La analista política y subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, Laura Bonilla, hace un balance sobre el proceso de paz con el ELN, considerando que con esta guerrilla no se puede llegar a nuevos acuerdos más allá de lo que hasta el momento se ha logrado establecer.
La politóloga, Laura Bonillla, considera que en Colombia se ha dado un mal uso de las instituciones del Estado, sin que esto signifique una ruptura de la institucionalidad.
Lo peor que le puede suceder a un líder es cuando la mayor parte de su equipo permanece en silencio. Es como si le pusieran una venda en los ojos. Nadie es infalible y, aunque el ego pese, uno siempre necesita que alguien le señale las cosas que no está haciendo bien. Escuchar y tomar decisiones es, tal vez, una de las tareas más difíciles de la humanidad.
El gabinete presidencial está en tensión. Las cosas no avanzan al ritmo que el presidente desea. A él no le gusta que lo tilden de mal ejecutor, especialmente después de un año y medio de gobierno, tiempo en el que soñaba con cambios mucho más contundentes. Además, en Colombia, las expectativas sobre los mandatarios son desmedidas. Es cierto que el presidencialismo es fuerte, pero está muy lejos de ser todopoderoso. En su frustración, llama la atención de su gabinete y prioriza a aquellos que lo defienden a toda costa, como el canciller Leyva o Daniel Rojas de la SAE. Sin embargo, Gustavo Petro no es un líder centrado en el cómo se hacen las cosas, y en un momento de paranoia generalizada, poca gente siente confianza para avanzar con el plan de gobierno.
Aunque hay promesas que se han cumplido, otras van muy retrasadas. Aquellos que critican la baja ejecución en agricultura deberían revisar nuevamente las cifras, ya que no es verdad que tenga un mal desempeño. Incluso, a pesar de las trabas burocráticas, se ha avanzado más en un año y medio que en los ocho años anteriores. La prueba está en que, incluso con un aumento en el precio de la gasolina, los alimentos tienden a la baja y la inflación da un respiro. Este alivio es crucial para que el presidente pueda brindar tranquilidad. La macroeconomía va por buen camino, y Colombia se mantiene estable.
Entre las promesas retrasadas se encuentran, por supuesto, las reformas y algunos programas que podrían haberse ejecutado mejor o, al menos, con mayor celeridad. La paranoia que rodea al gobierno le impide ver que, muchas veces, puede aumentar su base de aliados entre funcionarios, líderes de opinión y organizaciones populares que llevan décadas esperando atención. No sería complicado poner en marcha el Fondo Colombia en Paz, que registra una de las peores ejecuciones gubernamentales, y así proporcionar alivio inmediato a las comunidades afectadas por la guerra y la violencia organizada. Lo mismo se podría hacer para revitalizar la dignidad de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, tan necesaria hoy en día para proporcionar tranquilidad y una línea política clara para la disminución de los indicadores de violencia.
La posición del presidente no es fácil porque tiene razón. El Ministerio Público, que debería estar orientado a la provisión de justicia y a la protección de los Derechos Humanos, se ha convertido en el refugio de clientelistas que no lograron negociar con el gobierno nacional, lleno de burocracia ineficiente y ejecutando diligentemente el presupuesto de inversión en contratos de prestación de servicios, al mismo tiempo que ejercen su poder como operadores políticos. Francisco Barbosa, Margarita Cabello y William Camargo están hoy muy lejos de su rol original.
El problema del presidente no es tener la razón. Es evidente que ningún mandatario, ni siquiera el expresidente Uribe, ha estado bajo una atención tan intensa. Sin embargo, la paranoia lo lleva por un camino que él conoce bien y que no produce resultados positivos. Cuando hay silencio y uno siente que todos le dan la razón, es necesario desconfiar de inmediato, porque se corre el riesgo de conducir un coche de fórmula 1 con los oídos y los ojos tapados. El llamado del presidente es necesario para preservar la institucionalidad, pero en esto necesita mucha gente y el enroque no es una buena estrategia.
Nota: Quiero aprovechar este último párrafo para despedirme con amor de mis colegas y de Oscar Sevillano, mi editor en Confidencial Colombia, quien generosamente me ha abierto sus puertas. Continuaré con mi espacio de opinión y análisis en mi casa, Pares. Esperen novedades muy pronto.
Recientemente en PARES publicamos un informe sobre el desempeño del gobierno en el año 2023. En medio de las noticias y escándalos de la semana, mucha de esta información quedó sepultada en un país que literalmente se quemaba entre los incendios forestales y los consabidos escándalos de corrupción.
Sin negar la importancia de estos hechos, he estado toda la semana dándole vueltas al problema de la ejecución gubernamental y a las narrativas que lo explican. Algo no me cuadra del todo. Evidentemente, ministerios con más experiencia y menos zozobra tienen un mejor desempeño, especialmente Mineducación, cuyo gasto está expresado en una porción importante de recursos que se transfieren a los municipios, o Mindefensa. Pero esta idea de que todo se debe a un gobierno incapaz de ejecutar no solo es contraevidente, sino también peligrosa. Equipara ejecución con buen gobierno y no necesariamente es así.
Es cierto que, por ejemplo, en el caso de la Presidencia de la República hay falencias internas señaladas por amigos, detractores, comunidad internacional y sociedad civil que hacen que los recursos de inversión no se ejecuten correctamente. También es cierto que hay una transición entre varios programas que pasarán al Ministerio de la Igualdad y que no se sabe muy bien qué va a pasar con la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. Pero es igualmente verdad que en gobiernos pasados, las redes de corrupción, como la que recientemente confesó Mario Castaño, se apropiaron de los recursos de la paz con una ejecución impecable. Si hay algo en que los corruptos colombianos sean expertos, es en manejar con guante de seda la Ley 80 de contratación.
Por ejemplo, en los diferentes Programas de Alimentación Escolar (PAE), en eterna crisis de corrupción, la ejecución de los recursos solamente se limita a contratar. Con eso, ya se cumple. O, por ejemplo, en el caso de las vías terciarias o en cuanto programa público esté contemplado en los recursos de inversión. Mucho de ese dinero había ido a engrosar los bolsillos de las redes de políticos locales, ya sea para su enriquecimiento personal o para financiar campañas. Estoy convencida de que también hay mucho de ello en algunas crisis de ejecución, y conozco de primera mano los dramas de muchos funcionarios de hoy que literalmente no encuentran con quién contratar.
