Etiqueta: Luis Emil Sanabria

La baja natalidad como oportunidad para el planeta

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Sep 28, 2025. Publicado en Opinión.

En distintas partes del mundo se repite la advertencia de que la disminución de la natalidad y el envejecimiento de la población representan una amenaza para el desarrollo económico. En Colombia la discusión no es ajena, la tasa de natalidad bruta en 2023 fue de 13,48 nacimientos por cada 1.000 habitantes y la tasa de fecundidad actual apenas alcanza 1,1 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1. Las cifras muestran que en 2024 se registraron cerca de 453.901 nacimientos, lo que significa un 12 por ciento menos que en 2023 y una caída del 31 por ciento respecto a 2015.

Frente a estos datos algunos insisten en que el país estaría condenado a una “crisis demográfica” que pondría en jaque al sistema productivo y de seguridad social. Sin embargo, este planteamiento encierra un falso dilema. Lo que realmente debería preocuparnos no es que nazcan menos niños, sino que persista un modelo de desarrollo económico basado en la expansión sin límites que choca de frente con la sostenibilidad del planeta.

Más población significa mayor presión sobre ecosistemas frágiles como el Amazonas, la Sierra Nevada o los páramos. También implica más consumo de energía, más residuos y una huella ambiental que la Tierra no puede soportar. La reducción del número de nacimientos puede contribuir directamente a disminuir la huella de carbono, pues menos población implica menores niveles de emisiones, un consumo de recursos más controlado y un aporte significativo a la lucha contra el calentamiento global. En ese sentido la baja natalidad no es una amenaza sino una oportunidad para reorganizar nuestras prioridades hacia economías centradas en la innovación, la redistribución justa y el bienestar humano, en lugar de medir el progreso por la simple suma de habitantes y mercancías producidas.

La abundancia de mano de obra en las últimas décadas ha permitido normalizar la explotación laboral, los bajos salarios y la precariedad, mientras el crecimiento económico se ha sostenido en la extracción intensiva de recursos naturales. Una sociedad con menos nacimientos puede abrir paso a otra lógica que apueste por empleos de calidad, que garantice sistemas de protección para los adultos mayores y que reconozca que el verdadero desarrollo radica en mejorar la calidad de vida y no en multiplicar la población.

Este escenario abre además una necesidad impostergable, fortalecer la inversión social, la salud preventiva y la educación pública de calidad, especialmente en zonas apartadas donde la juventud enfrenta desigualdades históricas. Si Colombia logra ampliar su red de hospitales y centros de salud con enfoque preventivo, garantizar oportunidades educativas dignas y pertinentes y crear condiciones que devuelvan la esperanza a las y los jóvenes, el país podrá romper con los ciclos de pobreza y violencia que han marcado su historia. Menos nacimientos no significan menos futuro siempre y cuando sepamos invertir en quienes ya están aquí y en mejorar sus condiciones de vida.

Me alegra también por las mujeres y por sus derechos, porque poco a poco se están acabando aquellas “paridoras” sometidas que no descansaban en su vida de criar y lactar en detrimento de sus sueños personales. La baja natalidad les abre horizontes de autonomía, libertad y realización, rompiendo con un mandato cultural que las confinó durante siglos a la reproducción y al sacrificio silencioso.

Es hora de que el Estado y la sociedad colombiana asuman esta realidad demográfica como una oportunidad y no como una amenaza. Deben dejar de lado las recetas cortoplacistas que buscan impulsar la natalidad a toda costa y comprometerse a construir un modelo social y económico que garantice dignidad, equidad y sostenibilidad. Apostar por un país que reduzca su huella de carbono, que aporte a frenar el calentamiento global y que invierta en el bienestar integral de sus habitantes es la mejor manera de preparar a Colombia para el mañana.

Al final algunos perderemos el goce de ver crecer y jugar con los nietos, pero tal vez la humanidad se salve de tanto “criao de abuela” y de la carga insoportable de una sobrepoblación que ya no tiene cómo sostenerse.

Luis Emil Sanabria D

Una oportunidad para Colombia y el mundo

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Sep 21, 2025. Publicado en Opinión.

La reciente descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas, propia de los modelos neocoloniales, no debe verse como una sanción diplomática. Más bien se abre una valiosa oportunidad para colocar en la agenda internacional un debate impostergable. Se trata de la necesidad de avanzar hacia la legalización y regulación de las drogas, en especial de la cocaína, como mecanismo para contrarrestar su proliferación, el daño ambiental y su innegable vinculación a la violencia armada que sacude a Colombia, a la región andina, a Centroamérica y el Caribe

Durante décadas la política de certificación estadounidense ha estado ligada a una estrategia fallida basada en la represión a los cultivadores de coca, la militarización de los territorios y la persecución punitiva. Los resultados son evidentes. Miles de campesinos y campesinas siguen atrapados en la economía ilícita, la violencia armada se recicla periódicamente, las mafias del narcotráfico se adaptan con mayor sofisticación y con tecnología importada, y los daños a la sociedad y al medio ambiente se multiplican sin control.

En este contexto hay quienes siguen clamando por volver al uso indiscriminado del glifosato en fumigaciones aéreas, que causan un grave deterioro ambiental. La contaminación de fuentes hídricas, la pérdida de biodiversidad y los impactos en la salud de las comunidades rurales han sido documentados durante años. Lejos de resolver el problema de los cultivos ilícitos, esta práctica profundizó la crisis humanitaria y ecológica, dejando a su paso suelos infértiles, enfermedades respiratorias y dermatológicas, y un resentimiento social que agudizó la desconfianza hacia las instituciones.

El fracaso de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito también debe entenderse dentro de este contexto. Las iniciativas para reemplazar la coca por proyectos productivos alternativos han tropezado con obstáculos estructurales. La oposición constante de sectores económicos rentistas de la tierra ha bloqueado la posibilidad de una verdadera reforma rural. A esto se suma la aún insuficiente inversión estatal en recursos para hacer productivo el campo, garantizar acceso a crédito, vías, asistencia técnica y mercados. Sin estas condiciones las comunidades rurales han seguido atrapadas en los cultivos de coca para fines ilícitos como única opción de subsistencia, perpetuando el círculo de ilegalidad y violencia.

Además de los factores estructurales, existen dificultades culturales, económicas y tecnológicas que limitan la posibilidad de que millones de campesinos y campesinas rompan con la dependencia del cultivo de coca. En muchos territorios el cultivo de coca es un saber acumulado y transmitido por generaciones, un conocimiento práctico que facilita su cultivo en condiciones adversas donde otros productos no prosperan. Económicamente la coca ofrece un ingreso rápido y seguro frente a los largos ciclos de producción de otros cultivos que además carecen de mercados garantizados. Tecnológicamente las comunidades enfrentan carencias en maquinaria, infraestructura de transformación y acceso a la innovación agrícola, lo que impide competir en condiciones de igualdad con la economía ilícita. Esto explica por qué el abandono de la coca no puede plantearse como una decisión voluntaria aislada, sino como un proceso que requiere transformaciones profundas en las estructuras de desarrollo rural y en las políticas estatales.

El narcotráfico mantiene una relación directa con el lavado de activos que penetra los sistemas financieros, con el contrabando y la corrupción que debilita las instituciones democráticas. Está vinculado al tráfico de armas y municiones que alimenta la capacidad bélica de los grupos ilegales y a la trata de personas que convierte la vulnerabilidad en mercancía. Se articula también con la minería ilegal que devasta ríos y territorios, con la deforestación que destruye ecosistemas vitales y amenaza la Amazonía, y con el tráfico de especies protegidas que empobrece la biodiversidad.

