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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Ley Migratoria

México afirma que ley migratoria de Texas es «discriminatoria» y «racista»

El Gobierno de México ha presentado este jueves ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos un recurso contra la ley migratoria promulgada por Texas, que permite a las fuerzas de seguridad fronterizas arrestar a migrantes irregulares que ingresen en territorio estadounidense desde México.

«La voz de México se escucha fuerte y clara. Ante la discriminación y la xenofobia, no nos quedamos de brazos cruzados, buscamos el respeto de los Derechos Humanos. Hoy presentamos un ‘amicus curiae’ con nuestros argumentos sobre la antiinmigrante e insconstitucional ley de Texas», ha declarado la ministra de Exteriores mexicana, Alicia Bárcena.

 

La cartera diplomática ha indicado que ha presentado un «escrito de amigo de la corte en el juicio que se realiza entre el Gobierno de Estados Unidos y el estado de Texas sobre la ley SB4, que viola los Derechos Humanos de las personas migrantes, por ser discriminadora y racista, y se perfila para ser enemiga de la dignidad y seguridad de nuestras y nuestros paisanos».

El escrito incluye cinco argumentos, que incluyen que la ley puede provocar «acoso, detención, expulsión y criminalización indebida de personas mexicanas por tener ‘apariencia latina'», así como un «ambiente de incertidumbre, temor y vulnerabilidad generado» que «contraviene la exclusividad de la federación de regular la materia migratoria».

Además, «violenta el derecho soberano de México a decidir, con sus propias políticas, quién tiene autorización de entrar» a su territorio. También ha denunciado «el impacto de la ley en el diálogo bilateral sobre asuntos fronterizos y la afectación al comercio.

El ministerio ha señalado que dará «puntual seguimiento» a la demanda en contra de la entrada en vigor de la ley y ha solicitado a la población mexicana que vive en Texas o desea viajar a ese estado que se mantenga informada sobre sus derechos «ante posibles actos antiinmigrantes, discriminatorios o de perfil racial» ante «la posible confusión que pueda generar la entrada en vigor o la suspensión de la norma.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha compartido sus «preocupaciones» sobre la «dañina e insconstitucional» ley de Texas, subrayando que es la «razón por la cual» la Administración de Joe Biden continúa impugnándola en los tribunales.

«Trabajamos para que el sistema migratorio sea ordenado, seguro y humano, a la par de asegurar nuestra frontera. Como vecinos y socios duraderos, seguimos comprometidos a reducir los flujos migratorios irregulares sin precedentes de forma humana, fortaleciendo nuestra colaboración para abordar las causas fundamentales, desarrollar vías legales para los migrantes y mejorar la aplicación de la ley a nivel regional», ha manifestado.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito suspendió la ley apenas horas después de que el Supremo levantara un bloqueo anterior, lo que a afectos prácticos permitía a las autoridades estatales implementar la medida. Tras estas decisiones, el gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó que mantendrá los arrestos y la construcción de un muro en la frontera pese a la suspensión.

La ley, promulgada en diciembre de 2023 pero que no ha entrado en vigor debido a la disputa legal, castiga con hasta 180 días de cárcel y una multa de hasta 2.000 dólares cruzar al estado de forma ilegal. El reingreso se tipificó como un delito grave castigado entre dos y 20 años de cárcel, dependiendo de los antecedentes del migrante.

Esta medida es un nuevo esfuerzo de Texas para desafiar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en materia migratoria. Abbott mandó transportar en autobuses a decenas de miles de migrantes a ciudades gobernadas por demócratas, como Chicago o Nueva York.

Las autoridades del estado instalaron una cadena de boyas gigantes en el río Bravo para evitar que los migrantes crucen hacia territorio estadounidense. Abbott ha impulsado otras iniciativas contra la migración, tales como el despliegue de alambre de púas de kilómetros en los pasos más transitados o la creación de puestos de control.

Entra en vigor la Ley Migratoria de la Florida

Este sábado ha entrado en vigor la ley SB 1718 de inmigración, una dura reforma impulsada por el gobernador Ron DeSantis que persigue a los inmigrantes indocumentados y obliga a denunciar a los empresarios. La norma ha sido muy criticada por las organizaciones de derechos civiles.

