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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Lucía Bastidas

Cámara aprueba artículo en el Plan de Desarrollo que podría subterranizar el metro de Bogotá

Durante la discusión en la Cámara de Representantes, sobre el Plan Nacional de Desarrollo, aprobó -con un total de 107 votos y 2 en contra-, el artículo 370 que permite que la Nación pueda aportar un monto superior al 70% de los proyectos relacionados con la construcción de sistemas férreos en el país para ejecutarlos bajo la modalidad de subterráneos.

La aprobación del artículo votado en bloque por la Cámara de Representantes, llamó la atención de algunos concejales de Bogotá, porque detrás de este hecho podría estar la intención del presidente Gustavo Petro de subterranizar una parte de la primera línea del metro de la capital del país.

“Esto es un artículo sastre, hecho a la medida del petrismo que tiene las mayorías aplastantes en el Congreso de la República”, afirmó la concejal Lucia Bastidas, quien además pidió a la alcaldesa Claudia López decirle a la ciudad lo acordado en la última reunión que sostuvo con el primer mandatario.

Al respecto, se pronunció en días anteriores el concejal Juan Baena quien fue el primero en dar las alertas.

Volvió el hambre a Bogotá

A nivel mundial y después de la pandemia provocada por el Covid-19 ha generado inseguridad alimentaria. El pasado 28 de enero 2022, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), incluyó a Colombia en una lista sobre los países en riesgo de sufrir hambre durante ese año.

En Bogotá el panorama no ha mejorado, se registró 4.089 de los 21.337 que se dieron en toda Colombia durante el 2022, donde el factor común es que este flagelo se presentaba en la población de la primera infancia (0 y los 5 años). De cada 100 niños en primera infancia en Bogotá, 4 tienen exceso de peso y 6 desnutrición. En el 2021 se presentó 1 muerte por desnutrición y 5 en el 2022.

En el 2023 Bogotá Cómo Vamos alerta del aumentó el número de personas que no pueden acceder a raciones de alimentos al día. En su reciente Encuesta de Percepción Ciudadana 2022, salió a la luz algunos datos críticos sobre la posibilidad de los capitalinos de acceder a las tres comidas diarias.

En este punto, el sondeo, que comparó los datos obtenidos para la medición de 2019 con los logrados en 2022, refleja que el porcentaje de personas que manifestó que no lograban comer tres veces al día, aumentó en 13 puntos porcentuales en este último registró. Así las cosas, para el año previo al aislamiento sanitario, el 13,8 % de los encuestados aseguró que no podría acceder a tres raciones de comida diarias, dato que se situó en el 24,7 % para 2022.

Desde el 2020 he venido denunciando la irregularidades presentadas por la Secretaría de Integración y no pasa nada, el hambre llego a la ciudad y la inseguridad alimentaría golpea a los más vulnerables.

Se debe insistir en la pronta realización de un nuevo censo que nos permita verificar de una manera más precisa la población afectada por esta condición para validar si se ha presentado un retroceso por la pandemia y así poder modificar los puntos de acción, adecuar los programas para encaminarlos a las metas establecidas por el plan de gobierno actual, y esta intervención se requiere de manera urgente para evitar que se presenten casos de mortalidad nuevamente por este problema de salud pública.

La planeación del presupuesto para seguridad en Bogotá es un fracaso

La administración radicó ante el Concejo de Bogotá una adición presupuestal por $250 mil millones de pesos.  Para la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia hay una asignación de $43 mil millones que representa el 17% del total -destinados para dos proyectos de inversión-. Hay que resaltar los siguientes elementos:

  • Para este año el proyecto “Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá”  tuvo un presupuesto de $102 mil millones con una disminución del 40,5%. La adición solicitada se distribuyen en: suministro de alimentos para personal uniformado (36%), mantenimiento de la infraestructura de los equipamientos de los organismos de seguridad (18%), servicios públicos de equipamientos de organismos de seguridad (14%), construcción CAI Bosa libertadores (8%), interventoría nuevo comando MEBOG (7%), combustible (6%), mantenimiento del parque automotor (6%) y bienestar psicosocial para la MEBOG (5%).
  • En el caso del proyecto “Modernización De La Infraestructura De Tecnología Para La Seguridad, La Convivencia y La Justicia En Bogotá” el presupuesto para esta vigencia fue de $100 mil millones con una reducción del 51,1%. La adición solicitada es de $35 mil millones que se distribuyen en 12 ítems.
  • El más importante es de $10.300 millones (29% de lo solicitado para el proyecto) está focalizado en el mantenimiento de las cámaras de videovigilancia del C4.
  • Cabe recordar que el 28 de septiembre de 2022 la Contraloría Distrital en una visita al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo -C4- para constatar el funcionamiento e interconexión del sistema integral de videovigilancia de la ciudad. Llamó la atención a la Secretaría Distrital de Seguridad porque habían 719 cámaras en mantenimiento por movimiento de redes del IDU por obras, vandalismo y fallas en estos equipos.
  • También destinarán $3 mil millones (9% de lo solicitado para el proyecto) para la re-energización de 319 cámaras de seguridad que se encuentran fuera de servicio por falta de energía.
  • El presupuesto anual de Bogotá fue radicado en el concejo de Bogotá el 02 de noviembre de 2022. Es decir, en la entidad tuvieron un poco más de un mes para incluir el dinero necesario para hacer caso al llamado de atención del ente de control.
  • La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia tenía conocimiento de la necesidad de destinar mayor presupuesto al proyecto relacionado con la modernización de la infraestructura en tecnología, de nuevo, ignoraron las alertas de la Contraloría Distrital sobre el mantenimiento de las cámaras de seguridad de la ciudad.
  • El restante de la adición para este proyecto está relacionado con temas de funcionamiento (vigilancia privada, aseo y cafetería, servicios públicos, etc.) para garantizarlos hasta el 2024.
  • Según cifras publicadas por la Secretaría de Hacienda (con corte a febrero del 2023) sobre la ejecución presupuestal dejan duda de la necesidad real de más recursos.

