Ir al contenido principal

Etiqueta: Luis Emil Sanabria

Todos y todas deberíamos acompañar el propósito de la reforma rural integral

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Libertad y democracia, Opinión. No hay comentarios en Todos y todas deberíamos acompañar el propósito de la reforma rural integral

Mucho revuelo ha causado en algunos líderes políticos, gremios y periodistas, el “atrevimiento” del Gobierno Nacional y de la ministra de agricultura de proponer un decreto para fortalecer la movilización y la organización campesina. Que abominación tan grande, que atrevimiento el de este gobierno al querer organizar a los ninguneados, a los parias, a los excluidos, a los despojados, a los sin tierra, y más aún, pretender reconocerles capacidad política y de movilización, para hacer realidad la tal reforma agraria.

Se multiplicaron las voces estigmatizadoras, se indignaron los despojadores de tierras, se molestaron los acumuladores de millones de hectáreas, se incomodaron los narcotraficantes y lavadores de dólares, se rasgaron los vestidos e “hicieron sonar las joyas”, las señoras y señores feudales. Cómo es posible que la servidumbre vaya a tener nuevamente el acompañamiento de un gobierno que con recursos provenientes de los impuestos de la “gente de bien”, pretende apoyar la organización y la movilización y quién sabe qué más acciones, atentatorias contra el buen nombre y buen transcurrir de la vida en el campo.

 

Se les olvida o recurren al olvido generalizado, que Colombia es uno de los pocos países en el mundo en donde no ha sido posible la democratización de la tierra, en donde millones de hectáreas de propiedad de todos y todas, bajo el pretexto de “terrenos baldíos”, han sido apropiadas ilegalmente. Miles de metros cuadrados de humedales y ciénagas, en donde tradicionalmente se paseaban las aves, se pescaba o se gozaba de la vida han sido intervenidos o desecados, con el cuento del desarrollo ganadero.

Han sido los y las campesinas, constantemente obligados por fuerza de la violencia, la persecución, el hambre y la pobreza, llevados a romper selvas y bosques, a enfrentarse o buscar refugio en los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes, a sembrar coca o marihuana, han sido las y los campesinos los utilizados como carne de cañón en una guerra que no les pertenece. ¿Cuántos colegios, cuantas universidades, cuantos hospitales o puestos de salud, cuantos distritos de riego, cuantas viviendas o acueductos han construido los gobiernos de quienes hoy posan para las cámaras con lágrimas en los ojos, para beneficio del campesinado?

En un país medianamente democrático e incluyente, que piense en el desarrollo, la producción y la equidad, se debería estar brincando de alegría, con la noticia de que un gobierno esté pensando en hacer realidad la Reforma Rural y en organizar a las y los campesinos para que, en coordinación con las instituciones, se logre superar el atraso y las violencias en el campo, y romper la dominación violenta que los actores armados imponen en los territorios. No es para menos, teniendo en cuenta que lo que se busca superar o transformar, es el conflicto por la tierra, que dio origen junto con las persecuciones políticas e ideológicas desatadas en los años 50 y 60 del siglo pasado a las violencias políticas que hoy nos afectan profundamente.

Pero, más allá de defender una iniciativa campesina, que es recogida por un gobierno y solo a manera de recordación, para quienes piensan que esta administración es muy generosa con los y las campesinas y que el decreto atenta contra el derecho a la propiedad y que solo quiere polarizar, les hago un pequeño recordatorio de cómo la violencia desatada contra el movimiento campesino en época del tristemente célebre presidente godo Guillermo León Valencia, hoy todavía se manifiesta.

Según los registros de la Unidad Atención y Reparación Integral a las Víctimas- URIV, a primero de junio de 2023, entre los hechos victimizantes que este sector de la población ha sufrido, está el desplazamiento forzado, pues hoy se reportan oficialmente 6.908.681 víctimas de esta afectación. Asimismo, 400.257 personas del campo han soportado amenazas (de un total de 626.915), y 172.453 sufrieron homicidio (de un total de 1.091.430); pero esto, solo son unas cifras, de las muchas que el conflicto violento contra el pueblo ha producido, lo peor, es el grave daño social, político y económico que se ha infringido contra uno de los más importantes sectores, que conforman la sociedad y la cultura colombiana.

Durante más de 60 años, los poderes ocultos y reconocidos, se han ensañado contra los y las lideresas campesinas, buscando exterminar a sus organizaciones, despojándolas de su voz y su capacidad política, aprovechándose de los manejos económicos errados y del poder que el narcotráfico y la corrupción les ha otorgado, para intentar desaparecer la cultura y la vida en el campo. La mayoría de las víctimas de reparación colectiva, reconocidas por el Estado, son de origen campesino y rurales. Organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos- ANUC, la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia –ANMUCIC, la ANUC- Unidad y Reconstrucción, entre otras, son ejemplo del daño y dolor que les han causado las campañas de estigmatización, exterminio y despojo.

Si Colombia, realmente quiere un cambio, no debería aplazar más, por ningún motivo, la posibilidad de adelantar una reforma rural integral, que reconozca todas las formas de vivir y gozar la tierra y el territorio, una reforma rural apoyada en las organizaciones campesinas y rurales, no solo para movilizarse por carretas y ciudades, exigiendo o buscando tierras, infraestructura vial, distritos de riego, tecnología, apoyo económico y mercadeo, salud, vivienda y educación, sino también para fortalecer un gran torrente de organizaciones, que basadas en la economía solidaria, popular, cooperativa, familiar o privada, hagan posible vivir y permanecer en el campo, lograr la soberanía alimentaria nacional, aumentar y mejorar la producción agrícola y pecuaria, avanzar hacia la transformación y el mercadeo de los productos, la apropiación técnica y tecnológica, el cuidado y respeto por el ambiente, entre muchas consideraciones.

Si verdaderamente queremos la paz, la justicia social, la equidad, superar las pobrezas, el hambre y la desnutrición, deberíamos acompañar el propósito de la reforma rural, y las y los poseedores de tierras despojadas, las y los tenientes de tierras improductivas, las y los invasores de las rondas de los ríos, ciénagas y humedales, deberían sentirse convocados desde la bondad y la generosidad, desde la justicia y el compromiso, a buscar todos los caminos posibles, para que la Agencia nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, y el Ministerio del Ambiente, puedan adquirir, recibir y recuperar las propiedades que pueden ser objeto de reforma y las que deben ser recobradas para la lucha contra el cambio climático.

Es el momento de hacer justicia con las y los campesinos, es ahora, es hoy. No podemos pasar a la historia nuevamente, como aquellos que pudimos hacer todo lo que estaba a nuestro alcance para hacer justicia en el campo, y la mezquindad, el egoísmo, la avaricia, la falta de solidaridad, o los dogmas ideológicos y políticos nos impidieron hacerlo.

Luis Emil Sanabria D

La convivencia y la seguridad, más que persuasión y represión

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Por: Luis Emil Sanabria D.

El pasado jueves, un hecho doloroso que cobró la vida de un joven que, al parecer acababa de hurtar una bicicleta, nos sacudió el alma y despertó en la ciudadanía bogotana, las más profundas pasiones. Y no era para menos, ya que un grupo de vecinos, momentáneamente poseídos por la ira y el desapego por la vida, arremetieron contra la humanidad de una persona, arrastrándole desnudo por las calles, hasta causarle la muerte a golpes y puñaladas. Se convirtieron de la noche a la mañana en asesinos.

 

No fue justicia lo que se aplicó, fue un linchamiento público, una de las más bajas demostraciones de crueldad del ser humano. Pero más allá de la noticia, qué hay detrás de esta manifestación de violencia feroz, que hace que las personas seguramente sin antecedentes judiciales reaccionen de esta forma frente a un caso de delincuencia común. ¿Qué lógica o qué cúmulo de condiciones se reunieron para que ocurriera este lamentable suceso?

Algunos se han apresurado a manifestar que esta fue la respuesta lógica a la falta de aplicación de justicia por parte del Estado, o a la debilidad de las leyes que en lugar de castigar al delincuente, se le premia o se mantiene en la impunidad; otros y otras, han señalado que lo sucedido se debió a la falta de una política de seguridad eficaz, que debe ser aplicada por la policía, y a renglón seguido, proponen la necesidad de aumentar del pie de fuerza policial, de mejorar su capacidad investigativa y llenar de cámaras la ciudad. Muy pocos hablaron de ir a la solución de las causas estructurales que motivan estas conductas.

Más que señalar a los delincuentes, a los victimarios, a la justicia y a la policía, para obtener audiencia política electoral, deberíamos abrir un debate sincero, sin prejuicios y sin perjuicio, sobre la política de convivencia y seguridad en una ciudad tan grande y cosmopolita como Bogotá. Por supuesto que la ineficacia de los planes de seguridad y las instituciones policiales y judiciales, al perseguir el delito y aplicar justicia, son determinantes; sin embargo, hay que explorar otras causas dentro de los círculos complejos que alimentan las violencias urbanas, la generación de delincuencias y las condiciones que hacen que, un ciudadano/a se convierta en victimario, y que, en el caso de Bogotá nos lleva a tener una de las tasas de asesinatos mas alta, en relación con algunas ciudades de américa latina.

Para el 2022 se reportó en Bogotá, la tasa de homicidios más baja en los últimos años, 12,8 por cada 100 mil habitantes, lo que representó aproximadamente 1010 homicidios; sin embargo, esta tasa sigue siendo alta, en comparación con las tasas de homicidios de ciudades como Quito (6,29 por cada 100.000 hab.) o Buenos Aires (2,86 por cada 100.000 hab.). Disminuir en un futuro próximo, la tasa de homicidios de Bogotá, a niveles cercanos al 7,0 por cada 100.000 habitantes, y a mediano y largo plazo, por lo menos a 3,0 homicidios por cada 100.000 habitantes, debería ser un acuerdo social, político y económico de todas y todos los que habitamos esta ciudad.

Qué deberíamos hacer para lograr estas metas, que no son irracionales, ni propias de una mente enferma, más, si tenemos en cuenta que esta ciudad alimenta y recibe (al igual que otras ciudades), la carga funesta de un conflicto armado y en cuyo territorio inevitablemente se reproducen prácticas violentas políticas y sociales. Una ciudad que, entre otras cosas exporta y hereda, dolores y venganzas, una capital que reproduce la segregación, la estigmatización y el racismo.

Por supuesto, ante la crisis señalada, es necesario una estrategia de choque que tiene que ver primero con el fortalecimiento del pie de fuerza de la policía, no solo en la cantidad que se necesita, con sus apoyos logísticos, tecnológicos y de inteligencia adecuados, si no especialmente en calidad. Necesitamos agentes de policía que reconozcan, respeten, promuevan y vivan los Derechos Humanos, agentes capacitados para impulsar la convivencia, para apoyar la transformación pacífica de los conflictos cotidianos, y en valores como la solidaridad y la honestidad. Necesitamos una institución en cuyo interior se respeten los derechos fundamentales de sus integrantes, que no tolere el acoso laboral o la violencia sexual, que las ordenes no estén mediadas por “favores” sexuales o materiales, que los turnos o los traslados no afecten la convivencia y el amor familiar. Una institución en la que todos y todas sus funcionarias, puedan aspirar a dirigirla, y en la que la ciudadanía confíe.

Otro componente imprescindible de una política de convivencia, seguridad y paz, sería rodear los esfuerzos de Paz Total y diálogos con todos los actores armados, que adelanta el Gobierno Nacional, ya que, en Bogotá estos grupos, no solamente se proveen de pertrechos (botas, uniformes, etc.), armas (fusiles, pistolas, etc.) y municiones, sino que también, enrolan o reclutan combatientes, y hacen presencia militar, política y económica. En el caso del llamado Clan del Golfo, se reconoce que existe desde hace varios años, coordinación con bandas criminales como Los Pascuales, Los Pereiranos, el Tren de Aragua, Los Boyacos, Los Paisas, o Los Sayayines, y cuyas estructuras, no se desmontarán solo haciendo uso de la fuerza o la inteligencia, sino también, apoyando las políticas nacionales de sometimiento a la justicia, a través de diálogos socio-jurídicos. Así, podremos pensar en la disminución real del fenómeno del microtráfico y consumo de sustancias psicoactivas.

