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Jóvenes en paz, presente y futuro del país

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Ago 13, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

El anuncio del Gobierno Nacional de iniciar el programa Jóvenes en Paz, ha despertado en sectores políticos y sociales, las mas variadas reacciones adversas, como si la juventud colombiana víctima de exclusión social, estigmatización, violencias estructurales, políticas y armadas, no pudiera tener la más mínima oportunidad de romper los círculos de violencias y pobrezas, a los cuales ha sido sometida por las políticas impuestas por quienes, desde los privilegios económicos, culturales, sociales y políticos, han administrado los destinos de la nación.

Una sociedad profundamente fracturada, afectada por fenómenos delincuenciales tan poderosos como el narcotráfico y la corrupción que, interactúan y se retroalimentan regional y nacionalmente, haciendo uso de las más temibles prácticas mafiosas contra la vida, especialmente de jóvenes marginalizados, no permitirá el surgimiento de hombres y mujeres nuevas; una sociedad que niega a la juventud, esencialmente rural, la posibilidad de acceder y/o mantenerse en el llamado sistema educativo; una sociedad que, forma jóvenes que no logran recrear en sus mentes o corazones, la posibilidad real de obtener un titulo técnico, tecnológico o universitario que, les brinde las condiciones para acceder a un mejor nivel de vida y gozar plenamente de sus derechos, debe plantearse con la profundidad que se requiere y la responsabilidad necesaria, romper esos círculos de violencias y generar condiciones para que las y los jóvenes, se dispongan a ser constructores de un mejor país.

Más allá de la iniciativa del Gobierno del Cambio, lo real es que, el reto de acabar con las violencias, que hacen imposible alcanzar los niveles de desarrollo sostenible adecuados y necesarios, para que todas y todos, en campos y ciudades, podamos gozar plenamente de derechos y vivir en un ambiente de convivencia, respeto y democracia, debe ser asumido por todos los gobiernos departamentales y municipales, por todas las entidades del Estado, por todos los sectores sociales y económicos, en especial, por quienes han tenido el privilegio de vivir o alcanzar una vida sin restricciones, exclusiones o violencias.

Construir la paz, no solo puede entenderse como el silenciamiento de las armas y su destrucción, sino que, esta debe ser el resultado de una serie de acciones y programas que se pongan como retos, a corto, mediano y largo plazo, eliminar o disminuir las causas estructurales que hace o motivan que, los y las jóvenes se vinculen o sean reclutados por los ejércitos regulares e irregulares, y seguramente caigan asesinados en cualquier esquina o vereda. Seguramente, si no estuviéramos sufriendo las consecuencias de las violencias estructurales, de la corrupción y el narcotráfico, no nos veríamos abocados a implementar este tipo de programas, que en otras situaciones, menos injustas e inequitativas, pueden ser catalogados como contraproducentes para el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

Colombia merece un futuro mejor, y esto exige desplegar la mas generosa creatividad que haga posible romper con las lógicas de la guerra y la ilegalidad. Esa es la bondad que encierra un programa como Jóvenes en Paz, que por supuesto, no puede verse como una única estrategia, sino como un complemento necesario y obligatorio, que le devuelva o haga emerger de los corazones y las mentes de las y los jóvenes en riesgo o vinculados a los actores armados, la esperanza de una nueva vida.

Es apenas lógico que, algunos gobernantes regionales, criados bajo el cuidado de clanes que amasaron fortunas producto de la ilegalidad, se opongan a este tipo de programas. Retoños de las mafias, nuevos jefes de clanes, usurpadores de la representatividad popular y étnica, influenciadores espurios que posan de congresistas, herederos del totalitarismo, defensores a ultransa de tesis militaristas fracasadas, se resisten a que las y los jóvenes de las barriadas, las y los jóvenes de los pueblos étnicos, pescadores y pescadoras, campesinos y campesinas, mineros y mineras artesanales, albañiles o trabajadoras del hogar, rompan con el papel de miseria y esclavitud que se les ha impuesto. Temen, con justificada razón, que este tipo de programas sean exitosos, y hagan surgir un inmenso contingente de mujeres y hombres, capaces de transformar pacíficamente las condiciones que los mantienen bajo la influencia fatal de la violencia.

A buena hora, el presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez, decidieron acelerar la implementación de este programa, cumpliendo la palabra empeñada en la campaña electoral y definidas en el Plan Nacional de Desarrollo; ojalá, todas y todos los gobernantes municipales y departamentales que se posesionarán a partir de enero de 2024, implementen programas como este, y complementen el compromiso nacional por hacer posible la Paz Total e Integral. Necesitamos que esta iniciativa se convierta en política de Estado, hasta superar o por lo menos disminuir a niveles menos dolorosos, las violencias de todo tipo.

Para poder alcanzar un sociedad que pueda dirimir o transformar pacíficamente sus conflictos, que haga realidad la reforma rural, que haga los cambios necesarios para perfeccionar su democracia y le de oportunidades reales a la juventud, se requiere implementar programas que privilegien la inversión social, el acceso popular a los derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda y por supuesto la alimentación; ganarle la partida a las mafias de la corrupción y el narcotráfico, a los grupos armados ilegales, requerirá de nuevas generaciones, que desde los territorios y la marginalidad urbana, hagan posible el desarrollo, la justicia y la equidad.

Programas como Jóvenes en Paz, Jóvenes en Acción, Gestores de Convivencia, complementarios al derecho a la educación y al trabajo con dignidad, serán parte fundamental para la resocialización de jóvenes atrapados y victimizados por las mafias y los grupos armados, que se enriquecen con sus almas y sus vidas, o que alimentan sus estructuras armadas. Programas que generarán las condiciones para que, una vez los frutos de los diálogos socio-jurídicos que se adelantan con las bandas criminales urbanas y rurales, los diálogos políticos con las guerrillas den los resultados esperados y la sociedad pacte un gran Acuerdo Nacional, las nuevas generaciones puedan construir un país en paz, democrático, justo y feliz. La nueva juventud, alimenta las juntanzas creadoras de paz y harán posible la felicidad, para vivir sabroso.

Luis Emil Sanabria D

Se silencian los fusiles, se escuchan los pensamientos

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Ago 6, 2023. Publicado en Colombia, Con los pies en la tierra, Opinión.

Este pasado tres de agosto, se convirtió en una fecha especial para la vida y para la construcción de un país del tamaño de nuestros sueños. Un país en paz, en donde sus habitantes podamos dirimir nuestras diferencias acudiendo a la palabra, al acuerdo o a la democracia. En esta fecha se instalaron y se iniciaron dos componentes importantes del proceso de diálogo que se adelanta entre el Gobierno nacional y las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional – ELN.

Uno de estos acuerdos preliminares, tantas veces exigido por el pueblo afectado directamente por la confrontación, es el llamado Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal, que durante los próximos 180 días, silenciará los fusiles de la confrontación, que por casi 60 años, mantiene el Estado y estas guerrillas; y de otro lado, se instaló el Comité Nacional de Participación- CNP, instancia que convocó a 30 sectores de la sociedad con 81 delegados y delegadas, para que diseñe de forma participativa, durante los próximos seis meses, la metodología de participación social que convocará la voluntad de las colombianas y colombianos, que quieren construir paz y lograr un gran pacto nacional, que señale el camino de la equidad, la justicia social y el desarrollo.

En el recinto de La Carpa de Corferias, en pleno Corazón de Bogotá, con la presencia de cientos de personas, provenientes de todos los rincones del país y de múltiples organizaciones, se dieron cita las delegaciones de diálogo del Gobierno Nacional y del ELN; cada una de estas personas, haciendo alarde, con justa razón, de la importancia de lo que hasta la fecha se ha acordado. Y es que, con esa guerrilla, nunca antes se habían llegado a firmar acuerdos tan importantes, que hacen prever que el camino que se retomó en diciembre del año pasado, dando continuidad a lo alcanzado en el gobierno del expresidente Juan M Santos, y que estuvo cargado de incertidumbres y desconfianzas, empieza a mostrar resultados concretos, que la sociedad debería, disponerse a rodear sin vacilaciones.

Se silencian los fusiles, se escuchan los pensamientos, la palabra crece y el diálogo construye soluciones, amores y afectos. La palabra se toma el conflicto político, social, económico y armado, los cañones se enfrían y las balas abandonan los proveedores, para que el entendimiento, la deliberación y la vida ocupen el lugar en la sociedad, del que nunca debieron ser desalojados.

Habló el presidente Gustavo Petro, reafirmando como Presidente de la República, Jefe de Estado y firmante del acuerdo de paz de 1990 con el M-19, su voluntad de paz y la decisión gubernamental de continuar avanzando por ese camino, habló el comandante Pablo Beltrán, del ELN, ratificando el discurso rebelde, pero cargado de frases esperanzadoras sobre el futuro de paz, también se dirigió al país el jefe negociador del gobierno, el también firmante de paz del M-19, Otty Patiño, con su tono pausado y profundo señaló la importancia de los acuerdos y los avances del proceso, hablaron Monseñor Héctor Fabio Henao, en representación de la iglesia Católica y Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, ambos en calidad de garantes del proceso.

Los hombres que, en otrora, han sido los protagonistas absolutos de los discursos, tuvieron que cederles la palabra a las mujeres, no tantas como quisiéramos; la comandanta Consuelo Tapias del ELN, muy de civil y ostentando sus raíces afrodescendientes ratificó el compromiso eleno de avanzar hacia la paz, lo mismo desde la orilla del gobierno hizo otra mujer afrodescendiente, la delegada Nigeria Rentería, y en representación del CNP y del Comité Nacional de Paz, la palabra fue regalada por Yolanda Perea, lideresa afrodescendiente, víctima del conflicto armado. Nos hablaron las mujeres, nos hablaron desde el corazón de las dadoras de vida, defendiendo la vida. Nos ratificaron que la paz es posible, que el amor es posible y que las diferencias se pueden solucionar pacíficamente, si nos disponemos a escuchar al otro y a la otra, no para imponer nuestras ideas, sino para construir juntanzas creadoras de paz.

Pero más allá de la reseña de los y las protagonistas de tarima y sus discursos, lo más importante de este especial evento, fue el entusiasmo que cientos de personas desplegaron en el recinto. Se mezclaron las palabras, los gritos, los olores y los abrazos de ministros y ministras, exministros y exministras, ex negociadores de paz, militares, policías, guerrilleros y guerrilleras, exguerrilleros, académicos, comunales, sindicalistas, exiliadas, jóvenes, gais, lesbianas, mayoras y mayores de los pueblos étnicos, guardias indígenas, campesinas y cimarronas, autoridades y representantes de diversas confesiones religiosas, periodistas, artistas, campesinas y campesinos, edfensores de Derechos Humanos, empresarios, y en general, constructoras y constructores de paz.

Con ese torrente importante de amantes de la paz y la felicidad, de defensoras y defensores de la vida, se le entregó a las y los delegados del Comité Nacional de Paz, la inaplazable tarea de construir un mecanismo de participación social para la paz y de cautivar a la mayor cantidad de colombianos y colombianas, para que entre todos y todas, en todas las ciudades y veredas, en los barrios y universidades, en las oficinas y los estadios, se le de una nueva oportunidad a la paz, a las transformaciones pacíficas de las causas que originan y retroalimentan el conflicto, a la palabra empeñada, al acuerdo cumplido, a la verdad y la reconciliación.

Vienen seis meses de cese al fuego, que posibilitarán al mismo tiempo, la realización de consultas, reuniones, encuentros territoriales y sectoriales, pedagogías y documentos. Meses de deliberaciones y acuerdos, hasta poder entregar al país, un documento con una metodología lo suficientemente consensuada, amplia, generosa, innovadora y transformadora, una propuesta lo suficientemente responsable, que nos enamore de la esperanza y mantenga por el sendero del cambio. Será a partir de marzo del 2024, que se empezará a aplicar este mecanismo, pero desde este mismo momento, todas las organizaciones, instituciones, y la ciudadanía debe aprestarse a realizar encuentros, a fortalecer sus coordinaciones territoriales, regionales y subregionales, a movilizarse y desatar la mas amplia iniciativa por la paz.