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Según el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, el gasto público en seguridad debe pasar por la revisión del nivel de ejecución presupuestal para determinar la hoja de ruta para tener mayor eficiencia, organizar las cuentas públicas para poder saber en qué se gasta y qué resultados se obtienen.

He sido defensora de que la seguridad necesita más presupuesto, en mi propuesta de ecosistema de seguridad resalto la necesidad de contar con tecnología de punta, inteligencia artificial, análisis de datos y trabajo en conjunto para mitigar la crisis de seguridad que vive la ciudad. Además, he destacado la importancia de planificar el gasto, punto en el que ha fracasado la administración distrital. Es inconcebible que en 2022 hayan reducido el presupuesto para este año y que en el primer trimestre hayan pedido una adición.

Concejal de Bogotá

El fallo del Relleno de Doña Juana no se limita a perdedores y ganadores

La polémica e incertidumbre que se ha generado por el Relleno Sanitario Doña Juana muestra que las decisiones no pueden ser apresuradas, con verdades a medias ni buscando culpables. El dictamen del Tribunal de Arbitramento reconoció argumentos de ambas partes: UAESP deberá pagar $64.500 millones por desequilibrios financieros en la tarifa, según el operador CGR estas no cubrían costos de disposición final y tratamiento de lixiviados. Por incumplir las condiciones del contrato, CGR deberá pagar $4.132 millones, acuerdo en el que se comprometía a mejorar la infraestructura de la planta de tratamiento de lixiviados y construcción de taludes para el manejo de residuos.

La alcaldesa Claudia lopez celebró las decisiones. No se trata de medir pulsos sino de evitar que los bogotanos pierdan recursos, debe ella reconocer que sí se deberá pagar, aunque por debajo de los $1,2 billones pretendidos por el operador la ciudad quien tiene que asumir el pago de los desequilibrios.

Los árbitros no accedieron a la solicitud de terminar el contrato de concesión se mantiene las condiciones hasta 2024, fecha definida por la licencia ambiental, este plazo que debe permitirle a la ciudad y a sus gobiernos de turno buscar soluciones y alternativas que mejoren la disposición final de residuos.

La relación entre UAESP y CGR no tiene articulación, es un tema que debe analizarse desde las implicaciones sociales y ambientales que tiene el enterramiento de residuos. Hay que dar el giro hacia nuevas alternativas, informado sus implicaciones, dado que las tecnologías no son excluyentes sino complementarias.

Es momento de replantear el camino, buscar los mayores beneficios para los ciudadanos. La alcaldesa fue consciente de esto ante el pleito que se dió desde 2019 entre Grupo de Energía de Bogotá y Enel buscando consensos para recibir los dividendos que no había entregado y optaron por fusionarse. Esta misma postura debe buscarse con el operador y evitar que la ciudad esté en riesgo por el deficiente servicio de aseo relacionado con la disposición final.

El objetivo es hacer de Bogotá una ciudad sostenible, esto implica que la jerarquía de gestión de residuos se materialice en la ciudad, es decir, reducir la generación de residuos y priorizar el aprovechamiento.  Las soluciones no están a la vuelta de la esquina, es necesario mesas de trabajo y ambas partes deben ceder y pensar primero en Bogotá.

Lucia Bastidas

Construir sobre lo construido en la recuperación del Río Bogotá

El saneamiento del Río Bogotá es una deuda pendiente, los bogotanos esperamos algún día verlo recuperado y poder disfrutar de este ecosistema contaminado por aguas residuales, basuras y vertimientos industriales.

Diariamente llegan al río 690 toneladas de carga contaminante y de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) se retiran del sistema de alcantarillado, humedales y canales 160 mil toneladas de basura (450 toneladas al día). En 2014 el fallo de la magistrada Nelly Villamizar reconoció al río como sujeto de derechos y obligó a entidades distritales, regionales y nacionales a articularse para el Megaproyecto río Bogotá.

Para esto se definieron obras de infraestructuras como las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre y Canoas. La la alcaldesa y la EAAB han celebrado el aval del Banco Mundial y de la CAR para el proyecto de PTAR Canoas, validaciones que permiten adelantar la próxima contratación del proyecto.

Los avances para recuperar el río se dieron desde la administración de Enrique Peñalosa que logró contar con cierre financiero y convenio de cofinanciación por $4,5 billones. En diciembre de 2018 se suscribió el contrato para los diseños de PTAR Canoas entregados en 2021. Dejó contratada por $372 mil millones y en ejecución la Estación Elevadora Canoas, se contrató en 2016 la conexión del interceptor Tunjuelo Canoas y el retiro de tuneladoras por $24 mil millones. Los avances que celebran son resultado de construir sobre lo construido.

El proyecto de PTAR Canoas se realizará bajo la modalidad de concesión tratará 70% de aguas residuales de Bogotá y el 100% de Soacha, tratará 16 metros cúbicos por segundo. Hay un paso que ha sido incierto y es la contragarantía que debe dar el Ministerio de Hacienda para que EAAB pueda solicitar crédito en la banca internacional. La EAAB debe plantear estrategias que permitan no postergar este proyecto en diciembre de 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró desacato al Acueducto por incumplir sentencia del río Bogotá debido a los retrasos que se han dado para contratar la obra que debía estar lista para 2026 y se posterga hasta 2034.

El POT Reverdece de la alcaldesa de Claudia López cerró la oportunidad de contar con el proyecto Ciudad Río que proyectaba 70 mil viviendas y un parque de 67 kilómetros entre el río Tunjuelo y el club Guaymaral 53 hectáreas de suelo para equipamientos públicos y buscaba la articular las formas de ocupación del suelo con el río.

