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El golpe a la estrategia de la paz total

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Sep 22, 2024. Publicado en Opinión.

La construcción de una paz duradera en Colombia requiere de un enfoque integral y coordinado. Para alcanzar la Paz, no basta con avanzar en acuerdos parciales o segmentados; es necesario dialogar con todos los actores armados de manera simultánea. Este es un proceso complejo que, aunque desafiante, debe avanzar con firmeza y con una clara orientación hacia la consecución de resultados que realmente beneficien a la población. En un país donde el conflicto ha dejado profundas cicatrices, el diálogo es la herramienta más poderosa para la reconciliación.

En este contexto, la reciente suspensión de la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) representa un duro golpe a la estrategia de paz total que ha sido promovida por el gobierno actual. Este proceso, que ya había mostrado avances significativos en las conversaciones con este grupo insurgente, es crucial para la estabilidad y el bienestar de las comunidades más afectadas por el conflicto. La mesa de diálogo con el ELN, como parte de un enfoque integral, no es un fin en sí mismo, sino un medio para generar condiciones de vida dignas y seguras para millones de colombianos.

La suspensión no solo pone en riesgo los avances logrados hasta ahora, sino que también genera incertidumbre sobre el futuro de la estrategia de paz total. Las comunidades, especialmente en zonas históricamente vulnerables, necesitan ver resultados tangibles que muestren el compromiso del Estado y de los grupos armados en la construcción de una paz sostenible.

En estos momentos difíciles, nuestra obligación como sociedad es rodear el proceso de paz, fortalecer el respaldo a las negociaciones y mantener una postura firme en la exigencia de garantías reales para las comunidades afectadas. Es indispensable que el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional refuercen su compromiso con la paz y aseguren que las conversaciones no se queden en promesas vacías. Exigir compromisos claros de los armados, en términos de cese al fuego, respeto a los derechos humanos y efectivo compromiso con la superación de la violencia armada, debe ser una prioridad.

Este proceso requiere de paciencia, pero también de una voluntad decidida por parte de todos los actores involucrados y de la población civil. No podemos permitir que retrocesos como la suspensión de una mesa de diálogo empañen el horizonte de la paz total. Es crucial que las negociaciones con el ELN se retomen. Que se revise uno a uno los acuerdos logrados, los avances y las dificultades en la implementación y se evalúe el impacto en las regiones.

Al final, la paz no puede ser un pacto entre élites ni un simple acuerdo en papeles. Debe reflejarse en la vida cotidiana de la gente, especialmente de aquellas comunidades más afectadas por la guerra. El desafío de coordinar múltiples frentes de diálogo no debe ser visto como una barrera, sino como una oportunidad para construir una paz verdadera, inclusiva y justa.
El Acuerdo #28 logrado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre la participación es crucial para garantizar que la voz de las comunidades más afectadas por el conflicto sea escuchada y valorada. Este acuerdo no solo establece el compromiso de las partes para promover la paz, sino que busca crear mecanismos reales de inclusión, donde las decisiones sobre el futuro del país se construyan de manera colectiva. Las comunidades han sido históricamente excluidas de los espacios de toma de decisiones, y en muchas regiones, son precisamente ellas las más afectadas por el conflicto armado. Implementar este acuerdo significa abrir espacios para que campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes y otros sectores puedan influir en la construcción de políticas públicas que atiendan sus necesidades.

El Acuerdo sobre la participación de la sociedad, no es solo un paso más en las negociaciones, sino una base fundamental para la paz duradera. Si las comunidades sienten que tienen el poder de incidir en su futuro, se genera un ambiente de confianza y reconciliación. El ELN, al comprometerse con este acuerdo, también reconoce que la paz solo es posible si es construida desde abajo, con la gente.

Implementar los acuerdos de participación es, por tanto, una urgencia. No podemos esperar a que las condiciones sean perfectas o que otros factores se alineen. La paz se construye día a día, y la participación de las comunidades en los procesos de transformación del país es la garantía de que esa paz será inclusiva, justa y duradera.

Luis Emil Sanabria D.

Fortalecer los partidos progresistas y de izquierda ¿para qué?

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Sep 16, 2024. Publicado en Opinión.

De cara a las elecciones futuras presidenciales, es crucial asegurar la gobernabilidad, llevar a cabo las reformas progresistas que el país necesita y continuar la tarea empezada en el presente gobierno. En este marco el fortalecimiento de los partidos progresistas y de izquierda en Colombia se presenta como una tarea urgente y estratégica.

Es fundamental que aquellas expresiones políticas que, por ley, están obligadas a unificarse, trabajen en la construcción de un Partido Único. Al mismo tiempo, quienes consideren que este mecanismo no les proporciona un espacio real y suficiente, o no estén sujetos a dicha obligación legal, deben avanzar hacia mecanismos de acción política unitaria. Esto incluye trabajar conjuntamente con otros sectores políticos, como los liberales o socialdemócratas, para formar, junto con el Partido Único, un gran frente unitario, amplio y democrático.

Este frente debe ser capaz de ampliar y mantener el apoyo popular en las elecciones, así como de garantizar una gobernanza efectiva y una gobernabilidad que favorezca a las mayorías, confluyendo, mediante consulta amplia, en una candidatura presidencial única, capaz de representar un proyecto común que matiza las diferencias y legitima las especificidades políticas de cada agrupación políticos. Este esfuerzo debe ir acompañado de una estrategia coherente que contemple dos o tres listas al Senado y diversas listas a la Cámara.

Este reagrupamiento debe reconocer e incluir el acervo organizativo de los movimientos sociales y comunitarios, garantizando que se construya desde las bases y no se limite únicamente a las decisiones excluyente de la esfera parlamentaria. Como menciona Ernesto Laclau, «la construcción de un pueblo es siempre una operación política; el pueblo no es simplemente un dato social, sino el producto de una articulación política» (Laclau, 2005). Esto implica una verdadera integración para consolidar un proyecto político con vocación de poder.

La idea no se limita únicamente a ganar las elecciones; su propósito es más profundo y más ambicioso a largo plazo. Es urgente establecer una base política sólida que guíe al nuevo presidente o presidenta en los derroteros centrales de un gobierno que rectifique errores, fortalezca el poder ciudadano y continúe el camino del cambio. Se debe superar la improvisación, la corrupción, el sectarismo, el vanguardismo y el clientelismo, problemáticas que afectan a la izquierda contemporánea.

Su accionar debe enfocarse en la formación política de sus integrantes, de modo que estos sean capaces de liderar y participar activamente. La capacidad organizativa y política de la ciudadanía es esencial para garantizar una participación activa e informada que anime una transformación social efectiva. Como afirma Paulo Freire, «la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo» (Freire, 1970).

Un frente amplio debe explorar nuevas pedagogías para vincular a los jóvenes en la construcción de un país próspero, democrático y justo. Se debe desarrollar una nueva cultura política que conecte con las demandas de la juventud, que estipule su participación transformadora. Al menos cuatro objetivos centrales, no excluyentes, deben guiar el accionar de esta coordinación política democrática.

La Construcción de la paz integral entendida de manera amplia, lo que implica rechazar y deslegitimar la violencia armada como herramienta de confrontación política o de enriquecimiento, y trabajar decididamente por el diálogo y la solución pacífica de los conflictos, en busca de una sociedad más justa y equitativa. Como sugiere Johan Galtung, «la paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino la presencia de alternativas creativas para responder a los conflictos» (Galtung, 1969).

Erradicar la corrupción, el narcotráfico, el tráfico de especies y la minería ilegal, motores de la desigualdad, la violencia y el despojo en el país. El frente debe comprometerse a la implementación de políticas que modifiquen las estructuras económicas y políticas que permiten su proliferación. Es esencial transformar el sistema de justicia y fortalecer las instituciones para combatir eficazmente estos problemas.

Proteger y recuperar el medio ambiente y la biodiversidad, implementando políticas sostenibles que aseguren un futuro próspero, así como el compromiso con la transición energética y la defensa de los territorios frente a la explotación ilegal. La preservación de los ecosistemas no es solo una cuestión ecológica, sino un tema de justicia social, ya que las comunidades vulnerables suelen ser las más afectadas por la degradación ambiental.

Transformar el modelo económico, para asegurar que el crecimiento económico esté alineado con el desarrollo social y el fortalecimiento estatal, garantizando que los recursos nacionales sean utilizados para el bienestar común. Esto implica desatar un vasto programa de desarrollo agrícola de la mano de la Reforma Rural, continuar el fortalecimiento y las garantías para la pequeña y mediana empresa, y una mayor intervención estatal en sectores estratégicos.

El Acuerdo Nacional comienza en casa. A los diferentes sectores políticos, económicos y sociales, les debe llegar un mensaje claro, una propuesta generosa y realizables, con apego a los derechos humanos, la Constitución y la ley, alrededor de la cual, podamos deliberar, construir pactos, unir voces y corazones para edificar un país en el que quepamos henchidos de dignidad y esperanza.

Luis Emil Sanabria D.

Bloqueos empresariales y vigilancia ilegal, dos caras de un problema profundo

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Sep 8, 2024. Publicado en Opinión.

La coyuntura actual enfrenta al país a dos fenómenos que pueden analizarse de manera complementaria. De un lado, el bloqueo de vías promovido fundamentalmente por empresarios del sector transporte en respuesta al urgente y necesario desmonte del subsidio al ACPM y, de otro lado, la reciente revelación de la compra ilegal a Israel y el posible uso delictivo del software de espionaje llamado Pegasus. Ambos sucesos no solo generan incertidumbre y desconfianza, sino que además ponen en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Los empresarios del sector transporte, para enfrentar el incremento del precio del ACPM y el desmonte de subsidios que durante años les ha favorecido, en detrimento de programas sociales que beneficiarían a los más necesitados y vulnerables, decidieron recurrir al bloqueo de carreteras como medida de presión, buscando obtener soluciones inmediatas del gobierno. Sin embargo, lo que se presentó como una demanda válida para aliviar los efectos de las medidas económicas, se convirtió en una acción desproporcionada y perjudicial para millones de colombianos, revelando una posible agenda oculta con un claro interés político.

Los bloqueos impuestos por los empresarios del transporte afectaron no solo el abastecimiento de alimentos y medicinas, sino también el acceso a servicios esenciales como la educación y la salud, derechos fundamentales que deben ser protegidos en todo momento y lugar. No se puede justificar que la legítima preocupación por los costos del combustible y el desmonte de subsidios termine convirtiendo a la población en víctima de los bloqueos permanentes, que no deben confundirse con el legítimo derecho a la movilización social.