La muerte sistemática de líderes y lideresas sociales que luchan por la tierra, el medio ambiente y la paz constituye una tragedia nacional que evidencia la estrecha relación entre el narcotráfico, las economías ilegales y el silenciamiento de las voces comunitarias. Todos estos factores son motores de violencia regional, de altas tasas de asesinatos y desapariciones forzadas, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de la perpetuación de la pobreza multidimensional en amplias zonas del país

Los informes oficiales y académicos coinciden en señalar que la guerra contra las drogas ha fracasado. Pese a las inversiones multimillonarias de Estados Unidos en programas como el Plan Colombia y sus sucesores, las hectáreas cultivadas con coca no han desaparecido, la producción global de cocaína ha aumentado y los grupos armados encuentran en esta economía ilegal un combustible para perpetuar el conflicto.

La descertificación puede entenderse entonces como un punto de inflexión. Lejos de aceptar pasivamente una política impuesta, Colombia puede asumir un liderazgo internacional proponiendo un viraje necesario y urgente que lleve a pasar de la represión a la regulación. Así como ocurrió con el debate mundial sobre la marihuana, la cocaína debe discutirse bajo parámetros de salud pública, derechos humanos, reducción de daños y desarrollo alternativo, y no desde la lógica militar y punitiva. Una legalización regulada, acompañada de políticas de prevención y atención al consumo, tendría la capacidad de debilitar los ingresos de las mafias, reducir la violencia en los territorios y abrir nuevas vías de desarrollo para comunidades campesinas e indígenas históricamente estigmatizadas y criminalizadas.

La descertificación debería convertirse en un catalizador de una discusión global que convoque a Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, a organismos de salud pública, a expertos académicos y a organizaciones sociales. Colombia no puede ni debe cargar en solitario con el costo de una política fallida que se originó en Washington. El problema es mundial y la solución debe serlo también. Lo que a primera vista parece un golpe diplomático puede transformarse en una oportunidad histórica. El reto consiste en replantear la política global de lucha contra las drogas, abandonar un modelo represivo que ya demostró su ineficacia y abrir paso a un paradigma regulatorio más humano, más justo y más eficaz.

Luis Emil Sanabria D

La paz necesita ser reparada

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Sep 14, 2025. Publicado en Opinión.

La Semana por la Paz 2025 llegó a su edición número 38, y lo hizo en medio de un país que todavía busca sanar heridas, superar violencias y construir caminos de reconciliación. En cada rincón de Colombia, la sociedad civil ha tejido acciones colectivas que, con creatividad y convicción, demuestran que la paz no una práctica cotidiana que se siembra en el territorio. El lema “Arropamos la Vida con Dignidad y Esperanza” ilumina con fuerza el sentido profundo de las iniciativas ciudadanas.

Arropar significa cobijar, proteger, acoger, asumir una actitud ética frente al cuidado de la vida en todas sus formas. Las organizaciones sociales se convierten en ese manto protector que resiste la indiferencia y el olvido. Arropamos la vida cuando defendemos los ríos de la contaminación, cuando organizamos mingas solidarias para quienes han sido desplazados, cuando pintamos murales de memoria en las paredes de los barrios.

La vida, en su dimensión integral, es la razón y el fin de toda acción por la paz. No solo hablamos de la vida humana, sino también de la vida de los territorios, de los ecosistemas, de las culturas que hacen de Colombia un país diverso. Defender la vida es exigir que cesen los asesinatos de líderes sociales, que no se arranquen los sueños de las juventudes, que no se repitan las violencias que han marcado nuestra historia.

La dignidad es la base de la justicia social. No basta con sobrevivir; se trata de vivir con derechos garantizados, con acceso a la educación, a la salud, a una vivienda digna y a la participación ciudadana. La dignidad exige que la voz de las comunidades sea escuchada en la toma de decisiones, que los acuerdos de paz se cumplan y que los territorios no sigan siendo sacrificados en nombre de la guerra o del extractivismo.

La esperanza es el motor que mantiene vivas las luchas. No es ingenuidad, sino la certeza de que un futuro distinto es posible si se trabaja colectivamente. Es la esperanza de madres que buscan a sus hijos desaparecidos, de jóvenes que apuestan por el arte y el deporte en lugar de las armas, de comunidades que reclaman el derecho a permanecer en su tierra. La esperanza es la semilla que florece en medio de la adversidad, es la fuerza presente que mueve millones de almas.

La seguridad humana que potencia estos valores, abarca la perspectiva de vivir libres del miedo, de la necesidad y de la humillación. Es la garantía de que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida sin amenazas contra su integridad física, sin hambre ni pobreza extrema, y sin exclusiones que nieguen su condición de sujeto de derechos. La seguridad humana se hace posible cuando existen protección y garantías efectivas. Protección para las comunidades y líderes sociales frente a la violencia, y garantías para el ejercicio pleno de los derechos humanos, la participación democrática, el acceso a la justicia y a los bienes básicos de la vida.

La paz en Colombia, tantas veces firmada y tantas veces incumplida, necesita ser reparada. Hay que recomponer confianzas rotas, sanar la memoria de las víctimas, restituir derechos, reconstruir territorios arrasados por la violencia y transformar las estructuras de desigualdad que mantienen vivas las causas del conflicto. Reparar la paz significa también aprender a tomar el presente y el futuro en nuestras manos, como sociedad que no delega su destino, sino que lo construye activamente en la vida diaria.

La paz exige la disposición a renunciar a privilegios en favor del bien común. Quienes han disfrutado históricamente de posiciones de poder, riqueza o influencia deben comprender que la reconciliación real solo será posible si hay redistribución de oportunidades y garantías para todas las personas. Se trata de ganar juntos en justicia social, equidad y democracia. Una paz verdadera se sostiene cuando cada persona goza plenamente de sus Derechos Humanos y cuando la sociedad se compromete a hacer de la igualdad una práctica y no un discurso.

La Semana por la Paz es un clamor dirigido a quienes tienen en sus manos grandes responsabilidades. A los actores armados, para que escuchen a la gente y cesen sus acciones violentas que siembran dolor y desarraigo. La paz se conquista con el respeto a la vida y con voluntad de diálogo. A los ricos y poderosos, para que piensen más en el bienestar de los más necesitados y menos en el incremento de sus fortunas. A los corruptos, para que depongan el saqueo de lo público que condena a millones a la pobreza. A los políticos, para que piensen más en la solución de los problemas y menos en la defensa de sus posiciones ideológicas o privilegios partidistas.

La Semana y el Mes por la Paz 2025 nos recuerda que la paz es un tejido plural, construido colectivamente, con acciones diversas que van desde un festival cultural hasta una marcha silenciosa, desde una oración colectiva hasta un acuerdo comunitario de convivencia. En cada gesto ciudadano late la convicción de que Colombia puede convertirse, finalmente, en un país capaz de elegir el bien común sobre el privilegio, y la vida sobre la violencia.

Luis Emil Sanabria D.

La negación de medicamentos, una responsabilidad de vida

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Sep 7, 2025. Publicado en Opinión.

El acceso a los medicamentos esenciales es uno de los pilares del derecho fundamental a la salud. En Colombia ese derecho está reconocido en la Constitución y en la Ley Estatutaria de Salud. Sin embargo, para miles de usuarios de la Entidad Promotora de Salud (EPS) FAMISANAR, entre otras, este reconocimiento no pasa de ser un enunciado vacío. La negación reiterada de medicamentos básicos refleja la incapacidad de la entidad para responder de manera digna y oportuna a las necesidades de los pacientes.

Negar medicamentos significa condenar a los enfermos a vivir bajo el riesgo permanente de complicaciones graves. Una persona hipertensa que no recibe su tratamiento puede sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular. Un diabético sin insulina o hipoglicemiantes orales está expuesto a daños irreversibles en la visión, el riñón o el sistema circulatorio. Un paciente con prostatitis, al no recibir sus medicamentos, enfrenta dolor, infecciones recurrentes y deterioro progresivo en su calidad de vida. La ciencia médica ha demostrado de manera contundente que la continuidad en los tratamientos es vital, y aun así la EPS insiste en prácticas que vulneran este principio.

