En política hay líneas que no se deben cruzar. Pero hay otras, incluso más peligrosas, que se borran en medio del doble discurso. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha sido uno de los más férreos críticos del presidente Gustavo Petro por su política de paz total, particularmente en lo que respecta a los procesos de diálogo urbano con estructuras criminales. Ha señalado al Gobierno Nacional de dialogar con delincuentes, de legitimar combos y de rendirse ante el crimen.
Sin embargo, esta misma semana, los testimonios de dos de los exjefes criminales más poderosos del Valle de Aburrá, alias “Pesebre” y alias “Douglas”, revelaron una realidad que muchos en Medellín conocen pero que pocos se atreven a decir en voz alta: que durante la campaña para su primera alcaldía y el posterior gobierno local de Federico Gutiérrez, se habrían hecho pactos de gobernabilidad con bandas criminales, y lo más alarmante: que estos jefes delincuenciales entraban a la Alcaldía en camionetas oficiales.
Las declaraciones fueron entregadas al canal público Señal Colombia y han causado conmoción nacional. No solo por lo que implican en términos de responsabilidad ética y política, sino por el contexto en que se producen: cuando el mismo alcalde que habría facilitado el ingreso de estos jefes criminales al poder local, hoy posa como el gran enemigo de los diálogos con grupos armados.
Y entonces cabe la pregunta: ¿quién está legitimando a los combos? ¿Quién está negociando con estructuras criminales?
Porque más allá del escándalo mediático, hay un asunto de legalidad y legitimidad institucional. La ley es clara: la única autoridad con facultades para llevar a cabo procesos de paz o sometimiento con estructuras armadas ilegales es el presidente de la República. Lo que hizo el presidente Petro al plantear una política de paz total con enfoque urbano fue, nos guste o no, dentro del marco legal y en diálogo con instituciones del Estado.
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Lo que habría hecho Federico Gutiérrez, en cambio, fue sin facultades, sin controles, sin claridad, sin justicia ni garantías para las víctimas. Pactos por debajo de la mesa, con actores ilegales, para sostener una supuesta “paz urbana” que solo maquilló las cifras de homicidio mientras consolidaba el poder territorial de las bandas en las comunas.
Hoy, quienes respaldamos al Gobierno del presidente Gustavo Petro, lo hacemos también desde una convicción ética: los procesos de paz deben darse dentro del marco institucional, con enfoque restaurativo y con el compromiso de romper las cadenas del crimen que han golpeado históricamente a nuestros territorios. No se
trata de impunidad ni de claudicación, como pretende hacerlo ver la oposición, sino de una apuesta audaz por transformar las causas estructurales de la violencia.
Pero esa apuesta se ve entorpecida por el cinismo. Porque el actual alcalde de Medellín no puede exigir lo que él mismo no estuvo dispuesto a cumplir. No puede indignarse por los diálogos de paz cuando habría hecho acuerdos informales, sin transparencia, y utilizando los recursos públicos del municipio.
Lo que hizo Federico Gutiérrez debe ser investigado, para que las autoridades judiciales determinen si incurrió en delitos al negociar con estructuras criminales sin tener la competencia constitucional para ello. Hago un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la Contraloría para que actúen con diligencia y profundidad frente a estos hechos.
La seguridad no se construye con pactos oscuros. Se construye con instituciones fuertes, con justicia social y con voluntad política. Federico Gutiérrez no puede seguir construyendo su carrera presidencial a costa de ocultar su pasado. Medellín merece un debate sincero, sin hipocresías.
Alejandro Toro