Es evidente que la crisis generada y su manejo por parte del gobierno nacional dejó claro que el diálogo abierto y responsable es la mejor ruta para abordar estas preocupaciones, sin recurrir a bloqueos permanentes que agraven la situación social del país, ni a respuestas violentas y desproporcionadas por parte del gobierno.

Si bien el alza en el precio del ACPM es una realidad global impulsada por múltiples factores e instituciones, como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la oferta y demanda global, los mercados de futuros y la especulación, las condiciones geopolíticas, los costos de refinación y transporte, y las políticas de los países consumidores, el acuerdo pactado mostró la necesidad de seguir explorando soluciones a largo plazo que permitan una transición justa para las y los conductores, propietarios de camiones y empresarios del transporte, sin que ello implique recurrir a medidas extremas que pongan en riesgo la economía y el bienestar de millones de colombianos.

A la par de los bloqueos camioneros, otro escándalo sacude la confianza ciudadana en las instituciones: la compra ilegal y el posible uso indebido del software de espionaje Pegasus. Este sistema, diseñado para interceptar teléfonos móviles sin dejar rastro, hackear dispositivos y obtener información privada, originalmente ideado para combatir el crimen organizado y las amenazas a la seguridad nacional, ha sido utilizado en otros países para monitorear a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos sin las debidas garantías legales.

La vigilancia sin control judicial y el uso de información privada para desprestigiar a ciudadanos y colectivos es una violación directa a los derechos humanos. De confirmarse que funcionarios del Estado, en alianza con medios de comunicación o periodistas, usaron indebidamente esta herramienta tecnológica para espiar a sectores sociales, democráticos y de izquierda, a la campaña política del presidente Gustavo Petro o para judicializar y perseguir indebidamente a ciudadanos, estaríamos ante delitos graves contra instituciones esenciales encargadas de garantizar la vida y la democracia.

El bloqueo de vías y la compra de Pegasus, tienen varios puntos en común que parecen enmarcados en un plan estratégico de desprestigio y debilitamiento del actual gobierno nacional. Se complementan en la afectación profunda de los derechos fundamentales, el interés de algunos sectores por mantener privilegios a costa del Estado Social de Derecho, y la estrategia preconcebida de aumentar la polarización y construir un relato que instale la idea de estar atravesando una crisis de ingobernabilidad sin precedentes.

Colombia no puede permitirse seguir en una espiral de bloqueos, “chuzadas”, violencia, corrupción y polarización. Es momento de construir puentes, no muros, para avanzar hacia un futuro en el que los conflictos y las diferencias sean atendidos sin recurrir a prácticas que perjudiquen o violen los derechos fundamentales. Para ello, en consonancia con el llamado de la sociedad civil que organiza la Semana por la Paz que inició este domingo, se necesita la voluntad de todos los sectores políticos, sociales y económicos interesados en unir voces y construir país.

Luis Emil Sanabria D.

Un llamado a la coherencia y al respeto si queremos construir paz

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Sep 1, 2024. Publicado en Opinión.

En el delicado proceso de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las recientes declaraciones del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y del comandante Antonio García del ELN han generado preocupaciones legítimas sobre la dirección de las negociaciones. Si bien es comprensible que existan diferencias en un proceso tan complejo, las posturas públicas de ambos líderes parecen estar contribuyendo a la erosión de la confianza mutua y al estancamiento de las conversaciones. Siguen pesando más las posiciones que el interés en respetar el anhelo de paz del pueblo colombiano y avanzar en el proceso.

Otty Patiño, en su calidad de Alto Comisionado para la Paz, tiene la responsabilidad de liderar un proceso que aspire a ser inclusivo y que busque soluciones duraderas a un conflicto que ha dejado una profunda huella en Colombia. Sin embargo, sus declaraciones recientes, que en ocasiones han mostrado una rigidez y una falta de empatía hacia las posiciones del ELN, han sido motivo de preocupación. La paz no se puede construir desde la confrontación verbal ni desde la imposición unilateral de condiciones, sino desde el reconocimiento de la legitimidad de las preocupaciones del otro y desde la búsqueda de puntos comunes, no solo con la contraparte, sino con las víctimas que este conflicto sigue produciendo.

Patiño, al no mostrar la flexibilidad necesaria para entender las raíces históricas y sociales del conflicto con el ELN, corre el riesgo de entorpecer un proceso que requiere sensibilidad y una disposición genuina para escuchar. Es fundamental que el Alto Comisionado se enfoque en fortalecer los canales de diálogo, en lugar de cerrar puertas con discursos que alimentan la desconfianza. La mayor responsabilidad de recomponer los diálogos le corresponde al Estado colombiano en cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, y no al grupo guerrillero que claramente se declara en rebeldía y desarrolla acciones que infringen el Derecho Internacional Humanitario, y que en ocasiones se pueden calificar, por su forma e impacto, como terroristas.

Por su parte, Antonio García, uno de los líderes más visibles del ELN, ha mantenido un discurso que, si bien puede reflejar la frustración acumulada por décadas de lucha armada, también parece estar más orientado a justificar la continuidad del conflicto que a encontrar una salida pacífica. Por supuesto que en Colombia hay injusticias, que nuestra democracia es imperfecta, que la soberanía popular no se hace efectiva, que la corrupción carcome nuestras instituciones, pero se debe avanzar en un proceso que nos entregue acuerdos para ser cumplidos a corto, mediano y largo plazo, a la par que se desactiva la confrontación armada, que evidentemente aporta una gran cuota al estado de cosas injustas. Su postura rígida, que a menudo critica sin ofrecer alternativas viables, amenaza con mantener al país en un ciclo interminable de violencia.

La Sociedad, el ELN, al igual que el gobierno, debe reconocer que el diálogo es el único camino hacia una paz real. Persistir en una estrategia de confrontación armada y verbal no solo prolonga el sufrimiento, sino que también desvía la atención de los logros ya alcanzados en las mesas de negociación. García tiene la oportunidad de ser un líder que contribuya a un cambio histórico, pero para ello debe abandonar la retórica que perpetúa la desconfianza y empezar a construir puentes, con todos los sectores sociales, incluido el empresariado, que nos lleven hacia una reconciliación verdadera.

A pesar de las diferencias y las dificultades inherentes al proceso de paz, es crucial que tanto el gobierno como el ELN reconozcan los avances logrados hasta ahora y trabajen para superarlos. Los logros obtenidos no son insignificantes y representan pasos importantes hacia la paz y la reconciliación del país. Sin embargo, estos avances pueden verse amenazados si las partes continúan con un discurso de confrontación y descalificación mutua.

Es en este contexto que la sociedad civil colombiana debe levantar su voz. No podemos permitir que el proceso de paz se vea truncado por la falta de voluntad o por la obstinación de sus líderes. La sociedad civil tiene el poder y el deber de exigir avances concretos, de demandar respeto a la vida y a las opiniones de todos los colombianos, de exigir el cumplimiento de los acuerdos hasta ahora pactados, en especial el primer punto de la agenda sobre participación de la sociedad y de promover un diálogo que verdaderamente aspire a poner fin a décadas de conflicto.

La paz en Colombia no es solo responsabilidad de los actores armados o del gobierno; es un esfuerzo colectivo que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Es el momento de que la sociedad civil se movilice para exigir que se respeten los acuerdos alcanzados, que se avance en las negociaciones y que se ponga en el centro del debate el respeto por la vida y por las opiniones diversas. La Semana por la Paz número 37, que se celebrará durante el mes de septiembre, llama al diálogo y a la unidad para avanzar en la construcción de un nuevo país, llamado que todos y todas debemos escuchar.

Luis Emil Sanabria D.

Un esfuerzo necesario ante una guerrilla aferrada a sus posiciones

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Ago 25, 2024. Publicado en Opinión.

Ha pasado casi desapercibida la importante propuesta que el presidente Gustavo Petro le envió de manera confidencial a la guerrilla del ELN. No se trata solo de utilizar un mecanismo que es muy útil en momentos de crisis, como es la confidencialidad en la búsqueda de salidas posibles a los estancamientos o dificultades de los diálogos entre partes enfrentadas; se trata también de una valiosa idea en términos de participación, que seguramente incorporaría un actor y un nivel diferente y decisivo a la hora de buscar salidas prácticas a este largo conflicto.

La propuesta confidencial del presidente Gustavo Petro al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para dialogar con los empresarios sobre la política económica del país representa un esfuerzo audaz para superar décadas de conflicto armado en Colombia. Esta necesidad, que se planteó por sectores sociales en los preencuentros y encuentros de participación promovidos por el Comité Nacional de Participación, es un intento genuino de integrar a todos los actores relevantes en la construcción de una paz duradera, pero también plantea importantes interrogantes sobre la disposición del ELN para participar en un diálogo constructivo que priorice los intereses populares.

El conflicto armado en Colombia ha estado profundamente arraigado en desigualdades socioeconómicas y en la exclusión social, fenómenos que se han exacerbado bajo políticas económicas neoliberales. Estas políticas, que priorizan la liberalización del mercado, la privatización y la reducción del gasto público, han beneficiado a sectores privilegiados mientras que han marginado a amplias capas de la población. Dialogar sobre estas políticas permite abordar las causas estructurales del conflicto, proporcionando un camino hacia la equidad y la justicia social, que son esenciales para la paz duradera.

La conversación entre el ELN, el Gobierno y los empresarios, en la cual se involucraría a las organizaciones ciudadanas, es una oportunidad para repensar el modelo económico colombiano, buscando uno que no solo favorezca el crecimiento económico, sino que también promueva la inclusión social y el desarrollo equitativo. Un modelo económico más inclusivo puede integrar las demandas de los sectores más vulnerables y asegurar que los beneficios del desarrollo lleguen a todos, reduciendo así las tensiones sociales que alimentan el conflicto. Un avance en este sentido fortalecería la democracia y la capacidad popular para avanzar en futuras transformaciones.

Las políticas neoliberales han generado una gran polarización en la sociedad colombiana, donde sectores enteros se sienten excluidos del proceso de desarrollo. Este sentimiento de exclusión ha sido uno de los motores del conflicto armado. Si las partes involucradas en el diálogo logran consensuar una política económica que considere las necesidades de todos, se podría reducir significativamente la polarización, creando un clima más propicio para la reconciliación y la paz.

