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Etiqueta: Luis Emil Sanabria

Pequeñas Centrales Hidroeléctricas: ¿una solución sostenible para Colombia?

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

Durante las primeras décadas del siglo XX, Colombia recurrió, en la gran mayoría de sus pueblos y ciudades, e incluso en las empresas y fincas productivas, a la generación de energía a través de pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH), mediante el aprovechamiento de caídas de agua. Nuestra topografía patria, en gran parte de su territorio, favorecía y aún favorece este amigable, sostenible y sustentable medio de producción energética. Esta práctica cayó en desuso durante la década de los 70, cuando se impusieron los grandes embalses.

El cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente provenientes de la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), han llevado a un aumento sin precedentes de la temperatura global. Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), para limitar el calentamiento global a 1.5°C por encima de los niveles preindustriales, es crucial reducir las emisiones de CO2 en aproximadamente un 45% para 2030, en comparación con los niveles de 2010, y alcanzar emisiones netas de cero para 2050. Es decir, aunque parece imposible de lograr, todavía la humanidad está a tiempo de revertir los impactos del uso de combustibles fósiles y evitar su posible extinción.

 

Colombia, a pesar de ser un país con una baja contribución a las emisiones globales de GEI (menos del 0.5%), ha sido proactiva en sus compromisos climáticos. La instalación de PCH representa una estrategia eficaz para disminuir la dependencia de los hidrocarburos, que aún representan una parte significativa de la matriz energética del país. Según el Ministerio de Minas y Energía, en 2019, el 65% de la energía eléctrica de Colombia provenía de fuentes hidroeléctricas, mientras que el restante 35% provenía de fuentes térmicas (cuyo principal combustible es el carbón) y renovables no convencionales (paneles solares, proyectos eólicos, etc.). Incrementar la proporción de energía hidroeléctrica mediante PCH puede contribuir significativamente a una reducción adicional de las emisiones de GEI.

La preocupación por el fuerte impacto ambiental de las grandes represas ha llevado a un creciente interés en las pequeñas centrales hidroeléctricas, que pueden operar con un menor impacto ecológico. Las PCH, a diferencia de las grandes infraestructuras hidroeléctricas, no requieren la construcción de grandes embalses que alteran drásticamente los ecosistemas fluviales. En lugar de ello, las PCH utilizan el flujo natural del río, minimizando la alteración del hábitat acuático y terrestre. Un impacto que puede ser balanceado si las empresas generadoras de energía realizan un mayor esfuerzo en términos de mitigación y de responsabilidad social empresarial.

Un estudio de la Universidad Nacional de Colombia destaca que las PCH pueden integrarse de manera más armónica con el medio ambiente, preservando la biodiversidad y garantizando el flujo ecológico necesario para la salud de los ecosistemas fluviales. Además, la regulación de caudales y la implementación de tecnologías de paso de peces son medidas que pueden adoptarse para mitigar aún más los impactos ambientales.

La instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas también puede ser un motor para el desarrollo tecnológico y la innovación en Colombia, pues no solo requieren ingeniería avanzada y soluciones tecnológicas adaptadas a las características específicas de cada ubicación, sino que también pueden ofrecer, reconociendo los derechos de los ríos y por supuesto de las comunidades como cuidadoras del agua o como habitantes de zonas de influencia de los ríos, oportunidades de fortalecimiento de las capacidades locales para generar ingresos sostenibles mediante proyectos económicos de carácter social en donde la misma empresa sea un acompañante decisivo, en términos económicos, tecnológicos y de mercadeo. Un gana-gana para el país, para la comunidad y para el sector privado que puede traducirse en un impulso significativo para la economía local y nacional.

Con algunos cambios normativos y tecnológicos, el desarrollo de PCH también puede asumir un fuerte componente social, posibilitando el desarrollo de otras fuentes energéticas alternativas a nivel rural, como los paneles solares y la electrificación de zonas rurales remotas. Según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), aproximadamente el 5% de la población colombiana no tiene acceso a electricidad. Las PCH pueden ser una solución eficiente y sostenible para cerrar esta brecha, facilitando la implementación de redes de telecomunicaciones. Esto no solo permite una mayor integración de estas comunidades en el tejido social y económico del país, sino que también abre nuevas oportunidades en educación, salud y comercio.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) resalta que el acceso a la electricidad y a las telecomunicaciones en zonas rurales es crucial para el desarrollo socioeconómico. No podrá haber una Reforma Rural Integral sin el acceso adecuado a la energía a nivel rural. La electrificación permite el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que son herramientas poderosas para la educación a distancia, la telemedicina y la promoción de pequeñas y medianas empresas.

Departamentos como Norte de Santander, Chocó, Cauca, Nariño, Bolívar, Cesar y Santander pueden convertirse en grandes generadores de energías limpias mediante este sistema. Las comunidades pueden tener un impacto positivo en su autonomía y fortalecimiento, los entes territoriales pueden recibir una no despreciable inyección de capital mediante las regalías, y el planeta podrá respirar un poco más si somos capaces de generar concertadamente, acudiendo al poder soberano del pueblo, acuerdos que beneficien a toda la sociedad.

La generación de energía debe ser democratizada, superando los monopolios reinantes en manos de Isagen, EPM, la Empresa de Energía de Bogotá, entre otros pocos, reduciendo vía competitividad y regulación los precios descomunales que este infortunado monopolio impone. Se podría pensar nuevamente en instalar PCH mediante alianzas público-privadas, en donde las asociaciones de municipios y las empresas criollas se conviertan en aliados estratégicos para generar la energía que su propio territorio requiere. La instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas en Colombia representa una solución integral a varios de los desafíos contemporáneos más apremiantes y el retorno de la soberanía que en esta materia se requiere para planificar acertadamente el territorio.

Tenemos la oportunidad de ser líderes regionales en la adopción de energías renovables a pequeña escala. Es fundamental que los gobiernos, motivados por un fuerte compromiso social, y el sector privado responsable socialmente a través de programas que hagan posible que los beneficios económicos de la actividad también lleguen a las comunidades, y una comunidad más proactiva y vigilante, trabajen juntos para impulsar esta transición energética, asegurando un futuro más sostenible y equitativo para todos los y las colombianas.

Luis Emil Sanabria D

Un acuerdo nacional para acabar con la exclusión

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

En el actual contexto político y social de Colombia, es crucial reconocer la importancia de construir un acuerdo nacional que respalde las iniciativas de cambio estructural y avanzar en el objetivo de alcanzar una sociedad más justa y equitativa. Un acuerdo nacional no solo es vital para consolidar la gobernabilidad, sino también para abordar de manera efectiva las deudas históricas que el país ha acumulado desde antes de la promulgación de la Constitución de 1991 y luego de que esta entrara en vigor. A buena hora, el presidente Gustavo Petro designó al nuevo ministro del interior, Juan Fernando Cristo, como responsable de esta tarea.

Todas las expresiones sociales, políticas y económicas deben participar en espacios de diálogo, que hagan posible un nuevo acuerdo nacional con el fin de superar aspectos que ha socavado el progreso del país y que están relacionados, entre otros, con cuatro temas: la reforma política que reconozca la importancia del constituyente primario y su soberanía; la financiación de la educación pública, la investigación científica y tecnológica; la reforma agraria integral; y la garantía de derechos universales. Un acuerdo que debe cursar por diversas vías y a diferentes niveles, tanto territoriales como políticos y sociales, y que debe ser consolidado y refrendado haciendo uso de los mecanismos constitucionales, lo cual puede contemplar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

 

La Constitución Nacional, fruto del poder constituyente especialmente estudiantil y de los procesos de paz de finales de la década de los años 80 del siglo XX, nos prometió el desarrollo de la democracia participativa (democracia directa + democracia representativa); sin embargo, la democracia directa, el poder del constituyente y la soberanía que reside exclusivamente en el pueblo, en lugar de promoverse o garantizarse, han sido sobre reglamentados, debilitados y fraccionados, perdiendo su sentido como pilares esenciales para la construcción de una sociedad más democrática, inclusiva y justa.

La democracia directa empodera a los ciudadanos, aumenta su participación y asegura que las decisiones reflejen sus intereses y necesidades. Por su parte, el poder constituyente confiere una legitimidad democrática fundamental a las estructuras políticas y jurídicas, permitiendo la renovación y adaptación a nuevas realidades. A pesar de los desafíos que ambos conceptos pueden presentar, su correcta implementación y desarrollo pueden transformar positivamente la vida política y social de un país como el nuestro, inmerso en fenómenos como la corrupción, el narcotráfico, y en un conflicto armado interno que anualmente cobra cientos de vidas.

Otro de los pilares fundamentales de la Constitución fue la promesa de desarrollar progresivamente un sistema educativo público robusto, con un fuerte componente investigativo y accesible para todos los colombianos. No obstante, las sucesivas contrarreformas han despojado a la educación pública de más de 300 billones de pesos, erosionando significativamente su calidad y accesibilidad. Este desfinanciamiento no solo atenta contra el mejoramiento de la calidad de los docentes y el derecho a la educación en general, sino que también perpetúa la desigualdad social y limita las oportunidades de desarrollo personal y profesional de millones de colombianos y colombianas, lo cual es bastante lamentable en momentos históricos de la globalización, el desarrollo de tecnologías para la informática y las comunicaciones y la llamada sociedad del conocimiento.

La reforma agraria, situada en el centro de la conflictividad social y política, es otro aspecto crucial que la Constitución de 1991 pretendió abordar de manera decidida. Sin embargo, las contrarreformas han anulado los mecanismos necesarios para su implementación efectiva. La distribución equitativa de la tierra sigue siendo una promesa incumplida, perpetuando la desigualdad y la violencia en las zonas rurales.

La concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes y su escaso desarrollo productivo, han sido barreras persistentes para la justicia social y el desarrollo económico en el campo colombiano. Según la Comisión de la Verdad, la concentración de la tierra es uno de los factores estructurales del conflicto colombiano. Un acuerdo nacional que apoye la implementación de una verdadera reforma agraria es esencial para lograr una paz duradera y el desarrollo sostenible en las zonas rurales.

La mercantilización de derechos fundamentales como la salud, la vivienda y la seguridad social ha creado barreras significativas para su acceso, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad. La Constitución también buscaba garantizar derechos universales para todos los colombianos. No obstante, estos derechos se han transformado en mercancías que generan grandes negocios, alejándose de su propósito original de garantizar el bienestar humano. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, miles de colombianos han muerto por falta de atención médica oportuna debido a las barreras impuestas por el sistema.

El Congreso colombiano ha fallado en desarrollar órdenes expresas de la Constitución en estos 33 años. La ley orgánica de ordenamiento territorial sigue siendo la de 1886, lo que demuestra una falta de actualización y adaptación a las necesidades contemporáneas del país. La reforma a la justicia, la reforma política y electoral ordenada por el Acuerdo de Paz de 2016, por ejemplo, aún no se han materializado, lo que evidencia una grave negligencia legislativa.

La igualdad de género también sigue siendo una deuda pendiente. A pesar de los avances legislativos, las mujeres continúan enfrentando discriminación en diversos ámbitos de la sociedad y el estado. Las minorías étnicas, sexuales y culturales siguen siendo marginadas y discriminadas. El Acuerdo de Paz con las FARC-EP no ha sido implementado de manera adecuada en aspectos cruciales como el progreso económico y social de los territorios excluidos. La implementación incompleta de este pacto ha limitado que Colombia avance hacia una paz definitiva y sostenible.

La crisis climática es otro desafío de gran envergadura que demanda un ordenamiento territorial alrededor del agua y la liberación de sus espacios. Colombia, siendo uno de los países más biodiversos del mundo, enfrenta graves amenazas debido al cambio climático, que afectan especialmente a las comunidades rurales y a los ecosistemas estratégicos. Un acuerdo nacional en la implementación de políticas ambientales sostenibles es esencial para mitigar los efectos del cambio climático, proteger los recursos naturales del país y aprovecharlos adecuadamente.

Finalmente, el camino de la paz definitiva es fundamental para sanar las heridas del conflicto armado y construir una sociedad más justa y equitativa. La reconciliación nacional requiere un compromiso genuino con la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas del conflicto. Un acuerdo nacional que respalde estos esfuerzos es crucial para avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y en paz, abordando de manera integral los desafíos históricos y contemporáneos que enfrenta la nación.