A este panorama se suma una pésima decisión que refleja la desconexión entre las EPS, sus operadores logísticos y la realidad de los pacientes. En Bogotá, la empresa RAMÉDICAS, contratada por FAMISANAR para la entrega de medicamentos, ha implementado un sistema de atención por “pico y cédula”, como si la enfermedad y el sufrimiento pudieran ajustarse a turnos arbitrarios. Este modelo absurdo desconoce que la salud no espera, que un diabético no puede aplazar su dosis de insulina hasta que coincida el último dígito de su cédula con el día de atención en la farmacia, que un hipertenso no puede suspender su tratamiento porque el calendario logístico se lo impone. Adicionalmente la mayoría de las veces que recurre a reclamar sus medicinas, en el día que le coincide con el último número de su cédula, estas no están disponibles.

Los usuarios quedan atrapados en medio de la disputa política y contractual que enfrenta al Gobierno Nacional con las EPS. Las reformas en curso, los cuestionamientos a la sostenibilidad financiera del sistema y los cruces de señalamientos entre las partes han creado un ambiente de incertidumbre. Es evidente que el sistema de salud colombiano requiere una transformación estructural. Eliminar a los intermediarios financieros puede ser un paso necesario, pero el tránsito hacia ese nuevo modelo debe hacerse de manera progresiva. La infraestructura de las redes hospitalarias públicas no está hoy en capacidad de asumir toda la demanda de servicios de salud que antes gestionaban las EPS, de allí la necesidad hoy, de contar con las IPS (Institución Prestadora de Servicios) privadas para garantizar el servicio.

El fortalecimiento de la medicina preventiva, es sin duda una meta indispensable. Pero sus resultados se verán reflejados en el mediano y largo plazo. Mientras tanto existen miles de personas que ya padecen enfermedades crónicas y que requieren medicamentos diarios para sobrevivir. Estos pacientes no pueden esperar a que los cambios estructurales comiencen a dar frutos, porque cada día sin tratamiento representa un riesgo real de vida.

En un momento de transición del sistema de salud el deber más elemental del Estado, es garantizar que los tratamientos no se interrumpan. Gobernar implica prever y anticipar los efectos de los cambios, establecer planes de contingencia y actuar con rapidez para que la ciudadanía no se vea expuesta a riesgos innecesarios. La tarea del Ministerio de Salud consiste en garantizar que ningún paciente quede desprotegido mientras se define el rumbo de la política pública. Cada paciente que no recibe tratamiento termina representando mayores costos para el sistema en hospitalizaciones, urgencias y procedimientos de alta complejidad que pudieron evitarse.

La confianza en el sistema de salud se debilita cuando la población percibe que sus derechos no están protegidos ni por la EPS ni por el Gobierno. Esa desconfianza mina la legitimidad institucional y alimenta un sentimiento de abandono que erosiona la relación entre la ciudadanía y el Estado. Si el acceso a un medicamento esencial depende de trámites interminables, de discusiones contractuales o de un pulso político, la idea misma de salud como derecho fundamental pierde sentido.

El Gobierno debe diseñar y ejecutar de inmediato un plan de contingencia que asegure la entrega oportuna y continua de medicamentos esenciales. Se requiere también un sistema de vigilancia y sanción que impida que las EPS actúen con impunidad frente a sus usuarios. Y lo más importante, es necesario que el Ministerio de Salud asuma con decisión su papel de garante del derecho a la salud. La crisis actual con FAMISANAR y otras EPS es un síntoma de un sistema que arrastra problemas estructurales, pero también es la muestra de que existen graves dificultades administrativas que agravan esos problemas.

El Estado existe para proteger la vida de las personas y no para exponerlas a la incertidumbre y al abandono. La salud y la vida no son variables de negociación ni pueden convertirse en moneda de cambio en los debates sobre el futuro del sistema. Son derechos fundamentales que el Estado está obligado a proteger hoy, no mañana, porque cada día que pasa sin medicamentos es un día en el que la vida de miles de pacientes queda en riesgo.

Luis Emil Sanabria D

Arropamos la vida con dignidad y esperanza

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Ago 31, 2025. Publicado en Opinión.

Inicia el mes de septiembre, periodo que la sociedad colombiana ha asumido como el Mes de la Paz, y en cuyo marco se realiza del 7 al 14 la Semana por la Paz número 38. Durante este periodo, comunidades, organizaciones sociales, instituciones educativas, iglesias, colectivos culturales y ciudadanía en general se unirán en actividades de reflexión, movilización, arte, pedagogía y memoria. El 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos, será uno de los momentos más significativos de esta conmemoración, recordándonos que la paz y los derechos son inseparables. El lema de este año, “Arropamos la vida con dignidad y esperanza”, encarna el compromiso permanente con la defensa de la vida, la verdad y la reconciliación.

Esta jornada nos recuerda que la paz es un proceso cultural que debe transformar las relaciones sociales, políticas y económicas. Esto incluye avanzar hacia una cultura de paz que reconozca la dignidad del otro, la justicia social, la necesidad de erradicar todas las formas de discriminación y garantizar la equidad. Es también cultivar el respeto por la diferencia y la capacidad de tramitar los conflictos a través del diálogo y no de la violencia. En este sentido, septiembre se convierte en un mes pedagógico, donde se renuevan compromisos individuales y colectivos para sostener un horizonte de convivencia y reconciliación. La Semana por la Paz es testimonio de la fuerza de la ciudadanía, que ha sabido unir voces diversas para defender la vida y abrir caminos hacia la reconciliación.

La desigualdad social, la concentración de la tierra, la exclusión política, el racismo, la corrupción, la captura institucional por intereses privados y el abandono histórico de las comunidades en vastos territorios siguen siendo heridas abiertas que dificultan la reconciliación. La Semana por la Paz es también un recordatorio de que los acuerdos de paz deben acompañarse de transformaciones profundas en la economía, en la justicia y en la vida política del país. Sin enfrentar estas raíces, la violencia encontrará siempre nuevos caminos para reproducirse.

El contexto actual nos muestra la urgencia de un llamado claro y contundente a los actores armados para desescalar el conflicto armado en todos los territorios. La persistencia de hostilidades, ataques indiscriminados y actos de violencia que afectan principalmente a las comunidades vulnerables exige una respuesta inmediata. Los actores armados, legales e ilegales, deben acatar las reglas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y garantizar la protección de la población civil, que nunca debe ser tratada como blanco de guerra.

En el marco de este Mes de la Paz, la ciudadanía exige a los partidos políticos y a los candidatos al Congreso y a la Presidencia una actitud coherente con el momento histórico. Se necesita con urgencia elevar el nivel de la deliberación pública, dejando atrás el lenguaje de odio, la descalificación y la mentira. El debate político debe sustentarse en argumentos sólidos, propuestas viables y respeto mutuo. La sociedad de la paz no acepta que las campañas electorales sean escenarios de polarización destructiva; por el contrario, exige que el fortalecimiento de la paz sea el eje central de las propuestas y del comportamiento político.

En este entorno, se hace evidente la urgente necesidad de avanzar hacia un Acuerdo Nacional que convoque a todos los sectores sociales y políticos del país. Este acuerdo debe retomar el espíritu de la Constitución Política de 1991, que consagró a Colombia como un Estado Social de Derecho, es decir, un país en el que la dignidad humana, la justicia social, la igualdad y la participación democrática sean la base del pacto colectivo. Retomar ese mandato constitucional supone garantizar derechos, ampliar las libertades y transformar las estructuras que han perpetuado la violencia y la exclusión.

Hoy, más que nunca, Colombia necesita unidad en la diversidad, un proyecto común que coloque la vida por encima de la muerte, la cooperación sobre la confrontación y la solidaridad sobre la indiferencia. La reconciliación no significa olvidar, sino construir sobre la verdad y el reconocimiento del dolor, es reavivar la confianza en la vida compartida y abrir caminos para las nuevas generaciones.