Un acuerdo en este sentido hará posible multiplicar los beneficios de la implementación de un acuerdo de paz, no solo en términos económicos, sino también en materia política y social. Cerrar filas conjuntamente entre empresarios, gobierno, población civil y futuros firmantes de paz podría aportar sustantivamente a superar fenómenos como la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos, la minería ilegal o el cambio climático.

Los intentos de negociación con el ELN han estado marcados por la desconfianza mutua y la rigidez ideológica de la guerrilla, que ha mantenido un discurso de confrontación contra las élites económicas. La propuesta del presidente Petro busca romper este ciclo al invitar a los empresarios al diálogo, un gesto que reconoce la importancia de un consenso económico amplio para la construcción de una paz sostenible. Este enfoque integral es innovador y necesario, ya que sitúa la economía en el centro del proceso de paz, algo que ha sido largamente ignorado en negociaciones anteriores.

La importancia de este diálogo radica en su capacidad para abordar las causas estructurales del conflicto, pero para que tenga éxito, el ELN debe mostrar una apertura real al cambio. No basta con sentarse a la mesa; es necesario que la guerrilla reconozca la necesidad de un modelo económico que equilibre las demandas de justicia social con el crecimiento y la estabilidad económica. La pregunta es si el ELN está dispuesto a hacer concesiones en esta dirección o si continuará aferrándose a su agenda política y económica.

Por otro lado, los empresarios colombianos tienen ahora la oportunidad de jugar un papel proactivo en la construcción de la paz. Si bien la propuesta de Petro les invita a la mesa de negociación, también los coloca en una posición incómoda, obligándolos a enfrentar sus propias responsabilidades en la perpetuación de las desigualdades que han alimentado el conflicto. Su participación es crucial, pero también debe ser crítica, reflexiva y generosa, asegurando su disposición en la construcción de una sociedad más justa.

Los elenos deberían reconsiderar su posición, escuchar más a las comunidades y considerar la invitación que hace la Semana por la Paz – 2024, cuando pone al centro de su accionar el lema “Uniendo Voces Construimos País”. Solo en el diálogo, el logro de acuerdos y el cumplimiento de estos, estará la salida para avanzar en la paz integral. Descongelar las conversaciones, revisar el cumplimiento de lo acordado sin otra pretensión diferente a la búsqueda de la paz, retomar el Cese al Fuego Bilateral y la agenda de la participación, seguramente nos llevará a puerto seguro.

Luis Emil Sanabria D.

La paz integral en Colombia: ¿seremos capaces?

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Ago 18, 2024. Publicado en Opinión.

Es hora de que la sociedad colombiana, en su mayoría, tome una decisión firme y colectiva: avanzar hacia la construcción de una paz que no solo ponga fin a la violencia armada, sino que aborde las raíces de las desigualdades y los conflictos cotidianos. Para ello, es crucial superar, entre otros, seis grandes obstáculos: la corrupción, el narcotráfico, la privatización de servicios esenciales, la violencia armada, la minería ilegal y la dependencia económica y tecnológica. Estos males no solo perpetúan la violencia, sino que también minan la posibilidad de un desarrollo justo y equitativo.

La corrupción es quizás el mayor enemigo de cualquier proceso de paz y desarrollo. Ha permeado todos los niveles de la sociedad colombiana, desde las instituciones estatales hasta el sector privado, afectando gravemente la confianza del ciudadano en el Estado. Es necesario implementar una reforma política que ataque la corrupción de raíz, mediante mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y el fortalecimiento efectivo del poder disuasivo y judicial del Estado. Fortalecer la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública es fundamental para garantizar que los recursos destinados a la paz y al desarrollo no sean desviados ni mal utilizados.

El narcotráfico es otro de los grandes flagelos que ha alimentado la violencia en Colombia e impide el desarrollo económico sostenible. Este fenómeno ha financiado tanto a grupos armados ilegales como a redes de corrupción, creando un círculo vicioso difícil de romper. Es urgente seguir avanzando en una reforma rural integral que ofrezca alternativas económicas viables a las comunidades campesinas que hoy dependen del cultivo de coca, profundizar el desmantelamiento de las mafias dedicadas al lavado de activos, y ejercer un control efectivo sobre los insumos utilizados en la producción de cocaína, como la gasolina, el cemento, la maquinaria y los productos químicos importados.

La privatización de servicios esenciales, como la salud, el agua potable, la energía eléctrica, y el debilitamiento de la educación pública, han exacerbado las desigualdades. La falta de acceso equitativo a estos servicios ha generado un profundo resentimiento en amplios sectores de la población, alimentando el conflicto social. El Estado debe recuperar su papel como garante de estos derechos, asegurando que los recursos públicos se utilicen para beneficiar a toda la población, construyendo verdaderas alianzas con sectores sociales y privados. Estas alianzas deben fomentar la iniciativa de la gente, vinculándola al desarrollo sostenible de forma transparente y justa, en lugar de perseguirla.

La minería ilegal es otra de las problemáticas graves que enfrenta Colombia, no solo por el daño ambiental que causa, sino también porque alimenta la violencia armada y la corrupción. Las regiones ricas en recursos naturales se ven atrapadas en un ciclo de explotación que no beneficia a las comunidades locales. Es necesario continuar fortaleciendo, como se ha venido haciendo, la regulación estatal y la presencia institucional, impidiendo que la minería ilegal siga devastando ecosistemas y perpetuando la violencia. Es esencial promover alternativas económicas sostenibles para las comunidades afectadas, de manera que puedan salir del ciclo de dependencia de la minería ilegal.

Colombia debe promover la diversificación económica que permita a las comunidades rurales y urbanas acceder a fuentes de ingresos legales y sostenibles. Esto incluye el fortalecimiento del sector productivo agrícola, el apoyo a pequeñas y medianas empresas urbanas, y la promoción de proyectos de desarrollo local que sean inclusivos y respetuosos del medio ambiente. De ahí la importancia de modificar la Ley 101 de 1993, que establece un mecanismo de inversión obligatoria en el sector agropecuario. Con las medidas complementarias necesarias para no afectar al ahorrador o al cliente bancario, se deben ampliar los beneficios de esta ley a sectores de la economía popular, cooperativa y solidaria, que hoy requieren créditos blandos y ágiles.

La violencia armada sigue siendo una realidad dolorosa en Colombia. La sociedad en general, con el apoyo del Estado, debe hacer entender, mediante la movilización, la deslegitimación, la construcción de territorialidad, la participación política, la cultura de paz, el diálogo local y nacional, entre otras formas, a los grupos armados con reconocimiento político, a los herederos del paramilitarismo y a las bandas delincuenciales de acción urbana, su firme decisión de avanzar por el camino de la paz para construir la paz. Por su parte, el Estado debe implementar políticas de seguridad que vayan más allá de la militarización y continuar fortaleciendo la justicia, la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de los acuerdos de paz. La construcción de la paz no será más lenta mientras el miedo siga siendo una constante en la vida de miles de colombianos y colombianas.

Es el momento de que la sociedad colombiana, una sus voces, tome una decisión valiente y avance hacia la construcción de una paz verdadera y duradera. La historia de Colombia ha demostrado que los cambios significativos solo son posibles cuando existe una voluntad colectiva de transformar la realidad. Hoy, más que nunca, es necesario que esa voluntad se materialice en acciones concretas y sostenibles.

Luis Emil Sanabria D.

¿Democracia restringida? Mito o realidad

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Ago 11, 2024. Publicado en Opinión.

Mucho se habla de nuestro ideal sistema democrático y de su tradición en América Latina, pero poco se habla de lo injusto que este puede llegar a ser, y de cómo esta misma democracia, tantas veces aplaudida, posibilita que algunos sectores políticos impongan la dictadura de la exclusión o del sometimiento.

La afirmación de que el sistema electoral en Colombia para elegir congresistas, diputados/as, concejalas/es o integrantes de las Juntas Administradoras Locales, que utiliza mecanismos como la cifra repartidora y el umbral electoral, es restringido y antidemocrático, se basa en varios argumentos relacionados con la representación política y la exclusión de diversas fuerzas políticas minoritarias o que representan nuevas tendencias ideológicas en el proceso democrático.

Hace apenas unos días, en una reunión destacada tanto por la calidad de sus participantes como por la representatividad cuantitativa de estos, en la que intervinieron delegados y delegadas de partidos políticos pequeños pero profundamente comprometidos con ideales de cambio, justicia social, equidad y paz, quienes se identifican como Unitarios, surgió la discusión sobre la necesidad de una reforma política. Esta reforma debería mejorar la representación política y fortalecer la democracia directa.

Afloraron en el debate cuestionamientos sobre la llamada Cifra Repartidora. Desde su implementación en Colombia, este método de asignación de escaños ha favorecido a los partidos más grandes y establecidos, ya que tiende a distribuir las curules de manera que beneficia a las listas con mayor votación inicial. Así, la adopción de la Cifra Repartidora limita la representación de partidos más pequeños o emergentes, imponiendo dificultades para obtener una representación proporcional a su apoyo electoral.

Esto conduce a que muchas agrupaciones necesiten renunciar a los ideales que les dieron origen y someterse a las condiciones de agrupaciones más grandes, con quienes no siempre comparten la totalidad de los ejes programáticos. Se construyen lo que podemos llamar “falsos partidos”, cuya vocación fundamental es conseguir votos suficientes, aún a costa de renunciar a los intereses de sus afiliados.

En las elecciones legislativas de 2022, partidos como el Liberal obtuvieron un número de escaños significativamente alto en comparación con su porcentaje de votos debido a la cifra repartidora. Un análisis realizado por La Silla Vacía destacó que «la fórmula de la cifra repartidora tiende a concentrar los escaños en manos de partidos que ya tienen una base sólida de votantes, lo que dificulta el crecimiento de nuevas agrupaciones políticas

De otro lado, existe el llamado Umbral Electoral, que es un porcentaje mínimo de votos que un partido debe obtener para poder acceder a la asignación de escaños. Es bien sabido que en nuestro país, este umbral puede excluir a partidos pequeños y minoritarios de la representación legislativa, lo que puede limitar la diversidad política en el Congreso y reducir la capacidad de nuevas voces y movimientos para participar en el proceso legislativo. Partidos o agrupaciones política regionales, ambientalistas, animalistas, feministas, etc., ven limitadas sus opciones de tener una voz en el Congreso de la República.