Será necesario, un ambicioso programa a mediano y largo plazo, para la superación de la pobreza (36% de la población) y la pobreza extrema (9,5% de la población) que obliga a que aproximadamente 752.000 habitantes de la ciudad, reciban la noche con solo una o dos raciones de comida. Hay que fortalecer el sistema educativo público, mejorando su pertinencia en relación con la vocación económica de la ciudad, las localidades y las exigencias internacionales y nacionales relacionadas con las tecnologías de la informática y las comunicaciones, y el dominio de una segunda lengua universal, como el inglés. Se debe promover un programa solidario y comunitario de microfinanzas, para romper los círculos esclavizadores del gota a gota, e implementar un plan de apoyos reales a las economías cooperativas, populares y solidarias, y a las Pyme y Mini Pyme.

Finalmente, entre otros componentes, será necesario renunciar a las estrategias fallidas que, alimentan la idea del enemigo interno, que propenden por la privatización de la seguridad y la vinculación de civiles a los llamados Frentes de Seguridad, y avanzar hacia una estrategia que combine el fortalecimiento de la Cultura Ciudadana, en relación con los valores, la democracia, los derechos y los deberes, la convivencia y la transformación pacífica de conflictos; la consolidación de los comités de convivencia de las Juntas de Acción Comunal y los Consejos de Administración de Propiedad Horizontal, que sean apoyo fundamental para prevenir la violencia intrafamiliar mediante acciones pedagógicas y comunicativas; y la conformación de  comités de Derechos Humanos, solidaridad y cuidados en los entornos escolares y las instituciones para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, la vinculación de jóvenes a las bandas delincuenciales, los atracos, la violencia sexual, la violencia estatal y política, y demás manifestaciones de violencia urbana.

La paz, la convivencia y la seguridad, van de la mano con el goce pleno de los derechos humanos; intentar promover acciones aisladas, o implementar solo programas represivos o persuasivos, reiterando acciones ineficaces que han generado más problemas, sin intentar cambiar las causas estructurales que hacen que la sociedad genere altos niveles de violencia física, verbal o psicológica, es una actitud demencial que no nos llevará a ninguna solución duradera.

 

 

Semana por la paz #36, juntanzas creadoras de paz

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Con los pies en la tierra, Opinión.

Por: Luis Emil Sanabria Durán

Ya viene la Semana nacional por la Paz #36, que este año se celebra del 3 al 10 de septiembre, y que en otras regiones ya alcanza a ser un Mes por la Paz, teniendo como eje de su realización, el 9 de septiembre, día de los derechos humanos en Colombia que, bajo el lema, Juntanzas Creadoras de Paz, pretende convocar a miles de colombianos y colombianas.

 

Más menos a principios de febrero de todos los años, desde 1987, organizaciones de la sociedad civil colombiana, de todas las regiones del país, se convocan bajo el llamado que realiza Redepaz, Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, el CINEP-Programa por la Paz, Redprodepaz y la Pontificia Universidad Javeriana. Hoy, gracias a los aprendizajes en el uso de las plataformas virtuales, se hace más fácil el encuentro de cientos de personas que, se reúnen a deliberar sobre la paz y la forma en que se debe evidenciar el compromiso de la ciudadanía, con este anhelo nacional tan esquivo, pero tan urgente.

Son muchos los esfuerzos se coordinan desde principios de año, con el compromiso siempre presente de que, cada propuesta que se pretenda realizar, debe ser asumida principalmente por la organización que la propone y que, en el caso de acciones nacionales, se apadrinada o coordinada con el acompañamiento colectivo. Sin embrago, aunque no parezca cierto, nunca ha sido fácil conseguir los recursos logísticos y económicos que permitan la realización de todas las actividades inicialmente identificadas que, hagan visibles todas las acciones e iniciativas que la ciudadanía realiza por la paz; este año en particular, tanto las instituciones nacionales, departamentales o municipales, con algunas excepciones, han brillado por su ausencia, para respaldar debidamente, la iniciativa ciudadana a favor de la paz.

La semana por la paz continúa, el telón del teatro de las violencias todavía no se ha bajado, y el espectáculo de la muerte sigue causando daños y dolores a cientos de miles de personas. Mientras lees esta nota, seguramente, un grupo armado ilegal se esté ensañando con una familia o una comunidad y se esté causando este año, la masacre #63 o 64; una nueva lideresa o líder social, haya sido asesinado, y la escalofriante cifra sobrepase, los 116 o 117 homicidios durante el 2023, o un nuevo firmante de paz caiga bajo las balas homicidas de quienes se oponen a la reconciliación y esta cifra, como un mal presagio, exceda las 400 muertes violentas, desde que se firmó el acuerdo de paz.

Durante este rato, que dispusiste para leer este artículo, seguramente un habitante de este adolorido territorio, ha sido secuestrado, extorsionado, desaparecido, una mujer ha sido víctima de violencia sexual y expuesta como trofeo de guerra, un niño o una niña ha sido reclutada, un adolescente indígena se ha suicidado para evitar ser vinculado a un grupo armado, un niño, una niña o un joven ha caído en alguna mina antipersonal, un combatiente, un policía o un soldado, ha muerto bajo el certero disparo asesino de un francotirador, o un artefacto explosivo, le ha dejado ciego o con alguna otra discapacidad física o mental.

Por eso, la Semana por la Paz, es ese ejercicio titánico de quienes, desde la fragilidad ciudadana, toman la iniciativa por la paz y se van, como “liebres alimentadas de deseos” contra la guerra, intentando que los reivindicadores de la muerte escuchen su clamor, tratando de evitar que, cumplan su sueño de “intentar desaparecer la Patria entera”, y de exhibir “el verdadero rostro de la Patria que ofrecen los sicarios”, como escribiera mi amigo, vilmente torturado y asesinado, Chucho Peña, en su poema Desaparecidos, a propósito del 30 de agosto día del detenido desaparecido.

Los unicornios de la vida, aquellos hombres, mujeres y no binarios, de todas las edades y todas las culturas, que se pasean a galope sobre montañas y veredas, que se embarcan en lanchas o pangas, han levantado este año, la bandera de, Las Juntanzas, para que cada comunidad sienta que su trabajo por el bien común, tiene sentido, que su esfuerzo salvaguardando el patrimonio cultural y la biodiversidad de nuestros territorios, no se perderá bajo los planes macabros de quienes, desde el poder económico, político o armado, atentan contra el amor y la solidaridad.

Y es que, como lo expresa la convocatoria de la semana por la paz #36, Las Juntanzas, propias de comunidades indígenas, afros y campesinas, se han convertido en toda una filosofía de vida, inspirando poco a poco a otros territorios (académicos, culturales, sociales, urbanos, políticos, juveniles, diversidades, identidades, corporalidades, entre otros), a propiciar mediante esta práctica, una serie de transformaciones sociales necesarias para el mejoramiento integral de las condiciones de vida.

Por eso la importancia de, reconocer Las Juntanzas, como una manera de ser y de pensarnos en comunidad, además de conectarnos con los pueblos ancestrales que tantos aportes han hecho a la construcción del país, es una invitación a seguir en unidad creando y tejiendo desde los espacios de participación colectiva.

Van a ser muchas y muy varias las actividades que se realizarán, desde académicas, deliberativas y encuentros de reconciliación, hasta movilizaciones y actos simbólicos. La programación, para quien desee participar está disponible, en su página www.semanaporlapazcolombia.com, rescatada hace apenas unos meses, de las manos de los saboteadores que la bloquearon, para impedir inútilmente, que la paz se haga realidad. Si deseas hacer alguna donación, para que las actividades tengan una mayor promoción y sean más visibles, no dudes en hacerlo a través del siguiente link: https://sumate.redepaz.org.co/TejiendoPaz

No lo olvides, desde Semana por la Paz, la Juntanza es una invitación a construir libremente y de la mano con otras personas, comunidades u organizaciones, procesos, apuestas, reconociendo todas y cada una de las diversidades, dialogando, construyendo consensos, apostándole a la vida y a la Paz.

 

La versión de Macaco, falta mucho por contar

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Con los pies en la tierra, Opinión.

En esta oportunidad, el turno de decir la verdad, su verdad, fue para Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, excomandante paramilitar del desmovilizado Bloque Central Bolívar de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, que tuvo su radio de acción en trece departamentos del país, siendo su base principal de operaciones, el Sur de Bolívar y Santander, influenciando también con sus estructuras criminales a los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Huila, Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Risaralda y Vichada. Al lado de Macaco, también estuvieron comandando esta máquina de terror y despojo, Rodrigo Pérez Alzate o Julián Bolívar, e Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez.

Ha dicho el Sr. Macaco como parte de su relato, que él ayudó a fundar y comandó la estructura armada de carácter contrainsurgente conocida como Bloque Central Bolívar-BCB, y allí empiezan las dudas sobre parte de su versión, que puede tener efectivamente muchos elementos de verdad operativa, pero que deja cuestionamientos profundos sobre la verdad política y económica. Si algo caracterizó al llamado BCB fue haber convertido en víctimas a más de 30 mil personas, la mayoría campesinos y campesinas, líderes y lideresas sociales, sindicalistas, comunales, pescadores y pescadoras, pequeños mineros artesanales, etc., con la intención clara de apoderarse de sus tierras, de las minas, de las ciénagas y ríos,  de sus organizaciones, de su medio de subsistencia y de las pocas empresas públicas locales prestadoras de servicios básicos, abriendo el camino a la privatización, y cumpliendo su labor de punta de lanza de la llamada contra reforma agraria.

 

Las víctimas de más de 80 municipios, señalan al BCB de ser uno de los mayores despojadores de tierras, de promover el cultivo de coca para uso ilícito en la producción, tráfico y comercialización de cocaína, y en el lavado de activos. Las comunidades, también señalan a las llamadas “Autodefensas” del BCB, de ser socios estratégicos de clanes locales que se apoderaron de la gobernabilidad local, para enriquecerse apropiándose del presupuesto de alcaldías y gobernaciones. Muy poco se conoció, de lo que el Sr. Jiménez llama, experiencias productivas, que pueden servir de ejemplo para un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito.

Seguramente el compromiso del excomandante macaco, con la paz y la reconciliación, es real y muestra la ruta que, otros deberían seguir para alcanzar la reconciliación nacional; sin embargo, este camino delicado, requiere la construcción de todas las verdades, tanto operativas en términos de acciones y reconocimiento de su papel belicoso directo, como las verdades políticas y las alianzas con sectores vinculados al aparato de justicia, que podemos catalogar como su verdadero papel, buscando imponer una ideología estrechamente ligada a expresiones militaristas o neofascistas, que hoy , al parecer, se reencauchan bajo lemas electorales como “privaticemos la seguridad”, “armémonos”, “rescatemos el país”.

Es necesario que, el compromiso con la verdad manifestado, también permita develar las alianzas y estrategias -propuestas inclusive por la dirigencia política, económica y judicial local y nacional-, establecidas en el país y en las regiones en donde las tropas operaron, y del interés en mantener u obtener privilegios que, convirtieron a los gobiernos y al Estado, en un botín familiar que les enriqueció, muchos de ellos seguramente activos en alguna de las ramas del poder público.

Vienen a mi memoria, los relatos de las víctimas del corregimiento de Riachuelo, en el municipio de Charalá-Santander, donde el BCB instaló uno de sus centros de operaciones, con la complicidad de la dirigencia política y económica regional. Muchas de sus mujeres y hombres, la mayoría menores de edad, fueron violadas y violados, atándoles desnudos a los árboles de la plaza central, con el pretexto del “escarmiento”, esclavizados, confinados, reclutados, entregados como trofeos de guerra a los comandantes para satisfacer sus más bajos instintos sexuales.