Luis Emil Sanabria D.

El cambio, la paz y la reconciliación serán con más y mejor democracia

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jul 31, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

El pasado sábado 29 de julio, se cerraron las inscripciones de candidatas y candidatos a las Alcaldías y Gobernaciones, a las Juntas Administradoras Locales-JAL, a los Concejos Municipales y a las Asambleas de Diputados departamentales, en momentos en que, el país se sacude con vientos de cambio y se propone superar definitivamente el conflicto armado.

No será fácil para el pueblo elegir la mejor propuesta y evitar la tentación, en medio de las ofertas corruptas de los clanes mafiosos que, nuevamente aspiran convertir el erario público en un botín que alimenta las arcas privadas de familias y castas. Tarea difícil para un electorado poco informado o con escasa cultura política, diferenciar y elegir la mejor propuesta que les beneficie individual y colectivamente, en medio de amenazas, fuego cruzado, hambre, miseria, exclusión, manipulación, o constreñimiento.

Estas inscripciones electorales y lo que se percibe van a ser las campañas, dejan claro varios problemas de nuestra democracia que han estado al centro de los acuerdos de paz y de las exigencias populares, que deberían ser solucionados; me refiero específicamente, a la necesidad de construir concertadamente, la más profunda reforma política, electoral y administrativa que ayude a erradicar los vicios que han afectado la democracia representativa, potenciar la democracia directa y deliberativa, y avanzar hacia la tantas veces aplazada descentralización.

Se les olvida a las clases dirigentes de todas las ideologías, con algunas pocas excepciones, que el surgimiento y la retroalimentan del conflicto armado interno y las múltiples violencias estructurales que nos afectan, guardan relación estrecha con la exclusión en la toma de decisiones, de aquellas corrientes políticas y sociales que han cuestionado el establecimiento, a su modelo económico y al tipo de democracia que hemos desarrollado, y que para esta exclusión, las corrientes políticas dominantes han utilizado la violencia estatal y para estatal, y la negación de espacios de comunicación y deliberación. Se olvidan, que fenómenos como el estallido social de hace pocos años, guarda relación directa, con la evidente exclusión de las mayorías populares, en la toma de decisiones.

No podemos pretender que el país cambie y que avance hacia la paz, el desarrollo sostenible, la equidad, la superación de la impunidad y la justicia social, si cada dos años, dependiendo de los cargos que estén en juego, repetimos fenómenos como el nepotismo, la compra y venta de votos, el constreñimiento, la falta de propuestas o programas elaborados en cada partido, la débil participación de las mujeres y la población LGBTIQ+, el ingreso de recursos ilegales o la superación de los topes económicos de campañas. ¿Para cuándo el voto electrónico y la modernización en el conteo?

Es necesario y urgente una reforma política y electoral que haga posible la modernización de los partidos, con mecanismos internos democráticos y participativos sólidos y exigentes. Partidos que deben desarrollar una plataforma política e ideológica clara, que no estén al vaivén de los intereses de camarillas nacionales, departamentales o municipales. Colectividades que reconozcan la importancia de las militancias en la toma de decisiones. Se requiere de partidos fuertes que puedan constituir frentes políticos, claramente definidos y comprometidos con sus militantes. Partidos y frentes que elijan democráticamente a sus candidatos o candidatas, y que una vez electos, actúen como bancadas en cada corporación.

No podemos pretender que la reconciliación sea posible, si las decisiones trascendentales que afectan el presente y el futuro de las comunidades, se siguen tomando en los clubes sociales, en las cantinas o en sitios de veraneo; Colombia reclama hoy, una reforma política que haga posible que la soberanía repose exclusivamente en pueblo, tal y como se dispone en el artículo 3° de la constitución y que esta ciudadanía informada y estructurada, la ejerza de forma directa. Debemos avanzar hacia modelos deliberativos asamblearios territoriales, en donde el constituyente primario, mediante metodologías incluyentes construyan y decidan los planes, programas y proyectos que harán posible el desarrollo sostenible territorial. ¿Para cuándo la planeación participativa a 20 o más años? ¿para cuándo la armonización de los Planes de Desarrollo con los Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial?

En todos los llamados Consejos, sean estos de Juventud, de Paz, Medio Ambientales, etc., con pequeñas excepciones en cada uno de ellos, al pueblo solo le corresponde “aconsejar”, porque finalmente, son los llamados representantes (alcaldes, gobernadores, concejales y diputados), quienes en conclusión deciden. Se ha fragmentado la voluntad popular, para manipular o solo para refrendar, alguna decisión tomada de forma centralizada. La democracia que el país requiere, tendrá que reconocer el poder de decisión, la potestad vinculante de la ciudadanía, no a voluntad de uno u otro gobernante progresista o demócrata, sino como política de Estado. No basta solo, con la llamada rendición pública de cuentas, hay que gobernar con y para el pueblo.

Toda esta gran reforma quedaría inconclusa, sino se avanza hacia la descentralización administrativa y política tendiente a fortalecer los municipios, los departamentos y las regiones, con autonomía y coordinación nación-territorio. Que los y las gobernantes de los entes territoriales, las JAL, los Concejos, y las Asambleas, con congresistas que se elijan para representar verdaderamente a los territorios y con capacidad de asumir el proyecto de nación, acompañados de una verdadera participación y control ciudadano, tengan la posibilidad de administrar y cuidar sus recursos económicos y naturales, de definir las rutas del desarrollo y de avanzar hacia el goce pleno de los derechos de sus habitantes.

Nos enorgullecemos de nuestras comunidades indígenas y afrodescendientes, de su cultura, de la música, la gastronomía o la danza, pero la dirigencia política y económica, se asusta cuando los pueblos étnicos exigen soberanía sobre su territorio, sobre sus mares, ríos, y quebradas, su aire, suelo y su subsuelo, sobre las llamadas riquezas mineras o energéticas, sobre los bosques y selvas. Se asustan cuando exigen gobierno y justicia propia, rescate de la cultura ancestral, defensa de las lenguas y tradiciones. ¿Para cuándo el gobierno propio? ¿para cuándo el derecho sobre sus territorios que ahora llamamos baldíos? ¿para cuándo el derecho a recorrer, como pueblos nómadas y seminómadas, el territorio que milenariamente les pertenece?

Finalmente, y aunque todavía estemos inmersos en una democracia con tantas dificultades, el camino será siempre la democracia. Hay que desatar mucha pedagogía electoral que haga posible la elección de personas honestas, capaces, transparentes, comprometidas con la paz y las transformaciones. De la ciudadanía también depende que los cambios se den y que los territorios sean bien gobernados.

Luis Emil Sanabria D.

Inmenso es el desafío de construir paz

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jul 23, 2023. Publicado en Colombia, Con los pies en la tierra, Opinión.

¿Será qué en esta oportunidad si se logra un acuerdo de paz con el ELN?, esta es una de las preguntas que rondan muchas de las reuniones que alrededor de la paz se realizan por estos días, tanto en los espacios de debate académico como en los escenarios sociales y políticos; y no es para menos, ya que, solucionar el conflicto armado, en el que esta guerrilla es protagonista, toma carácter de urgencia. Responder positivamente esta pregunta, no será posible si, como lo exigen algunos liderazgos políticos, lo que se pretendiera fuera solo la desmovilización, la dejación de armas y la reincorporación de esta insurgencia, como si el futuro de la superación de los ciclos de violencias, dependiera únicamente de la voluntad que expresen y demuestren los grupos alzados en armas.

Sin embargo, si asumimos, como hasta ahora se ha planteado, tanto por el gobierno como por los elenos, que este nuevo intento de lograr un acuerdo de paz, pasa por la búsqueda de transformaciones a las causas estructurales que originan esa violencia política y las demás violencias, seguramente la respuesta puede ser bastante optimista. Y es que los pasos hasta ahora dados en la mesa de diálogo con el ELN, son bastante promisorios, pues se deja ver en las declaraciones y acuerdos, que se piensa en ponerle fin, no solo al conflicto que en este caso les compete, sino que, a partir de estos acuerdos, se pueda aportar a la construcción de la paz integral y total, y a la superación de todas de las violencias, tanto políticas, como económicas y sociales.

Algunas voces se han levantado exigiendo, una supuesta mayor operatividad de la fuerza pública frente al ELN, mayores precisiones, definición de etapas, tiempos exactos y resultados tangibles de la mesa de diálogo, como si se tratara de aplicar una receta, seguramente ya fracasada. Por primera vez, un gobierno asume la complejidad de abordar múltiples escenarios de diálogo con diversos actores armados, políticos y no políticos, sacar adelante un Plan Nacional de Desarrollo que pretende superar las brechas de pobreza y exclusión, poniendo al centro la defensa de la vida, transformar las políticas antidrogas colocando el énfasis en la persecución a los narcotraficantes y al lavado de activos, y sacar adelante la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma agraria, entre otras y de las cuáles es imposible prescindir.

Lo que vemos con claridad, y en este caso es necesario darles los créditos a las delegaciones tanto del Gobierno Nacional como del ELN, es que los acuerdos hasta ahora alcanzados indican que, lo que se busca es llegar a lo que podemos considerar, un punto de no retorno, no solo con el proceso de paz que involucra a esta guerrilla, sino en general, con toda la complejidad del conflicto armado, sus múltiples protagonistas, sus causas estructurales y sus reiterativas consecuencias. No de otra forma, se puede entender la simultaneidad de acuerdos, la disposición a su pronta implementación y la generación de rutas poco ortodoxas, para alcanzar la paz, la justicia social, y la equidad, a través de lo que puede ser un novedoso mecanismo de participación ciudadana que haga posible el compromiso de la sociedad y sus diversos sectores, en lograr pactos y acuerdos, tanto regionales como nacionales, y que adicionalmente entregue luces, para lo que puede ser una reforma política profunda, que ponga al centro el poder y la soberanía popular.

En solo siete meses, esta mesa de diálogo ha dado a conocer varios acuerdos que pudiéramos llamar de alistamiento, que marcan el camino de la profundidad de los pactos que se pretenden lograr, y la responsabilidad conjunta, con la cual, se establecieron las condiciones que deben generarse, para llegar a estos. El primero, es el llamado Acuerdo de México, que sirve de marco conceptual conjunto y que define los alcances de lo que se pretende abordar, tanto en las formas y metodologías, como en los ejes de la agenda temática. Sin demeritar otros acuerdos que se han dado, hay que resaltar el acuerdo No. 9, por la entrega que hace de elementos novedosos para el abordaje de esta manifestación del conflicto armado; este acuerdo central, que hace referencia al proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz, crea un figura muy importante para la elaboración participativa de la metodología que convocará luego a la sociedad a participar en la creación de acuerdos, denominada Comité Nacional de Participación-CNP, que a su vez ya cuenta con su reglamento operativo y su plan de trabajo, y que será instalado el próximo 3 de agosto.

Así mismo, es necesario resaltar que, este ejercicio de participación no será posible, si la mesa de diálogo no hubiera logrado prontamente otro acuerdo importante, como es, el Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal, el cual cuenta con acuerdos sobre mecanismo de monitoreo, verificación y sus protocolos complementarios, y que entrará en vigor el 3 de agosto, a la par del CNP. Es decir, estos dos acuerdos son interdependientes y se robustecerán en la medida en que entren a funcionar y las confianzas de la sociedad se fortalezcan. Los acuerdos y protocolos hacen precisiones necesarias, sin embargo, estas precisiones generan nuevos retos cargados de incertidumbres, que son propios de los abordajes participativos y complejos, los cuales se deben asumir con profundo respeto y sin muchos temores.