En las elecciones legislativas de 2018, varios partidos pequeños, como el partido ASI (Alianza Social Independiente), no lograron superar el umbral del 3%, quedando fuera de la representación legislativa a pesar de tener un apoyo significativo en algunas regiones del país, lo que les obligó en las elecciones de 2022, entre otras consideraciones, a hacer parte de la Coalición Centro-Esperanza.

El uso de la cifra repartidora y el umbral ha llevado a una representación desproporcionada en el Congreso, donde el número de escaños no refleja con precisión la diversidad de opiniones y preferencias de los votantes. Esto a su vez, ha llevado a una percepción de que el sistema favorece a las élites políticas y limita la capacidad de cambio a través de las urnas. De allí la necesidad de que se estudie la posibilidad de abordar un reforma política que además reconozca la capacidad de las organizaciones sociales, comunitarias, étnicas y comunales de opinar políticamente y legislar en relación con sus intereses.

Al favorecer a los partidos más grandes, el sistema contribuye a la concentración del poder político, reduciendo la interlocución con el poder ejecutivo y el poder judicial, solo a los partidos mayoritarios, generando vicios de manipulación, corrupción, imposición de mayorías, compra de votos conocida como ‘mermelada’ y otros vicios que corrompen la democracia. Estas falencias del sistema electoral trae como resultado un sistema político menos inclusivo y menos receptivo a las demandas de la ciudadanía, y unos partidos alejados de las sociedad y sus expresiones organizadas y no organizadas, ligados más a la acción y la componenda parlamentaria,

Cuando los votantes perciben que sus opciones políticas tienen pocas posibilidades de obtener representación debido a las barreras estructurales como el umbral, esto puede desincentivar la participación electoral y contribuir a la apatía política. Un estudio de la Universidad de los Andes reveló que «la percepción de que el voto por partidos pequeños es un ‘voto perdido’ desmotiva la participación ciudadana, especialmente entre los jóvenes y las poblaciones marginadas». Expresiones manipuladoras de la autonomía del electorado como el llamado al ‘voto útil’, limita que nuevas expresiones políticas puedan acceder a los espacios en donde se debaten las leyes y la normas.

Es necesario pensar en un mecanismo que combine la democracia directa, el poder del ciudadano constituyente y las Asambleas Populares, con la representación popular y política en los diferentes escenarios de deliberación, como el Senado, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos y las Juntas Administradoras Locales. Hay que buscar una fórmula que concilie el poder directo del constituyente primario con la enajenación del poder que se realiza cada cuatro años.

La necesidad de una reforma electoral que aborde estas preocupaciones es un tema recurrente en los debates políticos, con propuestas para disminuir el umbral y revisar el uso de la cifra repartidora para mejorar la representatividad y equidad del sistema electoral colombiano, de esta forma, también se haría más atractiva la ruta democrática, para aquellas personas que deciden abandonar la lucha insurgente y construir paz.

Luis Emil Sanabria D.

Reforma Rural Integral sin más excusas

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Ago 4, 2024. Publicado en Opinión.

Agosto marca un momento significativo para Colombia, un país donde la desigualdad rural y la falta de oportunidades en el campo han sido problemas persistentes. Según las declaraciones recientes del presidente Gustavo Petro, durante su visita a Córdoba el 3 de agosto, este mes se ha designado como el «Mes de la Reforma Rural Integral«, destacando un renovado compromiso del gobierno para abordar los desafíos históricos que enfrentan las comunidades rurales. La Reforma Rural Integral (RRI) es parte fundamental de la política de Paz Total y, tanto el Ministerio de Agricultura como sus dependencias, deben mejorar sus resultados para avanzar positivamente en este propósito.

La Reforma no debe verse simplemente como una política de un gobierno; es un pilar fundamental en la construcción de una paz duradera y sostenible, un componente esencial del Estado Social de Derecho y un eje fundamental para la superación de las inequidades históricas. El campo colombiano ha sido testigo de innumerables conflictos y violencias, que han dejado cicatrices profundas en su población. La falta de acceso a la tierra, infraestructura deficiente y escasas oportunidades económicas han contribuido a la pobreza y el desplazamiento de las comunidades rurales.

La implementación de la RRI debe abordar estas desigualdades mediante el reconocimiento, delimitación y legalización clara de los territorios étnicos, la recuperación de las tierras usurpadas a la nación, la restitución de las tierras despojadas a las víctimas del conflicto armado, la compra y distribución equitativa de la tierra, el desarrollo de infraestructura básica como las vías de comunicación, los acueductos, distritos de riego, redes de energía eléctrica, tecnologías para la informática y las comunicaciones y el acceso a servicios esenciales como educación, salud y vivienda.

El presidente ha enfatizado la necesidad de acelerar los procesos de titulación de tierras, lo que permitiría a los campesinos obtener seguridad jurídica sobre sus predios. Este paso es crucial para fomentar la inversión en el campo y permitir a los agricultores tomar decisiones a largo plazo que beneficien a sus familias y comunidades.

La educación rural en todos los niveles no solamente debe ser gratuita, también debe ser pertinente en relación con las necesidades de cada territorio, la producción y la soberanía alimentaria. Recuperar semillas nativas, fomentar el cuidado del medio ambiente, promover la diversificación productiva, darle utilidad benéfica a los cultivos que hoy tienen una destinación ilícita, son elementos donde deben converger la reforma educativa, la reforma rural integral y los programas del ministerio de las TIC, entre otros.

La RRI exige fortalecer y promover un sistema de salud más vinculado a la prevención de enfermedades, en especial las tropicales, endémicas en varias regiones del país, fortalecer la red de atención básica y especializada para que el sector rural goce plenamente del derecho a la salud; crear y fortalecer una gran red de acueductos comunitarios para que las y los campesinos accedan por fin a agua potable, son, entre otras, necesidades inaplazables donde convergen la urgente reglamentación de la Ley 1751 de 2015 que regula el derecho fundamental a la salud y la RRI.

Se han anunciado planes para mejorar las vías de acceso rural, facilitando el transporte de productos agrícolas a los mercados y reduciendo los costos asociados. La modernización de la infraestructura es vital para integrar el campo con el resto del país, promoviendo un intercambio económico más fluido y beneficioso para todos. El Ministerio de Transporte con un programa de modernización y adecuación de la red de vías terciarias debe converger en la RRI.

El impacto de la RRI debe ser transformador. Las comunidades rurales, a menudo marginadas y olvidadas, se verán empoderadas para ser protagonistas de su propio desarrollo. La creación de oportunidades económicas y el acceso a recursos permitirán a estas comunidades prosperar y contribuir significativamente al progreso del país. La RRI necesita desatar un ambicioso programa de fortalecimiento de las organizaciones campesinas nacionales y locales, de los comités municipales y departamentales de reforma agraria, y el fortalecimiento de las capacidades participativas y políticas de las y los campesinos.

Al abordar las raíces de la desigualdad y el conflicto en el campo, la reforma contribuye a consolidar la paz, uno de los mayores anhelos de la sociedad colombiana. Una paz que no solo se construye con la ausencia de violencia, sino con la presencia de justicia social y equidad económica. En este sentido, es preciso recordar que el primer punto de los acuerdos logrados con las FARC-EP es la Reforma Rural Integral, y este mismo componente fue fundamental en los acuerdos de paz de principios de la década de los años noventa, y es protagonista en la agenda con el ELN y con otros grupos armados con reconocimiento político.

El anuncio del presidente durante su visita a Córdoba es un llamado a la acción para todos los colombianos, y en especial para sus ministros y ministras. Es un recordatorio de que la transformación del campo es una tarea que nos compete a todos, y que el éxito de esta reforma dependerá del compromiso y la colaboración de diversos actores: gobierno, sector privado, organizaciones sociales y la ciudadanía en general. No se puede seguir aplazando la presencia interinstitucional coordinada en todas las regiones del país, con más ejecución y menos candidaturas políticas.

Agosto nos desafía a trabajar juntos para construir un país donde todos tengamos las mismas oportunidades de prosperar y vivir en paz. La RRI debe ser una esperanza renovada para millones de colombianos y un paso crucial hacia un futuro más equitativo y democrático, que debe estar presente en el Acuerdo Nacional propuesto por el gobierno nacional y en las agendas de todos los partidos que quieren la paz. Para construir país es imprescindible unir nuestras voces.

Luis Emil Sanabria D

La paz no puede esperar

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jul 28, 2024. Publicado en Opinión.

La preocupación invade las mentes y los corazones de las comunidades donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene presencia armada. Y no es para menos. Existe el riesgo de que las delegaciones en la mesa de diálogo establecida para superar el conflicto armado entre esta organización y el gobierno, que este año ha alcanzado los sesenta años, no vuelvan a encontrarse, se suspendan indefinidamente los diálogos, se rompa el cese al fuego bilateral y se reanuden las confrontaciones, afectando aún más a estas comunidades.

En un país que ha sufrido décadas de conflicto armado, la posible suspensión de los diálogos no solo es preocupante, sino que representa un riesgo inaceptable para los avances logrados en la búsqueda de la paz. Es imperativo que ambas partes retomen la mesa de diálogo y continúen trabajando hacia un acuerdo que beneficie a toda la sociedad colombiana.

El cese al fuego entre el Gobierno y el ELN ha tenido impactos positivos tangibles. Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), durante el cese al fuego bilateral que se estableció en 2022, se ha registrado una reducción del 60% en los actos de violencia en las zonas de conflicto. Este descenso no solo ha salvado vidas, sino que también ha permitido que comunidades enteras vivan sin el temor constante de enfrentamientos armados .

Los diálogos entre el Gobierno y el ELN han logrado importantes avances que no deben ser subestimados. En rondas de negociación anteriores, se han alcanzado acuerdos significativos. Se han pactado y desarrollado acciones humanitarias conjuntas para mitigar el impacto de la confrontación, lo que ha permitido, en cierta medida, recuperar la seguridad de las comunidades locales. Se suspendió por un buen tiempo la práctica del secuestro y se posibilitó el regreso a casa de varias personas que se encontraban en poder de esta guerrilla.

Se logró un acuerdo para la participación ciudadana, con la instalación del Comité Nacional de Participación y la realización de encuentros y pre-encuentros territoriales y sectoriales que permitieron la construcción de un mecanismo de participación, que se espera afanosamente sea implementado. Además, se avanzó en diálogos participativos con población víctima del conflicto armado y con población con discapacidad, adelantando elementos de la agenda que estaban previstos para más adelante .

