Ir al contenido principal

Etiqueta: Luis Emil Sanabria

Luchas sociales, asesinatos de ambientalistas y la COP16

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

La celebración de la COP16 en Colombia este año pone al país en el centro de la agenda climática global, destacando sus ricos recursos naturales y la importancia de su biodiversidad para el equilibrio climático mundial. Sin embargo, detrás del foro internacional, donde se discuten estrategias para mitigar el cambio climático, persiste una serie de problemáticas nacionales que reflejan una intersección crítica entre las luchas ambientales y los conflictos sociales y políticos.

El paro de mineros y mineras tradicionales y artesanales en Colombia es un grito por justicia, no solo laboral, sino también ambiental y empresarial. Los mineros tradicionales y artesanales, que en su mayoría practican la minería de subsistencia, se enfrentan a la debilidad en las regulaciones que les permitan ejercer su trabajo de forma legal y segura, al estigma de ser considerados destructores del medio ambiente, a la extorsión y al despojo de sus empresas por parte de grupos armados ilegales.

 

A diferencia de las grandes compañías mineras, que suelen actuar con impunidad, los pequeños mineros son criminalizados por sus prácticas, sin contar con un apoyo adecuado para la transición hacia técnicas más sostenibles. El gobierno nacional debe profundizar la ruta iniciada de formalización y hacer posible que la minería artesanal y ancestral juegue un papel crucial en la adopción de prácticas mineras menos nocivas para el medio ambiente.

Los páramos son ecosistemas esenciales para la regulación del agua y la preservación de la biodiversidad; no obstante, los campesinos que habitan estas zonas se enfrentan a una disyuntiva: seguir en la actividad agropecuaria a pequeña escala para sobrevivir o ser desplazados debido a la necesidad de la conservación ambiental. Aunque los páramos están protegidos por ley, la realidad es que las comunidades rurales en estas áreas carecen de alternativas económicas sostenibles.

Las restricciones, aunque necesarias, impuestas unilateralmente, sin un enfoque participativo, solo generan tensiones y conflictos que terminan afectando tanto a las personas como al medio ambiente. La creación de programas de sustitución de actividades económicas y el apoyo directo a estas comunidades es esencial para garantizar una protección efectiva de los páramos.

Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para las y los defensores del medio ambiente. Indígenas, afrodescendientes, campesinos y activistas que luchan por la protección de sus territorios y recursos naturales son asesinados de manera sistemática. La COP16, que promueve el diálogo global sobre el cambio climático, debe también ser una plataforma para visibilizar este problema y exigir medidas de protección para quienes arriesgan sus vidas defendiendo el medio ambiente.

Estos asesinatos son el reflejo de una lucha de poder entre intereses económicos, como la gran minería, la minería ilegal, esta última ligada al lavado de activos y la financiación de grupos armados, la deforestación y las comunidades indefensas que buscan preservar sus territorios. Sin justicia para los defensores del medio ambiente, cualquier esfuerzo por mitigar el cambio climático será insuficiente. La protección de los recursos naturales está intrínsecamente ligada a la protección de quienes los cuidan y al cambio del modelo depredador que destruye zonas estratégicas, como el nudo de Paramillo, cuyas maderas sustraídas ilegalmente terminaron usándose en el programa de reconstrucción de Providencia.

Recientemente, ha salido a la luz la compra ilegal del software de espionaje Pegasus al Estado de Israel, al parecer por parte de sectores del Estado en Colombia, lo que plantea serias preguntas sobre el respeto a los derechos humanos y la democracia en el país. Este programa, que se ha utilizado para espiar a activistas, periodistas y líderes sociales, también tiene implicaciones directas en la lucha ambiental. El posible espionaje a defensores y defensoras del medio ambiente a través de Pegasus no solo sería una grave violación de sus derechos fundamentales, sino también una estrategia de intimidación para desmotivar a quienes luchan contra proyectos extractivos destructivos.

La COP16 en Colombia debe ser mucho más que un evento internacional centrado en la reducción de emisiones y la conservación de la biodiversidad. Para que las políticas climáticas globales sean efectivas, es crucial que se aborden las luchas sociales y políticas que se desarrollan en paralelo. Colombia tiene la oportunidad, como anfitriona de la COP16, de liderar un cambio hacia un modelo de sostenibilidad que no solo conserva el medio ambiente, sino que también garantiza justicia social y política. Este cambio debe comenzar por proteger a las comunidades y a los líderes que, día tras día, arriesgan sus vidas por un futuro más justo y verde. Sin ellos, la lucha contra el cambio climático será incompleta.

Luis Emil Sanabria D.

Cultivos de Coca, violencia armada y la COP16

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

En 1998, siendo responsable de los diálogos sociales y los programas de convivencia y paz de Norte de Santander, tuve la grata responsabilidad de ayudar a instalar y construir, de manera participativa, los acuerdos con los campesinos del Catatumbo dedicados al cultivo de coca, acampados en el municipio de El Zulia.

El apoyo al desarrollo de infraestructura vial y de servicios básicos, el respaldo a la siembra y comercialización de cultivos tradicionales, y las garantías a la vida y la permanencia en el territorio, entre otros aspectos, fueron colocados sobre la mesa de diálogo por los marchantes, e hicieron parte del acuerdo logrado. Luego vino la arremetida paramilitar en complicidad con el Estado, y este sueño de construir un territorio de paz se fue al traste, como muchos otros sueños y vidas humanas de la región.

 

La erradicación de cultivos de coca con fines ilícitos ha sido uno de los mayores desafíos en Colombia, donde las economías locales, los conflictos armados y el narcotráfico están profundamente entrelazados. La historia demuestra que un enfoque exclusivamente represivo no es suficiente. Para alcanzar soluciones sostenibles, es esencial una política integral que contemple la participación comunitaria, la compra estatal de las cosechas de coca, la sustitución gradual por cultivos legales y la recuperación forestal, todo ello alineado con los compromisos ambientales y climáticos establecidos internacionalmente, así como con los esfuerzos para superar la violencia armada.

Uno de los principios fundamentales en la elaboración de un programa de erradicación sostenible es la participación activa de las comunidades locales, quienes a menudo dependen del cultivo de coca para su subsistencia. Un componente clave en estos programas es la propuesta de compra estatal de las cosechas de coca, lo que puede ayudar a evitar que los agricultores vendan su producción al narcotráfico. Esta propuesta, que guarda similitud con el modelo aplicado en Bolivia, donde se permitió el cultivo regulado de coca para usos tradicionales, ofrece a los campesinos una fuente de ingresos mientras se implementan procesos de sustitución gradual.

En Bolivia, la política del «Cato de Coca» permitía a los agricultores cultivar una cantidad limitada para usos culturales y medicinales, evitando el conflicto directo con el Estado y creando un ambiente de mayor colaboración. Este modelo puede servir de inspiración para programas en Colombia, donde la compra estatal garantizaría un mercado legal para la coca con fines de producción de concentrados, suplementos vitamínicos e infusiones, mientras se desarrollan cultivos alternativos y se disminuye gradualmente el área dedicada a la coca.

La recuperación forestal es un componente central en estos programas, especialmente en el marco de la COP16, que subraya la necesidad de mitigar los efectos del cambio climático mediante la conservación y restauración de los ecosistemas. Aquí, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) deben jugar un papel protagónico. La deforestación asociada con los cultivos de coca ha sido un problema grave en la región, donde las selvas tropicales han sido destruidas para abrir espacio a estos cultivos ilícitos.

En Costa Rica, el gobierno implementó con relativo éxito programas de pago por servicios ambientales (PSA) que compensan a las comunidades rurales por la protección de los bosques y la reforestación de áreas degradadas. Un enfoque similar en los programas de erradicación de coca permitiría a los agricultores recibir compensaciones por la restauración forestal, generando ingresos sostenibles y contribuyendo a los objetivos climáticos internacionales.

Los cultivos de uso ilícito, la producción de cocaína y su comercialización han sido una fuente de financiamiento para grupos armados ilegales, prolongando la violencia en las zonas rurales. Los acuerdos de paz de 2016 entre el gobierno y las FARC incluyeron un compromiso para la sustitución de cultivos de coca en el marco de un desarrollo rural integral. Lamentablemente, la falta de una implementación efectiva y pertinente ha llevado al resurgimiento de la violencia en algunas regiones.

Los programas de erradicación, sustitución y beneficio deben coordinarse con estrategias de convivencia, reconciliación y seguridad que protejan a las comunidades rurales, evitando que queden atrapadas nuevamente en las violencias. Estos programas se convierten en ejes fundamentales para la emergencia de la Territorialidad para la Paz.

Luis Emil Sanabria D.

Es urgente un cambio frente a la violencia armada

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

En Colombia, el número de masacres y asesinatos de líderes y lideresas sociales es un reflejo devastador de la incapacidad del Estado y del Gobierno para frenar esta tragedia humanitaria. A pesar de los esfuerzos de algunos sectores, el desangre de las comunidades persiste. Las personas que se han atrevido a levantar su voz para defender derechos humanos, el medio ambiente, territorios colectivos y proyectos de vida digna, son sistemáticamente silenciadas, en un ciclo incesante de violencia que envuelve a comunidades, niños, niñas y jóvenes.