Los comandantes del ELN deberán garantizar que todos los frentes y sus combatientes, respetarán el cese al fuego, y tomar los correctivos necesarios para prevenir o solucionar posibles comportamientos, eventos o enfrentamientos con la Fuerza Pública que comprometan su continuidad, incluido por supuesto el acatamiento al Derecho Internacional Humanitario, en especial el respeto a la población civil; por otro lado, la Fuerza Pública, que deberá hacer los propio en relación con sus mandos a todos los niveles, y los soldados y policías, también le corresponderá profundizar su compromiso con la paz y la superación de posibles conductas que los señalan como aliados de grupos herederos del paramilitarismo y garantizar, junto con otros instrumentos, como la Unidad Nacional de Protección, la vida de líderes y lideresas sociales, gremiales y políticos de todos los sectores, para su permanencia en el territorio.

El reto del Comité Nacional de Participación, en sus seis meses de funcionamiento, será igualmente grande; deberá diseñar participativamente, mediante una serie de reuniones periódicas, encuentros territoriales, sectoriales e instrumentos virtuales, la forma de participación de la sociedad en el proceso, es decir, el cómo, quiénes, cuándo y dónde se va a participar, para construir colectivamente una agenda de transformaciones que hagan posible la paz, que sea el eje fundamental para lograr un Gran Acuerdo Nacional para la superación del conflicto político, social, económico y armado. Inmenso es el desafío de construir paz, como inmenso es el conflicto armado.

Este mecanismo o metodología de participación, que debe comenzar a implementarse desde marzo de 2024 y que llegará hasta mayo de 2025, debe ser lo suficientemente incluyente, para que ningún sector social, político o económico se sienta excluido, debe responder a la urgencia de las soluciones que exige la sociedad tradicionalmente excluida y a las transformaciones estructurales por años represadas, debe ser tan mesurado como sea posible para no crear falsas expectativas y tan ambicioso como sea necesario, para que la sociedad recupere la confianza en la posibilidad real de construir una nueva sociedad capaz de vivir en paz.

Paralelamente, se deberá incentivar que la sociedad en general se movilice en respaldo del proceso, que construya propuestas y las presente, que se haga sentir cuando considere necesario, que sea artífice y veedora del proceso y que participe en la implementación de los acuerdos tempranos que se logren. No será fácil, no será imposible, para la paz hay que creer que podemos, y hacer viable la juntanza creadora que nace y se recrea en cada territorio y en cada colombiana y colombiano.

Luis Emil Sanabria D.

El Sur de Bolívar, Magdalena Medio, Depresión Momposina y Las Lobas, construyendo caminos de paz

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jul 16, 2023. Publicado en Colombia, Con los pies en la tierra, Opinión.

Para quienes tuvimos la oportunidad de participar en el encuentro «Juntanza por la Defensa de la Vida, el Medio Ambiente y el Territorio, con el espíritu de construir la Paz», convocado por la Mesa por la Paz del Sur de Bolívar, el pasado 7 y 8 de julio en el municipio de Arenal, que concitó la presencia de más de 400 personas de diversas organizaciones sociales del territorio, provenientes de las regiones de Sur de Bolívar, Magdalena Medio, Depresión Momposina y proceso Las Lobas, este evento se reconoce como en un hecho histórico para la paz, la convivencia y el desarrollo social y popular.

Esta zona del país, quizá de las más ricas que existen, por su diversidad cultural, étnica y ambiental, reconocida por la capacidad de sus habitantes para producir alimentos, por su tradición pesquera, ganadera y minera, sigue siendo, a pesar de estar situada en el corazón geográfico de Colombia, una de las más excluidas del país. Los altos índices de pobreza y desnutrición, no se compadecen con su gran potencial productivo. La explotación aurífera ligada a técnicas extractivas altamente contaminantes, y los fungicidas y pesticidas utilizados en las grandes extensiones de cultivos de Palma, ha dejado a gran parte de la población sin acceso, por ejemplo, a la dieta proteínica derivada de la pesca, pues las quebradas y ciénagas, son depósitos de productos dañinos para el ser humano y la vida en general, que afectan la reproducción de peces y la calidad de sus carnes. Según estudios de la Corporación Autónoma Regional de Sur de Bolívar – CSB, municipios como San Martín de Loba, Barranco de Loba y Altos del Rosario presentan 200% por encima de la línea roja de contaminación, en sus tierras productivas y ciénegas.

Para llegar a Arenal desde el municipio cesarense de Gamarra, se debe sortear una serie de obstáculos. Sin vías carreteables adecuadas, hay que atravesar el Río Magdalena y su brazo Morales, embarcados en planchones de acero deteriorados y con pocas medidas de seguridad, sin ninguna infraestructura portuaria; este municipio no cuenta con agua apta para el consumo humano, con infraestructura educativa adecuada y programas técnicos, tecnológicos y menos de profesionalización, no dispone de una red pública hospitalaria suficiente y de calidad, o con programas de vivienda que dignifiquen la vida, entre otras condiciones que se repiten en todos los municipios de la región.

Lo que pudiera ser una de las regiones más prosperas y sostenibles, con un gran potencial turístico, es en definitiva una muestra de la decidía, la corrupción y el modelo económico. Gran reto para el Gobierno del Cambio y para toda la sociedad colombiana, es superar esta grave situación, si queremos avanzar hacia la Paz Integral, la justicia social y la equidad; lo que seguramente requerirá que, en las próximas elecciones, sus habitantes, profundamente manipulados por la corrupción y el clientelismo, logren tomar las mejores decisiones y elegir el camino de las transformaciones para la paz.

No en vano, un importante grupo de ciudadanas y ciudadanos, vienen promoviendo el nuevo departamento “Sur Caribe”, que tiene la potencialidad de convertirse en un ente administrativo que recoja y organice la región alrededor del Río Magdalena y el gran potencial hídrico, agrícola, pesquero y minero que posee, una entidad capaz de reconocer la diversidad y autonomía étnica y cultural, de poner al centro de la gobernanza y la gobernabilidad, la participación ciudadana con poder de decisión para la planeación y la presupuestación de su desarrollo, evitando desde la soberanía popular caer en manos de los clanes políticos regionales. Los habitantes de Sur de Bolívar deben cruzar cuatro departamentos para llegar a Cartagena, su actual capital.

A pesar de las adversidades generadas por la caída de un fuerte aguacero, que hizo muy difícil el tránsito desde las veredas, del deficiente servicio de energía eléctrica que se cortaba cada cierto tiempo, dejándonos sin amplificación de sonido e internet, de la presencia de los grupos armados que como el E.L.N. instaló propaganda alusiva a su actividad política, las y los líderes entregaron con mucho entusiasmo sus ideas que, servirán de guía para participar en los diversos escenarios de paz que se están abriendo.

Entre muchos elementos positivos a resaltar, además de la fraternidad y el esfuerzo de los anfitriones (Alcaldía, Mesa por la Paz, restaurantes y hoteles tradicionales e improvisados), por brindar las mejores condiciones logísticas, pues se esperaba la participación de aproximadamente 160 personas, pero el entusiasmo por la paz y el cambio, motivó que se duplicara la asistencia, se debe reconocer que los funcionarios del gobierno nacional invitados, asumieron el papel colaborativo y respetuoso, propio de quienes están comprometidos con hacer posible el Plan Nacional de Desarrollo y escuchar las voces de las gentes que claman atención.

Bajo la premisa de la unidad para construir paz, que busque desde las organizaciones sociales y populares, soluciones efectivas a las problemáticas locales y nacionales, y bajo el inclemente sol, esté ejercicio que, recupera las dinámicas y reivindicaciones propias de cada sector social, señaló el sendero, para hacer posible la coordinación de todas las organizaciones, recobrando las confianzas, reconociendo la importancia y la historia de cada proceso, y proponiendo soluciones a los múltiples problemas territoriales. Nuevamente la voz del pueblo construyó mandatos que, deben ser acogidos y fortalecidos por las organizaciones, sus líderes y lideresas, pero también por los gobiernos municipales, departamentales y nacional que deben garantizar la vida y la permanencia en el territorio.

Gran reto para las organizaciones dinamizadoras de procesos locales, como REDEPAZ, FUCUDE, la Mesa Nacional de Interlocución Social para la Paz-MENISP, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la Corporación Sembrar, La Red Nacional Campesina, pero en especial para las organizaciones de la región que participaron activamente, como la Federación Agrominera del Sur de Bolívar- FEDEAGROMISBOL, la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamoco, la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado-ASORVIN, la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y Cesar, la Mesa Departamental de Víctimas de Bolívar, los Consejos Comunitarios de la región de Guamoco, los proceso Sociales de la región de Las Lobas, y la Mesa de Paz Sur de Bolívar, entre otras, y para las organizaciones que por múltiples razones no pudieron asistir.

Será necesario continuar el camino, elaborar una hoja de ruta que involucre a las organizaciones locales y nacionales y a las instituciones, para que este esfuerzo comience a dar los frutos esperados. La unidad es el camino más expedito para tejer la paz con mano ciudadana, por eso no se deben escatimar esfuerzos para seguir fortaleciendo escenarios territoriales de paz, para promover la acción social coordinada y no desfallecer ante las adversidades que pretenden impedir avanzar hacia la paz nacional, total e integral, que haga posible la vida con dignidad de todas y todos.

Luis Emil Sanabria D.

Clamor y compromiso campesino para una sociedad en paz

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jul 9, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Nuevamente, Bogotá fue escenario de uno de los más importantes eventos encaminados a consolidar la paz integral. Más de 120 delegadas y delegados de aproximadamente 60 organizaciones campesinas territoriales y nacionales, provenientes de todos los rincones del país, se encontraron durante tres días para, desde la sabiduría popular y cultural del campo, formular propuestas para alimentar la vida, el amor y la solidaridad, como parte del proceso social, hacia una Reforma Agraria y Rural Integral y Popular.

El debate fraterno, profundo y constructivo, se apoderó de la palabra dulce y la tradición cultural, y mezcló la diversidad de dialectos y gestos que representan la riqueza cultural y política de este importante sector social. El sombrero vueltiao se combinó con la ruana boyacense, las manos endurecidas de llaneras y llaneros, se hicieron suaves para saludar a paisas y opitas, el rio Catatumbo abrazó al Atrato, el Cauca se juntó con el Putumayo, y la madre tierra hizo valer su poder y energía para construir propuestas y generar confianzas.

Fueron varias las temáticas abordadas que dieron cuenta del compromiso que se tiene, no solo en la producción de los alimentos que llegan a las mesas de millones de colombianos y colombianas diariamente, o que son exportados, sino también, para aportar a la unidad del sector, la reconciliación nacional, la democracia y la justicia social.

Quién más que las campesinas y campesinos, que resisten y persisten desde los territorios, en la defensa de la vida y el medio ambiente, que sufren el rigor de las violencias estructurales, políticas y sociales, tienen la autoridad para exigir el cese al fuego bilateral, que se convierta en multilateral y excluya a la población civil de cualquier tipo de violencia armada. Ellas y ellos, que diariamente sufren el dolor de ver morir en combate a sus seres queridos, que lloran el reclutamiento de sus hijos e hijas por parte de las Fuerzas Armadas, las Guerrillas, las bandas criminales y los herederos del paramilitarismo, que caen gravemente heridos o muertos en los campos minados, son hoy ejemplo de lucha por la paz y de compromiso por el cambio.

Mujeres y hombres, que además de sufrir el rigor de la guerra, padecen la exclusión y el empobrecimiento, producto de años de políticas inequitativas que, como lo propone el gobierno del cambio, deben ser transformadas. Comunidades marginalizadas sin acceso adecuado y pertinente a una educación publica de calidad, sin el derecho a la salud y la vivienda, sin acceso a las tecnologías de la información, como el internet, sin vías adecuadas para el transporte de sus productos y de materias primas, y menos aún sin programas de comercialización justas, recuperan la esperanza en un presente y un futuro mejor.

