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Las marchas y el intento de un acuerdo nacional

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en May 5, 2024. Publicado en Opinión.

Han ocurrido dos movilizaciones importantes en lo que va corrido de los últimos quince días. La primera, acontecida el 21 de abril, convocada por quienes encuentran serias dificultades para sus intereses políticos, económicos o sociales, en el paquete de reformas que impulsa el gobierno nacional, así como a la metodología de diálogo con los Grupos Armados No Estales, su estrategia de lucha contra el negocio ilegal del narcotráfico y su idea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente; la segunda fue, la tradicional marcha del 1 de mayo, día internacional de los trabajadores, convocada por las centrales obreras, el gobierno nacional y sectores sociales y políticos, a la cual, por primera vez en la historia de Colombia, se vinculó activamente el Presidente de la República, en donde se puso de presente la necesidad de continuar avanzando en el paquete de reformas para el cambio, en el logro la paz total con todos los grupos armados, implementar el Plan Nacional de Desarrollo y promover un proceso nacional constituyente, entre otras consideraciones.

Es la primera vez que dos acontecimientos en contradicción evidente, se realizan en menos de quince días, sin que estos tengan un desenlace violento, ya sea porque el Estado hubiera hecho alarde de toda su capacidad represiva y violenta, como ocurrió en el estallido social de 2019-2021, o porque las y los manifestantes hubieran tomado la lamentable iniciativa de arremeter contra la infraestructura pública o privada, o contra cualquier funcionario público; esto, por sí solo, es un importante avance que debe ser valorado y correspondido por quienes desde diferentes orillas han promovido las movilizaciones como parte de una estrategia a corto y mediano plazo que busca derrotar, o por lo menos deslegitimar, a los contrarios, y atreverse a pensar en otra ruta que realmente beneficie al conjunto de la sociedad. Es allí en donde, para las actuales circunstancias del país, ambas orillas se pueden estar equivocando.

No está bien, que convocantes y participantes de la marcha del 21 de abril, en su legítimo derecho de hacer oposición, recurran a la mentira y la trampa, a la deslegitimación aún más del Estado, al ataque a ultranza en contra la figura del Jefe de Estado y a los deseos legítimos de cambio estructurales que evidentemente se tienen que producir en Colombia; tampoco está bien, que quienes promovieron y participaron, con un nuevo sentido político, en la jornada del 1 de mayo, tengan como estrategia única, derrotar a la oposición, estigmatizar a todo el que de esta hace parte y creer que solo en las calles se logra avanzar en los necesarios cambios estructurales que seguramente las mayorías respaldamos. No se trata de repetir la fallida matriz, exclusión-inclusión-exclusión, experimentada en el Frente Nacional, y que no logró hacer realidad la paz social y política necesaria para, hacer de esta tierra un espacio de vida para todos y todas.

Hoy lo que se pone al orden del día es la convocatoria, real y metódica, a construir un acuerdo nacional por el cambio, en relación con las temáticas que salen a relucir en los diferentes escenarios de debate, tanto en el congreso, como en los círculos sociales, en los encuentros de diálogo territoriales, en las agendas con los grupos armados no estatales, en los medios periodísticos y por su puesto en las movilizaciones.

No hay que tenerle miedo al cambio. Quienes se aferran de forma dogmática o utilitarista a las actuales condiciones, defendiendo lo indefendible o bloqueando al gobierno, solo por mantener privilegios, ganancias excesivas, o negocios ilegales deben comprender que el nivel de conflictividad es tan profundo que, por esa ruta, es posible que prontamente se produzca un nuevo estallido social con un final impredecible. No hay que tenerle miedo al progresismo. Quienes aún alimentan la idea de que los cambios se producirán solo mediante un estallido social o insurreccional, deben comprender que la transición de una sociedad afectada profundamente por los negocios ilegales, la corrupción, la inequidad, la injusticia social, el conflicto armado y la legitimidad de su modelo democrático, hacia una sociedad en paz y con justicia social, requiere de un profundo compromiso dialógico y conciliador.

Un Acuerdo Nacional debería contemplar un ejercicio de habla y escucha, tanto territorial como nacional, en armonía con los procesos de negociación que se adelanten con los grupos armados de carácter político y no político, para lo cual las partes (gobierno nacional y oposición) deberían nombrar un equipo de compromisarios para dialogar y pactar alrededor de por lo menos los siguientes objetivos:

Pacto por la transparencia, para erradicar la corrupción, tanto a nivel de las instituciones públicas como de las privadas, que comprometa al conjunto mayoritario de la sociedad y elimine esta conducta delictiva del imaginario cultural.
Pacto por la democracia, que contemple tanto el fortalecimiento de la democracia directa, como la democracia representativa, que modernice el proceso electoral y erradique sus vicios, que modernice los partidos y les abra las puertas a expresiones política no electorales.

Pacto por el bienestar social, que reconozca las debilidades e injusticias del actual sistema de salud y seguridad social, y logre consensuar unas reformas que pongan al centro los derechos humanos, para que las mayorías accedan, en igualdad de condiciones, al derecho a la salud y garantizando una vejez digna.

Pacto por la vida, para sacar las armas de la política y de la vida cotidiana, que haga posible la superación del conflicto político armado y los demás conflictos violentos, un acuerdo que reconozca la importancia de construir verdades y avanzar hacia la reconciliación.

Pacto por el fortalecimiento de la justicia, que tenga como objetivos, disminuir progresivamente los altos índices de impunidad, que modernice la rama judicial y acoja la justicia restaurativa.

Pacto por los territorios y los pueblos Étnicos, que desarrolle los elementos fundamentales hacia una verdadera descentralización política y administrativa, que reconozca y fortalezca el gobierno propio y la autonomía de los pueblos étnicos.

Pacto por la naturaleza, para acordar los compromisos que hagan posible el desarrollo económico y la transición energética, sin poner en riesgo la vida sobre el planeta, para salirle al paso a la crisis climática y proyectar la recuperación del aire, las selvas, los bosques, los páramos, los mares y ríos. Un pacto que incluya la urgencia de la Reforma Rural Integral.
Pacto contra el delito, para erradicar la producción y tráfico ilícito de cocaína y otras sustancias, la comercialización de vida silvestre, la trata de personas, el tráfico de armas y municiones y la inseguridad urbana y rural.

Un diálogo nacional y territorial para un acuerdo nacional a largo plazo y a todos los niveles, en el marco de la Constitución Política Nacional, debe proyectarse más allá de los tiempos de gobierno y más allá de quién nos esté gobernando. Un acuerdo que ayude a “ordenar la casa” y revitalizar el debate político serio, profundo, el debate de las ideas y las propuestas. No será fácil, gran parte de la decisión de diálogo para la construcción de acuerdos está en manos de la oposición y por supuesto, de las garantías que brinde el gobierno nacional y sus partidos.

Luis Emil Sanabria D.

Sin egoísmos o posturas mesiánicas

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Abr 28, 2024. Publicado en Opinión.

La transición de una sociedad que padece un Conflicto Político Armado Interno con más de sesenta años de existencia, degradado y alimentado por fenómenos delincuenciales como la corrupción, el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de especies, el tráfico de armas y municiones, la trata de personas y el lavado de activos, entre otros, hacia una sociedad pacífica, democrática, transparente, justa y equitativa, debe contemplar, además de una acción coordinada del Estado y los gobiernos para erradicar las causas estructurales que le dieron origen y lo retroalimentan, un profunda y decidida estrategia de Estado que instale en la conciencia y los corazones de la gente, una cultura de paz que nos conduzca a la reconciliación, el reconocimiento, la protección y la defensa de los Derechos Humanos.

A buena hora, las organizaciones de la sociedad civil y algunas entidades de gobierno que trabajan por la paz, dinamizadas por la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, decidieron convocar y organizar la Cumbre Nacional de Experiencias de Pedagógicas de Paz. Un hermoso acontecimiento, en este mar de violencias y señalamientos, que pasó desapercibido para los medios de comunicación y seguramente para las y los tomadores de decisiones sobre el presente y el futuro del país. Del 24 al 26 de abril, se dieron cita en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación de Bogotá, más de 100 experiencias locales y nacionales de organizaciones e instituciones que a diario y sin descanso, han tomado en sus propias manos e iniciativa, la construcción de pedagogías, de didácticas, y de acciones que hacen posible que la paz, más allá de las definiciones académicas, sea una vivencia de las comunidades.

Delegaciones de casi todos los departamentos del país, artistas y académicos reconocidos de diferentes partes de América y Europa, juntaron sus experiencias, para que, en un futuro cercano, se fortalezca, como es necesario, un programa nacional de Cultura para la Paz. Delegaciones de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de población LGBTIQ+, de población con discapacidad, de comunales y campesinos, de firmantes de los acuerdos de paz, expusieron sin el más mínimo asomo de egoísmo o de posturas mesiánicas, sus propuestas, sus avances, sus dificultades y lo profundamente solos que se sienten, en medio de una sociedad que prefiere voltear la cara y olvidarse de la importancia de construir un nuevo ser humano para la vida y la armonía.

Me atrevo a afirmar, luego de escuchar y observar las diferentes propuestas y de resaltar la decisión final de mantenerse coordinados en una plataforma pedagógica nacional para la paz, que existe entre las experiencias una inquebrantable decisión por instalar una amplia y generosa acción pedagógica que, anide en los corazones de las colombianas y los colombianos, el amor, la solidaridad, el respeto a la vida, la dignidad, la justicia y la equidad, que hagan posible que emerja un torrente arrollador de voluntades, capaces de transformar las violencias en convivencia y convertir el dolor en alegría, la tristeza en felicidad y la angustia en esperanza.

Decididos a recrear los sueños, recuperar la creatividad y convocar desde la fragilidad de la esperanza a la utopía de un mundo mejor, este colectivo, que no representa a todas las experiencias pedagógicas de paz que transversalizan el país, pero si una importante muestra, manifestó en todas las conversaciones, algunas más optimistas que otras, la disposición de declararse, desde la fuerza de los corazones descalzos, en desobediencia transformadora frente a los formatos y las competencias individualistas. Han reafirmado que, saldrán a cantar con toda su fuerza, enredados con los hilos del amor, como tercos sinsontes, para que su poesía sea escuchada en todos los rincones, para que su mirada sea aceptada y sus abrazos recibidos.

A pesar de las dificultades logísticas, producidas por la escasez de recursos y otras consideraciones, me atrevo, con las disculpas anticipadas a la cumbre, a afirmar que en general la asistencia se comprometió en mayor o menor medida a:

a) Promover nuevas pedagogías que hagan posible la inclusión, el amor, el respeto y la dignidad, reconociendo la importancia de la otredad, la diversidad étnica, cultural y espiritual, para construir, un acuerdo nacional de vida que haga posible la felicidad en el territorio;

b) abrazar la noviolencia para generar didácticas, metodologías y procesos ciudadanos, que coadyuven a la construcción de una sociedad sin violencias físicas, económicas, sexuales, sociales, psicológicas o políticas;

c) acompañar, ampliar y fortalecer, con sus experiencias y pedagogías, los procesos ciudadanos que quieran comprometerse con la construcción de un país en paz, respetuoso de la vida, la diversidad y los Derechos Humanos;

d) poner a disposición de la sociedad, del Estado y los gobiernos, todas sus capacidades y recursos materiales e inmateriales, para poner fin a las violencias que nos afectan, en especial, aquella que se ejerce en contra de las niñas, los niños y adolescentes;

e) promover la democracia y el poder ciudadano para generar las transformaciones pacíficas de los conflictos sociales, políticos, económicos y culturales, colocando al centro el diálogo y la escucha, que construye soluciones y crea compromisos;

f) aportar a la construcción de una cultura de paz libre de armas, promoviendo el rechazo social al uso de la violencia armada y al armamentismo en Colombia y el mundo;

g) acompañar los procesos de diálogo social y político para la construcción de paz integral, y las estrategias de vinculación de los y las firmantes de paz, a la vida social, política y económica.

h) fortalecer los procesos de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, desde un enfoque psicosocial, de memoria transformadora, verdad y justicia, para fortalecer el tejido social golpeado por las violencias.

Finalmente, resalto las afirmaciones y el llamado de la cumbre, para que los gobiernos locales, las instituciones del Estado y el Gobierno Nacional, apoyen y respalden con recursos económicos, logísticos y garantías a la vida, los planes, programas y proyectos pedagógicos que buscan, desde la comunidad, construir una sociedad en paz, garante de los Derechos Humanos y reconciliada. Ojalá se continue por este camino, y que la cooperación internacional vea en estos colectivos, el germen que hará posible a largo plazo y en constante articulación con los programas que buscan superar las causas estructurales del conflicto, el surgimiento de una paz estable y duradera.