Es en este contexto, que seguimos reclamando al gobierno nacional y a los gobiernos locales, la necesidad urgente de replantear las estrategias de protección y seguridad, partiendo desde la base de la sociedad y contando con las comunidades organizadas. La experiencia de los Planes de Autocuidado y Autoprotección son herramientas esenciales que han nacido de la propia resistencia comunitaria ante la ausencia de una respuesta estatal eficaz. La construcción colectiva de estos planos, que incluye a los propios líderes, lideresas, organizaciones sociales y actores clave en el territorio, con sus redes, guardias y colectivos noviolentos, es una de las barreras que puede erigirse frente a la violencia armada.

 

La seguridad colectiva no puede ser vista solo como una cuestión de armamentismo o más presencia militar, sino como un proceso integral que prioriza la vida, el bienestar y la permanencia en el territorio. En medio de los diálogos con grupos armados o no, estos planes deben contar con recursos suficientes, garantizados por el Estado, no solo para su implementación, sino para generar condiciones que aseguren la continuidad de estos procesos de protección comunitaria, debidamente asesorados y controlados. Es urgente que alguna entidad estatal dispongan apoyos y rutas humanitarias eficaces para salvar la vida de quienes están bajo amenazas constantes, especialmente en territorios donde el Estado es muy débil o no existe.

¿Dónde están los planes estratégicos de construcción de paz y seguridad que priorice la acción coordinada interinstitucional en los territorios más afectados por la violencia? No se puede continuar permitiendo que las acciones sean aisladas y desarticuladas. Las instituciones del Estado, las organizaciones internacionales y la sociedad civil deben trabajar juntas para crear un marco de seguridad, convivencia, reconciliación y paz que trascienda el enfoque punitivo y guerrerista, y que apueste por la paz territorial, el diálogo y la justicia social. De esta forma, el cacaraqueado Acuerno Nacional se hace realidad en los regiones, escenario donde la reconciliación toma vida propia.

Fortalecer las organizaciones sociales debe ser una prioridad en este proceso. Ellas han demostrado ser el núcleo de la resistencia noviolenta en los territorios más golpeados por las acciones delincuenciales. No solo se han organizado para defender la vida y el territorio, sino que también son fundamentales en la promoción de la memoria histórica, la construcción de proyectos de vida y la reivindicación de derechos. Las organizaciones no solo sirven para movilizar sus asociados cada vez que se requiere salir a defender una u otra propuesta de gobierno, son fundamentalmente el acumulado organizativo, la conciencia viva que hará posible las transformaciones hacia el goce pleno de los derechos humanos.

La violencia contra los líderes y líderes sociales no solo es un crimen contra quienes la padecen directamente, sino también contra el futuro colectivo de Colombia. Solo con un enfoque de protección que parte desde las comunidades y que sea respaldado por una acción estatal comprometida y coherente, podremos soñar con detener prontamente este ciclo de muerte. El Estado debe asumir su responsabilidad, no solo como garantía de los derechos humanos, sino como un actor proactivo en la construcción de un país que pueda sanar sus heridas y avanzar hacia una paz verdadera y sostenible.

Luis Emil Sanabria D

El Acuerdo Mínimo ¿cumplirá la expectativas?

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

El documento para construir el Acuerdo Mínimo contra la Violencia y la Democracia presentado por el gobierno nacional en cabeza del Ministro Juan Fernando Cristo, es una de las propuestas más importantes y esperada, en la búsqueda de una Colombia más pacífica y equitativa. Esta iniciativa tiene el objetivo de convocar a diversos sectores políticos, sociales y económicos del país para dialogar y acordar sobre soluciones que promuevan la convivencia pacífica, fortalezcan la democracia y aborden las necesidades más urgentes de la población.

Para tranquilidad de los fabricantes de falsas noticias, generadores expertos de terror mediático, la propuesta deja explícito el tema de la reeleccion presidencia, cuan afrima que no se promoverá “la reelección ni la alteración de los periodos de los mandatarios de la rama ejecutiva deelección popular”. Sin embargo, no se aborda con decisión y profundidad el tema de la participación del constituyente primario y su poder de decisión, al igual que no hace el énfasis indicado en relación con las políticas económicas que han prevalecido en el país y su impacto en la vida cotidiana. 

 

Uno de los puntos fundamentales del acuerdo es el compromiso con la erradicación de la violencia en la política, asunto que debe abarcar el fortalecimiento del monopolio de las armas por parte del Estado y el fin del armamentismo. Llama la atención el énfasis necesario y urgente de construir “un compromiso de las partes con rechazar la violencia en la política, la interferencia de cualquier grupo armado en los procesos electorales y excluir de partidos y movimientos políticos a candidatos con vínculos con grupos ilegales” asunto que todos los democratas debemos respaldar y sin el cuál será muy dificil avanzar en la construcción de la paz integral.

De otro lado en este mismo componente, se llama a proteger la vida de los líderes sociales y políticos, así como de quienes firmaron los acuerdos de paz. Aquí el gobierno y todos los sectores convocados, deben retomar la propuesta de las organizaciones y comunidades de construir participativamente planes de autocuidado y autoprotección complementarios a planes colectivos de protección estatal, como herramienta fundamental para garantizar la vida y la permanencia en el territorio.

La centralización del poder, el acceso limitado a los espacios de deliberación y el monopolio de la toma de decisiones por parte de las élites políticas y económicas han marginado a muchas comunidades, particularmente en las zonas rurales y más afectadas por el conflicto armado. Para que el acuerdo transforme la realidad del país, es indispensable que incluya nuevos y efectivos mecanismos de participación ciudadana accesibles, inclusivos y vinculantes, de modo que las voces de las personas más vulnerables, puedan ser escuchadas y tenidas en cuenta. Un acuerdo que avance hacia la descentralización política y administrativa, de la mano de la participación y la focalización de necesidades será fundamental.

Otro aspecto crítico que se debe abordar es el modelo económico neoliberal que ha dominado las políticas públicas en Colombia durante décadas. El documento menciona la necesidad de impulsar una economía más equitativa y sostenible, lo cual es un avance importante. Sin embargo, las propuestas económicas que se incluyen aún se enmarcan en un modelo que prioriza la competitividad, el crecimiento macroeconómico y la atracción de inversión extranjera, sin abordar de manera suficiente las desigualdades estructurales que este mismo modelo ha perpetuado y la necesidad de aumentar medidas de fortalecimiento y protección a la industria nacional garantizando que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todas las regiones y poblaciones.

Hay que acordar cómo superar el rezago en el desarrollo de sectores como la agricultura campesina, la industria local y las economías comunitarias, ya que esto ha generado una profunda desigualdad en la distribución de la riqueza y un acceso desigual a los recursos y oportunidades. Es crucial que se integren a la iniciativa el tema de los derechos laborales, especialmente en sectores donde la informalidad y la precarización son la norma.

Un componente esencial debe ser la transformación de los municipios más afectados por el conflicto. Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son una herramienta valiosa para mejorar las condiciones de vida en estas zonas. La transformación participativa de estos territorios no debe limitarse a la mejora en infraestructuras, sino que debe incluir un proceso de reconfiguración social y económica que permita a las comunidades ser protagonistas de su propio desarrollo, con modelos de producción más sostenibles y adecuados a las realidades locales. Uniendo voces construimos país.

Luis Emil Sanabria Durán

Más que un Centro de Salud, es la presencia de Sabaseba

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

La primera vez que visité la comunidad Barí fue a mediados de 1989, mientras realizaba mi rural en el municipio de Convención. Una brigada de salud multidisciplinaria llegó a Bridikayra, en pleno corazón de la selva del Catatumbo, para brindar asistencia a un pequeño grupo de indígenas que sufrían de graves condiciones de desnutrición y diversas enfermedades tropicales. Desde ese día, forjé una amistad con los Barí, convencido de que la lucha por defender y preservar nuestras raíces ancestrales es un paso fundamental hacia la construcción de un país más justo y equitativo.

Después de años de lucha y persistencia por parte de las comunidades y autoridades ancestrales, el gobierno del cambio en cabeza del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha anunciado la construcción de un Centro de Salud Primaria en el resguardo Barí. Esta noticia representa un paso crucial no solo para el sistema de salud de la región, sino también para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas que han sido históricamente marginados en Colombia.

 

El anuncio del ministro llega después de décadas de esfuerzos y de múltiples llamados por parte de la comunidad Barí y de organizaciones sociales que han abogado por mejores condiciones de salud en sus territorios. Los Barí, una comunidad indígena asentada en Norte de Santander en la frontera entre Colombia y Venezuela, han enfrentado enormes desafíos en el acceso a servicios básicos de salud, debido al modelo de salud impuesto desde la Ley 100, a la corrupción, la lejanía de sus territorios como a las barreras culturales, económicas y sociales.

Este nuevo Hospital, que también involucra el rescate de centros de salud abandonados durante años de desidia y exclusión, será un hito para la comunidad, brindando acceso a atención médica primaria en su propio territorio. No tener que recorrer largas distancias, hasta Tibú, Cúcuta, Ocaña o Valledupar para recibir atención médica, significa que la comunidad podrá atender problemas de salud urgentes de manera más rápida y con mayor eficiencia, mejorando su calidad de vida.