Les voy a decir otra razón: la corrupción política de décadas, casi de siglos, ha creado un mercado perverso, donde no hay oferta de bienes y servicios, sino una profunda red de coimas y contratos. No hay sistema que sobreviva a esto. Hasta el sistema de salud, que funciona bastante bien en las ciudades capitales, ha estado capturado por estas redes políticas y sus empresas fachada. Basta recordar a Sol Salud de Luis Alberto Gil o aquellas bajo el control del Bloque Norte de los Paramilitares a principios de la década del dos mil. El sector privado solo funciona donde hay un mercado suficientemente fuerte y regulado.
Para que me entiendan mejor: muchos ministerios, unidades de gestión, etc., inventaban programas para financiar sus redes políticas. Estos los contrataban con sus amigos, donantes, etc., y posteriormente recogían la ganancia. Gran parte del presupuesto de inversión se iba en contratar por prestación de servicios las cuotas políticas respectivas. Y eso hace que no haya suficiente capacidad en las regiones para poder ejecutar.
Lo paradójico de esto es que, si el gobierno quisiera hacer mal, con las mismas prácticas de siempre, no tendría prácticamente ningún problema. Pero limpiar el pantano de la contratación pública que prácticamente compite en recursos con cualquier economía criminal va a tardar mucho más que un par de años. Conozco de primera mano funcionarios que se han encontrado en importantes licitaciones con un vacío por querer operar honestamente programas fundamentales, o incluso por intentar incluir y fortalecer el mercado local.
Digo todo esto porque esta semana la economista Mariana Mazzucato estará en Colombia y su tesis del Estado Emprendedor va mucho más allá del debate espurio de Estado vs Mercado, y plantea que es fundamental la cooperación para que lo virtuoso de un estado fuerte se conjugue con la importancia de un mercado igualmente estable. Valdría mucho la pena escucharla.
La estrategia de cobro es sencilla. Todos pagan. La gente cree aún que las estructuras urbanas criminales viven del narcotráfico, pero esto es sólo parcialmente cierto. En el puerto de Buenaventura controlan el comercio. El legal y el ilegal. Deciden quién puede vender y en dónde puede hacerlo. Las arepas, el plátano, la cebolla o el cilantro. Es una regulación criminal del mercado. Cada vez se hace más difícil reportar lo que está sucediendo con este delito, que tuvo un incremento del 13% año corrido (enero – octubre), pero en el puerto bajó un 45% en el mismo período, pasando de 220 casos a 121. Habrá que ver los próximos reportes hasta diciembre, pero hasta el momento es lo que reportan las fuentes. Honestamente, me parece contraevidente.
Puede existir subregistro. Tal vez un vacío de información ante el nivel de control que han logrado Shottas y Espartanos en la zona urbana, o ante la entrada de otras bandas. Puede haber caído sustancialmente la denuncia ante la impunidad específica de ese delito – entre otros. También puede ser que en algo esté funcionando tener a estas dos estructuras sentadas en la mesa de diálogo socio jurídico. O la combinación entre esto y la afectación al negocio del narcotráfico. Por ejemplo, la incautación de pasta base pasó de 15 kilos en el 2022 a más de 1.000 en el 2023, aumentando un impresionante 7000%. Pero también subieron las masacres, el homicidio de líderes y lideresas sociales, el homicidio en general y también el de miembros de la fuerza pública según datos del SIDECO de la Policía Nacional.
Así que no es muy coherente el dato de extorsión, por lo que la mayor probabilidad es que el descenso se deba simplemente a una combinación de mayor silencio, menor denuncia y más homicidios ejemplarizantes de quiénes no pagan. Así que temo advertir que no está funcionando la mesa para disminuir las acciones de shottas y espartanos y que este año de no llegarse a algún acuerdo más concreto y sobretodo a avanzar en alguna solución de las muchas ideas que se conversan en dichas mesas, no veremos una reducción significativa. Hay otras bandas en la ciudad que no ven la necesidad de sentarse a dialogar. No confían y no les interesa la oferta.
Hay una inadecuada gestión de las agendas criminales en Buenaventura al igual que en otras regiones del país. Lo primero es que se han “revuelto” las agendas. El propio presidente Gustavo Petro lo afirmó hace pocos días. Son dos cosas distintas. Bajo la misma premisa de creer que los grupos armados urbanos por tener injerencia en la movilidad social de las poblaciones vulnerables tenían un equivalente en demandas sociales colectivas y más específicamente en mayores oportunidades para la generación de empleo o el emprendimiento es confundir lo que en efecto muchos jóvenes desean – las oportunidades – con la esencia misma del grupo – la acumulación de dinero, poder y el ascenso social. Y esto ocurre porque no se le prestó atención al surgimiento de bandas y estructuras criminales y por el contrario mientras el país se concentraba en la contra-insurgencia, se contentaba con que el crimen organizado mantuviera un bajo perfil.
Y esto es lo que durante el 2022 después de la tregua y el 2023 terminaron siendo las conversaciones socio jurídicas: una estrategia de control de daños con una baja intención – probablemente por la incertidumbre – de modificar la escala de los crímenes o comportamientos asociados a estas bandas, pero intentando moldear su comportamiento para que exhiban menores niveles de agresión o letalidad. En esto puede estar la explicación del silencio que rodea a la extorsión y que también puede verse también en Tuluá donde hay todo un aparato criminal en la sombra, que ha crecido con los años al amparo del silencio.
Mientras tanto, la vida cotidiana de la gente sigue sucediendo entre el cobro de un impuesto ilegal e injusto que muchos pagan con la propia vida. Y en cada plátano que se compre estará también el miedo a que algún día ya no haya suficientes tiendas para pagarles las cada vez más costosas guerras urbanas.
Ayer, el registrador del Chocó fue víctima de un secuestro. Hasta ahora, la policía no ha logrado obtener información sobre el autor o el motivo del delito, reflejando la realidad del 60% de los casos registrados. En el período comprendido entre agosto de 2022 y octubre de 2023, se documentaron 287 secuestros, según datos proporcionados por el SIEDCO de la Policía Nacional. Es probable que este periodo culmine con la cifra más alarmante desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, evidenciando una tendencia al alza que suscita una preocupación generalizada.
El aumento no puede atribuirse al acuerdo de paz ni a la supuesta «entrega del país a las FARC». Más bien, se debe al enorme vacío dejado tras dicho acuerdo, combinado con el crecimiento desmedido en número y capacidad de estructuras criminales organizadas. Actualmente, contamos con 196 de estas estructuras solo en las 7 principales ciudades, y la extorsión se convierte cada vez más en una fuente de financiamiento. Entre 2018 y 2022, Colombia experimentó un aumento de 18 a 33 Grupos Armados Organizados (GAO), un mercado que se sofistica diariamente y resulta cada vez más difícil de combatir. La justificación de toda nuestra violencia mediante el narcotráfico también se torna cada vez más insostenible.