Luis Emil Sanabria Durán

Libertad de prensa y figura presidencial: Pilares de la democracia en colombiana

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

En una sociedad democrática, aún con las fallas que en esta se evidencien, como es el caso de Colombia, la libertad de prensa se constituye en uno de los pilares fundamentales para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de los ciudadanos a estar informados. En Colombia, este derecho enfrenta desafíos considerables, especialmente en un contexto político polarizado y cargado de tensiones.

Desde el inicio de su gobierno, el presidente Gustavo Petro, la mayoría de sus ministras y ministros, sus colaboradores cercanos y la bancada de congreso del Pacto Histórico, han sido objeto de intensas críticas y ataques, lo que ha avivado el debate sobre la libertad de expresión y el papel de los medios de comunicación en la democracia y especialmente en una sociedad como la nuestra victimizada por un conflicto armado interno.

 

La libertad de prensa es un derecho consagrado en la Constitución Política de Colombia. Esta libertad no solo es vital para el funcionamiento de una democracia medianamente saludable, sino que también es esencial para la protección de otros derechos humanos, la convivencia y la reconciliación. Una prensa libre y vigorosa, alejada de la oferta y la demanda que impone la economía de mercado, permite a la ciudadanía acceder a información precisa y oportuna, fomentando la participación y facilitando el control social sobre los poderes públicos y privados.

La libertad de prensa en Colombia no está exenta de amenazas y de riesgos. Hace apenas unos días fue asesinado el comunicador popular y líder social Jorge Méndez “JEYKON”, en el corregimiento de La Gabarra en Norte de Santander. En Colombia, los y las periodistas y los medios de comunicación, en especial los que se encuentran anclados a los territorios, a la defensa de la paz, del medio ambiente, y a la promoción de los derechos humanos, han enfrentado históricamente riesgos significativos, desde la censura y la intimidación hasta la violencia física y la muerte.

No es ningún secreto que, desde su elección, el presidente Gustavo Petro, conocido por su trayectoria en la lucha por los derechos humanos, la paz, la justicia social y la denuncia de fenómenos como el narcotráfico y la parapolítica, ha propuesto una serie de reformas ambiciosas destinadas a reducir la desigualdad y promover un desarrollo sostenible en Colombia. En sus casi dos años de gobierno, el presidente y sus colaboradores han sido blanco de una serie de cuestionamiento y ataques, algunos planteados con respeto y decoro, y otros, en muchos casos, han cruzado la línea de la crítica legítima para convertirse en campañas de desinformación y difamación.

Era apenas esperable que las iniciativas de cambio del actual gobierno, se recibieran con escepticismo y oposición por parte de sectores tradicionales que ven amenazados sus intereses. La prensa, que debería ser un espacio para el debate constructivo y la información veraz, en ocasiones ha caído en la trampa de la parcialidad y la manipulación, presentando a Petro y sus políticas de manera distorsionada. Su labor no debe ser la de servir como herramientas de poder para intereses particulares, sino la de informar con veracidad, imparcialidad y equilibrio.

Esta acción sistemática por parte de algunos medios de comunicación, la mayoría pertenecientes a empresas económicas, han recibido en múltiples ocasiones la crítica directa del primer mandatario y de algunos de sus colaboradores más cercanos, cayendo en una seguidilla de señalamientos y retaliaciones poco benéficas para la democracia y el debate respetuoso.

Es esencial que los periodistas y los medios ejerzan su labor con ética y profesionalismo, resistiendo las presiones y amenazas que puedan enfrentar. La independencia editorial es clave para mantener la credibilidad y la confianza del público. Igualmente, importante es que el Estado, en cabeza de su jefe natural, en este caso, el mismo Presidente de la República, garantice la seguridad de los periodistas y el libre ejercicio de su profesión.

Uno de los mayores desafíos en la actualidad es la proliferación de campañas de desinformación. Estas campañas, a menudo orquestadas con fines políticos o económicos, buscan manipular la opinión pública y desacreditar a figuras públicas. La desinformación no solo socava la confianza en las instituciones democráticas, sino que también polariza a la sociedad y dificulta la resolución de los problemas reales.

La crítica constructiva es un componente esencial de la democracia, y todo funcionario público, en especial los y las elegidas mediante el voto popular, deben asumirla con respeto, para evaluar sus políticas y rectificar sus actuaciones. Sin embargo, cuando la crítica se convierte en ataque infundado y difamación, pierde su valor y se transforma en una amenaza para la convivencia democrática.

En última instancia, una Colombia más justa, equitativa y democrática solo puede construirse sobre la base del respeto mutuo, la transparencia y el compromiso con la verdad. La defensa de la libertad de prensa y de la figura presidencial en el contexto actual de Colombia es una defensa de la democracia misma. La libertad de prensa debe ser protegida y fortalecida, garantizando que los medios de comunicación puedan desempeñar su papel fundamental sin temor a represalias. Al mismo tiempo, es necesario que los medios y los ciudadanos ejerzan su derecho a la crítica de manera responsable y fundamentada.

Luis Emil Sanabria D.

Atacar la construcción de paz, un acto de perfidia

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

Es innegable que la construcción de paz en Colombia no transita, como algunos deseamos, por una alfombra roja pletórica de buenos momentos, de aplausos y de abrazos. Seguramente, porque no se está dialogando con hermanitas de la caridad, buscando apoyar una casa de acogida para niños y niñas huérfanas, sino con hombres y mujeres alzadas en armas, entrenados para combatir, capaces de arriesgar su vida y de quitar vidas.

Mujeres y hombres, nacidos y criados en Colombia, en entornos sociales que, en la mayoría de los casos, se han naturalizado la pobreza, la desigualdad, la injusticia, la corrupción, la falta de oportunidades educativas, el narcotráfico y otras expresiones de violencias. De allí la importancia de la paz dialogada, de la paz concertada, incluyente, transformadora, integral, la paz con todos los grupos armados, la paz con la naturaleza y la paz entre todos y todas.

 

La historia de Colombia ha estado marcada por décadas de conflicto armado, violencias y sufrimientos, por decenas de acuerdos de paz y de amnistías, la mayoría incumplidas. Sin embargo, a pesar de las dificultades, muchos y muchas seguimos soñando con ver surgir de nuestras voluntades una Colombia en paz y reconciliada. Los últimos esfuerzos de paz nos llevaron a la firma del Acuerdo con las FARC en 2016, hecho que se convirtió, en un hito histórico, que debemos seguir acompañado, respaldando y cumpliendo.

Miles de hombres y mujeres excombatientes de las FARC se la juegan en campos y ciudades para rehacer su vida, y a los cuales hay que brindarles más y mejores oportunidades. La reforma agraria avanza, no con la velocidad y la profundidad que quisiéramos, pero si con la certeza de que ese es un camino indispensable para la paz. Los valiosos mecanismos de justicia transicional han aportado profundamente a superar la impunidad y a reparar a las víctimas. 

El gobierno de Colombia está inmerso en negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las dos disidencias de las FARC, y aunque un poco descuidados, se mantienen escenarios para la paz urbana en Medellín, Cali y Buenaventura, todas en el marco del proceso de Paz Total. Son seis mesas de diálogo que seguramente desactivarán la violencia armada en importantes ciudades regiones del país, pero no suficientes si queremos gozar a plenitud, la inmensidad de nuestro país.

Las negociaciones vigentes son esenciales para el presente y el futuro, pero deben complementarse lo más pronto posible con la instalación de otros procesos. Debemos hacer todos los esfuerzos políticos y jurídicos, para que los grupos herederos del paramilitarismo como las ahora autodenominadas Ejército Gaitanista de Colombia y los Conquistadores de la Sierra Nevada, se encaucen por el camino de la negociación de paz.

Sin embargo, es necesario recordar que el concepto de Paz Total o Paz Integral, va más allá de la firma de acuerdos. Se trata de una visión que busca profundizar en las raíces del conflicto y construir soluciones. La Paz Total no se centra solo en desarmar a los grupos armados, sino también en transformar las condiciones sociales, económicas y políticas que han perpetuado el conflicto y esa es la “magia” que hay que entender, reconocer y respaldar, aspiración que algunos critican porque su mezquindad no les permite pensar generosamente.

Las negociaciones de paz son el camino más efectivo para reducir la violencia. La historia ha demostrado que la confrontación militar perpetúa el ciclo de muerte y destrucción. Dialogar políticamente con el ELN y las disidencias de las FARC, establecer diálogos socio jurídicos con los grupos herederos del paramilitarismo y las bandas criminales, puede conducir a un cese al fuego multilateral y, eventualmente, al fin de las hostilidades. Esto no quiere decir, que automáticamente desaparezcan todos los grupos armados y bandas delincuenciales de nuestro territorio, pero si, que se desactiven los principales focos de confrontación.

La paz es un requisito indispensable para el desarrollo económico y social, para la profundización de la democracia, la participación ciudadana y la soberanía del pueblo. Las regiones antes afectadas por el conflicto pueden comenzar a construir o implementar planes de vida a largo, mediano y corto plazo, mejorar su infraestructura, ofrecer oportunidades de empleo y educación, mejorar el servicio de salud, promover la minería responsable, legal y tradicional, proteger el medio ambiente y generar energías limpias.

La paz permite que las víctimas reciban reparación integral y justicia. La verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto es esencial para sanar las heridas y construir una sociedad reconciliada. Las negociaciones deben seguir incluyendo mecanismos de justicia transicional para balancear la justicia y la paz. El proceso debe retomar su sentido, promover la acción ciudadana, llamar al respeto del Derecho Internacional Humanitario y defender sin ambages los Derechos Humanos.

Aunque el Estado no debe ni puede renunciar al uso de la fuerza legítima, su prioridad debe seguir siendo la defensa de la vida, el cuidado de la ciudadanía y la acción integral en el territorio. Esto implica un trabajo de gobierno coordinado y sostenido a nivel regional, con más y mejor inversión social, promoviendo el encuentro permanente de la ciudadanía para construir mediante diálogos regionales, los acuerdos, los planes y programas que permitan superar la exclusión y la pobreza extrema. Diálogos en los cuáles deben participar los empresarios interesados en promover la producción y generar riqueza, si verdaderamente tienen interés en construir paz.

Para que el proceso de Paz Total sea exitoso, es fundamental contar con el apoyo de toda la sociedad colombiana, movilizándose y actuando en campos y ciudades. Es increíble que mientras las comunidades, las organizaciones sociales y el gobierno nacional hacen esfuerzos hacia la paz, algunos sectores políticos, económicos y sociales, amplificados por algunas empresas de comunicaciones, se dediquen a buscar y magnificar las fallas del proceso y exacerbar con sus relatos la violencia y la polarización. Optan por la perfidia y la traición al pueblo, buscando solo su beneficio económico o la defensa de posiciones dogmáticas.

Debemos unirnos en torno a la causa de la paz. La Paz Total no es un sueño inalcanzable, sino una meta que, con esfuerzo y compromiso, puede convertirse en realidad. Colombia merece la oportunidad de vivir en paz, y todos debemos ser parte de este gran esfuerzo que se teje a diario con mano ciudadana.

Luis Emil Sanabria D.

El debate de las reformas pensional y de educación: cambios y desafíos

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

Se aprobó la Reforma Pensional, un acuerdo que intenta ponerle fin a las inequidades de un sistema pensional que afecta a las mayorías de colombianos y colombianas, en especial a quienes nunca fueron vinculados a un régimen que les garantizara una vejez en condiciones de dignidad y buen vivir. Qué bueno que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República se hayan comprometido a fondo con este anhelo del pueblo trabajador y de la sociedad en general. Hay que festejar esta reforma que se constituye en un paso seguro hacia la consolidación de la paz y la reconciliación nacional.

Ojalá recapaciten quienes se resisten a las soluciones que benefician a los más necesitados y podamos enfrentar los desafíos profundos que amenazan la sostenibilidad y la equidad de las jubilaciones. La reforma pensional ha sido una propuesta recurrente en la agenda política buscando abordar problemas como la cobertura insuficiente, la informalidad laboral y la desigualdad en la distribución de beneficios. Esta nueva ley puede abrir el camino a un Gran Acuerdo Nacional que nos permita avanzar con menos incertidumbre hacia un Estado Social de Derecho fortalecido.