La interrupción de los diálogos constituye un paso atrás que el país no puede permitirse, ya que esto alejaría las posibilidades de la paz integral y total, impediría las inversiones sociales en amplias zonas del país y nos devolvería a los años en los que se privilegió la confrontación armada sobre los cambios estructurales. Es crucial que tanto el Gobierno como el ELN evidencien su compromiso con la paz y reanuden las negociaciones. La conversación y el acuerdo son los únicos caminos legítimos y efectivos para lograr una paz duradera en nuestra nación.

Hay que evitar, como sea posible, que el dolor, la sangre, la muerte y la desesperanza, se apropien de los lugares que hoy ocupan las y los negociadores. Así como el país logró superar a buena hora, el espectáculo de la muerte que llenaba de sangre la arena de coliseos, herencia de la barbarie patriarcal del imperio romano que por fin superamos con la firma de la Ley que prohíbe las corridas toros, la sociedad espera celebrar la vida y recuperar el amor comprometido con la superación de la pobreza, como lo dijo el poeta Chucho Peña “con el coro de la vida cantarán los hombres las mujeres y los niños con la paloma sin cazador y el toro sin torero para que en nuestros escenarios jamás jamás sea un espectáculo la muerte”

Los beneficios de la paz son inmensurables. La paz no solo implica el cese de la violencia directa, sino también la creación de un entorno donde las personas puedan vivir con dignidad, seguridad y oportunidades. Que las y los niños puedan ir a la escuela, sabiendo que algún día serán profesionales, si así lo desean; que las mujeres campesinas puedan parir tranquilas sabiendo que sus hijos e hijas además de nacer con buena salud, no serán reclutados por ningún actor armado. Según el informe del Instituto de Economía y Paz, los países que logran la paz sostenible experimentan un crecimiento económico más rápido y una mejor calidad de vida para sus ciudadanos .

El cese al fuego temporal o definitivo, como anhelan las grandes mayorías, tiene impactos positivos significativos. No solo reduce el número de víctimas directas del conflicto, sino que también permite su reparación integral y hace posible que las comunidades reconstruyan sus vidas y recuperen la confianza en la posibilidad de alcanzar la equidad y la justicia social. Además, el cese al fuego crea un ambiente propicio para la construcción de confianza entre las partes y para la implementación de programas de desarrollo y reconciliación. Como señala el Instituto Internacional de Paz de Estocolmo, ‘la paz sostenible solo puede lograrse mediante la inclusión y la participación activa de todos los actores en el proceso de paz’.

La participación ciudadana en la construcción de paz es fundamental. «Cuando los ciudadanos están involucrados en el proceso de paz, los acuerdos son más inclusivos y reflejan mejor las necesidades y aspiraciones de la población», afirma el Centro Internacional para la Justicia Transicional. Esta participación no solo legitima el proceso de paz, sino que también asegura su sostenibilidad a largo plazo, al empoderar a las comunidades y fomentar un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida.

No quisiera seguir pensando que este proceso, asumido con seriedad por las partes y rodeado con entusiasmo por el pueblo colombiano y la comunidad internacional, se vea empañado por el desfile de las vanidades, las descalificaciones o la intransigencia. El señor Otty Patiño es personas con suficiente experiencia y compromiso con la construcción de una Colombia justa y en paz, la misma motivación manifiesta el Sr. Antonio Garcia. Sus capacidades y el desarrollo de empatías para superar las diferencias y avanzar hacia la continuidad del proceso de paz son cruciales. La historia popular les reconocerá esa decisión y ese compromiso, ya que de esto depende en gran medida nuestra capacidad para creer nuevamente en un presente y futuro mejor.

Existen dos delegaciones, una por cada parte, que han construido un importante nivel de interlocución y confianza. El papel destacado de Vera Grabe, jefa de la delegación del gobierno colombiano, junto con los valiosos aportes de todo el equipo negociador, han sido fundamentales en este proceso. Asimismo, la sorprendente demostración de serenidad de Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, y la capacidad de escucha de los integrantes de la delegación guerrillera, demuestran sin ninguna duda que las condiciones están dadas para avanzar por la ruta planteada en la agenda firmada en México. En ellos y ellas también está puesta la esperanza popular. Este nivel de compromiso y profesionalismo es esencial para construir un camino hacia una paz duradera, donde las diferencias se superan a través del diálogo y la colaboración mutua.

Es la hora de la paz, del fortalecimiento del constituyente primario, de su capacidad propositiva y transformadora para hacer posible que lo pactado se haga realidad. Uniendo voces en todos los rincones de la geografía nacional, tanto en campos como en ciudades, seremos capaces de construir un país inclusivo, respetuoso de la diferencia y profundamente democrático. Un país donde todas y todos gocemos de nuestros derechos y cumplamos con nuestros deberes. Una sociedad capaz de superar la inequidad económica, cultural y política, y cuya riqueza beneficie a todos y todas. La paz es posible; desistir de su búsqueda nos condena a renunciar a un presente y un futuro mejor.

Luis Emil Sanabria D.

El Congreso colombiano debe legislar para la paz

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jul 21, 2024. Publicado en Opinión.

El Congreso de Colombia, como pilar fundamental de la democracia representativa, tiene un rol crucial en la construcción de un país más justo, unido y en paz. Esta no es solo una tarea del ejecutivo en cabeza del Presidente de la República o de la rama judicial. La Constitución Política Nacional establece claramente los deberes y obligaciones de este cuerpo legislativo, subrayando la importancia de velar por la construcción y mantenimiento de la paz, propender por la unidad nacional y buscar el bienestar social de las y los colombianos.

En este periodo legislativo que inició el pasado 20 de julio, el Congreso de la República enfrenta varios desafíos en el cumplimiento de su mandato constitucional. La corrupción, la polarización política y la violencia persistente son obstáculos significativos que impiden el avance hacia una sociedad en paz, equitativa y justa. Dentro de sus obligaciones no solo está la creación de leyes, sino también su aplicación y supervisión adecuadas. El Congreso debe superar la práctica individual de hacer cola en los despachos del ejecutivo para “gestionar” proyectos a favor de sus electores, desvirtuando su labor y convirtiendo su credencial en un pase transaccional de favores.

La firma de los acuerdos de paz de la década de los años 90 del siglo pasado, que sellaron mediante la firma de la Constitución un nuevo pacto de unidad para la paz, el acuerdo con los grupos paramilitares finalizado en 2006, y el acuerdo de paz en 2016 con las FARC-EP, han sido hitos significativos. Sin embargo, la construcción de la paz integral y duradera requiere un esfuerzo legislativo continuo y comprometido.

La Constitución Política, en su preámbulo, resalta la importancia de «asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz». Además, el Artículo 22 establece que «la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento». No queda duda de que el Congreso tiene la responsabilidad central de legislar para garantizar estos principios, que son la base fundamental del Estado Social de Derecho.

El Artículo 95 impone a los ciudadanos el deber de «obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas», y este principio se extiende al rol del Congreso en la promoción de políticas que fomenten la cohesión y la solidaridad nacional. Su obligación fundamental está con el pueblo que les transfiere su poder para crear leyes y no con las personas jurídicas o naturales que aportan recursos económicos o materiales a las campañas.

Honorables congresistas de todas las vertientes ideológicas, su compromiso con el constituyente primario, es la de legislar para la paz, lo que implica la creación y promulgación de leyes que garanticen la equidad, la justicia social y ambiental, faciliten la implementación de los acuerdos de paz, promuevan la reconciliación y aseguren la justicia transicional. Para eso es que el pueblo les paga, para eso es que ustedes juraron ante la constitución y la ley, una vez tomaron posesión de su cargo.

La unidad nacional es otro mandato crucial para el Congreso. En una sociedad marcada por profundas divisiones políticas, sociales y económicas, es imperativo que el Congreso promueva la cohesión social y la inclusión. Su principal misión, en este sentido, es promover y garantizar el correcto trámite de las diferencias al seno del recinto del congreso y por fuera de este, buscando siempre anteponer los intereses de sus representados a los caprichos de su voluntad o a los intereses de la economía de mercado.

El Congreso debe cultivar los más altos valores democráticos y de comportamiento, independiente de lo fuerte que sean sus argumentos a favor o en contra de una propuesta legislativa. Imponer un punto de vista, una opinión o una propuesta, haciendo alarde, desde la cultura patriarcal, de la violencia física o verbal, le quita a los y las congresistas su autoridad moral y política para criticar o señalar cualquier acto violento de cualquier compatriota.

Necesitamos un Congreso que legisle a favor de la inclusión social y política, capaz de desarrollar, fortalecer y crear leyes que protejan y promuevan los derechos de las comunidades afrodescendientes, de los pueblos indígenas, de la población LGBTIQ+, de las mujeres, de las víctimas del conflicto armado, de los campesinos, pescadores, mineros, de empleados y trabajadores. El poder legislativo debe profundizar y garantizar, mediante una reforma política profunda, el ejercicio de la Democracia Directa y el poder soberano del pueblo contemplados en el artículo 3° de la Constitución.

El bienestar social es otro pilar importante en el mandato legislativo del Congreso, en correspondencia con el pacto político de 1991 y de los acuerdos de paz. Para asegurar el bienestar de todos y todas, sin privilegios de clase, estatus o cualquier otra consideración, el Congreso debe centrarse en este periodo que comienza, en garantizar el acceso universal y de calidad a servicios de salud y educación, la reforma rural integral, así como en promover leyes que fomenten el desarrollo económico sostenible, la reducción de la pobreza y el favorecimiento de la equidad en la distribución de los recursos.

Poniendo como ejemplo el proyecto de Ley de reforma a la salud, el legislativo debe prestar especial atención al proyecto de ley propuesto por las asociaciones de profesionales de la salud, para reglamentar la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015. Esta propuesta contempla, entre otras consideraciones, el desarrollo de un sistema público y descentralizado, con participación de entidades públicas, mixtas y privadas en la prestación de servicios, y garantizando que el sistema no esté a cargo de empresas con fines de lucro. Además, propone el acceso universal e igualitario, no condicionado a la capacidad de pago o afiliación, y garantizar a los trabajadores del sector salud condiciones laborales justas, dignas y estables, además de una política permanente de formación y actualización profesional.