La política de paz total no es la única responsable del incremento en secuestros, pero tampoco ha contribuido a mitigarlo hasta el momento. Considerando que el ELN puede estar asociado al 11% de los casos y el EMC al 10%, y que solo con estos dos grupos hay mesas de diálogo, incluso con un cumplimiento del 100% de lo pactado, nos enfrentamos a un universo del 80% restante, con poca información y una alta impunidad.
El secuestro, especialmente el extorsivo, se ha vuelto atractivo para el crimen organizado y grupos armados. No requiere una logística particularmente costosa y cuenta con el respaldo del control territorial ejercido por estos grupos. Utiliza las mismas rutas controladas por los violentos y ofrece una rentabilidad inmensa a un costo mucho menor que otras actividades informales o ilegales, solo comparable con la extorsión.
La concentración territorial refuerza esta hipótesis. A nivel departamental, Antioquia (67 casos), Norte de Santander (60 casos) y Valle del Cauca (55 casos) son los más afectados. Sin embargo, a nivel de ciudades, Cali (23), Bogotá (23), Cúcuta (21), Medellín (20) y Buenaventura (12) destacan la urbanización del fenómeno. En el caso del Valle del Cauca, Buenaventura y Cali concentran el 63% de los casos.
En contraste, la capacidad de la Policía Nacional y de la Fuerza Pública en general se encuentra limitada. Se requiere una mayor aplicación de tecnología y una mayor eficiencia en el seguimiento de los casos en las primeras horas. La falta de coordinación eficiente también es un obstáculo, sumado a la enorme impunidad, donde muchos casos se resuelven únicamente con el pago de rescates. Esto implica que los responsables no enfrentan consecuencias penales, aumentando la probabilidad de que vuelvan a cometer el delito.
Hasta ahora, nos enfrentamos a un fenómeno que se urbaniza no solo en las grandes capitales sino también en centros poblados urbanos. El secuestro, de bajo costo y baja probabilidad de judicialización, se ve facilitado por el control territorial ejercido por actores armados. La Fuerza Pública tiene una capacidad limitada para perseguir y capturar eficientemente, mientras que la justicia enfrenta dificultades para condenar el delito. Todo esto, junto con la sofisticación de las redes de extorsión y el alto número de estructuras armadas organizadas, conforma un cóctel perfecto donde los incentivos negativos superan ampliamente a los positivos.
Toda esta información salió a la luz ayer en uno de los noticieros de mayor audiencia nacional, tras el secuestro del gobernador. En retrospectiva, durante la entrevista, no me di cuenta de que llevaba mi saco al revés. Sin embargo, al reflexionar sobre la atención generada por este hecho, creo que no solo mi saco estaba al revés, sino también nuestras prioridades como sociedad.
#LibertadparalosSecuestrados.
Propongo un gran acuerdo nacional con dos objetivos comunes para la Colombia de hoy: pacto por la vida y por la libertad. En concreto, creo que tenemos la oportunidad de disminuir sustancialmente el secuestro y el homicidio, que han sido los dos grandes lunares de la paz total, pero cuyo aumento no es atribuible a ésta.
No es por aguar la fiesta, pero, aunque es una gran noticia el compromiso del ELN y el EMC de suspender el secuestro, y aunque ello traerá un gran alivio en las regiones donde hacen presencia, me temo que no va a ser suficiente. En nuestro reciente informe publicado desde la Fundación PARES sobre las dinámicas del secuestro, se muestra que hay una concentración urbana de los casos, que en un 60% no se conoce quién es el autor de este, y que, además, el EMC y el ELN suman alrededor del 21% de los casos reportados por la Policía Nacional.
Igual sucede con las violencias masivas que hoy afectan sustancialmente a la población y que se relacionan más con la presencia de organizaciones delincuenciales y de crimen organizado en áreas urbanas, que suman 196 en 7 ciudades. Podrían ser muchas, muchas más. Por eso hay que tener dos miradas estratégicas, aunque complementarias. Una, enfocada en la recuperación de la seguridad ciudadana y otra en avanzar en las negociaciones posibles de paz. Ambas miradas están en sintonía con lo propuesto por el nuevo comisionado de Paz, Otty Patiño: concentrémonos en el territorio.
En la primera estamos muy mal en información, seguridad, tecnología y análisis. También se requieren recursos mucho más permanentes para la seguridad en municipios y departamentos afectados. Prevenir la conformación y proliferación de grupos criminales y entrar de frente a desmantelar los focos de corrupción en las cárceles y en el propio INPEC. La información que provee la Fiscalía General de la Nación al día de hoy es precaria e insuficiente, como también su accionar para complementar el trabajo de policía, y es difícil encontrar casos donde la labor de policía y la justicia operen de forma complementaria. Un 60% de desconocimiento es inadmisible.
Bogotá, Cali y Cúcuta son las tres ciudades más afectadas en número de casos de secuestro. Si queremos bajar el indicador se tiene que empezar por éstas, incluyendo el desmantelamiento más efectivo de bandas y grupos dedicados a la extorsión como renta principal. También es altamente relevante considerar tener indicadores no basados en la efectividad del crimen, sino en la de las acciones de la Policía, como indicadores de planeación y satisfacción del servicio por parte de la ciudadanía. Y sí, todo esto necesita una articulación muchísimo mejor entre el gobierno central y los gobiernos locales.
Para asegurar la segunda mirada estratégica se necesita más concentración y esfuerzo en los tres grandes: el ELN, las disidencias agrupadas en el EMC y el Clan del Golfo o las AGC. Aquí hay varios temas clave para iniciar, paralelo al avance de las mesas decididas por el gobierno y por los propios grupos. La primera es la formalización minera. Una minería artesanal o a pequeña escala que pueda ser formalizada es la única forma de garantizar que el Estado está donde lo necesitan y no dónde puede. La reforma al Estatuto Minero es fundamental en el 2024. Gran parte de los grupos armados utilizan la informalidad minera para dar créditos a maquinaria amarilla, con gravísimos daños a los ecosistemas y al mismo tiempo ejercen control territorial y de población, compran el oro y lo venden o lo lavan. Esta cadena de valor debe tener un control muchísimo mayor.