Luis Emil Sanabria D

La tarea constituyente, mucho más profunda de lo que parece

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Abr 14, 2024. Publicado en Opinión.

Se sigue hablando y especulando a diferentes niveles y en diversos espacios sociales y políticos sobre la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que tenga como propósito realizar los cambios normativos que hagan posible que derechos fundamentales como la salud, la educación, o la pensión de vejez, sean garantizados y prestados por el Estado.

La negativa de las mayorías en la Comisión Séptima del Senado de la República, de approbar la propuesta del Gobierno Nacional que busca reformar la Ley 100 de 1993 y corregir los problemas que impiden el acceso a un adecuado servicio de salud, en especial en aquellas zonas tradicionalmente excluidas y empobrecidas, ha producido que diferentes voces se levanten denunciando que esta negativa, no es el reflejo de una posición legítima, que cuestiona el proyecto y que busca soluciones, sino, fundamentalmente, el fruto de compromisos adquiridos a través de la financiación de campañas, que buscan proteger los intereses del capital que rige la actuación de la intermediación suministrada por las Empresas Prestadoras de Servicio- EPS.

Muy loable que se levanten las voces que no comparten, con justa razón, la posición de las y los congresistas que, antes que defender los derechos del pueblo, reflejan una oposición poco fundamentada y el compromiso efectivo con las financiadoras de campañas; sin embargo, aunque la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, pudiera convertirse en una bandera justificada para lograr los cambios prometidos en campaña por el actual Presidente Gustavo Petro Urrego, la verdad es que esta vía, más que producir cambios, en el hipotético caso de que, la izquierda, el progresismo y la social democracia, todos estos defensores del Estado Social de Derecho, obtengan las mayorías de curules constituyentes, al final de cuentas, el nuevo contrato social que surja, terminará siendo modificado, mediante decretos negacionistas, por quienes ostentan el poder real, ante la incapacidad de la izquierda y del progresismo de diseñar y construir una fuerza ciudadana constituyente, con vocación de poder, capaz de conducir el país por el sendero de la justicia social, la equidad y la paz.

Un proceso que le entregue al pueblo el poder de decisión, para que de éste emerja el poder político, no se debe reducir a eventos asamblearios locales o a unas sesiones de representantes a una Asamblea Nacional Constituyente. Un proceso constituyente para reconstruir los sueños y la esperanza, debe estar enmarcado en: una fuerte acción pedagógica y organizativa que convoque también al 50% de colombianos y colombianas que no participan políticamente; una permanente planeación participativa territorial alrededor del agua; y un fuerte control social a la ejecución de dicho plan.

La tarea constituyente es mucho más profunda de lo que parece. Si lo que se pretende es llegar efectivamente a la conciencia ciudadana, conquistar el corazón de las mayorías que siguen siendo afectadas por un régimen político y económico, que intenta perpetuar el enriqueciendo de unas minorías, mientras el grueso de la sociedad sigue siendo llevada al abismo de la pobreza, se debe recurrir a la más generosa imaginación y al compromiso real de los partidos que predican el cambio. Un proceso que le entregue poder soberano permanente al pueblo y a la democracia directa, no solamente en eventos esporádicos, planeados al gusto de la democracia representativa y del poder ejecutivo, sino que le reconozca a la gente del común, organizada o no organizada, su capacidad de proponer, interpelar, decidir, ejecutar y controlar, a largo, mediano y corto plazo, de manera constante, en ejercicios asamblearios desde los barrios y veredas hasta el municipio, el departamento y la nación. Un proceso que haga posible, la expresión de viejos liderazgos políticos y sociales y la emergencia de nuevos, a los que hay que proteger y garantizarles la permanencia en el territorio.

El mundo cambia constantemente y la democracia griega, el sueño de la revolución francesa (fraternidad, igualdad y libertad) de las guerras de independencia de las colonias europeas y de los proyectos socialistas (con planeación centralizada y partido único), requieren a la luz de los acontecimientos nacionales y mundiales ser revisados y transformados, para que propuestas, señaladas de neofascistas, ligadas a la guerra y las violencias, no sigan ganando espacio, ante un pueblo que reclama mejores condiciones de vida. La democracia representativa que conocemos, y que cada cuatro años recurre al constituyente primario, para que este le entregue su poder mediante el voto y se elijan gobernantes, cogobernantes y legisladores, parece no ser suficiente para tramitar los conflictos sociales, políticos y económicos, ya que el acuerdo de un Estado democrático capitalista fundado en la independencia de tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), ha sido violado en la práctica.

Es indudable que, ante la grave crisis estructural y de legitimidad del Estado, ante las múltiples expresiones de conflicto armado, la corrupción y el narcotráfico, entre otras enfermedades crónicas, se requiere con urgencia recurrir al constituyente primario, al pueblo soberano, entendido este como la expresión diversa de la ciudadanía. Lamentablemente, debido a los ataques sistemáticos que permanentemente cobran la vida de líderes y lideresas sociales, a la baja inversión en educación formal y no formal, al bajo nivel de conocimiento sobre deberes y derechos, tanto políticos como sociales, de las mayorías de colombianos y colombianas, no se cuenta con suficiente acumulado social que asuma la deliberación y la emergencia de procesos constituyentes soberanos, que desde lo local desaten un gran proceso nacional.

Las organizaciones sociales, los partidos y movimientos políticos que deseen participar, junto con el Gobierno Nacional, de manera unificada y sin imposiciones partidistas o caudillistas, tendrán que construir un primer acuerdo sobre el carácter y los alcances de la iniciativa constituyente. Esta iniciativa debe contemplar necesariamente un esfuerzo pedagógico ambicioso para fortalecer las capacidades democráticas tanto de la ciudadanía como de las organizaciones. Se tendrá que retomar experiencias locales que durante varios años lograron avanzar en ejercicios de democracia directa y poder popular, como las Asambleas Municipales Constituyentes; procesos que dinamizaron la territorialidad para la paz, logrando acuerdos humanitarios como en Micoahumao (Sur de Bolívar), o la planeación prospectiva y la eficacia de la gobernabilidad local, como en el caso del municipio de Tarso en Antioquia, que logró superar la crisis económica a la que fue llevado por la corrupción.

El reto, más allá de los tiempos que la democracia representativa impone a los gobernantes y legisladores, es desatar un proceso constituyente nacional permanente, hasta que la democracia directa se haga costumbre. Un proceso que, en armonía con la democracia representativa, construya una red de procesos constituyentes municipales y departamentales. Una alianza, un acuerdo nacional, un pacto permanente de reconocimiento al poder del pueblo (democracia), que se ponga como metas a corto y mediano plazo, transformar las causas estructurales que reproducen la pobreza, la exclusión y la inequidad, y construir un pacto nacional que acabe con la corrupción, el narcotráfico y el conflicto armado interno. Constituir poder para que el constituyente primario haga realidad sus derechos y deberes.

Luis Emil Sanabria Durán

No solo de discursos vive la gente

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Abr 7, 2024. Publicado en Opinión.

“Hay que seguir en la búsqueda de la Paz con todos los grupos armados, porque de lo contrario, nadie finalmente, va a dejar de echar bala”, “el Gobierno Nacional debe sentarse a negociar con todos los grupos que hay en la zona, o autorizar comisiones de líderes y lideresas sociales, alcaldes y concejales, para que dialoguen con los grupos que aquí hacen presencia”. Propuestas como estas se escucharon en el pre encuentro por la paz, de carácter autónomo, que se realizó el pasado viernes 5 de abril, en el municipio de Morales, convocado por la Mesa de Paz del Sur de Bolívar, en el marco de las actividades que desarrolla el Comité Nacional de Participación, creado por la Mesa de Diálogo del Gobierno Nacional y el ELN.

Cerca de ciento cincuenta personas, provenientes de todos los municipios de la región de los dos ríos, con sus propios recursos y gracias al apoyo logístico del alcalde de Morales, el Sr. Ecequiel Salcedo C, apoyó la iniciativa, participó del evento y alentó la deliberación y el compromiso por la Paz, en una región azotada por la violencia durante decenas de años, y en donde hacen presencia, no solamente le ELN, con quien el Gobierno Nacional mantiene el Cese Al Fuego Bilateral, sino también, las disidencias autodenominadas Estado Mayor Central de las FARC y el recién rebautizado, Ejercito Gaitanista de Colombia EGC.

La presencia de las iglesias cristianas, católica y evangélicas, de concejalas y concejales, secretarios de gobierno de otros municipios, ex alcaldes, lideresas y líderes de todos los sectores sociales, étnicos y comunitarios, llenó el recinto y nutrió la deliberación y las propuestas, que serán entregadas en el Encuentro Regional del Magdalena Medio, a realizarse el fin de mes en Barrancabermeja, dándole cumplimiento al cronograma pactado en la Mesa de Diálogo y que buscará, a finales de mayo del presente año, luego de realizar un encuentro nacional, entregar una propuesta metodológica de participación de la sociedad, y con la cual se espera, desatar una gran movilización participativa, capaz de construir un documento que contenga propuestas de soluciones a las causas estructurales que dieron origen y que alimentan este conflicto armado.

“Estamos cansadas de la violencia”, “queremos que nuestros hijos e hijas, puedan vivir en paz, estudiar y labrarse un futuro mejor”, fueron otras de las frases mas repetidas de las mujeres y hombres de este rincón de Colombia, ubicado en su corazón geográfico, pero excluido de derechos tan fundamentales como la salud y la educación. Una región rica en recursos naturales, que pudiera ser un excelente destino turístico para los amantes de la naturaleza y la biodiversidad, que hace decenas de años, no conoce, ni sabe, lo que es vivir en paz entre los seres humanos, y también con la naturaleza, en especial el Río Magdalena, sus ciénagas, afluentes y la hermosa serranía de San Lucas.

A quienes quieren que los esfuerzos de paz de la sociedad y el gobierno fracasen, y así anotarse unos puntos, en el juego politiquero por el control del país, que todo lo mide por encuestas de opinión ficticias, por votos comprados o por la llamada opinión pública, y que no reconoce ni incorpora en sus análisis, la voluntad de la ciudadanía que se expresa en la realidad local, lamento informarles que los pre encuentros y encuentros territoriales y sectoriales, programados en el marco de este proceso de paz, están siendo respaldados con presencia y propuestas de las organizaciones sociales y los gobiernos locales, a pesar de las dificultades que genera la falta de recursos económicos adecuados y el miedo que imponen otros actores armados. Que a pesar del interés evidente de sectores de la oposición política, por arrebatarle al pueblo esta nueva oportunidad de paz, las comunidades y las organizaciones siguen insistiendo en que, la única salida que tienen, para construir y gozar el territorio, la democracia, la justicia social y la vida, es que se avance con más entusiasmo y decisión, por el camino de las soluciones dialogadas a las múltiples expresiones del conflicto armado.

Lamentablemente, y aquí viene lo incomprensible, el Gobierno Nacional en ninguna de sus instancias, se hizo presente en este evento. Parece que, cuando se habla de fortalecimiento de las organizaciones, de la generación de ciudadanías constituyentes, de movilización y procesos asamblearios, estas fueran responsabilidades, única y exclusivamente, de las organizaciones populares o de algunas organizaciones no gubernamentales, y como ocurría en algunos tiempos pretéritos en donde no se tenía gobierno, “cada uno defiéndase como pueda”. El Gobierno de Gustavo Petro, no logra comprender la necesidad de brindar garantías efectivas a la vida de líderes, lideresas y a la permanencia en el territorio, a la movilización, al fortalecimiento organizativo, y la importancia de reconocer y coordinar con las organizaciones sociales y populares, lo que implica dialogar, concertar, desarrollar consensos y acuerdos, para avanzar hacia la superación de las inequidades, la corrupción y la pobreza.

Mantener, defender y desarrollar un gobierno de carácter popular, ampliar su poder basado en la soberanía popular, los Derechos Humanos, la democracia participativa, y la acción movilizadora para la construcción progresiva de equidad, justica social y paz, requiere de estrategias, planes o programas definidos, con un fuerte componente pedagógico sobre los derechos y los deberes ciudadanos, y sobre los acuerdos construidos con la gente. Elementos estos, que a casi dos años del gobierno del cambio, no se han desarrollado y no se vislumbran en el futuro próximo. No solo de discursos vive la gente, las palabra pronunciadas por el Presidente, que representan, en muchas ocasiones, una idea clara de lo que gran parte de la sociedad, en especial los empobrecidos y excluidos quieren, deben transformarse en acciones coordinadas desde el alto gobierno, para superar las ejecuciones erráticas y excluyentes en el territorio.