De allí, la importancia de avanzar en el cumplimiento de los acuerdos de paz pactados con las extintas FARC-EP en el 2016, y los acuerdos con las organizaciones sociales y campesinas, firmados por anteriores gobiernos, y que fueron incumplidos. Por eso, el campesinado organizado, con autonomía e independencia y con un profundo compromiso movilizador, se aferra al programa de gobierno propuesto por el Pacto Histórico. Con el lenguaje propio de quienes, sin adornos y sin hipocresías, expresan sus exigencias, la convención campesina hizo un llamado vehemente a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, fundamentalmente en lo correspondiente al capítulo de la Reforma Agraria, Integral y Popular.

Estas exigencias, que no son sinónimo de oposición, sino aportes a las transformaciones políticas, económicas y sociales, requieren la pronta instalación de la Comisión Mixta Nacional de Asuntos Campesinos, instancia de interlocución, concertación y negociación entre el Gobierno Nacional y el movimiento campesino, para construir una gobernabilidad de la mano del poder popular, en donde las y los campesinos son un sector fundamental. Sin el campesinado colombiano, será muy difícil avanzar en la construcción de la paz integral, por eso la convención, valoró profundamente y aceptó la invitación a hacer parte del Comité Nacional de Participación, instancia convocada por la mesa de diálogo Gobierno Nacional-ELN.

Luego de siete intentos fallidos en el Congreso de la República, en donde los partidos tradicionales fueron fuertes saboteadores, se resaltó, como un logro de la lucha decidida del campesinado en alianza con congresistas campesinos y el gobierno del cambio, la aprobación del acto legislativo que reforma el artículo 64 de la Constitución Política, y que incorpora al “Campesinado como sujeto de derechos de especial protección”; este artículo aunque insuficiente, por cuanto no incorpora los derechos políticos, significa un gran salto en las conquistas sociales, que abre la puerta a más y mejores condiciones de vida. A buena hora, se reconoce al campesinado y su inigualable aporte a al desarrollo y la soberanía, saldando una deuda histórica, que nunca debió acumularse.

La ciudadanía, especialmente de las grandes ciudades, deberá respaldar y acompañar, el clamor y compromiso del campesinado por una sociedad en paz, con justicia social y vida con dignidad. El Estado debe garantizar la vida y la permanencia en los territorios de líderes y lideresas y de las organizaciones.

Colombia cuenta hoy, con un acumulado social y político en el campesinado que, puede ser el motor de las transformaciones económicas para modernizar el país, con sentido solidario, soberano y democrático capaz de garantizar la alimentación de toda Colombia, y el ingreso de recursos a partir de las exportaciones, si se brindan las herramientas tecnológicas y económicas adecuadas, y se generan espacios de participación con poder de decisión para la planeación territorial.

Luis Emil Sanabria D.

Una acción integral, para salir de los círculos de violencias

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jul 2, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Las organizaciones sociales y comunitarias, siguen explorando múltiples maneras para desarrollar de forma coordinada, iniciativas culturales, sociales y políticas, que hagan posible crear acuerdos para la superación de las causas que originan las violencias y las graves consecuencias políticas, económicas y sociales que estas siguen generando. Diversas expresiones sociales en ciudades como Medellín, Bogotá o Cali avanzan, hasta donde las condiciones lo permiten, en la generación de procesos cuyo reto fundamental es la convocatoria amplia, motivada e informada de todos los sectores de la sociedad, a participar en la construcción de la paz integral.

Sin embargo, estas acciones que, deberían concitar el más amplio interés ciudadano, no logran generar el entusiasmo y compromiso requerido, que haga posible detener y revertir fenómenos delincuenciales graves y avanzar hacia una sociedad lo suficientemente desarrollada, que permita gozar plenamente de los derechos humanos. Colombia sigue siendo uno de los países más inequitativos del mundo, con los mayores índices de corrupción y de pobreza, un país que reporta anualmente una de las tasas de homicidios más altas, cercana a los 27 asesinatos por cada 100.000 habitantes, un Estado que tolera y sufre en su territorio el genocidio sobre los migrantes que caminan por el llamado tapón del Darién, una sociedad que justifica el uso de armas por parte de civiles y le abre paso a la privatización de la seguridad, ante la incapacidad del Estado de garantizar el derecho a la vida, y un país que reporta tener la mayor cantidad de estructuras y mercados criminales del continente.

¿Por qué un gran porcentaje de miembros de la sociedad, no se siente convocada a participar en la búsqueda de soluciones a estas graves problemáticas? ¿qué hace que la mayoría de los habitantes de las grandes ciudades prefieran mantener una actitud pasiva, y en ocasiones, activa, frente a las violencias? Pudiéramos buscar las respuestas en la cultura del todo vale, que se apoderó de la vida cotidiana de millones de compatriotas, en la llamada cultura “traqueta” adquirida desde la fuerte influencia del narcotráfico, o de la tradicional forma de solucionar a sangre y fuego los conflictos cotidianos y políticos que se naturalizó en sesenta años de conflicto armado interno; pero, ninguno de estos marcos conceptuales y vivenciales, servirían para respaldar por completo, unas posibles hipótesis que nos sirvan para caracterizar debidamente, esta forma de actuar de grandes capas de la sociedad, que es señalada como indolente o inconsecuente.

Asimismo se puede establecer que, este grave comportamiento tiene su origen, como en algunas ocasiones se ha manifestado, en el hecho de que a la sociedad no se le ha dotado, por parte del Estado y de los gobiernos, tanto territoriales como nacionales, de herramientas pedagógicas y metodológicas que hagan posible que se desarrolle una sociedad, capaz de transformar sus problemas y conflictos pacíficamente, y poder romper con el miedo y la indiferencia; o también, como dicen en la calles, ante la incapacidad de los gobiernos y el Estado de proteger la vida de líderes y lideresas, y garantizar las actividades de las organizaciones, el miedo se apodera de la gente y es mejor, “no buscar problemas”.

Podríamos pensar además que, la falta de compromiso o la pasividad de la sociedad, que le impide tener un rol más activo en la construcción de la paz, es el resultado de doscientos años de aplicación imperfecta, del modelo occidental de democracia, y que lo que hay que hacer es desarrollar a profundidad la llamada democracia liberal y regular la economía de mercado, adobado todo, como es debido, con la descentralización y/o la federalización, para posiblemente avanzar hacia un país de regiones; o promover, como también se ha propuesto en otras ocasiones, el justo equilibrio entre la democracia representativa, bajo una reforma política que le devuelva a las regiones y a los electores el control político sobre el elegido, y la democracia directa, debidamente fortalecida, que haga posible el sueño represado de muchos sectores de izquierda, de avanzar e instalar la soberanía popular y el poder vinculante y decisorio del pueblo, como lo señala el Artículo 3º de la Constitución, para desarrollar a plenitud la llamada democracia participativa.

De otro lado, y esto parece inadmisible, corresponde en estos tiempos plantearlo y al llamado Gobierno del Cambio hacerlo, continuar desafiando el modelo global capitalista, retomar y desarrollar las utopías expuestas en tesis económicas y políticas que privilegian la igualdad social, y empezar a rociar con amor eficaz, el espejismo de vida feliz y la invisible línea arribista que venden exitosamente desde los metarrelatos generados por los monopolios de las comunicaciones y algunas academias, y el enrejado que rodea las mansiones, edificios y conjuntos residenciales exclusivos, creados para proteger a sectores sociales privilegiados, separándolos de los millones de excluidos y empobrecidos, como si estos últimos tuvieran una grave enfermedad viral, al estilo de las películas de zombis o muertos vivientes, con los cuáles se debe mantener distancia, y contra quienes, lo legítimo es organizar brigadas de “limpieza social”, o en el mejor de los casos, mirar para otro lado, por temor a contagiarse de pobreza y de violencia.

La tantas veces repetida fabula del “perro y el reflejo”, unida a las habituales historias, que han hecho creer que esta es la sociedad más feliz del mundo, o la más “viva”, y los cuentos prefabricados de que la sociedad nacional y mundial ha llegado a la cima de la armonía y que este es el fin de la historia, no permite a la sociedad colombiana, soñar con la posibilidad real de cambio, y esta se aferra a la moraleja que le hace creer que es mejor conformarse con lo que hay, no soltar el hueso, antes que luchar por un mejor país. Una acción integral, que involucre todas las hipótesis señaladas y otras que seguramente se plantean desde distintos sectores políticos y académicos, sería lo más adecuado, si lo que se quiere realmente es salir de los círculos de violencias.

La paz demanda desatar una ambiciosa acción pedagógica y comunicativa, acompañada de garantías reales a la vida y a las organizaciones, capaz de generar una alta dosis de unidad, presión política y movilización pacífica, de quienes han soportado el dolor de las violencias, de los empobrecidos y esclavos contemporáneos, que les haga perder el miedo al cambio y los enamore de la solidaridad, la equidad y la justicia social; este sueño de paz, deberá también, convocar una fuerte dosis de amplitud y desobediencia de quienes, aunque temen perder sus privilegios y aun prefieren, a manera de los asistentes al circo romano, seguir presenciando el espectáculo de la muerte, son imprescindibles para crear; y lo más difícil, convencer con argumentos y lograr generar cierto grado de inteligencia y bondad, en quienes han impuesto las políticas económicas ligadas al modelo global dominante, para evitar que den el paso final que nos lance al abismo donde habita el irreversible fracaso.

Luis Emil Sanabria D.

Vamos por más y por mejores condiciones de vida

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jun 25, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Las comunidades de Arauca se levantan nuevamente para reclamar atención a sus reivindicaciones, el pueblo del Catatumbo reclama respuestas contundentes a sus demandas, congresistas que obedecen más a los intereses privados que a sus electores, hacen fracasar el trámite debatido de las reformas, la oposición marcha para enfrentar al Gobierno del Cambio, e indígenas ocupan ilegalmente haciendas en el Cauca para reclamar el dominio ancestral sobre el territorio, mientras, a pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional, continúan los asesinatos de líderes y lideresas sociales.

Este es parte del panorama de una sociedad que coincide, consciente o inconscientemente, en el llamado urgente de perfeccionar la democracia y adecuarla a los tiempos de la tecnología. Una nueva democracia, basada en la Constitución Política Nacional, que sirva para transformar pacíficamente los conflictos sociales, políticos y económicos, y superar los dogmas que nos separan e impiden transitar hacia una mejor sociedad.

No en vano, los acuerdos de paz de la década de los años 80 del siglo pasado, giraron alrededor de lo que se llamó la Apertura Democrática y Participación Ciudadana para la toma de decisiones trascendentales, acudiendo a la receta de la soberanía popular. Ese esfuerzo de paz con algunos de los grupos insurgentes de la época, desembocó en una de las mayores expresiones democráticas a que acude la sociedad cuando está en crisis, una Asamblea Nacional Constituyente; sin embargo, como se ha dicho en repetidas ocasiones, el contrato social de 1991, no logró en su aplicación, concitar la voluntad de todos los sectores sociales, en especial, de aquellos acostumbrados a ejercer sobre las y los excluidos, el poder de la representatividad y de la economía, y de algunos sectores políticos que fortalecieron las propuestas armadas, para imponer un modelo social alejado del Estado Social de Derecho.

El sueño de una democracia más participativa, tanto en lo económico, como en lo social y lo político, se fue desvaneciendo en los pasillos del congreso, en las sedes clandestinas y en los clubes sociales. Hoy nuevamente, el tema de la participación social, que no es otra cosa que recurrir al uso de canales democráticos para transformar el Conflicto Armado Interno, se pone al orden de día, sean estos canales reconocidos como parte del andamiaje del régimen o que emerjan de los procesos sociales. En todas las mesas de acercamiento y de diálogo con los Grupos Armados No Estatales, aparece de forma recurrente el tema de la participación de la sociedad.