El segundo son las cárceles. Infortunadamente, la economía criminal funciona hoy a través de ellas y en muchos casos de los llamados “carteles de abogados”, que por fuera de ella manejan rutas y negocios al crimen organizado. Una ruta es en realidad un conjunto de contactos, una cadena de corrupción que permite que todo se mueva. Lo legal y lo ilegal. Tal y como están las cárceles y el INPEC hoy es casi imposible que una reforma pueda solventar el grado de podredumbre que hay en ellas. Habrá que considerar otras alternativas.
Finalmente, está la necesidad de clarificar la paz urbana o la política de sometimiento y encontrar una salida pronta a los y las jóvenes que están pidiendo una segunda oportunidad y que son perfectamente sujetos de una buena política de reincorporación. Incluso una individual, si es necesario.
Vamos a necesitar una gran generosidad social tanto por parte del gobierno central como de la sociedad, e incluso de aquellos grupos que están en la mesa. Sin embargo, lo veo viable. Supongo que es parte del espíritu decembrino.
Les soy sincera. Detesto que me griten. Y mucho más si esa persona tiene poder, si cuenta con que uno bajará la cabeza. Me parece, por demás, una práctica más pegada de un ego malsano que de una personalidad genial. También hay que reconocer que cuando hay posiciones de poder el estrés llega con esa tentación. Con la frustración de que nada se mueve, que nada funciona. Que hay que empujar un elefante. Cada vez que he sido yo la que alza la voz, me arrepiento enormemente. Es para mí una falla más propia del narcisismo que de la ansiedad por resultados.
Por eso me resultó tan sensible el caso de Marta Lucía Zamora con el canciller Leyva. Hay algo en él que me conmueve a favor de ella, que estaba tratando de hacer su trabajo y proteger el bien público, y no de él, que veo como una figura política a la que ya nada le importa. De las que se siente orgullosa de patear el tablero, porque ya no le toca jugar en él. Brutos, pero decididos, dicen en mi tierra. En el balance que todo funcionario debe hacer entre el bien público y el de un solo individuo, parece que en este caso perdió lo público. Una especie de: Que se jodan, yo gané.
En los gobiernos el balance entre audacia y sensatez es una necesidad para que salgan bien las cosas. Y sí, la historia recuerda más a los valientes y aventureros – cualidades muy cercanas a esa masculinidad heroica que tanto gusta en nuestro país – pero los países necesitan más a las personas sensatas. O al menos un buen balance de las dos, que muestre cuándo es mejor pensar dos veces las cosas.
Al canciller no le están saliendo bien las cosas. Es como cuando uno quiere tapar los errores de su trabajo agarrando el trabajo de alguien más. No cumplió con la promesa de mejorar el servicio diplomático, su hijo se presenta en reuniones donde no tiene por qué estar y además de eso tiene al parecer influencias indebidas sobre funcionarios que son sus amigos. Y que toman malas decisiones. No está contribuyendo ni a la paz, ni a la verdad, pero tampoco está haciendo un buen trabajo en la cancillería.
Si la intención del canciller Leyva era cuidar al presidente, lo primero que tuvo que hacer fue garantizar que un buen proceso licitatorio saliera de su despacho. Mejorar los pliegos y garantizar que éstos permitieran un proceso abierto y con posibilidades de ampliar el mercado que monopoliza Thomas Greg & Son. En eso, falló. Una vez se surte la licitación y la empresa de siempre, que juega con ventaja, gana la licitación, la cancillería decide declararla desierta. Otro error para tapar el primero. Y cuando alguien, en este caso la agencia que tiene como propósito defender al Estado, comete su tercer gran error que es culpar a quién le señala los dos primeros. El propósito no fue cuidar al presidente, sino cuidarse a sí mismo.
El presidente Petro tomó la decisión de mantener a su canciller y sacar a una funcionaria que hasta el momento había sido proba y daba resultados, pero que además era altamente valorada por sus subalternos. ¿Por qué?
No es noticia que para el presidente los “qué” siempre son muchísimo más importantes que los “cómo”, en este caso la necesidad de un proceso competitivo, lo que es entendible. Pero lo que no es claro es la asignación de responsabilidad y sobre todo el ignorar que en la cancillería ya corren muchas voces que aseguran que las salidas de tono del canciller son frecuentes, especialmente con las mujeres que trabajan allí.
No podemos seguir normalizando el liderazgo del grito y el insulto. Además de ser claramente reprochable es completamente contrario al espíritu de protección al más vulnerable y no al más poderoso, que es parte constitutiva de la sensibilidad social de este gobierno. Y aún peor, genera ambientes donde los y las líderes quedan ciegos porque nadie se atreve a hablar, a advertir o a señalar los errores. Esa cultura tan común en el servicio público colombiano, de “sálvese quien pueda” también termina siendo consecuencia de los malos tratos, porque a la final, no es el buen trabajo, ni los resultados los que producen incentivos positivos. Ese pasillo de aplausos que recibió Marta Lucía Zamora es prueba de que un buen liderazgo inspira y produce resultados. Lástima que no se haya valorado.
Uno de los mensajes que se ha repetido hasta convertirse en verdad es que uno de los grandes problemas de ejecución de este gobierno se debe a que la izquierda carece de experiencia. Este argumento es lo que en lógica se conoce como argumento inválido o falaz. Es decir, pese a que las dos premisas son ciertas: el gobierno Petro tiene problemas de ejecución, y la izquierda no ha tenido experiencia (o muy poca) en el gobierno nacional, no se puede inferir que todo problema de ejecución se deriva de la falta de experiencia y que, por tanto, la baja ejecución es a la izquierda casi como connatural al no haber tenido suficiente tiempo en el gobierno.
Otros ejemplos de argumentos falaces en la política trajeron serias consecuencias a la democracia latinoamericana, incluyendo el ascenso de políticos anti-derechos como Milei y Bukele. Y antes de que algunos de mis lectores me acusen de ligereza en la calificación, los propios Milei y Bukele se han manifestado en contra de agendas de ampliación de derechos y de la propia responsabilidad de los Estados en el cumplimiento de los Derechos Humanos. Me voy a detener en el argumento de la baja ejecución del primer año y medio de gobierno y sus aparentes causas.
Es verdad que la izquierda no tiene experiencia de una o dos décadas gobernando. De hecho, la mayoría de esta se ha dado en Bogotá y en algunas experiencias regionales de gobiernos con amplias inversiones sociales y en bienes públicos y no adscritos a los gobiernos o partidos políticos tradicionales. Pero valiéndonos del principio de auto-adscripción, tan importante para definir la identidad de cualquier persona, personas pertenecientes a movimientos políticos de izquierda no han estado más que en pocos cargos de elección popular. ¿Y tiene la culpa la izquierda de haber sido sistemáticamente excluida del régimen político, e incluso del empleo público?