No se trata solo de realizar eventos masivos, que pueden tener un gran impacto propagandístico y de promoción de la unidad de acción. Lo que la gente reclama en el Sur de Bolívar y en casi todas las regiones del país, es que su voz sea escuchada, sus propuestas incorporadas consensuadamente a la acción de gobierno y a la implementación efectiva de las acciones del Plan Nacional de Desarrollo. Lo que el pueblo reclama es la posibilidad de ser parte efectiva de la identificación de soluciones y la ejecución de las mismas. El gobierno no puede seguir ninguniando los liderazgos regionales y nacionales, colectivos e individuales, construidos a través de años de resistencia y persistencia, que sobreviven al exterminio sistemático programado por los actores armados. Es también, con las organizaciones y redes territoriales y nacionales, que se garantizará los cambios progresivos que el país necesita.

No todo se reduce a la acción parlamentaria o a las capacidades de uno u otro ejecutivo. El país, la sociedad, las transformaciones progresivas irrenunciables y necesarias para alcanzar la paz, exigen una verdadera alianza con la ciudadanía que garanticen la continuidad de los cambios, y que vaya más allá de las instrumentalizadas convocatorias a las movilizaciones. No todo se podrá lograr en un gobierno de cuatro años, es necesario priorizar lo verdaderamente posible de realizar, potenciar la democracia directa, la movilización y la organización, para que, sobre los hombros del pueblo repose la dirección de la gobernabilidad y el poder constituyente sea garante de continuidad, de la paz, la convivencia y la reconciliación.

Luis Emil Sanabria D

La paz del EPL, reafirmaciones pertinentes

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Mar 31, 2024. Publicado en Opinión.

El primero de marzo pasado, se cumplieron 33 años del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y el desaparecido Ejército Popular de Liberación – EPL, dirigido por el clandestino Partido Comunista de Colombia (Marxista-Leninista). Esta organización, que predicaba la lucha armada y de masas para derrocar al Estado capitalista, tenía presencia en casi todo el territorio nacional, con especial énfasis en zonas de desarrollo agrícola, energético, minero y en los centros urbanos más importantes. Era la guerrilla más grande que existía en el país, y que conformó, en la década de los 80 del siglo pasado, junto con otras organizaciones armadas, la llamada Coordinadora Nacional Guerrillera “Simón Bolívar”.

El PCC (m-l), y todos sus frentes políticos y armados, habían propuesto, años antes del acuerdo de paz, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que profundizara la democracia, reconociera la soberanía popular y sirviera de preámbulo a la construcción de una sociedad justa y democrática. Estas propuestas y la responsabilidad de coordinar el movimiento guerrillero, desató una ola de asesinatos a sus dirigentes destacados para el proceso de paz y a los responsables de la conducción del EPL, es así como se asesina a Oscar William Calvo, en compañía de Ángela María Trujillo y Alejandro Arcila, en pleno centro de Bogotá y se persigue, captura y asesina, también en Bogotá, al Comandante Ernesto Rojas (Jairo de Jesús Calvo).

A pesar de las persecuciones a los líderes y lideresas de su propuesta democrática electoral, llamada Frente Popular y su exterminio en todo el país, tanto el PCC (m-l), el EPL y sus estructuras políticas, tomaron la determinación mayoritaria de avanzar hacia la paz, recogiendo los esfuerzos realizados en el gobierno de Belisario Betancourt, continuando con los esfuerzos en el gobierno de Virgilio Barco y finalmente concretando la firma de paz en el gobierno de Cesar Gaviria, bajo la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que promulgaría, en el mismo año de la desmovilización, una nueva carta política para la sociedad colombiana. Lamentablemente, pese a los esfuerzos de quienes firmaron la paz, y a contar con una nueva Constitución, la violencia desatada por quienes se han opuesto al desarrollo del Estado Social de Derecho, produjo una gran ola de violencia que cobró la vida en menos de cinco años, a más de setecientos firmantes del acuerdo de paz del EPL.

Por eso, para la mayoría de los sobrevivientes de este grupo, que acompañaron los esfuerzos del Pacto Histórico, desde diferentes agrupaciones políticas y sociales, no cayeron bien las palabras del Sr. Presidente Gustavo Petro, escritas en un mensaje de la plataforma “X” (Twitter) y reproducidos luego en otras plataformas virtuales, cuando afirmó: “…Los gritos libertarios se apagaron, el movimiento estudiantil fue asesinado, la universidad de Córdoba pasó a manos paramilitares. Los liberales y conservadores se volvieron uribistas y hasta el EPL, antes guerrillero, y ahora desarmado se pasó en gran parte al bando paramilitar”.

Entre Córdoba y Urabá, emergieron los Frente Jesús María Alzáte, Bernardo Franco y Fabio Vázquez Villalba, que aglutinaban más de mil combatientes, todos comprometidos con el proceso de paz, que hicieron dejación de armas frente a los Integrantes de la Veeduría Internacional, con el acompañamiento de la Iglesia Católica, la Prensa Nacional e Internacional, y frente al pueblo que se volcó de forma masiva a presenciar ese hecho inédito para la región y el país. El gobierno estaba representado por los señores Ricardo Santamaría, Rafael Pardo, Jesús «Chucho» Bejarano y el ministro del interior Horacio Serpa, frente a los Cuáles se hizo públicamente la dejación de armas desde el primer Comandante hasta el último combatiente uno a uno hasta terminado el acto ceremonial; una vez se hizo la dejación de armas, los nuevos ciudadanos, se trasladaron al casco urbano de Apartadó para cerrar con un acto público presenciado por más de ciento cincuenta mil personas. Actos parecidos se realizaron en diferentes partes del país, en donde se habían concentrado los diferentes frentes, combatientes y los principales líderes y lideresas políticas del PCC (m-l) y el Frente Popular.

Como en todos los procesos de paz adelantados en nuestro país, luego de la dejación de armas, se hicieron evidentes la falta de Garantía a la vida, el incumplimiento del Estado para cumplir los pocos compromisos territoriales pactados y la falta de oportunidades para la reincorporación social, económica y política. Rápidamente, algunos combatientes y mandos medios de estos y otros frentes, se rearmaron, aduciendo falta de claridad en el proceso, bajo el estímulo de las organizaciones que seguían en la lucha armada, como las FARC-Ep y el ELN, quienes en un principio los recibieron y protegieron. Sin embargo, pronto florecieron en Urabá y Córdoba, contradicciones frente al dominio territorial, la influencia política, y las propuestas sociales.

Así surgió y se fortaleció, entre 1991 y 1996, una disidencia, alimentada por dirigentes políticos nacionales del PCC (m-l) que no participaron del proceso de paz, y que, luego de varias acciones guerrilleras y de persecución a los desmovilizados del EPL, en medio de cercos de aniquilamiento desatados por las Farc y la Fuerza Pública, decidieron cambiar de brazalete y pasarse a las fuerzas paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Fue así como, a los sobrevivientes de este experimento fracasado de disidencia, los recogieron en varios helicópteros, según los relatos de la población, por los lados del Municipio de Tierralta cerca a la represa de Urrá, para ser transportados hasta la finca Cedro Cosido en el bajo Sinú, y luego vincularse a los paramilitares que comandaba la casa Castaño.

Luego del proceso de paz, el grueso de la organización que abandonó la lucha armada, algunos bajo el nuevo partido legal, llamado Esperanza, Paz y Libertad y/o haciendo parte de la Alianza Democrática-M19, continuaron actuando en la arena política, legal, amplia y transparente, a pesar de que el Estado Colombiano, les arrebatara la personería jurídica meses después de firmado el acuerdo de paz, y que han recuperado hace apenas un año, gracias a una fuerte lucha legal y jurídica, que llevó al reconocimiento con condiciones, por parte del Consejo Nacional Electoral, y que hoy se reconoce como Esperanza Democrática, integrante del Pacto Histórico.

Firmantes de este acuerdo de paz han hecho parte de varias organizaciones y tendencias políticas legales y comprometidas con la democracia, como el PDI, el PDA, UD, Partido Liberal, Colombia Humana, Partido Verde, y en el Pacto Histórico, entre otras. Algunos de sus integrantes han sido o son ediles y edilesas, concejales y concejalas, alcaldes, diputados y diputadas, representantes a la cámara y senadores. Otros han ocupado importantes cargos en gobiernos municipales, departamentales o nacional, incluido el actual gobierno nacional.

Todos los miembros de la dirección nacional del desaparecido PCC (m-l) y de la comandancia del desmovilizado EPL, que firmaron el acuerdo de paz, unos con más entusiasmo que otros, siguen trabajando por la paz, la democracia, la justicia social y la equidad, como fue su compromiso individual y colectivo, en el marco de la Constitución fruto de la Asamblea Nacional Constituyente que promovieron y en la cual participaron. Haciendo honor a los compromisos pactados, centenares de hombres y mujeres “esperanzadas”, durante muchas décadas han encabezado importantes organizaciones sociales, culturales, comunales, étnicas, de mujeres, de población LGBTIQ+, con discapacidad, de víctimas del conflicto, ambientalistas, constructoras de paz y defensoras de Derechos Humanos, han sido reconocidos académicos, investigadores sociales, funcionarios públicos, etc.

Luis Emil Sanabria D

De Constituyente y constituyentes

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Mar 24, 2024. Publicado en Opinión.

Muy a pesar de las bondades democráticas y en materia de reconocimiento de derechos que consagró la constitución de 1991, hemos asistido en las últimas décadas a una severa profundización de la crisis de legitimidad del Estado, a una crisis económica y social sin precedentes, a la profundización del conflicto armado interno y su degradación humanitaria, lo cual ha obligado a los ciudadanos y ciudadanas, en diferentes momentos de nuestra historia reciente, a generar iniciativas y a redoblar los esfuerzos tendientes a forjar los cambios necesarios desde el constituyente primario, que permitan a corto, mediano y largo plazo, un presente y un futuro mas halagüeño y menos escéptico para el conjunto de los colombianos y las colombianas.

Luego del Mandato Ciudadano Por la Paz, la Vida y la Libertad de 1997, comenzaron a surgir, en diferentes municipios y poblaciones del país, ejercicios de soberanía popular y de participación ciudadana. Redepaz y otras organizaciones sociales de base, lograron desatar un importante plan pedagógico y organizativo, cuyo centro de acción recuperaba elementos de la escuela nueva, basados en métodos que rescataron el arte y la creatividad, para, desde el fortalecimiento de la sensibilidad, hacer posible la emergencia de conceptos que promovieran el poder constituyente del pueblo, mediante las llamadas Asambleas Territoriales Constituyentes.

La democracia directa contemplada en el artículo 3º de la CPN, en correspondencia con el anhelo de la constituyente de 1991 de implementar la democracia participativa, la descentralización y la modernización de la gestión pública, ha sido, mediante leyes y decretos, tecnocratizada, sobrerregulada, burocratizada, limitando su alcance y reduciéndola exclusiva y excluyentemente a un mero ejercicio de consulta, de enajenación del poder soberano, mientras paralelamente se fortalece la democracia representativa y se reproducen los vicios de corrupción, clientelismo, sectarismo, empobrecimiento, afianzando practicas excluyentes, autoritarias, y centralistas, que unidas a políticas económicas, perpetúan las condiciones que dieron origen a la confrontación armada interna y pretenden imposibilitar la experimentación del camino de la solución política a la misma.

Dichas medidas políticas, han atrofiado y limitado el ejercicio participante del constituyente primario, obligando al ciudadano y a la sociedad colombiana, en el marco de la Constitución Política Nacional, a crear nuevos espacios de participación y soberanía popular, capaces de transformar su realidad, señalando el camino hacia el desarrollo y el crecimiento humano para el cambio social, político y económico que, nos permita conquistar una sociedad democrática, pluralista y tolerante, para una paz duradera y estable.