El Congreso tiene la obligación constitucional de legislar para la paz, buscar la unidad nacional y promover el bienestar social. Esta legislatura debe abordar la discusión amplia y generosa de un proyecto de ley de sometimiento o acogimiento a la justicia, que le abra el camino a una solución negociada que beneficie a las comunidades en donde se imponen los grupos herederos del paramilitarismo. La paz integral, la paz con todos los grupos, la paz negociada requiere un congreso rodeando las mesas de negociación, proponiendo y exigiendo el respeto por la población civil y la instalación de diálogos regionales en donde la voz de la sociedad sea escuchada y genere compromisos vinculantes con los acuerdos a pactar.

El legislativo puede contribuir significativamente a la construcción de un país más justo, equitativo y en paz, y al logro de un nuevo Acuerdo Nacional que ponga en el centro la superación de la corrupción, la pobreza y el conflicto armado. Aunque el camino es arduo y lleno de desafíos, el compromiso y la acción decidida, uniendo voces, pueden llevar a Colombia hacia un presente mejor y un futuro más esperanzador.

Luis Emil Sanabria D.

Pequeñas Centrales Hidroeléctricas: ¿una solución sostenible para Colombia?

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jul 14, 2024. Publicado en Opinión.

Durante las primeras décadas del siglo XX, Colombia recurrió, en la gran mayoría de sus pueblos y ciudades, e incluso en las empresas y fincas productivas, a la generación de energía a través de pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH), mediante el aprovechamiento de caídas de agua. Nuestra topografía patria, en gran parte de su territorio, favorecía y aún favorece este amigable, sostenible y sustentable medio de producción energética. Esta práctica cayó en desuso durante la década de los 70, cuando se impusieron los grandes embalses.

El cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente provenientes de la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), han llevado a un aumento sin precedentes de la temperatura global. Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), para limitar el calentamiento global a 1.5°C por encima de los niveles preindustriales, es crucial reducir las emisiones de CO2 en aproximadamente un 45% para 2030, en comparación con los niveles de 2010, y alcanzar emisiones netas de cero para 2050. Es decir, aunque parece imposible de lograr, todavía la humanidad está a tiempo de revertir los impactos del uso de combustibles fósiles y evitar su posible extinción.

Colombia, a pesar de ser un país con una baja contribución a las emisiones globales de GEI (menos del 0.5%), ha sido proactiva en sus compromisos climáticos. La instalación de PCH representa una estrategia eficaz para disminuir la dependencia de los hidrocarburos, que aún representan una parte significativa de la matriz energética del país. Según el Ministerio de Minas y Energía, en 2019, el 65% de la energía eléctrica de Colombia provenía de fuentes hidroeléctricas, mientras que el restante 35% provenía de fuentes térmicas (cuyo principal combustible es el carbón) y renovables no convencionales (paneles solares, proyectos eólicos, etc.). Incrementar la proporción de energía hidroeléctrica mediante PCH puede contribuir significativamente a una reducción adicional de las emisiones de GEI.

La preocupación por el fuerte impacto ambiental de las grandes represas ha llevado a un creciente interés en las pequeñas centrales hidroeléctricas, que pueden operar con un menor impacto ecológico. Las PCH, a diferencia de las grandes infraestructuras hidroeléctricas, no requieren la construcción de grandes embalses que alteran drásticamente los ecosistemas fluviales. En lugar de ello, las PCH utilizan el flujo natural del río, minimizando la alteración del hábitat acuático y terrestre. Un impacto que puede ser balanceado si las empresas generadoras de energía realizan un mayor esfuerzo en términos de mitigación y de responsabilidad social empresarial.

Un estudio de la Universidad Nacional de Colombia destaca que las PCH pueden integrarse de manera más armónica con el medio ambiente, preservando la biodiversidad y garantizando el flujo ecológico necesario para la salud de los ecosistemas fluviales. Además, la regulación de caudales y la implementación de tecnologías de paso de peces son medidas que pueden adoptarse para mitigar aún más los impactos ambientales.

La instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas también puede ser un motor para el desarrollo tecnológico y la innovación en Colombia, pues no solo requieren ingeniería avanzada y soluciones tecnológicas adaptadas a las características específicas de cada ubicación, sino que también pueden ofrecer, reconociendo los derechos de los ríos y por supuesto de las comunidades como cuidadoras del agua o como habitantes de zonas de influencia de los ríos, oportunidades de fortalecimiento de las capacidades locales para generar ingresos sostenibles mediante proyectos económicos de carácter social en donde la misma empresa sea un acompañante decisivo, en términos económicos, tecnológicos y de mercadeo. Un gana-gana para el país, para la comunidad y para el sector privado que puede traducirse en un impulso significativo para la economía local y nacional.

Con algunos cambios normativos y tecnológicos, el desarrollo de PCH también puede asumir un fuerte componente social, posibilitando el desarrollo de otras fuentes energéticas alternativas a nivel rural, como los paneles solares y la electrificación de zonas rurales remotas. Según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), aproximadamente el 5% de la población colombiana no tiene acceso a electricidad. Las PCH pueden ser una solución eficiente y sostenible para cerrar esta brecha, facilitando la implementación de redes de telecomunicaciones. Esto no solo permite una mayor integración de estas comunidades en el tejido social y económico del país, sino que también abre nuevas oportunidades en educación, salud y comercio.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) resalta que el acceso a la electricidad y a las telecomunicaciones en zonas rurales es crucial para el desarrollo socioeconómico. No podrá haber una Reforma Rural Integral sin el acceso adecuado a la energía a nivel rural. La electrificación permite el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que son herramientas poderosas para la educación a distancia, la telemedicina y la promoción de pequeñas y medianas empresas.

Departamentos como Norte de Santander, Chocó, Cauca, Nariño, Bolívar, Cesar y Santander pueden convertirse en grandes generadores de energías limpias mediante este sistema. Las comunidades pueden tener un impacto positivo en su autonomía y fortalecimiento, los entes territoriales pueden recibir una no despreciable inyección de capital mediante las regalías, y el planeta podrá respirar un poco más si somos capaces de generar concertadamente, acudiendo al poder soberano del pueblo, acuerdos que beneficien a toda la sociedad.

La generación de energía debe ser democratizada, superando los monopolios reinantes en manos de Isagen, EPM, la Empresa de Energía de Bogotá, entre otros pocos, reduciendo vía competitividad y regulación los precios descomunales que este infortunado monopolio impone. Se podría pensar nuevamente en instalar PCH mediante alianzas público-privadas, en donde las asociaciones de municipios y las empresas criollas se conviertan en aliados estratégicos para generar la energía que su propio territorio requiere. La instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas en Colombia representa una solución integral a varios de los desafíos contemporáneos más apremiantes y el retorno de la soberanía que en esta materia se requiere para planificar acertadamente el territorio.

Tenemos la oportunidad de ser líderes regionales en la adopción de energías renovables a pequeña escala. Es fundamental que los gobiernos, motivados por un fuerte compromiso social, y el sector privado responsable socialmente a través de programas que hagan posible que los beneficios económicos de la actividad también lleguen a las comunidades, y una comunidad más proactiva y vigilante, trabajen juntos para impulsar esta transición energética, asegurando un futuro más sostenible y equitativo para todos los y las colombianas.

Luis Emil Sanabria D

Un acuerdo nacional para acabar con la exclusión

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jul 7, 2024. Publicado en Opinión.

En el actual contexto político y social de Colombia, es crucial reconocer la importancia de construir un acuerdo nacional que respalde las iniciativas de cambio estructural y avanzar en el objetivo de alcanzar una sociedad más justa y equitativa. Un acuerdo nacional no solo es vital para consolidar la gobernabilidad, sino también para abordar de manera efectiva las deudas históricas que el país ha acumulado desde antes de la promulgación de la Constitución de 1991 y luego de que esta entrara en vigor. A buena hora, el presidente Gustavo Petro designó al nuevo ministro del interior, Juan Fernando Cristo, como responsable de esta tarea.

Todas las expresiones sociales, políticas y económicas deben participar en espacios de diálogo, que hagan posible un nuevo acuerdo nacional con el fin de superar aspectos que ha socavado el progreso del país y que están relacionados, entre otros, con cuatro temas: la reforma política que reconozca la importancia del constituyente primario y su soberanía; la financiación de la educación pública, la investigación científica y tecnológica; la reforma agraria integral; y la garantía de derechos universales. Un acuerdo que debe cursar por diversas vías y a diferentes niveles, tanto territoriales como políticos y sociales, y que debe ser consolidado y refrendado haciendo uso de los mecanismos constitucionales, lo cual puede contemplar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

La Constitución Nacional, fruto del poder constituyente especialmente estudiantil y de los procesos de paz de finales de la década de los años 80 del siglo XX, nos prometió el desarrollo de la democracia participativa (democracia directa + democracia representativa); sin embargo, la democracia directa, el poder del constituyente y la soberanía que reside exclusivamente en el pueblo, en lugar de promoverse o garantizarse, han sido sobre reglamentados, debilitados y fraccionados, perdiendo su sentido como pilares esenciales para la construcción de una sociedad más democrática, inclusiva y justa.

La democracia directa empodera a los ciudadanos, aumenta su participación y asegura que las decisiones reflejen sus intereses y necesidades. Por su parte, el poder constituyente confiere una legitimidad democrática fundamental a las estructuras políticas y jurídicas, permitiendo la renovación y adaptación a nuevas realidades. A pesar de los desafíos que ambos conceptos pueden presentar, su correcta implementación y desarrollo pueden transformar positivamente la vida política y social de un país como el nuestro, inmerso en fenómenos como la corrupción, el narcotráfico, y en un conflicto armado interno que anualmente cobra cientos de vidas.

Otro de los pilares fundamentales de la Constitución fue la promesa de desarrollar progresivamente un sistema educativo público robusto, con un fuerte componente investigativo y accesible para todos los colombianos. No obstante, las sucesivas contrarreformas han despojado a la educación pública de más de 300 billones de pesos, erosionando significativamente su calidad y accesibilidad. Este desfinanciamiento no solo atenta contra el mejoramiento de la calidad de los docentes y el derecho a la educación en general, sino que también perpetúa la desigualdad social y limita las oportunidades de desarrollo personal y profesional de millones de colombianos y colombianas, lo cual es bastante lamentable en momentos históricos de la globalización, el desarrollo de tecnologías para la informática y las comunicaciones y la llamada sociedad del conocimiento.