El anuncio también tiene una gran importancia simbólica. Históricamente, los pueblos indígenas de Colombia han sido relegados a un segundo plano en términos de políticas públicas. Esta construcción reconoce, por fin, las necesidades particulares de los Barí, en una mezcla de la medicina ancestral y tradicional, con la medicina occidental y demuestra una voluntad del Estado de integrarlos en los servicios esenciales, respetando su autonomía y formas de vida.

La inversión en infraestructura de salud en territorios indígenas no solo es una medida que salva vidas, sino que también es un reconocimiento de los derechos humanos, a la resistencia de los pueblos originarios ante el genocidio propiciado por quienes quieren adueñarse de su territorio y un avance en materia de justicia social que estas comunidades han estado exigiendo durante años. Además, en un país como Colombia, donde la paz y la equidad son temas en constante debate, esta acción puede contribuir a fortalecer la confianza en las instituciones por parte de las comunidades históricamente marginadas.

La construcción de este puesto de salud, enclavado en la selva tendrá un enfoque diferencial que respete las cosmovisiones y prácticas de la comunidad Barí. Esto significa que el personal médico y las políticas de salud no solo deben estar alineados con los estándares nacionales, sino también adaptados a las particularidades culturales y sociales de los Barí. La medicina tradicional, que es fundamental para los pueblos indígenas, debe ser integrada como una parte esencial del modelo de atención. Este enfoque garantizará que la intervención estatal no sea percibida como una imposición, sino como un apoyo que refuerza las capacidades propias de la comunidad, protegiendo su cultura y tradiciones.

La construcción de este puesto de salud en el resguardo Barí representa una victoria para la comunidad, que de la mano de sus autoridades, de las organizaciones acompañantes y bajo la autoridad espiritual del Dios Sabaseba, abre una oportunidad para que Colombia avance hacia un sistema de salud más inclusivo y justo. Este proyecto es un recordatorio de que la lucha por la equidad y los derechos de los pueblos indígenas sigue siendo una tarea pendiente en el país.

Luis Emil Sanabria D.

El golpe a la estrategia de la paz total

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

La construcción de una paz duradera en Colombia requiere de un enfoque integral y coordinado. Para alcanzar la Paz, no basta con avanzar en acuerdos parciales o segmentados; es necesario dialogar con todos los actores armados de manera simultánea. Este es un proceso complejo que, aunque desafiante, debe avanzar con firmeza y con una clara orientación hacia la consecución de resultados que realmente beneficien a la población. En un país donde el conflicto ha dejado profundas cicatrices, el diálogo es la herramienta más poderosa para la reconciliación.

En este contexto, la reciente suspensión de la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) representa un duro golpe a la estrategia de paz total que ha sido promovida por el gobierno actual. Este proceso, que ya había mostrado avances significativos en las conversaciones con este grupo insurgente, es crucial para la estabilidad y el bienestar de las comunidades más afectadas por el conflicto. La mesa de diálogo con el ELN, como parte de un enfoque integral, no es un fin en sí mismo, sino un medio para generar condiciones de vida dignas y seguras para millones de colombianos.

 

La suspensión no solo pone en riesgo los avances logrados hasta ahora, sino que también genera incertidumbre sobre el futuro de la estrategia de paz total. Las comunidades, especialmente en zonas históricamente vulnerables, necesitan ver resultados tangibles que muestren el compromiso del Estado y de los grupos armados en la construcción de una paz sostenible.

En estos momentos difíciles, nuestra obligación como sociedad es rodear el proceso de paz, fortalecer el respaldo a las negociaciones y mantener una postura firme en la exigencia de garantías reales para las comunidades afectadas. Es indispensable que el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional refuercen su compromiso con la paz y aseguren que las conversaciones no se queden en promesas vacías. Exigir compromisos claros de los armados, en términos de cese al fuego, respeto a los derechos humanos y efectivo compromiso con la superación de la violencia armada, debe ser una prioridad.

Este proceso requiere de paciencia, pero también de una voluntad decidida por parte de todos los actores involucrados y de la población civil. No podemos permitir que retrocesos como la suspensión de una mesa de diálogo empañen el horizonte de la paz total. Es crucial que las negociaciones con el ELN se retomen. Que se revise uno a uno los acuerdos logrados, los avances y las dificultades en la implementación y se evalúe el impacto en las regiones.

Al final, la paz no puede ser un pacto entre élites ni un simple acuerdo en papeles. Debe reflejarse en la vida cotidiana de la gente, especialmente de aquellas comunidades más afectadas por la guerra. El desafío de coordinar múltiples frentes de diálogo no debe ser visto como una barrera, sino como una oportunidad para construir una paz verdadera, inclusiva y justa.
El Acuerdo #28 logrado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre la participación es crucial para garantizar que la voz de las comunidades más afectadas por el conflicto sea escuchada y valorada. Este acuerdo no solo establece el compromiso de las partes para promover la paz, sino que busca crear mecanismos reales de inclusión, donde las decisiones sobre el futuro del país se construyan de manera colectiva. Las comunidades han sido históricamente excluidas de los espacios de toma de decisiones, y en muchas regiones, son precisamente ellas las más afectadas por el conflicto armado. Implementar este acuerdo significa abrir espacios para que campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes y otros sectores puedan influir en la construcción de políticas públicas que atiendan sus necesidades.

El Acuerdo sobre la participación de la sociedad, no es solo un paso más en las negociaciones, sino una base fundamental para la paz duradera. Si las comunidades sienten que tienen el poder de incidir en su futuro, se genera un ambiente de confianza y reconciliación. El ELN, al comprometerse con este acuerdo, también reconoce que la paz solo es posible si es construida desde abajo, con la gente.

Implementar los acuerdos de participación es, por tanto, una urgencia. No podemos esperar a que las condiciones sean perfectas o que otros factores se alineen. La paz se construye día a día, y la participación de las comunidades en los procesos de transformación del país es la garantía de que esa paz será inclusiva, justa y duradera.

Luis Emil Sanabria D.

Fortalecer los partidos progresistas y de izquierda ¿para qué?

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

De cara a las elecciones futuras presidenciales, es crucial asegurar la gobernabilidad, llevar a cabo las reformas progresistas que el país necesita y continuar la tarea empezada en el presente gobierno. En este marco el fortalecimiento de los partidos progresistas y de izquierda en Colombia se presenta como una tarea urgente y estratégica.

Es fundamental que aquellas expresiones políticas que, por ley, están obligadas a unificarse, trabajen en la construcción de un Partido Único. Al mismo tiempo, quienes consideren que este mecanismo no les proporciona un espacio real y suficiente, o no estén sujetos a dicha obligación legal, deben avanzar hacia mecanismos de acción política unitaria. Esto incluye trabajar conjuntamente con otros sectores políticos, como los liberales o socialdemócratas, para formar, junto con el Partido Único, un gran frente unitario, amplio y democrático.

 

Este frente debe ser capaz de ampliar y mantener el apoyo popular en las elecciones, así como de garantizar una gobernanza efectiva y una gobernabilidad que favorezca a las mayorías, confluyendo, mediante consulta amplia, en una candidatura presidencial única, capaz de representar un proyecto común que matiza las diferencias y legitima las especificidades políticas de cada agrupación políticos. Este esfuerzo debe ir acompañado de una estrategia coherente que contemple dos o tres listas al Senado y diversas listas a la Cámara.

Este reagrupamiento debe reconocer e incluir el acervo organizativo de los movimientos sociales y comunitarios, garantizando que se construya desde las bases y no se limite únicamente a las decisiones excluyente de la esfera parlamentaria. Como menciona Ernesto Laclau, «la construcción de un pueblo es siempre una operación política; el pueblo no es simplemente un dato social, sino el producto de una articulación política» (Laclau, 2005). Esto implica una verdadera integración para consolidar un proyecto político con vocación de poder.

La idea no se limita únicamente a ganar las elecciones; su propósito es más profundo y más ambicioso a largo plazo. Es urgente establecer una base política sólida que guíe al nuevo presidente o presidenta en los derroteros centrales de un gobierno que rectifique errores, fortalezca el poder ciudadano y continúe el camino del cambio. Se debe superar la improvisación, la corrupción, el sectarismo, el vanguardismo y el clientelismo, problemáticas que afectan a la izquierda contemporánea.

Su accionar debe enfocarse en la formación política de sus integrantes, de modo que estos sean capaces de liderar y participar activamente. La capacidad organizativa y política de la ciudadanía es esencial para garantizar una participación activa e informada que anime una transformación social efectiva. Como afirma Paulo Freire, «la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo» (Freire, 1970).

Un frente amplio debe explorar nuevas pedagogías para vincular a los jóvenes en la construcción de un país próspero, democrático y justo. Se debe desarrollar una nueva cultura política que conecte con las demandas de la juventud, que estipule su participación transformadora. Al menos cuatro objetivos centrales, no excluyentes, deben guiar el accionar de esta coordinación política democrática.