Desde la mesa de diálogo con el ELN, se convocó y se está estructurando, con sus debidos reglamentos, el llamado Comité Nacional de Participación- CNP, y se avanza en la declaratoria de un cese bilateral al fuego de carácter temporal. Ambos acuerdos deberán coincidir en su implementación, si queremos ampliar los alcances de los mismos y avanzar rápidamente hacia el punto de no retorno, lo que involucra, aunque parezca difícil de lograr y algunos recurran a los mensajes mal intencionados, discutir y acordar mecanismos que hagan posible, mientras se logra la firma de un acuerdo definitivo que ponga fin a la confrontación armada, que los grupos armados no sigan recurriendo a la extorsión, la amenaza, la voladura de oleoductos y el secuestro para hacerse de recursos y destinarlos a financiar la sostenibilidad de la tropa.

La sociedad no puede ser inferior al reto que se está iniciando. Hay que rodear el proceso de paz, independientemente de las incertidumbres que genera, y una vez se abran los espacios de diálogo social que el CNP deberá diseñar en los próximos meses, participar, deliberar, proponer, concertar y decidir; no se tratará, solo de poner en práctica un mecanismo de participación, que logre generar acuerdos sociales para transformar las causas estructurales y las consecuencias que originan y retroalimentan el conflicto armado, se trata también de, aprovechar una oportunidad novedosa, para hacer posible que el poder de decisión del pueblo, tome las riendas de los acuerdos que se pactarán en las mesas de diálogo, y que este nuevo escenario, marque el camino para hacer efectiva la voluntad popular en la construcción de su futuro y de su presente.

Estaremos el próximo año estrenando gobiernos municipales y departamentales, pero también, tenemos el inmenso reto de implementar la metodología que proponga el CNP y que definirá la mesa de diálogo con el ELN, para convertir estos mecanismos participativos, en una fórmula amplia y ambiciosa que, debería ser asumida, teniendo en cuenta las realidades urbanas y territoriales, por las demás mesas de diálogo que se adelanten con las otras guerrillas y grupos armados; se trataría, no solo de reconocer la importancia del mecanismo que se logre diseñar en el escenario con los Elenos, sino fundamentalmente, de demostrar por parte de todas las demás estructuras armadas, guerrilleras o no, el compromiso que asumirán para la construcción de paz, de tal forma que la sociedad y sus organizaciones sientan que, todos y todas estamos trabajando del mismo lado para salir definitivamente de tantos años de violencia y de pobreza.

Lo que se avecina es una gran laboratorio de participación y democracia, que servirá para asumir la complejidad de la transformación del conflicto armado interno, pero que marcará desde la praxis, como todo experimento, el camino de las reformas políticas que harán posible que la democracia representativa se actualice en beneficio del poder y control ciudadano, y que la democracia directa ocupe el lugar que le corresponde, fundamentalmente en la elaboración de planes de desarrollo prospectivos que, involucren proyectos y estrategias acordadas por todos los sectores sociales, y por supuesto, incluya el poder de decisión popular en la definición de los presupuestos que se requieren, haciendo a su vez posible, el sueño de la descentralización política y administrativa, los mismo que el gobierno propio y la autodeterminación de los pueblos étnicos.

Vamos por más y por mejores condiciones de vida, y para eso tendremos que recurrir a las experiencias populares, algunas de ellas exitosas, y que fueron perseguidas y destruidas por quienes creen más en el llamado Estado de Opinión, que en el Estado Social de Derecho. Recuperar o potenciar procesos de soberanía popular y ciudadana, como las Asambleas Municipales y Departamentales Constituyentes por la Paz, las Asambleas Populares y Territoriales de Paz, los Cabildos Ciudadanos con poder de decisión, los Consejos Comunitarios o el Gobierno propio de los pueblos étnicos, y tantas otras experiencias que pretendieron o luchan por hacer posible el sueño de la territorialidad de paz. En el saber de la gente está la semilla de la democracia participativa, la reorganización administrativa y la descentralización, que harán posible la paz territorial y nacional.

Las organizaciones sociales seguramente continuarán fortaleciendo desde el progresismo, los mecanismos de coordinación y acción para la paz, la justicia social y la equidad, los gremios económicos deberán abocarse a construir propuestas que hagan posible un mayor nivel de productividad y un menor nivel en la violación de los derechos laborales, y los partidos deberán reflexionar la reforma política, pensando más en la gente, que en perpetuarse en el poder y mantener los vicios crónicos de la democracia colombiana, ligados a la corrupción y el clientelismo. Todas y todos deberíamos pensar en cómo salir del narcotráfico y de las economías ilegales a las que este nos llevó, cómo superar la cultura de la violencia y el todo vale, en especial contra las mujeres, la población LGBTIQ+, los niños y las niñas, cómo vivir armónicamente en las ciudades y veredas, y cómo pactar el cese de las violencias contra la naturaleza que ponen en riesgo la sobrevivencia de la especie humana.

Luis Emil Sanabria D.

Creatividad, bondad y compromiso para la Paz

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jun 18, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Es muy natural que, algunos de los ya reconocidos sectores que se oponen a cualquier intento de construir caminos de paz para salir de, por lo menos, sesenta años de violencias políticas, ahora se rasguen las vestiduras en contra de las propuestas que, para construir paz integral, se exploran desde el alto gobierno y los grupos armados no estatales. Como si Colombia viviera en un paraíso que hay que proteger y la muerte violenta no paseara por los campos y ciudades arrebatándole a las gentes la posibilidad de un presente y un futuro mejor, los áulicos de la violencia se niegan a cualquier propuesta que acerque la posibilidad de paz.

Vociferan, gritan, patalean, amenazan con impedir cualquier solución que no sea el bombardeo y la confrontación armada, intentan debilitar toda propuesta audaz, ridiculizándolas con sus editoriales, espectáculos mediáticos y comentarios mañosos, y omitiendo el amplio respaldo que las comunidades están brindando a los espacios de diálogo y conversaciones que, aunque con dificultades y desaciertos, se abren paso, recuperando y señalando rutas de solución política, negociada y pacífica a las violencias estructurales y armadas.

No se equivoquen nuevamente señoras y señores de la oposición inteligente. No se dejen aconsejar del sesgo ideológico, la mezquindad y el egoísmo; en Colombia, además de la expresión electoral que votó mayoritariamente a favor de la construcción de la paz integral y total, se están tejiendo energías, pensamientos, actuares y quereres populares. Es la Juntanza creativa, que desde los territorios está comprometida con las transformaciones de las causas que generan violencias. Basta con visitar y conversar con las comunidades en las zonas y ciudades más afectadas por el conflicto armado y el olvido, para sentir y comprobar el inmenso esfuerzo que las y los empobrecidos hacen a diario, para persistir en la construcción de paz y reconciliación.

Ejemplo de ello es, la decisión de los y las jóvenes negras de la costa pacífica que participan y fortalecen las Guardias Cimarronas y los Consejos Comunitarios para la defensa de los territorios, el rescate de la cultura, la defensa de las tradiciones, y el gobierno y la justicia propias; o el compromiso que demuestran, las gentes de las comunas de Medellín, que salen al encuentro de la Gira Territorial por la Paz, organizada por múltiples expresiones sociales que trabajan por la paz urbana y la paz nacional; o las mujeres campesinas y comunales del bajo cauca antioqueño que, resisten a la confrontación violenta y a los estragos ambientales de la minería del oro, cultivando yuca, plátano y ají, criando cerdos, gallinas, peces o manteniendo apiarios cuyo producto les ayuda a mejorar sus ingresos. Mujeres comprometidas con sacar adelante sus sueños, sus hijos y sus comunidades.

No hay que dejarse deslumbrar por las altanerías de quienes sienten que, así como perdieron la gobernabilidad nacional, van a perder gran parte de la gobernabilidad territorial. No hay que dejarse provocar de quienes se rehúsan a abandonar prácticas corruptas, mafiosas, violentas y embusteras para mantenerse en el poder. La tarea hoy es, fortalecer los procesos sociales regionales, subregionales y nacionales que han perdurado en su lucha pacífica, generar nuevos espacios de encuentro democráticos e incluyentes, respaldar las reformas propuestas para el cambio, concertar con quienes tienen pensamientos diferentes pero que creen en la paz y la necesidad de transformaciones profundas y preparase para participar coordinadamente y con propuestas consensuadas, en los escenarios que se abren paso desde las mesas de conversaciones con los grupos armados.

El presente y el futuro nos convocan a desatar la mayor creatividad posible, por eso, no hay que temer a las propuestas novedosas que buscan la paz. No hay que resistirse a romper esquemas tradicionales de negociación que, aunque muy importantes, no han sido suficientes para superar definitivamente los círculos de violencia que tanto daño nos hacen. La paz transformadora que hará emerger de nuestros corazones y cerebros, la justicia social y la reconciliación, requiere explorar caminos diferentes, instalar niveles variados de encuentro y construcción colectiva, que hagan posible la urgente tarea de desescalar la confrontación, para ahuyentar el miedo, el terror y la muerte.

Las guerrillas, las bandas criminales y los llamados grupos armados herederos de estructuras del paramilitarismo, también deberán hacer lo propio. El compromiso escrito se refrenda con el compromiso práctico. No se puede desconocer la importancia de las declaraciones de paz, y hay que dar pasos definitivos para robustecer el llamado Cese al Fuego Bilateral; pero también, se necesita instalar toda clase de mecanismos que conduzcan a ponerle fin de una vez por todas, a los ataques sistemáticos contra la población civil.

No es posible avanzar con la profundidad, la confianza y la rapidez que se requiere, si se continúan asesinando indígenas, afrodescendientes, comunales, sindicalistas, ambientalistas, hombres y mujeres que trabajan por la paz y los derechos humanos. No será posible convocar a toda la sociedad, si el secuestro o la extorsión no se suspenden, si se sigue reclutando niños, niñas y adolecentes, si se siguen instalando o manteniendo fronteras imaginarias que aterrorizan a las comunidades en las ciudades, si los pueblos siguen confinados, o si las lideresas y líderes políticos no pueden expresar sus ideas.

El Gobierno Nacional podrá avanzar, con el apoyo de la comunidad internacional, en la búsqueda de recursos para crear un ambiente propicio para la paz y la participación, desescalar el conflicto, prevenir los secuestros o la extorsión, progresar en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, e incluso garantizar la manutención de los combatientes mientras se firman los acuerdos definitivos de paz; también, las organizaciones sociales podrán continuar con sus procesos de coordinación, construcción de acuerdos y consensos territoriales y nacionales; pero, estas ingentes labores que ponen en riesgo el acumulado político de los partidos de gobierno y mantiene en la zozobra a las organizaciones, no tendrán los resultados esperados, si los grupos armados no estatales, no muestran un mayor compromiso en la construcción de paz.

Es el momento de preparar y realizar más y mejores acciones colectivas, es el tiempo de la unidad de todos los sectores de la sociedad que queremos salir de las que parecieran ser, interminables trampas violentas, y demostrar la más desbordante creatividad, la más amplia bondad política y social, y el más resistente compromiso con la paz integral y total.

Luis Emil Sanabria D.

Retejer aquellos lazos rotos por el desafecto y la violencia

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jun 11, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Casi seis décadas de la llamada guerra popular prolongada y de la combinación de todas las formas de lucha, y muchas más décadas de violencias estructurales ligadas a la violación o negación para las grandes mayorías de los derechos fundamentales y a conflictos políticos no resueltos, han alimentado el odio, la venganza y la falta de comprensión sobre el significado de la Paz y la nueva cultura que alrededor de esta se debe construir.

