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Buenaventura en crisis

Escrito por Laura Bonilla en Jul 4, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

El piloto de la paz total, que pudo haber sido un laboratorio de reconciliación, está muriendo en medio del constante ruido de las balaceras en el puerto más importante del Pacífico colombiano. En este momento, culpar a otros no tiene un gran impacto. Sin embargo, sí existe una profunda irresponsabilidad institucional que se extiende por todos los poderes del Estado.

Por un lado, la obsesión por obtener victorias políticas rápidas llevó al gobierno nacional a desperdiciar posiblemente la mejor oportunidad de lograr la paz en el ámbito urbano. En medio del enredo de proyectos, acuerdos políticos y bancadas, el Estado olvidó que tiene a su disposición numerosos instrumentos normativos para actuar rápidamente. Esto incluye fortalecer las habilidades y capacidades locales, aprovechar la cooperación internacional en beneficio de la paz, aliarse con la sociedad civil, implementar intervenciones en materia de derechos humanos y trabajar con programas de desarrollo y paz. Sin embargo, sobre todo, se perdió la oportunidad de utilizar eficientemente las herramientas del proceso de paz firmado con las FARC.

Al mismo tiempo, la postura de la Fiscalía no puede ser calificada de otra forma que perversa, ya que el Fiscal Barbosa parece dispuesto a quemar el país con tal de que a Petro le vaya mal. En lugar de cumplir su rol y trabajar en colaboración con todo el aparato estatal en aras del bien común y garantizar la justicia, la Fiscalía está demasiado ocupada desempeñando un papel político que no le corresponde.

En tercer lugar, la paz total demuestra cuán poco le importa al legislativo (con algunas excepciones) el bienestar colectivo. El liderazgo legislativo se está enfocando cada vez más en sus agendas personales, sin mostrar empatía hacia lo que está sucediendo en el puerto. Mientras las bancadas más cercanas al gobierno parecen negar la realidad, discuten cifras y se niegan a escuchar las cada vez más desesperadas peticiones de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos, la oposición utiliza la violencia para demostrar que la paz no sirve de nada. Ya son muy pocas las personas en el Congreso que aún creen en el éxito de este proceso.

En medio de esta irresponsabilidad política, se está gestando una nueva guerra en Buenaventura. Recientemente, como ha mostrado frecuentemente la fundación PARES, ha surgido un nuevo grupo armado. Nuestras investigadoras, aterrorizadas por las balaceras, informan desde debajo de la mesa del comedor, mientras que el tejido social está agotado de pedir una ayuda que nunca llega. Como ha expresado nuestro coordinador de la oficina Pacífico en Twitter[1]: «las armas están en todas partes».

Lo cierto es que lo más perverso que puede hacer el gobierno es utilizar la excusa de que este conflicto se venía gestando desde antes, como algunos han afirmado. Claro que sí, esta nueva guerra creció cuando el gobierno anterior hizo añicos el acuerdo de paz y desvió su atención mientras los grupos armados tomaban control territorial. No se puede permitir repetir ese nivel de cinismo. Debemos corregir el rumbo. En este momento, asignar culpas no tiene ningún beneficio; los egos deben dejarse a un lado. Cada obstáculo que se presente entre los encargados de la política de paz y seguridad se traduce en vidas perdidas y un horizonte de paz que se aleja cada vez más.

El reto es considerable. La militarización no funciona, pero el Estado tampoco puede delegar el control territorial, una situación que se ha venido gestando desde 2016. Solamente una estrategia combinada, en la cual la presencia de la fuerza pública respalde la construcción de paz, se bloquee el acceso a armas y dinero, se debilite la economía ilícita y, sobre todo, se proteja a las personas en un conflicto irregular, puede brindar una luz de esperanza en la situación actual. Esto debe ir acompañado de una presencia institucional permanente. No se trata de caravanas, reuniones o visitas esporádicas. Es necesario establecer oficinas en el territorio, fortalecer las instituciones, asignar presupuesto para programas y proyectos que contribuyan a la disminución de la violencia, y utilizar audazmente las herramientas disponibles para fomentar la desmovilización y el desarme de los grupos armados.

Cada vida perdida en Buenaventura y cada día de violencia alejan aún más el horizonte de la paz. La vida vale mucho más que la complacencia política. Incluso sin ley de sometimiento, hay que actuar.

[1] https://twitter.com/JUANMATOER/status/1675641355631054849

El traje nuevo del emperador

Escrito por Laura Bonilla en Jun 26, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

La moraleja de este cuento infantil es extraordinaria. Un grupo de hombres astutos, disfrazándose de sastres, lograron venderle al emperador el traje más hermoso del mundo, sabiendo que era vanidoso. Le advirtieron que solo los sabios y dignos de su posición podrían ver el traje, por lo que ninguno de sus ministros le informó que estaba saliendo a la calle completamente desnudo. El engaño solo se descubrió cuando un niño exclamó: «¡El rey está desnudo!».

En medio de la actual coyuntura política colombiana, donde ocurren tantas cosas simultáneamente, muchos de nosotros, como opinadores públicos, nos encontramos dando vueltas en círculo, buscando explicaciones para el estado de desnudez en el que se encuentra el país político y cómo, al igual que el rey de la historia, se está volviendo ridículo. El reciente informe de PARES sobre el desempeño legislativo y el comportamiento del «Congreso del Cambio«, junto con el 69% de desaprobación hacia nuestro parlamento, revela mucho.

Por un lado, durante muchos años nos hemos autoconvencido de que el sistema de distribución del poder en Colombia era natural y democrático. No obstante, las presiones ejercidas por el gobierno de Petro sobre el sistema político colombiano, tanto en su aspecto nominal como en el real, han expuesto profundas fracturas. He escuchado a muchos exfuncionarios destacados y genuinamente competentes afirmar que en el pasado se protegía a los trabajadores estatales y que los nombramientos se basaban en criterios técnicos. Afortunadamente, esta coyuntura ha permitido que una parte de los medios de comunicación, que antes aceptaban las «cuotas políticas» como algo normal, ahora evidencien la falsedad de este argumento. Incluso la frase «uno gobierna con los amigos» está empezando a perder fuerza.

El escándalo Sarabia-Benedetti ha puesto al descubierto la profundidad de las negociaciones políticas, siempre llevadas a cabo en secreto, y ha revelado que es habitual que a algunos políticos profesionales se les paguen aviones privados, mientras su riqueza crece en medio de negocios que nunca quedan lo suficientemente claros. Sin embargo, también pone de manifiesto la profunda hipocresía de una Colombia que durante años afirmó que esto era normal en una democracia.

Por otro lado, quizás los más consternados sean aquellos que acompañaron la campaña del actual presidente, sufriendo las malas compañías de los lobistas e intermediarios profesionales. Esta semana, Mario Alcocer también mencionó el acompañamiento constante a la primera dama y cómo se posiciona una región frente a un ministro, lo cual ha generado preocupación. Pero tal vez el hecho de que la política esté desnuda a la vista de toda Colombia nos ayude a mirarnos en ese espejo con honestidad.

Actualmente, el sistema está diseñado de manera que gobernar sin clientelismo resulta imposible. ¿Tiene sentido reclamar que se reconstruya la gobernabilidad de la nada? Durante décadas, la función primordial de los políticos regionales ha sido el lobby y la intermediación para conseguir empleos en Bogotá que se les niegan en sus propias regiones. Esto ha llevado a que ellos y sus allegados asciendan y se conviertan en líderes de un Estado cada vez más mediocre. ¿Es lógico rechazar este comportamiento sin detenernos a pensar cómo cambiar la cultura del «recomendado» que impera en nuestra vida diaria? ¿Es lógico seguir teniendo leyes hiper restrictivas para que la contratación pública solo quede en mano de los contratistas, profesionales y recomendados?

Los gobernantes y gestores mejor valorados han sido aquellos que han sabido balancear con éxito este tipo de pactos políticos y al mismo tiempo cumplir uno que otro programa. Han avanzado poco a poco, generando pequeños cambios, pero también enormes frustraciones sociales que nos han costado muy caro. En muchas regiones de este país, el Estado ha mirado hacia otro lado mientras actores armados asumían la responsabilidad de impartir justicia, establecer reglas e incluso llevar a cabo proyectos de infraestructura, a costa de la vida de demasiadas personas. No fueron pocos los funcionarios públicos, incluidos congresistas, que aceptaron beneficios de la corrupción y la violencia. ¿No es hora de detenernos y aceptar que nuestra democracia regional es precaria porque así lo ha preferido el centro político? ¿No es cierto que la razón por la cual no hemos logrado liberarnos de los clanes políticos es porque sus poblaciones no tienen oportunidad de acceder a bienes y servicios públicos sin su intermediación?

Queridas personas que me leen, ¿no creen que es el momento de reflexionar sobre cómo construir gobernabilidad sin corrupción ni clientelismo? Al menos valdría la pena revisar algunos planes. Una reforma laboral podría haber sido parte de la solución para librarnos del lastre de los congresistas recomendando hojas de vida para cualquier empleo público (lo cual no es normal) y de los funcionarios con un jefe político (tampoco es normal). Pero ya sabemos cómo terminó esa propuesta.