La Construcción de la paz integral entendida de manera amplia, lo que implica rechazar y deslegitimar la violencia armada como herramienta de confrontación política o de enriquecimiento, y trabajar decididamente por el diálogo y la solución pacífica de los conflictos, en busca de una sociedad más justa y equitativa. Como sugiere Johan Galtung, «la paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino la presencia de alternativas creativas para responder a los conflictos» (Galtung, 1969).

Erradicar la corrupción, el narcotráfico, el tráfico de especies y la minería ilegal, motores de la desigualdad, la violencia y el despojo en el país. El frente debe comprometerse a la implementación de políticas que modifiquen las estructuras económicas y políticas que permiten su proliferación. Es esencial transformar el sistema de justicia y fortalecer las instituciones para combatir eficazmente estos problemas.

Proteger y recuperar el medio ambiente y la biodiversidad, implementando políticas sostenibles que aseguren un futuro próspero, así como el compromiso con la transición energética y la defensa de los territorios frente a la explotación ilegal. La preservación de los ecosistemas no es solo una cuestión ecológica, sino un tema de justicia social, ya que las comunidades vulnerables suelen ser las más afectadas por la degradación ambiental.

Transformar el modelo económico, para asegurar que el crecimiento económico esté alineado con el desarrollo social y el fortalecimiento estatal, garantizando que los recursos nacionales sean utilizados para el bienestar común. Esto implica desatar un vasto programa de desarrollo agrícola de la mano de la Reforma Rural, continuar el fortalecimiento y las garantías para la pequeña y mediana empresa, y una mayor intervención estatal en sectores estratégicos.

El Acuerdo Nacional comienza en casa. A los diferentes sectores políticos, económicos y sociales, les debe llegar un mensaje claro, una propuesta generosa y realizables, con apego a los derechos humanos, la Constitución y la ley, alrededor de la cual, podamos deliberar, construir pactos, unir voces y corazones para edificar un país en el que quepamos henchidos de dignidad y esperanza.

Luis Emil Sanabria D.

Bloqueos empresariales y vigilancia ilegal, dos caras de un problema profundo

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

La coyuntura actual enfrenta al país a dos fenómenos que pueden analizarse de manera complementaria. De un lado, el bloqueo de vías promovido fundamentalmente por empresarios del sector transporte en respuesta al urgente y necesario desmonte del subsidio al ACPM y, de otro lado, la reciente revelación de la compra ilegal a Israel y el posible uso delictivo del software de espionaje llamado Pegasus. Ambos sucesos no solo generan incertidumbre y desconfianza, sino que además ponen en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Los empresarios del sector transporte, para enfrentar el incremento del precio del ACPM y el desmonte de subsidios que durante años les ha favorecido, en detrimento de programas sociales que beneficiarían a los más necesitados y vulnerables, decidieron recurrir al bloqueo de carreteras como medida de presión, buscando obtener soluciones inmediatas del gobierno. Sin embargo, lo que se presentó como una demanda válida para aliviar los efectos de las medidas económicas, se convirtió en una acción desproporcionada y perjudicial para millones de colombianos, revelando una posible agenda oculta con un claro interés político.

 

Los bloqueos impuestos por los empresarios del transporte afectaron no solo el abastecimiento de alimentos y medicinas, sino también el acceso a servicios esenciales como la educación y la salud, derechos fundamentales que deben ser protegidos en todo momento y lugar. No se puede justificar que la legítima preocupación por los costos del combustible y el desmonte de subsidios termine convirtiendo a la población en víctima de los bloqueos permanentes, que no deben confundirse con el legítimo derecho a la movilización social.

Es evidente que la crisis generada y su manejo por parte del gobierno nacional dejó claro que el diálogo abierto y responsable es la mejor ruta para abordar estas preocupaciones, sin recurrir a bloqueos permanentes que agraven la situación social del país, ni a respuestas violentas y desproporcionadas por parte del gobierno.

Si bien el alza en el precio del ACPM es una realidad global impulsada por múltiples factores e instituciones, como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la oferta y demanda global, los mercados de futuros y la especulación, las condiciones geopolíticas, los costos de refinación y transporte, y las políticas de los países consumidores, el acuerdo pactado mostró la necesidad de seguir explorando soluciones a largo plazo que permitan una transición justa para las y los conductores, propietarios de camiones y empresarios del transporte, sin que ello implique recurrir a medidas extremas que pongan en riesgo la economía y el bienestar de millones de colombianos.

A la par de los bloqueos camioneros, otro escándalo sacude la confianza ciudadana en las instituciones: la compra ilegal y el posible uso indebido del software de espionaje Pegasus. Este sistema, diseñado para interceptar teléfonos móviles sin dejar rastro, hackear dispositivos y obtener información privada, originalmente ideado para combatir el crimen organizado y las amenazas a la seguridad nacional, ha sido utilizado en otros países para monitorear a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos sin las debidas garantías legales.

La vigilancia sin control judicial y el uso de información privada para desprestigiar a ciudadanos y colectivos es una violación directa a los derechos humanos. De confirmarse que funcionarios del Estado, en alianza con medios de comunicación o periodistas, usaron indebidamente esta herramienta tecnológica para espiar a sectores sociales, democráticos y de izquierda, a la campaña política del presidente Gustavo Petro o para judicializar y perseguir indebidamente a ciudadanos, estaríamos ante delitos graves contra instituciones esenciales encargadas de garantizar la vida y la democracia.

El bloqueo de vías y la compra de Pegasus, tienen varios puntos en común que parecen enmarcados en un plan estratégico de desprestigio y debilitamiento del actual gobierno nacional. Se complementan en la afectación profunda de los derechos fundamentales, el interés de algunos sectores por mantener privilegios a costa del Estado Social de Derecho, y la estrategia preconcebida de aumentar la polarización y construir un relato que instale la idea de estar atravesando una crisis de ingobernabilidad sin precedentes.

Colombia no puede permitirse seguir en una espiral de bloqueos, “chuzadas”, violencia, corrupción y polarización. Es momento de construir puentes, no muros, para avanzar hacia un futuro en el que los conflictos y las diferencias sean atendidos sin recurrir a prácticas que perjudiquen o violen los derechos fundamentales. Para ello, en consonancia con el llamado de la sociedad civil que organiza la Semana por la Paz que inició este domingo, se necesita la voluntad de todos los sectores políticos, sociales y económicos interesados en unir voces y construir país.

Luis Emil Sanabria D.

Un llamado a la coherencia y al respeto si queremos construir paz

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

En el delicado proceso de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las recientes declaraciones del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y del comandante Antonio García del ELN han generado preocupaciones legítimas sobre la dirección de las negociaciones. Si bien es comprensible que existan diferencias en un proceso tan complejo, las posturas públicas de ambos líderes parecen estar contribuyendo a la erosión de la confianza mutua y al estancamiento de las conversaciones. Siguen pesando más las posiciones que el interés en respetar el anhelo de paz del pueblo colombiano y avanzar en el proceso.

Otty Patiño, en su calidad de Alto Comisionado para la Paz, tiene la responsabilidad de liderar un proceso que aspire a ser inclusivo y que busque soluciones duraderas a un conflicto que ha dejado una profunda huella en Colombia. Sin embargo, sus declaraciones recientes, que en ocasiones han mostrado una rigidez y una falta de empatía hacia las posiciones del ELN, han sido motivo de preocupación. La paz no se puede construir desde la confrontación verbal ni desde la imposición unilateral de condiciones, sino desde el reconocimiento de la legitimidad de las preocupaciones del otro y desde la búsqueda de puntos comunes, no solo con la contraparte, sino con las víctimas que este conflicto sigue produciendo.

 

Patiño, al no mostrar la flexibilidad necesaria para entender las raíces históricas y sociales del conflicto con el ELN, corre el riesgo de entorpecer un proceso que requiere sensibilidad y una disposición genuina para escuchar. Es fundamental que el Alto Comisionado se enfoque en fortalecer los canales de diálogo, en lugar de cerrar puertas con discursos que alimentan la desconfianza. La mayor responsabilidad de recomponer los diálogos le corresponde al Estado colombiano en cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, y no al grupo guerrillero que claramente se declara en rebeldía y desarrolla acciones que infringen el Derecho Internacional Humanitario, y que en ocasiones se pueden calificar, por su forma e impacto, como terroristas.

Por su parte, Antonio García, uno de los líderes más visibles del ELN, ha mantenido un discurso que, si bien puede reflejar la frustración acumulada por décadas de lucha armada, también parece estar más orientado a justificar la continuidad del conflicto que a encontrar una salida pacífica. Por supuesto que en Colombia hay injusticias, que nuestra democracia es imperfecta, que la soberanía popular no se hace efectiva, que la corrupción carcome nuestras instituciones, pero se debe avanzar en un proceso que nos entregue acuerdos para ser cumplidos a corto, mediano y largo plazo, a la par que se desactiva la confrontación armada, que evidentemente aporta una gran cuota al estado de cosas injustas. Su postura rígida, que a menudo critica sin ofrecer alternativas viables, amenaza con mantener al país en un ciclo interminable de violencia.