 

El sistema pensional colombiano caracterizado por una dualidad entre el Régimen de Prima Media (RPM) administrado por Colpensiones y el Régimen de Ahorro Individual (RAI) gestionado por fondos privados, ha generado varias ineficiencias y profunda desigualdad, pues solo alrededor del 25% de los adultos mayores reciben una pensión. La cobertura baja se debe en parte a la alta informalidad laboral que impide a muchos trabajadores contribuir consistentemente al sistema.

La estructura actual beneficia desproporcionadamente a quienes reportan altos ingresos, y pueden aportar más y, por ende, recibir a futuro pensiones más altas. Esto perpetúa las desigualdades socioeconómicas en lugar de mitigarlas. El RPM, basado en un esquema de reparto, enfrenta presiones demográficas debido al envejecimiento de la población. La relación entre cotizantes y pensionados se ha deteriorado, poniendo en riesgo la viabilidad a largo plazo del sistema.

Una de las aspiraciones fundamentales de la reforma es ampliar la cobertura del sistema pensional. En Colombia, lamentablemente una gran parte de la población no tiene acceso a una pensión en su vejez, especialmente en lo que se conoce como el sector informal; en ese sentido, la reforma busca integrar a más trabajadores al sistema, asegurando que una mayor cantidad de personas puedan acceder a beneficios pensionales.

La nueva reforma introduce mecanismos para crear un sistema más equitativo, redistribuyendo los recursos de manera más justa, favoreciendo a los trabajadores de menores ingresos y a los más vulnerables, como las mujeres y los trabajadores informales. Paralelamente se busca garantizar que el sistema sea viable a largo plazo. Esto incluye ajustes en la edad de jubilación, modificaciones en las tasas de cotización y cambios en la fórmula de cálculo de las pensiones, lo que ayuda a equilibrar los ingresos y egresos del sistema; sin embargo, ese llamado largo plazo se podrá ver reducido si Colombia se enruta por el camino de la producción, fortaleciendo las empresas grandes, medianas y pequeñas, lo cual exigirá abordar soluciones al dilema, tecnologías versus mano de obra, o visto de otro modo, aumento de la producción y la competitividad, vía adopción de la automatización, versus, detrimento de la generación de empleo o reducción del horario laboral, etc.

Uno de los pilares en que se apoya a reforma es el pilar solidario que asegura un ingreso básico para aquellos que no logran cumplir con los requisitos mínimos para una pensión, proveyendo una red de seguridad que aporta a la disminución gradual de la pobreza en la vejez. Esto es crucial en un país con altos niveles de informalidad laboral, de inequidad y de empobrecimiento. Al promover y establecer beneficios más accesibles y justos, la reforma incentiva que los y las trabajadoras informales legalicen sus actividades laborales al ver un sistema pensional que les ofrece una seguridad real.

En respuesta a los cambios demográficos, en una sociedad en donde se evidencia el envejecimiento de la población, es apenas necesario ajustar las edades de jubilación y las tasas de cotización para asegurar que el sistema pueda soportar la carga futura de pensionados; si bien, toda reforma trae consigo desafíos y resistencia, los beneficios aprobados en estos cambios podrían tener un impacto positivo significativo en la calidad de vida de los futuros pensionados colombianos.

Por otro lado, mientras se aprobaba la Reforma Pensional, en un claro paso hacia delante en materia de equidad, desarrollo y paz, FECODE prendió las alarmas sobre algunos componentes regresivos planteados en el proyecto de Ley de Educación. Al parecer, artículos importantes del proyecto son contrarios a los anhelos de cambio y justicia social de las mayorías y no contribuyen a la construcción de la paz y el desarrollo humano sostenible.

El proyecto de ley propone componentes que, podrían facilitar la participación del sector privado en la gestión y financiación de las escuelas públicas, lo que conduciría a una mercantilización de la educación. Las instituciones educativas públicas, especialmente en áreas rurales y marginadas, podrían verse desatendidas mientras que los recursos se desvían hacia iniciativas privadas. Esto contraviene el principio de equidad en la educación y puede exacerbar las brechas socioeconómicas, aumentando la pobreza e incentivando la deserción escolar.

El proyecto introduce nuevos criterios de evaluación y desempeño para los docentes, que FECODE considera punitivos y descontextualizados. Evaluar a los docentes de manera uniforme sin tener en cuenta las condiciones en las que trabajan, especialmente en un país azotado por la violencia armada, podría resultar en sanciones injustas y desmotivación, afectando negativamente el desempeño educativo general. No se hace énfasis, como se requiere, en la necesidad de asumir por parte del Estado, el mejoramiento de las capacidades pedagógicas, temáticas y logísticas de los educadores.

Finalmente, entre otras consideraciones el proyecto de ley no garantiza una financiación adecuada y sostenida para el sistema educativo, lo que podría afectar la calidad de la enseñanza y las condiciones laborales de los docentes. La falta de recursos adecuados podría llevar a un deterioro en la infraestructura educativa, materiales didácticos insuficientes y salarios inadecuados para los docentes.

Ojalá se reconozca la importancia que tiene para el presente y el futuro una reforma educativa acorde a las necesidades reales del país que beneficie principalmente a los y las estudiantes. Sin una reforma educativa profunda, democrática, progresista, que haga posible el surgimiento de un ser humano nuevo, capaz de comprometerse con la paz y la justicia social, el sueño de un mejor país se aleja cada día más.

Luis Emil Sanabria D

El derecho a la salud, más allá del debate económico

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

El debate sobre la calidad y el cubrimiento de los servicios de salud sigue ocupando gran parte del tiempo en los corrillos políticos, periodísticos, empresariales y por supuesto en las filas de pacientes madrugadores a las puertas de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud- IPS, sean estas privadas o públicas.

La discusión política, periodística y empresarial ha girado fundamentalmente alrededor de la crisis económica por la que atraviesan las llamadas Entidades Promotoras de Salud – EPS y las exigencias que el Gobierno Nacional viene realizando, para aclarar las cuentas sobre los recursos que el Estado les gira y sobre los cuales se ha señalado y comprobado en varios casos, altos niveles de corrupción y malversación de fondos. La discusión en las colas de pacientes, generalmente giran alrededor de la calidad, la pertinencia, y la forma en que tradicionalmente son atendidos, ya sean del régimen contributivo o del subsidiado.

 

Sin desconocer la importancia de modificar el modelo de administración de los recursos de la salud, que a mi modo de ver puede combinar la labor de la EPS, reconfigurando su papel y mejorando los mecanismos de control y rendición publica de cuentas, teniendo en cuenta la cobertura, las necesidades territoriales, las prácticas negacionistas y las necesidades reales del paciente, con la responsabilidad del Estado a nivel nacional, los entes territoriales y las autoridades étnicas.

Nuestro modelo debe dar respuesta a la exigencia ciudadana del goce pleno del derecho a la salud, como derecho fundamental, que va más allá del concepto biológico de ausencia de enfermedad y acoger en los dos regímenes, tanto el contributivo como el subsidiado, un concepto  de salud más amplio y holístico; entendida la promoción de la salud no solo como la provisión de servicios médicos, el acceso a servicios hospitalarios o curativos centrados en la enfermedad, sino principalmente la identificación y eliminación de barreras estructurales determinantes que impiden el acceso a la salud en términos de equidad y justicia social.

Un modelo más centrado en la prevención y el reconocimiento de diferencias en el desarrollo de la vida del paciente y de las comunidades, lo que implica la inclusión y la atención diferenciada según los determinantes de estilos de vida, marcados también por las diferencias de clase (o estratificación), los privilegios o desventajas de las personas, el acceso por ejemplo al agua potable, a la educación, al transporte, a los servicios de electricidad y comunicaciones, las inclemencias del clima tropical o de páramos, el acceso a la vivienda digna, hasta lo que se conoce como los estilos de vida poco saludables, como el consumo de tabaco y la falta de actividad física, que están estrechamente relacionados con enfermedades crónicas.

Adicional, se requiere la reevaluación, el rediseño e implementación de políticas encaminadas a contemplar y reconocer la importancia del empoderamiento social y comunitario, que coloque en el lugar que le corresponde al poder del constituyente primario en la formulación y seguimiento de las políticas públicas de salud, así como la veeduría y control de la intervención de los entornos vitales de las personas que indiscutiblemente afectan la salud comunitaria e individual, observando la importancia de incorporar en los análisis y propuestas los determinantes sociales en todas las etapas del proceso de atención sanitaria, es decir, tanto los factores individuales como los contextuales que influyen en la salud.

La equidad en los servicios sanitarios, significa garantizar que todas las personas, independientemente de su género, raza o condición socioeconómica, tengan acceso a servicios de salud de calidad, con suficiente cobertura tanto territorial como poblacional. Adelantar programas permanentes de educación sanitaria y de fortalecimiento de capacidades que reconozcan, como lo exigen las comunidades indígenas y afrodescendientes, la medicina ancestral.

El nuevo modelo de salud, requiere de aliados locales fortalecidos y reconocidos, para combatir enfermedades que se propagan a través vectores biológicos (mosquito, zancudo, etc.) como el Dengue, el Paludismo, la Fiebre Amarilla, la Leishmaniosis, el Chagas, la Fiebre Recurrente y un enfoque interdisciplinario que involucre sectores como la educación, la vivienda y el trabajo, para abordar de manera efectiva los determinantes sociales de la salud.

Se tendrán que fortalecer programas diferenciales para las personas con discapacidad, personas mayores, infancia y personas drogodependientes como grupos sociales sensibles a la exclusión social. La sociedad en general, deberá avanzar en la adopción de nueva normatividad más adecuada, buscando superar determinantes culturales, dogmas, prejuicios, y condiciones físicas materiales y económicas que permitan la accesibilidad diferencial de servicios a esta población.

Los factores sociales, culturales, políticos, económicos y laborales influyen significativamente en la salud de hombres y mujeres de manera diferente. No es lo mismo las necesidades curativas y de prevención, de una persona dedicada a la vida en el campo, con exigencias físicas extraordinarias que sobrepasan los límites del dolor o el de la mayoría de las mujeres que suelen asumir responsabilidades de cuidado no remuneradas, lo que puede afectar negativamente su salud mental y física.

Es claro que, en una sociedad marcada por las diferencias de clase, por los privilegios de algunos y la pobreza de las grandes mayorías, se vuelve cada vez más importante, para evitar a largo plazo situaciones de conflictividad mayor, la promoción de la salud y la igualdad de oportunidades en los servicios sanitarios.

Finalmente, quiero llamar la atención acerca de la necesidad de que se asuma de forma integral, el fortalecimiento de los programas de salud mental encaminados a superar las graves afectaciones individuales y colectivas que nos ha dejado el conflicto armado interno. Nadie puede evadir esta responsabilidad, de allí la necesidad de construir un Acuerdo Nacional que incluya el componente del derecho a salud de forma integral, como parte de las tareas que debemos asumir en el marco de la construcción de la paz. Necesitamos ponernos de acuerdo sobre la política general que guía nuestro sistema de salud.

Luis Emil Sanabria Durán

Y los ricos, ¿qué papel juegan en la paz de Colombia?

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

Un país con profundas desigualdades sociales como Colombia, marcado por el conflicto armado interno más prolongado del mundo, lo que a su vez genera polarización y debate, genera inevitablemente preguntas sobre el papel que cumplen o deben cumplir los ricos en la construcción de la paz y, por ende, en la superación de la pobreza y las inequidades. ¿Pueden ser los ricos aliados o enemigos en la construcción de una paz integral, duradera y estable?

No se puede negar que algunos ricos-ricos, muy pocos para mi gusto, pertenecientes al pequeño círculo de empresarios y de capital financiero, han contribuido con las intenciones de los gobiernos en la construcción de la paz. Sin embargo, aunque han apoyado con la inversión de capital y la implementación de proyectos en algunas zonas tradicionalmente afectadas por la exclusión y la pobreza, estas iniciativas han estado más enfocadas en los intereses del empresario que en las necesidades de las comunidades.