Las dificultades con PTAR Salitre muestran que las obras necesitan compromiso, vigilancia, articulación y seguimiento, para no despilfarrar recursos ni perder tiempo. Bogotá merece recuperar el rio Bogotá y mirar hacia él, esto implica cultura ciudadana y oportunidades territoriales que nos permitan disfrutar de este ecosistema.

La policía, actor clave en la seguridad de la ciudad

Los estándares internacionales promovidos por la ONU indican que las ciudades deberían tener un promedio de 300 policías por cada cien mil habitantes. Según la administración distrital en Bogotá la cantidad de policías activos es de 17.161. Es decir, hay 215,3 por cada cien mil habitantes, con un déficit de más de 6 mil policías.

Frente a las afirmaciones de la administración distrital relacionadas con las declaraciones del gobierno nacional sobre la reducción del pie de fuerza para Bogotá quiero manifestar a la opinión pública que:

●  Aunque Claudia López pronunció reiteradas veces en la campaña a la alcaldía. “Yo seré la jefe de la policía”. Después de tres años de su administración lo único que se ha visto es el debilitamiento de la relación entre la mandataria y la institución; hemos escuchado múltiples excusas sobre los motivos por los cuales no ha podido ejercer la supuesta jefatura prometida pero resultados: muy pocos.

●  Los miembros de la institución se encuentran con la moral baja porque gracias a directrices nacionales y distritales se les ha limitado su posibilidad de actuar para proteger a los ciudadanos y los bienes públicos y además, porque han sido víctimas del discurso de odio promovido por radicales para violentar a los agentes de policía, quemar los CAI, entre otros.

●  La Policía necesita una purga de aquellos que se han dedicado a actuar de manera delincuencial, por ejemplo, los policías del CAI Caldas en la localidad de Kennedy que resultaron involucrados en extorsión, privilegiar la venta de droga y licor adulterado con el Tren de Aragua.

●  Se deben escuchar las distintas voces que buscan privilegiar el papel de la Policía en el manejo de la seguridad. Por ejemplo, PROBOGOTÁ propuso en su más reciente informe anual de seguridad que se debe fortalecer el pie de fuerza con más inversión para tener más capacidades operativas.

●  Los estándares internacionales promovidos por la ONU indican que las ciudades deberían tener un promedio de 300 policías por cada cien mil habitantes. Según la administración distrital en Bogotá la cantidad de policías activos es de 17.161. Es decir, hay 215,3 por cada cien mil habitantes, con un déficit de más de 6 mil policías.

Entonces, es indispensable subir la moral de la fuerza pública, aumentar la inversión en pie de fuerza, capacidades operativas y depurar la institución de aquellos que manchan el uniforme con actividades delincuenciales. Como sociedad tenemos el deber de frenar el discurso de odio y unirnos en pro de la seguridad. Es necesario articularnos en torno a la seguridad.

Lucia Bastidas 

Concejal de Bogotá

El espacio público ha muerto

Durante 3 años hemos visto cómo en Bogotá ha muerto su espacio público: invasiones, basuras, venta ambulante, habitantes de calle sin atención, parqueo en vía, reciclaje a cielo abierto, se tomaron calles y andenes sin control. La Administración Distrital no ha recuperado el entorno para las comunidades, la cultura ciudadana y el respeto.

Bogotá tiene 175 millones de mts2 de espacio público, según datos del Distrito, 31,6 millones de m² (18,1 %) corresponde a parques; 3,8 millones m² (2,2 %) son zonas verdes; 48,6 millones de m² (27,8 %) son estructura ecológica principal, y 56,4 millones de m² (32,25 %) son elementos del sistema vial para la movilidad vehicular; es así, que la ciudad tiene el reto de generar más espacio público para el uso, goce y disfrute para la ciudadanía.

Enfrentamos problemáticas de ocupación debida al espacio público, en primer lugar, por la crisis social que generó el descuido durante la pandemia que ocasionó que puentes, separadores y lotes fueran invadidos por personas en condición de pobreza, habitantes de calle y carreteros que hoy los tienen como su vivienda, pero que -además- llevan a que realicen sus actividades de disposición de residuos en los alrededores de estas ubicaciones afectando la calidad de vida y seguridad de los demás residentes. Situación que no ha podido superarse durante este tiempo.

Otras espacios no se han podido recuperar y con el pasar de los años han perdido más democratización del espacio, cómo es el corredor peatonal de la séptima, en pleno Centro Histórico, donde las mafias del espacio público mandan, cobran por metro cuadrado, extorsionan y lo que dejan es un panorama de venta ambulante sin control en medio de la inseguridad y la suciedad. Por lo que aquí, igual que en el tema de seguridad, es válido acuñar la teoría de las Ventanas Rotas, para explicar lo que sucede, con cada vez más espacios que ha ido perdiendo la ciudadanía por la falta de autoridad y seguimiento de la institucionalidad que han aumentado los puntos críticos pasando de 568 a 739 a corte del 2022 con un aumento del 31,8%.

El espacio público debe dejar de generar en Bogotá miedo, zozobra, asco, sensación de inseguridad; debe convertirse en lugar de encuentro, cultura y disfrute ciudadano efectivo, democrático, para que todos puedan hacer uso de él y puedan acceder a las oportunidades que ofrezca. Así ganamos todos y avanza la ciudad.

Lucia Bastidas
Concejal de Bogotá

Urgente una solución de transporte masivo para la Séptima

La carrera Séptima debe intervenirse urgente, los bogotanos lo piden. No hay cabida para discusiones y la alcaldesa debe escuchar a los ciudadanos, no a quienes presionan con fines políticos.