Aquí está la conclusión falsa. Si el mercado del empleo en el Estado fuera abierto a cualquier persona con capacidad para ejercer una función específica, vaya y venga. Acusémoslos. Pero el mercado del empleo público en Colombia es cerrado y clientelista, además de inestable y de distribución ineficiente. Para que me entiendan, la relación en el Estado es de un 30% funcionarios, 70% contratistas. Dentro de los funcionarios también se encuentran las plantas temporales, compuestas por aquellas personas que sudan frío cada elección porque van a perder su empleo si su político pierde. Podemos decir misa, pero este mercado es tóxico y lleno de incentivos perversos.
Entonces, en realidad, la acusación no se refiere a la falta de técnica, sino al mero hecho de que la izquierda no ha tenido la capacidad de orientar la clientela a su favor. Y en un mercado tan perverso como este, de cada diez personas que trabajan en el Estado, siete le deben su puesto, su estabilidad y su vida entera a un político. Puede ser, como ocurre en ocasiones, que sean personas tan excepcionales que logren convertirse en indispensables, pero no es lo usual. Es una excepción que no se puede confundir con la regla.
Pero, además, hay un ingrediente más en la encrucijada. El liberalismo que ha traído tantas ventajas a la humanidad – incluyendo la defensa acérrima de la libertad y la democracia – tuvo una distorsión sustancial en Colombia, de la mano del clientelismo. Un mismo modelo – funcional hasta cierto punto en las grandes ciudades – fue la destrucción de toda posibilidad de equidad en las regiones más apartadas o simplemente en municipios pequeños. La ejecución de cualquier plan, programa y proyecto se tiene que contratar con un mercado pequeño, cómodo y, hay que decirlo, bastante corrupto. Si el objetivo era que el sector privado entrara a suplir la ineficiencia y corrupción estatal, fracasamos en el intento. Hoy, por ejemplo, a una alcaldía le es imposible hacer una carretera si no cuenta con un congresista intermediario que probablemente le diga cómo y con quién contratar. Somos nosotros, con nuestro dinero, los que pagamos ostentosas campañas políticas, a cambio de migajas y proyectitos sin mayor impacto.
Le tengo críticas al gobierno del presidente Petro. Las he manifestado. Pero en esto, entiendo al presidente. Algunas voces reclaman que haga un pacto nacional con fuerzas políticas que no pactan, chantajean. Es decir, que su rol en el pacto no depende de educadas conversaciones intelectuales sobre el tamaño del Estado. Simplemente de que les conserven el poder de la clientela, que es un poder al final corrupto. Hay una parte de la ejecución, y esto lo sostengo con plena confianza, que se ha retrasado porque a muchos sectores de gobierno no les falta experiencia técnica, sino experiencia manejando oscuros mecanismos de contratación. Lo paradójico es que entre mejor quieran hacer las cosas, entre más limpias salgan las licitaciones y convocatorias, más desiertas se van a quedar. Por eso celebro que el presidente Petro se haya reunido con los empresarios, que generan empleo y con los que probablemente se pueda tener una conversación auténtica sobre un pacto nacional. Mucho mejor eso, que un pacto de contratistas sin valor agregado.
Laura Bonilla
En los pasillos de las cortes se rumoreaba que Alexander Vega sabía que iba a ser registrador, un año antes de serlo. Los requisitos habían cambiado y jugaban a su favor. La experiencia ya no era tan valorada, lo que le permitía certificar lo que no tenía. Para la elección de Registrador, que es la persona que tiene el poder sobre nuestra identidad y a la que le confiamos la custodia de nuestros datos y la seguridad de nuestros votos, se mueve el mismo mecanismo clientelar de otros nombramientos. Así fue como terminamos con un desastre como Vega de Registrador Nacional, y así es que probablemente volvamos a terminar. Pero peor, porque cada vez el mecanismo es más y más corrosivo. Nuestros votos y nuestros datos, en manos de clanes políticos, castas y familias, para quienes el nepotismo es el valor fundamental en la vida.
La Registraduría que deja Alexander Vega tiene además 500 cargos nuevos que repartirá a diestra y siniestra en los pasillos del Congreso, para que, a su vez, los congresistas presionen a las cortes y estas elijan a su sucesor. Esta semana, el registrador también está seguro de que sus fichas serán electas nuevamente y él podrá conservar el poder de 1.500 cargos (ver informe de Pares del 2020) y de más de 5.000 contratistas por prestación de servicios que le deben el cargo, o al menos mantenerse.
Esta semana, después de un examen llevado a cabo por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, donde nuestras fuentes nos informan que se realizó dos veces porque la primera vez se cayó el sistema, cuyas preguntas además son secretas a pesar de las peticiones de la sociedad civil, y de la calificación de las hojas de vida, se llevarán a cabo las entrevistas entre los diez candidatos que obtuvieron las mejores calificaciones en los exámenes. De ellos, Alexander Vega juega con planes A, B y C.
El primero, al que también nos referimos en Pares, es Hernán Penagos (La Registraduría de Hernán Penagos (pares.com.co)), que ya había sido mencionado por favorecer a su cuñada en la Registraduría del departamento de Caldas. Penagos, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, fue fundamental para el impulso de la reforma al Código Electoral impulsada por Vega y, además, según nuestras fuentes, sería quien cobraría los favores que una gran parte de operadores políticos y congresistas le deben al hoy Registrador, mayoritariamente cuotas burocráticas.
El segundo, el plan B de Vega, es Virgilio Almanza, quien había trabajado anteriormente con Vega y de quien fuentes de la Registraduría señalan que tuvo tal cercanía con el registrador que logró colocar varias hojas de vida en la entidad, a través de las cuales tiene acceso a congresistas que, a su vez, pueden presionar los tres votos fundamentales en las cortes. Es lo que terminó siendo la elección de un cargo tan importante: un circuito de tráfico de empleo.
El plan C, que sería el plan más flexible, es Jose Joaquín Vives, político del Magdalena, ex magistrado del CNE, miembro del clan Vives que también fue investigado por parapolítica en un proceso que fue archivado. JJ Vives, de llegar a ser registrador, tendría como ventaja la facilidad en el manejo político de las redes clientelares, un as bajo la manga en un momento del país en que la distribución de burocracia y contratos con los congresistas parece fundamental para la aprobación o el rechazo de las reformas en curso en el congreso.