El lema de este año, debe convertirse en guía de acción encaminada a proteger la vida, cuidar la dignidad de las personas y mantener viva la esperanza de un país que, a pesar de sus heridas, no renuncia al sueño de la paz. La Semana por la Paz, el Mes de la Paz y el Día Nacional de los Derechos Humanos son, en definitiva, un llamado a no desfallecer en la construcción de un futuro en el que la justicia, la reconciliación, la convivencia y el Estado Social de Derecho prevalezcan.

Luis Emil Sanabria D.

Terrorismo, señal de la derrota y el desafío de la sociedad

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Ago 24, 2025. Publicado en Opinión.

Durante años, los grupos armados y las organizaciones guerrilleras han intentado sostener su proyecto mediante la fuerza de las armas. Hoy, enfrentados a continuos golpes contra sus redes generadoras de ingresos económicos ligadas al narcotráfico, a la desarticulación de sus líneas de mando y al rechazo creciente de las comunidades, recurren al terrorismo como un acto de reafirmación militar. Cada bomba, cada ataque contra la población civil, es en realidad la confesión de que su estrategia de guerra popular prolongada para acceder al poder político fracasó, que ya no pueden ganar batallas, ni conquistar legitimidad social, ni ofrecer futuro alguno.

Los recientes ataques terroristas que enlutan al país no son muestra de fortaleza de los grupos armados ilegales, sino prueba de la debilidad de sus ideales políticos y estratégicos, e indicativo de su desesperación. Estos crímenes atroces revelan que sus estructuras militares y económicas están cada vez más desarticuladas, lo que no es sinónimo de disminución cuantitativa, y que la violencia indiscriminada se convierte en uno de sus recursos para intimidar, sembrar miedo, presionar a la sociedad y al Estado.

Gran parte de estos ataques se relacionan con acciones de extorsión e intentos de control social. El terror se usa como un mecanismo de chantaje contra comerciantes, transportadores, campesinos, líderes comunitarios o para desmoralizar a la fuerza pública y a la sociedad democrática. Con ello buscan resistir para recuperar o mantener un flujo de recursos que sostenga sus ejércitos. Sin embargo, en lugar de consolidar poder, lo que logran es evidenciar la naturaleza violenta de su proyecto y profundizar el repudio ciudadano.

Ante este panorama, no basta con expresar rechazo. La sociedad colombiana, con el respaldo de políticas robustas, debe convertirse en protagonista activa de la denuncia y el repudio social a estas prácticas. Las víctimas no pueden quedar solas ni el miedo paralizar a las comunidades. La respuesta debe ser una ciudadanía más cohesionada, capaz de exigir justicia, de respaldar a las instituciones democráticas y de seguir apostando por la construcción de paz integral en los territorios. Cada voz que se alza contra el terrorismo y a favor de la paz contribuye a cerrarle los caminos a quienes pretenden imponer la violencia como destino.

Pero esta lucha no puede darse solo desde Colombia. El terrorismo y la violencia armada están alimentados por la economía ilegal del narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico ilegal de armas y municiones, el contrabando, el comercio ilegal de especies protegidas, y el lavado de activos que trasciende fronteras. Mientras esta economía diversificada y complementaria, siga controlada por mafias y carteles, seguirán teniendo recursos para sostener la violencia armada, donde el principal objetivo es la población civil.

Es hora de que toda Colombia respalde a las autoridades nacionales para abordar un debate serio y valiente en la comunidad internacional. La legalización y regulación de la producción y el comercio de la cocaína no debe ser un tabú, sino una alternativa para debilitar de raíz los ingresos de los grupos armados y criminales. Así como se avanzó con el tabaco, el alcohol y en algunos países con la marihuana, un marco regulado y controlado puede arrebatarle a las mafias el monopolio y restarles el poder económico que hoy sostiene la violencia.

Colombia no puede enfrentar sola este desafío. Se requiere de la solidaridad internacional para construir salidas conjuntas y pacíficas, que deben incluir inversión en desarrollo alternativo, respaldo a las comunidades campesinas, y un compromiso global con la regulación de los mercados ilegales. La lucha contra el terrorismo exige tanto una respuesta inmediata -rechazo social, seguridad y protección a las víctimas- como una estrategia de largo aliento que garantice inversión social, justicia y equidad, y que golpee las bases financieras de quienes insisten en prolongar la violencia armada.

El terrorismo es un crimen de lesa humanidad que no admite justificación alguna. Es la confesión de la debilidad de los grupos armados y la descalificación definitiva de cualquier pretensión política que invoquen. Frente a él, la sociedad colombiana debe mantenerse unida, solidaria y firme en su rechazo. Y el mundo debe responder con una política valiente y solidaria que mezcle el control de insumos, la destrucción rutas, y la legalización, sin violar la autodeterminación y la soberanía de los países víctimas como Colombia.

A quienes insisten en tomar o mantener el camino del terrorismo hay que decirles con claridad que sus actos no son símbolo de fuerza. Que ese camino los llevará tarde o temprano a su derrota moral y política. Recurrir al miedo, a las bombas y a la violencia indiscriminada no les otorga legitimidad alguna, por el contrario, los condena al repudio popular e internacional. Ninguna causa, por justa que se proclame, puede sostenerse sobre la sangre inocente; respetar a la población civil y abrirse a los caminos del diálogo es la única salida digna frente al juicio implacable de la historia.

Luis Emil Sanabria D

¿Hasta dónde nos está llevando la violencia verbal en la política?: responde Luis Emil Sanabria

Escrito por Iván Santisteban | Opinión en Ago 17, 2025. Publicado en Voces Confidencial, Portada.

El politólogo y analista, Luis Emil Sanabria y presidente de Redepaz, en entrevista para Confidencial Noticias, lamenta el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay y expresa su preocupación por que, según él, hay sectores que les interesa desestabilizar al país.

Sanabria no cree que se esté devolviendo a Colombia a la violencia de los 80 y parte de los 90, porque para el lo que ocurre hoy no se parece en nada a la situación de hace 30 años cuando se dio el exterminio de la Unión Patriótica, se asesinaron a seis candidatos presidenciales y la violencia guerrillera se unió a la del paramilitarismo y el narcotráfico.

Rechazó además que quienes se hicieron presentes en las honras fúnebres del senador Uribe Turbay hayan convertido un acto que desde su punto de vista debió ser en honor a la vida, en un momento para generar más división.

Reviva la entrevista completa:

Entre el duelo y la manipulación

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Ago 17, 2025. Publicado en Opinión.

El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un hecho lamentable y doloroso que debería habernos convocado a la reflexión serena y a la reafirmación del valor de la vida, terminó convirtiéndose en un escenario de utilización política y mediática. Lo que pudo ser un espacio de duelo colectivo se transformó en una tribuna donde se reforzó la polarización y se avivaron resentimientos, incluso bajo el amparo de mensajes que, paradójicamente, hablaban de paz.

El sepelio, más que un acto de despedida respetuosa y solidaria fue usado como plataforma para emitir mensajes cargados de tensiones y divisiones. En lugar de promover un clima de perdón y reconciliación, la tragedia se instrumentalizó para insistir en la idea de que la política es un campo de enemigos irreconciliables. La paradoja resultaba evidente, ya que se mencionaba la palabra “paz” mientras se alimentaban sentimientos de revancha, como si el lenguaje se redujera a un recurso retórico y no a un compromiso ético.

El tratamiento mediático y político del sepelio dejó entrever un mensaje simbólico inquietante, pues se reafirmó el concepto de que existen familias destinadas a dirigir el país, como si sobre ellas pesara un mandato “natural” de perpetuar su hegemonía. Familias que, en muchos casos, no han estado dispuestas a renunciar a privilegios acumulados en medio de contextos de violencia, corrupción o connivencia con estructuras de poder excluyentes.

Bajo la autoproclamación de “gente de bien” se levanta un muro simbólico que divide a la sociedad entre quienes se asumen herederos legítimos del poder y quienes, se atreven a cuestionar ese orden establecido. En este escenario, la tragedia se convierte en vehículo para reafirmar la narrativa de que la nación solo puede ser conducida por unos pocos, mientras se deslegitima a los sectores que demandan transformaciones y que hoy participan en el gobierno. Se repite la vieja fórmula de los incluidos y los excluidos.