Un cese, varios escenarios

Escrito por Laura Bonilla en Jun 19, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

El cese al fuego con el ELN es una noticia esencialmente optimista. Está dividido en tres fases donde se dictarán protocolos específicos, una segunda donde ambas partes se prepararán, y finalmente el 3 de agosto iniciaremos 180 días sin acciones ofensivas. Contrario a la cantidad de información sin verificar que ha estado circulando, el cese parece estar bastante mejor planeado, y es mucho más realista que los intentos del pasado.

En una guerra cuyo repertorio está encaminado a controlar violentamente territorios y poblaciones, el ELN es tal vez el último grupo que activamente busca enfrentar al Estado, y por eso un cese bilateral puede hacer que la reciente oleada violenta se reduzca significativamente. Sin embargo, el futuro tiene un escenario virtuoso y uno no tan optimista.

En el escenario positivo se logra que el cese al fuego disminuya la violencia. Esto requiere la fuerza pública última evite que otros grupos como las disidencias del EMC, o el clan del golfo se expandan, aprovechando la inactividad del ELN. Es decir, que la fuerza del Estado debe ser capaz de crear un escenario de suficiente tranquilidad para que en primer lugar se pueda avanzar en el cumplimiento de lo acordado y también para que pueda haber mejoría social en las regiones de influencia de grupos violentos.

Al mismo tiempo, el proceso de diálogo con el Estado Mayor Central debe avanzar bajo las mismas condiciones y renegociar un cese al fuego mejor planeado, verificado y donde la participación de las comunidades rurales que cohabitan dichas zonas del país sea posible y segura. Aquí, si ambos ceses logran liberar capacidad de la fuerza pública también es probable que ésta logre recuperar zonas de influencia del clan del golfo y de esta forma presione a este grupo armado a una negociación.

En el escenario negativo el Estado no logra crear las condiciones mínimas para detener la expansión de otros grupos y esta situación escala la confrontación entre ilegales. Permítanme detenerme aquí para aclarar un punto fundamental: existe una creencia generalizada de que cuando se menciona la confrontación entre grupos armados, se refiere a enfrentamientos directos y claros entre dos o más grupos, y que en medio de estos combates los civiles resultan afectados. Sin embargo, esta idea no se ajusta a la realidad. El repertorio de violencia de los grupos armados en la actualidad no se limita a los enfrentamientos directos. Su objetivo principal es obtener recursos financieros para mantener a sus combatientes a cualquier costo, controlar áreas del territorio, imponer normas y castigos a las comunidades que no se alineen con ellos, y desplazar o confinar a los habitantes en contra de su voluntad.

Por lo tanto, si la fuerza pública no logra frenar la expansión de otros grupos, como el EMC y el Clan del Golfo, no se crearán las condiciones necesarias para que la población participe activamente. De no cumplirse esta condición, la tensión existente podría desencadenar guerras regionales cada vez más sangrientas en Chocó, Arauca, El Catatumbo, Cauca y Nariño. Es imperativo actuar con determinación para evitar este escenario devastador. En un contexto tan violento, no sería posible implementar de manera efectiva los programas sociales acordados. Nos sumiríamos nuevamente en una espiral violenta, lo cual tendría un costo dramático para la democracia colombiana, que ya se encuentra en déficit de liderazgos perdidos.

¿Cuáles son las variables que nos llevarían hacia uno u otro escenario? Ya he señalado que la presencia efectiva de la fuerza pública es fundamental para respaldar el cumplimiento del cese al fuego, al igual que la coordinación entre la oficina del Alto Comisionado de Paz, el acuerdo con el ELN y los avances en la mesa con el Estado Mayor Central.

Sin embargo, tal vez la variable más determinante radica en la calidad de la participación, donde la población, sus organizaciones y comunidades no perciban su esfuerzo como algo superficial. Esto no puede suceder en el vacío. Se requieren recursos canalizados, enfocados y orientados a este propósito. Si buscamos el escenario optimista, la clave no sólo es en cómo se hagan las cosas, sino en que funcionen.

El efecto AMLO

Escrito por Laura Bonilla en Jun 13, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión, Opinión | Ven, Venezuela.

En mayo de 2023, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también conocido popularmente como AMLO, mantenía una popularidad del 58%. Esta cifra resulta atípica para un jefe de gobierno en el mundo en la actualidad. La semana pasada su partido, MORENA, le arrebataba el DF al PRI, su penúltimo bastión político, donde jamás había perdido las elecciones, completando 23 de 32 Estados de México, que recuerden es Federal.

Muchos intelectuales de diferentes corrientes políticas, ya sea de izquierda, centro o derecha, han señalado serias deficiencias estructurales en el gobierno, especialmente en temas como seguridad y corrupción. Estas críticas apuntan a que las políticas implementadas no han logrado la eficiencia prometida. Además, la oposición lo tilda de populista, tanto por su estilo de vida como por su constante apelación al pueblo como el principal actor constituyente y apoyo de su mandato.

A pesar de que la pobreza ha aumentado, en parte como consecuencia de la pandemia, al igual que en el resto de América Latina, AMLO aún es reconocido en varios estados como el presidente de los pobres. Es interesante notar que su popularidad se mantiene a pesar de tener varios indicadores en su contra. En la región, el único líder que posiblemente conserve una popularidad similar al final de su mandato es prácticamente su némesis: Nayib Bukele en El Salvador.

¿Se debe entonces al discurso populista la única explicación de por qué AMLO es el presidente de izquierda más popular desde los primeros mandatos de Lula Da Silva o Evo Morales? Cualquier análisis comparado en la región permite asegurar que no es así. Un mandatario puede tener un discurso atractivo y popular y una alta valoración negativa al mismo tiempo.

En el caso mexicano la explicación es multicausal. Por una parte, si bien los indicadores de pobreza llevan un incremento, medido desde el 2018 al 2020[1], la tendencia al alza venía de antes del 2016. No obstante, la percepción de la población de clase media y media baja es que su ingreso mensual rinde, y que la ampliación de los programas sociales ha tenido un impacto directo, rápido y positivo en su calidad de vida. Prácticamente todos los mexicanos, especialmente pertenecientes al 43% de la población en pobreza, conocen a alguien que ha recibido dinero y/o que se va a lograr pensionar cuando ya había perdido toda esperanza.

Lo segundo es que el incremento de las ayudas sociales se ha acompañado de la desaceleración de la inflación. En mayo, la inflación cerró en un 6,25%, después de haber alcanzado casi el 11% en el período inmediatamente posterior a la pandemia. De esta manera, el aumento del salario real, junto con las ayudas directas efectivas y oportunas, contribuyen a crear una masa crítica positiva. Este fenómeno suele atribuirse al mandatario que lo generó, como se pudo observar en los primeros años de Ayuda en Acción y su impacto en la popularidad de Álvaro Uribe en Colombia. Sin embargo, los beneficios solo pueden ser aprovechados una vez.

A esto se suma la inversión directa en obras y autopistas en lugares donde previamente no se había visto inversión por parte del gobierno federal. También destaca la fuerte cohesión de Morena en apoyo al mandatario y su imagen de estar siempre ocupado y trabajando, lo cual conecta muy bien con el espíritu de la clase media y popular latinoamericana. Estas personas están agotadas de sentir que no se logra pasar de la retórica y carecen de la paciencia de las clases medias altas que pueden permitirse vivir más allá del día a día.

Sin embargo, algo que a menudo pasa desapercibido pero que puede considerarse como una explicación significativa del efecto AMLO es la conexión entre su personalidad y su estilo de vida, similar al del expresidente uruguayo Pepe Mujica. Este aspecto no siempre es valorado por los líderes políticos de la izquierda latinoamericana, quienes se quejan, con razón, de la exigencia desmesurada de perfección que no sufren sus contrapartes de derecha. Equilibrar este punto no es sencillo, y ni Pedro Castillo en Perú ni siquiera Lula Da Silva en su segundo mandato lograron hacerlo. Parte de la caída de la izquierda en el continente se ha basado en la desilusión de un electorado cada vez más sensible a la identidad y completamente descreído de la política.

Entonces, ¿cómo se puede interpretar la caída en la popularidad del presidente Gustavo Petro en tan solo nueve meses? ¿Es simplemente un golpe blando orquestado por las élites que, lamentablemente, abundan y abusan en toda América Latina? Aunque ambos líderes han generado cierta división en la opinión pública, e incluso Petro cuenta con mejores indicadores de gestión, AMLO ha logrado generar una percepción de eficacia a través de programas rápidos de transferencias monetarias directas que no requirieron complicadas argucias legislativas. Esto contrasta con la tradición colombiana, donde se espera que todo cambio comience por la ley. El presidente Petro tiene una oportunidad a su favor con la implementación del Plan de Desarrollo aprobado. Sin embargo, debería tener en cuenta que un exceso de debate sobre las reformas podría no ser una idea tan acertada.