La Sociedad, el ELN, al igual que el gobierno, debe reconocer que el diálogo es el único camino hacia una paz real. Persistir en una estrategia de confrontación armada y verbal no solo prolonga el sufrimiento, sino que también desvía la atención de los logros ya alcanzados en las mesas de negociación. García tiene la oportunidad de ser un líder que contribuya a un cambio histórico, pero para ello debe abandonar la retórica que perpetúa la desconfianza y empezar a construir puentes, con todos los sectores sociales, incluido el empresariado, que nos lleven hacia una reconciliación verdadera.

A pesar de las diferencias y las dificultades inherentes al proceso de paz, es crucial que tanto el gobierno como el ELN reconozcan los avances logrados hasta ahora y trabajen para superarlos. Los logros obtenidos no son insignificantes y representan pasos importantes hacia la paz y la reconciliación del país. Sin embargo, estos avances pueden verse amenazados si las partes continúan con un discurso de confrontación y descalificación mutua.

Es en este contexto que la sociedad civil colombiana debe levantar su voz. No podemos permitir que el proceso de paz se vea truncado por la falta de voluntad o por la obstinación de sus líderes. La sociedad civil tiene el poder y el deber de exigir avances concretos, de demandar respeto a la vida y a las opiniones de todos los colombianos, de exigir el cumplimiento de los acuerdos hasta ahora pactados, en especial el primer punto de la agenda sobre participación de la sociedad y de promover un diálogo que verdaderamente aspire a poner fin a décadas de conflicto.

La paz en Colombia no es solo responsabilidad de los actores armados o del gobierno; es un esfuerzo colectivo que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Es el momento de que la sociedad civil se movilice para exigir que se respeten los acuerdos alcanzados, que se avance en las negociaciones y que se ponga en el centro del debate el respeto por la vida y por las opiniones diversas. La Semana por la Paz número 37, que se celebrará durante el mes de septiembre, llama al diálogo y a la unidad para avanzar en la construcción de un nuevo país, llamado que todos y todas debemos escuchar.

Luis Emil Sanabria D.

Un esfuerzo necesario ante una guerrilla aferrada a sus posiciones

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

Ha pasado casi desapercibida la importante propuesta que el presidente Gustavo Petro le envió de manera confidencial a la guerrilla del ELN. No se trata solo de utilizar un mecanismo que es muy útil en momentos de crisis, como es la confidencialidad en la búsqueda de salidas posibles a los estancamientos o dificultades de los diálogos entre partes enfrentadas; se trata también de una valiosa idea en términos de participación, que seguramente incorporaría un actor y un nivel diferente y decisivo a la hora de buscar salidas prácticas a este largo conflicto.

La propuesta confidencial del presidente Gustavo Petro al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para dialogar con los empresarios sobre la política económica del país representa un esfuerzo audaz para superar décadas de conflicto armado en Colombia. Esta necesidad, que se planteó por sectores sociales en los preencuentros y encuentros de participación promovidos por el Comité Nacional de Participación, es un intento genuino de integrar a todos los actores relevantes en la construcción de una paz duradera, pero también plantea importantes interrogantes sobre la disposición del ELN para participar en un diálogo constructivo que priorice los intereses populares.

 

El conflicto armado en Colombia ha estado profundamente arraigado en desigualdades socioeconómicas y en la exclusión social, fenómenos que se han exacerbado bajo políticas económicas neoliberales. Estas políticas, que priorizan la liberalización del mercado, la privatización y la reducción del gasto público, han beneficiado a sectores privilegiados mientras que han marginado a amplias capas de la población. Dialogar sobre estas políticas permite abordar las causas estructurales del conflicto, proporcionando un camino hacia la equidad y la justicia social, que son esenciales para la paz duradera.

La conversación entre el ELN, el Gobierno y los empresarios, en la cual se involucraría a las organizaciones ciudadanas, es una oportunidad para repensar el modelo económico colombiano, buscando uno que no solo favorezca el crecimiento económico, sino que también promueva la inclusión social y el desarrollo equitativo. Un modelo económico más inclusivo puede integrar las demandas de los sectores más vulnerables y asegurar que los beneficios del desarrollo lleguen a todos, reduciendo así las tensiones sociales que alimentan el conflicto. Un avance en este sentido fortalecería la democracia y la capacidad popular para avanzar en futuras transformaciones.

Las políticas neoliberales han generado una gran polarización en la sociedad colombiana, donde sectores enteros se sienten excluidos del proceso de desarrollo. Este sentimiento de exclusión ha sido uno de los motores del conflicto armado. Si las partes involucradas en el diálogo logran consensuar una política económica que considere las necesidades de todos, se podría reducir significativamente la polarización, creando un clima más propicio para la reconciliación y la paz.

Un acuerdo en este sentido hará posible multiplicar los beneficios de la implementación de un acuerdo de paz, no solo en términos económicos, sino también en materia política y social. Cerrar filas conjuntamente entre empresarios, gobierno, población civil y futuros firmantes de paz podría aportar sustantivamente a superar fenómenos como la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos, la minería ilegal o el cambio climático.

Los intentos de negociación con el ELN han estado marcados por la desconfianza mutua y la rigidez ideológica de la guerrilla, que ha mantenido un discurso de confrontación contra las élites económicas. La propuesta del presidente Petro busca romper este ciclo al invitar a los empresarios al diálogo, un gesto que reconoce la importancia de un consenso económico amplio para la construcción de una paz sostenible. Este enfoque integral es innovador y necesario, ya que sitúa la economía en el centro del proceso de paz, algo que ha sido largamente ignorado en negociaciones anteriores.

La importancia de este diálogo radica en su capacidad para abordar las causas estructurales del conflicto, pero para que tenga éxito, el ELN debe mostrar una apertura real al cambio. No basta con sentarse a la mesa; es necesario que la guerrilla reconozca la necesidad de un modelo económico que equilibre las demandas de justicia social con el crecimiento y la estabilidad económica. La pregunta es si el ELN está dispuesto a hacer concesiones en esta dirección o si continuará aferrándose a su agenda política y económica.

Por otro lado, los empresarios colombianos tienen ahora la oportunidad de jugar un papel proactivo en la construcción de la paz. Si bien la propuesta de Petro les invita a la mesa de negociación, también los coloca en una posición incómoda, obligándolos a enfrentar sus propias responsabilidades en la perpetuación de las desigualdades que han alimentado el conflicto. Su participación es crucial, pero también debe ser crítica, reflexiva y generosa, asegurando su disposición en la construcción de una sociedad más justa.

Los elenos deberían reconsiderar su posición, escuchar más a las comunidades y considerar la invitación que hace la Semana por la Paz – 2024, cuando pone al centro de su accionar el lema “Uniendo Voces Construimos País”. Solo en el diálogo, el logro de acuerdos y el cumplimiento de estos, estará la salida para avanzar en la paz integral. Descongelar las conversaciones, revisar el cumplimiento de lo acordado sin otra pretensión diferente a la búsqueda de la paz, retomar el Cese al Fuego Bilateral y la agenda de la participación, seguramente nos llevará a puerto seguro.

Luis Emil Sanabria D.

La paz integral en Colombia: ¿seremos capaces?

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

Es hora de que la sociedad colombiana, en su mayoría, tome una decisión firme y colectiva: avanzar hacia la construcción de una paz que no solo ponga fin a la violencia armada, sino que aborde las raíces de las desigualdades y los conflictos cotidianos. Para ello, es crucial superar, entre otros, seis grandes obstáculos: la corrupción, el narcotráfico, la privatización de servicios esenciales, la violencia armada, la minería ilegal y la dependencia económica y tecnológica. Estos males no solo perpetúan la violencia, sino que también minan la posibilidad de un desarrollo justo y equitativo.

La corrupción es quizás el mayor enemigo de cualquier proceso de paz y desarrollo. Ha permeado todos los niveles de la sociedad colombiana, desde las instituciones estatales hasta el sector privado, afectando gravemente la confianza del ciudadano en el Estado. Es necesario implementar una reforma política que ataque la corrupción de raíz, mediante mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y el fortalecimiento efectivo del poder disuasivo y judicial del Estado. Fortalecer la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública es fundamental para garantizar que los recursos destinados a la paz y al desarrollo no sean desviados ni mal utilizados.

 

El narcotráfico es otro de los grandes flagelos que ha alimentado la violencia en Colombia e impide el desarrollo económico sostenible. Este fenómeno ha financiado tanto a grupos armados ilegales como a redes de corrupción, creando un círculo vicioso difícil de romper. Es urgente seguir avanzando en una reforma rural integral que ofrezca alternativas económicas viables a las comunidades campesinas que hoy dependen del cultivo de coca, profundizar el desmantelamiento de las mafias dedicadas al lavado de activos, y ejercer un control efectivo sobre los insumos utilizados en la producción de cocaína, como la gasolina, el cemento, la maquinaria y los productos químicos importados.

La privatización de servicios esenciales, como la salud, el agua potable, la energía eléctrica, y el debilitamiento de la educación pública, han exacerbado las desigualdades. La falta de acceso equitativo a estos servicios ha generado un profundo resentimiento en amplios sectores de la población, alimentando el conflicto social. El Estado debe recuperar su papel como garante de estos derechos, asegurando que los recursos públicos se utilicen para beneficiar a toda la población, construyendo verdaderas alianzas con sectores sociales y privados. Estas alianzas deben fomentar la iniciativa de la gente, vinculándola al desarrollo sostenible de forma transparente y justa, en lugar de perseguirla.