Finalmente, en la lista se encuentran dos notarios, Leonardo Torres y Orlando Muñoz, un ex secretario general y registrador encargado en la administración de Juan Carlos Galindo, Orlando Beltrán, el candidato más cercano al gobierno que es Armando Novoa, Nerio Alvis, William Mauricio Ochoa y Jaime Hernando Suárez. Aunque las entrevistas se harán a los diez candidatos, es muy posible que la presión haga que se inclinen por alguno de los tres primeros y no por quien podría hacer un mejor trabajo para el país.
Este modelo clientelista y nepotista del que parece que no se salva ninguna entidad pública no es un asunto menor. Calcule usted que este año la Registraduría ha ejecutado 2.7 billones de pesos, de los cuales poco se ha destinado a mejorar la biométrica o a garantizar un buen proceso con la cédula digital, y por el contrario, mucho se ha gastado en mantener aceitada la máquina de los clanes en el Congreso, para que ganaran las elecciones regionales en los lugares donde lo hicieron. Con sus impuestos y los míos. Señores y señoras presidentes de las altas cortes: está en sus manos algo fundamental para el país. A no ser que Alexander Vega, el vidente, ya haya previsto el futuro.
Laura Bonilla
Hace pocos días me preguntaron que pensaba de la crisis del proceso de paz total. Traté de dar mi opinión, basándome en los hechos conocidos y en el acceso a la información de la que disponemos en la fundación Pares. Después de leer mi propia opinión me di cuenta de que la paz, al igual que yo y que otros colegas estamos girando alrededor de lugares comunes.
La verdad es que tenemos poca información de las múltiples agendas que se mueven en los lugares de la geografía colombiana donde persiste la violencia organizada. Lo otro es que estamos midiendo muy mal, tanto los éxitos, como los fracasos y como la propia complejidad de la violencia. Hacemos unas canastas de indicadores de violencia que poco o nada tienen que ver con lo que está viviendo la gente a diario, y sobre esos números establecemos nuestro análisis. Bueno para nuestro ego, malo para el país. Por eso, voy a reformular mi opinión sobre el estado actual del proceso y algunas ideas que podrían ayudar a volver a darle foco, tratando de hacer énfasis en la imperiosa necesidad de avance de la paz.
El primer punto que puede ayudar es aprovechar este momento para parar, observar detenidamente, recolectar información y crear inteligencia colectiva en el sector paz del gobierno. La información está dispersa en mesas, liderazgos y tareas. Medir mejor es fundamental. Los repertorios de violencia no son estáticos y los análisis sobre los mismos tampoco deberían serlo. La realidad es la que debe dictar la acción y no al contrario.
Lo segundo suena obvio, pero no es sencillo. El gobierno debe reconocer que la gente está sufriendo. Meterles fuerza y debate político a dos o tres cifras distrae a la opinión pública de lo fundamental. La gente está dispuesta a entender que el camino está lleno de baches, pero no a que le digan que esos baches, los que viven, ven, sienten y perciben a diario no existen. Actualmente muchas comunidades y organizaciones sociales con experiencia, dedicación y compromiso en la construcción de paz nos aseguran que no están siendo escuchadas.
Lo tercero es cambiar el foco de los violentos al territorio. Estamos tan llenos de lugares comunes que no somos capaces de ver que la mayor demanda política detrás de la violencia (y tal vez la única que queda en firme) es la presencia de un Estado que atienda las necesidades básicas de la población. Tan simple como eso, pero tan complejo de hacer. Es la promesa que jamás se ha cumplido. Como somos un país profundamente centralista, la rendición de cuentas que la sociedad hace al Estado se va poco a los mandatarios locales y muchísimo al gobierno central.
Lo cuarto es desenredar la pita. El proceso, lleno de procesos está actualmente enmarañado en funciones, dispersión de las mismas, decretos, etc. Ordenar así sea un poco la gestión de la paz en el territorio no es mala idea en absoluto. Por ejemplo, sería deseable recuperar la senda de los PDET en construcción de infraestructura y al mismo tiempo darle un aire serio, renovado, con recursos y capacidad a reconstruir el tejido civil y social que ha sido roto por la violencia. La capacidad que no tienen los gobiernos a nivel local la puede tener la sociedad civil, que en estos momentos se siente aislada. El presidente tiene, además la posibilidad de trabajar con las gobernaciones entrantes. Ojalá volvamos a ponerle el apellido paz a las cosas positivas en las que el Estado está avanzando (reforma agraria, por ejemplo). Y que ese apellido venga con recursos y capacidad humana.
Finalmente viene la cuestión de los armados. Aquí la cosa es de un balance muy delicado, incluyendo por supuesto mantener abiertos canales de diálogo y la oferta de negociación, al mismo tiempo que se continúa avanzando en los cuatro puntos anteriores. Es importante, y esto lo digo con algún conocimiento de años de estudio de grupos armados en Colombia y otros países, salir de la idea de que existe una voluntad real de paz (de unos) y una voluntad falsa de otros. Todos los grupos tienen una parte de sí que quiere negociar y una parte que no. Hasta el final tratan de mantener planes B, balances, y “seguros” por si las cosas salen mal. De lo bien que se hagan las mesas de negociación depende que esa parte que no quiere negociar sea minoritaria.
Es total responsabilidad del Estado, quién se sienta a negociar en nombre de la paz como derecho fundamental, que entienda esto. Y aquí, en esta crisis no hay otra opción que mantener la mesa salvable – que es la del ELN – lograr aglutinar la presión ciudadana contra el secuestro a favor de la liberación inmediata de todas las personas en poder de esta guerrilla y acelerar con firmeza el paso de los acuerdos. Si en la mesa queda claro que hoy, tanto el ELN como el gobierno y como el país en general tenemos el tiempo en contra, la cosa puede rescatarse.
La analista y subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, Laura Bonilla junto al excongresista, Antonio Sanguino, analizan las movidas políticas que ejecutan los grupos familiares para hacerse a los cargos públicos en las elecciones regionales.
Ana Karina Bayter respira profundamente. Me mira y comienza a hablar. Me cuenta sobre el Banco Magdalena, la depresión Momposina, los territorios anfibios y su trabajo en programas sociales y el sector de la salud. «Hay un rezago», me dice. «Mi territorio no ha tenido las mismas oportunidades que muchos otros». El Banco es un pueblo con problemas, afectado enormemente por el conflicto armado. Pero hace más de veinte años no vivía un secuestro. Y ocurrió. No solo su hermano fue secuestrado, sino en el mismo mes tres personas más en Ocaña.