[1] Los datos pueden ser directamente consultados en la página del CONEVAL: Medición de pobreza 2016-2020 (coneval.org.mx)

Tóxicos y toxicidades

Escrito por Laura Bonilla en Jun 5, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

La desmedida fe en sí mismos es tal vez la debilidad más grande de los poderosos. Un día los suben a un pedestal y al otro los pinchan, como a un globo, parafraseando el ya-no-tan velado mensaje de Armando Benedetti a Laura Sarabia. Finalmente, había sido uno de los operadores políticos más exitosos en los últimos gobiernos. Hasta hoy.

En la campaña, Benedetti logró convencer al hoy presidente y a gran parte de la izquierda de que la intermediación política, es decir, el clientelismo, era la clave de la victoria. Sostenía que un gran acuerdo nacional implicaba incluir a los políticos y sus clanes, quienes tradicionalmente habían sido juzgados por la izquierda. Incluso llegó a convencer a grandes sectores de la izquierda de que eso, y nada más que eso, era «la política». Muchas personas, convencidas de la causa, aceptaron acallar sus reparos mientras le gritaban «moralistas» a aquellos que veían poca conveniencia en la alianza.

No es difícil imaginarse cómo Armando Benedetti obtuvo el poder que llegó a tener, tanto en la campaña petrista como en el Gobierno. En Colombia, los liderazgos políticos, de izquierda o de derecha, tienden a ser profundamente autocentrados. Así, una combinación de adulación, obediencia y cierta eficacia es mal confundida con lealtad, y las personas virtuosas en este arte se quedan con grandes tajadas de pastel. Cuando son funcionarios, su trabajo diario se centra en conservar o ampliar su propio poder, casi nunca en producir buenos resultados o políticas. Ese es un ejercicio menor: si sale bien, es mi mérito; si sale mal, es culpa de alguien más.

De esta manera, la relación entre dos liderazgos profundamente tóxicos, el de Armando Benedetti y el de Laura Sarabia, el primero mentor de la segunda, hizo temblar al presidente Petro hasta el punto de tener que retirarlos a ambos del gobierno, priorizando esta telenovela sobre temas mucho más relevantes para la agenda presidencial. ¿Por qué terminamos así?

Hay algo cierto y es que ningún presidente se ha podido elegir sin contar con este tipo de operadores políticos que llevan décadas gozando de privilegios inmerecidos en dinero y contactos, y con tan poca ética pública que les parece muy normal que siempre haya sapos dispuestos a subirlos a su avión privado. Por eso, las oficinas de la presidencia siempre han tenido cerca uno o dos de estos operadores que mantienen a raya a los demás, ya sea a través de dádivas o de burocracia, a la que malamente llaman cogobierno. Este es el sistema político, o si se quiere, el mecanismo que opera en la sombra. Es verdad cuando Benedetti dice que Petro no se pudo haber hecho elegir sin su intermediación con la costa y sus clanes políticos.

Lo segundo es que para Armando Benedetti fue imposible aceptar que su otrora pupila no fuera «suya» y no le obedeciera ciegamente, como se supone que se debe hacer con los jefes políticos. En el momento en que Sarabia entró a la casa de Nariño, tenía una agenda propia, y con el paso de los meses esa agenda se fue haciendo mucho más grande y ambiciosa. Hay mucho de machismo y arrogancia en la reacción de Benedetti ante la posibilidad de compartir el poder con una muchachita que le debía todo en su vida y que, según él, no debía hacer otra cosa que obedecer. Claramente, la desobediencia de Sarabia, y lo que él considera una traición, lo llevó a perder la compostura. Sin exculpar a la ex secretaria de presidencia, quien tendrá que responder ante la justicia, a las mujeres se nos cobra mucho más la ambición, algo que Laura Sarabia aprendió al ver trabajar a su exjefe todos los días.»

¿Filtró Armando Benedetti todo a la prensa? Es una probabilidad, al igual que Laura Sarabia utilizara su influencia para fines personales. El tema de las chuzadas, horriblemente utilizado por el fiscal Barbosa, tendrá que ser resuelto por la justicia. En ningún caso se puede justificar el uso del poder para someter a una persona más vulnerable. Aquí no se pueden hacer concesiones. La ciudadanía ya ha hecho demasiadas. Pero si se fijan bien, amables lectores, estas personalidades comparten muchas actitudes tóxicas, desde enviar a la niñera a hacer compras a las 11 de la noche, utilizar el dinero público con fines personales, ya sea utilizando escoltas para pasear los perros o saltándose los procedimientos de la Cancillería para obtener beneficios personales. Debemos aprender algo de todo esto: el cambio no se logrará con ellos.

Una respuesta al Estado Mayor Central

Escrito por Laura Bonilla en May 29, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

La semana pasada varios medios de comunicación me preguntaron por el cese al fuego con el Estado Mayor central. Yo dije, y me sostengo, que la decisión del presidente Petro de suspenderlo fue una buena decisión, en tanto no se contaba con una mesa instalada, un equipo negociador, y una verificación basada en unos pocos puntos de no agresión entre el Estado y el grupo. Seamos sinceros, este grupo no estaba en guerra contra el Estado, sino en expansión de su control territorial. Sin embargo, el Estado Colombiano tiene que estar preparado porque va a iniciar una campaña militar para mostrarse más grandes de lo que son, lo que en la práctica indica más confinamiento y más asesinato de líderes y lideresas sociales, como lo muestra nuestro más reciente informe en PARES.

Somos muchas las personas que desde el análisis y el seguimiento hemos tratado de aportar a la paz en Colombia. Algunas hemos pagado altos costos – como el exilio – por denunciar los entramados de la política y su profunda relación con la violencia organizada, y otras personas no pueden contar la historia. Fueron asesinadas, sistemáticamente durante más de cuatro décadas. También cuando investigamos hace veinte años la parapolítica, fueron los violentos quienes nos señalaron, amenazaron y hostigaron. El comunicado del Estado Mayor Central es más de lo mismo: terminamos siendo quiénes analizamos la violencia y no quiénes la producen los responsables de ella. No se olvide que se trata de un grupo en armas, refiriéndose a civiles.

Sí hay un tufillo en el proceso de paz total de querer omitir información y análisis que les recuerde que existe el Derecho Internacional Humanitario, que la guerra tiene mínimos y que hay comunidades que están sufriendo en medio de sus embates de crecimiento territorial. Y sobre todo que el reclutamiento de menores y su posterior asesinato es un crimen de lesa humanidad, independientemente de cómo lo justifiquen. Esa voz, la voz de las denuncias ha protegido a poblaciones y comunidades durante muchos años de los abusos de los violentos, que hoy están completamente desaforados. En eso, tuvo toda la razón el presidente en llamar a la sensatez en el esfuerzo de paz. Hay cosas que el Estado no puede pasar por alto.

Contrario a las acusaciones, la mayor parte de analistas o “intelectuales” como nos han llamado, hemos defendido la permanencia de las mesas. Lo que esperamos es que en medio de una negociación se hagan explícitos los límites. Ese fue el problema fundamental del cese al fuego. Este grupo, compuesto de muchos otros, cesaron operaciones entre ellos para unificarse en una sola estructura, pero iniciaron guerras para ampliar su control. No necesariamente en contra de otros grupos armados, también lo hicieron incrementando su fuerza militar en contra de las comunidades que habitan sus territorios, amenazando a las bases sociales que no quisieron someterse y asesinando a los líderes y lideresas – especialmente los indígenas – que se opusieron al incremento desmedido del reclutamiento.

Un grupo en expansión necesita dinero, armas y gente. Tres cosas básicas para garantizar su supervivencia. Al no tener el control absoluto de la economía incrementaron la extorsión – como lo muestran todas las cifras de fuentes oficiales y también de fuentes primarias – el control de economías menores y la presión para obtener recursos y gente. Sea la coca, sea la minería ilegal, sea la vergonzosa economía de la trata y esclavitud de personas que controla el clan del golfo en el Urabá, sea el contrabando, sea la violencia sicarial. A eso, le complementa la amenaza en 166 municipios de afectar las elecciones, terminando de hundir la ya precaria democracia local.

Por eso, la primera regla del Estado en una negociación con un grupo similar tiene que ser parar la expansión. Y en esto la fuerza pública juega un papel fundamental. Por supuesto que la presencia del Estado debe ser integral, pero hoy no hay posibilidad alguna de avanzar en ello si al menos no se detiene la expansión de los grupos. Y eso no es guerrerismo, sino mera sensatez. La izquierda necesita combinar efectivamente el anhelo de paz con la política de seguridad. En esto el presidente puede y debe llamar a la unidad nacional.

Durante la semana que pasó, una de nuestras investigadoras más lúcida y brillante estuvo reportando balaceras cada día, ante el rompimiento de una tregua, situación que pudo ser evitada con una acción más efectiva del Estado. Su valentía nos inspira a no callar.

Bukele en la esquina

Escrito por Laura Bonilla en May 22, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión, Opinión | Ven, Venezuela.