La minería ilegal es otra de las problemáticas graves que enfrenta Colombia, no solo por el daño ambiental que causa, sino también porque alimenta la violencia armada y la corrupción. Las regiones ricas en recursos naturales se ven atrapadas en un ciclo de explotación que no beneficia a las comunidades locales. Es necesario continuar fortaleciendo, como se ha venido haciendo, la regulación estatal y la presencia institucional, impidiendo que la minería ilegal siga devastando ecosistemas y perpetuando la violencia. Es esencial promover alternativas económicas sostenibles para las comunidades afectadas, de manera que puedan salir del ciclo de dependencia de la minería ilegal.

Colombia debe promover la diversificación económica que permita a las comunidades rurales y urbanas acceder a fuentes de ingresos legales y sostenibles. Esto incluye el fortalecimiento del sector productivo agrícola, el apoyo a pequeñas y medianas empresas urbanas, y la promoción de proyectos de desarrollo local que sean inclusivos y respetuosos del medio ambiente. De ahí la importancia de modificar la Ley 101 de 1993, que establece un mecanismo de inversión obligatoria en el sector agropecuario. Con las medidas complementarias necesarias para no afectar al ahorrador o al cliente bancario, se deben ampliar los beneficios de esta ley a sectores de la economía popular, cooperativa y solidaria, que hoy requieren créditos blandos y ágiles.

La violencia armada sigue siendo una realidad dolorosa en Colombia. La sociedad en general, con el apoyo del Estado, debe hacer entender, mediante la movilización, la deslegitimación, la construcción de territorialidad, la participación política, la cultura de paz, el diálogo local y nacional, entre otras formas, a los grupos armados con reconocimiento político, a los herederos del paramilitarismo y a las bandas delincuenciales de acción urbana, su firme decisión de avanzar por el camino de la paz para construir la paz. Por su parte, el Estado debe implementar políticas de seguridad que vayan más allá de la militarización y continuar fortaleciendo la justicia, la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de los acuerdos de paz. La construcción de la paz no será más lenta mientras el miedo siga siendo una constante en la vida de miles de colombianos y colombianas.

Es el momento de que la sociedad colombiana, una sus voces, tome una decisión valiente y avance hacia la construcción de una paz verdadera y duradera. La historia de Colombia ha demostrado que los cambios significativos solo son posibles cuando existe una voluntad colectiva de transformar la realidad. Hoy, más que nunca, es necesario que esa voluntad se materialice en acciones concretas y sostenibles.

Luis Emil Sanabria D.

¿Democracia restringida? Mito o realidad

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

Mucho se habla de nuestro ideal sistema democrático y de su tradición en América Latina, pero poco se habla de lo injusto que este puede llegar a ser, y de cómo esta misma democracia, tantas veces aplaudida, posibilita que algunos sectores políticos impongan la dictadura de la exclusión o del sometimiento.

La afirmación de que el sistema electoral en Colombia para elegir congresistas, diputados/as, concejalas/es o integrantes de las Juntas Administradoras Locales, que utiliza mecanismos como la cifra repartidora y el umbral electoral, es restringido y antidemocrático, se basa en varios argumentos relacionados con la representación política y la exclusión de diversas fuerzas políticas minoritarias o que representan nuevas tendencias ideológicas en el proceso democrático.

 

Hace apenas unos días, en una reunión destacada tanto por la calidad de sus participantes como por la representatividad cuantitativa de estos, en la que intervinieron delegados y delegadas de partidos políticos pequeños pero profundamente comprometidos con ideales de cambio, justicia social, equidad y paz, quienes se identifican como Unitarios, surgió la discusión sobre la necesidad de una reforma política. Esta reforma debería mejorar la representación política y fortalecer la democracia directa.

Afloraron en el debate cuestionamientos sobre la llamada Cifra Repartidora. Desde su implementación en Colombia, este método de asignación de escaños ha favorecido a los partidos más grandes y establecidos, ya que tiende a distribuir las curules de manera que beneficia a las listas con mayor votación inicial. Así, la adopción de la Cifra Repartidora limita la representación de partidos más pequeños o emergentes, imponiendo dificultades para obtener una representación proporcional a su apoyo electoral.

Esto conduce a que muchas agrupaciones necesiten renunciar a los ideales que les dieron origen y someterse a las condiciones de agrupaciones más grandes, con quienes no siempre comparten la totalidad de los ejes programáticos. Se construyen lo que podemos llamar “falsos partidos”, cuya vocación fundamental es conseguir votos suficientes, aún a costa de renunciar a los intereses de sus afiliados.

En las elecciones legislativas de 2022, partidos como el Liberal obtuvieron un número de escaños significativamente alto en comparación con su porcentaje de votos debido a la cifra repartidora. Un análisis realizado por La Silla Vacía destacó que «la fórmula de la cifra repartidora tiende a concentrar los escaños en manos de partidos que ya tienen una base sólida de votantes, lo que dificulta el crecimiento de nuevas agrupaciones políticas

De otro lado, existe el llamado Umbral Electoral, que es un porcentaje mínimo de votos que un partido debe obtener para poder acceder a la asignación de escaños. Es bien sabido que en nuestro país, este umbral puede excluir a partidos pequeños y minoritarios de la representación legislativa, lo que puede limitar la diversidad política en el Congreso y reducir la capacidad de nuevas voces y movimientos para participar en el proceso legislativo. Partidos o agrupaciones política regionales, ambientalistas, animalistas, feministas, etc., ven limitadas sus opciones de tener una voz en el Congreso de la República.

En las elecciones legislativas de 2018, varios partidos pequeños, como el partido ASI (Alianza Social Independiente), no lograron superar el umbral del 3%, quedando fuera de la representación legislativa a pesar de tener un apoyo significativo en algunas regiones del país, lo que les obligó en las elecciones de 2022, entre otras consideraciones, a hacer parte de la Coalición Centro-Esperanza.

El uso de la cifra repartidora y el umbral ha llevado a una representación desproporcionada en el Congreso, donde el número de escaños no refleja con precisión la diversidad de opiniones y preferencias de los votantes. Esto a su vez, ha llevado a una percepción de que el sistema favorece a las élites políticas y limita la capacidad de cambio a través de las urnas. De allí la necesidad de que se estudie la posibilidad de abordar un reforma política que además reconozca la capacidad de las organizaciones sociales, comunitarias, étnicas y comunales de opinar políticamente y legislar en relación con sus intereses.

Al favorecer a los partidos más grandes, el sistema contribuye a la concentración del poder político, reduciendo la interlocución con el poder ejecutivo y el poder judicial, solo a los partidos mayoritarios, generando  vicios de manipulación, corrupción, imposición de mayorías, compra de votos conocida como ‘mermelada’ y otros vicios que corrompen la democracia. Estas falencias del sistema electoral trae como resultado un sistema político menos inclusivo y menos receptivo a las demandas de la ciudadanía, y unos partidos alejados de las sociedad y sus expresiones organizadas y no organizadas, ligados más a la acción y la componenda parlamentaria,

Cuando los votantes perciben que sus opciones políticas tienen pocas posibilidades de obtener representación debido a las barreras estructurales como el umbral, esto puede desincentivar la participación electoral y contribuir a la apatía política. Un estudio de la Universidad de los Andes reveló que «la percepción de que el voto por partidos pequeños es un ‘voto perdido’ desmotiva la participación ciudadana, especialmente entre los jóvenes y las poblaciones marginadas». Expresiones manipuladoras de la autonomía del electorado como el llamado al ‘voto útil’, limita que nuevas expresiones políticas puedan acceder a los espacios en donde se debaten las leyes y la normas.

Es necesario pensar en un mecanismo que combine la democracia directa, el poder del ciudadano constituyente y las Asambleas Populares, con la representación popular y política en los diferentes escenarios de deliberación, como el Senado, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos y las Juntas Administradoras Locales. Hay que buscar una fórmula que concilie el poder directo del constituyente primario con la enajenación del poder que se realiza cada cuatro años.

La necesidad de una reforma electoral que aborde estas preocupaciones es un tema recurrente en los debates políticos, con propuestas para disminuir el umbral y revisar el uso de la cifra repartidora para mejorar la representatividad y equidad del sistema electoral colombiano, de esta forma, también se haría más atractiva la ruta democrática, para aquellas personas que deciden abandonar la lucha insurgente y construir paz.

Luis Emil Sanabria D.

Reforma Rural Integral sin más excusas

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

Agosto marca un momento significativo para Colombia, un país donde la desigualdad rural y la falta de oportunidades en el campo han sido problemas persistentes. Según las declaraciones recientes del presidente Gustavo Petro, durante su visita a Córdoba el 3 de agosto, este mes se ha designado como el «Mes de la Reforma Rural Integral«, destacando un renovado compromiso del gobierno para abordar los desafíos históricos que enfrentan las comunidades rurales. La Reforma Rural Integral (RRI) es parte fundamental de la política de Paz Total y, tanto el Ministerio de Agricultura como sus dependencias, deben mejorar sus resultados para avanzar positivamente en este propósito.