Como desarrollo de las iniciativas ciudadanas de territorialidad para la paz y ante los graves problemas de violencia, desarrollo, gobernabilidad y legitimidad del Estado, en el entendido de que los mecanismos de participación ciudadana, han sido insuficientes para superar las situaciones planteadas, surgieron y desaparecieron -producto de la persecución política-, a finales del siglo pasado y comienzos del presente, las llamadas Asambleas Municipales Constituyentes, de las cuales destacamos los procesos de Mogotes en Santander (primer premio nacional de paz), Tarso y los Municipios del Oriente en Antioquia, las Asambleas Departamentales Constituyentes de Tolima, Antioquia y Nariño, los procesos de Tarqui, La Argentina en el Huila, los procesos en Tiquisio y Micohaumado en Bolívar, y los ejercicios de participación en Nariño, entre más de doscientos procesos identificados. Estas Asambleas, desatadas desde la iniciativa de la sociedad civil, con al acompañamiento de algunos gobiernos locales, y aprendiendo de dinámicas como la Asamblea Popular del Catatumbo y el Proceso de Territorialidad para la Paz de la India en Santander, lograron impregnar de dignidad y optimismo a importantes capas de la sociedad local.

El presidente Gustavo Petro Urrego ha puesto nuevamente en la agenda del debate político, el tema constituyente, y ha defendido la urgencia de recurrir al pueblo como legítimo soberano, para que, a través de procesos asamblearios, se identifiquen soluciones a las problemáticas estructurales que afectan la sociedad y la gobernabilidad. A mi modo de ver, en esta propuesta, que no surgirá solo con el entusiasmo del Jefe de Estado, deberán concurrir todas las instancias de gobierno y de Estado, si realmente se quiere avanzar progresivamente, de tal forma que se logre establecer un proceso para las transformaciones que exige la paz, la equidad y la justicia social. Un proceso que exige establecer un ambicioso plan pedagógico basado en los derechos y los deberes, con el fin de hacer posible la emergencia de ciudadanías informadas y propositivas (Ciudadanías Libres), capaces de desatar en cada espacio social o territorial, un proceso de carácter asambleario permanente, que haga uso del poder de decisión para construir planes de vida a largo plazo, decidir sobre su presupuesto y proteger sus recursos naturales. Finalmente, y acorde a la política de Paz Total e Integral, declarar la territorialidad para la paz, exigiendo a los grupos armados, el cese de actividades violentas y delictivas.

Este proceso, así planteado y vivido, podrá o no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, utilizando los canales que contempla la Constitución y la Ley. Una ANC surgida, promovida, reglamentada y establecida, con el ánimo de hacer de esta, un escenario amplio, incluyente, participativo, capaz de construir un Pacto Social, amparados en el espíritu democrático de la Constitución Política Nacional, ampliando sus alcances y desarrollando el Estado Social de Derecho. Colombia necesita, a propósito de las mesas de diálogo con los actores armados y el alto grado de polarización promovido por la oposición al gobierno del cambio, la presencia constante del constituyente primario en el control social y político del ejercicio de lo público, para hacer práctica la relación Individuo-Sociedad-Estado, y generar una nueva forma de asumir la ciudadanía, cuya eficacia depende de la posibilidad de decidir, interpelar, controlar, incidir y transformar la realidad de su espacio territorial.

Un proceso para relegitimar al Estado y hacer de este, un ente coordinador de la sociedad en la construcción de pactos, consensos y objetivos comunes justos, democráticos, equitativos, solidarios y pacíficos. Un proceso soberano para el respeto a la vida, que interpela la confrontación armada, la conmina a desaparecer y se impone desde la noviolencia. Un proceso que trasciendala democracia representativa, y avance, por el camino de la interiorización cultural de nuevas practicas ciudadanas, con deberes y derechos, un proceso de resignificación y dignificación del ser humano, de recuperación de la memoria histórica individual y colectiva, y de rompimiento con viejas estructuras injustas, prácticas sociales y políticas excluyentes, capaz de potenciar y redefinir la organización social.

Los ejercicios constituyentes, deberán ser, por excelencia, espacios de inclusión para amplios sectores sociales que no han podido acceder al goce pleno de sus derechos, espacios de toma de decisiones para las soluciones a sus graves problemas. Ejercicios que requieren avanzar hacia el reconocimiento político pleno en lo local y nacional, sin renunciar a su vocación soberana constituyente para la paz y la reconciliación nacional.

Luis Emil Sanabria

El legado de Simón Bolívar que nos pone en aprietos

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Mar 17, 2024. Publicado en General, Opinión. No hay comentarios en El legado de Simón Bolívar que nos pone en aprietos

El municipio de Marmato, en Caldas, ha sido de vital importancia para la explotación de oro desde que los conquistadores españoles a mediados del siglo XVI, comenzaron su extracción, llevados allí por los indígenas Cartama. El imperio español finalizó la explotación de oro, a comienzos del XIX, luego de la gesta liderada por Simón Bolívar, quien, con el fin de garantizar el cubrimiento de los empréstitos hechos a Inglaterra para financiar la guerra de independencia, entregó de por vida a la Casa Goldschmidt, varias hectáreas del territorio nacional, en donde, entre otros, se ubicaban las minas de Marmato y Supía (Caldas). En otras palabras, la soberanía de esas porciones de tierra (suelo y subsuelo), fue dadas en forma de pago.

A comienzos del siglo XX, finalizando la Guerra de los Mil Días, el presidente colombiano Rafael Reyes Prieto, trasladó a su copartidario, el general Alfredo Vázquez Cobo los títulos de propiedad sobre los yacimientos, que este, poco después, traspasó a la compañía Western Sindicate Limited, y ésta, a su vez, los transfirió a la Colombian Mining Exploration Co. En 1936, el Gobierno Nacional tomó la decisión de arrendar el emporio minero a empresas nacionales; sin embargo, durante todo este tiempo, de forma constante y al margen de la explotación de las empresas mineras extranjeras, las comunidades continuaron realizando la explotación del mineral para garantizar su subsistencia, de modo tal, que la economía de la región fue impulsada principalmente por la minería artesanal.

En 1946, se expidió la Ley 66, que dividió las zonas de explotación en Marmato en una zona alta, reservada a la pequeña minería, y una zona baja, dedicada a la mediana. En 1954, por Decreto legislativo 2223, se mantuvo la zona alta para la pequeña y la mediana, pero la zona baja se reservó para la minería empresarial. En 1969 se expide la Ley 20, que nacionaliza el subsuelo, pero excluye los derechos adquiridos desde la época de la independencia, frente a yacimientos descubiertos y que hayan sido debidamente adquiridos, como lo fue en el caso de varios sectores de Marmato, dándoles el carácter de propiedad privada con todas sus implicaciones jurídicas.

En 1970, bajo el régimen de Registro de Propiedad Privada (RPP-0357), se determinó que la administración de la zona alta corriera por cuenta de la Empresa Colombiana de Minas (Ecominas), que se transformó después en Minerales de Colombia S. A. (Mineralco) y que sería sustituida más tarde por la Empresa Nacional Minera Ltda. (Minercol). En 1990, Mineralco abandonó las plantas y los molinos Cien Pesos, Santa Cruz y El Colombiano, ubicados en la zona alta de Marmato, y la empresa Mineros de Caldas S. A. adquirió alrededor de 80 minas que clausuró poco tiempo después, esto ocasionó la pérdida del empleo de más de 800 obreros provenientes principalmente de Marmato y los municipios aledaños. Debido a esto, muchos de los mineros, obreros y funcionarios generales de la empresa minera, al estar desempleados, comenzaron con la explotación artesanal y pacífica de estas minas clausuradas y abandonadas de manera artesanal, y construyeron sus casa y hogares alrededor de las bocaminas.

Desde entonces la comunidad ha tenido posesión pacífica en la vereda Echandía, promoviendo progreso y desarrollo a través de la generación de empleos, la construcción de colegios y carreteras. Sin embargo, esto implicó el inicio de una serie de conflictos entre la comunidad y las empresas. Mineros de Caldas vendió sus derechos a la Colombian Goldfields, y ésta, a su vez, los negoció con la Medoro Resources, una de las más grandes compañías auríferas del mundo, empresa canadiense cuyos capitales llegan hasta el gigante energético Pacific Rubiales, posteriormente la razón social de la empresa se transformó en Croesus y finalmente, luego de procesos de adquisición, la zona es explotada por la empresa Aris Mining, multinacional que explota otros yacimientos de oro en Colombia.

Desde los tiempos de explotación por Croesus, las empresas han buscado trasladar a la población del municipio hacia un sector llamado El Llano, alegando la necesidad de abrir el cerro de arriba abajo para facilitar la explotación, incluso a cielo abierto. Este proceso implica comprar y/o compensar, o desconocer los derechos de propietarios y poseedores, lo que ha generado tensiones y resistencia por parte de la comunidad. El conflicto llevó a eventos dramáticos, como la protesta general de la comunidad en 2010 y la trágica muerte del cura párroco José Reinel Restrepo, en extrañas circunstancias, quien públicamente expresó su resistencia a la expulsión de la comunidad del territorio a través de la no violencia. Desde entonces La situación se ha mantenido tensa, reflejando la profunda preocupación de la comunidad por la preservación de su territorio y modos de vida.

En el año 2011, la empresa Croesus ofreció compensaciones para realizar el traslado de toda la población, como, por ejemplo, la creación de un museo e infraestructura, pero la comunidad rechazó estas propuestas; con la comunidad de la zona alta, en la vereda Echandía, quienes son propietarios o poseedores legítimos y generadores de desarrollo, también se adelantaron acuerdos de compensación con el fin de que abandonaran la actividad minera y permitieran la explotación por parte de la compañía. Dichos acuerdos suscritos, fueron incumplidos por parte de la multinacional sin una justa causa.

En los últimos años, la población ha manifestado reiteradamente, la necesidad de una consulta previa con las comunidades étnicas, pero se ha ignorado su clamor en favor de los intereses de las empresas multinacionales, quienes, han sostenido que la tradición minera de la región y la falta de reconocimiento legal de consejos comunitarios y asociaciones mineras, justifican la explotación. Así las cosas, la comunidad de Echandía continuó con la explotación normal del subsuelo, que recordemos no es de propiedad del Estado, generando empleo para la comunidad y procurando el desarrollo del territorio.

La comunidad exige el cumplimiento de estos acuerdos previamente pactados, como una cuestión de justicia, reconocimiento de sus derechos y contribuciones históricas. Teniendo en cuenta la Ley 20 de 1969 que nacionalizó el subsuelo, pero excluyó los derechos adquiridos en yacimientos descubiertos y debidamente adquiridos, la comunidad de Marmato solicita la adjudicación formal de porciones de propiedad privada, esta petición se basa en el reconocimiento legal de sus derechos adquiridos, tanto por la prescripción adquisitiva de dominio como por, la posesión pacífica y el desarrollo histórico de la región a través de la minería artesanal. Las y los marmateños exigen el reconocimiento y respeto de sus derechos históricos y culturales, esto incluye la preservación de su modo de vida, sus prácticas culturales y tradiciones mineras que se han desarrollado a lo largo de siglos, y la participación activa, significativa, libre e informada sobre cualquier proyecto o iniciativa que pueda impactar su región, y en las decisiones que afectan su territorio y modo de vida. Por último, la comunidad aboga por medidas que aseguren un desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente en Marmato, reconociendo el impacto ambiental de la minería, pero buscando salvaguardar los recursos naturales y el ecosistema del cual dependen para su subsistencia.

Luis Emil Sanabria Durán

La Paz dialogada avanzará si todos y todas la rodeamos

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Mar 10, 2024. Publicado en Opinión. No hay comentarios en La Paz dialogada avanzará si todos y todas la rodeamos

El proceso de conversaciones entre el Gobierno Nacional y e E.L.N. sigue su camino, a pesar de las adversidades y de los esfuerzos fallidos de quienes, desde las trincheras políticas y sociales, hacen todos los esfuerzos para que estos diálogos fracasen y nuestra sociedad, en especial los más empobrecidos y excluidos, vean nuevamente truncado sus anhelos de paz territorial y nacional.

El Comité Nacional de Participación- CNP, instancia conformada mediante acuerdo de la mesa de conversaciones, sesionó esta semana en la ciudad de Bogotá. Durante dos días, casi 80 delegados y delegadas de más de 30 sectores sociales y económicos, bajo la coordinación de la comisión de diálogo del Gobierno, encabezada por la Sra. Vera Grabe y el Senador Iván Cepeda, y la gestoría de paz del ELN, dirigida por el Sr. Juan Carlos Cuellar, intercambiamos opiniones e ideas, y asumimos compromisos para elaborar un mecanismo expedito de participación social, que aporte a la transformación de los conflictos y causas que alimentan la confrontación armada.