La reforma agraria, situada en el centro de la conflictividad social y política, es otro aspecto crucial que la Constitución de 1991 pretendió abordar de manera decidida. Sin embargo, las contrarreformas han anulado los mecanismos necesarios para su implementación efectiva. La distribución equitativa de la tierra sigue siendo una promesa incumplida, perpetuando la desigualdad y la violencia en las zonas rurales.

La concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes y su escaso desarrollo productivo, han sido barreras persistentes para la justicia social y el desarrollo económico en el campo colombiano. Según la Comisión de la Verdad, la concentración de la tierra es uno de los factores estructurales del conflicto colombiano. Un acuerdo nacional que apoye la implementación de una verdadera reforma agraria es esencial para lograr una paz duradera y el desarrollo sostenible en las zonas rurales.

La mercantilización de derechos fundamentales como la salud, la vivienda y la seguridad social ha creado barreras significativas para su acceso, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad. La Constitución también buscaba garantizar derechos universales para todos los colombianos. No obstante, estos derechos se han transformado en mercancías que generan grandes negocios, alejándose de su propósito original de garantizar el bienestar humano. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, miles de colombianos han muerto por falta de atención médica oportuna debido a las barreras impuestas por el sistema.

El Congreso colombiano ha fallado en desarrollar órdenes expresas de la Constitución en estos 33 años. La ley orgánica de ordenamiento territorial sigue siendo la de 1886, lo que demuestra una falta de actualización y adaptación a las necesidades contemporáneas del país. La reforma a la justicia, la reforma política y electoral ordenada por el Acuerdo de Paz de 2016, por ejemplo, aún no se han materializado, lo que evidencia una grave negligencia legislativa.

La igualdad de género también sigue siendo una deuda pendiente. A pesar de los avances legislativos, las mujeres continúan enfrentando discriminación en diversos ámbitos de la sociedad y el estado. Las minorías étnicas, sexuales y culturales siguen siendo marginadas y discriminadas. El Acuerdo de Paz con las FARC-EP no ha sido implementado de manera adecuada en aspectos cruciales como el progreso económico y social de los territorios excluidos. La implementación incompleta de este pacto ha limitado que Colombia avance hacia una paz definitiva y sostenible.

La crisis climática es otro desafío de gran envergadura que demanda un ordenamiento territorial alrededor del agua y la liberación de sus espacios. Colombia, siendo uno de los países más biodiversos del mundo, enfrenta graves amenazas debido al cambio climático, que afectan especialmente a las comunidades rurales y a los ecosistemas estratégicos. Un acuerdo nacional en la implementación de políticas ambientales sostenibles es esencial para mitigar los efectos del cambio climático, proteger los recursos naturales del país y aprovecharlos adecuadamente.

Finalmente, el camino de la paz definitiva es fundamental para sanar las heridas del conflicto armado y construir una sociedad más justa y equitativa. La reconciliación nacional requiere un compromiso genuino con la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas del conflicto. Un acuerdo nacional que respalde estos esfuerzos es crucial para avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y en paz, abordando de manera integral los desafíos históricos y contemporáneos que enfrenta la nación.

Luis Emil Sanabria Durán

Libertad de prensa y figura presidencial: Pilares de la democracia en colombiana

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jul 2, 2024. Publicado en Opinión.

En una sociedad democrática, aún con las fallas que en esta se evidencien, como es el caso de Colombia, la libertad de prensa se constituye en uno de los pilares fundamentales para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de los ciudadanos a estar informados. En Colombia, este derecho enfrenta desafíos considerables, especialmente en un contexto político polarizado y cargado de tensiones.

Desde el inicio de su gobierno, el presidente Gustavo Petro, la mayoría de sus ministras y ministros, sus colaboradores cercanos y la bancada de congreso del Pacto Histórico, han sido objeto de intensas críticas y ataques, lo que ha avivado el debate sobre la libertad de expresión y el papel de los medios de comunicación en la democracia y especialmente en una sociedad como la nuestra victimizada por un conflicto armado interno.

La libertad de prensa es un derecho consagrado en la Constitución Política de Colombia. Esta libertad no solo es vital para el funcionamiento de una democracia medianamente saludable, sino que también es esencial para la protección de otros derechos humanos, la convivencia y la reconciliación. Una prensa libre y vigorosa, alejada de la oferta y la demanda que impone la economía de mercado, permite a la ciudadanía acceder a información precisa y oportuna, fomentando la participación y facilitando el control social sobre los poderes públicos y privados.

La libertad de prensa en Colombia no está exenta de amenazas y de riesgos. Hace apenas unos días fue asesinado el comunicador popular y líder social Jorge Méndez “JEYKON”, en el corregimiento de La Gabarra en Norte de Santander. En Colombia, los y las periodistas y los medios de comunicación, en especial los que se encuentran anclados a los territorios, a la defensa de la paz, del medio ambiente, y a la promoción de los derechos humanos, han enfrentado históricamente riesgos significativos, desde la censura y la intimidación hasta la violencia física y la muerte.

No es ningún secreto que, desde su elección, el presidente Gustavo Petro, conocido por su trayectoria en la lucha por los derechos humanos, la paz, la justicia social y la denuncia de fenómenos como el narcotráfico y la parapolítica, ha propuesto una serie de reformas ambiciosas destinadas a reducir la desigualdad y promover un desarrollo sostenible en Colombia. En sus casi dos años de gobierno, el presidente y sus colaboradores han sido blanco de una serie de cuestionamiento y ataques, algunos planteados con respeto y decoro, y otros, en muchos casos, han cruzado la línea de la crítica legítima para convertirse en campañas de desinformación y difamación.

Era apenas esperable que las iniciativas de cambio del actual gobierno, se recibieran con escepticismo y oposición por parte de sectores tradicionales que ven amenazados sus intereses. La prensa, que debería ser un espacio para el debate constructivo y la información veraz, en ocasiones ha caído en la trampa de la parcialidad y la manipulación, presentando a Petro y sus políticas de manera distorsionada. Su labor no debe ser la de servir como herramientas de poder para intereses particulares, sino la de informar con veracidad, imparcialidad y equilibrio.

Esta acción sistemática por parte de algunos medios de comunicación, la mayoría pertenecientes a empresas económicas, han recibido en múltiples ocasiones la crítica directa del primer mandatario y de algunos de sus colaboradores más cercanos, cayendo en una seguidilla de señalamientos y retaliaciones poco benéficas para la democracia y el debate respetuoso.

Es esencial que los periodistas y los medios ejerzan su labor con ética y profesionalismo, resistiendo las presiones y amenazas que puedan enfrentar. La independencia editorial es clave para mantener la credibilidad y la confianza del público. Igualmente, importante es que el Estado, en cabeza de su jefe natural, en este caso, el mismo Presidente de la República, garantice la seguridad de los periodistas y el libre ejercicio de su profesión.

Uno de los mayores desafíos en la actualidad es la proliferación de campañas de desinformación. Estas campañas, a menudo orquestadas con fines políticos o económicos, buscan manipular la opinión pública y desacreditar a figuras públicas. La desinformación no solo socava la confianza en las instituciones democráticas, sino que también polariza a la sociedad y dificulta la resolución de los problemas reales.

La crítica constructiva es un componente esencial de la democracia, y todo funcionario público, en especial los y las elegidas mediante el voto popular, deben asumirla con respeto, para evaluar sus políticas y rectificar sus actuaciones. Sin embargo, cuando la crítica se convierte en ataque infundado y difamación, pierde su valor y se transforma en una amenaza para la convivencia democrática.

En última instancia, una Colombia más justa, equitativa y democrática solo puede construirse sobre la base del respeto mutuo, la transparencia y el compromiso con la verdad. La defensa de la libertad de prensa y de la figura presidencial en el contexto actual de Colombia es una defensa de la democracia misma. La libertad de prensa debe ser protegida y fortalecida, garantizando que los medios de comunicación puedan desempeñar su papel fundamental sin temor a represalias. Al mismo tiempo, es necesario que los medios y los ciudadanos ejerzan su derecho a la crítica de manera responsable y fundamentada.

Luis Emil Sanabria D.

Atacar la construcción de paz, un acto de perfidia

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jun 23, 2024. Publicado en Opinión.

Es innegable que la construcción de paz en Colombia no transita, como algunos deseamos, por una alfombra roja pletórica de buenos momentos, de aplausos y de abrazos. Seguramente, porque no se está dialogando con hermanitas de la caridad, buscando apoyar una casa de acogida para niños y niñas huérfanas, sino con hombres y mujeres alzadas en armas, entrenados para combatir, capaces de arriesgar su vida y de quitar vidas.

Mujeres y hombres, nacidos y criados en Colombia, en entornos sociales que, en la mayoría de los casos, se han naturalizado la pobreza, la desigualdad, la injusticia, la corrupción, la falta de oportunidades educativas, el narcotráfico y otras expresiones de violencias. De allí la importancia de la paz dialogada, de la paz concertada, incluyente, transformadora, integral, la paz con todos los grupos armados, la paz con la naturaleza y la paz entre todos y todas.

La historia de Colombia ha estado marcada por décadas de conflicto armado, violencias y sufrimientos, por decenas de acuerdos de paz y de amnistías, la mayoría incumplidas. Sin embargo, a pesar de las dificultades, muchos y muchas seguimos soñando con ver surgir de nuestras voluntades una Colombia en paz y reconciliada. Los últimos esfuerzos de paz nos llevaron a la firma del Acuerdo con las FARC en 2016, hecho que se convirtió, en un hito histórico, que debemos seguir acompañado, respaldando y cumpliendo.

Miles de hombres y mujeres excombatientes de las FARC se la juegan en campos y ciudades para rehacer su vida, y a los cuales hay que brindarles más y mejores oportunidades. La reforma agraria avanza, no con la velocidad y la profundidad que quisiéramos, pero si con la certeza de que ese es un camino indispensable para la paz. Los valiosos mecanismos de justicia transicional han aportado profundamente a superar la impunidad y a reparar a las víctimas.

El gobierno de Colombia está inmerso en negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las dos disidencias de las FARC, y aunque un poco descuidados, se mantienen escenarios para la paz urbana en Medellín, Cali y Buenaventura, todas en el marco del proceso de Paz Total. Son seis mesas de diálogo que seguramente desactivarán la violencia armada en importantes ciudades regiones del país, pero no suficientes si queremos gozar a plenitud, la inmensidad de nuestro país.

