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El lunes 4 de marzo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, convocó una rueda de prensa en la sede de la Alcaldía, Alpujarra, para presentar los resultados de una auditoría forense a la contratación pública de la ciudad entre 2020 y 2023. Anunció alrededor de 501 hallazgos, destacando presuntos casos de corrupción por parte de su antecesor, Daniel Quintero Calle. Denunció malos manejos en el presupuesto participativo, irregularidades en el programa «Computadores a Futuro», y lo que más llamó la atención fue su denuncia a la contratación directa de un software para la formación de inglés en las instituciones de Medellín, cuestionando la violación de la ley de contratación pública

¿Le falló la memoria al alcalde? En 2019, Federico contrató mediante modalidad directa a Lengio Corporation, la misma empresa que ahora denuncia. El contrato se realizó con un objeto similar: «Adquisición de licencias para el uso de la plataforma virtual SLANG, para el aprendizaje de un inglés técnico y profesional en las áreas de medidas de los nodos TIC y turismo». Lo extraño es ¿Por qué la Contraloría de Medellín no auditó el contrato de Federico Gutiérrez durante su administración y sí cuestiona ahora el contrato de Daniel Quintero?, dejando dudas sobre la imparcialidad de los entes de control a la hora de investigar.

El accionar del alcalde deja varios interrogantes. A pesar de anunciar 501 hallazgos, aún no ha hecho público el informe de la auditoría, lo que plantea dudas sobre la transparencia del proceso. Además, su presunta omisión al no solicitar información y aclaración a los funcionarios salientes podría constituir una violación a la Ley.

En la rueda de prensa, manifestó que las autoridades competentes ya tienen conocimiento de todos estos hallazgos; no obstante, hoy nos seguimos preguntando ¿Dónde están los traslados a los entes de control que indicó haber realizado? ¿Por qué se hicieron públicos los presuntos hallazgos de forma verbal, pero no se ha hecho público el informe emitido por la firma, contratista que elaboró el informe? La falta de claridad y la aparente selectividad en la divulgación de información generan una incertidumbre que requiere respuestas claras y precisas por parte del mandatario.

Principio del formulario

La estrategia política también se asoma. La denuncia coincidió con la oferta presidencial a Daniel Quintero para dirigir el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). ¿Es acaso un intento de debilitar a un potencial rival político? Pues se sabe que una de las aspiraciones de Quintero es llegar a la Presidencia de la República.

Mientras las acusaciones infundadas continúan, la Procuraduría Delegada primera para la Vigilancia Administrativa archivó una investigación contra Quintero por falta de pruebas. Sin embargo, Gutiérrez persiste en generar distracciones para no cumplirle a la ciudad, dejando en segundo plano la seguridad y la gestión de residuos.

Esperamos que Federico Gutiérrez cumpla con el llamado a la transparencia, revele el informe de la Auditoría Forense y atienda las necesidades reales. La ciudad merece un liderazgo comprometido sin caer en los desvíos políticos que hoy están obstaculizando el verdadero progreso de Medellín.

Alejandro Toro

En anteriores columnas he dicho que Federico Gutiérrez tiene como principal criterio para sus nombramientos la retribución hacia quienes lo apoyaron para ser alcaldes, o quienes son amigos de los miembros de Creemos. Con la Secretaría de Cultura ya quedó claro que Gutiérrez no va a gobernar para toda la gente, sólo para los suyos.

No me sorprende lo sucedido con el que espero sea ya ex secretario de Cultura, el señor Manuel Córdoba, quien no tuvo problema en admitir de forma desvergonzada que no tenía idea del sector del que debía estar a cargo, porque a la final lo suyo son los contratos; me pregunto si con ser especialista en contratos se refería a que Federico Gutiérrez le había dado la misión de convertir la entidad en el botín a repartir para pagarle a quienes lo llevaron a ser alcalde.

Hay que entender que el “inculto” Córdoba no llega de forma coincidencial al gabinete de Fico, ni exclusivamente por su experticia en las contrataciones. Córdoba fue el gerente de campaña del concejal Andrés Tobón, al que no le bastó con el contrato que le dieron a una de sus donantes de campaña, Catalina Hoyos López, por 17 millones en la Secretaría de Participación Ciudadana, sino que además buscó la manera de que su gerente quedara bien posicionado en el gobierno distrital, quizá para poder repartir “mermelada” en el Concejo de forma eficiente.

Fico, siempre tan generoso, no ha dejado en el olvido a los diputados de Creemos en la Asamblea, para los que también ha habido ayuda. El nuevo Subsecretario de Presupuesto y Gestión Financiera es Daniel Felipe Escobar Valencia, hermano del diputado Mateo Escobar Valencia.

Aunque en este caso se puede decir que fue más bien el diputado el que recibió el pago del favor con el aval a su candidatura, pues su hermano Nicolás ya había hecho parte de la primera administración de Fico e incluso actuó en múltiples ocasiones como Secretario encargado de Hacienda. Una familia fiquista purasangre que ha visto muy bien recompensada su lealtad.

Pienso también en el caso de Camilo Montoya Cano, el nuevo Secretario de Participación Ciudadana, comunicador social que en la anterior alcaldía de Fico se encargó de las redes del INDER y que se desempeñó recientemente como director de comunicaciones de Creemos. Una persona de toda la vida de Fico, que va a asumir un cargo que requiere profundos conocimientos en políticas públicas los cuales no tiene, pues su experiencia y formación profesional están orientadas exclusivamente en el manejo de redes.

El nuevo burgomaestre de Medellín se ufana de conformar un gabinete de técnicos, pero sus nombramientos indican una tendencia clara: el principal criterio para trabajar con Fico es haber demostrado lealtad hacia el caudillo o su partido, sin importar si se tiene experticia para lo que se es nombrado.

Alejandro Toro