La jornada transcurrió de forma fluida y amena, pero como es apenas previsible, se generaron interrogantes en relación con el hecho de que aún las conversaciones de la Mesa de Diálogo siguen suspendidas, razón por la cual la delegación del ELN no estuvo presente en este evento. También, se escucharon diversas opiniones, frente a los alcances políticos del CNP, y otras consideraciones relacionadas directamente con los compromisos pactados, tales como el cese al fuego bilateral y en relación con la confrontación que el ELN mantiene con otros grupos armados. Tampoco se hicieron esperar las exigencias, tanto a la organización guerrillera como al Gobierno Nacional, sobre las garantías a la vida y a la participación de líderes, lideresas sociales y de las personas que integran el Comité Nacional de Participación.

Dos días de un fructífero intercambio de opiniones y de propuestas, en donde, además de la excelente disposición de las partes que coordinan el Comité, se hizo evidente la determinación y los aportes de las y los delegados de los diferentes sectores, siendo destacado el papel de las mujeres, no solo en cantidad, sino indiscutiblemente, en la calidad de sus aportes. Lamentablemente la delegación de los pueblos indígenas no se hizo presente, lo que privó a la sociedad colombiana y a la deliberación sincera y constructiva que se dio, del punto de vista, la experiencia y las consideraciones del los pueblos ancestrales; ojalá, las organizaciones indígenas valoren este espacio, que seguramente no elaborará una propuesta para ser acogida o sobrepuesta a las tradiciones indígenas, pero que sí requiere de su palabra y su sabiduría, para construir una ruta que haga posible la reconciliación nacional.

Indiscutiblemente, la sociedad colombiana, el Gobierno Nacional y el ELN, deben valorar positivamente este esfuerzo por avanzar en la construcción de una propuesta, lo suficientemente amplia e incluyente que permita la participación del más copioso torrente de colombianas y colombianos, capaz de hacer posible un acuerdo que beneficie preferiblemente a los más excluidos y violentados, una propuesta tan generosa y atractiva, que se convierta en un laboratorio de experimentación social, de lo que pudiera ser, el embrión de una reforma política que, equilibre el poder y la soberanía del pueblo expresado a través de la democracia directa, con la democracia representativa, haciendo posible, como lo expresa el artículo 3º de la Constitución, el sueño de contar con una verdadera democracia participativa.

El CNP definió los lineamientos que guiarán la propuesta de participación y retomó la construcción de un cronograma de convocatorias a los pre-encuentros ciudadanos zonales, y a los encuentros sectoriales y territoriales, buscando concitar el interés de líderes y lideresas de todas las expresiones sociales, y buscando su participación efectiva. Estos pre-encuentros y encuentros, finalizarán con un gran encuentro nacional a finales de mayo de este año, en donde, se revisará y aprobará el documento central que guiará la convocatoria y la participación social, en todo el país, de todos los sectores, para construir soluciones al conflicto armado, sus causas y consecuencias

La idea es que con una metodología consensuada y construida participativamente, nos sintamos convocados y partícipes, a elaborar las propuestas y a tomar las decisiones que hagan posible, la construcción de un documento en donde se expresen las transformaciones que, a corto, mediano y largo plazo, se deben implementar para superar las causas y consecuencias de la confrontación armada. Las y los colombianos, tendremos la oportunidad, por diferentes medios y en diversos espacios, de proponer soluciones, de intercambiar opiniones y de consensuar los acuerdos que serán entregados a la mesa de diálogo y que deberán convertirse en el eje central alrededor del cual gire el acuerdo de paz que nos lleve al fin de la confrontación armada entre el Estado y esta organización guerrillera.

Un gran reto para el Comité Nacional de Participación, que seguramente sabrá asumir, lo mismo que para el Gobierno, el ELN, y en especial para la sociedad colombiana, pues no se trata solo de lograr un acuerdo entre dos partes antagónicas sentadas en una mesa de diálogo, lo que de por si es bastante complejo e importante, sino especialmente, conquistar el respaldo, el reconocimiento y el apoyo de la mayoría de colombianos y colombianas, quienes finalmente serán las y los beneficiarios de la paz, y los encargados de velar por el cumplimiento de lo acordado, así como de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas, y empeñarse para que, los y las futuras excombatientes, cuenten con las salvaguardias necesarias a la vida, la dignidad, la libre expresión y organización.

Todo este andamiaje de participación, repleto de innovaciones y compromisos, seguramente nos llevará a finales del 2025, a la firma de un acuerdo de paz con esta guerrilla que, desde ya, debe estar pensando en cómo seguir el proceso de desescalamiento de la confrontación armada, cómo aclimatar la paz en las regiones en donde tienen su mayor influencia militar, política y social, y como abocarse a abandonar definitivamente el uso de la violencia armada.

Sin embargo, y pese a los esfuerzos, es claro que la paz de Colombia no solo se logra con un acuerdo entre el Gobierno Nacional y ELN, es también necesario y urgente seguir insistiendo y exigiendo que los demás grupos armados, como las llamadas FARC-Estado Mayor, FARC-Segunda Marquetalia, se mantengan en el proceso de diálogos para la paz, respeten a la población civil, cumplan el compromiso del cese al fuego y suspendan todos los ataques a las comunidades, y que el Clan del Golfo y otros grupos armados herederos del paramilitarismo, se sienten a dialogar con el Gobierno Nacional, sin más dilaciones, para que la Paz y la Reconciliación se logren, con la urgencia y la necesidad que el pueblo lo exige.

Luis Emil Sanabria D.

¿Es viable aplicar Ley de Punto Final como lo propone Salvatore Mancuso?: Análisis de Daniel Briceño y Luis Emil Sanabria

Escrito por Oscar Sevillano en Mar 6, 2024. Publicado en Lo + Confidencial, Nación, Portada. No hay comentarios en ¿Es viable aplicar Ley de Punto Final como lo propone Salvatore Mancuso?: Análisis de Daniel Briceño y Luis Emil Sanabria

El concejal, Daniel Briceño y el analista político, Luis Emil Sanabria analizan lo que significa para Colombia la gestión de paz que podría cumplir el exparamilitar, Salvatore Mancuso, y que tan viable es su propuesta de aplicar un Punto Final.

Seguridad y convivencia urbanas, tareas inaplazables

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Mar 3, 2024. Publicado en Opinión. No hay comentarios en Seguridad y convivencia urbanas, tareas inaplazables

Estas últimas semanas hemos sido sorprendidos por el aumento de los atracos a mano armada en Bogotá, y en otras ciudades como Cúcuta, Barranquilla, Cali y Medellín. Bandas de delincuentes comunes, que no son de cuello blanco, ingresan amenazantes, portando armas de fuego o de fogueo, a restaurantes y locales comerciales, para despojar de sus bienes, a ciudadanos atemorizados. En algunos de estos lamentables hechos, cuando el arma es de verdad, o cuando la policía o algún civil armado, no logra diferenciar un arma verdadera de una de juguete, ya que es casi imposible hacerlo, y menos en estado de alerta, de miedo o de desespero, ocurren enfrentamientos que pueden terminar en la muerte de una o varias de las personas atracadas, de agentes de policía, o de delincuentes.

Los hechos son grabados e inmediatamente difundidos, el pánico y la desesperanza van cundiendo a la sociedad, por la gravedad de los hechos ocurridos y por la forma en que se presentan las noticias. No es para menos, la sociedad se siente acorralada en su casa u oficina, y más aún, cuando, en la mayoría de las ciudades, el único esparcimiento, para muchos y muchas, es salir a compartir un almuerzo, una cena, o pasear en un centro comercial, ya que los parques, o han sido privatizados o han sido tomados por bandas dedicadas al tráfico de sustancias psicoactivas.

Aunque, en relación con algunos de los delitos que más afectan a las y los habitantes de las ciudades, las cifras han disminuido, no en el porcentaje que quisiéramos o se necesita para elevar los niveles de crecimiento que, generen mejores ingresos para toda la sociedad, es necesario llamar la atención sobre el aumento por parte de las bandas criminales, de su nivel de efectividad, de coordinación para actuar y copar superficies de negocios y comunidades, así como de causar dolor y daño, lo que demostraría, un mejoramiento en su capacidad de inteligencia y de acceso a armas letales y municiones, algunas de ellas de uso privativos de las Fuerzas Armadas y de Policía.

Según la Agencia de Periodismo Investigativo (2023), delitos como el hurto a personas aumentó entre los años 2022 y 2023, lo mismo que el hurto a residencias, mientras otros delitos, como el hurto de vehículos (-3%), motocicletas (-1%), comercio (-26%), entidades financieras (-40%), piratería terrestre (-24%), presentaron reducción. Para la fundación Insight Crime, apoyándose en los informes del Ministerio de Defensa, el número de homicidios en 2023 se redujo en relación con el 2022, reportándose 13.432 casos, lo que indica una tasa de 25,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, levemente inferior al 2022 (26,1), ubicando a Colombia en el cuarto lugar, con la tasa de homicidios más alta de América Latina y el Caribe, que a su vez se ubica como una de las regiones más violentas del mundo.

Estas cifras que indican, disminución de algunos de los delitos que más afectan a las ciudades, no necesariamente señalan que, estas obedecen a planes estratégicamente elaborados y coordinados entre los gobiernos territoriales y el gobierno nacional, o a estrategias de instituciones como la Fiscalía General de la Nación, que como lo hemos indicado en otras oportunidades, es la mayor responsable, de que, los niveles de impunidad estén rondando el 95%, desalentando las labores de captura por parte de la policía, y el nivel de colaboración y denuncia de la ciudadanía. Los resultados, pueden deberse a comportamientos seguramente relacionados con otras políticas sociales, o a los acuerdos de cese al fuego en el marco de la de Paz Total, o en relación con las políticas de persecución del narcotráfico.

Lo peor que nos puede ocurrir, ante este panorama, es que propuestas apoyadas en estrategias exclusivamente represivas apegadas a la Ley, o en su defecto, que propendan por la implementación de modelos claramente violatorios de la Constitución en relación, por ejemplo, con el monopolio exclusivo de las armas por parte del Estado, y que han demostrado ser peores que la enfermedad, a la cual dicen atacar, adquieran mayor fuerza, frente a otras propuestas, un poco más elaboradas estratégicamente, apegadas a la Ley y al Estado Social de Derecho, pero menos efectivistas, en términos de la urgencia que exige, garantizar la vida, la honra y los bienes de todas y todos.

Se equivocan quienes insisten en armar a la ciudadanía, ya sea promocionando el porte y tenencia de armas de fuego y municiones de forma individual, o promoviendo la creación de estructuras armadas para brindar una supuesta seguridad en calles y parques, en lugar de dedicarse, aprovechando la obligación de construir los Planes de Desarrollo Territoriales, a elaborar estrategias civilistas que pongan al centro la vida y la lucha a corto, mediano y largo plazo, contra las causas estructurales que originan el fenómeno de la delincuencia, las cuales, combinadas con alianzas estratégicas que involucren holísticamente a la ciudadanía, a la policía, a los gobiernos y a las instituciones del Estado, pueden dar resultados sustentables.

Ante la grave crisis de violencia que afecta a las ciudades, y como parte de la solución, se debe fortalecer a la policía, aumentando el número de agentes y de oficiales, mejorando el uso de tecnología de la informática y las comunicaciones, y la capacidad de inteligencia e investigación, sin olvidar que su formación no debe tomarse a la ligera (como actualmente ocurre), de tal forma que, se mejore su preparación en términos del uso de autoridad y entrenamiento para responder al delito, su capacidad de actuar como agentes conciliadores que ayudan a la transformación pacífica de conflictos cotidianos, como responsables de velar por los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos de los niños, niñas y adolescente, los derechos de la población LGBTIQ+ y de los pueblos indígenas, entre otros, y su asesoría y conducción frente a los deberes ciudadanos.

Con la ciudadanía se debe hacer lo propio, fortaleciendo las capacidades de los comités de convivencia de las Juntas de Acción Comunal y los Consejos de Propiedad Horizontal, rescatando y fortaleciendo los comités de Derechos Humanos, fortaleciendo las iniciativas ciudadanas de paz, convocando y fortaleciendo los Consejos Territoriales de Paz, mejorando la cobertura y la calidad en la educación, implementando las cátedras de paz, de historia, de valores ciudadanos, de convivencia en la escuela, y promoviendo programas y estrategias para superar la indigencia, la pobreza, la desigualdad y el hambre. Hay que poner a funcionar la Ley 2272 de 2022, en relación con la promoción de la Cultura de Paz, de desarme ciudadano y de convivencia ciudadana. Recordemos que más de 4.000.000 de armas y de cartuchos, están en poder de civiles.