 

En concreto, la ley y obliga a los empresarios con más de 25 empleados a comprobar su estatus migratorio mediante una base de datos federal conocida como E-Verify.

Los empresarios que no cumplan la ley se enfrentan a multas de 1.000 dólares (unos 924 euros) al día hasta que demuestren que sus trabajadores tienen los documentos requeridos. Amenaza además con retirar de por vida las licencias de funcionamiento a las empresas que reincidan en la contratación de indocumentados.

El texto también contempla hasta 15 años de prisión para los individuos que con pleno conocimiento oculten, alberguen, transporten o protejan a personas que entraron de forma ilegal a Estados Unidos, sin importar si fue por turismo, reuniones de negocios, amigos y hasta familiares.

Se estipulan además cinco años de prisión y multas de 5.000 dólares si la persona indocumentada es mayor de edad y 15 años de cárcel y multas de 10.000 dólares si es menor de edad.

«Si te traes a tu tía a Disney World, a Miami, o a Universal Studios te pueden acusar de un delito por traer a una persona indocumentada a Florida», ha destacado el presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), Domingo García.

«Florida es un lugar peligroso y hostil para los estadounidenses que cumplen la ley y para los inmigrantes», ha denunciado García, cuya organización no recomienda viajar a Florida.

La norma prevé además un presupuesto de doce millones de dólares para el traslado de inmigrantes indocumentados a otros lugares de Estados Unidos y exige a las fuerzas de seguridad la obtención de muestras de ADN de los indocumentados que están detenidos con una orden federal.

La ley prohíbe a las ciudades y condados del estado de Florida la emisión de identificaciones comunitarias y anula los carnés de conducir emitidos por 16 estados y el Distrito de Columbia a conductores sin estatus legal.

Uno de los puntos que más temor ha causado entre los inmigrantes indocumentados es que la ley exige a los hospitales que aceptan Medicaid y a las salas de emergencia pedir a los pacientes su estatus migratorio e informar sobre el costo de la atención de estos pacientes.

Igualmente prohíbe a los ciudadanos chinos comprar terrenos en ninguna parte del estado porque DeSantis «no quiere» al Partido Comunista Chino (PCCh) en Florida. También prohíbe a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Rusia, Siria, Corea del Norte e Irán comprar tierras destinadas a la agricultura, así como aquellas que estén cerca de infraestructuras críticas, como aeropuertos, instalaciones militares y centrales eléctricas.

Nueva Ley de Armas

Este sábado ha entrado también en vigor la ley HB 543, conocida como ley sobre porte de armas ocultas sin permiso o entrenamiento previo, por la que los residentes en Florida podrán portar armas ocultas en espacios públicos sin licencia alguna.

Sus defensores la llaman ley «de seguridad pública», mientras los demócratas y las organizaciones que están a favor del control de armas han alertado del riesgo que supone. Hasta ahora se necesitaba un permiso para portar armas en público.

Por otra parte, también ha entrado en vigor la ley HB 1191, que permite utilizar fosfoyeso, un material radiactivo, en la construcción de carreteras. Este material, compuesto por uranio y radio, está vinculado con la aparición de enfermedades como el cáncer y podría contaminar los acuíferos, por lo que varias organizaciones ecologistas han manifestado su rechazo.

El fosfoyeso es un residuo de la industria de los fertilizantes, por lo que su uso es rechazado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). «Cualquier petición para el uso de fosfoyeso en las carreteras deberá ser remitido a la EPA porque es obligatorio su visto bueno antes de que este material pueda ser utilizado», ha apuntado la EPA, según recoge la radio pública estadounidense NPR.

«Al firmar este uso de residuos de la industria de los fertilizantes el gobernador DeSantis está abriendo el camino a un temerario legado tóxico para las próximas generaciones de floridanos», ha resaltado la directora para Florida y el Caribe del Centro para la Diversidad Biológica, Elise Bennett.

Los fosfatos son procesados con ácido sulfúrico en un proceso que data de la década de 1840 y que genera más de cinco toneladas de fofoyeso por cada tonelada de ácido fosfórico útil.

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