En este proceso se olvida, además, la historia de genocidios, magnicidios y asesinatos sistemáticos contra lideresas y líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos comprometidos con la equidad y la justicia social. Este olvido selectivo revela una voluntad de invisibilizar violencias que han marcado profundamente a los sectores más vulnerables, mientras se refuerza un relato de victimización que justifica la conservación de privilegios.

Las grandes empresas de comunicación, lejos de propiciar un debate equilibrado, amplificaron selectivamente las voces que buscaban culpar y señalar, profundizando la fractura nacional. La cobertura, más que plural, se orientó a sobredimensionar el dramatismo y a moldear una narrativa de confrontación. En la lógica de la inmediatez, se olvidó que el periodismo no solo informa, sino que también configura marcos de interpretación. Al optar por titulares cargados de emotividad política, los medios renunciaron a su papel de mediadores y se convirtieron en actores de la contienda.

El uso de la palabra “paz” en discursos que incentivaban la confrontación es quizás el signo más doloroso de la manipulación. Convertir la paz en un eslogan de disputa, en lugar de un horizonte compartido, degrada el sentido mismo de una palabra que tanto necesita Colombia. La paz no puede ser invocada como consigna para legitimar tensiones; debe ser una práctica constante de reconciliación y un esfuerzo por construir instituciones, memorias y relatos comunes.

A quienes, dicen querer un país en paz y practican todo lo contrario, hay que recordarles que ello exige revisar políticas económicas que han relegado a las mayorías a la exclusión, la precariedad y la pobreza. La paz no puede ser la espera eterna de la ciudadanía. Si se quiere avanzar hacia una verdadera reconciliación, se debe estar dispuesto a la equidad, a desmontar estructuras injustas y a reconocer que la dignidad nacional solo florecerá cuando la vida y la justicia social sean patrimonio de todas y todos.

Luis Emil Sanabria D

Bogotá perdió la nota

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Ago 10, 2025. Publicado en Opinión.

El pasado 6 de agosto de 2025, Bogotá esperaba una noche de fiesta. El grupo argentino de cumbia Damas Gratis debía presentarse en el Movistar Arena y reunir a miles de asistentes. Lo que debía ser un encuentro para celebrar la música se transformó en un episodio doloroso cuando disturbios entre hinchadas de barras bravas de fútbol colombiano provocaron la cancelación del concierto y, lo más grave, la muerte de un joven.

La escena muestra con crudeza un problema que el país se niega a enfrentar de raíz. La violencia urbana sigue siendo una amenaza constante. En este caso la intolerancia y el fanatismo desmedido vinculados al fenómeno de las barras bravas traspasaron los límites del deporte y se filtraron en un evento cultural. Lo ocurrido no es una anomalía, sino un síntoma de un tejido social fracturado en el que la vida pierde valor y el conflicto se resuelve con agresión.

Durante años las barras bravas han pasado de la pasión al odio mientras las instituciones, salvo intervenciones puntuales, han carecido de políticas sostenidas para prevenir la violencia y promover una verdadera cultura de paz. Las campañas de convivencia, cuando existen, resultan superficiales, aisladas y reactivas. Falta un trabajo pedagógico profundo que fomente el respeto por la vida, la empatía y el manejo pacífico de las diferencias.

Las autoridades no pueden limitarse a lamentar lo ocurrido o a judicializar a los responsables después de los hechos. Este episodio obliga a repensar la seguridad en eventos masivos con un enfoque integral que incluya protocolos claros, coordinación efectiva entre organizadores, policía, entes culturales y deportivos, controles rigurosos de ingreso y estrategias preventivas capaces de identificar riesgos antes de que sea tarde. Prevenir no significa únicamente aumentar la presencia policial, también implica comprender y desactivar las causas del conflicto. En este punto resulta inevitable reconocer la debilidad operativa y la limitada capacidad de los programas de gestores de convivencia, que no cuentan con el personal suficiente ni con la formación y los recursos necesarios para anticipar y neutralizar escenarios de riesgo en eventos de gran afluencia.

La construcción de una ciudad segura requiere una apuesta social decidida. Es necesario crear escuelas de cultura de paz en barrios y localidades para que jóvenes, líderes comunitarios y familias aprendan a transformar conflictos de forma pacífica, manejar sus emociones y fortalecer el respeto por la vida. Las barras bravas deberían transformarse en colectivos culturales y deportivos que reciban incentivos por adoptar prácticas no violentas, participar en proyectos comunitarios y comprometerse con la mediación interna.

Los eventos culturales y deportivos tendrían que convertirse en espacios de integración y diálogo, diseñados para reunir públicos diversos y prevenir rivalidades. Esto debe complementarse con redes comunitarias de prevención de violencia que articulen líderes barriales, instituciones educativas, comerciantes y autoridades con el fin de activar alertas tempranas y dar respuestas rápidas a las tensiones. En colegios y universidades, la cultura ciudadana, la empatía y la gestión pacífica de conflictos deberían enseñarse de forma práctica y permanente, con nuevas pedagogías e innovación didáctica. Además, cada localidad debería contar con mediadores comunitarios capacitados para acompañar eventos masivos y evitar que las confrontaciones escalen.

En medio de este panorama resulta inevitable cuestionar la coherencia de campañas como Bogotá Mi Casa, que invitan a ver la ciudad como un hogar pero no logran garantizar que sus espacios públicos sean seguros ni que la vida esté protegida. Una casa no es tal si en ella se puede morir por ir a un concierto. La credibilidad de cualquier mensaje institucional depende de acciones reales que transformen la convivencia, reduzcan la violencia y devuelvan la confianza ciudadana.

El dolor que deja esta muerte no debe desvanecerse con el paso de los días ni diluirse en la rutina de nuevas noticias. Cada vez que una vida se apaga por la violencia, la ciudad pierde algo de su humanidad y se aleja un poco más de ser el hogar seguro que todos merecemos. No podemos acostumbrarnos a que la música se interrumpa por la muerte, a que la pasión se transforme en odio o a que las armas y los disparos al aire se conviertan en un lenguaje aceptado.

Este no es solo un hecho trágico, es un espejo que nos muestra en lo que podemos convertirnos si no actuamos. Está en nuestras manos —y en las de las autoridades— demostrar que Bogotá y cualquier ciudad colombiana pueden dejar de ser territorios donde todo vale para convertirse en lugares donde la vida sea sagrada, el respeto sea norma y la paz sea un compromiso vivo de todos los días.

Luis Emil Sanabria D.

Más allá de una condena y un condenado

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Ago 3, 2025. Publicado en Opinión.

Que un exjefe de Estado haya sido encontrado culpable de manipular el sistema judicial afecta gravemente la legitimidad de la figura presidencial, erosiona la confianza ciudadana en el Estado, deteriora la imagen internacional del país y debilita la ya golpeada cultura de paz. Cuando quien representó la soberanía y el cumplimiento de la Constitución incurre en prácticas corruptas, el daño, lamentablemente, se extiende a toda la estructura republicana y democrática.

La condena a 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno a testigos y fraude procesal representa un hecho histórico, doloroso y profundamente revelador para Colombia. Es la comprobación de que, en nuestra débil democracia, es posible lograr que nadie este por encima de la ley, pero también la evidencia de que nuestras instituciones aún son frágiles frente a los arremetidas del poder político y económico, la polarización y la desinformación.

El senador Iván Cepeda ha jugado un papel fundamental y titánico en este proceso. Fue inicialmente víctima de falsas denuncias por parte de Uribe, y con persistencia, integridad y respeto por las vías legales, logró demostrar la verdad en los estrados judiciales. Su actuar contrasta con la actitud de los hijos del expresidente, quienes en lugar de acatar el fallo y promover el respeto por la justicia, han atacado a la jueza Sandra Heredia, y a la institucionalidad, propagando teorías conspirativas y profundizando el clima de odio.