Juan Carlos Bayter salió el 18 de octubre para llevar a sus hijos al colegio. Fue raptado por hombres armados en el centro del municipio. Han pasado 20 días sin noticias, y su familia teme lo peor. Inicialmente se pensó que el caso podría haber sido perpetrado por bandas foráneas. «En el Banco no tenemos ese problema», asegura Ana Karina. «Fue gente de fuera». La comunidad se movilizó, el Gaula comenzó a investigar, la Oficina del Alto Comisionado de Paz atendió el caso. Luego, silencio. Con el paso de los días y sin recibir ninguna llamada, la familia comienza a temer lo peor, pero aún mantienen la esperanza.
Luego aparece la noticia. El ELN acepta haber secuestrado a Luis Manuel Díaz. Todo cambió de repente para la familia Bayter mientras veían a todo el país solidarizarse y movilizarse por la vida y la libertad del padre de uno de los futbolistas más queridos. En medio de la tragedia y el dolor, surge la pregunta: ¿Vale menos la vida de Juan Carlos? ¿La comunidad de Banco Magdalena? ¿Por qué aún no sabemos nada? ¿Tiene también el ELN a Juan Carlos?
Esta guerrilla dio un paso en falso monumental al volver a secuestrar. Según el comunicado, se infiere que este no es el único caso y que hubo una «orientación financiera» para que el Bloque Norte llevara a cabo secuestros como fuente de financiación. El propio comunicado plantea un problema que el mecanismo de verificación del cese debe estar revisando con rigor en este momento. No existe el término «retención de civiles», aunque el ELN trate de matizar esas palabras. Es un secuestro y es un crimen, uno de los más sensibles en el país.
Tal vez sin querer, el ELN revela que está buscando otras fuentes de financiación, posiblemente debido a la disminución de la compra de pasta de coca en varias regiones y la reducción de sus ingresos mientras mantienen los costos de la guerra y se enfrentan a las AGC y al Estado Mayor Central (EMC). Sin embargo, esto no importa al país. Por el contrario, volver a secuestrar solo generará un mayor repudio en la sociedad. Puedo asegurar que hoy en día, el secuestro no es bien recibido en ningún municipio o vereda, sea cual sea el actor involucrado.
Al ELN no le queda otro camino que la paz o la descomposición total. El tiempo pasa y las opciones se reducen cada vez más. La ventana que la sociedad colombiana generosamente abrió, junto con un gobierno dispuesto al diálogo, no estará siempre disponible. Tienen tres años en los que su contraparte en la mesa hará todo lo posible para avanzar en la promesa de la paz, pero no a cualquier precio. Este evento se interpreta como un sabotaje al proceso mismo.
Por lo tanto, aprovecho esta columna para preguntarles directamente: ¿Tienen secuestrado a Juan Carlos Bayter? Si es así, les pido en nombre de su familia que lo liberen sano y salvo, así como a todas las personas que tengan secuestradas, aunque no sean famosas. Colombia no merece revivir ese drama, y les aseguro que el argumento de que necesitan financiar la guerra no tiene fundamento ni en las regiones donde operan ni en las ciudades. Deben considerar que, en un proceso de paz, la sociedad misma los acogerá y apoyará, pero es imperativo que cesen las agresiones contra civiles. No saboteen la paz.
La democracia colombiana es como un ratón corriendo en una rueda. A gran velocidad, formulamos y promovemos reformas políticas y cambios en los mecanismos electorales para llegar a lo mismo. Esta campaña está moviendo dinero como arroz, que vamos a pagar con nuestros impuestos y a costa de nuestro bienestar. Seguimos girando en la rueda, elección tras elección.
Cuanto más tóxica es la competencia política, más dinero se necesita para ganar; más alcaldes llegan endeudados, teniendo que recurrir a sus senadores y representantes para intentar intermediar algo de recursos que les ayuden a pagar sus deudas de campaña «sin que se note». Recientemente mis fuentes me indican que por lo menos 39 mil millones de pesos se están moviendo en la campaña del Cesar. Y así en La Guajira, El Chocó, Córdoba, Sucre, Norte de Santander y otros lugares. Más dinero en campaña significa más pobreza, menos ejecución y más precariedad democrática. Significa también mayor autoritarismo regional, más dependencia, más clientelismo y más crimen organizado involucrado en la política.
Pero tienen razón los críticos que señalan que se estigmatiza la política regional. Es cierto, la mayoría de las investigaciones se centran en los operadores políticos que están en las regiones, pero no es verdad que el centro político del país carezca de responsabilidad. Todo lo contrario, los dueños de los bolígrafos, que están en el centro del país, no pueden seguir haciéndose los de la vista gorda. Son ellos los que no otorgan ni avales ni apoyo a candidatos que puedan mejorar la democracia local, porque necesitan el dinero y los contratos. Por el contrario, más de una vez han favorecido a bandidos. Aunque la culpa penal sea individual, la responsabilidad es colectiva.
Aquí radica el asunto. Los operadores políticos a nivel individual o de grupo familiar son la base de nuestro sistema, no los partidos, no los grupos, no los conglomerados, no los consorcios. El operador político, cada cuatro años, busca el aval para presentarse, lo cual es más un requisito que una adscripción. Luego procede a buscar financiación a través de créditos, que en el caso del poderoso clan Char es otorgada por ellos mismos, o por otras financiadoras privadas, contratistas e incluso economías ilícitas.
Si tienen el dinero y la operación, fichas burocráticas y capital social en el centro, a este operador le van a llover ofertas. La alternatividad en la política local es excepcional, precisamente porque es extremadamente costoso montar una operación política, especialmente cuando no se es corrupto. La paradoja más triste es que termina siendo más eficiente el alcalde corrupto que tiene los recursos para acceder al mecanismo, que la alcaldía honesta a la que los ministros no le contestan el teléfono. Lo duro es que, cuanto más honesto sea el alcalde y menos conectado esté, menos le van a contestar. Pero sigamos con el operador del ejemplo.
Después de su elección, el operador político tiene dos tareas fundamentales: la primera, pagar la deuda de campaña, lo cual implica recolectar fondos a través de diversas vías, incluyendo la contribución de sus colaboradores y la manipulación de contratos públicos, así como la gestión de coimas con la participación de senadores y congresistas. La segunda tarea consiste en mantenerse relevante en la política nacional a través de sus contactos. Esto se traduce en la colocación de sus afines en los ministerios y la creación de una burocracia leal que les suministra información y facilita el cumplimiento de favores políticos. En esta dinámica, los beneficios son mutuos: «Hoy por ti, mañana por mí».