 

En la mayoría de los casos, la participación activa de las personas del común en las decisiones de la planificación y ejecución de los proyectos, o en la identificación de planes de responsabilidad social empresarial, que son fundamentales para la construcción de paz territorial y estabilidad social, ha sido periférica y en ocasiones nula. Limitándose exclusivamente al interés de la empresa en obtener una licencia ambiental.

Ahora bien, ante la profundidad del fenómeno de la violencia armada, ante la crisis de producción local y generación de empleo, como resultado de políticas económicas (cargas impositivas altas, escaso o nulo acompañamiento, respaldo y desarrollo tecnológico, etc.) que no distinguen a la hora de respaldar, promover o incentivar la economía, entre pequeñas y medianas empresas creadas por la clase media (alta, media o baja) y las creadas por los grandes capitalistas o el capital golondrina, y ante la crisis de las políticas económicas heredadas, que ha conducido a la exclusión y el empobrecimiento de millones de compatriotas, se requieren nuevas estrategias económicas y sociales que hagan posible una mayor certidumbre de quienes desde la iniciativa local promueven empresa y crean empleo.

El país demanda una política de generación de empresas (rurales y urbanas) inclusive para participar en la implementación de políticas públicas, más ligadas a la iniciativa colectiva, solidaria y popular, de la mano de las y los profesionales jóvenes y dueños de capital criollo, y requiere, de aquellos que se reconocen, por tradición y estatus heredado, como empresarios tomadores de decisiones, más compromiso, más generosidad, más oportunidades, menos espíritu monopolista, aunque esto represente, a corto plazo, una tasa de retorno de inversión más lenta o menos ganancias que las proyectadas.

Más allá de lo estrictamente económico en términos de inversión de capital y generación de plusvalía, se requiere que tanto los ricos más ricos colombianos o con inversiones en Colombia (casi todos asentados en el extranjero), los ricos emprendedores y la franja de profesionales creativos, que se enfrenta día a día al poder monopolistas de los primeros y a las condiciones adversas que el Estado y el entorno le imponen, tomen la decisión, sin ambages, ni mezquindad, de participar en los escenarios que se abren a propósito del Plan de Participación acordado para sacar adelante el proceso de paz con las guerrillas del ELN. Allí se podrá opinar y proponer nuevas iniciativas de carácter político, tributario o económico que hagan posible el fortalecimiento de la economía criolla. No hay que tenerle miedo a la democracia directa y menos a la democracia participativa.

Las condiciones de inestabilidad social y política, las equivocadas decisiones de una oposición poco reflexiva, que considera a la paz como una bandera del gobierno a la que hay que oponerse sin consideración, requieren por parte del sector productivo y empresarial en todas sus expresiones, una actitud responsable con la sociedad, involucrando un verdadero y genuino compromiso político con la justicia social y la equidad; esto incluye necesariamente, su vinculación a la construcción, mediante un diálogo abierto y honesto, de un Gran Acuerdo Nacional que fortalezca la democracia, la justicia y el establecimiento de un sector empresarial robusto en términos de calidad, diversidad y cantidad.

Es urgente adelantar una cruzada nacional y territorial contra la corrupción privada y pública en todas sus expresiones, con ejercicios de rendición de cuentas sobre los recursos públicos que maneja el sector privado, una unidad de acción contra el contrabando, el lavado de activos, la evasión de impuestos, el narcotráfico, la minería ilegal y depredadora, el tráfico de especies y la trata de personas.

La implementación de soluciones a las problemáticas internas, no es una tarea solo del pueblo y de las clases medias tradicionalmente víctimas de las violencias. Los grandes y privilegiados tomadores y tomadoras de decisiones empresariales, que también dominan parte del escenario político y de medios de comunicación, así como velan con todo su derecho, por mantener vivas a sus empresas, también deben velar por la democracia y la participación ciudadana. No está bien que exijan compromisos a la nación mientras algunos son señalados de financiar campañas políticas para luego constreñir veladamente la independencia del Congreso de la República y, por esta misma vía, intervenir el poder ejecutivo y judicial.

La paz y la democracia claman por la implementación de la Reforma Rural Integral que haga productivo el campo, que armonice la labor del productor agropecuario con los intereses de los campesinos y campesinas; el país reclama más y mejores políticas de bienestar que garanticen salud y educación adecuadas para quienes habitan los cinturones de miseria en campos y ciudades; por más y mejor investigación científica que haga posible la soberanía nacional y el mejoramiento tecnológico y productivo de las empresas nacionales. El país requiere transitar hacia la producción de energías limpias amigables con el ambiente, apoyándose en el potencial hidrográfico de nuestros territorios.

La promoción de la inclusión social y el apoyo a políticas públicas que reduzcan las desigualdades, son pasos indispensables para el logro de la Paz. En momentos de crisis permanente como la que vive nuestra Colombia, solo el diálogo, el encuentro sincero y transparente podrán hacer posible que los fusiles se silencien. Unamos nuestras voces para construir país, rompamos los abismos que nos separan y hagamos posible una nueva democracia para que las deliberaciones amplias iluminen el oscuro salón donde se reunen la pobreza, la componenda y la corrupción.

Luis Emil Sanabria D.

Unir nuestras voces, para descalificar las violencias

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

El 20 de mayo pasado, se cumplieron 60 años del envío de la carta de paz que los habitantes de la zona de Marquetalia (Tolima), en límites con Cauca y Huila, liderados por Manuel Marulanda Vélez (Pedro Antonio Marín), enviaron al entonces presidente de la República, Guillermo León Valencia (abuelo de Paloma Valencia). En esa carta, además de pedir inversión social, construcción de vías, escuelas y centros de salud, se solicitaba el retiro de las tropas del Ejército Nacional, que días antes habían ingresado a la región a sangre y fuego, en respuesta a las reivindicaciones campesinas acumuladas por años de violencia y abandono. La respuesta a la carta de un puñado de colombianos y colombianas fue la represión, el bombardeo, la guerra y la muerte. Este pasaje de la historia se enmarca en los orígenes de las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Una decisión que privilegió el uso de la fuerza y de la guerra, en lugar de la respuesta oportuna, dialogada y eficaz del Estado, nos condujo, hasta la fecha, a más de sesenta años de violencia guerrillera (que no debió nunca suceder), confrontación social y polarización del país. Seis décadas de dolor que pudieron evitarse si quienes ostentaban el poder no hubieran preferido, bajo el amparo de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional (que algunos exmilitares y políticos se resisten siquiera a evaluar), el camino de la guerra, en lugar de la reconciliación y el reconocimiento de las diferencias.

 

Algunos grupos armados, que se reivindican como FARC, alejados de la voluntad de paz del acuerdo firmado en 2016, quisieron recordar aquellos hechos dolorosos de mayo de 1964. Nada más distante de la lucha por los derechos sociales y políticos de los sectores populares que pretender que la toma a sangre y fuego de poblaciones, el asesinato y las amenazas contra poblaciones indígenas, afrodescendientes, obreras y campesinas, el uso del terror y el miedo, y estar vinculados a los negocios ilícitos de narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de especies, o la extorsión a los mineros tradicionales y ancestrales, pueda considerarse parte de la lucha por un mejor país, y menos aún, una conmemoración en memoria de los y las campesinas rebeldes asesinadas en medio de la violencia conservadora-liberal y los planes de pacificación del Frente Nacional.

El país vive una situación diferente a la vivida durante las convulsionadas décadas de los años sesenta y setenta, cuando se conformaron los grupos guerrilleros revolucionarios de ideología de izquierda, tanto comunistas como socialdemócratas, indigenistas o socialistas. La sociedad colombiana tiene una Constitución Política (1991), más garantista e inclusiva, diferente a la vetusta y conservadora constitución de 1886 impuesta con dolor y muerte, que debe ser desarrollada y aplicada a cabalidad. Se cuenta, por primera vez en la historia, con un gobierno de transición progresista, no ligado a las tradicionales esferas de poder. Se plantean inversiones sociales en educación, salud e infraestructura que beneficien a las comunidades y se comienza a desarrollar la eternamente aplazada Reforma Rural, que forma parte de las causas estructurales que originaron el conflicto armado interno.

Lo más revolucionario, en toda la amplitud y generosidad que esta palabra encierra, es comprender que la sociedad colombiana clama, suplica, resiste y lucha para que la paz sea una realidad. Más allá del apellido que se le ponga a la paz, sea este la Justicia Social, Total, Integral, Transformadora, Territorial, etc., lo que la gente quiere es la paz que finalmente silencie los fusiles; la paz para poder hablar, para poder dialogar, para concertar y ejecutar las políticas, los planes, programas y proyectos que hagan posible una Colombia nueva, pacífica, democrática, incluyente y justa, para que nunca más, por ningún motivo, a un compatriota se le ocurra apuntar o disparar un arma contra otro compatriota.

El pueblo caucano, así como algunos habitantes de Nariño, Valle, Chocó, Putumayo, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Norte de Santander y Arauca, sufren a mayor escala el rigor de una confrontación impuesta por los mercaderes de la muerte, por los dueños de las economías ilegales ligadas a la minería del oro y al narcotráfico, por quienes, bajo el pretexto de las difíciles condiciones de pobreza y exclusión impuestas por el modelo privatizador y la economía de mercado, se empeñan en sostener una violencia armada demencial y profundamente dolorosa, ya sea para mantener privilegios económicos o como estrategia política.

El Gobierno Nacional y los gobiernos locales deben hacer uso de todas las herramientas políticas que hagan posible la construcción de la paz. Nada puede ser subestimado o desechado cuando se trata del bien preciado de la vida; en estas regiones es claro que se deben co-construir acuerdos de territorialidad para la paz, vinculando a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, los cuales deberán quedar contemplados en Pactos por la Paz y la Vida, en donde se conjuguen estrategias claras que comprometan a la sociedad civil, ligadas a acuerdos de inversión estratégica en materia de salud, educación e infraestructura vial. Para ello se requiere una mayor coordinación interinstitucional, estrategias territoriales para la superación de las economías ilícitas y la instalación de cadenas productivas y de crecimiento económico que beneficien a todos y todas, unido a la generación de una cultura de paz, derechos humanos, reconciliación y protección a la vida, a partir de estrategias pedagógicas, comunicativas, de autocuidado y autoprotección, que fortalezcan los valores, los derechos y los deberes de la ciudadanía.

No estoy proponiendo con esto que el Estado renuncie al uso legítimo de la fuerza para proteger la vida y los bienes públicos y privados, labor que se hace más necesaria en tiempos de crisis y de ataques indiscriminados que infringen el Derecho Internacional Humanitario. Al igual que muchos y muchas, estoy convencido de que la sola estrategia de fortalecimiento del pie de fuerza, buscando vencer a los grupos armados por la vía militar o el sometimiento a la justicia, ya hace rato se comprobó, que no nos conduce a la paz. Puede que estas estrategias instalen un superficial clima de tranquilidad, como en otras ocasiones ha ocurrido; sin embargo, la llama de la violencia seguirá encendida, hasta que vuelvan a darse las condiciones para perpetrar otros ataques armados y la muerte violenta vuelva a transitar por campos, veredas y calles.

Las comunidades queremos la paz, pero esta no emergerá si no nos comprometemos a construir las condiciones para que eso ocurra. Hay que juntarnos, unir nuestras voces, movilizarnos, dialogar y construir compromisos posibles y realizables a corto, mediano y largo plazo, para descalificar las violencias. El Gobierno Nacional y los gobiernos locales deben continuar por la ruta de la participación con poder de decisión y avanzar hacia una estrategia territorial más sostenible e incluyente, más deliberativa y democrática, a todos los niveles y con todos los actores sociales, para hacer posible la ampliación y el fortalecimiento del tejido social y político que resiste, persiste e insiste en la Paz.