Como si no bastara con la agresión interna, asistimos también a una inaceptable intromisión de actores políticos extranjeros como el senador estadounidense Marco Rubio, que en abierta violación del principio de no injerencia, pretende desacreditar el sistema judicial colombiano. A esto se suma la actitud incendiaria de candidatas del Centro Democrático como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, quienes han instrumentalizado la condena para polarizar aún más el país, exaltando a Uribe como mártir, incitando al desconocimiento del fallo y a golpeando la autonomía de la justicia.

Todo esto constituye un peligroso retroceso. La justicia está siendo asediada. Las juezas y fiscales que cumplen con su deber son estigmatizadas. Las víctimas son silenciadas o ridiculizadas. El Estado Social de Derecho está siendo desdibujado en nombre de una lealtad política mal entendida. Y mientras tanto, millones de jóvenes observan un espectáculo de odio y negación de la verdad.

Las conductas delictivas de un exjefe de Estado así como las agresiones sistemáticas al sistema de justicia que emprenden sus seguidores, son un atentado contra la institucionalidad y una agresión directa contra la ciudadanía. En un régimen democrático, el pueblo enajena su poder soberano mediante el voto, entregando un mandato de representación y confianza a quien ocupa la Presidencia de la República. Ese poder delegado implica, integridad, lealtad a la ley, y responsabilidad frente a la paz y la reconciliación nacional. Defender la justicia, es defender a las instituciones, y también defender la dignidad del pueblo que depositó su poder para que se ejerza con rectitud y no en beneficio personal o político.

Frente a este panorama, resulta urgente y necesario un gran Acuerdo Nacional. Un pacto entre las fuerzas democráticas, los movimientos sociales, los partidos, las organizaciones de víctimas, la academia y la ciudadanía. Ese acuerdo debe poner en el centro la verdad, el respeto a la Constitución y la defensa de los derechos fundamentales. Debe comprometerse con fortalecer la justicia para que no sea selectiva ni manipulable, que actúe con independencia frente al poder económico, político o militar.

La paz no se construye sobre la mentira, ni la democracia sobre la impunidad. La condena a Álvaro Uribe no debe ser utilizada para dividir al país, sino para preguntarnos, con honestidad, qué clase de nación queremos ser. ¿Una en la que el poder lo justifica todo? ¿O una en la que la ley, la ética y la verdad sean principios inquebrantables?

Hoy más que nunca, Colombia necesita unidad, no alrededor de caudillos ni partidos, sino alrededor del valor supremo de la justicia, la democracia y los Derechos Humanos. Porque solo con justicia hay paz. Y solo con paz, hay futuro.

Luis Emil Sanabria D.

Justicia y sometimiento, aún estamos a tiempo

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jul 20, 2025. Publicado en Opinión.

Para el periodo legislativo que comienza este 20 de julio, el Gobierno Nacional, al parecer, radicará ante el Congreso de la República el proyecto de ley que establece el marco jurídico para el sometimiento a la justicia de estructuras armadas de alto impacto. Se trata de una iniciativa largamente esperada, fundamental para el desarrollo de la política de Paz Total, que debe buscar el desmantelamiento de las redes del crimen organizado, combatir las economías ilegales y avanzar en la protección de la vida y los derechos en los territorios.

Su presentación debió haberse dado desde el mismo momento en que se aprobó la Ley 2272 de 2022, que le dio sustento normativo a la Paz Total, habilitando así una arquitectura legal más completa para atender de forma simultánea los distintos frentes del conflicto armado y la criminalidad. La demora ha tenido costos, se ha generado incertidumbre jurídica, debilitado la capacidad de negociación del Estado y ralentizado los avances en materia de sometimiento colectivo.

A pesar de ello, el proyecto sigue siendo clave para el presente inmediato y para el futuro de los procesos de paz y la consolidación del Estado en los territorios. Colombia no puede seguir enfrentando el crimen organizado solo con las herramientas de la acción armada o la represión penal selectiva. Necesita una estrategia integral, con una base legal robusta, que permita desarticular las estructuras armadas ilegales y reconstruir el tejido social desde la justicia restaurativa.

Uno de los puntos más importantes es que el proyecto establece de manera clara que no se trata de una negociación política, sino de un sometimiento a la justicia condicionado al desmantelamiento total de las organizaciones, la entrega de bienes ilícitos, la reparación a las víctimas y el compromiso con la verdad. No habrá reconocimiento de estatus político ni concesiones ideológicas. Este no es un diálogo con insurgencias, sino una salida jurídica para estructuras delincuenciales que debe beneficiar a las comunidades afectadas.

Asimismo, se contempla un enfoque de justicia restaurativa, con penas reducidas y beneficios jurídicos sujetos al cumplimiento efectivo de condiciones verificables. Se abre la puerta a una posible amnistía económica condicionada, que permitiría al Estado acceder a activos ilícitos y destinarlos a programas de reparación y fortalecimiento institucional en los territorios.

Sin embargo, algunos articulados generan dudas legítimas. Uno de ellos es la excesiva discrecionalidad que se otorga a la Fiscalía General de la Nación para suspender órdenes de captura o facilitar beneficios sin controles suficientes. Si bien es importante que el Ejecutivo y la Fiscalía coordinen acciones, la falta de límites claros puede abrir espacios a arbitrariedades o negociaciones poco transparentes.

Otro elemento importante y polémico es que el proyecto incluye la posibilidad de someterse de manera individual, lo que da mayor flexibilidad al Estado para desarticular estructuras armadas y permite adaptarse a las realidades diversas de grupos con distintos niveles de cohesión interna, pero genera incertidumbre sobre posibles beneficios a individuos que no hacen parte de estructuras criminales claramente definidas.

También preocupa el tratamiento a terceros civiles y financiadores de estructuras criminales, quienes podrían recibir beneficios jurídicos desproporcionados si no se establecen mecanismos rigurosos para garantizar que contribuyan efectivamente a la verdad y la reparación. La impunidad para los poderes económicos y políticos que han respaldado la violencia sería un golpe a la legitimidad del proceso.

Otro aspecto crítico es la baja participación que se da las víctimas y a la sociedad civil en el diseño del proceso. La centralidad de las víctimas no puede limitarse al discurso. Es imprescindible que existan canales de veeduría ciudadana, control social y participación directa en los mecanismos de seguimiento y evaluación del cumplimiento.

El proyecto representa un paso necesario y una oportunidad para dotar al país de una política de sometimiento seria, coherente y ajustada a estándares de justicia y derechos humanos. El Congreso tiene ahora la responsabilidad de debatir con altura, corregir los vacíos, promover la participación de múltiples sectores, blindar los mecanismos de transparencia y fortalecer los derechos de las víctimas.

Colombia no puede renunciar a la búsqueda de la paz integral. Es hora de que los grupos armados escuchen el clamor de los territorios, reconozcan esta valiosa posibilidad que se les brinda y respondan de manera decidida al anhelo profundo de paz que une a millones de colombianos y colombianas. Romper la cadena de ilegalidad que une el crimen con sectores económicos y políticos, y recuperar el control institucional de los territorios exige valentía, fortalecimiento de la seguridad, diálogo, justicia y decisiones legislativas responsables. El proyecto de sometimiento puede abrir un nuevo capítulo en la historia de la paz y la justicia en Colombia.

Luis Emil Sanabria D.

¿Cuándo se perdió la soberanía del país?

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jul 13, 2025. Publicado en Opinión.

¿Y por qué a ciertos sectores les incomoda que se recupere?

Por décadas, la soberanía nacional ha sido un concepto invocado en los discursos patrióticos, pero vaciado de contenido en la práctica política. Si queremos responder con honestidad a la pregunta de cuándo se perdió la soberanía de Colombia, debemos mirar más allá de los momentos formales, como los tratados internacionales o las reformas constitucionales y reconocer un proceso paulatino de renuncias, imposiciones externas y sumisiones voluntarias que han ido vaciando de sentido el principio de autodeterminación de los pueblos.

