El Gobierno de México ha presentado este jueves ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos un recurso contra la ley migratoria promulgada por Texas, que permite a las fuerzas de seguridad fronterizas arrestar a migrantes irregulares que ingresen en territorio estadounidense desde México.
«La voz de México se escucha fuerte y clara. Ante la discriminación y la xenofobia, no nos quedamos de brazos cruzados, buscamos el respeto de los Derechos Humanos. Hoy presentamos un ‘amicus curiae’ con nuestros argumentos sobre la antiinmigrante e insconstitucional ley de Texas», ha declarado la ministra de Exteriores mexicana, Alicia Bárcena.
La cartera diplomática ha indicado que ha presentado un «escrito de amigo de la corte en el juicio que se realiza entre el Gobierno de Estados Unidos y el estado de Texas sobre la ley SB4, que viola los Derechos Humanos de las personas migrantes, por ser discriminadora y racista, y se perfila para ser enemiga de la dignidad y seguridad de nuestras y nuestros paisanos».
El escrito incluye cinco argumentos, que incluyen que la ley puede provocar «acoso, detención, expulsión y criminalización indebida de personas mexicanas por tener ‘apariencia latina'», así como un «ambiente de incertidumbre, temor y vulnerabilidad generado» que «contraviene la exclusividad de la federación de regular la materia migratoria».
Además, «violenta el derecho soberano de México a decidir, con sus propias políticas, quién tiene autorización de entrar» a su territorio. También ha denunciado «el impacto de la ley en el diálogo bilateral sobre asuntos fronterizos y la afectación al comercio.
El ministerio ha señalado que dará «puntual seguimiento» a la demanda en contra de la entrada en vigor de la ley y ha solicitado a la población mexicana que vive en Texas o desea viajar a ese estado que se mantenga informada sobre sus derechos «ante posibles actos antiinmigrantes, discriminatorios o de perfil racial» ante «la posible confusión que pueda generar la entrada en vigor o la suspensión de la norma.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha compartido sus «preocupaciones» sobre la «dañina e insconstitucional» ley de Texas, subrayando que es la «razón por la cual» la Administración de Joe Biden continúa impugnándola en los tribunales.
«Trabajamos para que el sistema migratorio sea ordenado, seguro y humano, a la par de asegurar nuestra frontera. Como vecinos y socios duraderos, seguimos comprometidos a reducir los flujos migratorios irregulares sin precedentes de forma humana, fortaleciendo nuestra colaboración para abordar las causas fundamentales, desarrollar vías legales para los migrantes y mejorar la aplicación de la ley a nivel regional», ha manifestado.
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito suspendió la ley apenas horas después de que el Supremo levantara un bloqueo anterior, lo que a afectos prácticos permitía a las autoridades estatales implementar la medida. Tras estas decisiones, el gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó que mantendrá los arrestos y la construcción de un muro en la frontera pese a la suspensión.
La ley, promulgada en diciembre de 2023 pero que no ha entrado en vigor debido a la disputa legal, castiga con hasta 180 días de cárcel y una multa de hasta 2.000 dólares cruzar al estado de forma ilegal. El reingreso se tipificó como un delito grave castigado entre dos y 20 años de cárcel, dependiendo de los antecedentes del migrante.
Esta medida es un nuevo esfuerzo de Texas para desafiar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en materia migratoria. Abbott mandó transportar en autobuses a decenas de miles de migrantes a ciudades gobernadas por demócratas, como Chicago o Nueva York.
Las autoridades del estado instalaron una cadena de boyas gigantes en el río Bravo para evitar que los migrantes crucen hacia territorio estadounidense. Abbott ha impulsado otras iniciativas contra la migración, tales como el despliegue de alambre de púas de kilómetros en los pasos más transitados o la creación de puestos de control.