Luis Emil Sanabria

Más y mejor educación: El pueblo habla, el pueblo manda

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

Esta semana que terminó, ocurrieron dos acontecimientos importantes en materia de juventud y educación que, aunque parecen distantes, son elementos de un mismo entramado y susceptibles de correlacionar, para identificar algunas posiciones de sectores políticos que, no precisamente brillan por su coherencia política y que se dedican a cualquier costo, incluyendo la mentira y la manipulación, a tratar de desprestigiar al llamado Gobierno del Cambio, sea que este tenga la razón o no la tenga. El 15 de mayo tuvo lugar la Sesión Conjunta del Subsistema de Participación Juvenil, promovida por el Ministerio de la Igualdad, y la segunda, fue el nombramiento como ministro de Educación ad hoc, del apreciado Ministro de Cultura Juan David Correa, con el objetivo de ejercer la inspección y vigilancia en el caso de la designación del rector de la Universidad Nacional.

En el encuentro de representantes juveniles con el presidente Gustavo Petro U (haciendo uso de la democracia representativa para legitimar la participación), un selecto grupo de jóvenes de diversos sectores políticos y sociales, como nunca antes había ocurrido en administración alguna, deliberaron abiertamente y sin temor a ser señalados, perseguidos, desparecidos, estigmatizados o asesinados, de tú a tú, con el Presidente y la Vicepresidente de la República. Esta nueva situación, inevitablemente promovió, en un ambiente de respeto, deliberación, arengas y gritos, propios de la democracia, que emergieran diferentes puntos de vista, algunos de los cuales estuvieron cargados de reclamos objetivos, frente a las expectativas que gran parte de la juventud, depositó en el gobierno de izquierda, y que seguramente no han sido resueltas satisfactoriamente.

 

En medio de los intercambios de opinión, surgió un tema que es el que motiva mi modesta opinión, y me refiero directamente al hecho de que paradójicamente, algunos jóvenes ratificaran su exigencia al Gobierno Nacional, para que mantuviera la política de becas universitarias que se le entrega a algunas universidades privadas, para que en estas puedan hacer su pregrado, un limitado grupo de estudiantes pertenecientes a sectores populares. Esquema de beneficios que favorece el ingreso de estudiantes de escasos recursos económicos a educación superior, pero que evidentemente castiga al sistema público de educación y en especial su autonomía para investigar, crear nuevos programas educativos y ampliar su cobertura y calidad. Tienen razón aquellos jóvenes que alzaron la voz, para defender la permanencia en el sistema de quienes ya se encuentran cursando un pregrado; sin embargo, esta posición no puede extenderse para defender la perpetuidad de un modelo de privatización, que no obtuvo el respaldo popular en las elecciones presidenciales, ni mucho menos el de las y los jóvenes.

Lo que la gente hoy reclama, por lo menos, quienes hemos defendido la importancia de la educación pública, científica, técnica y tecnológica, la matrícula cero, que permita que las grandes mayorías excluidas del sistema público de educación superior `convertido desde su nacimiento en un privilegio´, puedan acceder a este, en donde se reconozca y fortalezca la autonomía académica y se garantice la inversión y la sostenibilidad progresiva, adecuada y pertinente, es que se mantenga esa ruta de fortalecimiento, que se acelere su implementación y se promuevan subsidios adicionales que garanticen las condiciones adecuadas de permanencia, evitando la deserción escolar, de tal forma que nuestra sociedad se fortalezca, al contar con nuevas generaciones masivas de profesionales, técnicos y tecnólogos, con capacidad para asumir los retos y las trasformaciones que se necesitan para avanzar hacia un país en paz, profundamente democrático y equitativo, capaz de recuperar, si algún día la tuvo, su soberanía como Estado. Seguramente, muchos y muchas de los nuevos profesionales, no saldrán a construir equidad y democracia, porque su construcción política y de valores no se los permita, pero estoy convencido de que la gran mayoría, aportarán su grano de arena para que la educación pública siga fortaleciéndose.

Esa, señoras y señores de la oposición, que manipulan la información a su antojo, incluso a consta de su poca coherencia política, y que no gustan de que los empobrecidos y empobrecidas, accedan a un título universitario, porque eso significa promover en los sectores populares, en los trabajadores y campesinos, pensamiento propio, capaz de emanciparse de las injusticias, es lo que les duele de los programas de fortalecimiento de la educación pública, por la que han sido perseguidos, masacrados, asesinados, desaparecidos, encarcelados, mutilados, y torturados, miles de jóvenes en Colombia, desde antes y después de aquel fatídico 7 de junio de 1929, cuando fue asesinado el estudiante Gonzalo Bravo P.

Es en este componente, el de la autonomía universitaria, consigna enarbolada con fuerza por los estudiantes universitarios que retumbó en las paredes del León de Greiff, en el Encuentro Nacional Estudiantil “Chucho Peña”, celebrado en febrero de 1987, el de la exigencia de “más presupuesto para la educación, menos para la represión”, en donde se relacionan el encuentro de jóvenes y el Gobierno Nacional, con el decreto que nombra al Ministro ad hoc.

Quienes han promovido el debilitamiento académico y presupuestal de la Universidad Nacional y de la educación pública en general, limitando su autonomía real, y/o quienes no escatiman esfuerzos para exigir que la Fuerza Pública ingrese a los establecimientos educativos violando dicha autonomía, aún a consta de la vida de estudiantes, docentes, administrativos o trabajadores, ahora se vuelven defensores a ultranza de dicha autonomía, convirtiendo un anhelo de la comunidad académica, en una sarta de mentiras para deslegitimar la voluntad del Gobierno y la decisión de la consulta, en relación con la elección de un nuevo rector o rectora.

No están preocupados por la democracia interna, por la autonomía, el desarrollo o la calidad de la educación, su único interés es deslegitimar una acción de gobierno que, aunque seguramente no está exenta de errores, busca garantizar que el poder decisión de la comunidad universitaria, expresada en el mayoritario apoyo a un aspirante a la rectoría, sea respetada. No se trata solo de una elección, se trata de también, de una labor de formación de nuevas ciudadanías profesionales, capaces de vivir y recrear la democracia directa, la participación y el poder constituyente. Es en ese sentido, como interpreto la inédita decisión del presidente, en relación con la elección de rector. De nada vale una educación profundamente científica, si no se promueve adicionalmente, al menos, el aprender a hacer, aprender a ser y el aprender a vivir juntos.

La autonomía universitaria, la construcción de saberes y el desarrollo de capacidades para vivir en comunidad, debe cuestionar los alcances de las consultas, para trascender hacia el respeto a la opinión mayoritaria promovida democráticamente. Esto que ocurrió en el Encuentro Juvenil con el Gobierno y lo que ocurre al interior de la Universidad Nacional, son dos manifestaciones de una misma causalidad, ligada indiscutiblemente a la crisis de la democracia en Colombia, a la debilidad en el reconocimiento del poder que reside exclusivamente en el pueblo y al temor de que el pueblo hable y ese hablar se convierta en un mandato. Más allá de la espectacularidad que les imprimieron a las noticias, en especial, magnificando una oposición (real o no) al Gobierno del Cambio, lo que dejan claro, estos pasajes de una misma discusión, es que la juventud y los estudiantes reclaman más democracia, más derechos, más educación, más y mejores condiciones de vida que la sociedad en general y el Estado en particular deben asumir.

Nota adicional: en momentos tan delicados como los que estamos viviendo, ¿saben ustedes para qué sirve o qué está haciendo, la Consejería Presidencial para la Reconciliación?

Luis Emil Sanabria

¿Abolir los subsidios del DPS? mitos y realidades

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

La propuesta del actual Director del Departamento de Prosperidad Social – DPS, adscrito a la Presidencia de la República, Sr. Gustavo Bolívar, de abolir algunos subsidios y promover los emprendimientos, entendiendo que en Colombia desde hace varios lustros, se vienen instalando propuestas económicas en el marco de lo que se conoce como Estado de Bienestar, cuyo objetivo ha sido, reducir los impactos sociales que tiene el modelo económico, lo cual, es determinante, para dar el paso de una economía atrasada, a una economía desarrollada en el marco del libre mercado, pensando por su puesto, en hacer efectivo un modelo político socialdemócrata.

La oferta de Bolívar, plantea un enfoque radical para abordar los retos económicos y sociales en Colombia. Esta propuesta desafía la noción convencional de que el Estado debe proporcionar subsidios para garantizar el bienestar de sus ciudadanos, y en su lugar, aboga por un enfoque centrado en el fomento del espíritu empresarial y la creación de empleo como medios para impulsar el desarrollo económico y reducir la dependencia del Estado, para lo cual, seguramente, todo el entramado económico y social en Colombia, debe acondicionarse y cambiar, para  acoger y  desarrollar los nuevos proyectos económicos.

 

Un análisis crítico de esta propuesta, a mi modo de ver, revela diversas consideraciones que deben ser tomadas en cuenta, para evitar su pronto fracaso y para impedir que entusiastas emprendedores populares, pierdan el optimismo y se dejen llevar por el camino de la desesperación, al momento de enfrentar la competencia leal y desleal en una economía de mercado. En primer lugar, abolir los subsidios sin medidas de apoyo adecuadas podría tener consecuencias devastadoras para aquellos que dependen de ellos para cubrir necesidades básicas, de allí la importancia, como se ha afirmado por Bolívar, de mantener los subsidios para aquellos sectores poblacionales que lo requieran estrictamente, debido a su real incapacidad de generar proyectos productivos.

Sin embargo, para aquellos grupos o sectores, a los cuales se les desmotarán los subsidios a cambio de apoyos para la generación de empresas, se debe contemplar, además de la necesaria capacitación asociativa, técnica, tecnológica, financiera y de comercio, la implementación de programas de transición o alternativas viables, por lo menos hasta que los nuevos emprendimientos alcancen el punto de equilibrio económico y se hagan sostenibles en medio de la competencia, so pena de exacerbar la pobreza y la desigualdad en lugar de mitigarlas. Es crucial asegurar que la abolición de los subsidios no deje atrás a los más vulnerables de la sociedad, intentando, adicionalmente, reducir la desigualdad y garantizar un nivel básico de vida para todos los ciudadanos, con un especial énfasis en la protección social.

Por otro lado, promover los emprendimientos, como se ha probado y fracasado en algunos proyectos de reinserción o reincorporación de excombatientes, para sustituir los subsidios, plantea interrogantes sobre la accesibilidad y la equidad en el entorno empresarial. ¿Tienen todos los ciudadanos el mismo acceso a recursos y oportunidades para iniciar y hacer crecer sus negocios? ¿O corremos el riesgo de perpetuar desigualdades económicas si solo unos pocos pueden beneficiarse de estas políticas? Es esencial garantizar que haya un acceso equitativo a la financiación, la capacitación y el apoyo empresarial para que todos tengan la oportunidad de prosperar, lo cual plantea nuevos retos en el marco de la globalización y los Tratados de Libre Comercio. ¿El Estado va a asumir la comercialización de los productos? ¿se va a implementar una política proteccionista, lo que implica revisar los TLC o la oleada de nuevos pequeños empresarios se van a arrojar a la libre competencia ligada al mercado interno y a las exportaciones? ¿cuál es el porcentaje de éxito previsto?

Es crucial considerar la viabilidad y la sostenibilidad a largo plazo de promover los emprendimientos como, parte fundamental de una estrategia económica y social, para superar la pobreza y la inequidad. ¿Es realista esperar que todos los ciudadanos jóvenes merecedores de subsidio se conviertan en emprendedores exitosos? En ese sentido, es sano pensar, como lo manifiesta el Director del DPS, en lograr un enfoque equilibrado que combine el fomento del espíritu empresarial con políticas sociales sólidas que protejan a los más vulnerables y promuevan la igualdad de oportunidades, de tal forma que la presión social no se incline sobre un programa naciente de nuevos empresarios y empresarias, para que las cargas de nuevas responsabilidades que se depositarán seguramente en la familia, no terminen ahogando al bebé antes de nacer.

Es evidente que la promoción de los emprendimientos no debe desviar la atención de la responsabilidad del Estado en proporcionar servicios básicos y protección social. Si bien el espíritu empresarial puede ser un motor importante para el crecimiento económico, el Estado sigue siendo responsable de garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios de salud, educación, vivienda y protección social. La abolición de los subsidios no debe ser una excusa para recortar los gastos sociales ni para abandonar a aquellos que más los necesitan, por el contrario, si el programa es exitoso, como seguramente las y los colombianos queremos, el Estado liberará recursos y recaudará nuevos impuestos, los cuales pueden fortalecer programas sociales que siguen siendo débiles, en especial aquellos relacionados con la reparación integral a las víctimas de la violencia.