La pasión por el autoritarismo es un rasgo muy característico de las sociedades latinoamericanas, Colombia incluida. Reconocer una decisión como un error o aceptar la responsabilidad de los propios actos es algo que difícilmente se les ve a nuestros líderes. Desde Fujimori hasta Ortega, los populismos autoritarios han condenado a sus países a décadas de crisis institucionales, una detrás de otra. En el Salvador pasará lo mismo, después de las aparentes victorias de Bukele que encubren profundas violaciones a los DDHH, destrucción institucional y corrupción a todo nivel.

Ahora, los momentos clave en que los países caen en manos de populismos autoritarios se pueden rastrear. Casi siempre ocurre cuando confluyen la crisis de las instituciones tradicionales – como los partidos políticos – con recesiones o períodos de inflación alta (o los dos) – con retos no resueltos en seguridad, o incluso con retos violentos al Estado mismo. Sí, lo que trato de decir es que hoy Colombia tiene un alto riesgo de que un autoritarismo anti-derechos, al mejor estilo de Nayib Bukele aparezca en el panorama. Tiene tres años para crecer a la sombra de la indignación y el miedo.

Pero, además, Colombia tiene una variante particular. Cuando la izquierda democrática gana elecciones después de períodos de regímenes tan cerrados como el colombiano – la gente suele votar a favor de mayor equidad, y en nuestro caso, de paz. Recordarán quiénes me leen que en el estallido social las demandas eran equidad, participación y que nos dejen de matar. Por eso, el gobierno puede fracasar prácticamente en todo, menos en aquellos programas que puedan darles a las personas esperanza en una vida más pacífica y equitativa. Y al menos en lo primero, estamos fallando.

Hay que decirlo sin ambigüedades: la paz total no va bien, aunque una gran mayoría de personas seguimos apoyando esa esperanza. Pero la política necesita mucha más fuerza, capacidad y también liderazgos generosos que reconozcan desde la responsabilidad que la paz debe ser un asunto transversal de gobierno y no el problema de una u otra instancia. Eso implica que los muchos frentes en los que se trabaja deben estar juntos y articulados. De lo contrario sucede lo que ya está pasando en regiones como el Catatumbo y Arauca: distintos grupos armados entraron en una guerra sin cuartel para hacerse con el control territorial sin ningún tipo de límite ni respeto por la población civil, asesinando los liderazgos sociales que mantienen viva la democracia local, desplazando y confinando miles y miles de colombianos y colombianas. Aceptar esto no es rendirse en la paz, es justamente el primer paso para que funcione.

En eso los mensajes desde el legislativo en la coalición de gobierno van cada uno por su lado y más de una vez desde los ministerios se considera que la paz es un asunto fragmentado en distintas personalidades. Una cosa es la mesa con el ELN y otra con el Estado Mayor Central (EMC), aunque las dos sean completamente codependientes, y otra cosa es la negociación con el Clan del Golfo, el mayor holding criminal de Colombia. Pareciera que la ley de sometimiento se escribió sin tener en cuenta las expectativas de la oficina del Alto Comisionado de Paz, y a veces se percibe que no hay unidad del Estado en todas las conversaciones. No pocas veces distintos miembros de la coalición de gobierno tienen posiciones antagónicas y en más de un caso se rechaza la presencia de la Fuerza Pública como mecanismo disuasor de los grupos armados, incluso de aquellos más vinculados con el crimen.

Sé que es altamente impopular entre quienes hemos tenido simpatías por la izquierda o el progresismo dar por hecho que necesitamos una fuerte política de seguridad que acompañe a la paz. Por supuesto con total y pleno respeto por los DDHH, y acompañada de la presencia integral del Estado como lo augura la nueva política en Seguridad y Defensa. Pero es definitivamente una necesidad inaplazable. Yo tengo la esperanza de que el discurso del presidente Petro ante los altos mandos de las Fuerzas Militares el 12 de mayo sea la línea que va a dar peso a la política de paz total. Puede que no sea lo que el ELN y otros grupos armados esperaban escuchar, pero definitivamente es imperativo para que el alivio a las personas que continúan sufriendo los embates de esta guerra no declarada entre violentos sea una realidad. En esto no podemos fallar. El bukelismo está a la vuelta de la esquina.

Defenestrado

Escrito por Laura Bonilla en May 15, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

El 23 de mayo de 1618 los consejeros del emperador Fernando II fueron arrojados de una ventana (o fenestra) del palacio de Praga por un grupo de nobles y representantes de la Liga Protestante de Bohemia. Este hecho fue una especie de florero de Llorente que desencadenaron la Guerra de los Treinta Años, uno de los conflictos más sangrientos de la historia europea. El verbo defenestrar se usa desde entonces para describir la caída súbita y violenta de una persona con poder y autoridad. No es un verbo cualquiera.

No quiero ahondar sobre la gravedad de las palabras de John Marulanda cuando llamó claramente y sin ambigüedades a defenestrar a Petro. Ya mucha tinta ha corrido al respecto. El asunto es que esas palabras tienen resonancia en un sector de la sociedad que tiene una pasión casi devota por la autoridad violenta e impositiva, muy contraria a la democracia. Y creo que, si eso se suma con otro sector que aún cree en soluciones armadas a las crisis o a los problemas endémicos, la democracia colombiana puede estar en riesgo.

Colombia hoy tiene prácticamente todas las cartas de sus actores expuestas, sus heridas abiertas y un ambiente de incertidumbre en el que no es fácil llamar a la calma. Además, el mundo está lleno de crispación, y los golpes de Estado no son un asunto del siglo XX. Según la base de datos de golpes de la Universidad de Harvard, ha habido 28 golpes de Estado en el mundo entre el 2000 y el 2020. Más de uno por año. En nuestro caso hay un asunto más. Entre los escenarios posibles, el presidente Petro puede llegar a sentirse muy cómodo llamando a la movilización contra un enemigo interno, que otrora estaba representado por el uribismo, pero que hoy es etéreo.

Eso le garantizaría al presidente lo que no tiene hoy: la indignación que se necesita para grandes movilizaciones. Nadie sale a las calles a apoyar políticas públicas. El ejemplo reciente de Pedro Castillo es clarísimo: su popularidad y respaldo era casi nulo en la sociedad peruana, nadie le apoyaba sus acciones, reformas o menos sus nombramientos. No obstante, en el momento en que es defenestrado los movimientos que lo eligieron salieron masivamente a las calles porque se convirtió en un problema de indignación colectiva, en la defensa de los propios votantes, no de Castillo.

Pero contar con las masas indignadas tiene un alto costo: No se puede gobernar al mismo tiempo que se dedica todo el tiempo y la energía a defenderse. De hecho, es de las peores condiciones que puede afrontar un gobernante, especialmente cuando intenta hacer reformas. En eso, las élites colombianas, la clase política más tradicional, los actores armados y hasta el propio ELN juegan de local. Desestabilizar hoy es una tarea relativamente sencilla y la movilización social tiene puntos de agotamiento. Es decir, nada garantiza que se salga avante de una crisis tal. Es mucho mejor tratar de evitar este escenario.

Para esto, el presidente tiene que tomar decisiones. No como las del revolcón ministerial, todo lo contrario. Debe priorizar y estabilizarse en las políticas más relevantes para este gobierno: la seguridad y la paz. Si estas dos condiciones avanzan puede avanzar en las reformas por las que quiere ser recordado, incluso puede empezar de cero la reforma a la salud y lograr un proyecto mucho mejor del que hay. Puede avanzar las discusiones sobre los minerales necesarios para la transición energética justa y conectar a las regiones históricamente desconectadas y en abandono.

Es fundamental para la estabilidad del país y también para la del gobierno que concrete una política pública de paz, más allá de la producción de leyes. Hoy, con la implementación del acuerdo final de paz con las FARC, los PATR y la institucionalidad actual tiene muchas herramientas para avanzar con éxito en la transformación rural. Incluso, es altamente posible que la Reforma Agraria avance con celeridad, incluida la jurisdicción agraria.

Sé que el gobierno está ante muchos retos, cada uno más difícil de encarar que el anterior. También soy plenamente consciente de que no tuvo la mejor línea de base para arrancar. Sin embargo, nada le impide priorizar, detenerse y dar los pasos necesarios para avanzar en la paz. Si uno deja lo que está sucediendo con la paz total al azar, nos va a ganar el corazón la violencia.

Laura Bonilla

Hacer caso

Escrito por Laura Bonilla en May 8, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Los liderazgos latinoamericanos tienden a poner la lealtad por delante de cualquier otra virtud. Pero más que el acatamiento de un proyecto o una causa es la lealtad al jefe. El hacer caso se convierte en una virtud más indispensable que la inteligencia crítica, que podría ser más útil al gobernar. La combinación entre personalismo y presidencialismo de nuestra región, incluso en países federales siempre termina pasándole factura a la democracia. Y es que el relevo se convierte en algo casi incompatible con el carisma del que gobierna sabiéndose poco menos que el rey sol: El Estado soy yo.