Entre llantos y fortaleza, todavía las víctimas y la comunidad de los municipios de la provincia de San Gil, recuerdan los rituales de la muerte en el Salto del Ángel, los llamados reinados juveniles escolares en los que se feriaba la “virginidad” de niñas y niños, el reclutamiento de menores llevados a los frentes de guerra como “compañía”, hechos que se repitieron en muchos de los centros poblados en donde estuvieron acantonadas las tropas del BCB, infringiendo el Derecho Internacional Humanitario y cometiendo graves delitos contra la dignidad humana. ¿Quiénes fueron los socios, tanto políticos, económicos como militares? ¿Quiénes tenían intereses en despojar a los campesinos de esas hermosas tierras? ¿porqué victimizar a los más empobrecidos y excluidos?

Además de responder a las preguntas de la ciudadanía, será necesario que, esta primera versión se acompañe, como todas y todos esperamos, de otros relatos, con sus respectivas pruebas que le respalden. Necesitamos saber, señores excomandantes de las AUC, quiénes dieron la orden. Colombia necesita saber quiénes azuzaron para que, tomaran la decisión de atentar físicamente contra el senador Iván Cepeda, contra el hoy canciller Álvaro Leyva Durán, y contra el actual presidente de la república Gustavo Petro.

Necesitamos conocer, quiénes planearon destruir la oposición política y los anhelos de paz de Colombia. Se escuchan nombres repetidamente vinculados a sus versiones, y a otros capítulos de corrupción y uso indebido del derecho, y sobre los cuales pesa un manto de duda, como el nombre del tristemente célebre exfiscal Néstor Humberto Martínez, que seguramente, la Jurisdicción Especial de Paz- JEP y la justicia ordinaria investigarán. Colombia sabrá reponerse de tanta infamia, pero para lograrlo, se requiere que nunca más se repitan estos hechos, y que la verdad total, sin cálculos políticos o judiciales, sea construida.

Las víctimas y la sociedad colombiana, que no se repone todavía de tanto dolor causado por las AUC y otros actores armados, y que aún hoy sobrevive a la sevicia con la que actúan los grupos que heredaron la doctrina paramilitar; las gentes de todos los sectores sociales, que sobreviven a los ataques de los grupos, que bajo la llamada lucha armada insurgente, asesinan, desplazan, confinan, extorsionan o secuestran, esperamos que su voluntad de paz, nos ayude a encontrar los caminos que nos conduzcan a instalar prontamente las mesas de diálogo socio-jurídico con expresiones armadas como el Clan del Golfo, y que su gestoría, sea productiva en términos de apoyar la construcción de la verdad, la reconciliación y la reparación integral a las víctimas, para que la Paz Total e Integral sea pronto una realidad.

Luis Emil Sanabria D.

 

Jóvenes en paz, presente y futuro del país

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

El anuncio del Gobierno Nacional de iniciar el programa Jóvenes en Paz, ha despertado en sectores políticos y sociales, las mas variadas reacciones adversas, como si la juventud colombiana víctima de exclusión social, estigmatización, violencias estructurales, políticas y armadas, no pudiera tener la más mínima oportunidad de romper los círculos de violencias y pobrezas, a los cuales ha sido sometida por las políticas impuestas por quienes, desde los privilegios económicos, culturales, sociales y políticos, han administrado los destinos de la nación.

Una sociedad profundamente fracturada, afectada por fenómenos delincuenciales tan poderosos como el narcotráfico y la corrupción que, interactúan y se retroalimentan regional y nacionalmente, haciendo uso de las más temibles prácticas mafiosas contra la vida, especialmente de jóvenes marginalizados, no permitirá el surgimiento de hombres y mujeres nuevas; una sociedad que niega a la juventud, esencialmente rural, la posibilidad de acceder y/o mantenerse en el llamado sistema educativo; una sociedad que, forma jóvenes que no logran recrear en sus mentes o corazones, la posibilidad real de obtener un titulo técnico, tecnológico o universitario que, les brinde las condiciones para acceder a un mejor nivel de vida y gozar plenamente de sus derechos, debe plantearse con la profundidad que se requiere y la responsabilidad necesaria, romper esos círculos de violencias y generar condiciones para que las y los jóvenes, se dispongan a ser constructores de un mejor país.

 

Más allá de la iniciativa del Gobierno del Cambio, lo real es que, el reto de acabar con las violencias, que hacen imposible alcanzar los niveles de desarrollo sostenible adecuados y necesarios, para que todas y todos, en campos y ciudades, podamos gozar plenamente de derechos y vivir en un ambiente de convivencia, respeto y democracia, debe ser asumido por todos los gobiernos departamentales y municipales, por todas las entidades del Estado, por todos los sectores sociales y económicos, en especial, por quienes han tenido el privilegio de vivir o alcanzar una vida sin restricciones, exclusiones o violencias.

Construir la paz, no solo puede entenderse como el silenciamiento de las armas y su destrucción, sino que, esta debe ser el resultado de una serie de acciones y programas que se pongan como retos, a corto, mediano y largo plazo, eliminar o disminuir las causas estructurales que hace o motivan que, los y las jóvenes se vinculen o sean reclutados por los ejércitos regulares e irregulares, y seguramente caigan asesinados en cualquier esquina o vereda. Seguramente, si no estuviéramos sufriendo las consecuencias de las violencias estructurales, de la corrupción y el narcotráfico, no nos veríamos abocados a implementar este tipo de programas, que en otras situaciones, menos injustas e inequitativas, pueden ser catalogados como contraproducentes para el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

Colombia merece un futuro mejor, y esto exige desplegar la mas generosa creatividad que haga posible romper con las lógicas de la guerra y la ilegalidad. Esa es la bondad que encierra un programa como Jóvenes en Paz, que por supuesto, no puede verse como una única estrategia, sino como un complemento necesario y obligatorio, que le devuelva o haga emerger de los corazones y las mentes de las y los jóvenes en riesgo o vinculados a los actores armados, la esperanza de una nueva vida.

Es apenas lógico que, algunos gobernantes regionales, criados bajo el cuidado de clanes que amasaron fortunas producto de la ilegalidad, se opongan a este tipo de programas. Retoños de las mafias, nuevos jefes de clanes, usurpadores de la representatividad popular y étnica, influenciadores espurios que posan de congresistas, herederos del totalitarismo, defensores a ultransa de tesis militaristas fracasadas, se resisten a que las y los jóvenes de las barriadas, las y los jóvenes de los pueblos étnicos, pescadores y pescadoras, campesinos y campesinas, mineros y mineras artesanales, albañiles o trabajadoras del hogar, rompan con el papel de miseria y esclavitud que se les ha impuesto. Temen, con justificada razón, que este tipo de programas sean exitosos, y hagan surgir un inmenso contingente de mujeres y hombres, capaces de transformar pacíficamente las condiciones que los mantienen bajo la influencia fatal de la violencia.

A buena hora, el presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez, decidieron acelerar la implementación de este programa, cumpliendo la palabra empeñada en la campaña electoral y definidas en el Plan Nacional de Desarrollo; ojalá, todas y todos los gobernantes municipales y departamentales que se posesionarán a partir de enero de 2024, implementen programas como este, y complementen el compromiso nacional por hacer posible la Paz Total e Integral. Necesitamos que esta iniciativa se convierta en política de Estado, hasta superar o por lo menos disminuir a niveles menos dolorosos, las violencias de todo tipo.

Para poder alcanzar un sociedad que pueda dirimir o transformar pacíficamente sus conflictos, que haga realidad la reforma rural, que haga los cambios necesarios para perfeccionar su democracia y le de oportunidades reales a la juventud, se requiere implementar programas que privilegien la inversión social, el acceso popular a los derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda y por supuesto la alimentación; ganarle la partida a las mafias de la corrupción y el narcotráfico, a los grupos armados ilegales, requerirá de nuevas generaciones, que desde los territorios y la marginalidad urbana, hagan posible el desarrollo, la justicia y la equidad.

Programas como Jóvenes en Paz, Jóvenes en Acción, Gestores de Convivencia, complementarios al derecho a la educación y al trabajo con dignidad, serán parte fundamental para la resocialización de jóvenes atrapados y victimizados por las mafias y los grupos armados, que se enriquecen con sus almas y sus vidas, o que alimentan sus estructuras armadas. Programas que generarán las condiciones para que, una vez los frutos de los diálogos socio-jurídicos que se adelantan con las bandas criminales urbanas y rurales, los diálogos políticos con las guerrillas den los resultados esperados y la sociedad pacte un gran Acuerdo Nacional, las nuevas generaciones puedan construir un país en paz, democrático, justo y feliz. La nueva juventud, alimenta las juntanzas creadoras de paz y harán posible la felicidad, para vivir sabroso.

Luis Emil Sanabria D

 

Se silencian los fusiles, se escuchan los pensamientos

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Con los pies en la tierra, Opinión.

Este pasado tres de agosto, se convirtió en una fecha especial para la vida y para la construcción de un país del tamaño de nuestros sueños. Un país en paz, en donde sus habitantes podamos dirimir nuestras diferencias acudiendo a la palabra, al acuerdo o a la democracia. En esta fecha se instalaron y se iniciaron dos componentes importantes del proceso de diálogo que se adelanta entre el Gobierno nacional y las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional – ELN.

Uno de estos acuerdos preliminares, tantas veces exigido por el pueblo afectado directamente por la confrontación, es el llamado Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal, que durante los próximos 180 días, silenciará los fusiles de la confrontación, que por casi 60 años, mantiene el Estado y estas guerrillas; y de otro lado, se instaló el Comité Nacional de Participación- CNP, instancia que convocó a 30 sectores de la sociedad con 81 delegados y delegadas, para que diseñe de forma participativa, durante los próximos seis meses, la metodología de participación social que convocará la voluntad de las colombianas y colombianos, que quieren construir paz y lograr un gran pacto nacional, que señale el camino de la equidad, la justicia social y el desarrollo.

 

En el recinto de La Carpa de Corferias, en pleno Corazón de Bogotá, con la presencia de cientos de personas, provenientes de todos los rincones del país y de múltiples organizaciones, se dieron cita las delegaciones de diálogo del Gobierno Nacional y del ELN; cada una de estas personas, haciendo alarde, con justa razón, de la importancia de lo que hasta la fecha se ha acordado. Y es que, con esa guerrilla, nunca antes se habían llegado a firmar acuerdos tan importantes, que hacen prever que el camino que se retomó en diciembre del año pasado, dando continuidad a lo alcanzado en el gobierno del expresidente Juan M Santos, y que estuvo cargado de incertidumbres y desconfianzas, empieza a mostrar resultados concretos, que la sociedad debería, disponerse a rodear sin vacilaciones.

Se silencian los fusiles, se escuchan los pensamientos, la palabra crece y el diálogo construye soluciones, amores y afectos. La palabra se toma el conflicto político, social, económico y armado, los cañones se enfrían y las balas abandonan los proveedores, para que el entendimiento, la deliberación y la vida ocupen el lugar en la sociedad, del que nunca debieron ser desalojados.

Habló el presidente Gustavo Petro, reafirmando como Presidente de la República, Jefe de Estado y firmante del acuerdo de paz de 1990 con el M-19, su voluntad de paz y la decisión gubernamental de continuar avanzando por ese camino, habló el comandante Pablo Beltrán, del ELN, ratificando el discurso rebelde, pero cargado de frases esperanzadoras sobre el futuro de paz, también se dirigió al país el jefe negociador del gobierno, el también firmante de paz del M-19, Otty Patiño, con su tono pausado y profundo señaló la importancia de los acuerdos y los avances del proceso, hablaron Monseñor Héctor Fabio Henao, en representación de la iglesia Católica y Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, ambos en calidad de garantes del proceso.

Los hombres que, en otrora, han sido los protagonistas absolutos de los discursos, tuvieron que cederles la palabra a las mujeres, no tantas como quisiéramos; la comandanta Consuelo Tapias del ELN, muy de civil y ostentando sus raíces afrodescendientes ratificó el compromiso eleno de avanzar hacia la paz, lo mismo desde la orilla del gobierno hizo otra mujer afrodescendiente, la delegada Nigeria Rentería, y en representación del CNP y del Comité Nacional de Paz, la palabra fue regalada por Yolanda Perea, lideresa afrodescendiente, víctima del conflicto armado. Nos hablaron las mujeres, nos hablaron desde el corazón de las dadoras de vida, defendiendo la vida. Nos ratificaron que la paz es posible, que el amor es posible y que las diferencias se pueden solucionar pacíficamente, si nos disponemos a escuchar al otro y a la otra, no para imponer nuestras ideas, sino para construir juntanzas creadoras de paz.