No es promoviendo estructuras paramilitares o parapoliciales, no es armado irresponsablemente a la ciudadanía y fracturando el monopolio del uso de las armas por parte del Estado, no es deslegitimando o debilitando la institución Policial, como vamos a superar los altos índices de violencia societal, es con programas apegados a la Constitución y la Ley, buscando desarticular la delincuencia, aplicar justicia, y a mediano y largo plazo, superar las causas estructurales, incluidas la corrupción y el narcotráfico, que alimentan el crecimiento de las bandas delincuenciales, como lograremos superar esta calamitosa situación.

Luis Emil Sanabria D.

Descongelar para avanzar

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Feb 25, 2024. Publicado en Opinión. No hay comentarios en Descongelar para avanzar

Cuando apenas estábamos recomponiendo el ánimo, y la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN superaba las dificultades que llevaron, a afínales de 2023, a la suspensión temporal de los diálogos y de todos los mecanismos establecidos en los acuerdos, y nos disponíamos a retomar los encuentros para la construcción del Mecanismos de Participación de la sociedad en el proceso de paz, encargado al Comité Nacional de Participación, y se percibía en el ambiente un mejor ánimo luego de que esta organización anunciara el fin del secuestro extorsivo, ligado a la temporalidad del cese al fuego bilateral, y algunas personas estén recobrando su libertad, nuevamente nos sorprende un momento de crisis, esta vez decretada por el Comando Central del ELN, quien, congela su participación en la mesa de diálogo y llama a consulta a su delegación.

La delegación de diálogo del Gobierno de Colombia respondió manifestando su plena disposición en avanzar en el desarrollo de los compromisos pactados, determinando que la responsabilidad de lo que estaba sucediendo a raíz de la decisión unilateral elena, solo le correspondía a esa guerrilla, señalándola de generar una crisis innecesaria, llamando a valorar lo avanzado en el proceso, los compromisos cumplidos por el gobierno, sus propios esfuerzos en función de la paz, sin reconocer un mínimo de corresponsabilidad en el asunto que motivó la posición unilateral de la guerrilla.

También algunos líderes de opinión y analistas de paz, entregaron sus valoraciones, algunas más argumentadas que otras, tratando de que sus discernimientos ayudaran de alguna forma a superar la crisis, que todos esperamos sea temporal, corta y productiva, propia de los procesos de diálogos que buscan superar conflictos de tantos años de antigüedad; por supuesto, también se alzaron la voces estridentes y retadoras, de quienes, bajo argumentos que colindan con ideologías guerreristas, se oponen a la solución política, pacífica y negociada del conflicto armado, montando bajo el amplificador de algunos periodistas, una serie de relatos que buscan justificar sus llamados a revivir fracasadas propuestas violentas.

Las crisis se dan, algunas son inevitables, otras se pueden prevenir y otras, una vez se hacen evidentes, hay que remediarlas a profundidad, no negarlas, esconderlas o condenarlas, hay que tratarlas buscando con el apoyo de agentes externos, si es necesario, la mejor forma de superarlas, convirtiendo las dificultades en soluciones concretas en beneficio, no de una u otra de las partes, sino de quienes sienten con más dolor y crudeza, los efectos de la confrontación, en este caso, la población colombiana, en todas sus expresiones sociales, políticas y económicas.

El ELN, seguramente está analizando la situación, haciendo uso de una tradición que dicen tener, y que privilegia la consulta, la participación con poder de decisión, y la coordinación, para la construcción de consensos y la toma de decisiones, esa misma tradición que reivindican, debe ser eje fundamental del proceso de paz, al menos el que con ellos se adelanta, y que hoy le pasa factura desde las regiones. El pueblo de Nariño, así como en otras regiones del país, exige diálogos participativos con poder de decisión, para superar las causas que generan los conflictos violentos que les afectan, y en esta justa reivindicación presionan, a pesar de los asesinatos, las masacres, los confinamientos y desplazamientos, la estigmatización y la extorsión de que son víctimas, a todos los actores armados y políticos de su región.

La gente está en medio del fuego cruzado entre los diferentes grupos armados, incluido el ELN, la gente está viendo como sus líderes y lideresas están siendo asesinados, o desplazados, por todos los actores armados que irrumpen en su territorio, desconociendo la autoridad y la autonomía de los pueblos étnicos. Los gremios siguen siendo objeto de la extorsión y del secuestro, los niños, niñas y adolescentes siguen siendo reclutados. Los gobernantes locales, que deberán abocarse en estos primeros meses de gobierno a generar una amplia participación ciudadana para construir los Planes de Desarrollo Locales, no pueden esperar, para convocar y construir participativamente soluciones, a los tiempos que la mesa de diálogo impone. El pueblo habla, el pueblo manda, hay que descongelar para avanzar.

En ese sentido, el ELN debería estar dispuesto a reconocer el poder de decisión del pueblo, y aceptar, luego de un proceso amplio y deliberativo, los mandatos que ese pueblo al que pertenecen, les entregue, no solamente producto de un mecanismo construido en las instancias y mecanismo definidos en la mesa de diálogo a la cual concurren, sino también en otros procesos participativos de iniciativa popular y territorial. Debe reconocer esta insurgencia armada, que si bien en los acuerdos hasta ahora pactados, se señala el compromiso del Gobierno Nacional de no establecer diálogos por separado con frentes de esta guerrilla, lo que según ellos motivó la crisis, y que todo se tramite en la mesa nacional de diálogo, este acuerdo también obliga, a que de su parte, se mantenga y garantice la unidad de mando, y la representación de toda la fuerza del ELN en el proceso de diálogo, tanto las de carácter armado, como las militancias que se manifiestan, como ellos mismos lo han dicho, a través de expresiones sociales y políticas.

Hay que reconocer, con todas las dificultades y señalamientos que se puedan tener, que esta guerrilla, sus estructuras de dirección, sus frentes, combatientes y militantes, están demostrado un buen nivel de unidad orgánica, no el óptimo, pero si el real, lo que no niega que existan diferencias internas, como ocurre en toda estructura política y social. A mi modo de ver, esta organización, por primera vez, está asumiendo el reto de plantearse el abandono definitivo de la lucha armada, como forma de expresar su intención de realizar transformaciones sociales, políticas y económicas, que en su concepto, generan o justifican el uso de la violencia militar y es posible que este nuevo reto, les convenza, pensando en el bien común de la paz, la justicia social, la democracia y la equidad, de avanzar con propuestas audaces que hagan posible que, la población recupere el optimismo en el proceso.

El gobierno por su parte, debería mejorar su nivel de respuesta interinstitucional, coordinada y decidida, tarea que no le corresponde a la delegación en la mesa de conversaciones, ni al Alto Comisionado para la Paz. Esta es una tarea implícita en el Plan Nacional de Desarrollo, que se respalda con la Ley 2272 de 2022 (Ley de Paz Total) y que no debe obedecer a los vaivenes de las mesas de diálogo, sino al compromiso y convencimiento de todas las entidades públicas tanto nacionales como departamentales y municipales. Lamentablemente, lo seguimos expresando, instituciones como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y algunos gobiernos locales, no están involucrados en el propósito nacional de la paz, y por el contrario se empeñan con algunas de sus acciones en sabotear lo construido. Falta un mayor compromiso de las instancias responsables en proteger y garantizar la vida de líderes, lideresas sociales y firmantes del acuerdo de paz, y de garantizar su permanencia en el territorio y el accionar de las organizaciones sociales, comunales, étnicas, políticas.

Ojalá el ELN, descongele pronto los diálogos, el Gobierno afine sus mecanismos de coordinación y la sociedad aumente sus acciones de participación y movilización, que deben ser respetados por todos los actores armados. La construcción de la Paz no debe sacrificar el anhelo de la participación y el diálogo social que, se debe desatar en todas las regiones del país y que harán posible la construcción de un gran acuerdo nacional.

Nota: Tun, tun…latiendo con más fuerza. Ya viene.

Luis Emil Sanabria Durán.

Vamos a hacer un duelo para defender la Vida

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Feb 18, 2024. Publicado en Opinión. No hay comentarios en Vamos a hacer un duelo para defender la Vida

A lo largo de nuestros años hemos visto llegar a “la pelona” reclamando la experiencia construida, los sueños cumplidos o no, los últimos suspiros, las arrugas y las canas. De forma natural aparece y se lleva a seres queridos, cuya existencia ya termina, cuyos años ya no se pueden cumplir. Pero también, lamentablemente, seguimos asistiendo al espectáculo de la barbarie causado por quienes invitan a la muerte, la seducen, la engañan y la traen, alegando toda clase de tretas. Le cambian la natural guadaña que marca y se lleva los últimos segundos de la vejez, por un fusil, una pistola, una granada o una motosierra, para arrancar de raíz la alegría, la esperanza, el compromiso, los sueños de algún amigo, amiga, lideresa social o constructores de paz.

Asistimos a la repetición del dolor, a la danza macabra de la desaparición y la sevicia en un país en donde está prohibida la pena de muerte. Una sociedad que, en su gran mayoría, todavía se resiste a ponerle fin a la tristeza, que se niega a hacer los duelos colectivos que impongan el fin de la violencia y que, entre hipocresías y verdades a medias, ruega por el respeto a la vida, de un lado, y suplica la imposición de la violencia del otro. Una sociedad que, en muchos territorios reniega del narcotráfico, pero le gustan los privilegios que generan los dólares y el dinero lavado, que señala al ladrón de la esquina, pero guarda silencio ante la corrupción y el clientelismo de cuello blanco, que le gustan los privilegios que se obtienen cuando un familiar o un amigo accede a un gran negocio mal habido, aunque justificado con la tradicional frase “el que no las hace, las ve hacer”.

Tenemos que decidirnos, los que todavía guardamos la esperanza, que seguro somos muchas y muchos en esta tierra, en esta pequeña esquina del continente, los que se conciben y crían, personas con altas cualidades humanas, que sienten la necesidad de luchar por la defensa y el goce de la vida a plenitud, por la felicidad, el amor y la alegría. Quienes hacemos rápidamente los duelos, descansamos un poco, miramos al suelo, suspiramos, tomamos una gran bocanada de aire, reímos y seguimos, nos estamos convocando este martes 20 de febrero en diferentes rincones del país; quienes aún creemos, quienes todavía soñamos haremos un duelo colectivo, para levantar el ánimo y exigir el cese de los asesinatos de líderes, lideresas sociales y firmantes del acuerdo de paz, para que, quienes se empecinan en hacer del pueblo su enemigo, desistan de las masacres, las desapariciones, las amenazas, los secuestros, las extorsiones y toda clase de atropellos contra la dignidad humana.

Vamos a hacer un duelo colectivo, para disponernos con más compromiso, a celebrar y defender la vida de quienes, en medio de las balas, los señalamientos y la persecución, se levantan todos los días con el ánimo afligido pero intacto, de aquellas y aquellos ninguneados que, a pesar de las amenazas, convocan a sus vecinos, a sus compañeros de sueños, se reúnen, se movilizan, levantan su voz y su mirada, para que, las reivindicaciones y los derechos no sigan estando archivados en el rincón de la exclusión propiciada por las violencias.

Vamos a alzar la voz por Isidro que, desde el Sur de Bolívar, en medio de ciénagas, ríos, montañas y llanuras, con su maletín terciado, recorre pueblos y veredas, sembrando la luz de la organización social, campesina, comunal, de pescadores y mineros. Por el líder que propició el desminado de Micoahumao, la asamblea constituyente popular, la mesa por la paz, y muchos otros procesos, que hacen posible que la palabra y el sueño de la paz se mantenga en una región en donde los grupos armados insurgentes y herederos del paramilitarismo, no dan tregua a la población civil. Por ese líder amenazado, que deambula desprotegido por las calles y ríos, montado en una lancha, un ferri o una bicicleta, para que su arrojo y compromiso se mantengan intactos y su grito llegue hasta las oficinas de quienes tienen en sus manos la posibilidad de protegerlo y aún no lo hacen.