Tanto así que le ponemos el sufijo “ismo” a cualquier apellido: peñalosismo, uribismo, petrismo, galanismo, santismo. Y luego le asignamos cualquier cosa a esas nuevas ideologías de rápida creación: el “santismo” le entregaría el país a las FARC, el metro subterráneo es “petrista”, los buses son peñalosistas, y otras atrocidades de ese estilo. Los ismos siempre llenos de detalles, las causas cada vez más vacías. No falta, sino que ahora alguien se invente “el barbosismo”.

Tengo distancias con las grandes personalidades. Los líderes magnificentes me parecen molestos, antipáticos y, casi siempre, profundamente patriarcales. Pero de ahí a asegurar que la frase del presidente Petro – el jefe soy yo – pone en peligro la separación de poderes, hay una brecha. Las razones, desde la evidencia son varias.

Un primer argumento es que las bases sociales con las que cuenta el presidente son muy diversas como para salir todas, unificadas y al mismo tiempo a la calle. Incluso, quiénes entraron en pánico con el acompañamiento de la guardia indígena al Plan Nacional de Desarrollo pueden estar tranquilos. No hay apoyos irrestrictos en tanto los movimientos sociales, campesinos o indígenas del país. Hay tantos tipos de liderazgos, contrapesos, demandas y agendas como arroz. Incluso, en el caso del movimiento indígena del Cauca, el apoyo al gobierno no ha estado exento de profundas y duras críticas a la política de paz total y de demandas para mejorar la protección y la situación de derechos humanos del departamento, que es bastante grave.

Mi segundo argumento es que, para llamar a las grandes masas a la calle, se tiene que tener influencia sobre las grandes masas, y eso tiene todo que ver con la economía y la política social. Los presidencialismos más fuertes y duros, que han acabado con la separación de poderes (piense usted en la Nicaragua de Ortega, la Venezuela de Chávez y Maduro, el Perú de Fujimori o El Salvador de Bukele) han fundamentado sus apoyos en transferencias directas y rápidas a la población más empobrecida, e incluso a las clases medias para conseguir apoyos irrestrictos. Ese no es el caso del gobierno actual, que ha sido más bien conservador y no ha ampliado la base de los subsidios. Todo parece indicar que la política social está orientada a intentar dar fuerza a la pequeña economía, tanto así que la recién aprobada renta ciudadana concentró más dinero en menos gente, en vez de intentar universalizar como lo hizo México con López Obrador.

Mi tercer y último argumento es que Petro está fundamentando su popularidad en la relación directa con la política regional, canalizando el profundo descontento de los grupos políticos que siempre han dependido de la intermediación de jefes de partido y senadores, pero que ven una clara oportunidad de tener interlocución directa con el gobierno central. Pero esos apoyos dependen de la capacidad y el éxito de la gestión de dichos políticos, y del gobierno de cumplirles con avales, cuotas burocráticas y recursos para las regiones. Y aún así, la clase política regional no va a brillar por su lealtad, ni son los mejores “haciendo caso”. Todo siempre está sujeto a negociación.

Finalmente, la izquierda en Colombia, que sería la base social fiel y leal no está profundamente entusiasmada por la reforma a la salud o la reforma laboral, las dos primeras avanzadas de gobierno en la agenda del cambio. Por el contrario, la reforma agraria y los avances en la paz sí pueden llegar a generar movilizaciones de apoyo al gobierno, pero tendrán que mostrar rápido resultados, que no son nada fáciles. La izquierda estaba lista para enfrentar a una oposición rabiosa y violenta, no para la incertidumbre. En conclusión, es verdad que la retórica del presidente es incómoda y grandilocuente, pero no es una amenaza que se concrete en acción. Que el presidente llame a “hacer caso” no quiere decir que lo vayan a obedecer.

Una historia con moraleja

Escrito por Laura Bonilla en May 2, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Había una vez una Empresa industrial y comercial del Estado que tenía distintas formas de contratación. Por un lado, funcionarios de planta casi siempre encargados de los temas más misionales, empleados de obra y labor que éramos casi toda la planta de la entidad – y contratistas por orden de prestación de servicios. El gobierno Santos había decidido que su partido – el partido de la U – llevara las riendas de esa empresa, pero con orientación de paz, porque se estaba a portas de firmar el acuerdo de la Habana.

En ese momento, había cierto ambiente favorable. De hecho, el mandato con el que se designó a la directiva de esa entidad fue apoyar desde el sector las reformas por la paz. Yo nunca había vivido en carne propia lo difícil que puede ser remover una estructura tan enquistada donde había corrupción de todo nivel, mal servicio, pésima o inexistente planeación, entre otra serie de desgracias. Pero lo más difícil era obtener resultados al mismo tiempo que se respondía a la presión del Congreso. Como todo ministerio, cuando se acuerda con un partido se convierte en un 30% de apoyo misional, un 70% pagadero de favores.

Por los pasillos desfilaban desde los recomendados de Cuello Baute, hasta el hijo de Eleonora Pineda, familiares de parlamentarios del partido de la U, sobrinos, nietos, hijos e hijas. Algunos hacían lo mejor que podían y trabajaban. Otros, los que tenían mejor recomendación, simplemente se limitaban a decir: otro día más cotizado para la pensión.

Aun así, en algún momento varias de las reformas implementadas en un inicio empezaron a rendir frutos. La alta dirección era citada a diario a rendir cuentas sobre el desempeño. Al ser una empresa, los indicadores eran bastante claros. Las PQR disminuyeron, la percepción del ciudadano aumentó y el nivel de cumplimiento inició al alza. Desde la dirección se había tomado la decisión de privilegiar resultados y en eso se despidieron a varias cuotas políticas.

En ese momento, de nada sirvieron los buenos resultados. Es tan naturalizada la excesiva politización de nuestras entidades que el debate de esa mañana en la radio les daba la razón a los congresistas. Así, llegó una nueva dirección, que no sólo trajo de vuelta los nombramientos, sino que volvió a abrir la puerta a la corrupción que con tanto esfuerzo se había logrado sacar. Cada centavo, proveniente del ciudadano volvió a cumplir su función: pagar indirectamente las campañas políticas de senadores y representantes. Y nada más.

En estas entidades siempre hay un asesor de alto nivel, alguien que maneja las relaciones entre los altos cargos directivos y el Congreso de la República, que organiza la lista, asigna códigos y les da “manejo” a las hojas de vida, que son la moneda de cambio con la que se tramitan siempre las reformas y se negocian las leyes. Ese alto asesor es como un guardián de secretos que va de entidad en entidad “dándole manejo” a la burocracia. Sin ellos, no hay gobierno.

El presidente Santos perdió el plebiscito, pese a toda la burocracia que repartió, a costas de su propia gestión. Quedó con una oposición enfurecida y un partido que lo negaba. Se perdió la paz y también la presidencia. Aquellos congresistas que habían solicitado puestos en la entidad de nuestra historia no tuvieron ningún empacho en cambiar de bandera de un momento a otro. La estrategia no funcionó.

¿Por qué cuento esta historia hoy? Uno de los senadores de la historia ha sido recién nombrado ministro. Justamente uno de aquellos con mucho talento para cambiar rápidamente de orilla ideológica, de amigos políticos o de preferencias. No sé cual habrá sido su promesa para hoy llegar a manejar una cartera con tanto dinero. Pero sea cual sea, yo no cometería el error de creerle demasiado.

La mentira mejor contada

Escrito por Laura Bonilla en Abr 24, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Soy incrédula respecto a las fórmulas de política publica que funcionan en todas partes. A riesgo de parecer tibia, mi postura frente a la prestación de servicios públicos por parte del Estado se basa en un gran depende. Lo que sí creo es que en Colombia el debate sobre hasta dónde llega el Estado y el paradigma de que lo privado siempre funciona mejor está basado en una mentira: los políticos regionales son más corruptos que los nacionales, ergo, el estado central es menos corrupto que las regiones.

No es difícil rastrear de dónde viene esta idea. Desde la parapolítica, hasta Odebrecht siempre resulta un congresista involucrado, y casi siempre su votación está fuera de Bogotá. Sin embargo, nos hemos limitado a explicar esta situación por la pertenencia de dicho político a grupos regionales, clanes, élites, etc. Cuando esto sucede, la responsabilidad del centro económico y político del país, sobre quién radica la decisión final del traslado de recursos, queda casi eximida. Es una posición muy cómoda para un país tan centralista como presidencialista.

No nos estamos preguntando por qué, incluso con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, estos poderes regionales tan establecidos luchan entre sí por mantenerse cercanos al gobierno nacional. La clave está en la intermediación. Hagamos un cálculo sencillo, tomando como ejemplo a Aguachica, Cesar, que es un municipio de categoría 6, con más de 100 mil habitantes.

Digamos que el alcalde logró ganar con un crédito bancario que cubrió con reposición de votos y llega “limpio” de deudas a la alcaldía (el mejor de los casos, pero no el más frecuente). Cuando se posesiona, encuentra que, del total de su presupuesto, que depende de las transferencias de la nación, el 81% va al gasto corriente, es decir, a pagar la nómina y lo básico de mantener salud, educación y servicios. El resto de las promesas de campaña las debe cubrir con el 20% restante, lo que le implica hacer gestión, junto con los otros 900 municipios de categoría 6. Para eso, recurre a su Senador o Representante a la Cámara.