Claudia López presentó lo que será el “Transmilenio Verde” por la Séptima. Discusiones y peleas por intereses políticos e ideológicos impiden avanzar y lograr una solución integral de movilidad para los 700.000 habitantes del borde oriental de la ciudad y los más de 3 millones de personas que transitan por la vía, quienes en su mayoría son de estratos 1, 2 y 3.

La entonces candidata López mintió al afirmar que no construiría la troncal de TransMilenio, sabiendo que la carrera Séptima requiere una intervención apremiante. Los bogotanos siguen en trancón de más de 2 horas desde la calle 32 hasta la 200, afectando su salud mental. Los buses duales y zonales del sistema comparten la vía con el tráfico mixto, lo que solucionaría el carril exclusivo.

La alcaldesa destruyó el proyecto que dejó listo Enrique Peñalosa, que contemplaba 11 kilómetros de ciclorrutas, renovación de 400.000 metros cuadrados de espacio público, 83.000 metros cuadrados de zonas verdes, mejor alumbrado público, arborización y mejor calidad del aire al utilizar buses eléctricos. Aspectos que retoma la idea de TransMilenio Verde.

El Gobierno ha presentado una solución a medias y requieren escuchar a quienes hemos pedido el carril mixto en los dos sentidos (norte-sur y sur-norte) en el trazado, así como escuchó que se debía priorizar carriles exclusivos para el sistema TransMilenio y no para tranvía.

La Administración asegura que el Transmilenio Verde está articulado al plan parcial el pedregal. Amanecerá y veremos si esto no vuelve a ser excusa del hoy candidato Lara para torpedear la intervención que tanto necesita esta vía después de 20 años de estudios. Es imprescindible que las denominadas “Actuaciones Estratégicas”, en el POT de Bogotá, Lagos de Torca, Toberín, Teleport Santa Fe y Chapinero Verde e inteligente realmente se articulen a lo que es este nuevo intento de mejorar la séptima y sea una solución integral que beneficie a los bogotanos que residen, trabajan y estudian a lo largo del borde oriental.

En Bogotá debe quedar atrás la discusión sobre movilizarnos en buses, tranvías o metros y avanzar en la múlti-modalidad que contempla todos los modos de transporte. Los transmifobicos deben entender que grandes ciudades como Hong Kong tienen 4700 buses y 11 líneas de metro; Londres una flota de 9588 y 11 líneas de metro; Tokio opera con 138 rutas vehiculares y 11 líneas de metro; Río de Janeiro 1752 vehículos y 3 líneas de metro; Santiago de Chile, un referente de América Latina, tiene 6700 buses y 6 líneas de metro; Buenos Aires una flota de 18.400 y 6 líneas de metro y Ciudad de México tiene 29128 unidades vehiculares y 12 líneas de metro. Cada ciudad tiene sistemas de Metro y BRT porque se requiere movilizar a los ciudadanos por encima de egos políticos o ideológicos. Las capacidades entre modos son claras. Un tranvía mueve máximo 20.000 pasajeros hora sentido, TransMilenio moviliza 43.000 y un metro entre 40.000 y 60.000, por eso son complementarios, no excluyentes.

Les recuerdo a quienes han avivado el discurso de odio contra TransMilenio que la solución es para los bogotanos, la mayoría de estratos bajos, que viven o se movilizan en el borde oriental que llueva, truene o relampaguee deben utilizar el transporte público.

La carrera Séptima debe intervenirse, los bogotanos lo piden. No hay cabida para discusiones y la alcaldesa debe escuchar a los ciudadanos. Es menester una solución de transporte público, el ideal era el proyecto presentado por el exalcalde Enrique Peñalosa porque contemplaba a todos los actores viales y tenía los 2 carriles mixtos de norte a sur. Sí al carril exclusivo porque es democrático. Sí al transporte público porque beneficia a las mayorías. Sí a los carriles mixtos en el trazado completo porque es mejorar la movilidad de quienes utilizan la vía.

Lucia Bastidas Ubaté

Concejal de Bogotá

Hacinamiento: una amenaza a la seguridad

En el país estamos en medio de una crisis de hacinamiento de personas privadas de la libertad – PPL en cárceles, Estaciones de Policía, Unidades de Reacción Inmediata – URI y Centros Transitorios de Reclusión. En algunos casos hay quienes están esperando a ser condenados o a que se defina el estado de sus situación jurídica.

Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC los 126 establecimientos carcelarios que hay  en el país con capacidad para 81.381 PPL, tienen un hacinamiento del 21,67% con 17.601 personas adicionales. En Bogotá, hay 3 centros con 10.379 cupos y en estos momentos la sobreocupación general es del 18,6%. El que genera mayor preocupación es el “Buen Pastor”  con un 46,1%.

En el caso de las Estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata que hay en la capital el hacinamiento es del 304%. Por ejemplo, las 5 Estaciones con mayor sobreocupación son: Usaquén (1.010%), Bosa (557%), Usme (415%), San Cristóbal (431%), Kennedy (371%) y Teusaquillo (248%). Cifras que motivaron que el Magistrado Jorge Enrique Ibañez de la Corte Constitucional decidiera visitar estos equipamientos con el propósito de verificar de primera mano el estado en el que viven las PPL.

La sentencia SU-122-22 sobre la extensión del estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario a las URI y estaciones hacinadas que tiene como hoja de ruta para combatir este problema debía pasar por dos fases: la transitoria y la definitiva.

En la primera, ordenó el traslado a sus casas o a centros carcelarios a: los condenados, a quienes un juez haya impuesto la medida de detención preventiva en el lugar de residencia y a quienes les haya sido concedida la prisión domiciliaria. También, ordenó a las entidades territoriales, que tienen Centros de Detención Transitoria, en máximo un año disponer de más lugares para quienes aún no han sido trasladados a una cárcel. La segunda, que tiene como fin cortar de raíz este tema ordenó que, en el plazo de 6 años, las entidades territoriales, deben construir cárceles y adecuar y mejorar la infraestructura para garantizar que la detención preventiva se cumpla en condiciones dignas.