De otro lado, en Colombia existe una variable no controlada para la proyección real de la economía, me refiero al ingreso a la economía legal, de dineros provenientes del narcotráfico, el tráfico ilegal de fauna silvestre, la explotación y comercio ilegal de oro, la trata de personas, el tráfico de armas y municiones, la extorsión y el secuestro, que minan la sana competencia y arrojan constantemente a los nuevos emprendimientos a la quiebra. ¿Cómo controlar esta realidad que afecta todos los renglones de la economía y blindar su producción y comercio de los dineros mal habidos? ¿Tendrá nuestra sociedad que recurrir, como lo ha expresado el Presidente de República, a la construcción de un Gran Acuerdo Nacional que incluya un pacto contra las economías ilegales y promueva la transparencia en la justicia? Seguramente no existe otro camino, de tal forma que, en un Acuerdo de esta naturaleza, se incluya, en la voluntad consensuada de quienes queremos un presente y un futuro mejor, la promoción de la industrialización y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

El nuevo enfoque, planteado en la propuesta de Gustavo Bolívar de abolir algunos subsidios y promover los emprendimientos, como una nueva política del cambio, hace parte de las promesas de campaña del Presidente Gustavo Petro U, en el marco del Estado de Bienestar, lo que plantea importantes desafíos y oportunidades. Si bien el fomento del espíritu empresarial puede ser una herramienta valiosa para impulsar el desarrollo económico y reducir la dependencia del Estado, es crucial implementar medidas complementarias para garantizar la protección social y la equidad, como se plantea en la reforma a la salud, la reforma educativa, la reforma pensional y laboral, así como en el nuevo enfoque de luchas contra el narcotráfico y la búsqueda de acuerdos para ponerle fin al conflicto armado interno en todas sus manifestaciones.  La clave está en encontrar un equilibrio entre la promoción del emprendimiento y la preservación de los principios fundamentales del Estado de Bienestar como parte esencial del Estado Social de Derecho.

Luis Emil Sanabria D

Las marchas y el intento de un acuerdo nacional

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

Han ocurrido dos movilizaciones importantes en lo que va corrido de los últimos quince días. La primera, acontecida el 21 de abril, convocada por quienes encuentran serias dificultades para sus intereses políticos, económicos o sociales, en el paquete de reformas que impulsa el gobierno nacional, así como a la metodología de diálogo con los Grupos Armados No Estales, su estrategia de lucha contra el negocio ilegal del narcotráfico y su idea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente; la segunda fue, la tradicional marcha del 1 de mayo, día internacional de los trabajadores, convocada por las centrales obreras, el gobierno nacional y sectores sociales y políticos, a la cual, por primera vez en la historia de Colombia, se vinculó activamente el Presidente de la República, en donde se puso de presente la necesidad de continuar avanzando en el paquete de reformas para el cambio, en el logro la paz total con todos los grupos armados, implementar el Plan Nacional de Desarrollo y promover un proceso nacional constituyente, entre otras consideraciones.

Es la primera vez que dos acontecimientos en contradicción evidente, se realizan en menos de quince días, sin que estos tengan un desenlace violento, ya sea porque el Estado hubiera hecho alarde de toda su capacidad represiva y violenta, como ocurrió en el estallido social de 2019-2021, o porque las y los manifestantes hubieran tomado la lamentable iniciativa de arremeter contra la infraestructura pública o privada, o contra cualquier funcionario público; esto, por sí solo, es un importante avance que debe ser valorado y correspondido por quienes desde diferentes orillas han promovido las movilizaciones como parte de una estrategia a corto y mediano plazo que busca derrotar, o por lo menos deslegitimar, a los contrarios, y atreverse a pensar en otra ruta que realmente beneficie al conjunto de la sociedad. Es allí en donde, para las actuales circunstancias del país, ambas orillas se pueden estar equivocando.

 

No está bien, que convocantes y participantes de la marcha del 21 de abril, en su legítimo derecho de hacer oposición, recurran a la mentira y la trampa, a la deslegitimación aún más del Estado, al ataque a ultranza en contra la figura del Jefe de Estado y a los deseos legítimos de cambio estructurales que evidentemente se tienen que producir en Colombia; tampoco está bien, que quienes promovieron y participaron, con un nuevo sentido político, en la jornada del 1 de mayo, tengan como estrategia única, derrotar a la oposición, estigmatizar a todo el que de esta hace parte y creer que solo en las calles se logra avanzar en los necesarios cambios estructurales que seguramente las mayorías respaldamos. No se trata de repetir la fallida matriz, exclusión-inclusión-exclusión, experimentada en el Frente Nacional, y que no logró hacer realidad la paz social y política necesaria para, hacer de esta tierra un espacio de vida para todos y todas.

Hoy lo que se pone al orden del día es la convocatoria, real y metódica, a construir un acuerdo nacional por el cambio, en relación con las temáticas que salen a relucir en los diferentes escenarios de debate, tanto en el congreso, como en los círculos sociales, en los encuentros de diálogo territoriales, en las agendas con los grupos armados no estatales, en los medios periodísticos y por su puesto en las movilizaciones.

No hay que tenerle miedo al cambio. Quienes se aferran de forma dogmática o utilitarista a las actuales condiciones, defendiendo lo indefendible o bloqueando al gobierno, solo por mantener privilegios, ganancias excesivas, o negocios ilegales deben comprender que el nivel de conflictividad es tan profundo que, por esa ruta, es posible que prontamente se produzca un nuevo estallido social con un final impredecible. No hay que tenerle miedo al progresismo. Quienes aún alimentan la idea de que los cambios se producirán solo mediante un estallido social o insurreccional, deben comprender que la transición de una sociedad afectada profundamente por los negocios ilegales, la corrupción, la inequidad, la injusticia social, el conflicto armado y la legitimidad de su modelo democrático, hacia una sociedad en paz y con justicia social, requiere de un profundo compromiso dialógico y conciliador.

Un Acuerdo Nacional debería contemplar un ejercicio de habla y escucha, tanto territorial como nacional, en armonía con los procesos de negociación que se adelanten con los grupos armados de carácter político y no político, para lo cual las partes (gobierno nacional y oposición) deberían nombrar un equipo de compromisarios para dialogar y pactar alrededor de por lo menos los siguientes objetivos:

Pacto por la transparencia, para erradicar la corrupción, tanto a nivel de las instituciones públicas como de las privadas, que comprometa al conjunto mayoritario de la sociedad y elimine esta conducta delictiva del imaginario cultural.
Pacto por la democracia, que contemple tanto el fortalecimiento de la democracia directa, como la democracia representativa, que modernice el proceso electoral y erradique sus vicios, que modernice los partidos y les abra las puertas a expresiones política no electorales.

Pacto por el bienestar social, que reconozca las debilidades e injusticias del actual sistema de salud y seguridad social, y logre consensuar unas reformas que pongan al centro los derechos humanos, para que las mayorías accedan, en igualdad de condiciones, al derecho a la salud y garantizando una vejez digna.

Pacto por la vida, para sacar las armas de la política y de la vida cotidiana, que haga posible la superación del conflicto político armado y los demás conflictos violentos, un acuerdo que reconozca la importancia de construir verdades y avanzar hacia la reconciliación.

Pacto por el fortalecimiento de la justicia, que tenga como objetivos, disminuir progresivamente los altos índices de impunidad, que modernice la rama judicial y acoja la justicia restaurativa.

Pacto por los territorios y los pueblos Étnicos, que desarrolle los elementos fundamentales hacia una verdadera descentralización política y administrativa, que reconozca y fortalezca el gobierno propio y la autonomía de los pueblos étnicos.

Pacto por la naturaleza, para acordar los compromisos que hagan posible el desarrollo económico y la transición energética, sin poner en riesgo la vida sobre el planeta, para salirle al paso a la crisis climática y proyectar la recuperación del aire, las selvas, los bosques, los páramos, los mares y ríos. Un pacto que incluya la urgencia de la Reforma Rural Integral.
Pacto contra el delito, para erradicar la producción y tráfico ilícito de cocaína y otras sustancias, la comercialización de vida silvestre, la trata de personas, el tráfico de armas y municiones y la inseguridad urbana y rural.

Un diálogo nacional y territorial para un acuerdo nacional a largo plazo y a todos los niveles, en el marco de la Constitución Política Nacional, debe proyectarse más allá de los tiempos de gobierno y más allá de quién nos esté gobernando. Un acuerdo que ayude a “ordenar la casa” y revitalizar el debate político serio, profundo, el debate de las ideas y las propuestas. No será fácil, gran parte de la decisión de diálogo para la construcción de acuerdos está en manos de la oposición y por supuesto, de las garantías que brinde el gobierno nacional y sus partidos.

Luis Emil Sanabria D.

Sin egoísmos o posturas mesiánicas

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

La transición de una sociedad que padece un Conflicto Político Armado Interno con más de sesenta años de existencia, degradado y alimentado por fenómenos delincuenciales como la corrupción, el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de especies, el tráfico de armas y municiones, la trata de personas y el lavado de activos, entre otros, hacia una sociedad pacífica, democrática, transparente, justa y equitativa, debe contemplar, además de una acción coordinada del Estado y los gobiernos para erradicar las causas estructurales que le dieron origen y lo retroalimentan, un profunda y decidida estrategia de Estado que instale en la conciencia y los corazones de la gente, una cultura de paz que nos conduzca a la reconciliación, el reconocimiento, la protección y la defensa de los Derechos Humanos.

A buena hora, las organizaciones de la sociedad civil y algunas entidades de gobierno que trabajan por la paz, dinamizadas por la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, decidieron convocar y organizar la Cumbre Nacional de Experiencias de Pedagógicas de Paz. Un hermoso acontecimiento, en este mar de violencias y señalamientos, que pasó desapercibido para los medios de comunicación y seguramente para las y los tomadores de decisiones sobre el presente y el futuro del país. Del 24 al 26 de abril, se dieron cita en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación de Bogotá, más de 100 experiencias locales y nacionales de organizaciones e instituciones que a diario y sin descanso, han tomado en sus propias manos e iniciativa, la construcción de pedagogías, de didácticas, y de acciones que hacen posible que la paz, más allá de las definiciones académicas, sea una vivencia de las comunidades.

 

Delegaciones de casi todos los departamentos del país, artistas y académicos reconocidos de diferentes partes de América y Europa, juntaron sus experiencias, para que, en un futuro cercano, se fortalezca, como es necesario, un programa nacional de Cultura para la Paz. Delegaciones de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de población LGBTIQ+, de población con discapacidad, de comunales y campesinos, de firmantes de los acuerdos de paz, expusieron sin el más mínimo asomo de egoísmo o de posturas mesiánicas, sus propuestas, sus avances, sus dificultades y lo profundamente solos que se sienten, en medio de una sociedad que prefiere voltear la cara y olvidarse de la importancia de construir un nuevo ser humano para la vida y la armonía.

Me atrevo a afirmar, luego de escuchar y observar las diferentes propuestas y de resaltar la decisión final de mantenerse coordinados en una plataforma pedagógica nacional para la paz, que existe entre las experiencias una inquebrantable decisión por instalar una amplia y generosa acción pedagógica que, anide en los corazones de las colombianas y los colombianos, el amor, la solidaridad, el respeto a la vida, la dignidad, la justicia y la equidad, que hagan posible que emerja un torrente arrollador de voluntades, capaces de transformar las violencias en convivencia y convertir el dolor en alegría, la tristeza en felicidad y la angustia en esperanza.

Decididos a recrear los sueños, recuperar la creatividad y convocar desde la fragilidad de la esperanza a la utopía de un mundo mejor, este colectivo, que no representa a todas las experiencias pedagógicas de paz que transversalizan el país, pero si una importante muestra, manifestó en todas las conversaciones, algunas más optimistas que otras, la disposición de declararse, desde la fuerza de los corazones descalzos, en desobediencia transformadora frente a los formatos y las competencias individualistas. Han reafirmado que, saldrán a cantar con toda su fuerza, enredados con los hilos del amor, como tercos sinsontes, para que su poesía sea escuchada en todos los rincones, para que su mirada sea aceptada y sus abrazos recibidos.