Pero más allá de la reseña de los y las protagonistas de tarima y sus discursos, lo más importante de este especial evento, fue el entusiasmo que cientos de personas desplegaron en el recinto. Se mezclaron las palabras, los gritos, los olores y los abrazos de ministros y ministras, exministros y exministras, ex negociadores de paz, militares, policías, guerrilleros y guerrilleras, exguerrilleros, académicos, comunales, sindicalistas, exiliadas, jóvenes, gais, lesbianas, mayoras y mayores de los pueblos étnicos, guardias indígenas, campesinas y cimarronas, autoridades  y representantes de diversas confesiones religiosas, periodistas, artistas, campesinas y campesinos, edfensores de Derechos Humanos, empresarios, y en general, constructoras y constructores de paz.

Con ese torrente importante de amantes de la paz y la felicidad, de defensoras y defensores de la vida, se le entregó a las y los delegados del Comité Nacional de Paz, la inaplazable tarea de construir un mecanismo de participación social para la paz y de cautivar a la mayor cantidad de colombianos y colombianas, para que entre todos y todas, en todas las ciudades y veredas, en los barrios y universidades, en las oficinas y los estadios, se le de una nueva oportunidad a la paz, a las transformaciones pacíficas de las causas que originan y retroalimentan el conflicto, a la palabra empeñada, al acuerdo cumplido, a la verdad y la reconciliación.

Vienen seis meses de cese al fuego, que posibilitarán al mismo tiempo, la realización de consultas, reuniones, encuentros territoriales y sectoriales, pedagogías y documentos. Meses de deliberaciones y acuerdos, hasta poder entregar al país, un documento con una metodología lo suficientemente consensuada, amplia, generosa, innovadora y transformadora, una propuesta lo suficientemente responsable, que nos enamore de la esperanza y mantenga por el sendero del cambio. Será a partir de marzo del 2024, que se empezará a aplicar este mecanismo, pero desde este mismo momento, todas las organizaciones, instituciones, y la ciudadanía debe aprestarse a realizar encuentros, a fortalecer sus coordinaciones territoriales, regionales y subregionales, a movilizarse y desatar la mas amplia iniciativa por la paz.

 

Luis Emil Sanabria D.

El cambio, la paz y la reconciliación serán con más y mejor democracia

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

El pasado sábado 29 de julio, se cerraron las inscripciones de candidatas y candidatos a las Alcaldías y Gobernaciones, a las Juntas Administradoras Locales-JAL, a los Concejos Municipales y a las Asambleas de Diputados departamentales, en momentos en que, el país se sacude con vientos de cambio y se propone superar definitivamente el conflicto armado.

No será fácil para el pueblo elegir la mejor propuesta y evitar la tentación, en medio de las ofertas corruptas de los clanes mafiosos que, nuevamente aspiran convertir el erario público en un botín que alimenta las arcas privadas de familias y castas. Tarea difícil para un electorado poco informado o con escasa cultura política, diferenciar y elegir la mejor propuesta que les beneficie individual y colectivamente, en medio de amenazas, fuego cruzado, hambre, miseria, exclusión, manipulación, o constreñimiento.

 

Estas inscripciones electorales y lo que se percibe van a ser las campañas, dejan claro varios problemas de nuestra democracia que han estado al centro de los acuerdos de paz y de las exigencias populares, que deberían ser solucionados; me refiero específicamente, a la necesidad de construir concertadamente, la más profunda reforma política, electoral y administrativa que ayude a erradicar los vicios que han afectado la democracia representativa, potenciar la democracia directa y deliberativa, y avanzar hacia la tantas veces aplazada descentralización.

Se les olvida a las clases dirigentes de todas las ideologías, con algunas pocas excepciones, que el surgimiento y la retroalimentan del conflicto armado interno y las múltiples violencias estructurales que nos afectan, guardan relación estrecha con la exclusión en la toma de decisiones, de aquellas corrientes políticas y sociales que han cuestionado el establecimiento, a su modelo económico y al tipo de democracia que hemos desarrollado, y que para esta exclusión, las corrientes políticas dominantes han utilizado la violencia estatal y para estatal, y la negación de espacios de comunicación y deliberación. Se olvidan, que fenómenos como el estallido social de hace pocos años, guarda relación directa, con la evidente exclusión de las mayorías populares, en la toma de decisiones.

No podemos pretender que el país cambie y que avance hacia la paz, el desarrollo sostenible, la equidad, la superación de la impunidad y la justicia social, si cada dos años, dependiendo de los cargos que estén en juego, repetimos fenómenos como el nepotismo, la compra y venta de votos, el constreñimiento, la falta de propuestas o programas elaborados en cada partido, la débil participación de las mujeres y la población LGBTIQ+, el ingreso de recursos ilegales o la superación de los topes económicos de campañas. ¿Para cuándo el voto electrónico y la modernización en el conteo?

Es necesario y urgente una reforma política y electoral que haga posible la modernización de los partidos, con mecanismos internos democráticos y participativos sólidos y exigentes. Partidos que deben desarrollar una plataforma política e ideológica clara, que no estén al vaivén de los intereses de camarillas nacionales, departamentales o municipales. Colectividades que reconozcan la importancia de las militancias en la toma de decisiones. Se requiere de partidos fuertes que puedan constituir frentes políticos, claramente definidos y comprometidos con sus militantes. Partidos y frentes que elijan democráticamente a sus candidatos o candidatas, y que una vez electos, actúen como bancadas en cada corporación.

No podemos pretender que la reconciliación sea posible, si las decisiones trascendentales que afectan el presente y el futuro de las comunidades, se siguen tomando en los clubes sociales, en las cantinas o en sitios de veraneo; Colombia reclama hoy, una reforma política que haga posible que la soberanía repose exclusivamente en pueblo, tal y como se dispone en el artículo 3° de la constitución y que esta ciudadanía informada y estructurada, la ejerza de forma directa. Debemos avanzar hacia modelos deliberativos asamblearios territoriales, en donde el constituyente primario, mediante metodologías incluyentes construyan y decidan los planes, programas y proyectos que harán posible el desarrollo sostenible territorial. ¿Para cuándo la planeación participativa a 20 o más años? ¿para cuándo la armonización de los Planes de Desarrollo con los Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial?

En todos los llamados Consejos, sean estos de Juventud, de Paz, Medio Ambientales, etc., con pequeñas excepciones en cada uno de ellos, al pueblo solo le corresponde “aconsejar”, porque finalmente, son los llamados representantes (alcaldes, gobernadores, concejales y diputados), quienes en conclusión deciden. Se ha fragmentado la voluntad popular, para manipular o solo para refrendar, alguna decisión tomada de forma centralizada. La democracia que el país requiere, tendrá que reconocer el poder de decisión, la potestad vinculante de la ciudadanía, no a voluntad de uno u otro gobernante progresista o demócrata, sino como política de Estado. No basta solo, con la llamada rendición pública de cuentas, hay que gobernar con y para el pueblo.

Toda esta gran reforma quedaría inconclusa, sino se avanza hacia la descentralización administrativa y política tendiente a fortalecer los municipios, los departamentos y las regiones, con autonomía y coordinación nación-territorio. Que los y las gobernantes de los entes territoriales, las JAL, los Concejos, y las Asambleas, con congresistas que se elijan para representar verdaderamente a los territorios y con capacidad de asumir el proyecto de nación, acompañados de una verdadera participación y control ciudadano, tengan la posibilidad de administrar y cuidar sus recursos económicos y naturales, de definir las rutas del desarrollo y de avanzar hacia el goce pleno de los derechos de sus habitantes.

Nos enorgullecemos de nuestras comunidades indígenas y afrodescendientes, de su cultura, de la música, la gastronomía o la danza, pero la dirigencia política y económica, se asusta cuando los pueblos étnicos exigen soberanía sobre su territorio, sobre sus mares, ríos, y quebradas, su aire, suelo y su subsuelo, sobre las llamadas riquezas mineras o energéticas, sobre los bosques y selvas. Se asustan cuando exigen gobierno y justicia propia, rescate de la cultura ancestral, defensa de las lenguas y tradiciones. ¿Para cuándo el gobierno propio? ¿para cuándo el derecho sobre sus territorios que ahora llamamos baldíos? ¿para cuándo el derecho a recorrer, como pueblos nómadas y seminómadas, el territorio que milenariamente les pertenece?

Finalmente, y aunque todavía estemos inmersos en una democracia con tantas dificultades, el camino será siempre la democracia. Hay que desatar mucha pedagogía electoral que haga posible la elección de personas honestas, capaces, transparentes, comprometidas con la paz y las transformaciones. De la ciudadanía también depende que los cambios se den y que los territorios sean bien gobernados.

 

Luis Emil Sanabria D.

Inmenso es el desafío de construir paz

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Con los pies en la tierra, Opinión.

¿Será qué en esta oportunidad si se logra un acuerdo de paz con el ELN?, esta es una de las preguntas que rondan muchas de las reuniones que alrededor de la paz se realizan por estos días, tanto en los espacios de debate académico como en los escenarios sociales y políticos; y no es para menos, ya que, solucionar el conflicto armado, en el que esta guerrilla es protagonista, toma carácter de urgencia. Responder positivamente esta pregunta, no será posible si, como lo exigen algunos liderazgos políticos, lo que se pretendiera fuera solo la desmovilización, la dejación de armas y la reincorporación de esta insurgencia, como si el futuro de la superación de los ciclos de violencias, dependiera únicamente de la voluntad que expresen y demuestren los grupos alzados en armas.

Sin embargo, si asumimos, como hasta ahora se ha planteado, tanto por el gobierno como por los elenos, que este nuevo intento de lograr un acuerdo de paz, pasa por la búsqueda de transformaciones a las causas estructurales que originan esa violencia política y las demás violencias, seguramente la respuesta puede ser bastante optimista. Y es que los pasos hasta ahora dados en la mesa de diálogo con el ELN, son bastante promisorios, pues se deja ver en las declaraciones y acuerdos, que se piensa en ponerle fin, no solo al conflicto que en este caso les compete, sino que, a partir de estos acuerdos, se pueda aportar a la construcción de la paz integral y total, y a la superación de todas de las violencias, tanto políticas, como económicas y sociales.

 

Algunas voces se han levantado exigiendo, una supuesta mayor operatividad de la fuerza pública frente al ELN, mayores precisiones, definición de etapas, tiempos exactos y resultados tangibles de la mesa de diálogo, como si se tratara de aplicar una receta, seguramente ya fracasada. Por primera vez, un gobierno asume la complejidad de abordar múltiples escenarios de diálogo con diversos actores armados, políticos y no políticos, sacar adelante un Plan Nacional de Desarrollo que pretende superar las brechas de pobreza y exclusión, poniendo al centro la defensa de la vida, transformar las políticas antidrogas colocando el énfasis en la persecución a los narcotraficantes y al lavado de activos, y sacar adelante la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma agraria, entre otras y de las cuáles es imposible prescindir.

Lo que vemos con claridad, y en este caso es necesario darles los créditos a las delegaciones tanto del Gobierno Nacional como del ELN, es que los acuerdos hasta ahora alcanzados indican que, lo que se busca es llegar a lo que podemos considerar, un punto de no retorno, no solo con el proceso de paz que involucra a esta guerrilla, sino en general, con toda la complejidad del conflicto armado, sus múltiples protagonistas, sus causas estructurales y sus reiterativas consecuencias. No de otra forma, se puede entender la simultaneidad de acuerdos, la disposición a su pronta implementación y la generación de rutas poco ortodoxas, para alcanzar la paz, la justicia social, y la equidad, a través de lo que puede ser un novedoso mecanismo de participación ciudadana que haga posible el compromiso de la sociedad y sus diversos sectores, en lograr pactos y acuerdos, tanto regionales como nacionales, y que adicionalmente entregue luces, para lo que puede ser una reforma política profunda, que ponga al centro el poder y la soberanía popular.