La capacidad y voluntad del distrito para cumplir con el segundo punto es cuestionable. Aunque se han hecho intentos como la construcción de la Nueva Cárcel Distrital, este proceso va demasiado lento y supliría el déficit sólo en 2.200 cupos. Hay inconvenientes en la meta del proyecto “Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá” relacionada con disminuir el hacinamiento cerró el año pasado con una ejecución de apenas el 57%.

Uno de los agravantes es que en 2023 los delitos de alto impacto siguen al alza, por ejemplo, el homicidio subió 20.1% y el hurto a automotores 4,6%. La alcaldesa reportó que en el marco de los siete comandos operativos se han capturado a más de 2.300 personas. En dónde se ubicará a los nuevos capturados o qué harán si cada vez hay más ladrones y asesinos en las calles. La seguridad no tiene un enfoque en la prevención del delito ni en la reacción efectiva, pareciera que ni siquiera se ha tenido un enfoque durante esta administración.

La propuesta del gobierno nacional para humanizar la política criminal y penitenciaria se ha centrado en la eliminación de delitos como la inasistencia alimentaria, el incesto, entre otros y en reducir las penas con el fin de evacuar los equipamientos se aleja de la realidad y desconoce que puede terminar en impunidad. Además, porque los principales delitos por los que hay personas privadas de la libertad son el hurto, el homicidio y el concierto para delinquir.

El hacinamiento se ha convertido en el escenario perfecto para que al interior de los equipamientos de justicia las dinámicas sean más violentas, por ejemplo, es común ver que hay conflictos, riñas, actuaciones de bandas de crimen organizado, linchamientos y hasta asesinatos.

Para enfrentar el problema del hacinamiento carcelario en Colombia y Bogotá, es necesario tomar medidas integrales que incluyan la construcción de nuevas cárceles, la implementación de programas de prevención del delito y la reducción de la violencia, así como la reforma del sistema judicial para acelerar los procesos judiciales, reducir la cantidad de personas en prisión preventiva y evitar la impunidad.

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“La Carrera Séptima necesita carril mixto y carril exclusivo”: Lucia Bastidas

La concejal del Partido Alianza Verde, Lucía Bastidas, da a conocer su punto de vista sobre el proyecto de Corredor Verde por la Carrera Séptima, iniciativa de la alcaldesa Claudia López que, según el director del Instituto de Desarrollo Urbano, Diego Sánchez, se encuentra listo para licitación.

¿Se podrá ejecutar el Corredor Verde, así como lo plantea la alcaldesa Claudia López?

Lucía Bastidas: Es una torpeza lo que han hecho de desbaratar un proyecto que ya estaba listo que tenía estudios y diseño y a punto de contratar. La alcaldesa hizo un adefesio horroroso y es quitar el carril de tráfico mixto de norte a sur entre la Calle 94 y la Calle 32 dizque para habilitar espacio público. Por favor alcaldesa, no podemos ahogar la ciudad; no podemos quitar pasos a nivel por un capricho, esto es TransMilenio mal hecho por la Carrera Séptima.

¿Se mantiene en su posición en que eso un TransMilenio verde?

Lucía Bastidas:  Si, y se necesita una solución de movilidad para los pasajeros de los estratos 1, 2, 3 que se mueven por la zona oriental pero no quitando un carril de tráfico mixto porque es una verdadera estupidez.

¿Estaría de acuerdo con que si no se llega a licitar este Corredor Verde como efectivamente parece que va a suceder, el próximo alcalde revise el proyecto?

Lucía Bastidas: Yo creo que hay que avanzar y una solución para la Carrera Séptima se necesita, con carril mixto y con carril exclusivo. Eso sí mejoraría la movilidad por esta vía, porque se saca buses, agiliza tiempo, y había predios que fueron comprados. No entiendo la locura de la alcaldesa Claudia López de quitar entre la 94 y la 32 el carril de tráfico mixto, y ahí tenemos a los politiqueros de siempre que se oponen a cualquier solución de movilidad por la Carrera Séptima porque ellos utilizan carro, tienen grandes mansiones, pero son los pobres del borde oriental los que tienen que aguantarse el trancón de 4 horas de ida y de regreso.

¿Está de acuerdo entonces con la idea de la troncal de TransMilenio por la Séptima?

Lucía Bastidas:  Estoy de acuerdo con que haya una solución a la movilidad que incluya carriles de tráfico mixto y carriles exclusivos.

Hace poco hubo una protesta de vecinos de la Carrera Séptima, la mayoría de Chapinero Alto, Rosales y Chico, es curioso porque ellos no utilizan TransMilenio.

Lucia Bastidas: Pues Rodrigo Lara siempre está ganado ‘petripuntos’ del petrismo y del Pacto Histórico.  Él fue el que se opuso hace cuatro años al TransMilenio por la Carrera Séptima. Ósea que los que están en sus mansiones, y que utilizan carro particular son quienes están impidiendo que haya una solución de movilidad por simple capricho. Lo que sí estoy de acuerdo es que haya carril de tráfico mixto que fue lo que la alcaldesa le quitó.

¿Quiere decir que para usted estos cuatro años fueron desperdiciados?

Lucía Bastidas:  Que miren mi intervención que está pegada en Twitter desde el 28 de enero del 2020 donde anunciaba lo de la Carrera Séptima, cuatro años perdidos totalmente y le da ahora por hacer una carrera séptima sin carril sentido norte – sur, que perjudica a los que tienen carro particular, a las ambulancias, a los de cargue y descargue, es absurdo

La directora del Instituto Distrital de Recreación y Deportes, Blanca Inés Durán, dijo que la licitación para la Unidad Deportiva El Salitre, se abriría en junio, ¿sí cree que se alcancé a hacer?