A pesar de las dificultades logísticas, producidas por la escasez de recursos y otras consideraciones, me atrevo, con las disculpas anticipadas a la cumbre, a afirmar que en general la asistencia se comprometió en mayor o menor medida a:

a)            Promover nuevas pedagogías que hagan posible la inclusión, el amor, el respeto y la dignidad, reconociendo la importancia de la otredad, la diversidad étnica, cultural y espiritual, para construir, un acuerdo nacional de vida que haga posible la felicidad en el territorio;

b)            abrazar la noviolencia para generar didácticas, metodologías y procesos ciudadanos, que coadyuven a la construcción de una sociedad sin violencias físicas, económicas, sexuales, sociales, psicológicas o políticas;

c)            acompañar, ampliar y fortalecer, con sus experiencias y pedagogías, los procesos ciudadanos que quieran comprometerse con la construcción de un país en paz, respetuoso de la vida, la diversidad y los Derechos Humanos;

d)            poner a disposición de la sociedad, del Estado y los gobiernos, todas sus capacidades y recursos materiales e inmateriales, para poner fin a las violencias que nos afectan, en especial, aquella que se ejerce en contra de las niñas, los niños y adolescentes;

e)            promover la democracia y el poder ciudadano para generar las transformaciones pacíficas de los conflictos sociales, políticos, económicos y culturales, colocando al centro el diálogo y la escucha, que construye soluciones y crea compromisos;

f)            aportar a la construcción de una cultura de paz libre de armas, promoviendo el rechazo social al uso de la violencia armada y al armamentismo en Colombia y el mundo;

g)            acompañar los procesos de diálogo social y político para la construcción de paz integral, y las estrategias de vinculación de los y las firmantes de paz, a la vida social, política y económica.

h)            fortalecer los procesos de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, desde un enfoque psicosocial, de memoria transformadora, verdad y justicia, para fortalecer el tejido social golpeado por las violencias.

Finalmente, resalto las afirmaciones y el llamado de la cumbre, para que los gobiernos locales, las instituciones del Estado y el Gobierno Nacional, apoyen y respalden con recursos económicos, logísticos y garantías a la vida, los planes, programas y proyectos pedagógicos que buscan, desde la comunidad, construir una sociedad en paz, garante de los Derechos Humanos y reconciliada. Ojalá se continue por este camino, y que la cooperación internacional vea en estos colectivos, el germen que hará posible a largo plazo y en constante articulación con los programas que buscan superar las causas estructurales del conflicto, el surgimiento de una paz estable y duradera.

Luis Emil Sanabria D

La tarea constituyente, mucho más profunda de lo que parece

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

Se sigue hablando y especulando a diferentes niveles y en diversos espacios sociales y políticos sobre la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que tenga como propósito realizar los cambios normativos que hagan posible que derechos fundamentales como la salud, la educación, o la pensión de vejez, sean garantizados y prestados por el Estado.

La negativa de las mayorías en la Comisión Séptima del Senado de la República, de approbar la propuesta del Gobierno Nacional que busca reformar la Ley 100 de 1993 y corregir los problemas que impiden el acceso a un adecuado servicio de salud, en especial en aquellas zonas tradicionalmente excluidas y empobrecidas, ha producido que diferentes voces se levanten denunciando que esta negativa, no es el reflejo de una posición legítima, que cuestiona el proyecto y que busca soluciones, sino, fundamentalmente, el fruto de compromisos adquiridos a través de la financiación de campañas, que buscan proteger los intereses del capital que rige la actuación de la intermediación suministrada por las Empresas Prestadoras de Servicio- EPS.

 

Muy loable que se levanten las voces que no comparten, con justa razón, la posición de las y los congresistas que, antes que defender los derechos del pueblo, reflejan una oposición poco fundamentada y el compromiso efectivo con las financiadoras de campañas; sin embargo, aunque la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, pudiera convertirse en una bandera justificada para lograr los cambios prometidos en campaña por el actual Presidente Gustavo Petro Urrego, la verdad es que esta vía, más que producir cambios, en el hipotético caso de que, la izquierda, el progresismo y la social democracia, todos estos defensores del Estado Social de Derecho, obtengan las mayorías de curules constituyentes, al final de cuentas, el nuevo contrato social que surja, terminará siendo modificado, mediante decretos negacionistas, por quienes ostentan el poder real, ante la incapacidad de la izquierda y del progresismo de diseñar y construir una fuerza ciudadana constituyente, con vocación de poder, capaz de conducir el país por el sendero de la justicia social, la equidad y la paz.

Un proceso que le entregue al pueblo el poder de decisión, para que de éste emerja el poder político, no se debe reducir a eventos asamblearios locales o a unas sesiones de representantes a una Asamblea Nacional Constituyente. Un proceso constituyente para reconstruir los sueños y la esperanza, debe estar enmarcado en: una fuerte acción pedagógica y organizativa que convoque también al 50% de colombianos y colombianas que no participan políticamente; una permanente planeación participativa territorial alrededor del agua; y un fuerte control social a la ejecución de dicho plan.

La tarea constituyente es mucho más profunda de lo que parece. Si lo que se pretende es llegar efectivamente a la conciencia ciudadana, conquistar el corazón de las mayorías que siguen siendo afectadas por un régimen político y económico, que intenta perpetuar el enriqueciendo de unas minorías, mientras el grueso de la sociedad sigue siendo llevada al abismo de la pobreza, se debe recurrir a la más generosa imaginación y al compromiso real de los partidos que predican el cambio. Un proceso que le entregue poder soberano permanente al pueblo y a la democracia directa, no solamente en eventos esporádicos, planeados al gusto de la democracia representativa y del poder ejecutivo, sino que le reconozca a la gente del común, organizada o no organizada, su capacidad de proponer, interpelar, decidir, ejecutar y controlar, a largo, mediano y corto plazo, de manera constante, en ejercicios asamblearios desde los barrios y veredas hasta el municipio, el departamento y la nación. Un proceso que haga posible, la expresión de viejos liderazgos políticos y sociales y la emergencia de nuevos, a los que hay que proteger y garantizarles la permanencia en el territorio.

El mundo cambia constantemente y la democracia griega, el sueño de la revolución francesa (fraternidad, igualdad y libertad) de las guerras de independencia de las colonias europeas y de los proyectos socialistas (con planeación centralizada y partido único), requieren a la luz de los acontecimientos nacionales y mundiales ser revisados y transformados, para que propuestas, señaladas de neofascistas, ligadas a la guerra y las violencias, no sigan ganando espacio, ante un pueblo que reclama mejores condiciones de vida. La democracia representativa que conocemos, y que cada cuatro años recurre al constituyente primario, para que este le entregue su poder mediante el voto y se elijan gobernantes, cogobernantes y legisladores, parece no ser suficiente para tramitar los conflictos sociales, políticos y económicos, ya que el acuerdo de un Estado democrático capitalista fundado en la independencia de tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), ha sido violado en la práctica.

Es indudable que, ante la grave crisis estructural y de legitimidad del Estado, ante las múltiples expresiones de conflicto armado, la corrupción y el narcotráfico, entre otras enfermedades crónicas, se requiere con urgencia recurrir al constituyente primario, al pueblo soberano, entendido este como la expresión diversa de la ciudadanía. Lamentablemente, debido a los ataques sistemáticos que permanentemente cobran la vida de líderes y lideresas sociales, a la baja inversión en educación formal y no formal, al bajo nivel de conocimiento sobre deberes y derechos, tanto políticos como sociales, de las mayorías de colombianos y colombianas, no se cuenta con suficiente acumulado social que asuma la deliberación y la emergencia de procesos constituyentes soberanos, que desde lo local desaten un gran proceso nacional.

Las organizaciones sociales, los partidos y movimientos políticos que deseen participar, junto con el Gobierno Nacional, de manera unificada y sin imposiciones partidistas o caudillistas, tendrán que construir un primer acuerdo sobre el carácter y los alcances de la iniciativa constituyente. Esta iniciativa debe contemplar necesariamente un esfuerzo pedagógico ambicioso para fortalecer las capacidades democráticas tanto de la ciudadanía como de las organizaciones. Se tendrá que retomar experiencias locales que durante varios años lograron avanzar en ejercicios de democracia directa y poder popular, como las Asambleas Municipales Constituyentes; procesos que dinamizaron la territorialidad para la paz, logrando acuerdos humanitarios como en Micoahumao (Sur de Bolívar), o la planeación prospectiva y la eficacia de la gobernabilidad local, como en el caso del municipio de Tarso en Antioquia, que logró superar la crisis económica a la que fue llevado por la corrupción.

El reto, más allá de los tiempos que la democracia representativa impone a los gobernantes y legisladores, es desatar un proceso constituyente nacional permanente, hasta que la democracia directa se haga costumbre. Un proceso que, en armonía con la democracia representativa, construya una red de procesos constituyentes municipales y departamentales. Una alianza, un acuerdo nacional, un pacto permanente de reconocimiento al poder del pueblo (democracia), que se ponga como metas a corto y mediano plazo, transformar las causas estructurales que reproducen la pobreza, la exclusión y la inequidad, y construir un pacto nacional que acabe con la corrupción, el narcotráfico y el conflicto armado interno. Constituir poder para que el constituyente primario haga realidad sus derechos y deberes.

Luis Emil Sanabria Durán

No solo de discursos vive la gente

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

“Hay que seguir en la búsqueda de la Paz con todos los grupos armados, porque de lo contrario, nadie finalmente, va a dejar de echar bala”, “el Gobierno Nacional debe sentarse a negociar con todos los grupos que hay en la zona, o autorizar comisiones de líderes y lideresas sociales, alcaldes y concejales, para que dialoguen con los grupos que aquí hacen presencia”. Propuestas como estas se escucharon en el pre encuentro por la paz, de carácter autónomo, que se realizó el pasado viernes 5 de abril, en el municipio de Morales, convocado por la Mesa de Paz del Sur de Bolívar, en el marco de las actividades que desarrolla el Comité Nacional de Participación, creado por la Mesa de Diálogo del Gobierno Nacional y el ELN.

Cerca de ciento cincuenta personas, provenientes de todos los municipios de la región de los dos ríos, con sus propios recursos y gracias al apoyo logístico del alcalde de Morales, el Sr. Ecequiel Salcedo C, apoyó la iniciativa, participó del evento y alentó la deliberación y el compromiso por la Paz, en una región azotada por la violencia durante decenas de años, y en donde hacen presencia, no solamente le ELN, con quien el Gobierno Nacional mantiene el Cese Al Fuego Bilateral, sino también, las disidencias autodenominadas Estado Mayor Central de las FARC y el recién rebautizado, Ejercito Gaitanista de Colombia  EGC.

 

La presencia de las iglesias cristianas, católica y evangélicas, de concejalas y concejales, secretarios de gobierno de otros municipios, ex alcaldes, lideresas y líderes de todos los sectores sociales, étnicos y comunitarios, llenó el recinto y nutrió la deliberación y las propuestas, que serán entregadas en el Encuentro Regional del Magdalena Medio, a realizarse el fin de mes en Barrancabermeja, dándole cumplimiento al cronograma pactado en la Mesa de Diálogo y que buscará, a finales de mayo del presente año, luego de realizar un encuentro nacional, entregar una propuesta metodológica de participación de la sociedad, y con la cual se espera, desatar una gran movilización participativa, capaz de construir un documento que contenga propuestas de soluciones a las causas estructurales que dieron origen y que alimentan este conflicto armado.

“Estamos cansadas de la violencia”, “queremos que nuestros hijos e hijas, puedan vivir en paz, estudiar y labrarse un futuro mejor”, fueron otras de las frases mas repetidas de las mujeres y hombres de este rincón de Colombia, ubicado en su corazón geográfico, pero excluido de derechos tan fundamentales como la salud y la educación. Una región rica en recursos naturales, que pudiera ser un excelente destino turístico para los amantes de la naturaleza y la biodiversidad, que hace decenas de años, no conoce, ni sabe, lo que es vivir en paz entre los seres humanos, y también con la naturaleza, en especial el Río Magdalena, sus ciénagas, afluentes y la hermosa serranía de San Lucas.