Los jefes de partido gestionan y administran ese capital político, con plena conciencia de quiénes son y cómo se hace la política, pues aceptar el mecanismo es la clave para mantenerse en el juego. Por eso, partidos como Cambio Radical, el Partido Liberal, el Conservador, el Partido de la U, el MAIS, la Alianza Verde y la Liga de Gobernantes Anti-corrupción, no dejan de otorgar avales a grupos políticos, ya sean clanes o no, que pueden garantizar su éxito, sin tomar medidas para cambiar o cerrar este sistema, lo que demuestra que hablar de democracia interna en los partidos políticos colombianos equivale a blasfemar en una catedral.
A pesar de que se tiende a ver a las regiones como corruptas y al centro como menos corrupto, no debemos olvidar que el centro político del país acumula la mayor parte del poder y establece los términos de las negociaciones. La descentralización superficial que se implementó en 1991 nos ha hecho creer que los operadores políticos regionales son el epicentro de este sistema, cuando en realidad los líderes políticos nacionales han sacado un provecho significativo a un costo mínimo. Es comprensible que el control desde el centro sea más difícil, costoso e indeseable, pero para figuras como los Vargas, los Santos y los Pastrana, este mecanismo ha resultado excepcionalmente funcional. Ha llegado el momento de abrir un diálogo sobre esta cuestión.
De aquí es difícil que tengamos vuelta atrás. Los liderazgos políticos que en el mundo tienen mayor votación están muy lejos de los estadistas moderados y reflexivos que el pequeño sector de la sociedad, en el que me incluyo, extrañamos. La identidad política es hoy también una forma de consumo cultural, amplificada por el sesgo de confirmación presente en las redes virtuales y reales. Por eso el diálogo es lo más difícil de promover hoy.
El apocalipsis parece ser mucho más rentable. El miedo y la identidad son la combinación ganadora utilizada por figuras como Trump, Milei, Bukele y Bolsonaro, pero también por Ortega, Chávez y Maduro. En medio de todo esto, los derechos humanos se convierten en la carta favorita a sacrificar en aras de un bien mayor etéreo, al mismo tiempo que siempre estamos al borde del apocalipsis, liderado, por supuesto, por ‘los otros’, amenazando con arrasar incluso lo poco que nos queda. En este contexto, las ciudadanías globales se encuentran luchando por adquirir una identidad y determinar hasta qué punto son ‘coherentes’ con ella. De esta manera, nos encontramos viendo a antiimperialistas de izquierda apoyando a Putin y a otrora institucionalistas alabando a Milei. O progresistas entendiendo a Netanyahu.
Cada una de nosotras hacemos un salto de fe en situaciones tan complejas como el conflicto en Medio Oriente, donde es totalmente cierto que Hamás a la cabeza de Ismail Haniyeh ha asesinado indiscriminadamente civiles inocentes y que el Estado de Israel de Benjamín Netanyahu ha cometido uno de los peores crímenes de guerra del que la humanidad pueda tener memoria, de forma tan cínica que incluso pone la responsabilidad no en uno de los ejércitos más poderosos del mundo, sino en mujeres y niños que no fueron capaces de “controlar” sus propios radicales. Y sí. Por décadas Israel ha jugado la carta de miedo + identidad, anunciando el apocalipsis para justificar el trato desigual y cruel a los civiles en Gaza, burlando sin empacho las resoluciones de Naciones Unidas.
Todo esto para decir que Gustavo Petro no es el único presidente metido en esta encrucijada, pero sí es uno de los pocos que ha intentado convertir la tragedia en algo sobre sí mismo. Característica muy propia de la megalomanía y si se quiere del mesianismo, pero lejos del apocalipsis. Reprochable en cualquier caso la banalización de la situación de las víctimas israelíes, loable el apoyo a Gaza y mal manejada la diplomacia. Todo es cierto. Pero lo que es completamente falso es que Petro sea el primer presidente en manejar de forma arbitraria e irresponsable la diplomacia, con graves consecuencias para Colombia. Eso ya lo había hecho Iván Duque con Venezuela y las consecuencias fueron dramáticas en la economía y la seguridad. No dolió tanto porque no retó de la misma forma la identidad colectiva. Era más fácil condenar a Venezuela que a Israel, por supuesto.
Mi miedo – que también me habita – es que estoy viendo a demasiados humanistas, liberales y gentes demócratas promoviendo la narrativa del apocalipsis petrista. “La horrible noche, le están llamando”. Son conscientes mis colegas, muchos de los cuáles aprecio profundamente, ¿de las consecuencias de esto? ¿se han detenido por un momento a pensar si tal vez ese sentimiento de temor y pánico en muchos casos es más un rechazo a la personalidad del presidente que a una situación de crisis institucional? No será, tal vez y sólo tal vez, ¿que en el fondo consideran que es justo que la izquierda tenga una especie de castigo colectivo por todas las veces que llamó a la indignación colectiva en gobiernos anteriores?
Mi miedo personal es que ese lugar político en el mundo, tan necesario que es el humanismo, la defensa de los Derechos Humanos y la democracia, con todos sus defectos, se quede solo y vacío, subsumido por completo por las luchas identitarias, que ni siquiera saben exactamente qué es lo que están defendiendo porque al parecer nos negamos cada vez más a la evidencia, si ésta nos contradice el sesgo.
La guerra y la violencia siempre necesitan que la gente esté dispuesta a negar su lado más humano y compasivo. Abandonar el entendimiento y la empatía. Confiar ciegamente en los megalómanos. Y de eso sí que sabemos en Colombia. A mi tampoco me gustan los trinos del presidente, tal vez porque nunca he sido apasionada de las grandes personalidades. Un sesgo de mi propio entendimiento del mundo. Me preocupan las consecuencias de la bravuconería diplomática, pero también me angustié profundamente cuando lo hacía Iván Duque. Creo profundamente que se necesita calmar las aguas y apelar al entendimiento y la diplomacia, más que hacerles la corte a los egos de cancilleres y líderes políticos. Pero no me voy a comprar el discurso apocalíptico y malsano que no está conduciendo a otra cosa más que a profundizar la fuerza de los antidemócratas. Prefiero seguir consciente e ingenuamente tratando de que se haga realidad un acuerdo nacional.