Lucía Bastidas:  Hay un contratista pésimo que salió de la adjudicación en la administración anterior, por supuesto, pero también es claro que no hicieron la supervisión del contrato que había hacer. Me acaban de contestar que apenas en diciembre estaban haciendo lo de la ejecución de pólizas entonces lo que dije aquí en el debate control político, que quieren demoler para poder construir de nuevo -no eran mentiras-, y eso efectivamente es lo que van a hacer

 

 

Violencia intrafamiliar: los niños no están a salvo

Según cifras del Instituto de Medicina Legal, en el año 2021 los casos de violencia intrafamiliar registrados fueron 46.615, mientras que de enero a diciembre de 2022 se reportaron 78.600. Con base en ello, se advierte que hubo un aumentó de 68,5% en lo corrido del año en comparación con 2021.

Información entregada por la Secretaría de Seguridad de Bogotá reveló que la violencia intrafamiliar incrementó en un 28,5% en la ciudad para 2022, respecto a 2021. Las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba son las que registraron más casos de violencia intrafamiliar. Según SaluData los  casos en menores de 18 años y distribuidos de la siguiente manera: primera infancia (0 a 5 años) el 15,2%, infancia (6 a 11 años) el 17,9%  y adolescente (12 a 17 años) el 29,9%. En cuanto a la violencia sexual para el 2022 se reportaron 18.076  casos  que representan el 41% del total de eventos notificados para este periodo. Frente al curso de vida se encuentra que el 74,4% de las víctimas son niños, niñas y adolescentes.

Casos como el niño Gabriel Esteban González, quien fue asesinado a manos de su propio padre, el país volvió a recordar lo vulnerables que son nuestros niños y además lo frecuente que son violentados, sólo este año, Medicina Legal ha reportado 426 asesinatos, un 12% más que en 2021.

El delito que presentó mayor crecimiento fue la violencia intrafamiliar, una problemática a la que nos enfrentamos cada día y que puede ocurrir en todos los entornos, grupos sociales, económicos, religiosos y culturales, y, afecta en mayor medida a mujeres y niños. Los datos disponibles son alarmantes y lo relevante aquí es que saca a la luz los desafíos que enfrenta el Gobierno Nacional y Local para prevenir y eliminar cualquier tipo de violencia.

Actualmente, hablar de la violencia es fatal para cientos de personas, porque no se atiende a tiempo o porque la ineficacia de la justicia no motiva la denuncia oportuna. Se sugiere al Gobierno Nacional articular todos los ministerios y entidades nacionales para la promoción de proyectos que garanticen y permitan la prevención y atención de violencias, el fortalecimiento de escenarios donde niños, niñas y mujeres vivan en una sociedad libre que parta de los derechos humanos y que garantice el desarrollo integral.

Para Bogotá, propongo pasar las Comisarías de Familia a ser dirigidas por la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en lugar de la Secretaria de Integración Social. Es indispensable unir esfuerzos en pro de una mayor calidad de vida, restablecimiento de derechos y sobre todo seguridad para las mujeres y niños de la capital, dando un mayor aprovechamiento a los recursos destinados para ello.

Bajo ninguna circunstancia podemos aceptar violencia al interior de las familias, debemos unir fuerzas y luchar para acabarla. Reconozcamos la importancia de estar informados, alerta, apoyar en la denuncia, no revictimizar a quienes la padecen y exigir la pronta respuesta de las autoridades competentes para cumplir con las condenas justas contra los responsables.

Lucia Bastidas

Concejal de Bogotá

Crisis de hacinamiento en las estaciones de Policía y las URI

A nivel nacional y distrital estamos de cara a un fenómeno que ha dejado muertos, heridos y la violación de los derechos de las personas privadas de la libertad – PPL. Este es el hacinamiento, no sólo en las cárceles, sino también en otros equipamientos de justicia cómo las estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata – URI, en los que se encuentran personas privadas de la libertad esperando a ser condenados o a que se solucionen su situación jurídica, algo que cada vez es más notorio y parece no tener una solución aparente en el corto plazo.

En 2022 la Defensoría del Pueblo, manifestó su preocupación al encontrar que en estos centros transitorios de reclusión hay una capacidad para 6.727 personas y hoy tendrían 19.471. Para este año la cifra aumentó, según la Policía Nacional en Colombia la capacidad es de 8.000 PPL  y actualmente hay 21.101 detenidos, una cifra que se traduce en que la sobreocupación es de 144%.

La propuesta que hasta ahora ha hecho el gobierno nacional se relaciona con brigadas jurídicas en cooperación con los consultorios jurídicos de las universidades realicen un censo de la situación jurídica de las personas privadas de la libertad en el país con el fin de identificar a quienes tienen derecho a la libertad y poder desocupar estos equipamientos.

En Bogotá la situación es peor, según la Personería Distrital el año pasado el hacinamiento en estos lugares fue de 292% en 22 centros transitorios de la ciudad, por ejemplo, hay 332 personas condenadas que no han sido trasladadas a un centro penitenciario. Si bien es cierto que ante este panorama Policía Metropolitana de Bogotá anunció el traslado masivo a centros penitenciarios de quienes ya tienen condena es destacable que se requiere urgentemente de la articulación interinstitucional a nivel distrital y nacional para solucionar la situación de quienes seguirán hacinados.

Adicionalmente, a la fecha el hacinamiento en algunos equipamientos supera el 100%. Por ejemplo, en las Estaciones de Policías las cifras de sobreocupación son: Usaquén (880%), Mártires (700%), Bosa (526%), Teusaquillo (400%), Usme (357%), Kennedy (355%). Y en la URI de Puente Aranda (187,5%).