La soberanía comenzó a diluirse cuando se subordinó el interés nacional a las recetas de organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial. Desde los años 90, con la imposición del modelo neoliberal, los intereses económicos impusieron un rumbo económico que priorizó la apertura indiscriminada de mercados, la flexibilización laboral, la privatización de servicios públicos esenciales, y la extranjerización de sectores estratégicos de la economía, como la minería, las comunicaciones y la energía. El país en manos de los sectores políticos y económicos tradicionales, dejó de decidir soberanamente sobre su modelo de desarrollo y aceptó que las decisiones económicas claves se tomaran en Washington o se escribieran en inglés.

También perdimos soberanía cuando el Estado permitió que su política antidrogas fuera diseñada y dirigida desde el Pentágono, en el marco del Plan Colombia, con consecuencias devastadoras para nuestras comunidades rurales. En lugar de una política integral de desarrollo agrario, se optó por la fumigación masiva con glifosato, por la criminalización de campesinos, por el despojo de tierras y por la militarización de vastos territorios. Se perdió el control sobre el territorio y sobre la seguridad, en nombre de una “cooperación” que supeditó la política interna a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos.

Sin soberanía, un Estado no tiene poder propio ni capacidad para tomar decisiones independientes frente a otros Estados o actores internos. En el plano judicial, la pérdida de soberanía se manifiesta en la extradición automática de nacionales, incluso en casos donde existen investigaciones pendientes en Colombia. ¿Cómo es posible que se renuncie al interés colectivo de la paz y a la jurisdicción propia para satisfacer la justicia de otro país? ¿No es eso, acaso, una renuncia expresa al principio básico de la soberanía jurídica?

Y sin embargo, hay sectores de la sociedad -medios hegemónicos, élites económicas, centros de pensamiento- que consideran peligroso siquiera mencionar la soberanía como principio rector de la política de Estado. ¿Por qué? Porque una verdadera soberanía implicaría recuperar el control sobre el modelo económico, sobre el ordenamiento territorial, sobre los recursos naturales, sobre las decisiones estratégicas que hoy se toman con el visto bueno del capital financiero y embajadas extranjeras. Implicaría que el pueblo, y no las corporaciones, sea el sujeto político central.

Estos sectores temen a la soberanía porque ella está asociada a la democracia real, a la participación popular, al desarrollo de la economía productiva nacional y al fortalecimiento del Estado como garante de derechos y no como mayordomo del mercado. Temen que el país piense por sí mismo, porque eso pondría en entredicho sus privilegios. Prefieren la dependencia maquillada de “cooperación internacional”, la entrega del territorio disfrazada de “seguridad jurídica para la inversión”, y la sumisión doctrinaria presentada como “apertura al mundo”.

Recuperar la soberanía no es aislarnos ni cerrar fronteras. Es ejercer nuestro derecho a decidir colectivamente qué país queremos ser. Es asumir la política exterior sin tutelajes, la economía con justicia social, y el desarrollo con equidad territorial. Es volver a creer que Colombia no es una finca para explotar, ni una base militar, ni un mercado cautivo, que somos o queremos ser una nación con dignidad, y eso, para algunos es imperdonable.

Luis Emil Sanabria D.

Unitarios, paz y gobernabilidad

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jul 6, 2025. Publicado en Opinión.

A pesar de los esfuerzos del presente gobierno, Colombia sigue siendo un país marcado por profundas desigualdades y violencias, crisis de legitimidad institucional y una amenaza latente de restauración conservadora. De allí la importancia del surgimiento del proyecto político Unitarios, como un proceso estratégico de unidad para la continuidad del cambio, la consolidación democrática y la paz duradera. Un escenario político y ético que recoge la experiencia acumulada en las luchas sociales, los acuerdos de paz y los avances del actual gobierno, y propone una ruta común para 2026.

Unitarios nace del convencimiento de que solo la unidad plural, generosa y programática puede garantizar la continuidad del proyecto de transformación iniciado en 2022. Unitarios se convierte en el único proyecto político donde confluyen todos los partidos nacidos directamente los acuerdos políticos de paz, lo cual reafirma su compromiso irrestricto con la reconciliación y la inclusión política. En esa dirección, busca consolidar un Frente Amplio que no solo dispute el poder en las urnas, sino que lo rodee, lo acompañe y lo oriente desde la participación activa de múltiples sectores.

Un frente que sea escenario permanente de deliberación, construcción de acuerdos, orientación de la gobernabilidad y fortalecimiento del Estado, con una clara vocación hacia el logro de un gran Acuerdo Nacional que promueva la convivencia, el respeto y el compromiso con la superación definitiva de la corrupción, la pobreza, las economías ilegales y las múltiples formas de violencia que aquejan a la sociedad colombiana. Este frente, que debe recoger las propuestas del Pacto Histórico, sectores liberales, socialdemócratas, progresistas y nuevos liderazgos territoriales, tendrá como base y riqueza la deliberación democrática, la construcción colectiva de programas y el reconocimiento de las diferencias.

Consciente de la necesidad de fortalecer la representación democrática, Unitarios ha decidido impulsar una lista al Senado abierta, amplia y plural, y promover listas a la Cámara de Representantes construidas desde la unidad de todos los sectores. Estas listas reflejarán la diversidad territorial, étnica, social y de género del país, y serán expresión de un nuevo pacto entre las instituciones y la ciudadanía.

En lo presidencial, esta iniciativa política y social ha optado por una ruta de maduración colectiva. Lejos de imponer nombres o fórmulas, propone un escenario donde las distintas precandidaturas puedan desarrollar y contrastar sus propuestas en un marco de respeto, diálogo y compromiso con el programa común, con el objetivo deconverger en 2026 en una sola candidatura presidencial del Frente Amplio, legitimada desde abajo y capaz de derrotar la dispersión y la amenaza regresiva.

Uno de los ejes fundamentales de esta convergencia es la transformación del modelo neoliberal fracasado, que durante décadas priorizó el mercado por encima del bienestar social, debilitó lo público y profundizó las brechas sociales y territoriales. Unitarios propone avanzar hacia un modelo de desarrollo con mayor responsabilidad del Estado, que garantice de manera efectiva los Derechos Fundamentales y promueva un desarrollo integral, equitativo y sostenible, donde la vida digna sea el centro de la política y la economía.

Además, el proyecto político asume el compromiso de seleccionar a mujeres y hombres probos, con trayectoria ética y vocación pública, para contribuir al fortalecimiento coordinado de la autonomía, la gobernabilidad y la gobernanza, especialmente en las regiones históricamente marginadas, donde, en desarrollo del nuevo Sistema General de Participación y la futura Ley de Competencias, urge la emergencia y consolidación efectiva del Estado Social de Derecho.

En definitiva, Unitarios es mucho más que un acuerdo político, proyectándose como la posibilidad real de aportar a la construcción de un país donde la paz no sea un eslogan, sino una política integral; donde la justicia social sea motor del desarrollo; y donde la democracia se convierta en práctica cotidiana. La historia nos ha enseñado que solo los pueblos organizados y unidos logran cambiar el rumbo. En 2026, Unitarios y su propuesta de Frente Amplio pueden marcar la continuidad de un nuevo capítulo en la construcción de una Colombia más digna, igualitaria y en paz.

Luis Emil Sanabria D

La bandera de la “guerra a muerte”, un símbolo equivocado

Escrito por Confidencial Noticias en Jun 29, 2025. Publicado en Opinión.

En los principios del siglo XIX, en medio de la contienda por la independencia, Simón Bolívar enarboló una bandera roja y negra que representaba la guerra a muerte contra los realistas. Era un acto político y simbólico de ruptura con la Corona española, una declaración de que no habría cuartel para quienes se opusieran al nacimiento de la República. Bolívar, en su momento, apeló a esta forma de guerra total como respuesta a la brutalidad de los ejércitos coloniales.