Alzaremos la voz por Marly, por su compromiso con las mujeres víctimas del conflicto armado. Solo basta con escucharla hablar en alguna de las muchas reuniones que se realizan desde la Fundación Mujer Popular del Nororiente Colombiano, para comprender que en su espíritu y su cuerpo anida el compromiso y el amor por el Catatumbo y su gente. Años de lucha y de alzar la voz ante la guerra que desangra la región, años de exigir la paz y los acuerdos humanitarios, años de trasegar y movilizarse. Gritaremos desde la plaza de Bolívar de Bogotá, para que lo escuchen en todo Colombia, que ya no queremos que a Marly se le siga señalando, estigmatizando, amenazando. El secuestro del que fue víctima hace apenas algunos días, no puede volver a ocurrir, en ella, está representada la valentía y la solidaridad de la mujer catatumbera, de la mujer campesina, de la mujer popular.

Fuerza, fuerza, seguiremos gritando con Yeison, mayor coordinador de las guardias cimarronas de Chocó, promotor y capacitador de Guardias Indígenas y Cimarronas en Risaralda, Chocó, Antioquia, Cauca, Valle y Bolívar, para que su piel negra brille e ilumine los caminos de la convivencia y la paz de sus comunidades. Aunque algunos grupos armados, prohíban su ingreso al Litoral del San Juan, al Baudó o a otras zonas, aunque las amenazas y la estigmatización, utilizadas para deslegitimar su compromiso, sigan siendo utilizadas en su contra, el bastón de la convivencia seguirá marcando el paso en su lucha por el territorio, la autonomía, la cultura y el gobierno propio.

Nuestra palabra decidida rodeará a Águeda, la valiente gobernadora del cabildo Vende Aguja de Tierralta (Córdoba), para que su clamor de justicia, respeto y paz, llegue a los oídos de aquellos hombres y mujeres que quieren seguir haciendo del territorio del pueblo Zenú, un espacio para la violencia y la muerte. No le tiembla la voz, aunque el miedo se apodere momentáneamente de su espíritu y las manos le suden, para reclamar y exigirle a los grupos armados que, abandonen el territorio que le pertenece al pueblo ancestral, que suspendan los asesinatos de miembros de su comunidad, que cesen el reclutamiento de los niños, niñas y jóvenes indígenas, que pare la violencia. En la mirada de esta valiente gobernadora se aloja la resistencia y el amor que, exige del Gobierno Nacional y Departamental, garantías para su vida y la comunidad.

Masticaremos hoja de coca con Guillermo, abrazaremos el valle del cacique upar, la sierra nevada y la serranía del Perijá, rodearemos su lucha por la tierra y a la Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar- ASOCAMTICE. Nuestro espíritu viajará con él, hasta el territorio kankuamo, a rodear la lucha de este pueblo guardián de la sierra nevada, por recuperar su territorio, su cultura y su lengua. Amenazado, señalado, estigmatizado, desplazado, con su acento vallenato, que no le deja mentir de dónde viene, reclama desde la Red de organizaciones Sociales, Campesinas, étnicas, Agrícolas y Rurales, tierra y dignidad para sus asociados, paz y reconciliación para las víctimas. En la Convención Campesina y la Cumbre Agraria, se escuchan sus propuestas y se reconoce su compromiso cotidiano en defensa de la vida. Las mafias que dominan el departamento del Cesar, se empecinan en callar su voz o debilitar su espíritu.

Por estas personas, por sus grandes historias de vida, rodeadas de dolor y compromiso, que representan a miles de líderes y lideresas sociales, amenazados y perseguidos, es que nos seguiremos movilizando, hasta que la vida triunfe y la muerte solo sea un momento en donde agradecemos la existencia y abrazamos la energía que se esparce por el universo, para hacer posible nuevas vidas, nuevos amores, nuevos sueños.

Luis Emil Sanabria Durán

El Cañón del rio Cauca, macroproyectos y empobrecimiento

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Feb 11, 2024. Publicado en Opinión. No hay comentarios en El Cañón del rio Cauca, macroproyectos y empobrecimiento

Con la presencia de lideresas y líderes del movimiento Ríos Vivos, habitantes “cañoneros” del norte, occidente y bajo Cauca del departamento de Antioquia, concejales y delegados de la alcaldía del Municipio de Toledo (Antioquia), motivados con el entusiasmo de la Senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, el acompañamiento y compromiso de delegados y delegadas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo, y la presencia de la Directora General de Corantioquia Liliana María Taborda, se realizó el miércoles 7 de febrero, un encuentro deliberativo, buscando soluciones a los graves problemas que ha dejado la instalación en la región de proyectos mineros y energéticos, incluido por supuesto el impactante y violento Hidroituango.

Luego de los saludos de rigor, de los abrazos de reencuentro, de los actos simbólicos que recuerdan la historia y la vida de la comunidad antes de que llegara la muerte violenta, el desalojo, el dolor y la desesperanza, impuestos tanto por los grupos armados ilegales, como por la irresponsabilidad, la persecución de las empresas y su concepto de desarrollo, que desconoce las mínimas condiciones que deben ser respetadas y garantizadas de tal forma que prevalezca y se sustente a corto, mediano y largo plazo, las mínimas condiciones para llevar la vida con dignidad, se dio inicio sin protocolos a la conversa sincera y constructiva.

Poco a poco, sin descanso, pero con la voz firme y la decencia intacta, fueron tomando la palabra las y los voceros de las organizaciones municipales y regionales. Nadie se quedó con la palabra en la boca, todas y todos denunciaron las graves condiciones económicas y sociales a que han sido sometidos, tanto por la exclusión y las políticas de empobrecimiento ligadas a la economía centralista y a la corrupción, como por los proyectos que se adelantan por empresas nacionales y extranjeras, que venden al mundo una falsa condición idílica de las comunidades.

“Nosotros no cuidábamos el rio, era el río el que nos cuidaba, nos alimentaba, nos daba vestido, recreación y alegría. Cuando su garganta fue cerrada y su cauce secuestrado, la subienda de peces desapareció, no pudimos volver a pescar, no pudimos volver a sembrar y a cosechar, el hambre se apoderó de nuestros hogares, y nadie aún nos pregunta, cómo estamos haciendo para evitar que la desnutrición y el dolor minen de malos pensamientos a nuestros jóvenes, cómo sobrevivimos, siendo tan pobres en medio de la riqueza que otros se llevan, en medio de la alegría que nos secuestraron y se llevaron a otras mesas. Las crecientes no volvieron, y con ellas se fueron los regalos de navidad, desechados río arriba y que recogíamos de las playas río abajo, para ser limpiados, arreglados y entregados a nuestros niños y niñas. El puente que nos comunicaba con los pueblos vecinos, pero que también fue testigo de asesinatos y desapariciones, descansa sumergido bajo las aguas represadas. Con el puente y los caminos se fue la arriería, las visitas a nuestros seres queridos y las historias de amores y desamores”.

La hidroeléctrica de propiedad de las Empresas Públicas de Medellín- EPM, estandarte del “desarrollo” económico regional y nacional, ni siquiera cumple con su obligación de limpiar del “buchón” o jacinto de agua, que prolifera en las aguas represadas, en lugar de retirarlo utilizando la mano de obra local, prefieren contra toda regla ambiental, rociarlo con glifosato, contaminando las aguas represadas que son luego liberadas, denuncia la comunidad. “Río abajo del muro, nos persiguen, nos impiden barequear, nos dañan las herramientas, nos golpean, y nos quitan el poco oro que logramos sacar artesanalmente, y que antes de instalada la represa, se encontraba con menos trabajo. La EPM, es quien da la orden, como si el rio y sus playas, fueran propiedad de ellos”.

El Cauca ya no es el entusiasta dador de vida en la región, se muestra afligido y abandonado, ya no late su corazón con la fuerza de la amistad y el amor de las comunidades que, a lado y lado se instalaron durante años. El río ahora separa, lo obligaron a abandonar a su gente y a sus peces, lo sometieron, lo encadenaron para chuparle la energía. “Nosotros lo necesitamos como al aire, como a la tierra y a la comida, como a la música y a la poesía”. Ese amoroso caudal que “daba trabajo sin pedir hoja de vida, sin exigir contratos”, rugiendo por las faldas de las montañas, solo pide que sus amigos de antaño, vuelvan a gozar de su riqueza, de su alegría y de su dignidad.

Pero no es solo Hidroituango el que se lleva la riqueza de la región, sin devolver algo más que las regalías, para ser invertidos en el buen vivir o desarrollando programas de responsabilidad social empresarial que hagan posible que los habitantes de esta zona, rehagan su vida y se garantice el desarrollo sustentable de la región; también están las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, señaladas de estar captando un mayor caudal de agua que lo permitido para mover sus turbinas, o destruyendo caminos por donde transitan los estudiantes. Es preciso, que las empresas y las comunidades, establezcan espacios de diálogo permanentes, en donde se estudien las problemáticas y se construyan soluciones; las empresas deben valorar los impactos tanto económicos, como sociales y culturales que se generan sobre la comunidad y el ambiente, y las formas más expeditas y amigables, de mitigar, prevenir o solucionar los conflictos que se crean, buscando que la convivencia, el respeto por los Derechos Humanos y la justicia social, sean un horizonte permanente.

Al cañón lo está rompiendo la megaminería del oro, causando un profundo impacto en el ambiente. Las comunidades señalan que, algunas quebradas se secan, se construyen grandes túneles, se contaminan las vertientes de agua con combustibles y mercurio, sin que se realicen programas de mitigación de la mano de los y las campesinas de la zona. Todo el cañón está concesionado a las mineras, principalmente extranjeras, de esta situación se aprovechan los grupos armados herederos del paramilitarismo, para presionar el desplazamiento de la gente o para destruir zonas de reserva ambiental, que las mismas campesinas y campesinos, a través de sus propias formas organizativas, han cuidado y fortalecido.

Ante la gravedad de los hechos, el tribunal superior de Medellín, falló a mediados de 2019, a favor de los derechos del río y de las generaciones futuras. El fallo designa amparos específicos para el río como fuente de biodiversidad, agua y sustento, y reconoce a las generaciones futuras como un grupo en posesión de derechos fundamentales a la dignidad, el agua limpia, la seguridad alimentaria y el medio ambiente sano, en ese sentido, será necesario desatar un ambicioso programa prospectivo, que participativamente reconozca las iniciativas comunitarias y fortalezca la labor de los Guardianes del Río, ya que no se registran mayores avances en la implementación de la sentencia. Este plan requiere, adicionalmente, un programa de autocuidado, autoprotección y garantías para la permanencia de las organizaciones en el territorio.

Estos conflictos se pueden solucionar con un poco de voluntad del Estado, de los gobiernos municipales, departamentales y nacional, de las corporaciones autónomas regionales, y principalmente de las empresas nacionales y extranjeras. El respeto a la vida y al planeta, no solo es responsabilidad de la gente del común, debe ser también el fruto de acuerdos nacionales y territoriales, que hagan posible, que el beneficio que genera el desarrollo económico, sea equitativo, responsable y justo.

Luis Emil Sanabria D.

En defensa del Estado Social de Derecho

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Feb 4, 2024. Publicado en Opinión. No hay comentarios en En defensa del Estado Social de Derecho

Mucha alaraca, mal intencionada y repleta de falsas deducciones, ha hecho la alianza golpista de la llamada oposición inteligente, en donde, al parecer, confluyen funcionarios corruptos de la Fiscalía General de la Nación- FGN, funcionarios corruptos de la Procuraduría General de la Nación-PGN, periodistas de algunos medios de comunicación y políticos reconocidos, sobre los aportes económicos que por valor de quinientos millones de pesos, realizó al partido Colombia Humana, la Federación Colombiana de Educadores- FECODE, y sobre la declaratoria de adjudicación desierta, de la licitación pública para la impresión de pasaportes que, muy acertadamente realizó la Cancillería de la República, y que motivó, en una clara muestra de persecución política, la orden de suspensión temporal del cargo de ministro, del Sr. Álvaro Leyva Durán y que el Presidente de la República, haciendo uso de sus atribuciones como Jefe de Estado, no ha ejecutado.

Lo que si es cierto, según importantes investigaciones, es que los niveles de impunidad, que marcan la eficacia y la eficiencia de entidades como la FGN y PGN, entretenidas desde el inicio del gobierno del cambio, en hacer oposición y orquestar el debilitamiento a ultranza de la democracia y la separación de poderes, columnas fundamentales del Estado de derecho, rondan en promedio y en ascenso el 95%, demostrando su total fracaso como institución, en investigar, sancionar y condenar a los responsables de delitos tan dolorosos y violentos como la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos, los asesinatos de líderes y lideresas sociales y firmantes del acuerdo de paz, entre otros.