Las negociaciones vigentes son esenciales para el presente y el futuro, pero deben complementarse lo más pronto posible con la instalación de otros procesos. Debemos hacer todos los esfuerzos políticos y jurídicos, para que los grupos herederos del paramilitarismo como las ahora autodenominadas Ejército Gaitanista de Colombia y los Conquistadores de la Sierra Nevada, se encaucen por el camino de la negociación de paz.

Sin embargo, es necesario recordar que el concepto de Paz Total o Paz Integral, va más allá de la firma de acuerdos. Se trata de una visión que busca profundizar en las raíces del conflicto y construir soluciones. La Paz Total no se centra solo en desarmar a los grupos armados, sino también en transformar las condiciones sociales, económicas y políticas que han perpetuado el conflicto y esa es la “magia” que hay que entender, reconocer y respaldar, aspiración que algunos critican porque su mezquindad no les permite pensar generosamente.

Las negociaciones de paz son el camino más efectivo para reducir la violencia. La historia ha demostrado que la confrontación militar perpetúa el ciclo de muerte y destrucción. Dialogar políticamente con el ELN y las disidencias de las FARC, establecer diálogos socio jurídicos con los grupos herederos del paramilitarismo y las bandas criminales, puede conducir a un cese al fuego multilateral y, eventualmente, al fin de las hostilidades. Esto no quiere decir, que automáticamente desaparezcan todos los grupos armados y bandas delincuenciales de nuestro territorio, pero si, que se desactiven los principales focos de confrontación.

La paz es un requisito indispensable para el desarrollo económico y social, para la profundización de la democracia, la participación ciudadana y la soberanía del pueblo. Las regiones antes afectadas por el conflicto pueden comenzar a construir o implementar planes de vida a largo, mediano y corto plazo, mejorar su infraestructura, ofrecer oportunidades de empleo y educación, mejorar el servicio de salud, promover la minería responsable, legal y tradicional, proteger el medio ambiente y generar energías limpias.

La paz permite que las víctimas reciban reparación integral y justicia. La verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto es esencial para sanar las heridas y construir una sociedad reconciliada. Las negociaciones deben seguir incluyendo mecanismos de justicia transicional para balancear la justicia y la paz. El proceso debe retomar su sentido, promover la acción ciudadana, llamar al respeto del Derecho Internacional Humanitario y defender sin ambages los Derechos Humanos.

Aunque el Estado no debe ni puede renunciar al uso de la fuerza legítima, su prioridad debe seguir siendo la defensa de la vida, el cuidado de la ciudadanía y la acción integral en el territorio. Esto implica un trabajo de gobierno coordinado y sostenido a nivel regional, con más y mejor inversión social, promoviendo el encuentro permanente de la ciudadanía para construir mediante diálogos regionales, los acuerdos, los planes y programas que permitan superar la exclusión y la pobreza extrema. Diálogos en los cuáles deben participar los empresarios interesados en promover la producción y generar riqueza, si verdaderamente tienen interés en construir paz.

Para que el proceso de Paz Total sea exitoso, es fundamental contar con el apoyo de toda la sociedad colombiana, movilizándose y actuando en campos y ciudades. Es increíble que mientras las comunidades, las organizaciones sociales y el gobierno nacional hacen esfuerzos hacia la paz, algunos sectores políticos, económicos y sociales, amplificados por algunas empresas de comunicaciones, se dediquen a buscar y magnificar las fallas del proceso y exacerbar con sus relatos la violencia y la polarización. Optan por la perfidia y la traición al pueblo, buscando solo su beneficio económico o la defensa de posiciones dogmáticas.

Debemos unirnos en torno a la causa de la paz. La Paz Total no es un sueño inalcanzable, sino una meta que, con esfuerzo y compromiso, puede convertirse en realidad. Colombia merece la oportunidad de vivir en paz, y todos debemos ser parte de este gran esfuerzo que se teje a diario con mano ciudadana.

Luis Emil Sanabria D.

El debate de las reformas pensional y de educación: cambios y desafíos

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jun 16, 2024. Publicado en Opinión.

Se aprobó la Reforma Pensional, un acuerdo que intenta ponerle fin a las inequidades de un sistema pensional que afecta a las mayorías de colombianos y colombianas, en especial a quienes nunca fueron vinculados a un régimen que les garantizara una vejez en condiciones de dignidad y buen vivir. Qué bueno que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República se hayan comprometido a fondo con este anhelo del pueblo trabajador y de la sociedad en general. Hay que festejar esta reforma que se constituye en un paso seguro hacia la consolidación de la paz y la reconciliación nacional.

Ojalá recapaciten quienes se resisten a las soluciones que benefician a los más necesitados y podamos enfrentar los desafíos profundos que amenazan la sostenibilidad y la equidad de las jubilaciones. La reforma pensional ha sido una propuesta recurrente en la agenda política buscando abordar problemas como la cobertura insuficiente, la informalidad laboral y la desigualdad en la distribución de beneficios. Esta nueva ley puede abrir el camino a un Gran Acuerdo Nacional que nos permita avanzar con menos incertidumbre hacia un Estado Social de Derecho fortalecido.

El sistema pensional colombiano caracterizado por una dualidad entre el Régimen de Prima Media (RPM) administrado por Colpensiones y el Régimen de Ahorro Individual (RAI) gestionado por fondos privados, ha generado varias ineficiencias y profunda desigualdad, pues solo alrededor del 25% de los adultos mayores reciben una pensión. La cobertura baja se debe en parte a la alta informalidad laboral que impide a muchos trabajadores contribuir consistentemente al sistema.

La estructura actual beneficia desproporcionadamente a quienes reportan altos ingresos, y pueden aportar más y, por ende, recibir a futuro pensiones más altas. Esto perpetúa las desigualdades socioeconómicas en lugar de mitigarlas. El RPM, basado en un esquema de reparto, enfrenta presiones demográficas debido al envejecimiento de la población. La relación entre cotizantes y pensionados se ha deteriorado, poniendo en riesgo la viabilidad a largo plazo del sistema.

Una de las aspiraciones fundamentales de la reforma es ampliar la cobertura del sistema pensional. En Colombia, lamentablemente una gran parte de la población no tiene acceso a una pensión en su vejez, especialmente en lo que se conoce como el sector informal; en ese sentido, la reforma busca integrar a más trabajadores al sistema, asegurando que una mayor cantidad de personas puedan acceder a beneficios pensionales.

La nueva reforma introduce mecanismos para crear un sistema más equitativo, redistribuyendo los recursos de manera más justa, favoreciendo a los trabajadores de menores ingresos y a los más vulnerables, como las mujeres y los trabajadores informales. Paralelamente se busca garantizar que el sistema sea viable a largo plazo. Esto incluye ajustes en la edad de jubilación, modificaciones en las tasas de cotización y cambios en la fórmula de cálculo de las pensiones, lo que ayuda a equilibrar los ingresos y egresos del sistema; sin embargo, ese llamado largo plazo se podrá ver reducido si Colombia se enruta por el camino de la producción, fortaleciendo las empresas grandes, medianas y pequeñas, lo cual exigirá abordar soluciones al dilema, tecnologías versus mano de obra, o visto de otro modo, aumento de la producción y la competitividad, vía adopción de la automatización, versus, detrimento de la generación de empleo o reducción del horario laboral, etc.

Uno de los pilares en que se apoya a reforma es el pilar solidario que asegura un ingreso básico para aquellos que no logran cumplir con los requisitos mínimos para una pensión, proveyendo una red de seguridad que aporta a la disminución gradual de la pobreza en la vejez. Esto es crucial en un país con altos niveles de informalidad laboral, de inequidad y de empobrecimiento. Al promover y establecer beneficios más accesibles y justos, la reforma incentiva que los y las trabajadoras informales legalicen sus actividades laborales al ver un sistema pensional que les ofrece una seguridad real.

En respuesta a los cambios demográficos, en una sociedad en donde se evidencia el envejecimiento de la población, es apenas necesario ajustar las edades de jubilación y las tasas de cotización para asegurar que el sistema pueda soportar la carga futura de pensionados; si bien, toda reforma trae consigo desafíos y resistencia, los beneficios aprobados en estos cambios podrían tener un impacto positivo significativo en la calidad de vida de los futuros pensionados colombianos.

Por otro lado, mientras se aprobaba la Reforma Pensional, en un claro paso hacia delante en materia de equidad, desarrollo y paz, FECODE prendió las alarmas sobre algunos componentes regresivos planteados en el proyecto de Ley de Educación. Al parecer, artículos importantes del proyecto son contrarios a los anhelos de cambio y justicia social de las mayorías y no contribuyen a la construcción de la paz y el desarrollo humano sostenible.

El proyecto de ley propone componentes que, podrían facilitar la participación del sector privado en la gestión y financiación de las escuelas públicas, lo que conduciría a una mercantilización de la educación. Las instituciones educativas públicas, especialmente en áreas rurales y marginadas, podrían verse desatendidas mientras que los recursos se desvían hacia iniciativas privadas. Esto contraviene el principio de equidad en la educación y puede exacerbar las brechas socioeconómicas, aumentando la pobreza e incentivando la deserción escolar.

El proyecto introduce nuevos criterios de evaluación y desempeño para los docentes, que FECODE considera punitivos y descontextualizados. Evaluar a los docentes de manera uniforme sin tener en cuenta las condiciones en las que trabajan, especialmente en un país azotado por la violencia armada, podría resultar en sanciones injustas y desmotivación, afectando negativamente el desempeño educativo general. No se hace énfasis, como se requiere, en la necesidad de asumir por parte del Estado, el mejoramiento de las capacidades pedagógicas, temáticas y logísticas de los educadores.

Finalmente, entre otras consideraciones el proyecto de ley no garantiza una financiación adecuada y sostenida para el sistema educativo, lo que podría afectar la calidad de la enseñanza y las condiciones laborales de los docentes. La falta de recursos adecuados podría llevar a un deterioro en la infraestructura educativa, materiales didácticos insuficientes y salarios inadecuados para los docentes.

Ojalá se reconozca la importancia que tiene para el presente y el futuro una reforma educativa acorde a las necesidades reales del país que beneficie principalmente a los y las estudiantes. Sin una reforma educativa profunda, democrática, progresista, que haga posible el surgimiento de un ser humano nuevo, capaz de comprometerse con la paz y la justicia social, el sueño de un mejor país se aleja cada día más.

Luis Emil Sanabria D