La Reforma no debe verse simplemente como una política de un gobierno; es un pilar fundamental en la construcción de una paz duradera y sostenible, un componente esencial del Estado Social de Derecho y un eje fundamental para la superación de las inequidades históricas. El campo colombiano ha sido testigo de innumerables conflictos y violencias, que han dejado cicatrices profundas en su población. La falta de acceso a la tierra, infraestructura deficiente y escasas oportunidades económicas han contribuido a la pobreza y el desplazamiento de las comunidades rurales.

 

La implementación de la RRI debe abordar estas desigualdades mediante el reconocimiento, delimitación y legalización clara de los territorios étnicos, la recuperación de las tierras usurpadas a la nación, la restitución de las tierras despojadas a las víctimas del conflicto armado, la compra y distribución equitativa de la tierra, el desarrollo de infraestructura básica como las vías de comunicación, los acueductos, distritos de riego, redes de energía eléctrica, tecnologías para la informática y las comunicaciones y el acceso a servicios esenciales como educación, salud y vivienda.

El presidente ha enfatizado la necesidad de acelerar los procesos de titulación de tierras, lo que permitiría a los campesinos obtener seguridad jurídica sobre sus predios. Este paso es crucial para fomentar la inversión en el campo y permitir a los agricultores tomar decisiones a largo plazo que beneficien a sus familias y comunidades.

La educación rural en todos los niveles no solamente debe ser gratuita, también debe ser pertinente en relación con las necesidades de cada territorio, la producción y la soberanía alimentaria. Recuperar semillas nativas, fomentar el cuidado del medio ambiente, promover la diversificación productiva, darle utilidad benéfica a los cultivos que hoy tienen una destinación ilícita, son elementos donde deben converger la reforma educativa, la reforma rural integral y los programas del ministerio de las TIC, entre otros.

La RRI exige fortalecer y promover un sistema de salud más vinculado a la prevención de enfermedades, en especial las tropicales, endémicas en varias regiones del país, fortalecer la red de atención básica y especializada para que el sector rural goce plenamente del derecho a la salud; crear y fortalecer una gran red de acueductos comunitarios para que las y los campesinos accedan por fin a agua potable, son, entre otras, necesidades inaplazables donde convergen la urgente reglamentación de la Ley 1751 de 2015 que regula el derecho fundamental a la salud y la RRI.

Se han anunciado planes para mejorar las vías de acceso rural, facilitando el transporte de productos agrícolas a los mercados y reduciendo los costos asociados. La modernización de la infraestructura es vital para integrar el campo con el resto del país, promoviendo un intercambio económico más fluido y beneficioso para todos. El Ministerio de Transporte con un programa de modernización y adecuación de la red de vías terciarias debe converger en la RRI.

El impacto de la RRI debe ser transformador. Las comunidades rurales, a menudo marginadas y olvidadas, se verán empoderadas para ser protagonistas de su propio desarrollo. La creación de oportunidades económicas y el acceso a recursos permitirán a estas comunidades prosperar y contribuir significativamente al progreso del país. La RRI necesita desatar un ambicioso programa de fortalecimiento de las organizaciones campesinas nacionales y locales, de los comités municipales y departamentales de reforma agraria, y el fortalecimiento de las capacidades participativas y políticas de las y los campesinos.

Al abordar las raíces de la desigualdad y el conflicto en el campo, la reforma contribuye a consolidar la paz, uno de los mayores anhelos de la sociedad colombiana. Una paz que no solo se construye con la ausencia de violencia, sino con la presencia de justicia social y equidad económica. En este sentido, es preciso recordar que el primer punto de los acuerdos logrados con las FARC-EP es la Reforma Rural Integral, y este mismo componente fue fundamental en los acuerdos de paz de principios de la década de los años noventa, y es protagonista en la agenda con el ELN y con otros grupos armados con reconocimiento político.

El anuncio del presidente durante su visita a Córdoba es un llamado a la acción para todos los colombianos, y en especial para sus ministros y ministras. Es un recordatorio de que la transformación del campo es una tarea que nos compete a todos, y que el éxito de esta reforma dependerá del compromiso y la colaboración de diversos actores: gobierno, sector privado, organizaciones sociales y la ciudadanía en general. No se puede seguir aplazando la presencia interinstitucional coordinada en todas las regiones del país, con más ejecución y menos candidaturas políticas.

Agosto nos desafía a trabajar juntos para construir un país donde todos tengamos las mismas oportunidades de prosperar y vivir en paz. La RRI debe ser una esperanza renovada para millones de colombianos y un paso crucial hacia un futuro más equitativo y democrático, que debe estar presente en el Acuerdo Nacional propuesto por el gobierno nacional y en las agendas de todos los partidos que quieren la paz. Para construir país es imprescindible unir nuestras voces.

Luis Emil Sanabria D

La paz no puede esperar

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

La preocupación invade las mentes y los corazones de las comunidades donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene presencia armada. Y no es para menos. Existe el riesgo de que las delegaciones en la mesa de diálogo establecida para superar el conflicto armado entre esta organización y el gobierno, que este año ha alcanzado los sesenta años, no vuelvan a encontrarse, se suspendan indefinidamente los diálogos, se rompa el cese al fuego bilateral y se reanuden las confrontaciones, afectando aún más a estas comunidades.

En un país que ha sufrido décadas de conflicto armado, la posible suspensión de los diálogos no solo es preocupante, sino que representa un riesgo inaceptable para los avances logrados en la búsqueda de la paz. Es imperativo que ambas partes retomen la mesa de diálogo y continúen trabajando hacia un acuerdo que beneficie a toda la sociedad colombiana.

 

El cese al fuego entre el Gobierno y el ELN ha tenido impactos positivos tangibles. Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), durante el cese al fuego bilateral que se estableció en 2022, se ha registrado una reducción del 60% en los actos de violencia en las zonas de conflicto. Este descenso no solo ha salvado vidas, sino que también ha permitido que comunidades enteras vivan sin el temor constante de enfrentamientos armados .

Los diálogos entre el Gobierno y el ELN han logrado importantes avances que no deben ser subestimados. En rondas de negociación anteriores, se han alcanzado acuerdos significativos. Se han pactado y desarrollado acciones humanitarias conjuntas para mitigar el impacto de la confrontación, lo que ha permitido, en cierta medida, recuperar la seguridad de las comunidades locales. Se suspendió por un buen tiempo la práctica del secuestro y se posibilitó el regreso a casa de varias personas que se encontraban en poder de esta guerrilla.

Se logró un acuerdo para la participación ciudadana, con la instalación del Comité Nacional de Participación y la realización de encuentros y pre-encuentros territoriales y sectoriales que permitieron la construcción de un mecanismo de participación, que se espera afanosamente sea implementado. Además, se avanzó en diálogos participativos con población víctima del conflicto armado y con población con discapacidad, adelantando elementos de la agenda que estaban previstos para más adelante .

La interrupción de los diálogos constituye un paso atrás que el país no puede permitirse, ya que esto alejaría las posibilidades de la paz integral y total, impediría las inversiones sociales en amplias zonas del país y nos devolvería a los años en los que se privilegió la confrontación armada sobre los cambios estructurales. Es crucial que tanto el Gobierno como el ELN evidencien su compromiso con la paz y reanuden las negociaciones. La conversación y el acuerdo son los únicos caminos legítimos y efectivos para lograr una paz duradera en nuestra nación.

Hay que evitar, como sea posible, que el dolor, la sangre, la muerte y la desesperanza, se apropien de los lugares que hoy ocupan las y los negociadores. Así como el país logró superar a buena hora, el espectáculo de la muerte que llenaba de sangre la arena de coliseos, herencia de la barbarie patriarcal del imperio romano que por fin superamos con la firma de la Ley que prohíbe las corridas toros, la sociedad espera celebrar la vida y recuperar el amor comprometido con la superación de la pobreza, como lo dijo el poeta Chucho Peña “con el coro de la vida cantarán los hombres las mujeres y los niños con la paloma sin cazador y el toro sin torero para que en nuestros escenarios jamás jamás sea un espectáculo la muerte”

Los beneficios de la paz son inmensurables. La paz no solo implica el cese de la violencia directa, sino también la creación de un entorno donde las personas puedan vivir con dignidad, seguridad y oportunidades. Que las y los niños puedan ir a la escuela, sabiendo que algún día serán profesionales, si así lo desean; que las mujeres campesinas puedan parir tranquilas sabiendo que sus hijos e hijas además de nacer con buena salud, no serán reclutados por ningún actor armado. Según el informe del Instituto de Economía y Paz, los países que logran la paz sostenible experimentan un crecimiento económico más rápido y una mejor calidad de vida para sus ciudadanos .