Cualquier parlamentario sabe que la gestión de recursos depende de su relación con la presidencia de turno (mermelada, que llaman). Mayor relación, mayores recursos, menor relación, nada de recursos. Pero también tiene deudas de campaña y debe hacer gestión por varios alcaldes, gobernadores y conseguir los recursos para financiar a los líderes regionales, representantes a la cámara, etc. Los congresistas pagan sus favores de campaña con burocracia y en esa transacción se definen desde Bogotá los proyectos de inversión. Nada importan las necesidades reales de nuestro municipio de ejemplo. Sin burocracia, lo pierden todo. Solo basta con mirar la triste y posible salida de Mauricio Lizcano del DAPRE, convertido en un político irrelevante y cabizbajo. Pero volvamos al ejemplo.

El éxito de Aguachica depende de que el grupo político del alcalde tenga éxito en la gestión con el gobierno nacional. Todo ese proceso de intermediación informal y costoso hace que esos 10 kilómetros de placa huella sean hechos en el mejor de los casos con unos sobrecostos espantosos. En el peor de los casos, con contratos corruptos. En más de un caso, la placa huella nunca se hizo.

Eso mismo pasó con la implementación del acuerdo de paz del 2016. Este mecanismo es el responsable de que 20 años después de los escándalos de la parapolítica los mismos clanes y grupos sigan gobernando los departamentos. Y aún así, pretendemos que un acuerdo cuyo diseño institucional depende casi en un 100% del Estado Central sea implementado limpiamente y sin traumatismos, con paradojas tales como “enfoque territorial” omitiendo por completo las instituciones locales y creando capacidad local a punta de costosas consultorías, y negando que la corrupción está en la intermediación y no se soluciona con campañas y consultorías.

Los nuevos diseños para la paz tienen una oportunidad de hablar del elefante en el armario, que es el ordenamiento territorial. De eso depende el éxito de las reformas sociales y también de la paz. Si no, seguimos girando en círculos, como tontos.

Laura Bonilla

La implementación pasivo-agresiva del gobierno de Iván Duque

Escrito por Laura Bonilla en Abr 17, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Lo dijo Francisco Gutiérrez Sanín en el 2021. Duque jugó durante cuatro años a la doble contabilidad con la implementación del Acuerdo de Paz. Mientras para la comunidad internacional posaba como un estadista que “hacía lo que podía” en un país tomado por la mafia, aquí en casa mantuvo siempre la idea de hacer trizas la paz. Quiénes trabajábamos con la comunidad internacional teníamos prohibido mencionar el acuerdo de paz. Sólo se aceptaban proyectos de emprendimientos rurales, ojalá completamente alejados del espíritu reformista o transformador del acuerdo. A ese ritmo, lo único que logró un avance significativo fue el Sistema integral de Verdad, Justicia y Reparación.

Desde ahí, la implementación nació viciada y el acuerdo más verificado del mundo nunca logró tener cifras unificadas que le permitieran saber si se estaba avanzando o no. Cosas tan ridículas como que el asesinado o violación a los DDHH de los reincorporados nunca se admitiera como un indicador – al menos de preocupación – habla mucho de lo mal que lo hicimos como sociedad. Sólo después de 200 muertos el gobierno de ese entonces empezó a admitir que había un problema.

Pero, por el contrario, se midieron cosas como el número de disposiciones del Estado adoptadas, herramientas estructuradas y muestras de buenas intenciones. Una parte importante de los avances se midió sobre planes sobre los cuáles no se hacía seguimiento. De resultados, ni hablemos. No creerán las personas que me leen, pero hay una amplia colección de elefantes blancos derivados de la mala implementación que incluyen piscinas de tilapia en tierra fría y un hidrotornillo de miles de millones de pesos instalado en un lugar cada vez más deshabitado. Eso sí, para la foto, todo salía muy bonito.

No obstante, la verificación tuvo también informes brillantes como el que suscribió la Procuraduría Delegada para el Acuerdo de Paz y que mostraba no solamente la falta de avances en el punto 1, sino la manipulación de cifras del gobierno nacional. El documento desapareció hace pocas semanas de la página web, e incluso de Internet. Curioso que haya pasado, justamente cuando la opinión pública empieza a preguntarse qué tan veraz fue la información del gobierno Duque y de su comisionado Emilio Archila. La millonaria cifra de hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras no es otra cosa que un montón de tierras baldías que actualmente están ocupadas y que no pueden ser utilizadas para paliar la inequidad en el acceso a la tierra.

Iván Duque, y sobre todo Emilio Archila aprovecharon el fetiche colombiano con el número chiquito y con las infografías. Por ejemplo, en el balance de los PDET se señaló que se invirtieron 15 billones en 4.159 proyectos sin especificar cuántos de ellos estaban en ejecución, cuántos finalizados y cuántos exitosos. Otra cifra fantástica: 11.300 recomendaciones comunitarias incorporadas en los PDET de las cuáles no se aclara a septiembre de 2022 cuántas están en implementación. 1.777 obras de las cuáles sólo se han estructurado 3. Pero tal vez la peor cifra está en los proyectos productivos de la reincorporación. De 5.035 proyectos aprobados la minoría no pudo ser operada por los propios excombatientes quiénes recibieron cifras irrisorias. No se sabe a hoy cuántos proyectos están funcionando y cuántos generan ingresos.

La implementación fue negligente en lo importante, centralista y cínica con el país que dependía de ella para no repetir los nuevos ciclos de violencia. El gobierno no hizo nada para parar la agresión contra los excombatientes y la fuerza pública se quedó quieta cuando nacieron las primeras disidencias. El PNIS jamás se implementó, y ni siquiera la oficina del Alto Consejero Presidencial para la Estabilización se dignó a escuchar a los líderes campesinos que después fueron asesinados (por ejemplo en el Putumayo) o a las organizaciones de sociedad civil locales y nacionales que denunciaban los homicidios de líderes sociales y las agresiones. El propio presidente Iván Duque exigió a la Unión Europea que no hubiera sociedad civil presente cuando presentara los resultados de la implementación del acuerdo.

Ese método pasivo-agresivo de la paz con legalidad es lo hoy nos tiene en este estado de violencia, lidiando en esos mismos territorios con más de treinta grupos armados agrupados en dos bloques y unas comunidades frustradas y desesperanzadas. Por eso resulta tan cínica su defensa y tan mentirosas las cifras que presentaron. Pero también hay culpa en el seguimiento excesivamente complicado que permitió que durante 4 años el seguimiento real pasara de agache, escondido en un montón de datos incomprensibles. Ojalá aprendamos.

Ficciones

Escrito por Laura Bonilla en Abr 10, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

De una u otra forma todos vivimos una ficción. Para mí, el mejor ejemplo de esta máxima es cuando dos personas recuerdan cosas radicalmente opuestas del mismo hecho vivido. La verdad, que defendemos con tanta vehemencia se convierte en un entramado de razones, vivencias y emociones que con el tiempo pueden terminar alejándonos de la realidad. Así, sucesivamente vamos formando lo que somos y lo que contamos de nosotros mismos.

Este país vive inmerso en varias ficciones colectivas que hemos incorporado como realidades, y no pocas veces como pasiones. Explicaciones de nuestra violencia, mitos, relatos y sobre todo justificaciones. Los colombianos – y tal vez los latinos – llegamos a convertir un detalle en nuestra identidad, a veces absurda como que hay un metro de izquierda subterráneo y un metro de derecha elevado. Ahí es cuando la ficción se vuelve un delirio, y de ellos estamos llenos. Cada uno de los grupos violentos de la larga historia del conflicto han construido su propia ficción: la de los paramilitares era la defensa de la propiedad y la de las guerrillas la justicia por vía de la revolución armada.

Últimamente los mensajes de Antonio García son como una catarsis de las ficciones colectivas del ELN, destinados exclusivamente a reforzar la esencia identitaria de guerrilla. Aunque hay muchas cosas verificables y probablemente ciertas como que el Comando Central conserva unidad de mando sobre esa guerrilla – la idea de un ELN federal, como si fuera un Estado es más ilusión que realidad – hay otras que no se sostienen y por eso la sociedad las percibe como un relato cínico de quién elude toda responsabilidad sobre sus actos.

Deshacer una ficción es doloroso, porque la madurez que implica pasar de la culpa a la responsabilidad es la misma que implica pasar de la infancia a la adultez. Pero ahí están los datos, los relatos y los testimonios que muestran que esa gran narrativa donde la guerrilla representa una sociedad completamente marginada es falsa. Para no hablar de verdades, la realidad verificable es que los territorios que dicen defender están inmersos en una violencia homicida centrada en contra de la población, y lo más triste: en contra de las organizaciones sociales que alguna vez quisieron defender. Poco va a quedar de tejido social o de organizaciones populares si siguen a este ritmo. Al final el poder popular, tan de la esencia del ELN, se construye con gente. Y gente es lo que no está quedando.