Durante la reciente alocución pública, que enmarcó la firma de la nueva ley que modifica normas laborales devolviéndole derechos a los trabajadores y trabajadoras, el presidente Gustavo Petro exaltó nuevamente la bandera roja y negra. Al hacerlo, no solo despertó controversia, sino que introdujo un elemento profundamente inconveniente en el debate público, sobre todo viniendo del jefe de Estado de una nación que aún transita por caminos frágiles de reconciliación y construcción de paz.

Rescatar hoy esa bandera y lo que representa es no solo un equívoco, sino también un profundo retroceso. En tiempos en los que la humanidad ha avanzado hacia acuerdos internacionales que colocan la dignidad humana por encima de los intereses militares, ondear la bandera de la guerra a muerte equivale a desconocer los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los derechos humanos que Colombia, como Estado, está obligado a respetar.

El DIH -consagrado en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales-establece límites en los conflictos armados, protege a los civiles, prohíbe los ataques indiscriminados y garantiza el trato digno a los prisioneros de guerra. Rechaza, en esencia, cualquier lógica que niegue la humanidad del adversario. La guerra a muerte, por el contrario, implica eliminar toda forma de distinción entre combatientes y no combatientes, y de paso, posiblemente legitimar la venganza como táctica de combate, y debilitar la posibilidad de reconciliación, de perdón, y de paz.

El presidente, como primera autoridad del país, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y hombre de paz, no puede permitirse ambigüedades discursivas que pongan en duda el compromiso del Estado con DIH. La Colombia actual está obligada no solo legal, sino también moralmente, a actuar conforme a los principios de humanidad, distinción, proporcionalidad y necesidad militar. Cualquier exaltación simbólica que contradiga ese compromiso debilita la legitimidad del Estado ante la comunidad nacional e internacional, y abre la puerta a interpretaciones peligrosas.

En un país donde múltiples actores armados aún están activos, y son responsables de infracciones constantes al DIH y graves violaciones a los Derechos Humanos, donde hay procesos de paz en curso y donde la justicia transicional se esfuerza por garantizar la no repetición, lanzar al aire la imagen de la guerra a muerte puede ser interpretado por unos como permiso, y por otros como amenaza. En ambos casos, se pone en riesgo la estabilidad de un proceso que apenas se ha empezado a consolidar.

No se trata de negar los símbolos de lucha de nuestra historia ni de invisibilizar el carácter rupturista de las independencias. Se trata de comprender que los símbolos, en política, también construyen realidades. Enarbolar una bandera que anuncia muerte es incompatible con un discurso de paz. Lo que la sociedad colombiana necesita es resaltar un nuevo horizonte de justicia con vida, de transición con garantías, de transformación sin violencia.

Necesitamos símbolos de encuentro, pactos de respeto mutuo, lenguajes de cuidado. La bandera que debe ondear hoy es la del Derecho Internacional Humanitario, la del diálogo político, la de los acuerdos sociales, la del compromiso con la vida de todos y todas, sin excepción. Porque la historia nos enseña, con dolor, que ninguna guerra a muerte ha traído justicia duradera.

Luis Emil Sanabria D.

Desatar un proceso Constituyente para la Paz, la Justicia y la Vida

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jun 23, 2025. Publicado en Opinión.

Colombia se encuentra ante una encrucijada histórica. A pesar de los esfuerzos por construir paz y justicia, la estructura del Estado sigue marcada por las profundas grietas de un modelo económico y político agotado. El neoliberalismo impuesto desde la década de 1990 ha erosionado los derechos sociales, debilitado lo público y ampliado la brecha entre los privilegios de unos pocos y las carencias de las mayorías. El país necesita un nuevo pacto fundacional que abra las puertas a una transformación profunda, democrática y sostenible. Un proceso constituyente que renueve el contrato social y político de la nación.

Este proceso no debe reducirse a una simple convocatoria electoral para elegir unos dignatarios encargados de redactar una nueva carta magna. Estamos muy afectados como proyecto de país para creer que con la elección de unas cuantas personas que se reunirán con sus asesores a puerta cerrada, imponiendo mayorías, saldremos de la crisis de violencias, inseguridad y pérdida de legitimidad del Estado. De allí la importancia de prepararnos con seriedad y compromiso para desatar un proceso con tiempos holgados, metodologías novedosas y una amplia participación ciudadana.

Un proceso de carácter político y pedagógico que parta desde los territorios, con un esfuerzo comunicativo generoso que le hable a todos los sectores sociales, que escuche y conecte con sus realidades, dolores y esperanzas. Debe ser un proceso participativo que fortalezca la descentralización, el poder de decisión de la ciudadanía, el reconocimiento de la diversidad y la soberanía territorial. Un camino que permita redefinir el ordenamiento del país alrededor del agua, como elemento vital y estructurador de un nuevo modelo de desarrollo y convivencia.

No se trata de una varita mágica que automáticamente nos conduzca al país de las maravillas. Ningún proceso constituyente es una solución instantánea. Pero sí puede abrir un nuevo escenario de acuerdo nacional para hacer posible la vida con dignidad, justicia y seguridad para todos y todas. Un escenario donde las decisiones fundamentales sean dictadas por el bienestar colectivo, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental.

Un nuevo proceso constituyente, democrático y popular, debe desembocar en una Asamblea Nacional capaz de generar un gran pacto de paz que no se limite al silenciamiento de los fusiles, sino que se extienda a la transformación de las causas estructurales de la violencia. La justicia debe ocupar un lugar central en esta transformación. La paz y la convivencia se garantizan con el acceso a la justicia para las víctimas, la independencia judicial, el castigo efectivo a los corruptos, y un sistema de justicia al servicio de la equidad y la verdad.

La seguridad también debe repensarse. No como una doctrina de control social o represión, sino como una seguridad para la vida, basada en la protección de las comunidades, el respeto a los derechos humanos, la prevención de violencias y la emergencia del Estado integral y civil en los territorios. La vida debe ser sagrada, no solo protegida por las leyes, sino garantizada en las condiciones materiales que permitan vivir sin miedo, sin hambre y sin despojo.

La superación del modelo neoliberal es una condición ineludible. Debemos poner fin a la mercantilización de los derechos, recuperar lo público, revalorizar el trabajo y garantizar una economía al servicio de la vida y no del lucro. Esto implica construir un sistema económico mixto y solidario, con soberanía alimentaria, justicia tributaria, distribución de la tierra y fortalecimiento del Estado social de derecho.

Asimismo, el Proceso Constituyente debe condenar explícitamente al narcotráfico y al lavado de activos, como compromisos vinculantes para desmontar los engranajes financieros, políticos y militares que han hecho del crimen organizado un actor con poder real en los territorios. La legalización y regulación de las drogas debe ser parte del debate, en sintonía con la evidencia internacional que demuestra el fracaso de la guerra contra las drogas.

Igualmente urgente es avanzar hacia una economía post-extractivista. La dependencia de los hidrocarburos y la minería a gran escala ha causado despojo, desplazamiento, contaminación y destrucción ambiental irreversible. En un contexto de crisis climática global, Colombia debe apostar por una transición energética justa, diversificada, basada en energías limpias y en la protección de los ecosistemas estratégicos.

El Proceso Constituyente no es una aventura populista ni un salto al vacío. Es una necesidad histórica que debe surgir del clamor de los pueblos, de las organizaciones sociales, de las víctimas de la guerra y de una ciudadanía cansada de promesas incumplidas. ¿Se imaginan un proceso nacido de Asambleas Municipales de Constituyentes Primarios, que recoja el sentir local y lo haga llegar a escenarios regionales, para desembocar en un gran escenario de deliberación y concertación constituyente nacional?

Desatar este proceso es apostar por una paz duradera, una democracia real, y una Colombia distinta. Ha llegado la hora de construir un nuevo horizonte de país, donde la vida, la justicia, la seguridad y la dignidad estén en el centro del poder. No hacerlo sería seguir administrando la catástrofe. El momento de avanzar es ahora.

Luis Emil Sanabria D.