El cese al fuego temporal o definitivo, como anhelan las grandes mayorías, tiene impactos positivos significativos. No solo reduce el número de víctimas directas del conflicto, sino que también permite su reparación integral y hace posible que las comunidades reconstruyan sus vidas y recuperen la confianza en la posibilidad de alcanzar la equidad y la justicia social. Además, el cese al fuego crea un ambiente propicio para la construcción de confianza entre las partes y para la implementación de programas de desarrollo y reconciliación. Como señala el Instituto Internacional de Paz de Estocolmo, ‘la paz sostenible solo puede lograrse mediante la inclusión y la participación activa de todos los actores en el proceso de paz’.

La participación ciudadana en la construcción de paz es fundamental. «Cuando los ciudadanos están involucrados en el proceso de paz, los acuerdos son más inclusivos y reflejan mejor las necesidades y aspiraciones de la población», afirma el Centro Internacional para la Justicia Transicional. Esta participación no solo legitima el proceso de paz, sino que también asegura su sostenibilidad a largo plazo, al empoderar a las comunidades y fomentar un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida.

No quisiera seguir pensando que este proceso, asumido con seriedad por las partes y rodeado con entusiasmo por el pueblo colombiano y la comunidad internacional, se vea empañado por el desfile de las vanidades, las descalificaciones o la intransigencia. El señor Otty Patiño es personas con suficiente experiencia y compromiso con la construcción de una Colombia justa y en paz, la misma motivación manifiesta el Sr. Antonio Garcia. Sus capacidades y el desarrollo de empatías para superar las diferencias y avanzar hacia la continuidad del proceso de paz son cruciales. La historia popular les reconocerá esa decisión y ese compromiso, ya que de esto depende en gran medida nuestra capacidad para creer nuevamente en un presente y futuro mejor.

Existen dos delegaciones, una por cada parte, que han construido un importante nivel de interlocución y confianza. El papel destacado de Vera Grabe, jefa de la delegación del gobierno colombiano, junto con los valiosos aportes de todo el equipo negociador, han sido fundamentales en este proceso. Asimismo, la sorprendente demostración de serenidad de Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, y la capacidad de escucha de los integrantes de la delegación guerrillera, demuestran sin ninguna duda que las condiciones están dadas para avanzar por la ruta planteada en la agenda firmada en México. En ellos y ellas también está puesta la esperanza popular. Este nivel de compromiso y profesionalismo es esencial para construir un camino hacia una paz duradera, donde las diferencias se superan a través del diálogo y la colaboración mutua.

Es la hora de la paz, del fortalecimiento del constituyente primario, de su capacidad propositiva y transformadora para hacer posible que lo pactado se haga realidad. Uniendo voces en todos los rincones de la geografía nacional, tanto en campos como en ciudades, seremos capaces de construir un país inclusivo, respetuoso de la diferencia y profundamente democrático. Un país donde todas y todos gocemos de nuestros derechos y cumplamos con nuestros deberes. Una sociedad capaz de superar la inequidad económica, cultural y política, y cuya riqueza beneficie a todos y todas. La paz es posible; desistir de su búsqueda nos condena a renunciar a un presente y un futuro mejor.

Luis Emil Sanabria D.

El Congreso colombiano debe legislar para la paz

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

El Congreso de Colombia, como pilar fundamental de la democracia representativa, tiene un rol crucial en la construcción de un país más justo, unido y en paz. Esta no es solo una tarea del ejecutivo en cabeza del Presidente de la República o de la rama judicial. La Constitución Política Nacional establece claramente los deberes y obligaciones de este cuerpo legislativo, subrayando la importancia de velar por la construcción y mantenimiento de la paz, propender por la unidad nacional y buscar el bienestar social de las y los colombianos.

En este periodo legislativo que inició el pasado 20 de julio, el Congreso de la República enfrenta varios desafíos en el cumplimiento de su mandato constitucional. La corrupción, la polarización política y la violencia persistente son obstáculos significativos que impiden el avance hacia una sociedad en paz, equitativa y justa. Dentro de sus obligaciones no solo está la creación de leyes, sino también su aplicación y supervisión adecuadas. El Congreso debe superar la práctica individual de hacer cola en los despachos del ejecutivo para “gestionar” proyectos a favor de sus electores, desvirtuando su labor y convirtiendo su credencial en un pase transaccional de favores.

 

La firma de los acuerdos de paz de la década de los años 90 del siglo pasado, que sellaron mediante la firma de la Constitución un nuevo pacto de unidad para la paz, el acuerdo con los grupos paramilitares finalizado en 2006, y el acuerdo de paz en 2016 con las FARC-EP, han sido hitos significativos. Sin embargo, la construcción de la paz integral y duradera requiere un esfuerzo legislativo continuo y comprometido.

La Constitución Política, en su preámbulo, resalta la importancia de «asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz». Además, el Artículo 22 establece que «la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento». No queda duda de que el Congreso tiene la responsabilidad central de legislar para garantizar estos principios, que son la base fundamental del Estado Social de Derecho.

El Artículo 95 impone a los ciudadanos el deber de «obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas», y este principio se extiende al rol del Congreso en la promoción de políticas que fomenten la cohesión y la solidaridad nacional. Su obligación fundamental está con el pueblo que les transfiere su poder para crear leyes y no con las personas jurídicas o naturales que aportan recursos económicos o materiales a las campañas.

Honorables congresistas de todas las vertientes ideológicas, su compromiso con el constituyente primario, es la de legislar para la paz, lo que implica la creación y promulgación de leyes que garanticen la equidad, la justicia social y ambiental, faciliten la implementación de los acuerdos de paz, promuevan la reconciliación y aseguren la justicia transicional. Para eso es que el pueblo les paga, para eso es que ustedes juraron ante la constitución y la ley, una vez tomaron posesión de su cargo.

La unidad nacional es otro mandato crucial para el Congreso. En una sociedad marcada por profundas divisiones políticas, sociales y económicas, es imperativo que el Congreso promueva la cohesión social y la inclusión. Su principal misión, en este sentido, es promover y garantizar el correcto trámite de las diferencias al seno del recinto del congreso y por fuera de este, buscando siempre anteponer los intereses de sus representados a los caprichos de su voluntad o a los intereses de la economía de mercado.

El Congreso debe cultivar los más altos valores democráticos y de comportamiento, independiente de lo fuerte que sean sus argumentos a favor o en contra de una propuesta legislativa. Imponer un punto de vista, una opinión o una propuesta, haciendo alarde, desde la cultura patriarcal, de la violencia física o verbal, le quita a los y las congresistas su autoridad moral y política para criticar o señalar cualquier acto violento de cualquier compatriota.

Necesitamos un Congreso que legisle a favor de la inclusión social y política, capaz de desarrollar, fortalecer y crear leyes que protejan y promuevan los derechos de las comunidades afrodescendientes, de los pueblos indígenas, de la población LGBTIQ+, de las mujeres, de las víctimas del conflicto armado, de los campesinos, pescadores, mineros, de empleados y trabajadores. El poder legislativo debe profundizar y garantizar, mediante una reforma política profunda, el ejercicio de la Democracia Directa y el poder soberano del pueblo contemplados en el artículo 3° de la Constitución.

El bienestar social es otro pilar importante en el mandato legislativo del Congreso, en correspondencia con el pacto político de 1991 y de los acuerdos de paz. Para asegurar el bienestar de todos y todas, sin privilegios de clase, estatus o cualquier otra consideración, el Congreso debe centrarse en este periodo que comienza, en garantizar el acceso universal y de calidad a servicios de salud y educación, la reforma rural integral, así como en promover leyes que fomenten el desarrollo económico sostenible, la reducción de la pobreza y el favorecimiento de la equidad en la distribución de los recursos.

Poniendo como ejemplo el proyecto de Ley de reforma a la salud, el legislativo debe prestar especial atención al proyecto de ley propuesto por las asociaciones de profesionales de la salud, para reglamentar la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015. Esta propuesta contempla, entre otras consideraciones, el desarrollo de un sistema público y descentralizado, con participación de entidades públicas, mixtas y privadas en la prestación de servicios, y garantizando que el sistema no esté a cargo de empresas con fines de lucro. Además, propone el acceso universal e igualitario, no condicionado a la capacidad de pago o afiliación, y garantizar a los trabajadores del sector salud condiciones laborales justas, dignas y estables, además de una política permanente de formación y actualización profesional.

El Congreso tiene la obligación constitucional de legislar para la paz, buscar la unidad nacional y promover el bienestar social. Esta legislatura debe abordar la discusión amplia y generosa de un proyecto de ley de sometimiento o acogimiento a la justicia, que le abra el camino a una solución negociada que beneficie a las comunidades en donde se imponen los grupos herederos del paramilitarismo. La paz integral, la paz con todos los grupos, la paz negociada requiere un congreso rodeando las mesas de negociación, proponiendo y exigiendo el respeto por la población civil y la instalación de diálogos regionales en donde la voz de la sociedad sea escuchada y genere compromisos vinculantes con los acuerdos a pactar.

El legislativo puede contribuir significativamente a la construcción de un país más justo, equitativo y en paz, y al logro de un nuevo Acuerdo Nacional que ponga en el centro la superación de la corrupción, la pobreza y el conflicto armado. Aunque el camino es arduo y lleno de desafíos, el compromiso y la acción decidida, uniendo voces, pueden llevar a Colombia hacia un presente mejor y un futuro más esperanzador.

Luis Emil Sanabria D.