Ante eso el mensaje del ELN es volver a los mensajes que conoce bien: “son daños colaterales”, “pagamos con la misma moneda”, “hemos estado en guerra hace 60 años”, “el presidente Petro no nos representa”. Frases construidas sobre generalidades que son siempre inalcanzables e inteligibles para el grueso de la sociedad: “el poder real”, “el modelo económico”, “participación con todos”. Y ante la posibilidad de un gobierno más generoso que lo acostumbrado se refugian en todos y cada uno de los detalles, como si una sumatoria extensa de detalles garantizara el cumplimiento de cualquier acuerdo, por imposible que sea.

Si el ELN no asume una postura más madura que la que muestran sus mensajes, Colombia podrá ser el país más generoso del mundo en un proceso de paz y el gobierno insistirá hasta el agotamiento en la idea de la paz negociada, que es tal vez lo que aglutina con mayor fuerza a la coalición de gobierno, pero en la tercera ronda de diálogos veremos a un ELN tan apegado al detalle que será capaz de hacer de una coma su identidad. Su lista irá creciendo y su intención de ser el único grupo armado con reconocimiento político será cada vez mayor.

Mientras tanto, Colombia también sigue sumida en su propio delirio. Una parte de la sociedad piensa que la paz no es tan importante como las reformas sociales, o incluso que las reformas sociales traerán por sí mismas paz y seguridad, y otra afirma que sólo la mano dura puede sacarnos de este embrollo. Nada de esto es cierto, pero en nuestra escala de valores elegimos la identidad sobre la evidencia, aún a costa de los resultados que pueda traernos como sociedad. Al final, no hay nada más inmaduro que preferir que el mundo arda, con tal de tener la razón.

Laura Bonilla

Mitos y realidades de la paz total

Escrito por Laura Bonilla en Abr 3, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Hay dos cosas que son verdad: La paz total tiene grandes problemas de diseño, desde la concepción de la política de la cual nunca se conoció un documento, hasta la generación de expectativas a los grupos armados por encima de la capacidad del propio Estado para negociar agendas disímiles. Pero también es verdad que la reciente campaña que trata de vender la situación de violencia de país como la peor crisis de la década, no sólo es falsa, sino malintencionada. Claramente ningún gobierno funciona bien si todo el mundo piensa que no tiene nada bajo control.

En nuestro más reciente informe, Mitos y Realidades de la Paz Total, la Fundación PARES muestra una versión más aterrizada de la situación. Un ejemplo sencillo de que no fueron los ceses los responsables del incremento de la violencia es que la tendencia al alza viene desde el 2018. Me explico: si hubo algo que afectó seria, sustancial y dramáticamente la posibilidad de la paz en Colombia fue el incumplimiento del acuerdo del Colón con las FARC, lo que es perfectamente comprobable en la tendencia al alza de las masacres, el desplazamiento forzado, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes y las restricciones a la acción humanitaria. El problema es que la tendencia es difícil de revertir.

El año 2023 inicia con 37 asesinatos de líderes y lideresas sociales entre enero y marzo[1] y 26 masacres en el mismo período. El gran problema con esto es que llevamos más de cinco años cobrando la vida de personas que son la base de la democracia en local y regional. Si esto se mantiene así, tendremos comunidades reticentes – y con razón – a participar en cualquier escenario democrático. Por eso resulta tan absurdo que se quiera llamar a la participación ciudadana sin hacer un mínimo esfuerzo de disminuir los repertorios de violencia. No va a ser posible que la comunidad participe en ningún proceso de paz si Arauca continúa con un incremento de 568% del desplazamiento forzado.

Justamente el caso de Arauca muestra que la guerra por el control territorial es hoy una guerra que está perdiendo aceleradamente los límites y que ni siquiera la misión humanitaria – fundamental para cualquier proceso de paz – está pudiendo dar asistencia mínima a las poblaciones afectadas Muchas personas han intentado hacer llegar mensajes a la mesa de negociación para que cese la violencia contra civiles, pero ninguno de estos grupos está dispuesto a ceder. Por el contrario, en sus últimos comunicados se hace más que evidente que para el ELN es casi irrelevante quién se siente en la mesa de negociación. El Estado sigue siendo su enemigo.

El gobierno necesita entender que los grupos armados hoy son un productor de violencia organizada, seguridad y coerción que basan su subsistencia en el control territorial. Eso explica la reacción de las AGC (o Clan del Golfo) en el paro minero del Bajo Cauca antioqueño contra las acciones de incautación y destrucción de maquinaria amarilla realizadas por el ejército, y también explica la terquedad del ELN a no perder la posición estratégica de Arauca y el Chocó. No se lo pueden permitir.

Aquí es donde el gobierno debe darle un viraje a toda la política de paz, aunque eso implique sacrificar la idea inicial y reconocer que tal vez la grandilocuencia de los discursos no correspondía a la realidad. Además, en caso de que logre aprobar varias de las reformas sociales, la implementación no será posible en medio de la violencia. Y lo peor es que si el presidente Petro se da el lujo de perder la batalla contra la violencia, el país estará a portas de elegir un populismo autoritario en las próximas presidenciales.

Lo mejor que puede hacer el presidente, aunque no sea su opción favorita, es dedicarse a implementar el acuerdo de paz con las FARC y mostrar que tiene capacidad y voluntad de hacerlo. Incluso, tiene la oportunidad de mejorarlo con una burocracia eficiente, mayor capacidad, descentralización de procesos y recursos, innovación en laboratorios de desarrollo y paz. Así mismo es importante mantener la mesa con el ELN, pero acelerar con fuerza ya no un cese bilateral, sino una tregua o un plan de reducción verificada de la violencia contra civiles. Insisto; no son los combates entre guerrilla y fuerza pública los que tienen a Arauca y al Chocó en la crisis violenta en la que están.

Finalmente, algo que también ha funcionado antaño es mover a esa gran sociedad civil colombiana que ha producido los movimientos pacifistas más importantes de la región y que puede ser parte de la salida a esta encrucijada. Por supuesto eso también implica bajar las expectativas y la grandilocuencia, pero hoy son más importantes los resultados que las palabras.

Laura Bonilla

[1] Corte al 17 de marzo.

El fantasma de los cementerios que ronda Bogotá

Escrito por Laura Bonilla en Mar 28, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Sergio Venegas no es un empresario. Su huella digital, por el contrario, muestra serias contradicciones. ¿Inversionista? Nadie sabe quién realmente es, de donde saca sus inversiones y dónde están las supuestas empresas, si paga o no paga impuestos, y por qué llegó a tener incidencia en el manejo de cementerios.

Parece más bien un fantasma. Uno, que con sus declaraciones a la Revista Cambio cobró la cabeza de la directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho, y creó la idea en la ciudad de escenarios oscuros donde se cremaban y se desaparecían personas. En su declaración de ayer a la Fiscalía General de la Nación, aseguró que el consorcio ganador le había provisto un trabajo dentro de la concesión, con un salario de 15 millones de pesos, que nunca fue probado.

No existen pruebas de que sea un empresario formal en Colombia. Sin embargo, su número de cédula muestra que el nombre con el que se ha presentado a los medios: Sergio Alexander Venegas Herrera, no corresponde a su nombre real, que sería Sergio Alexander Sierra Herrera, como se muestra en el pantallazo de la consulta de antecedentes penales.

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Sin embargo, en la resolución N° 0307 del 16 de Julio de 2020 de la Superintendencia de notariado y registro, la cédula presentada corresponde a Sergio Alexander Venegas Herrera, que es la misma persona con nombre y cédula quién se registra como contacto del consorcio encargado de la operación de los cementerios. Un enredo total.

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Pero la cosa es más grave aún. La simple consulta sobre los procesos abiertos (no juzgados) en los que el señor Sergio Sierra Herrera ha sido involucrado arroja más dudas que certezas. ¿Sería posible que el señor Sierra Herrera, o también conocido como Venegas Herrera haya ocultado su vinculación a un proceso por fraude procesal, obtención de documento público falso y estafa agravada, relacionado con una banda de tierreros? (ver la definición de competencia de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia – adjunto).

Una consulta más arroja dos datos muy serios, en caso de ser probados. El primero es que Sergio Alexander Sierra Herrera está vinculado a otro proceso por estafa agravada desde el año 2016, y que la solicitud de audiencia se programó hace pocos días, como lo muestra el siguiente pantallazo:

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En la consulta del proceso aparece como demandado, junto al reconocido ex parlamentario, abogado y ex narcotraficante Carlos Nader Simmonds.

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La cereza del pastel está en que en el informe de inteligencia N° 074 -99 de la Fiscalía General de la Nación, un hombre llamado Sergio Alexander Sierra Herrera, que estaba detenido en la Cárcel Modelo, afirma que los autores intelectuales de la muerte de Garzón eran un congresista de la época y un general de la Policía Nacional. La propia Fiscalía investigó y definió que el testigo era un mitómano y solicitó que fuera investigado por falso testimonio.