En solo siete meses, esta mesa de diálogo ha dado a conocer varios acuerdos que pudiéramos llamar de alistamiento, que marcan el camino de la profundidad de los pactos que se pretenden lograr, y la responsabilidad conjunta, con la cual, se establecieron las condiciones que deben generarse, para llegar a estos. El primero, es el llamado Acuerdo de México, que sirve de marco conceptual conjunto y que define los alcances de lo que se pretende abordar, tanto en las formas y metodologías, como en los ejes de la agenda temática. Sin demeritar otros acuerdos que se han dado, hay que resaltar el acuerdo No. 9, por la entrega que hace de elementos novedosos para el abordaje de esta manifestación del conflicto armado; este acuerdo central, que hace referencia al proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz, crea un figura muy importante para la elaboración participativa de la metodología que convocará luego a la sociedad a participar en la creación de acuerdos, denominada Comité Nacional de Participación-CNP, que a su vez ya cuenta con su reglamento operativo y su plan de trabajo, y que será instalado el próximo 3 de agosto.

Así mismo, es necesario resaltar que, este ejercicio de participación no será posible, si la mesa de diálogo no hubiera logrado prontamente otro acuerdo importante, como es, el Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal, el cual cuenta con acuerdos sobre mecanismo de monitoreo, verificación y sus protocolos complementarios, y que entrará en vigor el 3 de agosto, a la par del CNP. Es decir, estos dos acuerdos son interdependientes y se robustecerán en la medida en que entren a funcionar y las confianzas de la sociedad se fortalezcan. Los acuerdos y protocolos hacen precisiones necesarias, sin embargo, estas precisiones generan nuevos retos cargados de incertidumbres, que son propios de los abordajes participativos y complejos, los cuales se deben asumir con profundo respeto y sin muchos temores.

Los comandantes del ELN deberán garantizar que todos los frentes y sus combatientes, respetarán el cese al fuego, y tomar los correctivos necesarios para prevenir o solucionar posibles comportamientos, eventos o enfrentamientos con la Fuerza Pública que comprometan su continuidad, incluido por supuesto el acatamiento al Derecho Internacional Humanitario, en especial el respeto a la población civil; por otro lado, la Fuerza Pública, que deberá hacer los propio en relación con sus mandos a todos los niveles, y los soldados y policías, también le corresponderá profundizar su compromiso con la paz y la superación de posibles conductas que los señalan como aliados de grupos herederos del paramilitarismo y garantizar, junto con otros instrumentos, como la Unidad Nacional de Protección, la vida de líderes y lideresas sociales, gremiales y políticos de todos los sectores, para su permanencia en el territorio.

El reto del Comité Nacional de Participación, en sus seis meses de funcionamiento, será igualmente grande; deberá diseñar participativamente, mediante una serie de reuniones periódicas, encuentros territoriales, sectoriales e instrumentos virtuales, la forma de participación de la sociedad en el proceso, es decir, el cómo, quiénes, cuándo y dónde se va a participar, para construir colectivamente una agenda de transformaciones que hagan posible la paz, que sea el eje fundamental para lograr un Gran Acuerdo Nacional para la superación del conflicto político, social, económico y armado. Inmenso es el desafío de construir paz, como inmenso es el conflicto armado.

Este mecanismo o metodología de participación, que debe comenzar a implementarse desde marzo de 2024 y que llegará hasta mayo de 2025, debe ser lo suficientemente incluyente, para que ningún sector social, político o económico se sienta excluido, debe responder a la urgencia de las soluciones que exige la sociedad tradicionalmente excluida y a las transformaciones estructurales por años represadas, debe ser tan mesurado como sea posible para no crear falsas expectativas y tan ambicioso como sea necesario, para que la sociedad recupere la confianza en la posibilidad real de construir una nueva sociedad capaz de vivir en paz.

Paralelamente, se deberá incentivar que la sociedad en general se movilice en respaldo del proceso, que construya propuestas y las presente, que se haga sentir cuando considere necesario, que sea artífice y veedora del proceso y que participe en la implementación de los acuerdos tempranos que se logren. No será fácil, no será imposible, para la paz hay que creer que podemos, y hacer viable la juntanza creadora que nace y se recrea en cada territorio y en cada colombiana y colombiano.

Luis Emil Sanabria D.

El Sur de Bolívar, Magdalena Medio, Depresión Momposina y Las Lobas, construyendo caminos de paz

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Con los pies en la tierra, Opinión.

Para quienes tuvimos la oportunidad de participar en el encuentro «Juntanza por la Defensa de la Vida, el Medio Ambiente y el Territorio, con el espíritu de construir la Paz», convocado por la Mesa por la Paz del Sur de Bolívar, el pasado 7 y 8 de julio en el municipio de Arenal, que concitó la presencia de más de 400 personas de diversas organizaciones sociales del territorio, provenientes de  las regiones de Sur de Bolívar, Magdalena Medio, Depresión Momposina y proceso Las Lobas, este evento se reconoce como en un hecho histórico para la paz, la convivencia y el desarrollo social y popular.

Esta zona del país, quizá de las más ricas que existen, por su diversidad cultural, étnica y ambiental, reconocida por la capacidad de sus habitantes para producir alimentos, por su tradición pesquera, ganadera y minera, sigue siendo, a pesar de estar situada en el corazón geográfico de Colombia, una de las más excluidas del país. Los altos índices de pobreza y desnutrición, no se compadecen con su gran potencial productivo. La explotación aurífera ligada a técnicas extractivas altamente contaminantes, y los fungicidas y pesticidas utilizados en las grandes extensiones de cultivos de Palma, ha dejado a gran parte de la población sin acceso, por ejemplo, a la dieta proteínica derivada de la pesca, pues las quebradas y ciénagas, son depósitos de productos dañinos para el ser humano y la vida en general, que afectan la reproducción de peces y la calidad de sus carnes. Según estudios de la Corporación Autónoma Regional de Sur de Bolívar – CSB, municipios como San Martín de Loba, Barranco de Loba y Altos del Rosario presentan 200% por encima de la línea roja de contaminación, en sus tierras productivas y ciénegas.

 

Para llegar a Arenal desde el municipio cesarense de Gamarra, se debe sortear una serie de obstáculos. Sin vías carreteables adecuadas, hay que atravesar el Río Magdalena y su brazo Morales, embarcados en planchones de acero deteriorados y con pocas medidas de seguridad, sin ninguna infraestructura portuaria; este municipio no cuenta con agua apta para el consumo humano, con infraestructura educativa adecuada y programas técnicos, tecnológicos y menos de profesionalización, no dispone de una red pública hospitalaria suficiente y de calidad, o con programas de vivienda que dignifiquen la vida, entre otras condiciones que se repiten en todos los municipios de la región.

Lo que pudiera ser una de las regiones más prosperas y sostenibles, con un gran potencial turístico, es en definitiva una muestra de la decidía, la corrupción y el modelo económico. Gran reto para el Gobierno del Cambio y para toda la sociedad colombiana, es superar esta grave situación, si queremos avanzar hacia la Paz Integral, la justicia social y la equidad; lo que seguramente requerirá que, en las próximas elecciones, sus habitantes, profundamente manipulados por la corrupción y el clientelismo, logren tomar las mejores decisiones y elegir el camino de las transformaciones para la paz.

No en vano, un importante grupo de ciudadanas y ciudadanos, vienen promoviendo el nuevo departamento “Sur Caribe”, que tiene la potencialidad de convertirse en un ente administrativo que recoja y organice la región alrededor del Río Magdalena y el gran potencial hídrico, agrícola, pesquero y minero que posee, una entidad capaz de reconocer la diversidad y autonomía étnica y cultural, de poner al centro de la gobernanza y la gobernabilidad, la participación ciudadana con poder de decisión para la planeación y la presupuestación de su desarrollo, evitando desde la soberanía popular caer en manos de los clanes políticos regionales. Los habitantes de Sur de Bolívar deben cruzar cuatro departamentos para llegar a Cartagena, su actual capital.

A pesar de las adversidades generadas por la caída de un fuerte aguacero, que hizo muy difícil el tránsito desde las veredas, del deficiente servicio de energía eléctrica que se cortaba cada cierto tiempo, dejándonos sin amplificación de sonido e internet, de la presencia de los grupos armados que como el E.L.N. instaló propaganda alusiva a su actividad política, las y los líderes entregaron con mucho entusiasmo sus ideas que, servirán de guía para participar en los diversos escenarios de paz que se están abriendo.

Entre muchos elementos positivos a resaltar, además de la fraternidad y el esfuerzo de los anfitriones (Alcaldía, Mesa por la Paz, restaurantes y hoteles tradicionales e improvisados), por brindar las mejores condiciones logísticas, pues se esperaba la participación de aproximadamente 160 personas, pero el entusiasmo por la paz y el cambio, motivó que se duplicara la asistencia, se debe reconocer que los funcionarios del gobierno nacional invitados, asumieron el papel colaborativo y respetuoso, propio de quienes están comprometidos con hacer posible el Plan Nacional de Desarrollo y escuchar las voces de las gentes que claman atención.

Bajo la premisa de la unidad para construir paz, que busque desde las organizaciones sociales y populares, soluciones efectivas a las problemáticas locales y nacionales, y bajo el inclemente sol, esté ejercicio que, recupera las dinámicas y reivindicaciones propias de cada sector social, señaló el sendero, para hacer posible la coordinación de todas las organizaciones, recobrando las confianzas, reconociendo la importancia y la historia de cada proceso, y proponiendo soluciones a los múltiples problemas territoriales. Nuevamente la voz del pueblo construyó mandatos que, deben ser acogidos y fortalecidos por las organizaciones, sus líderes y lideresas, pero también por los gobiernos municipales, departamentales y nacional que deben garantizar la vida y la permanencia en el territorio.

Gran reto para las organizaciones dinamizadoras de procesos locales, como REDEPAZ, FUCUDE, la Mesa Nacional de Interlocución Social para la Paz-MENISP, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la Corporación Sembrar, La Red Nacional Campesina, pero en especial para las organizaciones de la región que participaron activamente, como la Federación Agrominera del Sur de Bolívar- FEDEAGROMISBOL, la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamoco, la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado-ASORVIN, la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y Cesar, la Mesa Departamental de Víctimas de Bolívar, los Consejos Comunitarios de la región de Guamoco, los proceso Sociales de la región de Las Lobas, y la Mesa de Paz Sur de Bolívar, entre otras, y para las organizaciones que por múltiples razones no pudieron asistir.

Será necesario continuar el camino, elaborar una hoja de ruta que involucre a las organizaciones locales y nacionales y a las instituciones, para que este esfuerzo comience a dar los frutos esperados. La unidad es el camino más expedito para tejer la paz con mano ciudadana, por eso no se deben escatimar esfuerzos para seguir fortaleciendo escenarios territoriales de paz, para promover la acción social coordinada y no desfallecer ante las adversidades que pretenden impedir avanzar hacia la paz nacional, total e integral, que haga posible la vida con dignidad de todas y todos.

 

Luis Emil Sanabria D.

Clamor y compromiso campesino para una sociedad en paz

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Nuevamente, Bogotá fue escenario de uno de los más importantes eventos encaminados a consolidar la paz integral. Más de 120 delegadas y delegados de aproximadamente 60 organizaciones campesinas territoriales y nacionales, provenientes de todos los rincones del país, se encontraron durante tres días para, desde la sabiduría popular y cultural del campo, formular propuestas para alimentar la vida, el amor y la solidaridad, como parte del proceso social, hacia una Reforma Agraria y Rural Integral y Popular.

El debate fraterno, profundo y constructivo, se apoderó de la palabra dulce y la tradición cultural, y mezcló la diversidad de dialectos y gestos que representan la riqueza cultural y política de este importante sector social. El sombrero vueltiao se combinó con la ruana boyacense, las manos endurecidas de llaneras y llaneros, se hicieron suaves para saludar a paisas y opitas, el rio Catatumbo abrazó al Atrato, el Cauca se juntó con el Putumayo, y la madre tierra hizo valer su poder y energía para construir propuestas y generar confianzas.

 

Fueron varias las temáticas abordadas que dieron cuenta del compromiso que se tiene, no solo en la producción de los alimentos que llegan a las mesas de millones de colombianos y colombianas diariamente, o que son exportados, sino también, para aportar a la unidad del sector, la reconciliación nacional, la democracia y la justicia social.