Estos resultados que, cuestionan el comportamiento de estos organismos, reflejan por lo menos, el uso inadecuado de los recursos que la sociedad colombiana con tanto esfuerzo les entrega cada año, perdiendo la ética y el compromiso con la construcción de un mejor país, mientras los jefes nacionales y seguramente algunos jefes locales, se dedican, según los informes de otras importantes investigaciones periodísticas, a proteger delincuentes, a ocultar investigaciones y a desaparecer expedientes, y como lo afirma el Jefe de Estado, a orquestar un golpe de estado blando.

Aunque no hay punto de comparación entre los aportes legales y legítimos de FECODE al partido Colombia Humana, destinados a financiar testigos electorales, y no la campaña electoral, como algunos periodistas deshonestos lo quieren hacer ver, es bueno recordar que, ni la llamada ñeñe-política, en la cual se señaló con evidencias irrefutables, la compra de votos para la campaña electoral del, tristemente célebre, expresidente Iván Duque Márquez, con recursos, estos si ilegales, provenientes del narcotraficante, defendido como un buen muchacho por los políticos del Centro Democrático, José Guillermo Hernández, alias el «Ñeñe Hernández», despertó en la Fiscalía General, en el Consejo Nacional Electoral, en la Procuraduría General y en los periodistas que hacen parte de la nómina de la oposición, tantos falsos relatos como los que hoy escuchamos y leemos, buscando que la opinión de millones de colombianos y colombianas, respalden las acciones judiciales ilegales, que seguramente están preparando, para desestabilizar el Gobierno Nacional y destituir al Presidente Petro.

El Presidente ha llamado a la unidad del movimiento político progresista, a los y las demócratas, a las organizaciones sociales y sindicales, buscando la más amplia movilización y acción de respaldo a la democracia, al Estado de Derecho y por supuesto, a él como presidente legítimo de la nación y como jefe de Estado. Esta parece ser la única opción que han dejado, quienes, usando los cargos públicos, se erigen como desestabilizadores de la institucionalidad, queriendo borrar en un solo acto, todo intento de fortalecer la democracia y realizar las transformaciones sociales, políticas y económicas que Colombia exige, para alcanzar la paz, el desarrollo, la equidad y la justicia social.

Seguramente, como en otras ocasiones, y a pesar de que la mayoría de los miembros del alto gobierno no se han abierto al diálogo real y efectivo, a la conversa constructiva y generosa de políticas, programas, planes y proyectos, con las organizaciones sociales, el pueblo organizado y no organizado, saldrá a las calles masivamente a respaldar, no los sueños de un gobierno progresistas, sino los sueños de un pueblo que, aún cree en la oportunidad de cambio que tenemos, y que le ha sido negada durante decenas de años; sin embargo, a pesar de esa creencia, es preciso recordar, como el mismo Presidente lo ha dicho, que estas acciones deben ir acompañadas de una verdadera inclusión social y política, tanto en la consulta de sus alcances, como en la toma de decisiones y en los beneficios que estas decisiones representan para las grandes mayorías.

El Presidente de la República, también ha planteado la necesidad de crear un nuevo partido que recoja a todas las colectividades políticas que ayudaron a elegir al gobierno del cambio, vinculados al Pacto Histórico; esta propuesta, aunque interesante, debe, si quiere ser incluyente y democrática, romper con las concepciones parlamentaristas, que solo conciben el ejercicio de la política desde la representación que ejercen senadores, senadoras y representantes a la cámara, diputados, diputadas, concejalas y concejales, e incluir en los niveles de dirección y coordinación, nacional y territoriales, a las organizaciones sociales, comunitarias y sindicales, de tal forma que las expresiones que rodean al presidente y que acompañan la totalidad del programa de gobierno y las propuestas de reformas, sientan que ese nuevo partido, es su proyecto político.

Más allá de la movilización callejera en defensa de la democracia y del Estado Social de Derecho, que rechace todo acto ilegal contra la dignidad del Jefe de Estado, y de la construcción de un nuevo partido, será necesario que el Gobierno Nacional trace unas líneas estratégicas claras, con responsables y vocerías visiblemente identificados, que propicien un gran diálogo nacional, al cual se convoque a todos los sectores democráticos del país, a todos los partidos políticos, a todas las organizaciones sociales y sindicales, a los gremios y a las confesiones religiosas, que creen en la institucionalidad y en la división de poderes, para construir un gran Acuerdo o Pacto Nacional Incluyente, que salga al paso a la crisis que buscan generar los aliados del narcotráfico y la corrupción. El acuerdo deberá ser la bitácora que guíe el accionar de un Frente Amplio por la Vida, en donde quepan y sean respetados, no solo los sectores que están gobernando, sino también aquellos que, aunque critiquen al gobierno o no compartan la totalidad de sus propuestas, están comprometidos con la transformación pacífica de los conflictos, la paz, la democracia y la defensa del Estado Social de Derecho.

Luis Emil Sanabria Durán

Paz con la naturaleza

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Ene 28, 2024. Publicado en Opinión. No hay comentarios en Paz con la naturaleza

Hace treinta años, cuando era responsable de acompañar los proyectos económicos y en especial los ligados al campo, de los excombatientes de Norte de Santander que recién habían firmado acuerdos de paz de las extintas guerrillas del E.P.L., el M-19 y el P.R.T, recibimos el primer revés, cuando más de 70 hectáreas de la finca Oropoma en el municipio de Ábrego, que habia sido vendida y parcelada por el desaparecido INCORA, a más de doce excombatientes y algunos miembros de la comunidad, se consumieron bajo un feroz incendio, producido por mano humana y que acabó con los primeros intentos de desarrollo de un proyecto ganadero.

Aunque se hablaba del fenómeno natural conocido como El Niño, no se lograba comprender con claridad, los cambios adicionales al fenómeno natural que el planeta estaba padeciendo, en especial los ligados al llamado crecimiento económico, atado al uso de hidrocarburos y a las recién establecidas políticas económicas, y cómo, estos usos y abusos incrementaban el impacto del fenómeno natural; así como en Oropoma, se presentaron incendios en otras regiones del País, y los embalses construidos para alimentar hidroeléctricas, disminuyeron sus niveles de agua, a tal punto que se entró en la urgente necesidad de racionar la disponibilidad de energía eléctrica a través de apagones programados y hasta se cambió el horario para aprovechar las horas de luminosidad solar; sin embargo, a pesar de que siguieron ocurriendo catástrofes ligadas al fenómeno cíclico y es evidente el calentamiento global que aumenta su potencial de daño, parece que en estas tres décadas no hubiéramos aprendido cómo prevenir y mitigar los daños, pero en especial, cómo desarrollar programas permanentes que hagan posible revertir -si fuera aún posible-, parte del daño que la humanidad causa al planeta que le fue prestado para recorrer el universo.

Mis vecinos, vecinas y mucha gente en la ciudad y en las regiones, están muy preocupados por el alto número de incendios que se están presentando y provocando en campos y ciudades, por el nivel de los embalses y por el aumento de los precios de algunos alimentos; las y los periodistas y medios de comunicación, los analistas económicos y sectores políticos, buscan culpables, que si las alcaldías, que si las gobernaciones, que si el gobierno nacional, todo en lógica de mitigar las consecuencias de un fenómeno natural aumentado exponencialmente con el calentamiento global. Pocas personas se preguntan, ¿qué debemos hacer para que estas consecuencias no se sigan presentando? ¿qué medidas se pueden tomar para recuperar la temperatura característica de ciudades y campos? ¿qué debemos implementar para que los tiempos de los ciclos de lluvia y verano, vuelvan a ser elementos centrales que orienten la siembra y recolección de alimentos, así como la veda y la pesca en ríos y ciénagas?

Las aves están muriendo al no encontrar las reservas naturales de agua en donde tradicionalmente beben agua o tienen sus ciclos de reproducción, los manatíes mueren en las ciénagas y reservorios que se convirtieron, por la desecación de las aguas, en pantanos y terrenos fangosos, mamíferos y reptiles de todas las especies, mueren calcinados o deshidratados, miles de humanos migramos al norte atraídos por el espejismo del desarrollo; todo esto incrementado en un país que todavía, a pesar de los esfuerzos del actual gobierno, sigue quemando bosques, talando árboles, ampliando la llamada frontera agrícola, en algunos casos como en los páramos para sembrar alimentos y en otros casos, la mayoría, para sembrar coca con fines de uso ilícito, ampliar potreros o para apropiarse de terrenos que son de todas y todos los colombianos, y en el caso de la minería, rompiendo legal o ilegalmente ecosistemas, dañando o extinguiendo yacimientos de agua, santuarios de especies animales, etc. Todo esto en un país que ostenta el primer lugar de asesinatos de líderes y lideresas defensoras del ambiente. Lo más terrible y sobre lo cual, todavía no hemos tomado conciencia plena, es que, la especie que saldrá más afectada de esta debacle ecosistémica será la humana. Ninguna riqueza medida en bolsa o en bancos, podrá librarnos de la extinción. Seguimos destruyendo, como si tuviéramos en alguna parte del universo, un planeta de repuesto a donde mudarnos.

Quienes desde las tesis “libertarias” defienden la desaparición de los controles del Estado, o desmontan toda planeación, estrategia o intervención de este, para prevenir y confrontar la depredación sistemática y descontrolada del planeta, y se oponen o niegan la importancia de responsabilidad social de las empresas frente al ambiente, se convierten en promotores del calentamiento global y en el menor de los casos, en cómplices de los incendios y de la muerte de los ecosistemas que aseguran la vida. Ya no basta con fortalecer las instituciones responsables de mitigar o responder ante los riesgos, como los cuerpos de bomberos o la defensa civil, ya no es suficiente la labor de los Puestos de Mando Unificados- PMU, locales o nacionales, es necesario y urgente que, en todos los planes de desarrollo municipales y departamentales, se incluyan verdaderos programas de protección del ambiente y de recuperación de ecosistemas estratégicos, que complementen el Plan Nacional de Desarrollo. Hay que hacer la paz con la naturaleza con generosidad, compromiso y transparencia.

Proyectos como la construcción del Canal Seco, o Tren Interoceánico, con fines fundamentalmente comerciales, que pretende unir la costa caribe con la costa pacífica, propuesto nuevamente por el presidente Gustavo Petro, y que desde hace decenas de años, vienen siendo promocionado por anteriores gobiernos y por la empresa privada, tendrán que ser lo suficientemente pensados por las comunidades y por la sociedad colombiana. En el supuesto de que las llamadas ganancias, sean repartidas para fomentar el desarrollo social y económico de las comunidades asentadas en los territorios que se afectarán, y en la costa pacífica, ¿estarían dispuestas las comunidades étnicas, en canjear los sitios sagrados y el valor estratégico en términos de vida y biodiversidad de los ecosistemas marítimos, terrestres y aéreos de la costa pacífica, del Darién y el golfo de Urabá, a cambio de los ingresos económicos y el impacto ambiental negativo que generará el proyecto? Esta y otras preguntas son las que finalmente se deberían responder, cada vez que un proyecto de gran impacto ambiental, minero, energético, de transporte, o productivo, se pretenda desarrollar o instalar en Colombia y en cualquier parte del mundo.

En nuestras manos, en nuestra lucidez como especie con capacidad de reflexión, en los Homo sapiens especie única sobreviviente del género Homo, con el don evolutivo de soñar o construir en su mente un futuro posible y deseable, y de elaborar las estrategias, planes, programas y proyectos que nos aproximen a ese futuro, está la posibilidad de garantizar la supervivencia nuestra y de muchas otras especies. No tenemos cómo echarle la culpa de lo que está sucediendo a otra especie, a las nubes, a los mares o al planeta. Es hora de decidirnos por hacer la paz con la naturaleza, de proyectar para un futuro cercano, la erradicación de toda economía que atente gravemente contra la vida en todas sus manifestaciones. Debemos incluir en el Acuerdo Nacional para la Paz que se está promoviendo desde diversos espacios sociales y políticos, y que busca, entre otros elementos, garantizar la convivencia y la paz entre los seres humanos que habitamos el territorio colombiano, el respeto y goce pleno de los Derechos Humanos por parte del Estado, otro componente, seguramente más controversial y que requiere mayor imaginación y capacidad de negociación, y es el capítulo que contemple la protección, defensa y recuperación territorios estratégicos ambientalmente y de la naturaleza en general.

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