz, una vez al día, yo le hago arroz. Come lo que hay», lamenta María.
La mala praxis de parte de los elementos de la Administración asola también a La Guajira. El departamento ha tenido doce gobernadores en la última década. La mayoría han sido destituidos por casos de corrupción que, en ocasiones, están relacionados con los fondos destinados a la infancia.