Quién más que las campesinas y campesinos, que resisten y persisten desde los territorios, en la defensa de la vida y el medio ambiente, que sufren el rigor de las violencias estructurales, políticas y sociales, tienen la autoridad para exigir el cese al fuego bilateral, que se convierta en multilateral y excluya a la población civil de cualquier tipo de violencia armada. Ellas y ellos, que diariamente sufren el dolor de ver morir en combate a sus seres queridos, que lloran el reclutamiento de sus hijos e hijas por parte de las Fuerzas Armadas, las Guerrillas, las bandas criminales y los herederos del paramilitarismo, que caen gravemente heridos o muertos en los campos minados, son hoy ejemplo de lucha por la paz y de compromiso por el cambio.

Mujeres y hombres, que además de sufrir el rigor de la guerra, padecen la exclusión y el empobrecimiento, producto de años de políticas inequitativas que, como lo propone el gobierno del cambio, deben ser transformadas. Comunidades marginalizadas sin acceso adecuado y pertinente a una educación publica de calidad, sin el derecho a la salud y la vivienda, sin acceso a las tecnologías de la información, como el internet, sin vías adecuadas para el transporte de sus productos y de materias primas, y menos aún sin programas de comercialización justas, recuperan la esperanza en un presente y un futuro mejor.

De allí, la importancia de avanzar en el cumplimiento de los acuerdos de paz pactados con las extintas FARC-EP en el 2016, y los acuerdos con las organizaciones sociales y campesinas, firmados por anteriores gobiernos, y que fueron incumplidos. Por eso, el campesinado organizado, con autonomía e independencia y con un profundo compromiso movilizador, se aferra al programa de gobierno propuesto por el Pacto Histórico. Con el lenguaje propio de quienes, sin adornos y sin hipocresías, expresan sus exigencias, la convención campesina hizo un llamado vehemente a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, fundamentalmente en lo correspondiente al capítulo de la Reforma Agraria, Integral y Popular.

Estas exigencias, que no son sinónimo de oposición, sino aportes a las transformaciones políticas, económicas y sociales, requieren la pronta instalación de la Comisión Mixta Nacional de Asuntos Campesinos, instancia de interlocución, concertación y negociación entre el Gobierno Nacional y el movimiento campesino, para construir una gobernabilidad de la mano del poder popular, en donde las y los campesinos son un sector fundamental. Sin el campesinado colombiano, será muy difícil avanzar en la construcción de la paz integral, por eso la convención, valoró profundamente y aceptó la invitación a hacer parte del Comité Nacional de Participación, instancia convocada por la mesa de diálogo Gobierno Nacional-ELN.

Luego de siete intentos fallidos en el Congreso de la República, en donde los partidos tradicionales fueron fuertes saboteadores, se resaltó, como un logro de la lucha decidida del campesinado en alianza con congresistas campesinos y el gobierno del cambio, la aprobación del acto legislativo que reforma el artículo 64 de la Constitución Política, y que incorpora al “Campesinado como sujeto de derechos de especial protección”; este artículo aunque insuficiente, por cuanto no incorpora los derechos políticos, significa un gran salto en las conquistas sociales, que abre la puerta a más y mejores condiciones de vida. A buena hora, se reconoce al campesinado y su inigualable aporte a al desarrollo y la soberanía, saldando una deuda histórica, que nunca debió acumularse.

La ciudadanía, especialmente de las grandes ciudades, deberá respaldar y acompañar, el clamor y compromiso del campesinado por una sociedad en paz, con justicia social y vida con dignidad. El Estado debe garantizar la vida y la permanencia en los territorios de líderes y lideresas y de las organizaciones.

 Colombia cuenta hoy, con un acumulado social y político en el campesinado que, puede ser el motor de las transformaciones económicas para modernizar el país, con sentido solidario, soberano y democrático capaz de garantizar la alimentación de toda Colombia, y el ingreso de recursos a partir de las exportaciones, si se brindan las herramientas tecnológicas y económicas adecuadas, y se generan espacios de participación con poder de decisión para la planeación territorial.

 

Luis Emil Sanabria D.

Una acción integral, para salir de los círculos de violencias

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Las organizaciones sociales y comunitarias, siguen explorando múltiples maneras para desarrollar de forma coordinada, iniciativas culturales, sociales y políticas, que hagan posible crear acuerdos para la superación de las causas que originan las violencias y las graves consecuencias políticas, económicas y sociales que estas siguen generando. Diversas expresiones sociales en ciudades como Medellín, Bogotá o Cali avanzan, hasta donde las condiciones lo permiten, en la generación de procesos cuyo reto fundamental es la convocatoria amplia, motivada e informada de todos los sectores de la sociedad, a participar en la construcción de la paz integral.

Sin embargo, estas acciones que, deberían concitar el más amplio interés ciudadano, no logran generar el entusiasmo y compromiso requerido, que haga posible detener y revertir fenómenos delincuenciales graves y avanzar hacia una sociedad lo suficientemente desarrollada, que permita gozar plenamente de los derechos humanos. Colombia sigue siendo uno de los países más inequitativos del mundo, con los mayores índices de corrupción y de pobreza, un país que reporta anualmente una de las tasas de homicidios más altas, cercana a los 27 asesinatos por cada 100.000 habitantes, un Estado que tolera y sufre en su territorio el genocidio sobre los migrantes que caminan por el llamado tapón del Darién, una sociedad que justifica el uso de armas por parte de civiles y le abre paso a la privatización de la seguridad, ante la incapacidad del Estado de garantizar el derecho a la vida, y un país que reporta tener la mayor cantidad de estructuras y mercados criminales del continente.

 

¿Por qué un gran porcentaje de miembros de la sociedad, no se siente convocada a participar en la búsqueda de soluciones a estas graves problemáticas? ¿qué hace que la mayoría de los habitantes de las grandes ciudades prefieran mantener una actitud pasiva, y en ocasiones, activa, frente a las violencias? Pudiéramos buscar las respuestas en la cultura del todo vale, que se apoderó de la vida cotidiana de millones de compatriotas, en la llamada cultura “traqueta” adquirida desde la fuerte influencia del narcotráfico, o de la tradicional forma de solucionar a sangre y fuego los conflictos cotidianos y políticos que se naturalizó en sesenta años de conflicto armado interno; pero, ninguno de estos marcos conceptuales y vivenciales, servirían para respaldar por completo, unas posibles hipótesis que nos sirvan para caracterizar debidamente, esta forma de actuar de grandes capas de la sociedad, que es señalada como indolente o inconsecuente.

Asimismo se puede establecer que, este grave comportamiento tiene su origen, como en algunas ocasiones se ha manifestado, en el hecho de que a la sociedad no se le ha dotado, por parte del Estado y de los gobiernos, tanto territoriales como nacionales, de herramientas pedagógicas y metodológicas que hagan posible que se desarrolle una sociedad, capaz de transformar sus problemas y conflictos pacíficamente, y poder romper con el miedo y la indiferencia; o también, como dicen en la calles, ante la incapacidad de los gobiernos y el Estado de proteger la vida de líderes y lideresas, y garantizar las actividades de las organizaciones, el miedo se apodera de la gente y es mejor, “no buscar problemas”.

Podríamos pensar además que, la falta de compromiso o la pasividad de la sociedad, que le impide tener un rol más activo en la construcción de la paz, es el resultado de doscientos años de aplicación imperfecta, del modelo occidental de democracia, y que lo que hay que hacer es desarrollar a profundidad la llamada democracia liberal y regular la economía de mercado, adobado todo, como es debido, con la descentralización y/o la federalización, para posiblemente avanzar hacia un país de regiones; o promover, como también se ha propuesto en otras ocasiones, el justo equilibrio entre la democracia representativa, bajo una reforma política que le devuelva a las regiones y a los electores el control político sobre el elegido, y la democracia directa, debidamente fortalecida, que haga posible el sueño represado de muchos sectores de izquierda, de avanzar e instalar la soberanía popular y el poder vinculante y decisorio del pueblo, como lo señala el Artículo 3º de la Constitución, para desarrollar a plenitud la llamada democracia participativa.

De otro lado, y esto parece inadmisible, corresponde en estos tiempos plantearlo y al llamado Gobierno del Cambio hacerlo, continuar desafiando el modelo global capitalista, retomar y desarrollar las utopías expuestas en tesis económicas y políticas que privilegian la igualdad social, y empezar a rociar con amor eficaz, el espejismo de vida feliz y la invisible línea arribista que venden exitosamente desde los metarrelatos generados por los monopolios de las comunicaciones y algunas academias, y el enrejado que rodea las mansiones, edificios y conjuntos residenciales exclusivos, creados para proteger a sectores sociales privilegiados, separándolos de los millones de excluidos y empobrecidos, como si estos últimos tuvieran una grave enfermedad viral, al estilo de las películas de zombis o muertos vivientes, con los cuáles se debe mantener distancia, y contra quienes, lo legítimo es organizar brigadas de “limpieza social”, o en el mejor de los casos, mirar para otro lado, por temor a contagiarse de pobreza y de violencia.

La tantas veces repetida fabula del “perro y el reflejo”, unida a las habituales historias, que han hecho creer que esta es la sociedad más feliz del mundo,  o la más “viva”, y los cuentos prefabricados de que la sociedad nacional y mundial ha llegado a la cima de la armonía y que este es el fin de la historia, no permite a la sociedad colombiana, soñar con la posibilidad real de cambio, y esta se aferra a la moraleja que le hace creer que es mejor conformarse con lo que hay, no soltar el hueso, antes que luchar por un mejor país. Una acción integral, que involucre todas las hipótesis señaladas y otras que seguramente se plantean desde distintos sectores políticos y académicos, sería lo más adecuado, si lo que se quiere realmente es salir de los círculos de violencias.

La paz demanda desatar una ambiciosa acción pedagógica y comunicativa, acompañada de garantías reales a la vida y a las organizaciones, capaz de generar una alta dosis de unidad, presión política y movilización pacífica, de quienes han soportado el dolor de las violencias, de los empobrecidos y esclavos contemporáneos, que les haga perder el miedo al cambio y los enamore de la solidaridad, la equidad y la justicia social; este sueño de paz, deberá también, convocar una fuerte dosis de amplitud y desobediencia de quienes, aunque temen perder sus privilegios y aun prefieren, a manera de los asistentes al circo romano, seguir presenciando el espectáculo de la muerte, son imprescindibles para crear; y lo más difícil, convencer con argumentos y lograr generar cierto grado de inteligencia y bondad, en quienes han impuesto las políticas económicas ligadas al modelo global dominante, para evitar que den el paso final que nos lance al abismo donde habita el irreversible fracaso.

Luis Emil Sanabria D.

Vamos por más y por mejores condiciones de vida

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Las comunidades de Arauca se levantan nuevamente para reclamar atención a sus reivindicaciones, el pueblo del Catatumbo reclama respuestas contundentes a sus demandas, congresistas que obedecen más a los intereses privados que a sus electores, hacen fracasar el trámite debatido de las reformas, la oposición marcha para enfrentar al Gobierno del Cambio, e indígenas ocupan ilegalmente haciendas en el Cauca para reclamar el dominio ancestral sobre el territorio, mientras, a pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional, continúan los asesinatos de líderes y lideresas sociales.

Este es parte del panorama de una sociedad que coincide, consciente o inconscientemente, en el llamado urgente de perfeccionar la democracia y adecuarla a los tiempos de la tecnología. Una nueva democracia, basada en la Constitución Política Nacional, que sirva para transformar pacíficamente los conflictos sociales, políticos y económicos, y superar los dogmas que nos separan e impiden transitar hacia una mejor sociedad.