Es claro que Sergio Alexander Sierra Herrera y Sergio Alexander Venegas Herrera son la misma persona. También hay pruebas de que no es empresario, ni contratista, sino que por el contrario es una persona vinculada a procesos por estafa agravada. Ahora, las autoridades, especialmente la Fiscalía debe aclarar si estamos hablando de la misma persona que pagó condena en la cárcel y que intentó con un falso testimonio torcer el proceso del asesinato de Jaime Garzón. Ahora, cómo llega un personaje de este calibre a ser considerado ¿“el contratista que prende el ventilador”? A continuación, la historia del fantasma en el cementerio.

Todo empezó en la pandemia.

En el 2020, en plena pandemia, Bogotá debía cambiar el operador que administraba los cementerios. Esta norma es un acuerdo del concejo que estima que cada cinco años la ciudad debe renovar su operador, y que debe ser la UAESP quién lo contrate, dado que está inhabilitada para hacer la administración y el recaudo por sí misma.

Es un negocio atractivo, no porque el distrito pague. Los 41.000 millones de pesos no se le pagan al contratista por un servicio, sino que la ciudad pone la infraestructura y el contratista les cobra a los usuarios una tarifa por los servicios funerarios. Así mismo, ese operador está obligado a depositar los fondos en una Fiducia y de ahí se distribuye en la operación y en el pago que se le debe retornar al distrito. Con la emergencia de la pandemia, se decide prorrogar la concesión que había. Hasta ahí, todo en orden.

En agosto de 2021 se abre la licitación, después de una consultoría externa experta para elaborarla. Nadie se presenta, pese a que se hicieron varias ruedas de negocios. La tarifa no era atractiva para los privados. Se define hacer una invitación cerrada y nuevamente se debe declarar desierta. Finalmente, después de dos ruedas de negocios y de ajustar la tarifa al alza se presentan dos consorcios, quedando seleccionado el consorcio Unión Temporal Cementerios del Distrito, compuesto por dos empresas domiciliadas en Panamá. Unos meses después, este consorcio cambiaría su nombre por Jardines de Luz y Paz.

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La selección al parecer cumplió con todos los requisitos. Evaluada por un grupo evaluador técnico y jurídico, autónomo que da su recomendación a la dirección, firmada por el subdirector de asuntos legales, después de lo cual se acepta la oferta. Según la norma, justamente esto garantiza que las direcciones no incidan o ejerzan presión sobre la contratación. Nuevamente, todo bien en el papel.

¿Y dónde estaba el negocio?

Uno de los principales problemas en la ejecución del contrato es que Jardines de Luz y Paz no consigna efectivamente la tarifa en la fiduciaria, situación que llama la atención de la UAESP y de la interventoría, que había sido adjudicada a el consorcio San Marcos 2021, que había sido adjudicada con la participación del asesor jurídico Marcel Esquivel, quién también participó del comité de la primera licitación.

Desde el primer mes, la interventoría empieza a pasarle a la UAESP informes de incumplimiento del operador. La subdirección de servicios funerarios hace un informe técnico y lo pasa a la subdirección de asuntos legales para que abriera proceso. El primer correo electrónico se envió a jurídica en septiembre 2021, cuando el asesor recomendó que no se abriera proceso, sino se hicieran mesas de trabajo para arreglar el tema. El contratista aduce que de no quitarse el requisito de consignar la tarifa en fiducia no pueden corregir las fallas. La dirección de la UAESP se negó y ahí inicia el conflicto. Para claridad de los lectores: una fiducia no puede ser utilizada para otra cosa que no sea el objeto del contrato y tiene mucho más control que una cuenta corriente o de ahorros a manos de un privado. Aquí empieza a resquebrajarse el acuerdo de los contratos.

El conflicto interno.

Cuando el contrato con Jardines de Luz y Paz inicia, Sergio Venegas o Sergio Sierra Herrera, sí figuraba entre los contactos referidos por el propio consorcio a la UAESP para su comunicación. Posterior a las denuncias en medios de comunicación, el consorcio niega la vinculación de Venegas.

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En septiembre de 2022, el subidrector jurídico de la UAESP renuncia y el nuevo subdirector prioriza el proceso de sancionatorios, con lo que se proyecta un fallo por más de 2.300 millones de pesos para Jardines de Luz y Paz. La interventoría para entonces pedía la caducidad del contrato. La UAESP puso denuncia penal por peculado por apropiación porque lejos de consignar el dinero a la fiducia, se estaba manejando como plata de bolsillo.

Al mismo tiempo, dentro de Jardines de Luz y Paz no había ni luz, ni paz. El esposo de la accionista principal – Liliana Mercado, Dairo Mora Valbuena al parecer junto con el contratista de la UAESP – Marcel Esquivel – habían presuntamente viciado el proceso de elección de la interventoría.

Según la investigación realizada por la Agencia de Periodismo Investigativo – API – un mes después de que el consorcio Cementerios ganara la licitación, con las empresas que figuran en el diagrama de arriba, se hace una cesión a Jardines de Luz y Paz, constituidas el 24 de mayo por las mismas empresas. En el 2022, Eder Parada Carreño pasa a ser representante legal de la sociedad y a establecer una fuerte disputa con la accionista Liliana Mercado, encontrando como bien lo documenta la agencia, serias irregularidades financieras de Jardines de Luz y Paz en el contrato con la UAESP. En la asamblea extraordinaria del a sociedad, grabada por la revisora fiscal, Eder Parada denuncia que Liliana Mercado había delegado toda la administración de la sociedad en Dairo Mora Valbuena.

El clímax del conflicto llega en noviembre de 2022, cuando el señor Luis García, según la denuncia muy cercano a Dairo Mora Valbuena, revela audios donde aparentemente conversaban Marcel Esquivel – contratista y apoyo jurídico del subdirector jurídico de la UAESP – y Dairo Mora acerca de cómo viciar el proceso de elección de la interventoría. En la denuncia (link) también se infiere que Marcel y Mora Valbuena también habían incidido en la adjudicación a Jardines de Luz y Paz.
El señor García, que trabajaba como sepulturero, contó que Mora Valbuena le prometió una casa a cambio de dejarle grabar un programa de los informantes. La ruta que se activa es informar a la secretaria de Vivienda y Hábitat y a la alcaldesa, se habla con el jefe jurídico de la alcaldía y se pone la denuncia por falsedad en documento privado y celebración indebida de contratos. Y llega la denuncia de Venegas.

Las denuncias del fantasma del cementerio

Nadie sabe a ciencia cierta como Sergio Venegas deja de ser Sergio Alexander Sierra Herrera para convertirse en el empresario de las denuncias. Después de su primera versión, dada a la Revista Cambio, denunció la desaparición de 300 personas que finalmente fue desmentida. Lo que llama la atención es que Sierra Herrera ya había utilizado falsedades testimoniales en el pasado, utilizando también casos muy sensibles para el corazón de los colombianos como fue el asesinato de Jaime Garzón.

De Venegas sólo se sabe que lo presentó Dairo Mora Valbuena al consorcio. Nunca tuvo un cargo o una vinculación laboral, contractual o nada que pueda ser rastreado. Como un fantasma. En su segunda versión aseguró que él gestionó y entregó a Camacho 1.500 millones de pesos. Posteriormente aseguró que la entrega se hizo el 19 de mayo del 2021 porque el acta de inicio estaba para el 1 de julio, cosa que cualquiera que haya trabajado en contratación sabe que es falsa, porque es imposible inferir la fecha de un acta de inicio. Tiene demasiadas variables.

En esa primera versión dijo que estaban: Amanda Camacho, Sergio Venegas, Dairo Mora, Carlos Quintana, Marcel Esquivel, Ingrid Ramírez – subdirectora de asuntos funerarios – un ingeniero William, un escolta. En la segunda, que había entregado 1.050 millones a Camacho y 450 a los demás, en una maleta. En la versión que circuló ayer aseguró que sólo son testigos de las entregas Dairo Mora y Éder Parada, quien niega la situación. En la versión que circuló ayer, se encuentran ya no sólo irregularidades, sino que empiezan a aparecer otras cosas. Dice que envió 450 millones con Marcel Esquivel en una maleta, que estarían destinados a Amanda Camacho en una fecha distinta. Después involucra dos actores nuevos, ambos del partido verde y por supuesto cercanos a la alcaldesa: Antonio Sanguino y Angélica Lozano. No aporta pruebas de la reunión, del lugar de realización, ni tampoco tiene pruebas de vinculación contractual con el consorcio, más allá del Carné, como lo asegura.

Las llaves

Este escándalo lo tiene todo, menos un testigo creíble. Sergio Venegas es una identidad difícil de probar. En el último párrafo de esta nota especial, volví a comprobar la consulta con el número de cédula de ciudadanía y Sergio Alexander Sierra Herrera es el verdadero nombre del testigo, contratista fantasma, inversor sin registro comercial, vinculado a estafa y fraude procesal. Por supuesto todas las personas implicadas, dentro y fuera de la entidad deben responder a las autoridades por todos y cada uno de sus actos. Pero me huele que hay más de un esqueleto en este cementerio.

[1] El fuego amigo entre contratistas que desnudó los líos en millonario negocio en la Uaesp | Agenciapi.co