A quienes quieren que los esfuerzos de paz de la sociedad y el gobierno fracasen, y así anotarse unos puntos, en el juego politiquero por el control del país, que todo lo mide por encuestas de opinión ficticias, por votos comprados o por la llamada opinión pública, y que no reconoce ni incorpora en sus análisis, la voluntad de la ciudadanía que se expresa en la realidad local, lamento informarles que los pre encuentros y encuentros territoriales y sectoriales, programados en el marco de este proceso de paz, están siendo respaldados con presencia y propuestas de las organizaciones sociales y los gobiernos locales, a pesar de las dificultades que genera la falta de recursos económicos adecuados y el miedo que imponen otros actores armados. Que a pesar del interés evidente de sectores de la oposición política, por arrebatarle al pueblo esta nueva oportunidad de paz, las comunidades y las organizaciones siguen insistiendo en que, la única salida que tienen, para construir y gozar el territorio, la democracia, la justicia social y la vida, es que se avance con más entusiasmo y decisión, por el camino de las soluciones dialogadas a las múltiples expresiones del conflicto armado.

Lamentablemente, y aquí viene lo incomprensible, el Gobierno Nacional en ninguna de sus instancias, se hizo presente en este evento. Parece que, cuando se habla de fortalecimiento de las organizaciones, de la generación de ciudadanías constituyentes, de movilización y procesos asamblearios, estas fueran responsabilidades, única y exclusivamente, de las organizaciones populares o de algunas organizaciones no gubernamentales, y como ocurría en algunos tiempos pretéritos en donde no se tenía gobierno, “cada uno defiéndase como pueda”. El Gobierno de Gustavo Petro, no logra comprender la necesidad de brindar garantías efectivas a la vida de líderes, lideresas y a la permanencia en el territorio, a la movilización, al fortalecimiento organizativo, y la importancia de reconocer y coordinar con las organizaciones sociales y populares, lo que implica dialogar, concertar, desarrollar consensos y acuerdos, para avanzar hacia la superación de las inequidades, la corrupción y la pobreza.

Mantener, defender y desarrollar un gobierno de carácter popular, ampliar su poder basado en la soberanía popular, los Derechos Humanos, la democracia participativa, y la acción movilizadora para la construcción progresiva de equidad, justica social y paz, requiere de estrategias, planes o programas definidos, con un fuerte componente pedagógico sobre los derechos y los deberes ciudadanos, y sobre los acuerdos construidos con la gente. Elementos estos, que a casi dos años del gobierno del cambio, no se han desarrollado y no se vislumbran en el futuro próximo. No solo de discursos vive la gente, las palabra pronunciadas por el Presidente, que representan, en muchas ocasiones, una idea clara de lo que gran parte de la sociedad, en especial los empobrecidos y excluidos quieren, deben transformarse en acciones coordinadas desde el alto gobierno, para superar las  ejecuciones erráticas y excluyentes en el territorio.

No se trata solo de realizar eventos masivos, que pueden tener un gran impacto propagandístico y de promoción de la unidad de acción. Lo que la gente reclama en el Sur de Bolívar y en casi todas las regiones del país, es que su voz sea escuchada, sus propuestas incorporadas consensuadamente a la acción de gobierno y a la implementación efectiva de las acciones del Plan Nacional de Desarrollo. Lo que el pueblo reclama es la posibilidad de ser parte efectiva de la identificación de soluciones y la ejecución de las mismas. El gobierno no puede seguir ninguniando los liderazgos regionales y nacionales, colectivos e individuales, construidos a través de años de resistencia y persistencia, que sobreviven al exterminio sistemático programado por los actores armados. Es también, con las organizaciones y redes territoriales y nacionales, que se garantizará los cambios progresivos que el país necesita.

No todo se reduce a la acción parlamentaria o a las capacidades de uno u otro ejecutivo. El país, la sociedad, las transformaciones progresivas irrenunciables y necesarias para alcanzar la paz, exigen una verdadera alianza con la ciudadanía que garanticen la continuidad de los cambios, y que vaya más allá de las instrumentalizadas convocatorias a las movilizaciones. No todo se podrá lograr en un gobierno de cuatro años, es necesario priorizar lo verdaderamente posible de realizar, potenciar la democracia directa, la movilización y la organización, para que, sobre los hombros del pueblo repose la dirección de la gobernabilidad y el poder constituyente sea garante de continuidad, de la paz, la convivencia y la reconciliación.

Luis Emil Sanabria D

La paz del EPL, reafirmaciones pertinentes

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

El primero de marzo pasado, se cumplieron 33 años del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y el desaparecido Ejército Popular de Liberación – EPL, dirigido por el clandestino Partido Comunista de Colombia (Marxista-Leninista). Esta organización, que predicaba la lucha armada y de masas para derrocar al Estado capitalista, tenía presencia en casi todo el territorio nacional, con especial énfasis en zonas de desarrollo agrícola, energético, minero y en los centros urbanos más importantes. Era la guerrilla más grande que existía en el país, y que conformó, en la década de los 80 del siglo pasado, junto con otras organizaciones armadas, la llamada Coordinadora Nacional Guerrillera “Simón Bolívar”.

El PCC (m-l), y todos sus frentes políticos y armados, habían propuesto, años antes del acuerdo de paz, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que profundizara la democracia, reconociera la soberanía popular y sirviera de preámbulo a la construcción de una sociedad justa y democrática. Estas propuestas y la responsabilidad de coordinar el movimiento guerrillero, desató una ola de asesinatos a sus dirigentes destacados para el proceso de paz y a los responsables de la conducción del EPL, es así como se asesina a Oscar William Calvo, en compañía de Ángela María Trujillo y Alejandro Arcila, en pleno centro de Bogotá y se persigue, captura y asesina, también en Bogotá, al Comandante Ernesto Rojas (Jairo de Jesús Calvo).

 

A pesar de las persecuciones a los líderes y lideresas de su propuesta democrática electoral, llamada Frente Popular y su exterminio en todo el país, tanto el PCC (m-l), el EPL y sus estructuras políticas, tomaron la determinación mayoritaria de avanzar hacia la paz, recogiendo los esfuerzos realizados en el gobierno de Belisario Betancourt, continuando con los esfuerzos en el gobierno de Virgilio Barco y finalmente concretando la firma de paz en el gobierno de Cesar Gaviria, bajo la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que promulgaría, en el mismo año de la desmovilización, una nueva carta política para la sociedad colombiana. Lamentablemente, pese a los esfuerzos de quienes firmaron la paz, y a contar con una nueva Constitución, la violencia desatada por quienes se han opuesto al desarrollo del Estado Social de Derecho, produjo una gran ola de violencia que cobró la vida en menos de cinco años, a más de setecientos firmantes del acuerdo de paz del EPL.

Por eso, para la mayoría de los sobrevivientes de este grupo, que acompañaron los esfuerzos del Pacto Histórico, desde diferentes agrupaciones políticas y sociales, no cayeron bien las palabras del Sr. Presidente Gustavo Petro, escritas en un mensaje de la plataforma “X” (Twitter) y reproducidos luego en otras plataformas virtuales, cuando afirmó: “…Los gritos libertarios se apagaron, el movimiento estudiantil fue asesinado, la universidad de Córdoba pasó a manos paramilitares. Los liberales y conservadores se volvieron uribistas y hasta el EPL, antes guerrillero, y ahora desarmado se pasó en gran parte al bando paramilitar”.

Entre Córdoba y Urabá, emergieron los Frente Jesús María Alzáte, Bernardo Franco y Fabio Vázquez Villalba, que aglutinaban más de mil combatientes, todos comprometidos con el proceso de paz, que hicieron dejación de armas frente a los Integrantes de la Veeduría Internacional, con el acompañamiento de la Iglesia Católica, la Prensa Nacional e Internacional, y frente al pueblo que se volcó de forma masiva a presenciar ese hecho inédito para la región y el país. El gobierno estaba representado  por los señores Ricardo Santamaría,  Rafael Pardo, Jesús «Chucho» Bejarano y el ministro del interior Horacio Serpa, frente a los Cuáles se hizo públicamente la dejación de armas desde el primer  Comandante hasta el último combatiente uno a uno hasta terminado el acto ceremonial; una vez  se hizo la dejación  de armas, los nuevos ciudadanos, se trasladaron al casco urbano de Apartadó para cerrar con un acto público presenciado por más de ciento cincuenta mil personas. Actos parecidos se realizaron en diferentes partes del país, en donde se habían concentrado los diferentes frentes, combatientes y los principales líderes y lideresas políticas del PCC (m-l) y el Frente Popular.

Como en todos los procesos de paz adelantados en nuestro país, luego de la dejación de armas, se hicieron evidentes la falta de Garantía a la vida, el incumplimiento del Estado para cumplir los pocos compromisos territoriales pactados y la falta de oportunidades para la reincorporación social, económica y política. Rápidamente, algunos combatientes y mandos medios de estos y otros frentes, se rearmaron, aduciendo falta de claridad en el proceso, bajo el estímulo de las organizaciones que seguían en la lucha armada, como las FARC-Ep y el ELN, quienes en un principio los recibieron y protegieron. Sin embargo, pronto florecieron en Urabá y Córdoba, contradicciones frente al dominio territorial, la influencia política, y las propuestas sociales.

Así surgió y se fortaleció, entre 1991 y 1996, una disidencia, alimentada por dirigentes políticos nacionales del PCC (m-l) que no participaron del proceso de paz, y que, luego de varias acciones guerrilleras y de persecución a los desmovilizados del EPL, en medio de cercos de aniquilamiento desatados por las Farc y la Fuerza Pública, decidieron cambiar de brazalete y pasarse a las fuerzas paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Fue así como, a los sobrevivientes de este experimento fracasado de disidencia, los recogieron en varios helicópteros, según los relatos de la población, por los lados del Municipio de Tierralta cerca a la represa de Urrá, para ser transportados hasta la finca Cedro Cosido en el bajo Sinú, y luego vincularse a los paramilitares que comandaba la casa Castaño.

Luego del proceso de paz, el grueso de la organización que abandonó la lucha armada, algunos bajo el nuevo partido legal, llamado Esperanza, Paz y Libertad y/o haciendo parte de la Alianza Democrática-M19, continuaron actuando en la arena política, legal, amplia y transparente, a pesar de que el Estado Colombiano, les arrebatara la personería jurídica meses después de firmado el acuerdo de paz, y que han recuperado hace apenas un año, gracias a una fuerte lucha legal y jurídica, que llevó al reconocimiento con condiciones, por parte del Consejo Nacional Electoral, y que hoy se reconoce como Esperanza Democrática, integrante del Pacto Histórico.

Firmantes de este acuerdo de paz han hecho parte de varias organizaciones y tendencias políticas legales y comprometidas con la democracia, como el PDI, el PDA, UD, Partido Liberal, Colombia Humana, Partido Verde, y en el Pacto Histórico, entre otras. Algunos de sus integrantes han sido o son ediles y edilesas, concejales y concejalas, alcaldes, diputados y diputadas, representantes a la cámara y senadores. Otros han ocupado importantes cargos en gobiernos municipales, departamentales o nacional, incluido el actual gobierno nacional.

Todos los miembros de la dirección nacional del desaparecido PCC (m-l) y de la comandancia del desmovilizado EPL, que firmaron el acuerdo de paz, unos con más entusiasmo que otros, siguen trabajando por la paz, la democracia, la justicia social y la equidad, como fue su compromiso individual y colectivo, en el marco de la Constitución fruto de la Asamblea Nacional Constituyente que promovieron y en la cual participaron. Haciendo honor a los compromisos pactados, centenares de hombres y mujeres “esperanzadas”, durante muchas décadas han encabezado importantes organizaciones sociales, culturales, comunales, étnicas, de mujeres, de población LGBTIQ+, con discapacidad, de víctimas del conflicto, ambientalistas, constructoras de paz y defensoras de Derechos Humanos, han sido reconocidos académicos, investigadores sociales, funcionarios públicos, etc.

Luis Emil Sanabria D