 

No en vano, los acuerdos de paz de la década de los años 80 del siglo pasado, giraron alrededor de lo que se llamó la Apertura Democrática y Participación Ciudadana para la toma de decisiones trascendentales, acudiendo a la receta de la soberanía popular.  Ese esfuerzo de paz con algunos de los grupos insurgentes de la época, desembocó en una de las mayores expresiones democráticas a que acude la sociedad cuando está en crisis, una Asamblea Nacional Constituyente; sin embargo, como se ha dicho en repetidas ocasiones, el contrato social de 1991, no logró en su aplicación, concitar la voluntad de todos los sectores sociales, en especial, de aquellos acostumbrados a ejercer sobre las y los excluidos, el poder de la representatividad y de la economía, y de algunos sectores políticos que fortalecieron las propuestas armadas, para imponer un modelo social alejado del Estado Social de Derecho.

El sueño de una democracia más participativa, tanto en lo económico, como en lo social y lo político, se fue desvaneciendo en los pasillos del congreso, en las sedes clandestinas y en los clubes sociales. Hoy nuevamente, el tema de la participación social, que no es otra cosa que recurrir al uso de canales democráticos para transformar el Conflicto Armado Interno, se pone al orden de día, sean estos canales reconocidos como parte del andamiaje del régimen o que emerjan de los procesos sociales. En todas las mesas de acercamiento y de diálogo con los Grupos Armados No Estatales, aparece de forma recurrente el tema de la participación de la sociedad.

Desde la mesa de diálogo con el ELN, se convocó y se está estructurando, con sus debidos reglamentos, el llamado Comité Nacional de Participación- CNP, y se avanza en la declaratoria de un cese bilateral al fuego de carácter temporal. Ambos acuerdos deberán coincidir en su implementación, si queremos ampliar los alcances de los mismos y avanzar rápidamente hacia el punto de no retorno, lo que involucra, aunque parezca difícil de lograr y algunos recurran a los mensajes mal intencionados, discutir y acordar mecanismos que hagan posible, mientras se logra la firma de un acuerdo definitivo que ponga fin a la confrontación armada, que los grupos armados no sigan recurriendo a la extorsión, la amenaza, la voladura de oleoductos y el secuestro para hacerse de recursos y destinarlos a financiar la sostenibilidad de la tropa.

La sociedad no puede ser inferior al reto que se está iniciando. Hay que rodear el proceso de paz, independientemente de las incertidumbres que genera, y una vez se abran los espacios de diálogo social que el CNP deberá diseñar en los próximos meses, participar, deliberar, proponer, concertar y decidir; no se tratará, solo de poner en práctica un mecanismo de participación, que logre generar acuerdos sociales para transformar las causas estructurales y las consecuencias que originan y retroalimentan el conflicto armado, se trata también de, aprovechar una oportunidad novedosa, para hacer posible que el poder de decisión del pueblo, tome las riendas de los acuerdos que se pactarán en las mesas de diálogo, y que este nuevo escenario, marque el camino para hacer efectiva la voluntad popular en la construcción de su futuro y de su presente.

Estaremos el próximo año estrenando gobiernos municipales y departamentales, pero también, tenemos el inmenso reto de implementar la metodología que proponga el CNP y que definirá la mesa de diálogo con el ELN, para convertir estos mecanismos participativos, en una fórmula amplia y ambiciosa que, debería ser asumida, teniendo en cuenta las realidades urbanas y territoriales, por las demás mesas de diálogo que se adelanten con las otras guerrillas y grupos armados; se trataría, no solo de reconocer la importancia del mecanismo que se logre diseñar en el escenario con los Elenos, sino fundamentalmente, de demostrar por parte de todas las demás estructuras armadas, guerrilleras o no, el compromiso que asumirán para la construcción de paz,  de tal forma que la sociedad y sus organizaciones sientan que, todos y todas estamos trabajando del mismo lado para salir definitivamente de tantos años de violencia y de pobreza.

Lo que se avecina es una gran laboratorio de participación y democracia, que servirá para asumir la complejidad de la transformación del conflicto armado interno, pero que marcará desde la praxis, como todo experimento, el camino de las reformas políticas que harán posible que la democracia representativa se actualice en beneficio del poder y control ciudadano, y que la democracia directa ocupe el lugar que le corresponde, fundamentalmente en la elaboración de planes de desarrollo prospectivos que, involucren proyectos y estrategias acordadas por todos los sectores sociales, y por supuesto, incluya el poder de decisión popular en la definición de los presupuestos que se requieren, haciendo a su vez posible, el sueño de la descentralización política y administrativa, los mismo que el gobierno propio y la autodeterminación de los pueblos étnicos.

Vamos por más y por mejores condiciones de vida, y para eso tendremos que recurrir a las experiencias populares, algunas de ellas exitosas, y que fueron perseguidas y destruidas por quienes creen más en el llamado Estado de Opinión, que en el Estado Social de Derecho. Recuperar o potenciar procesos de soberanía popular y ciudadana, como las Asambleas Municipales y Departamentales Constituyentes por la Paz, las Asambleas Populares y Territoriales de Paz, los Cabildos Ciudadanos con poder de decisión, los Consejos Comunitarios o el Gobierno propio de los pueblos étnicos, y tantas otras experiencias que pretendieron o luchan por hacer posible el sueño de la territorialidad de paz. En el saber de la gente está la semilla de la democracia participativa, la reorganización administrativa y la descentralización, que harán posible la paz territorial y nacional.

Las organizaciones sociales seguramente continuarán fortaleciendo desde el progresismo, los mecanismos de coordinación y acción para la paz, la justicia social y la equidad, los gremios económicos deberán abocarse a construir propuestas que hagan posible un mayor nivel de productividad y un menor nivel en la violación de los derechos laborales, y los partidos deberán reflexionar la reforma política, pensando más en la gente, que en perpetuarse en el poder y mantener los vicios crónicos de la democracia colombiana, ligados a la corrupción y el clientelismo. Todas y todos deberíamos pensar en cómo salir del narcotráfico y de las economías ilegales a las que este nos llevó, cómo superar la cultura de la violencia y el todo vale, en especial contra las mujeres, la población LGBTIQ+, los niños y las niñas, cómo vivir armónicamente en las ciudades y veredas, y cómo pactar el cese de las violencias contra la naturaleza que ponen en riesgo la sobrevivencia de la especie humana.

Luis Emil Sanabria D.

Creatividad, bondad y compromiso para la Paz

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Es muy natural que, algunos de los ya reconocidos sectores que se oponen a cualquier intento de construir caminos de paz para salir de, por lo menos, sesenta años de violencias políticas, ahora se rasguen las vestiduras en contra de las propuestas que, para construir paz integral, se exploran desde el alto gobierno y los grupos armados no estatales. Como si Colombia viviera en un paraíso que hay que proteger y la muerte violenta no paseara por los campos y ciudades arrebatándole a las gentes la posibilidad de un presente y un futuro mejor, los áulicos de la violencia se niegan a cualquier propuesta que acerque la posibilidad de paz.

Vociferan, gritan, patalean, amenazan con impedir cualquier solución que no sea el bombardeo y la confrontación armada, intentan debilitar toda propuesta audaz, ridiculizándolas con sus editoriales, espectáculos mediáticos y comentarios mañosos, y omitiendo el amplio respaldo que las comunidades están brindando a los espacios de diálogo y conversaciones que, aunque con dificultades y desaciertos, se abren paso, recuperando y señalando rutas de solución política, negociada y pacífica a las violencias estructurales y armadas.

 

No se equivoquen nuevamente señoras y señores de la oposición inteligente. No se dejen aconsejar del sesgo ideológico, la mezquindad y el egoísmo; en Colombia, además de la expresión electoral que votó mayoritariamente a favor de la construcción de la paz integral y total, se están tejiendo energías, pensamientos, actuares y quereres populares. Es la Juntanza creativa, que desde los territorios está comprometida con las transformaciones de las causas que generan violencias. Basta con visitar y conversar con las comunidades en las zonas y ciudades más afectadas por el conflicto armado y el olvido, para sentir y comprobar el inmenso esfuerzo que las y los empobrecidos hacen a diario, para persistir en la construcción de paz y reconciliación.

Ejemplo de ello es, la decisión de los y las jóvenes negras de la costa pacífica que participan y fortalecen las Guardias Cimarronas y los Consejos Comunitarios para la defensa de los territorios, el rescate de la cultura, la defensa de las tradiciones, y el gobierno y la justicia propias; o el compromiso que demuestran, las gentes de las comunas de Medellín, que salen al encuentro de la Gira Territorial por la Paz, organizada por múltiples expresiones sociales que trabajan por la paz urbana y la paz nacional; o las mujeres campesinas y comunales del bajo cauca antioqueño que, resisten a la confrontación violenta y a los estragos ambientales de la minería del oro, cultivando yuca, plátano y ají, criando cerdos, gallinas, peces o manteniendo apiarios cuyo producto les ayuda a mejorar sus ingresos. Mujeres comprometidas con sacar adelante sus sueños, sus hijos y sus comunidades.

No hay que dejarse deslumbrar por las altanerías de quienes sienten que, así como perdieron la gobernabilidad nacional, van a perder gran parte de la gobernabilidad territorial. No hay que dejarse provocar de quienes se rehúsan a abandonar prácticas corruptas, mafiosas, violentas y embusteras para mantenerse en el poder. La tarea hoy es, fortalecer los procesos sociales regionales, subregionales y nacionales que han perdurado en su lucha pacífica, generar nuevos espacios de encuentro democráticos e incluyentes, respaldar las reformas propuestas para el cambio, concertar con quienes tienen pensamientos diferentes pero que creen en la paz y la necesidad de transformaciones profundas y preparase para participar coordinadamente y con propuestas consensuadas, en los escenarios que se abren paso desde las mesas de conversaciones con los grupos armados.

El presente y el futuro nos convocan a desatar la mayor creatividad posible, por eso, no hay que temer a las propuestas novedosas que buscan la paz. No hay que resistirse a romper esquemas tradicionales de negociación que, aunque muy importantes, no han sido suficientes para superar definitivamente los círculos de violencia que tanto daño nos hacen. La paz transformadora que hará emerger de nuestros corazones y cerebros, la justicia social y la reconciliación, requiere explorar caminos diferentes, instalar niveles variados de encuentro y construcción colectiva, que hagan posible la urgente tarea de desescalar la confrontación, para ahuyentar el miedo, el terror y la muerte.

Las guerrillas, las bandas criminales y los llamados grupos armados herederos de estructuras del paramilitarismo, también deberán hacer lo propio. El compromiso escrito se refrenda con el compromiso práctico. No se puede desconocer la importancia de las declaraciones de paz, y hay que dar pasos definitivos para robustecer el llamado Cese al Fuego Bilateral; pero también, se necesita instalar toda clase de mecanismos que conduzcan a ponerle fin de una vez por todas, a los ataques sistemáticos contra la población civil.

No es posible avanzar con la profundidad, la confianza y la rapidez que se requiere, si se continúan asesinando indígenas, afrodescendientes, comunales, sindicalistas, ambientalistas, hombres y mujeres que trabajan por la paz y los derechos humanos. No será posible convocar a toda la sociedad, si el secuestro o la extorsión no se suspenden, si se sigue reclutando niños, niñas y adolecentes, si se siguen instalando o manteniendo fronteras imaginarias que aterrorizan a las comunidades en las ciudades, si los pueblos siguen confinados, o si las lideresas y líderes políticos no pueden expresar sus ideas.

El Gobierno Nacional podrá avanzar, con el apoyo de la comunidad internacional, en la búsqueda de recursos para crear un ambiente propicio para la paz y la participación, desescalar el conflicto, prevenir los secuestros o la extorsión, progresar en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, e incluso garantizar la manutención de los combatientes mientras se firman los acuerdos definitivos de paz; también, las organizaciones sociales podrán continuar con sus procesos de coordinación, construcción de acuerdos y consensos territoriales y nacionales; pero, estas ingentes labores que ponen en riesgo el acumulado político de los partidos de gobierno y mantiene en la zozobra a las organizaciones, no tendrán los resultados esperados, si los grupos armados no estatales, no muestran un mayor compromiso en la construcción de paz.

Es el momento de preparar y realizar más y mejores acciones colectivas, es el tiempo de la unidad de todos los sectores de la sociedad que queremos salir de las que parecieran ser, interminables trampas violentas, y demostrar la más desbordante creatividad, la más amplia bondad política y social, y el más resistente compromiso con la paz integral y total.

Luis Emil Sanabria D.