Vivimos una democracia representativa que, a pesar del sueño plasmado en la Constitución Política Nacional de 1991, mantiene en su núcleo fundamental graves enfermedades como el clientelismo, la compra y venta de votos, el nepotismo, la violencia y la falta de democracia interna de los partidos políticos. Vicios crónicos que impiden mostrar a las nuevas generaciones, caminos límpidos que prevengan el uso de la violencia armada como expresión política o social, que los lleve a alcanzar y gozar de derechos legítimos y a comprometerse con los deberes ciudadanos. Nuestra débil República padece de conflictos orgánicos aun no resueltos relacionados, por ejemplo, con las disyuntivas de seguir manteniendo un régimen centralista o avanzar hacia la federalización; o seguir exaltando la longevidad de una democracia imperfecta, que no ha logrado incluir con generosidad la democracia directa como parte fundamental de la democracia participativa.

Estas contradicciones que impiden la estabilización social y política deben ser asumidas a profundidad, para lograr realizar los cambios políticos y administrativos que le entreguen al constituyente primario su poder de decisión, haciendo de la participación un ejercicio vinculante, de la mano de una gran estrategia comunicativa, de sensibilización y pedagogía para instalar una cultura de paz y reconciliación. De allí la importancia de que en los diálogos sociales nacionales y regionales entre organizaciones sociales, gremios y partidos políticos, que se deben desatar a propósito y en relación con los diálogos de paz que se adelantan con los actores armados no estatales, el tema de la profundización de la democracia participativa y la descentralización política y administrativa, deben ocupar el lugar privilegiado que le corresponde.

No en vano tanto en los diálogos de la década de los 80 y 90 del siglo pasado, en los acuerdos de paz de este siglo con las FARC-Ep, y en los nuevos diálogos con el ELN y las llamadas disidencias de las FARC, este tema sigue apareciendo como protagonista. Desafortunadamente, a pesar de lo pactado en el acuerdo de paz con las FARC-Ep en relación con el Punto 2, que pretendió modernizar y fortalecer la democracia a través de mecanismos y medidas que garanticen la participación política de sectores históricamente subrepresentados y que pretendía reformas estructurales para garantizar la participación ciudadana, la reforma política-electoral, la planeación participativa y democrática, y el fortalecimiento de capacidades institucionales, este tema ha sido abandonado por la sociedad, los gobiernos que les ha correspondido la implementación del acuerdo de paz y por todas las dirigencias de excombatientes reincorporadas a la vida política.

Esta profunda problemática que padece Colombia frente a la democracia y la administración del Estado, debe abordarse sin temores, para disponernos con más decisión a construir la Paz Integral y Total. No obstante, esta tarea inaplazable que debe concitar todas las voluntades, demanda de otro componente a desarrollar que ha sido consecuencia y que a su vez retroalimenta la conflictividad violenta, y es el reto de diseñar y avanzar en programas y estrategias que hagan posible la instalación de una cultura de paz.

Esta tarea, también aplazada o esquivada, requiere realizar ingentes esfuerzos desde el alto gobierno, pero también supone esfuerzos no menos grandes de las y los mandatarios locales, (gobernadores/as y alcaldes/as). A la par que se adelantan diálogos con grupos armados, y se potencian y multiplican escenarios cotidianos para el encuentro con el otro y la otra desde las diferencias políticas y sociales, y desde las diversas formas de ver y entender el crecimiento económico y el desarrollo, que nos permitan establecer lazos de confianza, se deberían desatar programas ambiciosos que nos ayuden a construir una cultura de paz, convivencia y reconciliación, que coloque al centro los derechos humanos, el derecho a la vida y el reconocimiento de las diferencias.

Colombia se encuentra atravesando en un momento de cambios fundamentales que hacen irreversible la decisión ciudadana de avanzar hacia la Paz Integral y Total. A pesar del triunfo a favor de la paz, la sociedad colombiana que ha sido polarizada en relación con este anhelo mayoritario, sigue dividida de forma más o menos equilibrada, lo que hace necesario insistir en el desarrollo de acciones que nos permitan despertar la emoción y la solidaridad en el alma de la gente y continuar con mayor decisión por la ruta que conduzca a borrar la violencia de la cotidianidad social, económica y política, y generar escenarios de reencuentro, reconciliación y armonía. Desarmar las manos promoviendo jornadas de desarme ciudadano, pero también desarmar los corazones, para darle cabida a la generosidad, el perdón y el amor entre los seres humanos y de estos con la naturaleza, tan duramente golpeada por el conflicto armado y el modelo económico.

Hoy se juntan las energías cósmicas, la voluntad de la madre tierra, los corazones de los dioses, para hacer posible la armonización de la vida, y es allí donde una estrategia nacional con una alta dosis de sensibilidad, se convierten en puente para retejer aquellos lazos rotos por el desafecto y la violencia vividos durante tantos años. Motiva mucho que, desde el Ministerio de Cultura se esté pensando en aportar a la construcción de una cultura de paz, apoyados en las organizaciones artística y culturales regionales, populares, étnicas, sociales, reconociendo las experiencias populares, las fortalezas organizativas regionales, apoyados en los medios de comunicación comunitarios y sus formas organizativas, tanto regionales como nacionales, con su propia idiosincrasia y sus propios saberes.

Todas y todos los enamorados de la paz debemos aportar a la creación de una generosa pero consistente operación permanente nacional, que involucre pedagogías, acciones de sensibilización y propuestas comunicativas para la paz, en donde interactúen los diferentes sentires, las diferentes vivencias, las diferentes regiones, las diferentes tecnologías, de tal forma que se desate un ambiente social y cultural que logre el respaldo de toda la ciudadanía a los esfuerzos y procesos encaminados a la construcción de La Paz Integral, para alcanzar ese punto de no retorno, de no repetición, ese nunca más las violencias como expresión política y de transformación social.

Luis Emil Sanabria D.

El espíritu de la paz integral recorre el país

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jun 4, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Mientras sectores políticos tradicionales coinciden con el fiscal general de la nación y la procuradora, en la elaboración de relatos para desprestigiar al gobierno del Presidente Gustavo Petro, y a su equipo de Senadores, Senadoras y Representantes a la Cámara, y de forma simultánea congresistas de oposición, obedeciendo a sus patrocinadores de campaña, en un escenario mediático que, con lágrimas y todo, ambienta y manipula la sensibilidad de la población que consume ingenuamente espectáculos y falsas verdades, se ausentan de los debates o se declaran impedidos para votar la reforma laboral o la reforma a la salud, otro importante grupo de colombianas y colombianos, continúan con sus esfuerzos de construcción de paz en medio de ataques a su vida, estigmatización y miedo que, el sonido de las balas y el olor de la muerte producen.

En el Oriente Antioqueño más de cien delegados y delegadas de los 23 municipios de esta subregión del departamento, se reunieron el 30 de mayo, en el salón El Tapial, del parque recreativo Comfama de Rionegro, convocados por PRODEPAZ, en alianza con diferentes organizaciones sociales y comunitarias, en la Tercera Asamblea General para reafirmar el Pacto por la Construcción de Paz Territorial. Con deliberaciones amplias y despojadas de sectarismos, con actos simbólicos que reafirmaron la necesidad de fortalecer los lazos de afectos y solidaridad con los miles de víctimas que el conflicto armado ha dejado en todos los poblados de la región, y con compromisos remozados, este encuentro reafirmó la responsabilidad de avanzar en diálogos regionales que aporten a la defensa de la vida, el cuidado del medio ambiente y la reconciliación.

El Primero de junio en Medellín, con la presencia de cerca de ciento cincuenta personas de toda el área Metropolitana, delegados de las expresiones barriales organizadas que defienden la vida, construyen paz y derechos humanos, se realizó el Encuentro de víctimas y organizaciones comunitarias por la protección de la vida y la paz urbana en el contexto de la paz total. Convocados por el Observatorio de Paz del Politécnico Colombiano Jaime Isaza, y un comité de impulso conformado por organizaciones sociales, contando con la presencia del Alto Comisionado para la Paz y el Director de Investigaciones de la JEP, este evento tuvo como principal resultado el lanzamiento del manifiesto llamado Alianza Paz Antioquia, y sirvió de preámbulo a la instalación formal, el día 2 de junio, de la mesa de negociaciones con representantes de las principales bandas delincuenciales de la ciudad, buscando mediante el diálogo, ponerle fin a las confrontaciones violentas urbanas, construir un presente y un futuro mejor para cientos de miles de jóvenes y avanzar hacia el sometimiento a la justicia de los integrantes y jefes de estas expresiones armadas establecidas en el territorio.

En la zona del Catatumbo, bajo el liderazgo de las organizaciones sociales y comunitarias, se convocó una gran jornada por la paz, que inició el 1 de junio en la mayoría de municipios de la región, y congregó una concentración en la ciudad de Convención, para darle inicio a una caravana que, luego de seis horas de camino, arribó al municipio de Tibú, en donde, en una Asamblea por la Paz, cientos de catatumberas y Catatumberos reafirmaron la exigencia a los bandos confrontados, de avanzar hacia la paz, el cese el fuego y de hostilidades, el respeto al Derecho Internacional Humanitario – DIH, la instalación de la mesa de conversaciones con el Estado Mayor Central-FARC, el cese de amenazas y asesinatos a líderes sociales y políticos, entre otras sentidas peticiones. Lamentablemente, a pesar de haber sido invitados, ningún delegado de los gobiernos municipales o departamental, participaron en la jornada, y tampoco hizo presencia la Comisión de Paz del Congreso de la República o el ministerio público.

En Bogotá se reunió el 2 de junio, la Mesa Nacional de Interlocución Social para la Paz- MENISP. Delegados y delegadas de 35 organizaciones y plataformas nacionales, étnicas, campesinas, comunitarias, de población LGBTIQ+, juveniles, de mujeres, de población con discapacidad, defensoras de Derechos Humanos, constructoras de paz, comunales, sindicales, de comunicación popular, con importante presencia regional que conforman esta instancia de coordinación, reafirmaron la propuesta de implementar una ruta para la transformación política y negociada del conflicto armado, en donde el fortalecimiento organizativo, la promoción de diálogos regionales, la movilización y las comunicaciones para la paz ocupan, un lugar preponderante.

La MENIPS, se reafirma en el respaldo a las políticas de paz y transformaciones, que el Gobierno Nacional viene impulsando y hace un llamado a instalar con mayor celeridad las mesas de diálogo con todos los actores armados, al cese al fuego y de hostilidades bilateral y multilateral, y a construir conjuntamente mecanismos de participación efectiva, coordinada y vinculante de la sociedad civil en las mesas de diálogo, mediante el reconocimiento a los pactos de paz y reconciliación que se construyan, producto de los diálogos regionales y subregionales amplios que están promoviendo.

El espíritu de la paz total e integral, de la mano de las organizaciones sociales, está recorriendo el país y se abre camino, a pesar de los relatos adversos, de la oposición indolente, y en medio de la perversidad de los actos violentos. Este compromiso social, tan importante y sin el cual la paz no podrá avanzar, requiere de un mayor y decidido acompañamiento y respaldo de personas, instituciones de gobierno y Estado, partidos políticos, gremios económicos y confesiones religiosas.

Este compromiso social y popular, es un llamado contundente a unir las almas y las manos de quienes estamos convencidos de la paz como camino y como meta, de quienes promovemos los cambios estructurales que harán posible ahogar en democracia, justicia social y equidad, a las múltiples violencias que alimentan el conflicto armado interno, ese “monstruo grande” que solo se le derrotará, si a una sola voz, promovemos la construcción de un presente y un futuro con dignidad, seguros de que con la paz ganamos todos y todas.

Luis Emil Sanabria D.