Uno de los elementos que destacan en esta crisis es el hecho de que al interior de los lugares de reclusión hay dinámicas que no han sido controladas, por ejemplo, conflictos, riñas, actuaciones de bandas de crimen organizado, linchamientos y hasta asesinatos. Tal como ocurrió el año pasado en la URI de Puente Aranda cuando murió por linchamiento el presunto violador de Hilary Castro hecho que según uno de los detenidos fue orquestado por la banda delincuencial “Los Plumas” que opera al interior de estos equipamientos.

También, en 2023 se ha presentado el asesinato presuntamente en medio de una riña al interior de una de las celdas de la estación de policía de Rafel Uribe Uribe, un joven de 25 años que ya estaba condenado pero no había sido trasladado a un centro penitenciario. Y ayer murió un hombre de 28 años en la Estación de Policía de la Candelaria luego de una paliza mientras estaba recluido.

Estamos de cara a una crisis de hacinamiento que trascendió los centros carcelarios y se extendió a otros equipamientos de justicia como estaciones de policía y las URI, la solución en el mediano y largo plazo debe pasar por mejorar infraestructura y garantizar los derechos de los privados de la libertad. Como sociedad debemos eliminar del imaginario colectivo que la justicia por mano propia funciona, por el contrario debemos incentivar y trabajar por el fortalecimiento del aparato de justicia. Por otro lado, las autoridades tienen que centrarse en la eliminación de cualquier estructura criminal que opere al interior de estos equipamientos.

Lucía Bastidas

Convivencia al garete

La Administración Distrital está en deuda con la convivencia. Más allá de las cifras, la mejor muestra de esto es lo que vemos a diario, los ciudadanos protagonizan enfrentamientos que pasan por insultos, golpes y hasta ataques con diferentes tipos de armas. Ocurre en Transmilenio, en las calles, los colegios, los parques y demás zonas de la ciudad. Frente a esta situación quiero manifestar a la opinión pública mi preocupación ante:

  1. la inexistencia de una estrategia de convivencia focalizada en los lugares que de verdad lo requieren. Según la Secretaría de Seguridad en 2022 se reportaron 442.416 riñas. En promedio 1.212 diarias. El 45,9% de estas se concentró en las localidades de Suba (59.049), Kennedy (58.497), Bosa (43.133) y Engativá (42.401).
  2. La violencia entre ciudadanos sigue siendo un común denominador en la ciudad. En 2022, se presentaron 23.434 lesiones personales, en promedio 64 diarias. El 45,3% de los casos ocurrió en: Suba (2.286), Ciudad Bolívar (2.109) Kennedy (3.013), Bosa (2.027), Engativá (1.998).
  3. En los hogares ocurrieron 45.035 casos denunciados de violencia intrafamiliar, en promedio 123 diarias.  El 66,1% de las víctimas fueron mujeres, es decir, 29.807 casos. Se desconoce la atención que les fue brindada.
  4. En 2022 la Secretaría de Seguridad destinó $92 mil millones a metas relacionadas con la convivencia ciudadana. Los bogotanos no entienden cómo siguen viendo todos los problemas mencionados si se supone que hay un presupuesto tan grande para trabajar en este tema
  5. Se desconoce si los 7.168 los comparendos, por comportamientos violentos infringiendo el Código de Seguridad y Convivencia, fueron pagados y efectivos.
  6. Según cifras de la Secretaría de Integración Social, en 2022 las Comisarías de Familia atendieron a más de 108 mil personas, principalmente por problemas de convivencia. Preocupa que en el caso de las mujeres solo el 12,1% de estos casos haya terminado en medidas de protección y el 28,1% en medidas preventivas.
  7. Casos como el de la estudiante que se encuentra hospitalizada por recibir un ataque con arma blanca y una golpiza por parte de 4 compañeras, se repiten a diario, hay un patrón. No se entiende el hecho de que en 2022 la Secretaría de Educación Distrital haya destinado $48 mil millones para “Apoyar y acompañar en 400 Colegios Las acciones de promoción de derechos y de prevención y atención a situaciones relacionadas con presuntos casos de vulneración hacia niñas, niños y adolescentes, así como el seguimiento a la activación de protocolos de atención integral para la convivencia escolar (…)” y estos casos sigan ocurriendo ¿se deberá a que solo ejecutaron el 49,6% de los recursos? ¿Por qué no hubo atención del caso si los padres de la menor afectada dicen que habían reportado previamente bullying hacia su hija? ¿Qué está pasando con los protocolos?

En todos los espacios de Bogotá vemos que hay problemas de convivencia. Pese a que la administración destina bastantes recursos parecen insuficientes, la realidad dista de un escenario positivo. Mientras siguen en medios de comunicación celebrando que los delitos de alto impacto han tenido disminuciones porcentuales, en la ciudad se siguen peleando los ciudadanos, agrediéndose con diferentes tipos de armas. Hay una jóven luchando por su vida después de sufrir un ataque derivado del bullying que vivía. La convivencia está al garete.