Retejer aquellos lazos rotos por el desafecto y la violencia

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Casi seis décadas de la llamada guerra popular prolongada y de la combinación de todas las formas de lucha, y muchas más décadas de violencias estructurales ligadas a la violación o negación para las grandes mayorías de los derechos fundamentales y a conflictos políticos no resueltos, han alimentado el odio, la venganza y la falta de comprensión sobre el significado de la Paz y la nueva cultura que alrededor de esta se debe construir.

Vivimos una democracia representativa que, a pesar del sueño plasmado en la Constitución Política Nacional de 1991, mantiene en su núcleo fundamental graves enfermedades como el clientelismo, la compra y venta de votos, el nepotismo, la violencia y la falta de democracia interna de los partidos políticos. Vicios crónicos que impiden mostrar a las nuevas generaciones, caminos límpidos que prevengan el uso de la violencia armada como expresión política o social, que los lleve a alcanzar y gozar de derechos legítimos y a comprometerse con los deberes ciudadanos. Nuestra débil República padece de conflictos orgánicos aun no resueltos relacionados, por ejemplo, con las disyuntivas de seguir manteniendo un régimen centralista o avanzar hacia la federalización; o seguir exaltando la longevidad de una democracia imperfecta, que no ha logrado incluir con generosidad la democracia directa como parte fundamental de la democracia participativa.

 

Estas contradicciones que impiden la estabilización social y política deben ser asumidas a profundidad, para lograr realizar los cambios políticos y administrativos que le entreguen al constituyente primario su poder de decisión, haciendo de la participación un ejercicio vinculante, de la mano de una gran estrategia comunicativa, de sensibilización y pedagogía para instalar una cultura de paz y reconciliación. De allí la importancia de que en los diálogos sociales nacionales y regionales entre organizaciones sociales, gremios y partidos políticos, que se deben desatar a propósito y en relación con los diálogos de paz que se adelantan con los actores armados no estatales, el tema de la profundización de la democracia participativa y la descentralización política y administrativa, deben ocupar el lugar privilegiado que le corresponde.

No en vano tanto en los diálogos de la década de los 80 y 90 del siglo pasado, en los acuerdos de paz de este siglo con las FARC-Ep, y en los nuevos diálogos con el ELN y las llamadas disidencias de las FARC, este tema sigue apareciendo como protagonista. Desafortunadamente, a pesar de lo pactado en el acuerdo de paz con las FARC-Ep en relación con el Punto 2, que pretendió modernizar y fortalecer la democracia a través de mecanismos y medidas que garanticen la participación política de sectores históricamente subrepresentados y que pretendía reformas estructurales para garantizar la participación ciudadana, la reforma política-electoral, la planeación participativa y democrática, y el fortalecimiento de capacidades institucionales, este tema ha sido abandonado por la sociedad, los gobiernos que les ha correspondido la implementación del acuerdo de paz y por todas las dirigencias de excombatientes reincorporadas a la vida política.

Esta profunda problemática que padece Colombia frente a la democracia y la administración del Estado, debe abordarse sin temores, para disponernos con más decisión a construir la Paz Integral y Total. No obstante, esta tarea inaplazable que debe concitar todas las voluntades, demanda de otro componente a desarrollar que ha sido consecuencia y que a su vez retroalimenta la conflictividad violenta, y es el reto de diseñar y avanzar en programas y estrategias que hagan posible la instalación de una cultura de paz.

Esta tarea, también aplazada o esquivada, requiere realizar ingentes esfuerzos desde el alto gobierno, pero también supone esfuerzos no menos grandes de las y los mandatarios locales, (gobernadores/as y alcaldes/as). A la par que se adelantan diálogos con grupos armados, y se potencian y multiplican escenarios cotidianos para el encuentro con el otro y la otra desde las diferencias políticas y sociales, y desde las diversas formas de ver y entender el crecimiento económico y el desarrollo, que nos permitan establecer lazos de confianza, se deberían desatar programas ambiciosos que nos ayuden a construir una cultura de paz, convivencia y reconciliación, que coloque al centro los derechos humanos, el derecho a la vida y el reconocimiento de las diferencias.  

Colombia se encuentra atravesando en un momento de cambios fundamentales que hacen irreversible la decisión ciudadana de avanzar hacia la Paz Integral y Total. A pesar del triunfo a favor de la paz, la sociedad colombiana que ha sido polarizada en relación con este anhelo mayoritario, sigue dividida de forma más o menos equilibrada, lo que hace necesario insistir en el desarrollo de acciones que nos permitan despertar la emoción y la solidaridad en el alma de la gente y continuar con mayor decisión por la ruta que conduzca a borrar la violencia de la cotidianidad social, económica y política, y generar escenarios de reencuentro, reconciliación y armonía. Desarmar las manos promoviendo jornadas de desarme ciudadano, pero también desarmar los corazones, para darle cabida a la generosidad, el perdón y el amor entre los seres humanos y de estos con la naturaleza, tan duramente golpeada por el conflicto armado y el modelo económico.

Hoy se juntan las energías cósmicas, la voluntad de la madre tierra, los corazones de los dioses, para hacer posible la armonización de la vida, y es allí donde una estrategia nacional con una alta dosis de sensibilidad, se convierten en puente para retejer aquellos lazos rotos por el desafecto y la violencia vividos durante tantos años. Motiva mucho que, desde el Ministerio de Cultura se esté pensando en aportar a la construcción de una cultura de paz, apoyados en las organizaciones artística y culturales regionales, populares, étnicas, sociales, reconociendo las experiencias populares, las fortalezas organizativas regionales, apoyados en los medios de comunicación comunitarios y sus formas organizativas, tanto regionales como nacionales, con su propia idiosincrasia y sus propios saberes.

Todas y todos los enamorados de la paz debemos aportar a la creación de una generosa pero consistente operación permanente nacional, que involucre pedagogías, acciones de sensibilización y propuestas comunicativas para la paz, en donde interactúen los diferentes sentires, las diferentes vivencias, las diferentes regiones, las diferentes tecnologías, de tal forma que se desate un ambiente social y cultural que logre el respaldo de toda la ciudadanía a los esfuerzos y procesos encaminados a la construcción de La Paz Integral, para alcanzar ese punto de no retorno, de no repetición, ese nunca más las violencias como expresión política y de transformación social.

 

Luis Emil Sanabria D.

 

El espíritu de la paz integral recorre el país

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Mientras sectores políticos tradicionales coinciden con el fiscal general de la nación y la procuradora, en la elaboración de relatos para desprestigiar al gobierno del Presidente Gustavo Petro, y a su equipo de Senadores, Senadoras y Representantes a la Cámara, y de forma simultánea congresistas de oposición, obedeciendo a sus patrocinadores de campaña, en un escenario mediático que, con lágrimas y todo, ambienta y manipula la sensibilidad de la población que consume ingenuamente espectáculos y falsas verdades, se ausentan de los debates o se declaran impedidos para votar la reforma laboral o la reforma a la salud, otro importante grupo de colombianas y colombianos, continúan con sus esfuerzos de construcción de paz en medio de ataques a su vida, estigmatización y miedo que, el sonido de las balas y el olor de la muerte producen.

En el Oriente Antioqueño más de cien delegados y delegadas de los 23 municipios de esta subregión del departamento, se reunieron el 30 de mayo, en el salón El Tapial, del parque recreativo Comfama de Rionegro, convocados por PRODEPAZ, en alianza con diferentes organizaciones sociales y comunitarias, en la Tercera Asamblea General para reafirmar el Pacto por la Construcción de Paz Territorial. Con deliberaciones amplias y despojadas de sectarismos, con actos simbólicos que reafirmaron la necesidad de fortalecer los lazos de afectos y solidaridad con los miles de víctimas que el conflicto armado ha dejado en todos los poblados de la región, y con compromisos remozados, este encuentro reafirmó la responsabilidad de avanzar en diálogos regionales que aporten a la defensa de la vida, el cuidado del medio ambiente y la reconciliación.

 

El Primero de junio en Medellín, con la presencia de cerca de ciento cincuenta personas de toda el área Metropolitana, delegados de las expresiones barriales organizadas que defienden la vida, construyen paz y derechos humanos, se realizó el Encuentro de víctimas y organizaciones comunitarias por la protección de la vida y la paz urbana en el contexto de la paz total. Convocados por el Observatorio de Paz del Politécnico Colombiano Jaime Isaza, y un comité de impulso conformado por organizaciones sociales, contando con la presencia del Alto Comisionado para la Paz  y el Director de Investigaciones de la JEP, este evento tuvo como principal resultado el lanzamiento del manifiesto llamado Alianza Paz Antioquia, y sirvió de preámbulo a la instalación formal, el día 2 de junio, de la mesa de negociaciones con representantes de las principales bandas delincuenciales de la ciudad, buscando mediante el diálogo, ponerle fin a las confrontaciones violentas urbanas, construir un presente y un futuro mejor para cientos de miles de jóvenes y avanzar hacia el sometimiento a la justicia de los integrantes y jefes de estas expresiones armadas establecidas en el territorio.

En la zona del Catatumbo, bajo el liderazgo de las organizaciones sociales y comunitarias, se convocó una gran jornada por la paz, que inició el 1 de junio en la mayoría de municipios de la región, y congregó una concentración en la ciudad de Convención, para darle inicio a una caravana que, luego de seis horas de camino, arribó al municipio de Tibú, en donde, en una Asamblea por la Paz, cientos de catatumberas y Catatumberos reafirmaron la exigencia a los bandos confrontados, de avanzar hacia la paz, el cese el fuego y de hostilidades, el respeto al Derecho Internacional Humanitario – DIH, la instalación de la mesa de conversaciones con el Estado Mayor Central-FARC, el cese de amenazas y asesinatos a líderes sociales y políticos, entre otras sentidas peticiones. Lamentablemente, a pesar de haber sido invitados, ningún delegado de los gobiernos municipales o departamental, participaron en la jornada, y tampoco hizo presencia la Comisión de Paz del Congreso de la República o el ministerio público.

En Bogotá se reunió el 2 de junio, la Mesa Nacional de Interlocución Social para la Paz- MENISP. Delegados y delegadas de 35 organizaciones y plataformas nacionales, étnicas, campesinas, comunitarias, de población LGBTIQ+, juveniles, de mujeres, de población con discapacidad, defensoras de Derechos Humanos, constructoras de paz, comunales, sindicales, de comunicación popular, con importante presencia regional que conforman esta instancia de coordinación, reafirmaron la propuesta de implementar una ruta para la transformación política y negociada del conflicto armado, en donde el fortalecimiento organizativo, la promoción de diálogos regionales, la movilización y las comunicaciones para la paz ocupan, un lugar preponderante.

La MENIPS, se reafirma en el respaldo a las políticas de paz y transformaciones, que el Gobierno Nacional viene impulsando y hace un llamado a instalar con mayor celeridad las mesas de diálogo con todos los actores armados, al cese al fuego y de hostilidades bilateral y multilateral, y a construir conjuntamente mecanismos de participación efectiva, coordinada y vinculante de la sociedad civil en las mesas de diálogo, mediante el reconocimiento a los pactos de paz y reconciliación que se construyan, producto de los diálogos regionales y subregionales amplios que están promoviendo.

El espíritu de la paz total e integral, de la mano de las organizaciones sociales, está recorriendo el país y se abre camino, a pesar de los relatos adversos, de la oposición indolente, y en medio de la perversidad de los actos violentos. Este compromiso social, tan importante y sin el cual la paz no podrá avanzar, requiere de un mayor y decidido acompañamiento y respaldo de personas, instituciones de gobierno y Estado, partidos políticos, gremios económicos y confesiones religiosas.

Este compromiso social y popular, es un llamado contundente a unir las almas y las manos de quienes estamos convencidos de la paz como camino y como meta, de quienes promovemos los cambios estructurales que harán posible ahogar en democracia, justicia social y equidad, a las múltiples violencias que alimentan el conflicto armado interno, ese “monstruo grande” que solo se le derrotará, si a una sola voz, promovemos la construcción de un presente y un futuro con dignidad, seguros de que con la paz ganamos todos y todas.

Luis Emil Sanabria D.