No desfallecer ante la adversidad de la guerra

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en May 28, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Al reclutamiento y posterior masacre de cuatro niños pertenecientes al pueblo Murui (hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce), comunidad ancestral de la Amazonía, a manos del Estado Mayor Central -Farc, se le suman los crueles asesinatos de una comerciante y un trabajador informal en el municipio de Simití, Sur de Bolívar, a manos del Clan del Golfo, y el doloroso asesinato de dos policías y una mujer, en el casco urbano del municipio de Tibú en Norte de Santander, por parte del ELN, entre otros actos atroces cometidos por estos y otros actores armados, que infringen el Derecho Internacional Humanitario y violan los derechos fundamentales de la población civil.

Esta acciones tienen en la práctica dos objetivos comunes, de un lado, debilitar el optimismo y la fuerza que las organizaciones sociales, comunitarias y sectores de la sociedad han manifestado, acerca de la posibilidad de construir participativamente caminos de paz y reconciliación, aportando a los cambios estructurales que se requieren para superar las múltiples causas y consecuencias que alimentan las violencias, y de otro lado, generar mayores niveles de desesperanza, para imponer sus proclamas.

Al logro de los objetivos comunes en las actuaciones de los Grupos Armados No Estatales, se les suma, el empeño de algunos líderes políticos de oposición, de directivos de gremios económicos, de medios de comunicación y periodistas que, metiendo el dedo en la herida, construyen un relato de desaliento y engaño, como si las consecuencias que nos ha dejado la guerra no estuvieran cargadas de suficiente dolor. En esto, nuevamente los extremos se unen.

Las arengas se caracterizan, en el caso de las guerrillas, por sus contradicciones ideológicas, sus desaciertos en el análisis del momento político y por su escasez de propuestas transformadoras, y en el caso de los neoparamilitares, por pretender presentarse como adalides de la justicia, la democracia y la libertad, y abrogarse un carácter político que no tienen, eso sí, todas ellas cargadas de descalificaciones contra el Gobierno Nacional y las organizaciones que trabajan por la paz y los derechos humanos.

Las organizaciones sociales tienen la no muy fácil tarea de mejorar los niveles de coordinación, comunicación y movilización, para reafirmar y mandatar la paz. A los esfuerzos de diálogo social que hoy se expresan en todo el territorio nacional, buscando la construcción de pactos, se le suma la urgente tarea de crear campañas de comunicación, generar escenarios de movilización y acciones simbólicas masivas para demostrarle a los actores armados, que no serán ellos, si continúan con sus actuaciones caducas y degradadas, los llamados a aportar en la construcción del futuro y el presente que el pueblo necesita.

Es necesario nuevamente mandatar la paz, como se hizo masivamente en 1997 y 1998, cuando un amplio e incluyente ejercicio de participación y movilización, posibilitó que millones de colombianas y colombianos, manifestaran de forma contundente, su compromiso con la construcción de paz y justicia social, y su exigencia a la solución pacífica del conflicto armado. Hoy, aunque las condiciones son diferentes, en tanto existe una sociedad más polarizada, el poder del narcotráfico y la corrupción son mayores, y el accionar de los grupos armados deja poco espacio a la creatividad política, se hace necesario nuevamente volcar a las calles y en las urnas el poder del constituyente primario, proclive a la paz y la justicia social.

Una mezcla de acciones territoriales de resistencia, diálogo y concertación en done intervengan todos los sectores de la sociedad, y un esfuerzo nacional coordinado de comunicaciones, movilización e incidencia política que se manifieste en las futuras elecciones, le daría al Gobierno Nacional una señal contundente de respaldo y decisión a favor de las transformaciones progresivas y concertadas, no por ello menos profundas, que requiere la paz integral, y le enviaría a los grupos armados no estatales, un irrevocable mensaje de paz para el desescalamiento inmediato de la violencia, el abordaje serio y decidido de una agenda de negociaciones profunda pero realista, en relación con las condiciones políticas, económicas y sociales del país, y la firma de acuerdos que permitan ponerle fin al conflicto armado interno.

De allí la importancia de las manifestaciones que mediante comunicados públicos y actos simbólicos se produjeron esta semana. A la par de que los actores armados hicieron demostración de su capacidad de atrocidad y sevicia, múltiples organizaciones sociales, iglesias y confesiones religiosas de carácter nacional y regionales, convocaron eventos simbólicos, académicos, se pronunciaron repudiando la violencia, y más de 300 organizaciones e instituciones universitarias reafirmaron, mediante un comunicado que denominaron Nuestro Grito por la Vida y la Paz, su compromiso con la paz y sus propuestas encaminadas a defender la vida.

Le corresponde al Gobierno Nacional y a la cooperación internacional, respaldar y potenciar a la ciudadanía organizada para rodear el proceso de paz, sin imponer criterios, sin presiones o expresiones que pueden sonar a chantaje, respetando la autonomía de los procesos y respaldando sus propuestas, para ahogar las violencias con más democracia participativa, más transformaciones, más goce efectivo de derechos, y más diálogo. Se tendrán que aumentar exponencialmente, por parte del Gobierno y el Estado, los esfuerzos económicos y de seguridad, tendientes a respaldar el accionar de las organizaciones y redes regionales y nacionales, y garantizar la vida de líderes y lideresas sociales, de firmantes de los acuerdos de paz, de defensoras y defensores de DDHH y constructoras de paz.

No desfallecer ante la adversidad de la guerra, no dejarse seducir por los llamados de las trincheras, no sucumbir ante quienes escupen balas y ruegan que la violencia nunca llegue a sus hogares, son las convicciones que debemos mantener para hacer posible vivir en una Colombia en paz, con justicia social, cultura democrática, respetuosa de los Derechos Humanos, la vida y la diversidad.

Luis Emil Sanabria Durán.

¿La paz política negociada, si o no?

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en May 15, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

El Presidente de la República Gustavo Petro U, en la reciente conferencia con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, señala la grave vinculación de las guerrillas en las últimas tres décadas, con el fenómeno del narcotráfico, en uno o en todos sus eslabones, lo que pone en tela de juicio la existencia del conflicto político armado, no por la falta de causas estructurales que pudieran sustentar el análisis y la decisión política -por supuesto equivocada- que soporta la sostenibilidad de la lucha guerrillera, sino por las características principales que esta asume y sus alianzas estratégicas, formales e informales, con el narcotráfico.

Aunque existen distintas evaluaciones sobre los orígenes, continuidad y retroalimentación del conflicto político armado en Colombia, tal como se evidencia en las relatorías de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, es posible reconocer la existencia un conflicto altamente fragmentado en el que se expresan diversos subconflictos armados que se entre mezclan en el territorio, con causalidades, comportamiento y consecuencias diferentes. Existen una gama de expresiones armadas, desde grupos guerrilleros insurgentes, grupos armados irregulares de extrema derecha, grupos herederos del paramilitarismo, hasta estructuras criminales armadas organizadas. Todas con presencia en regiones y ciudades, alimentadas por su respectiva élite política e ideológica, o por estrategas de los altos intereses económicos ligados al lavado de activos.

En el caso de las guerrillas, aunque se involucran en delitos comunes no siempre conexos al delito político, se reconocen los elementos que los caracterizan como grupos insurgentes, pues son organizaciones que, en sus inicios y aun hoy, apelan a la violencia armada como estrategia política para resistir, derrocar o cambiar el orden político establecido, es decir, esa característica política, aunque con muchas debilidades, prevalece sobre las demás características. En esta definición se pueden enmarcar las actuales guerrillas, no obstante los señalamientos de su alianza estratégica con el narcotráfico para fortalecer la lucha armada, la misma alianza que hace posible el dominio político, económico, social y cultural en ciudades y campos, de delincuentes que se presentan como líderes políticos y que han puesto el Estado al servicio del lavado de activos y de la corrupción, apoderándose de recursos del Estado, que deberían tener como destino a los más empobrecidos.

De otro lado están las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto- EAOCAI, tal y como los define la Ley 2272 de 2022, en esta clasificación se reconocen los llamados herederos del paramilitarismo en todas sus denominaciones. Estos grupos heredan la estrategia fortalecida en la década de los 90, como parte fundamental de las maniobras de imposición del modelo neoliberal, como respuesta contrainsurgente, como estructura de promoción y defensa del narcotráfico y como fenómeno cultural ligado a la estrategia política y económica de sectores de las llamadas derechas extremas, siendo los principales aliados del narcotráfico, aunque no los mayormente beneficiados del negocio.

De esta forma, es muy importante retomar lo que se expresó en el programa de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, cuando se afirmó que, “cumpliremos a cabalidad los acuerdos de paz con las FARC y retomaremos las negociaciones con el ELN para finiquitar la existencia de la insurgencia armada en Colombia a partir del diálogo político”, y que “Fortaleceremos las diversas ciudadanías como sujetos sociales y políticos en procura de consolidar una paz total”, propuestas ratificadas luego por el legislativo, por iniciativa del gobierno nacional en la llamada Ley de paz total (2272 de 2023) y en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la vida y la paz.

En este marco, es válido volver a la siguiente pregunta ¿Es posible y necesaria la búsqueda de la paz política a través de múltiples negociaciones que tengan como resultado la transformación pacífica y negociada del conflicto armado? Y la respuesta hoy cuestionada, es evidente, claro que se debe continuar por el camino de la paz negociada con todas las guerrillas, aceptando que el mismo gobierno les dio ese estatus político a las disidencias de las FARC, y claro que debemos seguir explorando el sometimiento a la justicia de las bandas criminales, grupos de autodefensas o neoparamilitares. Esto no excluye la necesidad de combatir el fenómeno del narcotráfico, el lavado de activos, de tráfico ilegal de armas y municiones muchas de estas producidas por INDUMIL, y la trata de personas, todos estos, negocios de alto impacto en la economía nacional y que definen en muchos escenarios, la magnitud de la confrontación armada.

Pero no solo se trata del diálogo con los grupos armados, lo más importante es que en este escenario de la Paz, se susciten como lo han venido haciendo las organizaciones sociales, comunitarias y étnicas, mesas de interlocución social para la paz regionales, que mediante procesos asamblearios o encuentros amplios identifiquen en cada región, subregión, ciudad o territorio étnico, las principales causas y consecuencias que originan y alimentan la existencia de grupos armados ilegales.

Instaladas las mesas sociales, se pueden promover procesos de encuentro con los gremios de la producción, el comercio, y los partidos políticos, para construir conjuntamente, pactos de vida regionales, subregionales, en campos y ciudades. Diálogos sinceros, prolongados en el tiempo, armoniosos, sin imposiciones, que generen soluciones a largo, mediano y corto plazo, las cuales deben ser asumidas por el Estado, los Gobiernos Nacional, Departamentales y Municipales, por los Partidos Políticos de todas las ideologías, y por la Mesas de Diálogo con los Actores Armados. Seguramente también saldrán propuestas que no lleguen a ser consensos, pero para eso está la democracia representativa y para eso se contará con mecanismos en relación con la democracia participativa, que deben ser desarrollados a propósito del segundo punto pactado con las FARC-Ep y del primer punto que se desarrollará en la agenda con el ELN.

Luis Emil Sanabria D.

Guardia guardia…fuerza… fuerza No violencia, autonomía y territorio

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en May 7, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Esta semana hemos visto nuevamente a la Guardia Indígena, haciendo presencia en las marchas del 1 de mayo respaldando las reformas para el cambio y luego en la plaza de Bolívar de Bogotá, caminando, formando, gritando sus consignas y sus cantos para incidir en la formulación y aprobación final del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida y la Paz, particularmente en los temas referentes a la consulta previa libre e informada, la importancia de este mecanismo de participación y su fortalecimiento para prevenir el desarrollo violento de conflictos en los territorios y exigiendo el cumplimiento de acuerdos pactados con la Mesa Permanente de Concertación (MPC) con los Pueblos Indígenas.