 

Lucía bastidas

Concejal de bogotá

 

 

La inseguridad nos tiene encerrados

Durante las actividades del 9 de febrero del 2023 el “Comando Nocturno de Policía” incautó 495 armas cortopunzantes y 11 mil dosis de estupefacientes (Marihuana, Bazuco y Cocaína), y capturó a 102 personas. Pese a que los resultados son positivos, la administración de Claudia López debe continuar trabajando por la inseguridad que sigue siendo un dolor de cabeza para los bogotanos, quienes hoy se encuentran encerrados por el miedo. Quiero manifestar mi preocupación en los siguientes aspectos:

  1. Actualmente, hay 15 organizaciones criminales operando en la ciudad, principalmente en Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, y buscan controlar corredores de economías ilegales como lo manifestó la defensoría del pueblo en las alertas tempranas emitidas en 2022. El resultado de estas luchas se ve en: casos de sicariato y en el hallazgo de 12 personas muertas con señales de tortura envueltos en bolsas, sabanas, colchones, o arrojados a caños.
  2. Con respecto a enero de 2022, este año el homicidio aumentó 16,2%. En promedio se reportaron 2,8 casos al día. El 53,9% se cometieron con arma de fuego y el 33,7% con arma blanca. Bogotá se convirtió en la ciudad con más homicidios.
  3. En la “Bogotá cuidadora” el 77,3% de las víctimas de delitos sexuales son mujeres. Tema clave en la agenda de seguridad y en el que no vemos resultados.
  4. En el mes de enero se reportaron 8.597 hurtos a personas, con una media de 277,3 diarios. El medio más usado fue el arma blanca, seguido por el arma de fuego. Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy fueron las localidades más golpeadas
  5. El hurto a celulares es otro tema de suma preocupación, 3.560 reportes. En promedio 114,8 celulares diarios. Las localidades de Kennedy, Suba, Engativá, Usaquén y Chapinero concentran el 48,3% de los casos.
  6. Hubo 1.279 lesiones personales, la convivencia entre los ciudadanos tampoco es prioridad. Se debe analizar en conjunto con la Secretaría Distrital de Salud. La salud mental de los bogotanos ha empeorado, no se ve trabajo en los factores que detonan los enfrentamientos violentos.
  7. En los hogares se vive un infierno, las principales víctimas de violencia intrafamiliar son las mujeres quienes representan el 59,8% de los casos. No hay articulación con la Secretaría Distrital de la Mujer para que haya una ruta de atención eficiente que no revictimice.
  8. No son claras las estrategias para disminuir la sobreocupación que hay en los equipamientos de justicia. Según la Personería Distrital, con corte a enero de 2023, el hacinamiento es del 254% en las estaciones de Policía y URI de la capital. Las localidades más afectadas son Usaquén (870%), Kennedy (361%), Ciudad Bolívar (296%) y Bosa (542%).

Invito a que la alcaldesa Claudia López y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se sienten a analizar estrategias efectivas para combatir esta nueva ola de homicidios marcada por las guerras entre bandas criminales, el control de los hurtos y el uso de armas blancas y de fuego en estos, la convivencia fuera y al interior de los hogares y el hacinamiento en los equipamientos de seguridad y justicia.

Reitero mi propuesta de Ecosistema de seguridad, que tiene en cuenta la comunicación fluida entre los actores de la ciudad: el sector privado (empresas de celulares, empresas de seguridad privada, empresarios, tenderos, microempresarios), ciudadanía (grupos de moteros, grupos de conductores, grupos de ciclistas, líderes comunales, y ciudadanía en general), y el sector público. Cuando aumente el flujo de información, las autoridades tendrán la responsabilidad de encontrar tendencias delictivas, producir mapas de calor, usar la inteligencia artificial para reconocer rostros, placas y a los delincuentes en general.

 

Lucía Bastidas

Concejal de Bogotá

 

 

Chantaje del gobierno Petro a Bogotá por primera línea del metro

El Gobierno Petro a través del Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, chantajea no solo a Bogotá, sino al país entero, al exigir de manera arbitraria que se hagan cambios al proyecto de infraestructura más importante que se viene adelantando en Colombia y la capital. Para satisfacer su capricho con cálculos políticas durante la época de las elecciones locales. Pasan por alto los avances de la primera línea del metro de Bogotá sin importar los billonarios sobrecostos que traería aceptar dicha exigencia.

El Gobierno Nacional busca a toda costa sabotear el megaproyecto del Metro y utilizar la posición de poder de manera dictatorial para que el Distrito acepte el capricho del Presidente Petro. Coaccionan a la Alcaldesa Claudia López al señalar que “si no se acepta, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, pues el Gobierno también, en la medida en que financia el 70% de los otros proyectos, pues esos otros proyectos se van a tener que parar” expresó el Ministro Reyes.

Hay tres elementos que el Mandatario y su gabinete están pasando por alto en su afán por cumplir un capricho. El primero, suponer que se puede hacer cambios a un contrato cuando ya está en ejecución. En segundo lugar, ignorar la descentralización administrativa de las entidades territoriales y considerar que estas deben estar a merced de los intereses del Gobierno Nacional, como si se tratara de un vasallo. Lo tercero, desconoce los principios de planeación contractual y de gestión de proyectos, lo que conlleva a que exista una falsa idea sobre el uso eficiente de los recursos.

La “advertencia” es en realidad una amenaza al transporte público multimodal que merecemos los bogotanos y la evidencia del talante antidemocrático y dictatorial del “Gobierno del Cambio”. Desconocen los avances de la obra: Construcción (18%), patio taller (68%) y el Traslado Anticipado de Redes (95%). Los únicos perjudicados con las demoras en las obras y el caos actual en la movilidad serán los 2,5 millones de bogotanos que se beneficiarán con el Metro que se está ejecutando.

Presenté ante el Tribunal Administrativo de Bogotá y Cundinamarca una Acción Popular, con el fin de salvaguardar los intereses de los bogotanos a quienes se les está vulnerando sus derechos colectivos con la propuesta del Gobernante de la Nación de retrasar la primera línea del metro.

Ojalá, la rama judicial se pronuncie lo más pronto posible sobre el bienestar de los capitalinos y su derecho a una movilidad digna que está en construcción. Hago un llamado a los ciudadanos para que me acompañen en esta Acción Popular con sus firmas, a fin de detener la improvisación y la amenaza del Gobierno de Gustavo Petro.

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Lucia Bastidas