Pero no solo estuvieron marchando, también estuvieron caminando la palabra, en minga permanente por la vida, la paz y la dignidad de los pueblos. Los mayores y mayoras sabedoras, los y las consejeras, estuvieron compartiendo la sabiduría, en un pequeño mambeadero instalado en la Plaza de Bolívar, guiados por el consejero Mayor de la ONIC Orlando Rayo A, compartiendo “la palabra dulce, la palabra de la que emerge la vida, la palabra que orienta voluntades”.

Que demostración tan importante de fuerza no violenta, de compromiso con el país y con la paz, de responsabilidad con la defensa de la cultura ancestral y del territorio. En hora buena, los pueblos originarios alzan de nuevo su voz y sus bastones, bajo la consigna ¡Cuenten con nosotros para la paz!¡Nunca para la guerra! y así demostrarle al resto del país, que la ruta del diálogo y el uso del legítimo derecho a la movilización, son parte fundamental de la democracia. En hora buena invocaron a los antiguos dioses de sus ancestros, para que llenaran de sabiduría a los y las congresistas y para que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo favorezca la construcción de un país verdaderamente respetuoso e incluyente de las múltiples culturas y sabidurías de los pueblos originarios.

A la par de que las Guardias Indígenas hacían su demostración de amor y respeto por la vida y la cultura en la plaza de Bolívar del centro de Bogotá, varias personalidades “de bien”, desde los micrófonos de algunos medios de comunicación y desde redes sociales, incluido un tristemente célebre exministro de defensa, reconocido por sus posiciones ideológicas militaristas, ultraconservadoras, sus expresiones racistas y ofensivas contra el pueblo colombiano, se dedicaron a estigmatizar, señalar, descalificar y generar falsas noticias sobre la importancia de este mecanismo ancestral. Despotricaron contra los sagrados bastones de mando, inventaron noticias que buscaban relacionarlos con acciones violentas o subversivas. Que falta de ética y que desatino, en momentos de búsqueda de espacios de reconciliación.

No era para menos, si estas mismas personas son las que desde los micrófonos, las redes sociales y sus actividades como funcionarios públicos, han demostrado su compromiso en defensa de posturas que buscan expropiar los territorios ancestrales de pueblos étnicos, para beneficiar supuestos proyectos de desarrollo. Recordemos los proyectos hoteleros que pretendieron instalarse en la Sierra Nevada de Santa Marta, violando territorios sagrados, o los proyectos de puertos marítimos sobre el pacífico en territorios de mucha significación espiritual para los pueblos indígenas y afrodescendientes, o los despojos de tierras y territorios para expandir las haciendas palmera o bananeras en el norte de Chocó y Urabá, y por supuesto las grandes deforestaciones de selvas y bosques de la Amazonía, entre otros.

Han sido los pueblos étnicos, las organizaciones comunales y campesinas con sus Guardias, los principales defensores del medio ambiente, pero también, las que mayor victimización física y política han sufrido a manos de los Grupos Armados Estatales y No Estatales, y a manos de estructuras corruptas y mafiosas con poder político y económico territorial. Es evidente que existe hoy un ataque orquestado y premeditado contra los liderazgos y las organizaciones, del cual hacen parte algunos medios de comunicación y líderes políticos, con la intención de profundizar el exterminio al que han sido sometidos durante años los pueblos étnicos y los campesinos, para apropiarse luego de sus tierras y territorios, doblegar su resistencia, romper las estructuras organizativas, culturales y milenarias.

Las Guardias son parte fundamental de la respuesta no violenta a las necesidades de autocuidado y autoprotección para salvaguardar la cultura, defender y cuidar la madre tierra, el territorio y la vida de los pueblos, comunidades, sus líderes y lideresas. Las Guardias dependen de las estructuras tradicionales y organizativas de los pueblos étnicos y las organizaciones campesinas. En ese sentido, son la ratificación de su autonomía frente a todos los actores armados y de fuerza en defensa de lo que les es propio. El principal símbolo de las Guardias es el bastón de mando, símbolo de resistencia, armonía y amor por la vida, que representa autoridad, mandato e identidad, que no puede ser usado para agredir.

Las Guardias tienen como mandato realizar acciones humanitarias; actuar como defensores de los derechos de los colombianos, las colombianas y los pueblos; defender los elementos culturales inmateriales, idioma, vestuario, danzas, deportes, cocina nativa, arte, medicina tradicional, espiritualidad, saberes, tradiciones, entre otros; garantizar control territorial y proteger los territorios de la violencia, el despojo, la presencia de actores armados y el desarrollo de cualquier actividad que atente contra los derechos territoriales; desarrollar labores de protección al medio ambiente; colaborar en la detención y traslado de personas étnicas para la correspondiente aplicación de la justicia propia en el marco de la Jurisdicción Especial Indígena o afrodescendiente; apoyar acciones de desminado humanitario, protección de comisiones internacionales, acompañamiento a recorridos de verificación con la CICR, ONU, MAPP-OEA, entre otras instancias; mediar para la finalización de conflictos o la definición de acuerdos entre gobiernos, comunidades, empresas u otros actores; y crear cercos y corredores humanitarios para posibilitar el retorno de desplazados del conflicto armado a sus territorios, la presencia estatal, prevenir la victimización de funcionarios públicos e impedir confrontaciones violentas entre actores en un conflicto.

Desde esta pequeña tribuna, hago un llamado a quienes estigmatizan la labor de las Guardias poniendo en grave peligro a las organizaciones étnicas y comunitarias, para que reconsideren y rectifiquen sus afirmaciones, escuchen el clamor territorial por la paz y la defensa del medio ambiente, y se comprometan a construir un país en equidad, justicia social, democracia y reconciliación.

Luis Emil Sanabria D

Arauca mucho más que petróleo y guerrillas

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Abr 30, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado.

Tenía muchos años de no estar en un evento que aglutinara a decenas de líderes y lideresas de diferentes sectores de la sociedad en el departamento de Arauca. Gracias al encuentro departamental “ARAUCA LE HABLA A COLOMBIA”, organizado por Luis Eduardo Celis de la Fundación PARES el pasado 26 de abril y respaldado, entre otras organizaciones, por REDEPAZ, pude nuevamente refrescar la memoria de lo importante que ha sido y que es este departamento y sus gentes, para Colombia y para Venezuela.

Antes de que nacieran el Ejercito de Liberación Nacional – ELN y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- FARC-Ep, y antes de que descubrieran los yacimientos de petróleo, ya existían los movimientos campesinos, cooperativos, étnicos, sociales y comunitarios en la hermosa región de Arauca. Movimientos que hoy, exigen del Estado y de los Gobiernos Nacional, Departamental y Municipales, el cumplimiento de múltiples acuerdos firmados y la inversión que nunca llegó, para el fortalecimiento de los proyectos y programas propuestos por las comunidades.

Arauca no es un departamento petrolero, para la ciudadanía su verdadera vocación es la agricultura y la ganadería, la riqueza ambiental, la belleza de su cultura y sus gentes. El petróleo principalmente ha servido para enriquecer a una clase política corrupta y unos pocos socios de la empresa privada, para la acumulación de capital de los dueños de las empresas extractivistas extranjeras, para empobrecer a la gente, para romper las tradiciones culturales y para llenar de falsas esperanzas a miles de trabajadores y trabajadoras que hoy ven amenazada su subsistencia, ante los anuncios del fin de la bonanza de los hidrocarburos.

No hay oferta educativa pertinente pública profesional, técnica o tecnológica propia de un departamento que tanta riqueza ha visto saquear, no hay cubrimiento adecuado de salud, todavía los y las araucanas enfermos de gravedad deben padecer horas de ambulancia terrestres, cuando los traslados son autorizados, para ser atendidos en hospitales o clínicas adecuadas en Cúcuta, Bucaramanga o Tunja. Lo que si hay es “Elefantes Blancos” que, si fueran seres vivos, no habría como alimentarlos. La corrupción local ha campeado desde hace décadas, con la complicidad o la manguala de los socios nacionales.

Cómo no esperar que floreciera la violencia armada, en un departamento en el cual la respuesta a las peticiones sociales desde la década de los 70 ha sido la mentira, la represión, el bombardeo o las falsas promesas. Pretender culpar de todos los males que hoy padecen las gentes del departamento de Arauca, a la presencia del ELN, de las cuestionadas Estado Mayor-FARC, o a los paramilitares, es un sofisma de distracción, que busca ocultar las verdaderas raíces de la violencia. Un Estado débil, cooptado por la corrupción y el clientelismo, el empobrecimiento de sus habitantes, la falta de programas y proyectos que respalden la pujanza de su gente, la privatización de los servicios públicos y de salud, entre otros, son la verdadera razón, el resto son productos de esta situación, que hoy clama por pactos, cumplimientos y soluciones.

Los Araucanos son los primeros productores de plátano del país, reconocido no solo por su sabor sino también por la calidad del fruto, de cáscara delgada y con pocas sustancias agro tóxicas, son segundos en la producción de Cacao y los primeros por su calidad y sabor, son excelentes productores de arroz en calidad y cantidad, producen piña, papaya, maíz y por supuesto ganado vacuno de exportación, Arauca no tiene una sola mata de coca sembrada con fines de uso ilícito, pero adolecen de plantas procesadoras para agregar valor a sus productos y de vías adecuadas que los conecten con el resto de país, por donde puedan comercializar de forma justa. Otras de las muchas promesas incumplidas por el Estado, y sufren los graves impactos ambientales producidos por la industria petrolera, el mal manejo de sus cuencas y la deforestación de las cabeceras de ríos y quebradas en el parque del Cocuy, patrocinada o permitida por las corporaciones ambientales.

En Arauca hay pueblos indígenas que reclaman territorios ancestrales, autonomía y gobierno propio, hay afrodescendientes que llegaron a la región esclavizados para las haciendas de los jesuitas en época de la colonia que también reclaman mayor reconocimiento para sus consejos comunitarios, territorio, autonomía y autogobierno. Pueblos que reclaman ser excluidos de la confrontación, que exigen a los actores armados que cese el confinamiento, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de sus niños, niñas y adolescentes, y la suspensión inmediata de la instalación de minas y artefactos explosivos antipersona. Reclaman acuerdos humanitarios y cese al fuego bilateral y multilateral.

Hoy Arauca está más madura para la paz integral que muchas regiones del país. Las organizaciones sociales, comunales, presentes en el evento, en tono de reclamo y sin ocultar su capacidad de resistencia propositiva, manifiestan su voluntad de paz, pero también lo hicieron las organizaciones gremiales de ganaderos, plataneros, cacaoteros y arroceros, los y las ambientalistas, las organizaciones juveniles, las organizaciones de mujeres, las organizaciones de personas con discapacidad, las cámaras de comercio, lo gobiernos municipales y departamental, están unidos en un solo coro que claman paz.

Por eso la importancia de fortalecer y ampliar la coordinación de todos los sectores de la sociedad, instalar mesas de diálogo temáticas y territoriales, para generar una gran deliberación departamental, identificar desacuerdos, construir acuerdos y avanzar hacia un Gran Pacto Departamental por la Paz, la Democracia, la Justicia Social y la Reconciliación. Un acuerdo que sea cumplido por todas las partes, que logre el respaldo y compromiso financiero y político del Gobierno Nacional, Departamental y Municipales y de todo el Estado.

Un Pacto para poner al centro la vida con dignidad, que sea acatado, respetado y acogido en el marco de los diálogos y acuerdos que el Gobierno Nacional pacte con el ELN y demás grupos armados presentes en el departamento. Un pacto para erradicar la corrupción, el clientelismo, las violencias, la pobreza y sembrar de prosperidad y amor, sus ríos, llanuras y montañas. La paz es posible, si se dialoga sin exclusiones y se pacta para avanzar.

Luis Emil Sanabria D.